Sentencia Social 685/2026 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1885/2025 de 21 de abril del 2026

PRIMERO.-El demandante recurre en suplicación la sentencia que estimó parcialmente su demanda. Solicita el incremento de la compensación económica reconocida por los daños derivados del accidente de trabajo que sufrió el 17 de junio de 2020, la ampliación del número de los responsables de su abono y una retroacción de la fecha de inicio del devengo de intereses moratorios. La súplica del recurso es la siguiente: "dicte sentencia estimatoria del recurso, revisando el hecho probado 1º de la sentencia en los términos que se solicitan en el motivo 1.º del presente recurso, reconociendo lucro cesante en los términos indicados en el motivo 2.º, revisando la puntuación de las secuelas en los términos solicitados en el motivo 3.º, y condenado solidariamente con los demás demandados a las empresas Tersa e Isastur, así como a sus respectivas aseguradoras XL Insurance Company Limited y Liberty Mutual Insurance Europe, hasta el límite de sus respectivas pólizas, y fijando la fecha de inicio del cómputo de intereses en la fecha del accidente, declarando que el caso de las aseguradoras deberá ser el del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, con todo lo demás que de ello se desprenda según derecho".

Los codemandados se oponen a las peticiones del recurrente y defienden el acierto de la sentencia de instancia. Los escritos de impugnación del recurso son cuatro: las empresas BABCOCK MONTAJES SA (BABCOCK) e INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA (ISASTUR) intervienen conjuntamente; la empresa TRATAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS S.A (TERSA) y la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (LIBERTY) también en un solo escrito; la empresa HITACHI ZOSEN INOVA AG (HITACHI) y la compañía de seguros XL INSURANCE COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (XL INSURANCE) por separado.

SEGUNDO.-En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la revisión del hecho probado primero de la sentencia de instancia, a fin de suprimir el párrafo tercero:

"Según el certificado de salarios para contingencias profesionales (doc. 11 Babcock e Isastur) el salario del actor era de 65,49 euros diarios".

Basa la revisión en los recibos de salarios de la codemandada BABCOCK (documento 28 de su ramo de prueba, en acontecimiento 245 del expediente judicial electrónico), así como en la inconsistencia e ineficacia del certificado de salarios para contingencias profesionales expedido por esta empresa (documento 11 del ramo de prueba de BABCOCK, en acontecimiento 262, pág. 24).

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI oponen que no se dan los requisitos para alterar el hecho probado primero.

En el análisis de la solicitud ha de tenerse presente que la ley procesal atribuye a la Juzgadora de instancia amplias facultades para valorar los medios de convicción aportados en el proceso a fin de determinar los hechos acreditados (art. 97.2 LJS) y, como señala la jurisprudencia, dota de prevalencia a esa valoración judicial, exigiendo para su modificación que los intentos de revisión fáctica cumplan determinadas condiciones [arts. 193 b) y 196.2 y 3 LJS; sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014)]. Los cambios están condicionados a su formulación clara y precisa, basada en documentos concretamente identificados de decisivo valor probatorio o en pruebas periciales de incuestionada calidad científica o técnica, no desautorizados por otros medios probatorios de igual eficacia, que de forma directa, diáfana e indudable pongan de manifiesto el error de la sentencia de instancia sobre datos de interés para la decisión del asunto.

El demandante comenzó a prestar servicios en BABCOCK el 14 de junio de 2020 y sufrió el accidente de trabajo el 17 de junio de 2020, como consecuencia del que inició una situación de incapacidad temporal, derivada de accidente laboral, durante la que el 31 de julio se extinguió por finalización de la obra el contrato de trabajo temporal suscrito entre las partes.

La sentencia declara en el hecho probado primero:

"El trabajador percibió las cantidades y por los conceptos que constan en los recibos de salarios (doc. 28 actor).

Según el certificado de salarios para contingencias profesionales (doc. 11 Babcock e Isastur) el salario del actor era de 65,49 euros diarios".

Más abajo, en el fundamento de derecho sexto, considera que esta última cantidad es el salario que debe utilizarse para determinar la existencia de perjuicio por lucro cesante durante el tiempo de incapacidad temporal.

Los recibos salariales a que se refiere la sentencia corresponden a los meses de junio y julio de 2020.

I.-En el de junio figura:

Salario base: 53,81 € x 4 días: 215,24 €

Indemnización contrato: 1,94 € x 4 días: 7,78 €

P.P.P extra julio: 8,82 € x 4 días: 35,28 €

Seguro vida: 3,44 €

Tareas y Destajos NE: 260,26 €

Prestaciones por AT: 1272,44 € (13 días)

Total devengado: 1794, 44 €

Base de cotización con pagas extras: 2210,72 €

II.- En el recibo de julio figura:

Indemnización cese: 226,59 €

Liquidación vacaciones: 53,81 x 5 días: 269,05 €

Prestaciones por AT: 3034,28 € (31 días)

Total devengado: 3529,92 €

Base de cotización con pagas extras: 4314,54 €

Los recibos salariales no son cuestionados por la empresa BABCOCK, que sin embargo presentó en el juicio un certificado de salarios para contingencias profesionales en el que solo recoge los conceptos de salario base, seguro vida y prorrata pagas, con un importe total de 65,49 € diarios.

Esta cuantía es muy inferior al salario que resulta de los recibos; y a la base reguladora del subsidio de incapacidad temporal: 130,04 € diarios.

Hay una aparente contradicción en la sentencia al declarar probado que el demandante percibió las cantidades reflejadas en los recibos salariales, por los conceptos en ellos expresados y aceptar a continuación un certificado de salarios con un importe inferior.

La explicación de la disparidad es que éste último es aceptado en la sentencia con un carácter distinto de aquel; así lo corrobora el escrito de impugnación del recurso presentado por BABCOCK e ISASTUR: constituiría el salario habitual y ordinario del trabajador, atendiendo a su categoría y perfil profesional, frente al reflejado en los recibos de salarios que supone un importe excepcional. Por eso la Juzgadora de instancia acude a él para rechazar la existencia de lucro cesante durante el periodo de incapacidad temporal.

Con abstracción del acierto o desacierto jurídico del indicado criterio, lo decisivo es tener presente esa diferencia: la retribución del demandante en la relación laboral comenzada el 14 de junio de 2020 y finalizada el 31 de julio de 2020 es 130,04 € diarios.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso, por el cauce habilitado en el art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción del art. 126 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ( LRCSCVM) y el art. 1106 del Código Civil.

Alega que por el concepto de lucro cesante durante la incapacidad temporal debe percibir 33,51 € diarios, diferencia entre el salario de 130,04 € y el subsidio percibido, con un importe total de 12.298,65 € al haber permanecido 371 días de baja.

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI rechazan las alegaciones del demandante.

Atendiendo a los datos de los que parte el recurso hay un error aritmético en la cuantía reclamada. Dado que el subsidio de incapacidad temporal ascendía a 97,53 € diarios, equivalente al 75% de una base reguladora de 130,04 € diarios (hecho probado quinto), la diferencia entre ambas cantidades asciende a 32,51 €.

La sentencia de instancia para determinar los daños y perjuicios causados al demandante como consecuencia del accidente de trabajo y la indemnización que los compensa invoca el art. 126 LRCSCVM.

El art. 126 LRCSCVM forma parte de las disposiciones relativas a la tabla 2.C del baremo y regula el concepto de lucro cesante en los supuestos de secuelas que, según establece, consiste en la pérdida de capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o disminución neta de ingresos provenientes de su trabajo como consecuencia. No es aplicable pues el demandante se refiere al periodo de incapacidad temporal.

El art. 143 LRCSCVM es el que regula el lucro cesante por lesiones temporales y sus apartados 1, 2 y 3 son los que tienen interés:

"1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas.

