Sentencia Social 1986/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1479/2023 de 20 de junio del 2025

PRIMERO.-Recurre la representación técnica del trabajador, D. Héctor, la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Algeciras, en fecha 23 de enero de 2023, que declara la procedencia del despido operado por la empresa Atalaya Motor, S.A.

En la resolución de instancia se argumenta: "destaca que el trabajador no desdice su falta de aptitud laboral, por el contrario, conocedor de sus limitaciones funcionales y su repercusión para el puesto de trabajo sostiene y mantiene su falta de capacidad con motivo de ello y los requerimientos del puesto de trabajo: "flexión cervical, flexión de tronco, elevación y abdución de brazo, trabajo en cuclillas o sobre una rodilla en consonancia con la exposición a estos riegos que resultan del plan de prevención de riesgos laborales para el puesto de trabajo, y así impugna la resolución administrativa y logra una sentencia que aunque no entra sobre el fondo de la cuestión anula el expediente de revisión, por lo que actualmente continúa en situación de incapacidad permanente total. Como dice la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ Andalucía, sede de Málaga de 9 de marzo de 2022 "resulta paradójica la posición del trabajador, que instó el reconocimiento de la incapacidad permanente -que habría determinado la extinción de su contrato de acuerdo con el artículo 49.1 e) del ET al tiempo que impugna la extinción de su contrato". Además, queda probado que el trabajador presenta una limitación orgánica y/o funcional de limitación por patología osteomuscular de cadera izquierda, grado 2/4, dolor y limitación menor al 50%, en balance articular de cadera izquierda, tratado con cirugía en dos ocasiones, rehabilitación e infiltraciones con respuesta parcial estando limitado para bipedestación prolongada y/o posturas forzadas con miembros inferiores y en el mismo sentido, el informe del servicio de prevención que presenta limitación para rotación interna en cadera izquierda, limitación para la extensión de MII, limitación para flexión de MII, y considerando los requerimientos del puesto de trabajo, que exige posturas de trabajo forzadas (más de una hora acumulada por jornada, de algún segmento corporal -tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas), siendo una de éstas de pie con rodillas flexionadas, o de rodillas o en cuclillas acredita la empresa que el trabajador padece unas limitaciones funcionales que constituyen una ineptitud sobrevenida para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo."

El suplicante articula su recurso en un único motivo de censura jurídica que estructura en cuatro apartados, habiéndose impugnado el mismo por la empresa que propugna la rectificación de hechos probados ex. art. 197 de la LRJS.

SEGUNDO.- I.-Por razones sistemáticas comenzaremos analizando la modificación fáctica interesada por la empresa.

II.-Dentro de la revisión de hechos probados, debemos recordar sus premisas básicas, reiteradas por nuestro alto Tribunal Supremo, destacando por reciente, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 22-7-2020, Rec. nº 20/19, recopila la doctrina jurisprudencial de la Sala Cuarta, en los siguientes términos:

"...Como recuerda la doctrina de esta Sala IV/ TS, entre otras, en sentencia de 16 de septiembre de 2013 (Rc. 75/2012), recordada en la de 26 de marzo de 2014 (rco. 158/2013), 21 de diciembre de 2016 -Pleno- (rco. 131/2016), 19 de diciembre de 2017 (rco. 195/2016) y la más reciente de 21 de mayo de 2020 (rco. 5/2019), el artículo 207.d) de la aplicable Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece que "el recurso de casación habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos: ... d) Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", y en interpretación del apartado d) del artículo 205 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral, del mismo tenor literal, que su precedente de la LRJS, reiteradísima jurisprudencia de esta Sala -y valga por todas la sentencia de 1 de julio de 2010 (recurso casación 91/2009)- ha venido exigiendo para que el motivo alcanzare éxito, la concurrencia de todos y cada uno de los siguientes requisitos:

(...) a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos].

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia ( SSTS 02/06/92 -rco 1959/91-; [...] SG 03/12/14 -rco 201/13-; [...] y SG 25/02/15 -rco 145/14-).

