Sentencia Social 914/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 510/2025 de 21 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El demandante estaba contratado por "Elecnor Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima Unipersonal" como responsable comercial desde 2009, hasta que en agosto de 2024 fue despedido imputándole la empresa concurrencia desleal, al ser el actor administrador de una mercantil dedicada a la misma actividad que su empleadora, y trabajar para esa otra empresa en el horario de trabajo en que debía prestar servicios para "Elecnor Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima Unipersonal". La demanda impugna el despido alegando que la carta era insuficiente, los hechos inciertos, y que la demandada era conocedora y consentidora de la otra actividad del actor, pretendiendo además que se declarase el despido nulo, aunque la demanda no dejaba especialmente claro el motivo de tal nulidad. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda y declara procedente el despido, al declarar probado que el actor era administrador de, entre otras, la mercantil "Grupo Maynor", dedicada a ejecución de obra, dirección de obra topográfica, control de calidad e ingeniería; y que entre los meses de febrero y junio de 2024 el actor estuvo varios días realizando actividad para esa otra empresa en horario de trabajo para "Elecnor Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima Unipersonal"; no considera probado que la demandada conociera, y mucho menos consintiera, esa actividad concurrente; y ni siquiera aprecia indicios de que el despido guarde relación con el ejercicio por el demandante de sus derechos fundamentales. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea tres motivos para la revisión de los hechos probados, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y tres, posiblemente cuatro, motivos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil).

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- En el primero de los motivos planteados por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el recurrente ni concreta el hecho a modificar, ni propone texto alternativo, ni identifica documentos que pudieran revelar error patente del juzgador en la valoración de la prueba. Se limita la parte recurrente a verter quejas, sin cita alguna de preceptos o jurisprudencia, porque, según ella, se ha omitido la valoración de su prueba, o la empresa no aportó determinada documentación que le fue requerida, o por la forma o tiempo de notificarse la sentencia.

SEXTO.- Si lo anterior puede calificarse de "motivo de suplicación", el patente incumplimiento de los mínimos requisitos formales que debe reunir tanto un motivo de revisión fáctica, como uno de censura jurídica (no se señala el precepto supuestamente infringido por la sentencia), no pueden llevar sino a la desestimación del mismo.

SÉPTIMO.- En segundo lugar, el recurrente solicita la eliminación "del hecho probado introducido en el fundamento séptimo de la sentencia, de forma impropia", en el que el juzgador indica que no deduce testimonio por posibles hechos constitutivos de ilícito penal por estar ya los mismos siendo objeto de investigación en sede penal. Para tal supresión, el recurrente se limita a alegar que eso no fue objeto del pleito ni de la carta de despido y que "es una forma de ensuciar la imagen reputacional del trabajador y muy dañina, que genera indefensión", para concluir que "es impresionante que la empresa entre en la sala por este despido a sabiendas de que se ha beneficiado de mediaciones que aportamos en los documentos y que podíamos en vía penal ampliar, a lo que aludimos sutilmente nosotros".

OCTAVO.- Evidentemente, la supresión no puede acordarse, en primer lugar porque lo que recoge el juzgador en el fundamento jurídico 7º de la sentencia ni es un hecho ni pretende serlo; en segundo lugar, porque no se ampara el motivo en prueba documental o pericial; y en tercero y último, porque ese razonamiento del juzgador no puede considerarse fuera de lugar, pues según se expone en el Fundamento Jurídico 5º de la sentencia recurrida fue el propio actor (o, más bien, su defensora técnica) ahora recurrente quien, como medio de defensa, alegó en juicio que la empresa demandada era conocedora de la actividad de la mercantil de la que el actor es administrador porque la había usado para alterar precios en adjudicaciones de contratas públicas, hecho que, de ser cierto, sería un delito perseguible de oficio ( artículo 262.1 del Código Penal), y es por eso por lo que el juzgador resuelve lo que resuelve en el fundamento jurídico 7º, no porque considere que los hechos descritos en la carta de despido pudieran tener trascendencia penal.