2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior".

Han de distinguirse dos periodos en la situación del demandante: hasta el 31 de julio de 2020, el contrato de trabajo celebrado suponía una retribución diaria de 130,04 €, por lo que durante el periodo de incapacidad temporal coincidente el trabajador tiene derecho a percibir 32,51 €, diferencia entre ese importe y el del subsidio abonado. Una vez extinguida la relación laboral por causa válida y eficaz no puede tomarse dicha suma. La sentencia de instancia distingue entre la retribución pactada en el contrato de trabajo, en la que se incluía un concepto extraordinario de naturaleza variable como es "Tareas y destajos", y la ordinaria del demandante y atiende al primero. En cualquier caso, incumbía al demandante acreditar el lucro cesante en los términos previstos en el art. 143.2 LRCSCVM y la falta de prueba le perjudica.

El lucro cesante por lesiones temporales asciende a 1.430,44 €.

CUARTO.-En el tercer motivo de recurso discrepa el demandante de la valoración de las secuelas y considera infringido el baremo de la LRCSCVM: i) por limitación de movilidad solicita 12 puntos, frente a los 3 reconocidos; ii) por gonalgia izquierda 5 puntos, frente al criterio de la sentencia que nada reconoció; iii) por material de osteosíntesis no retirado 6 puntos, frente a la decisión negativa de la sentencia ; iv) por el perjuicio estético 6 puntos, frente a los 3 declarados en la instancia.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI contestan para defender la valoración efectuada por el Juzgado de lo Social y señalar que el recurrente modifica los datos acreditados. HITACHI, además, pone en relación el intento encubierto de revisión fáctica con la falta de identificación de la infracción concreta cometida.

El recurso se formula por el cauce procesal del art. 193 c ) LJS, que tiene por objeto examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Requisitos esenciales de este cauce son la cita de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren vulneradas y la exposición de los argumentos sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción o infracciones denunciadas. Ambos requisitos son imprescindibles ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016, de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016, y de 12 de diciembre de 2017, rec. 2351/2016).

A pesar de discrepar de la aplicación llevada a cabo en la sentencia del sistema de valoración del daño establecido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el recurrente no identifica norma alguna del mismo o jurisprudencia formada en su interpretación, ni ofrece argumentos que doten de fundamento a tales citas. Se limita a sostener afirmaciones de hecho distintas de las aceptadas en la sentencia y a pretender la sustitución de estas por las alegadas, pero sin identificar el soporte normativo o jurisprudencial de la denuncia y su apoyo argumental, que no se cubre con una mención genérica al "baremo contenido en la Ley 8/2004 en la redacción que le dio la Ley 35/2015".

Solo en el apartado relativo a la gonalgia se incluye una cita normativa: el art. 222 LEC, sobre la cosa juzgada, para incluir esta lesión. Pero, al igual que en los demás epígrafes del motivo de recurso, sobre la valoración del daño el recurso no identifica la infracción jurídica del sistema valorativo que dice vulnerado por la sentencia.

El cumplimiento de estos requisitos corresponde a la parte recurrente ( art. 216 LEC y art. 196.2 LJS) . Su omisión priva al recurso de un requisito de admisibilidad esencial que el tribunal de suplicación no puede corregir ni mandar subsanar, pues supondría construir de oficio el recurso en beneficio de un parte y en perjuicio de la parte contraria con violación del principio de imparcialidad y del deber de mantener el equilibrio procesal de las partes, básicos para cumplir con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 y 2 CE).

El motivo de recurso debe desestimarse.

QUINTO.-En el cuarto motivo de recurso, al amparo formal del art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción del art. 1902 del Código Civil para sustentar la responsabilidad de las empresas TERSA e ISASTUR y de sus aseguradoras por el accidente de trabajo.

I.- A TERSA le atribuye falta de vigilancia del cumplimiento por HITACHI y BABCOCK de la normativa de prevención de riesgos laborales. Señala que la empresa BABCOCK estaba en la factoría de TERSA en una doble condición: como subcontratista de HITACHI y como contratista de TERSA, en dos obras que corresponden a la misma actividad de ésta última y se desarrollaban al mismo tiempo en tajos situados uno encima del otro, encontrándose el demandante en el tajo inferior. En el desarrollo argumental de estas alegaciones cita el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el art. 10 del Real Decreto 171/2004, así como las sentencias de la Sala de lo Social Tribunal Supremo 842/2018 y de 8 de octubre de 2008, rec. 2426/2007 y las de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 1996 y 548/2008, de 11 de junio. Añade que TERSA tiene con los trabajadores de BABCOCK las mismas obligaciones que si esta fuera una empresa de trabajo temporal y como empresa usuaria es directamente responsable de las obligaciones de salud y seguridad, por lo que responde solidariamente de su incumplimiento ( sentencias TJUE C-649/22 y C-441/23, y arts. 6, 8 y 16 Ley 14/1994 reguladora de las ETT).

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, HITACHI, TERSA y LIBERTY se oponen con diversos argumentos: en el proceso judicial de recargo de prestaciones de Seguridad Social se declaró por sentencia firme la inexistencia de responsabilidad de TERSA; los trabajos desarrollados por BABCOCK no forman parte de la actividad propia de aquella; la actuación que provocó el accidente fue una decisión unilateral adoptada por personal de la empresa subcontratada; la empresa comitente cumplió las obligaciones legales que le incumbían incluidas las de vigilancia y coordinación, como la investigación realizada por la Inspección de Trabajo y la sentencia recurrida ponen de manifiesto.

El art. 24 LPRL está dedicado a regular la coordinación de actividades empresariales en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales. En sus apartados 2 y 3 establece:

"2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

El punto de partida en la interpretación de estas normas es que establecen obligaciones distintas y específicas a cargo del empresario principal. Para que nazca su responsabilidad es necesario acreditar su incumplimiento y en este sentido la doctrina señala:

"La individualización de la conducta de cada responsable y de las consecuencias de la misma en la producción y efectos del accidente resulta clave para la determinación de la responsabilidad civil cuyo fundamento es que tal responsabilidad no existe sin culpa o negligencia. En el caso de la empleadora resulta imprescindible reconocer un incumplimiento contractual conectado necesariamente con el siniestro. En el caso de la empresa comitente, su responsabilidad será exigible cuando su conducta, por acción u omisión, haya provocado o contribuido a su producción; esto es, tenga conexión con el accidente" ( sentencia del Tribunal Supremo 497/2021, de 6 de mayo, citada en el escrito de impugnación de TERSA y LIBERTY).

En el caso presente la actuación de TERSA relacionada con el accidente de trabajo sucedido el 17 de junio de 2020 ha sido objeto de examen, primero, por la Inspección de Trabajo y el INSS, en el marco del procedimiento administrativo sobre recargo de las prestaciones de Seguridad Social causadas por el accidentado (y después por los órganos judiciales conocedores del proceso judicial de recargo de las prestaciones de Seguridad Social promovido por el trabajador (hecho probado séptimo). El resultado ha sido coincidente: no hubo por parte de la empresa principal acción u omisión que contraviniera los deberes preventivos a su cargo y tuviera relevancia causal en la producción del suceso.

La determinación del nexo causal entre las acciones u omisiones contrarias a las normas de prevención y el resultado dañoso constituyó uno de los objetos del litigio judicial sobre el recargo de prestaciones, donde el demandante también pretendió la condena de TERSA, sin éxito. Sobre esta relación causal la sentencia firme dictada entonces produce efecto positivo de cosa juzgada en los procesos judiciales posteriores ( sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2013, rec. 2294/2012, citada por la recurrida, y 311/2023, de 26 de abril, entre otras). La necesaria vinculación a lo resuelto en el litigio previo cierra el paso a la imputación de incumplimiento de normas preventivas efectuada en el recurso.