Tan genéricas afirmaciones únicamente se alcanzan a comprender en toda su amplitud teniendo en cuenta ya más concretas precisiones de la Sala en orden a los antedichos requisitos. Cuales son:

a) que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS- únicamente al juzgador de instancia [en este caso a la Sala "a quo"], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica [recientes, SSTS 02/07/14 -rco 241/13-; 16/09/14 -rco 251/13-; y 15/09/14 -rco 167/13-);

b) que expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación ( SSTS 03/05/01 -rco 2080/00-; [...] 08/07/14 -rco 282/13-; y SG 22/12/14 -rco 185/14-);

y c) que los documentos al efecto invocados "deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable", hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (próximas, SSTS 15/09/14 -rco 167/13-; 16/09/14 -rco 251/13-; y SG 18/07/14 -rco 11/13-)."...".

Solo cabe a la vista de las pruebas documentales y las periciales practicadas, sin permitirse que, genéricamente, se proceda a una nueva valoración de toda la prueba practicada porque esta se atribuye, en toda su amplitud ( LRJS art. 97.2) al juzgador de instancia. La revisión de hechos (por adición, rectificación o supresión) sólo puede estimarse, si el documento o pericia tiene una eficacia contundente e incuestionable, de modo que el error denunciado derive de tales pruebas sin conjeturas ni interpretaciones valorativas. Por ello, la revisión no se acoge si el documento contradice el resultado de otras pruebas a las que, razonadamente, se ha otorgado mayor valor y no puede fundarse, salvo error palmario, en el mismo documento tenido en cuenta en la sentencia, al no ser posible sustituir el criterio objetivo del juzgador por el subjetivo de la parte.

La revisión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean trascendentes para la resolución de la cuestión, debiendo citarse específicamente la prueba documental o pericial que demuestre la equivocación del juzgador, no siendo admisibles referencias genéricas a la prueba documental.

III.-Entrando a resolver, se solicita en primer lugar se de a los párrafos segundo y tercero del hecho probado cuarto la siguiente redacción (se subraya lo que se pretende añadir):

"Por resolución del INSS de 26.6.20 se declaró la situación de incapacidad permanente del trabajador para la profesión habitual de chapista con reserva del puesto de trabajo por dos años. En el correspondiente Dictamen Propuesta emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS de fecha 24.06.20 se indica que el trabajador se encuentra actualmente limitado para bipedestación/deambulación prolongada y/o posturas forzadas con miembros inferiores."

Por resolución del INSS de 28 de febrero de 2021 se declaró al trabajador en situación de no incapacidad permanente total para su profesión habitual con fecha efecto de 1 de marzo de 2021. En el previo Informe Médico para la Revisión del Grado de Incapacidad permanente emitido por el INSS el 28.12.2020 se indica que el trabajador se encuentra actualmente limitado para bipedestación/deambulación prolongada y/o posturas forzadas con miembros inferiores."

Petición que no existe inconveniente de atender en lo que se refiere al primer apartado en cuanto que resulta indiscutido, no así en lo relativo al informe de 28 de diciembre de 2020 que ha sido expresamente valorado por la juzgadora en los términos expuestos en el octavo ordinal fáctico de la sentencia de instancia, debiendo prevalecer sus apreciaciones objetivas e imparciales respecto de la interesada y subjetiva de parte.

IV.-A continuación se solicita la revisión del hecho probado octavo que se interesa pase a tener el siguiente contenido:

"El trabajador presentó sendas Reclamaciones Previas, de fecha 31.3.21, ante el INSS y la TGSS, contra la Resolución del INSS por la que se le declaraba en situación de No Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual, en las que manifestaba lo siguiente:

"Quinto.- De todas las patologías derivadas del accidente, la que ha determinado un mayor cuadro secular es la que afecta a la cadera, que le limita la movilidad, produce dolor y ha dado lugar a la implementación de una terapia biológica mediante infiltraciones, adoptada como alternativa a la implantación de una prótesis de cadera que no es recomendada por los médicos en la actualidad por la corta durabilidad de los componentes y la edad del demandante.

Ello determina, que no pueda realizar esfuerzos de flexión, cuclillas o con tronco en máxima flexión, y que el mantenimiento de estas posturas forzadas puede acelerar la necesidad e implantar una prótesis de cadera.