NOVENO.- En el tercer motivo se plantean las únicas verdaderas revisiones de hechos probados. Sin justificar el recurrente la utilidad y pertinencia de las modificaciones que postula, pretende añadir cinco nuevos hechos probados (dos de ellos mal numerados, como señala la recurrida), presumiblemente partiendo de los documentos que se citan en la propuesta de texto alternativo, que es la siguiente: "DÉCIMO: "El trabajador mantiene conversaciones en un chat de trabajadores sobre el despido de Ricardo, cuya demanda es estimada frente a Elecnor. Folio 55 de los autos.

UNDÉCIMO: "Que desde el correo DIRECCION004 con el asunto de Justificación de Subcontratación de Media Tensión dirigido a DIRECCION005, con certificado firmado indexado de Elecnor firmado por comisario jefe y jefe de sección". Año 2018. Folio 56

DUODÉCIMO. - "Que constan comunicación desde DIRECCION004 DIRECCION006 y DIRECCION007 informándoles, que DIRECCION008 dirige a instalaciones DIRECCION009 correo, siendo instalaciones Javier, correo corporativo, que figura que Justa firma en condición de Directora de mantenimiento institución ferial de Teneride y asimismo participa de estas comunicaciones Norberto, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, desde el correo DIRECCION010 se dirige correo a DIRECCION011, siendo el de Javier personal, por lo que media entre las partes que aluden a confidencial en los contenidos y así consta en los autos desde los folios 58 a 66"

TRIGÉSIMO. - Que el 26 de febrero de 2024 el trabajador es atendido por Hospital Parque como adulto en mal estado general, siendo atendido por la misma causa en cardiología en fecha 13 de mayo de 2024, folios 67 a 71.

CUADRAGÉSIMO. - declaración testifical de representante de la empresa Elecnor. A preguntas de la parte actora reconoce que hace muchos años que existen controles de GPS sobre los vehículos de los trabajadores y que disponen de los datos de la ubicación. Más de 10 años. (acta de la vista oral)".

DÉCIMO.- Soslayando la mala técnica de mezclar en un mismo motivo cinco revisiones fácticas distintas, ninguna de ellas cumple los requisitos para ser estimada. Para empezar, ninguno de los nuevos hechos probados parece guardar relación con los concretos hechos alegados en la demanda y su contestación y que no estaban reconocidos como conformes por ambas partes. El relato de hechos probados debe centrarse en los hechos controvertidos que se hayan considerado suficientemente acredidados; y la pertinencia de un medio de prueba depende de que el mismo se refiera a, y sea susceptible de acreditar, uno o varios de esos hechos controvertidos. Por ello, no puede haber error en la valoración de la prueba, y menos aún un "error patente", por la circunstancia de no haber la sentencia de instancia declarado probados hechos que, por más que puedan constar en la documental aportada como prueba, no fueron alegados por las partes como fundamento de sus pretensiones y por tanto no formaron parte del objeto de debate; o que no guardan relación con posibles cuestiones de orden público procesal que deban ser apreciadas de oficio por el tribunal, tales como la cosa juzgada o la caducidad.

UNDÉCIMO.- El folio 55 en el que se basa el primer hecho probado alternativo es un "pantallazo" de "Whatsapp". Es un mero mensaje, sin fecha, dando cuenta de una sentencia sobre sanción impuesta a otro trabajador. Lo único que se puede sacar en claro del documento es que el actor, como mucho, solo pudo recibir el mensaje, pero no mantener una "conversación" pues al pie se advierte que "solo los administradores pueden enviar mensajes" y el actor no consta que fuera tal administrador. No se explica, ni se alcanza a comprender, la trascendencia de la adición, que no guarda relación con los hechos planteados en la demanda.