La asimilación que el demandante efectúa entre la relación BABCOCK con TERSA y la de una ETT con la empresa usuaria, ni consta planteada anteriormente (la sentencia recurrida no la examina), ni tiene encaje en los hechos acreditados. El trabajador accidentado formaba parte de la obra que TERSA contrató con HITACHI y ésta subcontrató con BABCOCK. En el relato fáctico no se describen elementos para acudir a unas normas y doctrina dedicada a regular un supuesto bien diferente.

II.- La responsabilidad de ISASTUR se funda por el recurrente en que BABCOCK era una empresa filial de aquella que no tiene medios materiales, se limita a suministrar personal y entre ambas hay unidad de acción. Considera aplicable la doctrina del grupo de empresas patológico y cita las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2002, 13 de marzo de 2002 y 558/2017.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, más HITACHI rechazan la concurrencia de los requisitos característicos de un grupo de empresas a efectos laborales y señalan que la sentencia recurrida analiza correctamente el tema.

Esta cuestión fue asimismo planteada en el proceso judicial sobre recargo de prestaciones y el demandante también obtuvo un resultado adverso. El efecto positivo de la cosa juzgada material y su alcance ( arts. 222.4 y 400 LEC) vinculan también en esta cuestión.

La existencia de un grupo de empresas patológico fue descartada ante la falta de acreditación de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciarlo. La mera pertenencia de BABCOCK e ISASTUR a un grupo mercantil de empresas no constituye indicio alguno de la concurrencia de alguno de éstos, como tampoco lo es que se presenten públicamente con tal carácter. Los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes y para que este criterio quiebre han de aparecer elementos adicionales: "1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores" ( sentencias del Tribunal Supremo 405/2024, de 28 de febrero y 246/2022, de 22 de mayo). "Por mucho que se alegue no puede considerarse que, más allá del hecho que declara probado la juzgadora de instancia de que la empresa Babcock Montajes SA forma parte del grupo empresarial Isastur, resulte estar acreditada la concurrencia de alguno de los elementos adicionales precisos e indicados para poder apreciar la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales con la consiguiente responsabilidad solidaria de ambas empresas demandadas" (de nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2024, rec. 1583/2024, que resolvió sobre el recargo de prestaciones).

El motivo de recurso debe desestimarse.

SEXTO.-En el quinto motivo de recurso, por la vía del art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción de los arts. 1100 y 1902 del Código Civil al discrepar del momento inicial de devengo de intereses moratorios cuya retroacción a la fecha del accidente solicita. Alega que las indemnizaciones por responsabilidad civil son deudas de valor, deben actualizarse y era clara la responsabilidad de las empresas condenada, por lo que se dan las condiciones exigidas en las sentencias del Tribunal Supremo 847/2019 y 195/2021 ( ECLI:ES:TS:2024:3449) para retrotraer el devengo de intereses a la fecha del siniestro. Solicita asimismo que si alguna de las aseguradoras resulta condenada se le aplique el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, y XL INSURANCE consideran que la sentencia de instancia se atiene a las reglas de devengo de intereses moratorios.

La primera característica de este motivo de recurso es que las normas y doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo citadas por el demandante no desautorizan la solución de la sentencia de instancia, que fija la fecha inicial de devengo de los intereses moratorios desde la presentación de la papeleta de conciliación ante la UMAC. El art. 1902 del Código Civil regula la responsabilidad extracontractual por los daños y perjuicios causados. El art. 1100 del mismo cuerpo legal establece la regla general de la mora en el cumplimiento de obligaciones:

"Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:

1.º Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.

2.º Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación.

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro".

Las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo invocadas [la referencia correcta de la segunda es 786/2024, de 30 de mayo (ECLI:ES:TS:2024:3449)] analizan la responsabilidad de las compañías aseguradoras en relación con los intereses moratorios establecidos en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. El objeto de examen es la mora del asegurador conforme a esta disposición legal, que no es de aplicación a las empresas condenadas en la sentencia recurrida como tampoco lo es esa doctrina.

En los casos en que se acude al sistema de valoración de daños recogido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, está previsto en el art. 40.1 un régimen específico de actualización: "La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial". No solicitada su aplicación por el demandante, la posibilidad de interesas moratorios no queda descartada, sino limitada en el art. 40.2 LRCSCVH al disponer: "En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios". Pero la reclamación de estos intereses debe sujetarse a la regla general de la mora en el cumplimiento de las obligaciones. La sentencia de instancia se acomoda a esta regla cuando fija el comienzo de los intereses moratorios en la fecha de la papeleta de conciliación con base en que fue la primera reclamación del demandante en la que concretó los valores indemnizatorios, la responsabilidad empresarial era discutible y también lo era la cuantía de la compensación económica "siendo notable la diferencia entre la pretendida por el actor y la finalmente establecida".

El motivo de recurso debe desestimarse.

SEXTO.-Sobre la imposición de costas el art. 235.1 LJS dispone:

"1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación".

En el caso presente no procede imposición de costas pues el demandante tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita por su condición de trabajador y el recurso se estima en parte.

Por lo expuesto.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-El demandante recurre en suplicación la sentencia que estimó parcialmente su demanda. Solicita el incremento de la compensación económica reconocida por los daños derivados del accidente de trabajo que sufrió el 17 de junio de 2020, la ampliación del número de los responsables de su abono y una retroacción de la fecha de inicio del devengo de intereses moratorios. La súplica del recurso es la siguiente: "dicte sentencia estimatoria del recurso, revisando el hecho probado 1º de la sentencia en los términos que se solicitan en el motivo 1.º del presente recurso, reconociendo lucro cesante en los términos indicados en el motivo 2.º, revisando la puntuación de las secuelas en los términos solicitados en el motivo 3.º, y condenado solidariamente con los demás demandados a las empresas Tersa e Isastur, así como a sus respectivas aseguradoras XL Insurance Company Limited y Liberty Mutual Insurance Europe, hasta el límite de sus respectivas pólizas, y fijando la fecha de inicio del cómputo de intereses en la fecha del accidente, declarando que el caso de las aseguradoras deberá ser el del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, con todo lo demás que de ello se desprenda según derecho".

Los codemandados se oponen a las peticiones del recurrente y defienden el acierto de la sentencia de instancia. Los escritos de impugnación del recurso son cuatro: las empresas BABCOCK MONTAJES SA (BABCOCK) e INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA (ISASTUR) intervienen conjuntamente; la empresa TRATAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS S.A (TERSA) y la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (LIBERTY) también en un solo escrito; la empresa HITACHI ZOSEN INOVA AG (HITACHI) y la compañía de seguros XL INSURANCE COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (XL INSURANCE) por separado.

SEGUNDO.-En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la revisión del hecho probado primero de la sentencia de instancia, a fin de suprimir el párrafo tercero:

"Según el certificado de salarios para contingencias profesionales (doc. 11 Babcock e Isastur) el salario del actor era de 65,49 euros diarios".

Basa la revisión en los recibos de salarios de la codemandada BABCOCK (documento 28 de su ramo de prueba, en acontecimiento 245 del expediente judicial electrónico), así como en la inconsistencia e ineficacia del certificado de salarios para contingencias profesionales expedido por esta empresa (documento 11 del ramo de prueba de BABCOCK, en acontecimiento 262, pág. 24).

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI oponen que no se dan los requisitos para alterar el hecho probado primero.