Sexto.- El reclamante, presta sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa Atalaya Motor S.A. como mecánico/chapista.

El desarrollo de su actividad profesional implica una exposición significativa a posturas forzadas (flexión cervical, flexión de tronco, elevación y abducción de brazo, trabajo en cuclillos o sobre una rodilla, etc.) siendo significativa la exposición a las mismas como pone de manifiesto el plan de prevención de riesgos laborales para el puesto de trabajo.

Siendo que, tras la reincorporación a mi empresa ante la revisión de la incapacidad permanente, no se ha conseguido pasar la revisión médica por los servicios de prevención, habiendo emitido informe de no apto para el puesto por la necesidad de mantener postura forzadas y además la utilización de aparatos que provocan vibraciones.

Séptimo.- Que la resolución que se impugna no ha tenido en cuenta ni valorado debidamente, las secuelas que presenta y las limitaciones que producen en su actividad profesional, no pudiendo seguir desarrollando su actividad profesional con eficiencia, eficacia y con la mínima seguridad que la normativa de prevención y cuidado de la salud del trabajador exigen, siendo que, su situación debe ser calificada de incapacidad peramente para su profesión habitual al impedirle realizar la misma, para que es imprescindible adoptar posturas forzadas de flexoextensión, incompatible con su situación clínica. Subsidiariamente, debiera al menos entenderse como constitutiva de Incapacidad Permanente Parcial para su profesión habitual.

(...)

Se adjunta con el presente escrito los siguientes documentos:

DOCUMENTO No 1: INFORME CLINICO DE MARZO DE 2021 DE LA CLINICA VIRGEN DEL ROSARIO QUE HA EFECTUADO EL SEGUMIENTO CON MOTIVO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y POR CUENTA DE ASEGURADORA.

DOCUMENTO No 2: INFORME CLINICO DE 17/3/2021 DEL SERVICIO MEDICO DEL HOSPITAL QUIRON DE MARBELLA QUE HA LLEVADO A CABO EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGIAS.

DOCUMENTO No 3: EVALUACION DEL PUESTO DE TRABAJO DE CHAPISTA EFECTUADO POR LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

DOCUMENTO No 4: INFORME CLINICO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA EMPRESA."

El puesto de chapista está evaluado en el Plan de Prevención de riesgos laborales elaborado por la entidad de prevención ajena y anexado por el trabajador en su Reclamaciones Previas contra el INSS y la TGSS,documento 13 del ramo de la demandada, por reproducido, concretamente su pág. 2 donde se contiene la descripción de los trabajos realizados en ese puesto; su pág. 14: "las tareas implican la exposición significativa a posturas forzadas, (más de una hora acumulada por jornada, de algún segmento corporal -tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas) y pág. 15; su pág. 16: "La recogida o depósito de la carga implica la adopción de posturas forzada acusadas (trabajos por encima del hombro o por debajo de las rodillas), flexión del tronco, etc.; y su pág. 18: "Se aplica fuerza en postura forzada de las extremidades".

A fecha 28 de diciembre de 2020 el trabajador presentaba limitación por patología osteomuscular de cadera izquierda grado 2/4; dolor y limitación menor al 50% en balance articular de cadera izquierda. Tratado con cirugía en 2 ocasiones, rehabilitación e infiltraciones con respuesta parcial estando limitado para la bipedestación/deambulación prolongada y/o posturas forzadas con miembros inferiores (informe de revisión de grado del Evi, pag. 23 del expediente, también aportado como doc. 2 por demandante y hecho probado décimo tercero de la sentencia recaída en autos 338/2021 del Juzgado de lo Social no 2 de Algeciras).