DUODÉCIMO.- El folio 56 son impresiones de correos electrónicos cruzados en febrero de 2018, y los folios 58 a 66, impresiones de diversos correos electrónicos de los meses de julio y agosto de 2018, sobre cuestiones diversas (licitación mantenimiento recinto ferial, certificado empresa instaladora AT; consulta habilitación empresa eléctrica alta tensión; etc). El actor es remitente o receptor de los correos, pero la relevancia, a efecto de estos autos, del contenido de esos correos, resulta incomprensible, y desde luego no se explica por la parte recurrente, por lo que en ningún error de valoración de la prueba pudo incurrir el juzgador por no reflejar su existencia o contenido en los hechos probados.

DECIMOTERCERO.- Por lo que se refiere a los documentos de los folios 67 a 71, son informes de asistencia médica, que no guardan relación alguna con los hechos que fueron objeto de debate, pues ni en la demanda ni en juicio planteó el actor que tuviera problemas de salud y que los mismos pudieran estar relacionados con su despido. Y la última revisión se ampara, exclusivamente, en el interrogatorio de la parte demandada, medio inhábil a efectos del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En consecuencia, ni uno solo de esos nuevos hechos probados procede que sea admitido.

DECIMOCUARTO.- Quedando en consecuencia intacto el relato fáctico, procede examinar los motivos de censura jurídica de fondo planteados. En el primero de ellos se plantea infracción del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, mezclando denuncias sobre insuficiencia del contenido de la carta de despido, alegando que no es más que un conjunto desordenado de hechos que el recurrente además considera que no responden más que a un montaje; con quejas relativas a que no se habrían acreditado los hechos porque la empresa no aportó los datos del GPS del vehículo de empresa pese a haber sido requerida para ello, todo ello salpicado con lo que impresiona es un ataque personal, no particularmente respetuoso por cierto, de la abogada del recurrente contra el juzgador de instancia.

DECIMOQUINTO.- No contestará la Sala las quejas de la recurrente sobre la actuación del órgano de instancia, dado el carácter manifiestamente gratuito de las mismas, evidenciándose como una desproporcionada, inútil, y seguramente contraproducente, forma de mostrar disconformidad con el resultado desfavorable del pleito. En cuanto a lo que sería la verdadera censura jurídica, aparte de mezclar indebidamente cuestiones distintas (pues una cosa es el cumplimiento de los requisitos de forma de la carta de despido, y otra la acreditación de los hechos imputados en el juicio y en la sentencia de instancia), y presentar una fundamentación jurídica bastante más que pobre, las quejas de la recurrente prescinden por completo del relato de hechos probados y de los antecedentes procesales que obran en autos.

DECIMOSEXTO.- Con respecto al requisito formal de la carta de despido, el recurrente invoca un precepto sustantivo, el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que no es aplicable, pues los requisitos formales del despido disciplinario donde se regulan es en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores; y a tan deficiente identificación del precepto que se pretende denunciar como infringido no se acompaña cita de la jurisprudencia, que es la que verdaderamente ha delimitado el contenido mínimo que debe tener una carta de despido disciplinario. Pero incluso soslayando esos defectos de fundamentación, que probablemente bastarían para desestimar el motivo, el mismo no podría ser acogido de forma alguna. El artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores dispone que el despido disciplinario deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Como señala la jurisprudencia - sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2000 o 13 de diciembre de 1990, entre otras muchas-, aunque el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores no impone una pormenorizada o exhaustiva descripción de los hechos fundamentadotes del despido, "sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan, para que, comprendido sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa, y esta finalidad no se cumple cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes, al constituir, en definitiva, esa ambigüedad, una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador". Por otro lado, no puede admitirse que la prueba posterior de algunos hechos calificables como incumplimientos permita concluir que el trabajador los conocía, aunque no figurasen en la carta - Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1993; 28 de abril de 1997; 9 de diciembre de 1998; 18 de enero de 2000-. La comunicación de despido disciplinario, en consecuencia, debe ser lo suficientemente detallada para la cabal identificación de los hechos imputados y de las circunstancias de tiempo y lugar en que ocurrieron, de modo que el trabajador pueda habilitar debidamente su defensa, ya sea negándolos, ya oponiendo hechos extintivos de su responsabilidad, ya desvirtuándolos en su gravedad e interpretación.

