Sentencia Social 216/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 984/2024 de 21 de marzo del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica, por los motivos que se expondrán en los siguientes fundamentos de Derecho.

SEGUNDO.- El demandante afirmaba haber mantenido una relación laboral con las empresas demandadas (la "Fundación General Universidad de La Laguna" y un empresario adherido a su plan de practicas remuneradas) entre el 6 y el 19 de abril de 2022, porque había sido seleccionado por el empresario demandado para acceder a las prácticas remuneradas, aunque no llegara a formalizarse la correspondiente documentación, ni ser dado el actor de alta, y tras esa entrevista estuvo prestando servicios en horario de mañana hasta que se le despidió el 19 de abril sin explicarse por qué. Las demandadas se opusieron alegando que el actor no llegó a prestar servicios efectivos para el empresario, no estando sometido a horario alguno ni tenía acceso a los medios productivos de la empresa, y tampoco se llegaron a formalizar los documentos necesarios para acceder a la beca proporcionada por la Fundación, ya que antes de ello, el 18 de abril, el empresario informó que el actor no era apto para las prácticas. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda, en la que se impugnaba el despido y se reclamaban los emolumentos devengados durante la alegada relación laboral, al considerar la juzgadora que, en el presente caso, no hubo ninguna relación laboral, porque lo único que considera probado es que el demandante hizo "prácticas puntuales" en la empresa, usando su propio teléfono y ordenador, sin estar sometido a horario, hasta que el 12 de abril el empresario lo sorprendió intentando acceder a documentos confidenciales, lo que hizo que, el día 18 de abril, informara a la Fundación que el actor no cumplía los requisitos para acceder a la beca de formación, la cual, por ese motivo, no llegó a formalizarse. La juzgadora parece concluir que la relación no puede ser laboral porque lo que hizo el actor no estaba dentro del ámbito de organización y dirección de los demandados, no había dependencia, no considera probado siquiera que hubiera efectiva prestación de servicios por parte del actor sino todo lo más una especie de formación, y que, incluso si se hubiera formalizado la beca, las prácticas no determinarían la existencia de relación laboral. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea dos motivos. El primero de ellos, para la revisión de los hechos probados, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; y el segundo para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada D. Evaristo, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO .- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Pretende el actor recurrente modificar el hecho probado 11º, suprimiendo en el mismo la referencia a que no hubo relación laboral del actor con los demandados. Para ello no cita documento alguno, sino que invoca el precepto reglamentario que regula la obligación empresarial de dar de alta a los trabajadores antes del inicio de la relación laboral, y citar otros hechos probados de la misma sentencia recurrida.

SEXTO.- No se puede estimar el motivo. En realidad, la afirmación de la juzgadora respecto a que el actor no mantuvo relación laboral con el empresario demandado (que, erróneamente, identifica con el nombre comercial de la empresa), no puede considerarse un hecho, sino una valoración jurídica predeterminante del Fallo que no se debe tener por puesta en hechos probados ni tiene valor de afirmación fáctica vinculante para la Sala, sino de mero razonamiento jurídico que en su caso puede combatirse por el cauce del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Pero, en cualquier caso, un motivo del 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que no se ampara en ningún documento o pericial, y que en cambio hace uso de cita de preceptos jurídicos y de nuevas valoraciones globales de la prueba, está abocado al fracaso.

SÉPTIMO.- En el único motivo de censura jurídica el recurrente invoca numerosos preceptos, pero el alegato se construye más como una especie de escrito de conclusiones finales o alegaciones a una diligencia final (precisamente impresiona que se ha reutilizado con demasiada liberalidad el escrito de alegaciones a las diligencias finales), que como una censura jurídica de lo resuelto en la sentencia de instancia, pues se hace escasa o ninguna referencia a los argumentos tenidos en cuenta por la juzgadora para desestimar la demanda. En concreto, el recurrente invoca y reproduce el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en sus apartados 2 y 3; la Disposición adicional 5ª del Real Decreto Ley 28/2018; la Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre; los artículos 2 y 3 de no se sabe qué norma en concreto (porque invoca conjuntamente los Reales Decretos 1543/2011 y 694/2017, la Ley 18/2014, y la Orden TMS/368/2019); los artículos 1, 2, 3 y 5 de presumiblemente el Real Decreto 1493/2011; y el Real Decreto 84/1996. Tras esa abundante reproducción de normas jurídicas, el recurrente, prescindiendo del relato de hechos probados y de las razones de decidir de la sentencia recurrida, y acudiendo a una nueva valoración de la prueba, parece que alega que realizó prácticas en la empresa demandada sin haberse formalizado la beca facilitada por la Universidad; que no se le despidió por razones disciplinarias ni se puede pretender justificar el despido en el alegado incidente de intento de acceso indebido a documentos reservados; que el despido no cumplió los requisitos formales; que la testifical propuesta por la empresa incurrió en contradicciones y la misma no podía tener más valor que el de un interrogatorio del demandado; que la documental aportada por D. Evaristo como diligencia final evidenciaría la existencia de relación laboral sin formalizarse contrato alguno y sin haber sido dado de alta; que esa ausencia de alta determina fraude en su contratación y que por ello la relación laboral sería indefinida; luego cita la Disposición adicional del Real Decreto Ley 28/2018 "de forma subsiariaria" pero sin explicar para qué; y concluye alegando que al existir relación laboral procedía el el abono del salario y vacaciones conforme al salario mínimo interprofesional.