El servicio de prevención QUIRÓN PREVENCION SL, tras el examen practicado el 22 de marzo de 2021 expone, en el informe médico de fecha 23/03/2021 emitido al trabajador y anexado por este en sus Reclamaciones Previas contra el INSS y la TGSS,que el trabajador presenta limitación para rotación interna de cadera izquierda, limitación para extensión de miembro inferior y limitación para flexión de miembro inferior y concluye "NO APTO PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO"(expediente administrativo pg 41 a 49 y doc. 5 de demandante)

El HOSPITAL QUIRON DE MARBELLA emite al trabajador un informe el día 16/03/2021, anexado por este en sus Reclamaciones Previas contra el INSS y la TGSS, en el que indica que "En su situación actual no sería recomendable realizar esfuerzos en flexión de cadera, cuclillas o con tronco en máxima flexión, posiciones muy repetidas en su trabajo. La gran mayoría de los trabajos de chapista se realiza por debajo de la altura de su cintura. Toda actividad que mantenga cualquier de estas posturas por más de 30-60 minutos producirían una gran merma en su eficiencia laboral, en su recuperación de la patología que presenta y aceleraría la necesidad de implantar una prótesis de cadera."

Tampoco puede ser atendida dicha pretensión que se fundamenta en las reclamaciones previas presentadas por el demandante ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, documentos que no son hábiles a los efectos pretendidos, en cuanto que no hacen fe de su contenido, habiendo sido además los documentos adjuntados a tales reclamaciones a los que se alude valorados por la juzgadora conforme se indica en el meritado ordinal fáctico, no constando que se haya incurrido en error grosero que justifique su revisión.

V.-Para finalizar se solicita se adicione al hecho probado séptimo la mención relativa al efectivo abono al trabajador por la empresa de la indemnización por despido objetivo y por falta de preaviso a los que se hace referencia en la carta de despido, lo que de manera directa resulta de los documentos anexados a la indicada misiva por lo que no existe inconveniente en que se realice tal añadido que sería de interés -de acuerdo con la postura mantenida por la impugnante, que pide su deducción- para la determinación de la indemnización en caso de prosperar el recurso de suplicación.

TERCERO.-Al amparo del art. 193 c) de la LRJS se formula el único motivo por el suplicante con denuncia de infracción del art. 52 a) ET en relación con el art. 53.4 y 5 del mismo texto normativo y la jurisprudencia del TS que los interpreta puesta de manifiesto en la Sentencia del Pleno del Alto Tribunal de fecha 23/2/2022, por interpretación errónea.

Reproduce el recurrente parte del fundamento quinto de la sentencia cuyo sentido tergiversa cuando expone que la base de la desestimación de la demanda radica en la impugnación, con éxito en vía judicial, por el actor en el proceso de la resolución administrativa que revisa la inicial declaración de IPT, circunstancia a la que es cierto se hace referencia en la sentencia de instancia pero de forma tangencial o accesoria, en cuanto que a lo que verdaderamente se atribuye trascendencia es a las limitaciones funcionales que se consideran acreditadas a través del informe médico de revisión de 28 de diciembre de 2020 así como del informe del servicio de prevención realizado tras la exploración del trabajador, el 22 de marzo de 2021, que se ponen en relación con los requerimientos del puesto de trabajo que se recogen en el relato histórico.

Seguidamente cuestiona el suplicante que se haya amparado la empresa, en exclusiva, en el dictamen emitido por el servicio de prevención para fundamentar la decisión extintiva, en un intento de subsumir el supuesto que se analiza en el resuelto en la STS de 22/02/2022, rec. 3259/20, cuya doctrina se aduce infringida. Conviene comenzar por transcribir, lo que interesa, de la expresada sentencia:

"Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención ajeno de trasladar al empresario sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, referidos en el art. 22.1 LPRL , relacionados con la aptitud del trabajador, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo del trabajador afectado, pero no permite concluir sin más que, un informe, expedido por el servicio de prevención ajeno, a solicitud unilateral del empresario, aunque la Entidad Gestora haya descartado que el trabajador esté incapacitado para el desempeño de su profesión y, sin que el trabajador se haya incorporado, siquiera, a su puesto de trabajo, constituya por sí solo un medio de prueba imbatible para acreditar la ineptitud sobrevenida para el trabajo del trabajador afectado, que justifique, sin más pruebas, la extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida, toda vez que los datos, relativos a la vigilancia de salud de los trabajadores, no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, a tenor con lo dispuesto en el art. 22.4 LPRL , ya que, las conclusiones controvertidas derivan necesariamente de dichos datos.