DECIMOSÉPTIMO.- Pues bien, basta un somero examen del contenido de la carta de despido, que el hecho probado 3º de la sentencia recurrida da por reproducida y además transcribe en su mayor parte, para rechazar que la carta sea insuficiente en la descripción de los hechos imputados al actor, o un conjunto desordenado de datos, pues la carta de despido concreta tanto los datos de facturación del demandante, como los hechos de los cuales la empleadora deduce la existencia de concurrencia desleal, delimitando estos últimos de manera muy precisa desde el punto de vista espacial y temporal (por días, horas y hasta minutos), de manera que ninguna dificultad podía tener, objetivamente, el actor, para defenderse de semejantes hechos, negando su existencia, o intentando justificarlos. Por otro lado, la carta de despido no tenía por qué concretar la fecha en la que la empresa tuvo conocimiento de que el actor estaba actuando como administrador de otra sociedad mercantil concurrente con la actividad de "Elecnor Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima Unipersonal", pues de la lectura de la carta lo que se infiere es que la demandada afirmaba que tuvo conocimiento de todo ello tras recibir el resultado de la investigación llevada a cabo por el detective, y si al demandante le interesaba plantear la existencia de una fecha de conocimiento anterior, sea para el alegado y no acreditado consentimiento de la doble actividad, sea para plantear prescripción de los hechos, correspondía al actor, pues serían tales hechos fundamento de sus pretensiones, demostrar tales extremos.

DECIMOCTAVO.- En cuanto a las denuncias del demandante respecto a que la carta de despido no era más que un montaje, el hecho probado 6º de la sentencia recurrida impide, de plano, acoger semejante alegato, pues en el mismo el juzgador declara probado que, en los precisos días reflejados en la carta de despido, el actor estuvo en horario de trabajo realizando funciones para otra sociedad mercantil. Hecho probado que no se combate en el recurso y que vincula a la Sala para resolver. Y, respecto a la no aportación por la empresa de los registros de GPS del vehículo, semejante alegación se muestra ajena a la realidad, pues, como señala la recurrida en su recurso, la empresa demandada sí que aportó esos registros, como elemento probatorio relevante que eran para parte de los hechos descritos en la carta de despido, y, de hecho, la sentencia de instancia hace referencia a esos documentos como elemento de convicción determinante del contenido de los hechos probados 6º y 8º. Ante ello, el motivo solo puede ser desestimado.

DECIMONOVENO.- En el segundo motivo de censura jurídica el recurrente invoca el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024, y el artículo 10 de la Constitución, para alegar que no se cumplió el requisito de audiencia previa al despido del demandante, porque el tramitado en este caso era puramente formal, ocupando la mayor parte del motivo una serie de quejas personales de la abogada del recurrente por la forma en que considera la misma que ha sido tratada.