En el análisis de la solicitud ha de tenerse presente que la ley procesal atribuye a la Juzgadora de instancia amplias facultades para valorar los medios de convicción aportados en el proceso a fin de determinar los hechos acreditados (art. 97.2 LJS) y, como señala la jurisprudencia, dota de prevalencia a esa valoración judicial, exigiendo para su modificación que los intentos de revisión fáctica cumplan determinadas condiciones [arts. 193 b) y 196.2 y 3 LJS; sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014)]. Los cambios están condicionados a su formulación clara y precisa, basada en documentos concretamente identificados de decisivo valor probatorio o en pruebas periciales de incuestionada calidad científica o técnica, no desautorizados por otros medios probatorios de igual eficacia, que de forma directa, diáfana e indudable pongan de manifiesto el error de la sentencia de instancia sobre datos de interés para la decisión del asunto.

El demandante comenzó a prestar servicios en BABCOCK el 14 de junio de 2020 y sufrió el accidente de trabajo el 17 de junio de 2020, como consecuencia del que inició una situación de incapacidad temporal, derivada de accidente laboral, durante la que el 31 de julio se extinguió por finalización de la obra el contrato de trabajo temporal suscrito entre las partes.

La sentencia declara en el hecho probado primero:

"El trabajador percibió las cantidades y por los conceptos que constan en los recibos de salarios (doc. 28 actor).

Según el certificado de salarios para contingencias profesionales (doc. 11 Babcock e Isastur) el salario del actor era de 65,49 euros diarios".

Más abajo, en el fundamento de derecho sexto, considera que esta última cantidad es el salario que debe utilizarse para determinar la existencia de perjuicio por lucro cesante durante el tiempo de incapacidad temporal.

Los recibos salariales a que se refiere la sentencia corresponden a los meses de junio y julio de 2020.

I.-En el de junio figura:

Salario base: 53,81 € x 4 días: 215,24 €

Indemnización contrato: 1,94 € x 4 días: 7,78 €

P.P.P extra julio: 8,82 € x 4 días: 35,28 €

Seguro vida: 3,44 €

Tareas y Destajos NE: 260,26 €

Prestaciones por AT: 1272,44 € (13 días)

Total devengado: 1794, 44 €

Base de cotización con pagas extras: 2210,72 €

II.- En el recibo de julio figura:

Indemnización cese: 226,59 €

Liquidación vacaciones: 53,81 x 5 días: 269,05 €

Prestaciones por AT: 3034,28 € (31 días)

Total devengado: 3529,92 €

Base de cotización con pagas extras: 4314,54 €

Los recibos salariales no son cuestionados por la empresa BABCOCK, que sin embargo presentó en el juicio un certificado de salarios para contingencias profesionales en el que solo recoge los conceptos de salario base, seguro vida y prorrata pagas, con un importe total de 65,49 € diarios.

Esta cuantía es muy inferior al salario que resulta de los recibos; y a la base reguladora del subsidio de incapacidad temporal: 130,04 € diarios.

Hay una aparente contradicción en la sentencia al declarar probado que el demandante percibió las cantidades reflejadas en los recibos salariales, por los conceptos en ellos expresados y aceptar a continuación un certificado de salarios con un importe inferior.

La explicación de la disparidad es que éste último es aceptado en la sentencia con un carácter distinto de aquel; así lo corrobora el escrito de impugnación del recurso presentado por BABCOCK e ISASTUR: constituiría el salario habitual y ordinario del trabajador, atendiendo a su categoría y perfil profesional, frente al reflejado en los recibos de salarios que supone un importe excepcional. Por eso la Juzgadora de instancia acude a él para rechazar la existencia de lucro cesante durante el periodo de incapacidad temporal.

Con abstracción del acierto o desacierto jurídico del indicado criterio, lo decisivo es tener presente esa diferencia: la retribución del demandante en la relación laboral comenzada el 14 de junio de 2020 y finalizada el 31 de julio de 2020 es 130,04 € diarios.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso, por el cauce habilitado en el art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción del art. 126 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ( LRCSCVM) y el art. 1106 del Código Civil.

Alega que por el concepto de lucro cesante durante la incapacidad temporal debe percibir 33,51 € diarios, diferencia entre el salario de 130,04 € y el subsidio percibido, con un importe total de 12.298,65 € al haber permanecido 371 días de baja.

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI rechazan las alegaciones del demandante.

Atendiendo a los datos de los que parte el recurso hay un error aritmético en la cuantía reclamada. Dado que el subsidio de incapacidad temporal ascendía a 97,53 € diarios, equivalente al 75% de una base reguladora de 130,04 € diarios (hecho probado quinto), la diferencia entre ambas cantidades asciende a 32,51 €.

La sentencia de instancia para determinar los daños y perjuicios causados al demandante como consecuencia del accidente de trabajo y la indemnización que los compensa invoca el art. 126 LRCSCVM.

El art. 126 LRCSCVM forma parte de las disposiciones relativas a la tabla 2.C del baremo y regula el concepto de lucro cesante en los supuestos de secuelas que, según establece, consiste en la pérdida de capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o disminución neta de ingresos provenientes de su trabajo como consecuencia. No es aplicable pues el demandante se refiere al periodo de incapacidad temporal.

El art. 143 LRCSCVM es el que regula el lucro cesante por lesiones temporales y sus apartados 1, 2 y 3 son los que tienen interés:

"1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas.

2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior".

Han de distinguirse dos periodos en la situación del demandante: hasta el 31 de julio de 2020, el contrato de trabajo celebrado suponía una retribución diaria de 130,04 €, por lo que durante el periodo de incapacidad temporal coincidente el trabajador tiene derecho a percibir 32,51 €, diferencia entre ese importe y el del subsidio abonado. Una vez extinguida la relación laboral por causa válida y eficaz no puede tomarse dicha suma. La sentencia de instancia distingue entre la retribución pactada en el contrato de trabajo, en la que se incluía un concepto extraordinario de naturaleza variable como es "Tareas y destajos", y la ordinaria del demandante y atiende al primero. En cualquier caso, incumbía al demandante acreditar el lucro cesante en los términos previstos en el art. 143.2 LRCSCVM y la falta de prueba le perjudica.

El lucro cesante por lesiones temporales asciende a 1.430,44 €.

CUARTO.-En el tercer motivo de recurso discrepa el demandante de la valoración de las secuelas y considera infringido el baremo de la LRCSCVM: i) por limitación de movilidad solicita 12 puntos, frente a los 3 reconocidos; ii) por gonalgia izquierda 5 puntos, frente al criterio de la sentencia que nada reconoció; iii) por material de osteosíntesis no retirado 6 puntos, frente a la decisión negativa de la sentencia ; iv) por el perjuicio estético 6 puntos, frente a los 3 declarados en la instancia.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI contestan para defender la valoración efectuada por el Juzgado de lo Social y señalar que el recurrente modifica los datos acreditados. HITACHI, además, pone en relación el intento encubierto de revisión fáctica con la falta de identificación de la infracción concreta cometida.

El recurso se formula por el cauce procesal del art. 193 c ) LJS, que tiene por objeto examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Requisitos esenciales de este cauce son la cita de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren vulneradas y la exposición de los argumentos sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción o infracciones denunciadas. Ambos requisitos son imprescindibles ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016, de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016, y de 12 de diciembre de 2017, rec. 2351/2016).

A pesar de discrepar de la aplicación llevada a cabo en la sentencia del sistema de valoración del daño establecido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el recurrente no identifica norma alguna del mismo o jurisprudencia formada en su interpretación, ni ofrece argumentos que doten de fundamento a tales citas. Se limita a sostener afirmaciones de hecho distintas de las aceptadas en la sentencia y a pretender la sustitución de estas por las alegadas, pero sin identificar el soporte normativo o jurisprudencial de la denuncia y su apoyo argumental, que no se cubre con una mención genérica al "baremo contenido en la Ley 8/2004 en la redacción que le dio la Ley 35/2015".