Dicha conclusión no implica, sin más, que los informes controvertidos no tengan ningún valor probatorio para acreditar la ineptitud sobrevenida de los trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo. Será necesario, a estos efectos, que el informe identifique con precisión cuáles son las limitaciones concretas detectadas y su incidencia sobre las funciones desempeñadas por el trabajador, sin que baste la simple afirmación de que el trabajador ha perdido su aptitud para el desempeño del puesto, cuando dicha afirmación no esté justificada en los términos expuestos y no se soporte con otros medios de prueba útiles, cuando sea contradicha por el trabajador, especialmente cuando, como sucede aquí, la Entidad Gestora haya descartado la declaración de invalidez permanente del trabajador para el desempeño de su profesión habitual, debiendo resaltarse que, en la carta de despido se afirma que el dictamen NO APTO, del servicio de prevención ajeno, "...le impide realizar la mayor parte de las tareas habituales e inherentes a su categoría profesional y para cuya ejecución usted fue contratado".

En el caso, que nos ocupa, se ha acreditado contundentemente que la sala de suplicación ha basado exclusivamente su decisión en el informe de Cualis, en el cual, como advertimos más arriba, ni se identifican las limitaciones funcionales del demandante, ni se precisa de qué modo le impiden el desempeño de las funciones listadas en el propio informe, salvo en lo que afecta a la capacidad de conducir, afirmándose paladinamente que el demandante no puede conducir el 75% de su jornada, sin explicar, de ningún modo, las razones de dicha limitación.

Así pues, constatado que, la propia sentencia recurrida afirma que el demandante no ha perdido la capacidad de conducir, constando acreditado en el hecho probado octavo de la sentencia de instancia, que no ha sido modificado, que "la Dirección General de Tráfico no ha establecido ninguna restricción en el permiso de conducir del trabajador", es patente que, la empresa no ha cumplido las exigencias probatorias, requeridas por el art. 122.1 LRJS , en relación con el art. 217.3 ET , lo cual comporta que el despido deba declararse improcedente, conforme a lo mandado por el art. 122.1 LRJS ."

En primer lugar, se ha de destacar que lo que en la sentencia se analiza no es cuál sea la fuente de conocimiento por la empresa de la posible inhabilidad profesional del productor -información que de ordinario, por razones obvias, ha de provenir del servicio de prevención, lo que no se cuestiona-, sino cuál es la virtualidad probatoria de los informes de aptitud emitidos por los servicios de prevención, cuando en los mismos no se especifican cuáles son las limitaciones concretas detectadas y su incidencia sobre las funciones desempeñadas por el trabajador, supuesto en el que se considera que se deberían utilizar otros medios de prueba útiles por la empleadora, especialmente cuando la entidad gestora hubiera descartado la incapacidad del trabajador; siendo la situación que resulta de la versión judicial de los hechos en el presente caso radicalmente distinta por cuanto constan perfectamente definidas las limitaciones funcionales del trabajador, en las que coinciden tanto el médico inspector que revisa al actor en el proceso como el que emite su dictamen por el servicio de prevención que sí se pronuncia sobre dicho particular, estando igualmente probados los requerimientos físicos que exigen las tareas propias del puesto de chapista que venía ocupando el demandante, las cuales conllevan, según conta en el documento 13 de la empresa al que se remite el invariado octavo ordinal fáctico, además de las posturas estáticas de pie o sentado durante más de dos horas/día continuadas, la exposición significativa a posturas forzadas, -también de piernas, tronco... según los casos, incluia posición de rodillas o cuclillas- más de una hora acumulada por jornada, lo cual lleva a concluir a la juez a quo, entiende la Sala que con acierto, que ha quedado justificado que el trabajador padece limitaciones funcionales que constituyen una ineptitud sobrevenida para el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo.

No cabe, en consecuencia, que la resolución de instancia haya incurrido en las infracciones denunciadas, por lo que que ha de ser desestimado el recurso y confirmada la resolución recurrida.

Vistos los precedentes preceptos legales y los de general aplicación.