VIGÉSIMO.- Nuevamente la Sala se abstendrá de dar respuesta a meras quejas personales de la abogada recurrente, que ninguna competencia tiene este Tribunal para resolver y que poca o ninguna relación o interés tienen con las cuestiones que deberían plantearse y resolverse en suplicación. Centrándose por tanto en la cuestión jurídica, la relativa al cumplimiento o incumplimiento del trámite de audiencia previa al despido, el recurrente no señala la existencia de convenio colectivo alguno que impusiera oír previamente a los trabajadores antes de poder acordar su despido disciplinario, y pretende fundamentar la obligatoriedad de ese requisito formal solamente en el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024, recurso para unificación de doctrina 4735/2023, que declaró la aplicación directa en Derecho nacional del artículo 7 del convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto aboca a la desestimación del motivo, pues esa misma sentencia del Tribunal Supremo también limita temporalmente los efectos de la aplicación de ese cambio jurisprudencial (pues con anterioridad la Sala IV siempre había negado esa posibilidad de aplicación directa del tratado internacional en esta materia) a los despidos producidos después de la publicación de esa sentencia, por lo que el cambio jurisprudencial no sería aplicable a este caso, en el que el despido tuvo lugar el 2 de agosto de 2024.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Pero es que, además, del hecho probado 5º resulta que al actor (y al comité de empresa) se le entregó el 30 de julio de 2024 una copia de un "expediente contradictorio" con aportación del contenido recogido en la carta de despido, dándole plazo para que presentara alegaciones frente a ese contenido, hasta las 20 horas del día 1 de agosto. La carta de despido, es más, afirma que ni el actor ni el comité de empresa hicieron alegación alguna en ese plazo, extremo que no está contradicho en los hechos probados ni por el demandante. Con lo cual mal puede acusarse a ese expediente contradictorio de ser un mero "maquillaje" cuando el actor, teniendo oportunidad de hacerlo, no hizo alegación alguna a los hechos que se le imputaban, pasividad ante la cual la empresa no tenía razón alguna ni para reconsiderar la acusación ni la sanción que se avisaba podía imponerse al demandante.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En lo que es posible que sea un tercer motivo de censura jurídica al amparo del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (el recurrente no lo identifica como tal) se acusa al fundamento jurídico segundo de la sentencia de instancia de ser una mera reproducción de fragmentos jurisprudenciales no aplicables al presente caso; luego acusa a la sentencia de instancia de incumplir "con todos los fundamentos jurídicos y jurisprudencia en los que pretende apoyarse en fraude de ley", para de ahí saltar a plantear que el actor era la primera vez que era sancionado desde 2009, y la primera vez que tuvo un ingreso médico relevante pero pese a ello no inició una incapacidad temporal, de lo cual parece alegarse que el despido era una represalia por enfermedad, citando (sin más desarrollo) una sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de enero de 2006 (posiblemente la 16/2006). Luego afirma que la empresa conocía de la doble actividad y que no se ha acreditado ninguna de las acusaciones de la carta de despido. Finalizando, como en los motivos anteriores, con quejas personales de la abogada y un ataque personal contra el juzgador de instancia.

VIGÉSIMO TERCERO.- El motivo carece manifiestamente de fundamentación jurídica y debe desestimarse, pues lo más parecido que se contiene a una cita de precepto sustantivo o jurisprudencia es la mera invocación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de enero de 2006, inaplicable además al presente caso porque en esa sentencia se resolvió un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del artículo 24.1 de la Constitución, en su vertiente de garantía de indemnidad, y en este caso ni se alegó, ni consta, que el despido fuera reacción a haber planteado el demandante una demanda o reclamación contra su empleadora, como tampoco se alegó que guardara relación con padecer el demandante una enfermedad, cuestión nueva que se introduce de manera sorpresiva en el recurso. Aparte de ello, la parrafada contenida en el Fundamento de Derecho 2º de la sentencia recurrida, si acaso, de lo único que peca es de exceso de celo a la hora de resolver en Derecho el alegato de nulidad del despido planteado en la demanda, que podría haberse desestimado de forma correcta simplemente señalando que el actor se limitaba a decir que se habían vulnerado los artículos 10 y 24 de la Constitución, pero, en su demanda, no concretaba ni un solo hecho que permitiera hablar de indicio razonable de vulneración de la garantía de indemnidad (que el despido fue reactivo a una previa reclamación judicial del demandante), impidiendo por ello aplicar las reglas de la carga de la prueba del artículo 96.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; mientras que la invocación del artículo 10 de la Constitución era estéril porque en ese precepto no se recogen derechos fundamentales o libertades públicas (los de los artículos 14 a 29 de la Constitución) cuya vulneración pueda determinar la nulidad del despido, aparte de que tampoco se concretaba en la demanda en qué forma se suponía se habría vulnerado ese precepto constitucional.