OCTAVO.- El motivo está evidentemente construido a espaldas de lo resuelto en instancia, pues pareciera que lo único que el recurrente ha leído de la sentencia recurrida es el Fallo, dado que en parte alguna del motivo se hace referencia a los argumentos usados por la juzgadora para desestimar la demanda. Sucintamente, que no existía relación laboral porque la asistencia del actor a la empresa de D. Evaristo, entre el 6 y el 18 de abril de 2022, fue esporádica, no sujeta a horario alguno, y tampoco considera acreditado la juzgadora que el actor, cuando acudía a las instalaciones de D. Evaristo, realmente realizara trabajo alguno, sino que todo lo más estaba realizando unas "pruebas" o "cogiendo rodaje". En definitiva, que no hubo ni ajenidad ni dependencia, cuestionando también la juzgadora la existencia de auténtica retribución dado que a lo que aspiraba el demandante era a obtener una beca, cuya finalidad principal era facilitar formación al actor, no retribuirle por sus servicios.

NOVENO.- Además, el motivo está planteado como una especie de apelación abierta, pues en el mismo se entremezcla la crítica jurídica con una nueva valoración de la prueba más favorable a los intereses de la recurrente. Esto supone desconocer que la suplicación es un recurso extraordinario que no abre una segunda instancia, y consecuencia de ello es que la Sala no puede realizar una nueva valoración global de la prueba obrante en autos para alcanzar conclusiones fácticas distintas de las de la sentencia que se recurre. Antes al contrario, salvo los supuestos en los que quepa modificar el relato fáctico en los casos, más bien excepcionales, previstos en los artículos 193.b y 197.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (que nunca pueden implicar una valoración global de la prueba, y que aquí no se han planteado de manera correcta), la Sala solamente puede resolver las denuncias jurídicas formuladas en el recurso partiendo del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, o en todo caso de los antecedentes no cuestionados, si uno y otro son suficientes para pronunciarse sobre el fondo ( artículo 202.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

DÉCIMO.- Todo esto hace que el recurso haya de considerarse fatalmente defectuoso, porque está delegando en la Sala la fundamentación del mismo, que es carga exclusiva del recurrente (196.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Así, para poder revocar la sentencia de instancia, la Sala estaría obligada a perder su debida imparcialidad, sustituir a la asistencia letrada del demandante, y, en tal función de defensor técnico, primero, a identificar la razón de decidir de la sentencia de instancia; en segundo lugar, poner en relación esa razón de decidir con los hechos probados, para comprobar si el relato fáctico apoya o no las afirmaciones de la juzgadora que la han llevado a concluir que el actor no estuvo sujeto al ámbito de organización y dirección de D. Evaristo en el periodo de la alegada relación laboral; para el caso de que de los hechos probados se extrajera la existencia de prestación de servicios retribuidos con las notas de ajenidad y dependencia, determinar en qué medida los preceptos invocados en el recurso podrían ser aplicables al caso teniendo en cuenta esos hechos probados; y finalmente exponer por qué la sentencia de instancia debería haber aplicado las normas invocadas por el recurrente y en qué medida, de haberlo hecho, se habría alcanzado una conclusión jurídica distinta de la que contiene la sentencia recurrida.

UNDÉCIMO.- Nada de lo anterior se hace en el recurso, que se limita a reproducir normas jurídicas y a examinar prueba testifical y documental, y que no tiene en cuenta que la sentencia de instancia, si ha desestimado la demanda, es porque considera la juzgadora que no se ha probado que el demandante realizara para el demandado D. Evaristo, entre el 6 y el 18 de abril de 2022, nada que pudiera ser calificable como una prestación de servicios voluntaria, retribuida, y con las notas de ajenidad y dependencia, pues la juzgadora considera no acreditadas la existencia de servicios mismos, así como la ajenidad, la dependencia, y la retribución, concluyendo en definitiva que el actor solamente acudía a las instalaciones de la empresa, cuando quería y por el tiempo que quería, para recibir algo de formación. Ante ello, difícilmente se puede hablar de obligación de dar al demandante de alta, sea por la norma general del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (debiendo señalarse en cualquier caso que no es, precisamente, la ausencia de formalización de alta antes de transcurrir el periodo de prueba que podría haberse pactado, lo que determinaría un fraude de ley), ni en virtud de la normativa sobre prácticas no laborales (que, por más que obliguen a dar de alta y cotizar por las personas que realizan esas prácticas no laborales, y las asimilen en determinados aspectos a trabajadores por cuenta ajena, también excluyen expresamente que esas prácticas determinen la existencia de relación laboral, presumiblemente porque la finalidad de esas prácticas es en principio formativa, no lucrativa); ni tampoco habría obligación alguna de abono de salario. Lo expuesto ha de determinar la total desestimación del motivo y, con él, del recurso.

DUODÉCIMO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al alegar ser el mismo trabajador o beneficiario de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.