Solo en el apartado relativo a la gonalgia se incluye una cita normativa: el art. 222 LEC, sobre la cosa juzgada, para incluir esta lesión. Pero, al igual que en los demás epígrafes del motivo de recurso, sobre la valoración del daño el recurso no identifica la infracción jurídica del sistema valorativo que dice vulnerado por la sentencia.

El cumplimiento de estos requisitos corresponde a la parte recurrente ( art. 216 LEC y art. 196.2 LJS) . Su omisión priva al recurso de un requisito de admisibilidad esencial que el tribunal de suplicación no puede corregir ni mandar subsanar, pues supondría construir de oficio el recurso en beneficio de un parte y en perjuicio de la parte contraria con violación del principio de imparcialidad y del deber de mantener el equilibrio procesal de las partes, básicos para cumplir con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 y 2 CE).

El motivo de recurso debe desestimarse.

QUINTO.-En el cuarto motivo de recurso, al amparo formal del art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción del art. 1902 del Código Civil para sustentar la responsabilidad de las empresas TERSA e ISASTUR y de sus aseguradoras por el accidente de trabajo.

I.- A TERSA le atribuye falta de vigilancia del cumplimiento por HITACHI y BABCOCK de la normativa de prevención de riesgos laborales. Señala que la empresa BABCOCK estaba en la factoría de TERSA en una doble condición: como subcontratista de HITACHI y como contratista de TERSA, en dos obras que corresponden a la misma actividad de ésta última y se desarrollaban al mismo tiempo en tajos situados uno encima del otro, encontrándose el demandante en el tajo inferior. En el desarrollo argumental de estas alegaciones cita el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el art. 10 del Real Decreto 171/2004, así como las sentencias de la Sala de lo Social Tribunal Supremo 842/2018 y de 8 de octubre de 2008, rec. 2426/2007 y las de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 1996 y 548/2008, de 11 de junio. Añade que TERSA tiene con los trabajadores de BABCOCK las mismas obligaciones que si esta fuera una empresa de trabajo temporal y como empresa usuaria es directamente responsable de las obligaciones de salud y seguridad, por lo que responde solidariamente de su incumplimiento ( sentencias TJUE C-649/22 y C-441/23, y arts. 6, 8 y 16 Ley 14/1994 reguladora de las ETT).

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, HITACHI, TERSA y LIBERTY se oponen con diversos argumentos: en el proceso judicial de recargo de prestaciones de Seguridad Social se declaró por sentencia firme la inexistencia de responsabilidad de TERSA; los trabajos desarrollados por BABCOCK no forman parte de la actividad propia de aquella; la actuación que provocó el accidente fue una decisión unilateral adoptada por personal de la empresa subcontratada; la empresa comitente cumplió las obligaciones legales que le incumbían incluidas las de vigilancia y coordinación, como la investigación realizada por la Inspección de Trabajo y la sentencia recurrida ponen de manifiesto.

El art. 24 LPRL está dedicado a regular la coordinación de actividades empresariales en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales. En sus apartados 2 y 3 establece:

"2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

El punto de partida en la interpretación de estas normas es que establecen obligaciones distintas y específicas a cargo del empresario principal. Para que nazca su responsabilidad es necesario acreditar su incumplimiento y en este sentido la doctrina señala:

"La individualización de la conducta de cada responsable y de las consecuencias de la misma en la producción y efectos del accidente resulta clave para la determinación de la responsabilidad civil cuyo fundamento es que tal responsabilidad no existe sin culpa o negligencia. En el caso de la empleadora resulta imprescindible reconocer un incumplimiento contractual conectado necesariamente con el siniestro. En el caso de la empresa comitente, su responsabilidad será exigible cuando su conducta, por acción u omisión, haya provocado o contribuido a su producción; esto es, tenga conexión con el accidente" ( sentencia del Tribunal Supremo 497/2021, de 6 de mayo, citada en el escrito de impugnación de TERSA y LIBERTY).

En el caso presente la actuación de TERSA relacionada con el accidente de trabajo sucedido el 17 de junio de 2020 ha sido objeto de examen, primero, por la Inspección de Trabajo y el INSS, en el marco del procedimiento administrativo sobre recargo de las prestaciones de Seguridad Social causadas por el accidentado (y después por los órganos judiciales conocedores del proceso judicial de recargo de las prestaciones de Seguridad Social promovido por el trabajador (hecho probado séptimo). El resultado ha sido coincidente: no hubo por parte de la empresa principal acción u omisión que contraviniera los deberes preventivos a su cargo y tuviera relevancia causal en la producción del suceso.

La determinación del nexo causal entre las acciones u omisiones contrarias a las normas de prevención y el resultado dañoso constituyó uno de los objetos del litigio judicial sobre el recargo de prestaciones, donde el demandante también pretendió la condena de TERSA, sin éxito. Sobre esta relación causal la sentencia firme dictada entonces produce efecto positivo de cosa juzgada en los procesos judiciales posteriores ( sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2013, rec. 2294/2012, citada por la recurrida, y 311/2023, de 26 de abril, entre otras). La necesaria vinculación a lo resuelto en el litigio previo cierra el paso a la imputación de incumplimiento de normas preventivas efectuada en el recurso.

La asimilación que el demandante efectúa entre la relación BABCOCK con TERSA y la de una ETT con la empresa usuaria, ni consta planteada anteriormente (la sentencia recurrida no la examina), ni tiene encaje en los hechos acreditados. El trabajador accidentado formaba parte de la obra que TERSA contrató con HITACHI y ésta subcontrató con BABCOCK. En el relato fáctico no se describen elementos para acudir a unas normas y doctrina dedicada a regular un supuesto bien diferente.

II.- La responsabilidad de ISASTUR se funda por el recurrente en que BABCOCK era una empresa filial de aquella que no tiene medios materiales, se limita a suministrar personal y entre ambas hay unidad de acción. Considera aplicable la doctrina del grupo de empresas patológico y cita las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2002, 13 de marzo de 2002 y 558/2017.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, más HITACHI rechazan la concurrencia de los requisitos característicos de un grupo de empresas a efectos laborales y señalan que la sentencia recurrida analiza correctamente el tema.

Esta cuestión fue asimismo planteada en el proceso judicial sobre recargo de prestaciones y el demandante también obtuvo un resultado adverso. El efecto positivo de la cosa juzgada material y su alcance ( arts. 222.4 y 400 LEC) vinculan también en esta cuestión.

La existencia de un grupo de empresas patológico fue descartada ante la falta de acreditación de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciarlo. La mera pertenencia de BABCOCK e ISASTUR a un grupo mercantil de empresas no constituye indicio alguno de la concurrencia de alguno de éstos, como tampoco lo es que se presenten públicamente con tal carácter. Los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes y para que este criterio quiebre han de aparecer elementos adicionales: "1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores" ( sentencias del Tribunal Supremo 405/2024, de 28 de febrero y 246/2022, de 22 de mayo). "Por mucho que se alegue no puede considerarse que, más allá del hecho que declara probado la juzgadora de instancia de que la empresa Babcock Montajes SA forma parte del grupo empresarial Isastur, resulte estar acreditada la concurrencia de alguno de los elementos adicionales precisos e indicados para poder apreciar la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales con la consiguiente responsabilidad solidaria de ambas empresas demandadas" (de nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2024, rec. 1583/2024, que resolvió sobre el recargo de prestaciones).

El motivo de recurso debe desestimarse.