VIGÉSIMO CUARTO.- En el último motivo del recurso el demandante invoca varios artículos de la Constitución, comenzando por el 24 para alegar que la sentencia de instancia no cuenta con hechos probados tipificables como infracción disciplinaria y "adolece de graduación y proporción de la sanción y de los requisitos de la culpa", amén de volver a quejarse por el contenido del fundamento jurídico 7º, y terminar con un calificativo contra la sentencia claramente fuera de lugar. Luego cita el 14 para alegar, literalmente, que "se le aplican distintas formas de derecho a los hechos que realiza, hay robos y agresiones sexuales declaradas improcedentes con pruebas y expedientes bien hechos y hasta con denuncias", y concluir con términos y expresiones que la Sala, por pudor, no reproducirá. Luego invoca el 18 para decir que se ha vulnerado e derecho al honor del demandante y su letrada, aparentemente por lo del fundamento jurídico 7º de la sentencia recurrida. El siguiente es el 17, para acusar a la sentencia, en términos desaforados, de falta de fundamentación. Y finalmente invoca el artículo 10 diciendo que no se han cumplido "las normas de derechos humanos y no garantizar la celebración de la audiencia previa, con requisitos de verdad, no solo para burocratizar". Tras ello hace un alegato para defender que la empresa conocía la actividad del actor.

VIGÉSIMO QUINTO.- La redacción del motivo es confusa, desordenada, y de penosa lectura dadas las expresiones carentes de técnica jurídica y completamente fuera de lugar en un escrito procesal que utiliza la abogada, y que podrían considerarse una falta de respeto a los órganos judiciales sin posible amparo en el derecho de defensa. Se mezclan quejas por supuestas infracciones procesales con quejas sobre la aplicación del Derecho sustantivo, unas y otras en cualquier caso pobremente fundamentadas y peor argumentadas desde el punto de vista jurídico. La práctica totalidad de los preceptos constitucionales que se invocan no lo fueron en la demanda y constituyen cuestiones nuevas. A algunas de las alegaciones, en especial la referente al principio de igualdad, no es posible encontrarles sentido lógico ni relación con los hechos objeto de debate o los hechos probados. Y, en general, se prescinde por completo de lo que consta en los hechos probados de la sentencia recurrida, o se reiteran cuestiones ya planteadas en el recurso y que han sido desestimadas. Si lo que se cuestiona es la procedencia del despido, en el hecho probado 6º se hace constar que durante varios días del mes de abril de 2024 el actor trabajó para otra empresa, de la que es administrador, en horario de trabajo para "Elecnor Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima Unipersonal". Por lo que resulta del hecho probado 7º, esa otra empresa tenía una actividad concurrente con la de la demandada. Y estando acreditados tales hechos, no lo está en cambio el supuesto conocimiento y consentimiento prestado por la demandada para esa actividad concurrente, consentimiento cuya carga de probar correspondía al demandante como medio de justificación de su conducta, y que, debe señalarse, no puede presumirse con carácter general y menos aún cuando se trata de empresas que pueden competir entre sí en el mercado; y que, de existir, suele darse ese consentimiento o autorización por escrito y normalmente sujeto a condiciones para evitar, precisamente, la concurrencia o conflictos de intereses.

VIGÉSIMO SEXTO.- Los hechos que constan probados pueden encuadrarse, sin dificultad alguna, en la falta muy grave contemplada en la letra f) del artículo 65 del IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal, "La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa", convenio colectivo que la carta de despido afirma es aplicable, y que permite sancionar con despido disciplinario las faltas muy graves (artículo 66.e). Sanción de despido que en este caso no puede considerarse desproporcionada, no solo porque el convenio colectivo expresamente la autoriza, sino porque era una conducta habitual, y el hecho de llevar a cabo la competencia desleal coincidiendo con el horario de trabajo para la empleadora es especialmente contrario a la buena fe contractual, ya que se perjudica por partida doble a la empleadora (por trabajar no solo para una empresa de la competencia, sino por hacerlo, además, cuando se debían prestar servicios para la demandada, defraudando el trabajador la contraprestación que debe dar a cambio de su salario); y en esas circunstancias a la empresa demandada no le era exigible de ninguna manera que adoptara una medida disciplinaria menos grave que el despido. Por lo expuesto, no es dable apreciar ninguna de las infracciones jurídicas planteadas y el motivo, y con él el recurso, ha de ser desestimado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajador o beneficiario de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.