SEXTO.-En el quinto motivo de recurso, por la vía del art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción de los arts. 1100 y 1902 del Código Civil al discrepar del momento inicial de devengo de intereses moratorios cuya retroacción a la fecha del accidente solicita. Alega que las indemnizaciones por responsabilidad civil son deudas de valor, deben actualizarse y era clara la responsabilidad de las empresas condenada, por lo que se dan las condiciones exigidas en las sentencias del Tribunal Supremo 847/2019 y 195/2021 ( ECLI:ES:TS:2024:3449) para retrotraer el devengo de intereses a la fecha del siniestro. Solicita asimismo que si alguna de las aseguradoras resulta condenada se le aplique el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, y XL INSURANCE consideran que la sentencia de instancia se atiene a las reglas de devengo de intereses moratorios.

La primera característica de este motivo de recurso es que las normas y doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo citadas por el demandante no desautorizan la solución de la sentencia de instancia, que fija la fecha inicial de devengo de los intereses moratorios desde la presentación de la papeleta de conciliación ante la UMAC. El art. 1902 del Código Civil regula la responsabilidad extracontractual por los daños y perjuicios causados. El art. 1100 del mismo cuerpo legal establece la regla general de la mora en el cumplimiento de obligaciones:

"Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:

1.º Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.

2.º Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación.

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro".

Las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo invocadas [la referencia correcta de la segunda es 786/2024, de 30 de mayo (ECLI:ES:TS:2024:3449)] analizan la responsabilidad de las compañías aseguradoras en relación con los intereses moratorios establecidos en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. El objeto de examen es la mora del asegurador conforme a esta disposición legal, que no es de aplicación a las empresas condenadas en la sentencia recurrida como tampoco lo es esa doctrina.

En los casos en que se acude al sistema de valoración de daños recogido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, está previsto en el art. 40.1 un régimen específico de actualización: "La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial". No solicitada su aplicación por el demandante, la posibilidad de interesas moratorios no queda descartada, sino limitada en el art. 40.2 LRCSCVH al disponer: "En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios". Pero la reclamación de estos intereses debe sujetarse a la regla general de la mora en el cumplimiento de las obligaciones. La sentencia de instancia se acomoda a esta regla cuando fija el comienzo de los intereses moratorios en la fecha de la papeleta de conciliación con base en que fue la primera reclamación del demandante en la que concretó los valores indemnizatorios, la responsabilidad empresarial era discutible y también lo era la cuantía de la compensación económica "siendo notable la diferencia entre la pretendida por el actor y la finalmente establecida".

El motivo de recurso debe desestimarse.

SEXTO.-Sobre la imposición de costas el art. 235.1 LJS dispone:

"1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación".

En el caso presente no procede imposición de costas pues el demandante tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita por su condición de trabajador y el recurso se estima en parte.

Por lo expuesto.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-El demandante recurre en suplicación la sentencia que estimó parcialmente su demanda. Solicita el incremento de la compensación económica reconocida por los daños derivados del accidente de trabajo que sufrió el 17 de junio de 2020, la ampliación del número de los responsables de su abono y una retroacción de la fecha de inicio del devengo de intereses moratorios. La súplica del recurso es la siguiente: "dicte sentencia estimatoria del recurso, revisando el hecho probado 1º de la sentencia en los términos que se solicitan en el motivo 1.º del presente recurso, reconociendo lucro cesante en los términos indicados en el motivo 2.º, revisando la puntuación de las secuelas en los términos solicitados en el motivo 3.º, y condenado solidariamente con los demás demandados a las empresas Tersa e Isastur, así como a sus respectivas aseguradoras XL Insurance Company Limited y Liberty Mutual Insurance Europe, hasta el límite de sus respectivas pólizas, y fijando la fecha de inicio del cómputo de intereses en la fecha del accidente, declarando que el caso de las aseguradoras deberá ser el del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, con todo lo demás que de ello se desprenda según derecho".

Los codemandados se oponen a las peticiones del recurrente y defienden el acierto de la sentencia de instancia. Los escritos de impugnación del recurso son cuatro: las empresas BABCOCK MONTAJES SA (BABCOCK) e INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA (ISASTUR) intervienen conjuntamente; la empresa TRATAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS S.A (TERSA) y la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (LIBERTY) también en un solo escrito; la empresa HITACHI ZOSEN INOVA AG (HITACHI) y la compañía de seguros XL INSURANCE COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (XL INSURANCE) por separado.

SEGUNDO.-En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la revisión del hecho probado primero de la sentencia de instancia, a fin de suprimir el párrafo tercero:

"Según el certificado de salarios para contingencias profesionales (doc. 11 Babcock e Isastur) el salario del actor era de 65,49 euros diarios".

Basa la revisión en los recibos de salarios de la codemandada BABCOCK (documento 28 de su ramo de prueba, en acontecimiento 245 del expediente judicial electrónico), así como en la inconsistencia e ineficacia del certificado de salarios para contingencias profesionales expedido por esta empresa (documento 11 del ramo de prueba de BABCOCK, en acontecimiento 262, pág. 24).

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI oponen que no se dan los requisitos para alterar el hecho probado primero.

En el análisis de la solicitud ha de tenerse presente que la ley procesal atribuye a la Juzgadora de instancia amplias facultades para valorar los medios de convicción aportados en el proceso a fin de determinar los hechos acreditados (art. 97.2 LJS) y, como señala la jurisprudencia, dota de prevalencia a esa valoración judicial, exigiendo para su modificación que los intentos de revisión fáctica cumplan determinadas condiciones [arts. 193 b) y 196.2 y 3 LJS; sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014)]. Los cambios están condicionados a su formulación clara y precisa, basada en documentos concretamente identificados de decisivo valor probatorio o en pruebas periciales de incuestionada calidad científica o técnica, no desautorizados por otros medios probatorios de igual eficacia, que de forma directa, diáfana e indudable pongan de manifiesto el error de la sentencia de instancia sobre datos de interés para la decisión del asunto.

El demandante comenzó a prestar servicios en BABCOCK el 14 de junio de 2020 y sufrió el accidente de trabajo el 17 de junio de 2020, como consecuencia del que inició una situación de incapacidad temporal, derivada de accidente laboral, durante la que el 31 de julio se extinguió por finalización de la obra el contrato de trabajo temporal suscrito entre las partes.

La sentencia declara en el hecho probado primero:

"El trabajador percibió las cantidades y por los conceptos que constan en los recibos de salarios (doc. 28 actor).

Según el certificado de salarios para contingencias profesionales (doc. 11 Babcock e Isastur) el salario del actor era de 65,49 euros diarios".

Más abajo, en el fundamento de derecho sexto, considera que esta última cantidad es el salario que debe utilizarse para determinar la existencia de perjuicio por lucro cesante durante el tiempo de incapacidad temporal.

Los recibos salariales a que se refiere la sentencia corresponden a los meses de junio y julio de 2020.

I.-En el de junio figura:

Salario base: 53,81 € x 4 días: 215,24 €

Indemnización contrato: 1,94 € x 4 días: 7,78 €

P.P.P extra julio: 8,82 € x 4 días: 35,28 €

Seguro vida: 3,44 €

Tareas y Destajos NE: 260,26 €

Prestaciones por AT: 1272,44 € (13 días)

Total devengado: 1794, 44 €

Base de cotización con pagas extras: 2210,72 €

II.- En el recibo de julio figura:

Indemnización cese: 226,59 €

Liquidación vacaciones: 53,81 x 5 días: 269,05 €

Prestaciones por AT: 3034,28 € (31 días)

Total devengado: 3529,92 €

Base de cotización con pagas extras: 4314,54 €

Los recibos salariales no son cuestionados por la empresa BABCOCK, que sin embargo presentó en el juicio un certificado de salarios para contingencias profesionales en el que solo recoge los conceptos de salario base, seguro vida y prorrata pagas, con un importe total de 65,49 € diarios.

Esta cuantía es muy inferior al salario que resulta de los recibos; y a la base reguladora del subsidio de incapacidad temporal: 130,04 € diarios.

Hay una aparente contradicción en la sentencia al declarar probado que el demandante percibió las cantidades reflejadas en los recibos salariales, por los conceptos en ellos expresados y aceptar a continuación un certificado de salarios con un importe inferior.

La explicación de la disparidad es que éste último es aceptado en la sentencia con un carácter distinto de aquel; así lo corrobora el escrito de impugnación del recurso presentado por BABCOCK e ISASTUR: constituiría el salario habitual y ordinario del trabajador, atendiendo a su categoría y perfil profesional, frente al reflejado en los recibos de salarios que supone un importe excepcional. Por eso la Juzgadora de instancia acude a él para rechazar la existencia de lucro cesante durante el periodo de incapacidad temporal.

Con abstracción del acierto o desacierto jurídico del indicado criterio, lo decisivo es tener presente esa diferencia: la retribución del demandante en la relación laboral comenzada el 14 de junio de 2020 y finalizada el 31 de julio de 2020 es 130,04 € diarios.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso, por el cauce habilitado en el art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción del art. 126 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ( LRCSCVM) y el art. 1106 del Código Civil.

Alega que por el concepto de lucro cesante durante la incapacidad temporal debe percibir 33,51 € diarios, diferencia entre el salario de 130,04 € y el subsidio percibido, con un importe total de 12.298,65 € al haber permanecido 371 días de baja.

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI rechazan las alegaciones del demandante.

Atendiendo a los datos de los que parte el recurso hay un error aritmético en la cuantía reclamada. Dado que el subsidio de incapacidad temporal ascendía a 97,53 € diarios, equivalente al 75% de una base reguladora de 130,04 € diarios (hecho probado quinto), la diferencia entre ambas cantidades asciende a 32,51 €.

La sentencia de instancia para determinar los daños y perjuicios causados al demandante como consecuencia del accidente de trabajo y la indemnización que los compensa invoca el art. 126 LRCSCVM.

El art. 126 LRCSCVM forma parte de las disposiciones relativas a la tabla 2.C del baremo y regula el concepto de lucro cesante en los supuestos de secuelas que, según establece, consiste en la pérdida de capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o disminución neta de ingresos provenientes de su trabajo como consecuencia. No es aplicable pues el demandante se refiere al periodo de incapacidad temporal.

El art. 143 LRCSCVM es el que regula el lucro cesante por lesiones temporales y sus apartados 1, 2 y 3 son los que tienen interés:

"1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas.

2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior".

Han de distinguirse dos periodos en la situación del demandante: hasta el 31 de julio de 2020, el contrato de trabajo celebrado suponía una retribución diaria de 130,04 €, por lo que durante el periodo de incapacidad temporal coincidente el trabajador tiene derecho a percibir 32,51 €, diferencia entre ese importe y el del subsidio abonado. Una vez extinguida la relación laboral por causa válida y eficaz no puede tomarse dicha suma. La sentencia de instancia distingue entre la retribución pactada en el contrato de trabajo, en la que se incluía un concepto extraordinario de naturaleza variable como es "Tareas y destajos", y la ordinaria del demandante y atiende al primero. En cualquier caso, incumbía al demandante acreditar el lucro cesante en los términos previstos en el art. 143.2 LRCSCVM y la falta de prueba le perjudica.

El lucro cesante por lesiones temporales asciende a 1.430,44 €.

CUARTO.-En el tercer motivo de recurso discrepa el demandante de la valoración de las secuelas y considera infringido el baremo de la LRCSCVM: i) por limitación de movilidad solicita 12 puntos, frente a los 3 reconocidos; ii) por gonalgia izquierda 5 puntos, frente al criterio de la sentencia que nada reconoció; iii) por material de osteosíntesis no retirado 6 puntos, frente a la decisión negativa de la sentencia ; iv) por el perjuicio estético 6 puntos, frente a los 3 declarados en la instancia.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, XL INSURANCE, e HITACHI contestan para defender la valoración efectuada por el Juzgado de lo Social y señalar que el recurrente modifica los datos acreditados. HITACHI, además, pone en relación el intento encubierto de revisión fáctica con la falta de identificación de la infracción concreta cometida.

El recurso se formula por el cauce procesal del art. 193 c ) LJS, que tiene por objeto examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Requisitos esenciales de este cauce son la cita de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren vulneradas y la exposición de los argumentos sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción o infracciones denunciadas. Ambos requisitos son imprescindibles ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2017, rec. 270/2016, de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016, y de 12 de diciembre de 2017, rec. 2351/2016).

A pesar de discrepar de la aplicación llevada a cabo en la sentencia del sistema de valoración del daño establecido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el recurrente no identifica norma alguna del mismo o jurisprudencia formada en su interpretación, ni ofrece argumentos que doten de fundamento a tales citas. Se limita a sostener afirmaciones de hecho distintas de las aceptadas en la sentencia y a pretender la sustitución de estas por las alegadas, pero sin identificar el soporte normativo o jurisprudencial de la denuncia y su apoyo argumental, que no se cubre con una mención genérica al "baremo contenido en la Ley 8/2004 en la redacción que le dio la Ley 35/2015".

Solo en el apartado relativo a la gonalgia se incluye una cita normativa: el art. 222 LEC, sobre la cosa juzgada, para incluir esta lesión. Pero, al igual que en los demás epígrafes del motivo de recurso, sobre la valoración del daño el recurso no identifica la infracción jurídica del sistema valorativo que dice vulnerado por la sentencia.

El cumplimiento de estos requisitos corresponde a la parte recurrente ( art. 216 LEC y art. 196.2 LJS) . Su omisión priva al recurso de un requisito de admisibilidad esencial que el tribunal de suplicación no puede corregir ni mandar subsanar, pues supondría construir de oficio el recurso en beneficio de un parte y en perjuicio de la parte contraria con violación del principio de imparcialidad y del deber de mantener el equilibrio procesal de las partes, básicos para cumplir con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 y 2 CE).

El motivo de recurso debe desestimarse.

QUINTO.-En el cuarto motivo de recurso, al amparo formal del art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción del art. 1902 del Código Civil para sustentar la responsabilidad de las empresas TERSA e ISASTUR y de sus aseguradoras por el accidente de trabajo.

I.- A TERSA le atribuye falta de vigilancia del cumplimiento por HITACHI y BABCOCK de la normativa de prevención de riesgos laborales. Señala que la empresa BABCOCK estaba en la factoría de TERSA en una doble condición: como subcontratista de HITACHI y como contratista de TERSA, en dos obras que corresponden a la misma actividad de ésta última y se desarrollaban al mismo tiempo en tajos situados uno encima del otro, encontrándose el demandante en el tajo inferior. En el desarrollo argumental de estas alegaciones cita el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el art. 10 del Real Decreto 171/2004, así como las sentencias de la Sala de lo Social Tribunal Supremo 842/2018 y de 8 de octubre de 2008, rec. 2426/2007 y las de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 1996 y 548/2008, de 11 de junio. Añade que TERSA tiene con los trabajadores de BABCOCK las mismas obligaciones que si esta fuera una empresa de trabajo temporal y como empresa usuaria es directamente responsable de las obligaciones de salud y seguridad, por lo que responde solidariamente de su incumplimiento ( sentencias TJUE C-649/22 y C-441/23, y arts. 6, 8 y 16 Ley 14/1994 reguladora de las ETT).

Los codemandados BABCOCK e ISASTUR, HITACHI, TERSA y LIBERTY se oponen con diversos argumentos: en el proceso judicial de recargo de prestaciones de Seguridad Social se declaró por sentencia firme la inexistencia de responsabilidad de TERSA; los trabajos desarrollados por BABCOCK no forman parte de la actividad propia de aquella; la actuación que provocó el accidente fue una decisión unilateral adoptada por personal de la empresa subcontratada; la empresa comitente cumplió las obligaciones legales que le incumbían incluidas las de vigilancia y coordinación, como la investigación realizada por la Inspección de Trabajo y la sentencia recurrida ponen de manifiesto.

El art. 24 LPRL está dedicado a regular la coordinación de actividades empresariales en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales. En sus apartados 2 y 3 establece:

"2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

El punto de partida en la interpretación de estas normas es que establecen obligaciones distintas y específicas a cargo del empresario principal. Para que nazca su responsabilidad es necesario acreditar su incumplimiento y en este sentido la doctrina señala:

"La individualización de la conducta de cada responsable y de las consecuencias de la misma en la producción y efectos del accidente resulta clave para la determinación de la responsabilidad civil cuyo fundamento es que tal responsabilidad no existe sin culpa o negligencia. En el caso de la empleadora resulta imprescindible reconocer un incumplimiento contractual conectado necesariamente con el siniestro. En el caso de la empresa comitente, su responsabilidad será exigible cuando su conducta, por acción u omisión, haya provocado o contribuido a su producción; esto es, tenga conexión con el accidente" ( sentencia del Tribunal Supremo 497/2021, de 6 de mayo, citada en el escrito de impugnación de TERSA y LIBERTY).

En el caso presente la actuación de TERSA relacionada con el accidente de trabajo sucedido el 17 de junio de 2020 ha sido objeto de examen, primero, por la Inspección de Trabajo y el INSS, en el marco del procedimiento administrativo sobre recargo de las prestaciones de Seguridad Social causadas por el accidentado (y después por los órganos judiciales conocedores del proceso judicial de recargo de las prestaciones de Seguridad Social promovido por el trabajador (hecho probado séptimo). El resultado ha sido coincidente: no hubo por parte de la empresa principal acción u omisión que contraviniera los deberes preventivos a su cargo y tuviera relevancia causal en la producción del suceso.

La determinación del nexo causal entre las acciones u omisiones contrarias a las normas de prevención y el resultado dañoso constituyó uno de los objetos del litigio judicial sobre el recargo de prestaciones, donde el demandante también pretendió la condena de TERSA, sin éxito. Sobre esta relación causal la sentencia firme dictada entonces produce efecto positivo de cosa juzgada en los procesos judiciales posteriores ( sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2013, rec. 2294/2012, citada por la recurrida, y 311/2023, de 26 de abril, entre otras). La necesaria vinculación a lo resuelto en el litigio previo cierra el paso a la imputación de incumplimiento de normas preventivas efectuada en el recurso.

La asimilación que el demandante efectúa entre la relación BABCOCK con TERSA y la de una ETT con la empresa usuaria, ni consta planteada anteriormente (la sentencia recurrida no la examina), ni tiene encaje en los hechos acreditados. El trabajador accidentado formaba parte de la obra que TERSA contrató con HITACHI y ésta subcontrató con BABCOCK. En el relato fáctico no se describen elementos para acudir a unas normas y doctrina dedicada a regular un supuesto bien diferente.

II.- La responsabilidad de ISASTUR se funda por el recurrente en que BABCOCK era una empresa filial de aquella que no tiene medios materiales, se limita a suministrar personal y entre ambas hay unidad de acción. Considera aplicable la doctrina del grupo de empresas patológico y cita las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2002, 13 de marzo de 2002 y 558/2017.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, más HITACHI rechazan la concurrencia de los requisitos característicos de un grupo de empresas a efectos laborales y señalan que la sentencia recurrida analiza correctamente el tema.

Esta cuestión fue asimismo planteada en el proceso judicial sobre recargo de prestaciones y el demandante también obtuvo un resultado adverso. El efecto positivo de la cosa juzgada material y su alcance ( arts. 222.4 y 400 LEC) vinculan también en esta cuestión.

La existencia de un grupo de empresas patológico fue descartada ante la falta de acreditación de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciarlo. La mera pertenencia de BABCOCK e ISASTUR a un grupo mercantil de empresas no constituye indicio alguno de la concurrencia de alguno de éstos, como tampoco lo es que se presenten públicamente con tal carácter. Los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes y para que este criterio quiebre han de aparecer elementos adicionales: "1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores" ( sentencias del Tribunal Supremo 405/2024, de 28 de febrero y 246/2022, de 22 de mayo). "Por mucho que se alegue no puede considerarse que, más allá del hecho que declara probado la juzgadora de instancia de que la empresa Babcock Montajes SA forma parte del grupo empresarial Isastur, resulte estar acreditada la concurrencia de alguno de los elementos adicionales precisos e indicados para poder apreciar la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales con la consiguiente responsabilidad solidaria de ambas empresas demandadas" (de nuestra sentencia de 20 de diciembre de 2024, rec. 1583/2024, que resolvió sobre el recargo de prestaciones).

El motivo de recurso debe desestimarse.

SEXTO.-En el quinto motivo de recurso, por la vía del art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción de los arts. 1100 y 1902 del Código Civil al discrepar del momento inicial de devengo de intereses moratorios cuya retroacción a la fecha del accidente solicita. Alega que las indemnizaciones por responsabilidad civil son deudas de valor, deben actualizarse y era clara la responsabilidad de las empresas condenada, por lo que se dan las condiciones exigidas en las sentencias del Tribunal Supremo 847/2019 y 195/2021 ( ECLI:ES:TS:2024:3449) para retrotraer el devengo de intereses a la fecha del siniestro. Solicita asimismo que si alguna de las aseguradoras resulta condenada se le aplique el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Las codemandadas BABCOCK e ISASTUR, y XL INSURANCE consideran que la sentencia de instancia se atiene a las reglas de devengo de intereses moratorios.

La primera característica de este motivo de recurso es que las normas y doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo citadas por el demandante no desautorizan la solución de la sentencia de instancia, que fija la fecha inicial de devengo de los intereses moratorios desde la presentación de la papeleta de conciliación ante la UMAC. El art. 1902 del Código Civil regula la responsabilidad extracontractual por los daños y perjuicios causados. El art. 1100 del mismo cuerpo legal establece la regla general de la mora en el cumplimiento de obligaciones:

"Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:

1.º Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.

2.º Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación.

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro".

Las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo invocadas [la referencia correcta de la segunda es 786/2024, de 30 de mayo (ECLI:ES:TS:2024:3449)] analizan la responsabilidad de las compañías aseguradoras en relación con los intereses moratorios establecidos en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. El objeto de examen es la mora del asegurador conforme a esta disposición legal, que no es de aplicación a las empresas condenadas en la sentencia recurrida como tampoco lo es esa doctrina.

En los casos en que se acude al sistema de valoración de daños recogido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, está previsto en el art. 40.1 un régimen específico de actualización: "La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial". No solicitada su aplicación por el demandante, la posibilidad de interesas moratorios no queda descartada, sino limitada en el art. 40.2 LRCSCVH al disponer: "En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios". Pero la reclamación de estos intereses debe sujetarse a la regla general de la mora en el cumplimiento de las obligaciones. La sentencia de instancia se acomoda a esta regla cuando fija el comienzo de los intereses moratorios en la fecha de la papeleta de conciliación con base en que fue la primera reclamación del demandante en la que concretó los valores indemnizatorios, la responsabilidad empresarial era discutible y también lo era la cuantía de la compensación económica "siendo notable la diferencia entre la pretendida por el actor y la finalmente establecida".

El motivo de recurso debe desestimarse.

SEXTO.-Sobre la imposición de costas el art. 235.1 LJS dispone:

"1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación".

En el caso presente no procede imposición de costas pues el demandante tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita por su condición de trabajador y el recurso se estima en parte.

Por lo expuesto.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,