Sentencia Social 1491/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 1949/2024 de 21 de mayo del 2025

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Alicante de fecha 29-1-23 en autos 469/22 en proceso de impugnación de seguridad social reintegro de recargo por el trabajador, seguido a instancia de Hipolito. Impugnando la resolución del INSS 21-4-22 así como la desestimatoria de la reclamación previa, resoluciones que acordaban el reintegro por el trabajador de los 5.161,24 euros percibidos como recargo de prestación de IT derivadas de accidente de trabajo.

Frente al recurso formula impugnación el trabajador.

SEGUNDO.-Se interpone el recurso por la parte demandada, el ente gestor, mediante un solo motivo al amparo de la letra C del at 193 de la LRJS por infracción normativa, en el que se denuncia la infracción de los arts. 55.1 y 3; y 164.2 de la LGSS ( art. 123 de la LGSS de 1994), y de la STS de 14 de diciembre de 2012 recaída en el rcud 588/2012; y por indebida aplicación del art. 71.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Considera que la responsabilidad del recargo se impone al empresario infractor sin que pueda ser objeto de aseguramiento alguno, por lo que no se puede hacer recaer sobre el INSS la responsabilidad cuando se revoca judicialmente la resolución administrativa que lo acuerda. Añade que el art. 75 del Reglamento General de Recaudación no dispone que el particular queda exento de la devolución del recargo revocado, y sin que quepa utilizar el argumento de que si el recargo se hubiera impuesto judicialmente nada tendría que devolver el trabajador que lo vendría percibiendo mientras la tramitación del recurso, porque en el caso el subsidio fue abonado de una sola vez al trabajador, y que el art. 55 de la LGSS establece la obligación de reintegrar el importe de lo indebidamente percibido.

En el caso obran como hechos probados de relevancia que por resolución de 31 de marzo de 2017 el INSS impuso a la empresa Cementos Capa S.L. un recargo del 40% de las prestaciones por el accidente de trabajo sufrido el 31 de marzo de 2017 por el trabajador. La empresa abonó dicho recargo en una cuantía total de 5.161'24 euros, por el periodo de 18 de mayo de 2017 al 19 de marzo de 2018. El referido recargo fue dejado sin efecto en razón de sentencia de fecha 14 de abril de 2021 estimatoria de la demanda interpuesta por la empresa y se anuló el recargo, siendo confirmada la sentencia por STSJ de la Com. Valenciana de 10 de febrero de 2022. Instruido procedimiento por resolución de 21 de abril de 2022, se declarada el indebido cobro de una cantidad en que el INSS solicitaba el reintegro de 5.161'24 euros y una propuesta de reintegro.

TERCERO.-El debate consiste en determinar si el trabajador está obligado a devolver el recargo que se ha revocado judicialmente. La sentencia recurrida ha estimado la demanda negando la obligación para el trabajador de devolver el recargo y el INSS solicita que se aplique la STS de 14-12-2012, que consideramos no analiza supuesto semejante al caso que examinamos.

Esta Sala ha tenido ocasión de examinar esta cuestión aplicando el anterior Reglamento General de Recaudación en la sentencia núm. 1259/2005 de 28 de mayo rs 1036/2005 coincidiendo con lo decidido en la instancia, criterios que se mantienen en las más modernas resoluciones con aplicación del nueva reglamento de recaudación, tal y como expresan las STSJ Comunidad Valenciana 18-7-23 Rec. 3050/2022, 30-11-21 rec 2028/2021 (reproducida en la sentencia que es objeto de recurso) y el 25-9-20 rec 2855/2019. Criterios que por otra parte son compartidos por resoluciones de otros TSJ y se reflejan en las resoluciones recurridas, como Asturias RS 1167/21, Sentencia de 29 de Junio del 2021 y el de Andalucía (Granada) en Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2020 (RS 921/2020) y Cataluña 7-5-19 rec 18/2019.

Tal criterio debe mantenerse por razones de igualdad y seguridad jurídica, entendiendo que incluso respecto a recargo de prestaciones de IT no se genera obligación alguna de devolución del recargo percibido por parte del trabajador cuando este finalmente se anula por resolución judicial, reiterando el criterio de la STSJ 30-11-21 rec 2028/2021 (reproducida en la sentencia que es objeto de recurso) cuando considera:

De los citados arts 69 y 71.1 del RD 1415/2004 , (en la redacción Real Decreto 897/2009, de 22 de mayo),se infiere no solo la ejecutividad de las resoluciones administrativas que reconocen pensiones a favor de un beneficiario con cargo a una mutua o empresa cuando son objeto de capitalización y, asimismo, respecto de las prestaciones no vitalicias (de cuantía fija o periódica), sino el derecho del beneficiario a hacerlas suyas en caso de anulación o reducción del derecho reconocido por aquéllas, sin que exista óbice a que dicha regla sea aplicada también al " recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad", de naturaleza mixta, no sólo sancionadora sino prestacional ( Sentencia del Tribunal Supremo 20-04-2017, Rcud 1826/2014 ), máxime cuando no existe ninguna norma que discipline expresamente las consecuencias de la revocación del recargo, tal y como ya entendió el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de mayo de 2006 (respecto del precedente, el artículo 96.3 del RD 1637/1995 , aunque también se refiere al nuevo Reglamento) al declarar que "Los términos del precepto aparecen claros: si la sentencia definitiva anula la resolución administrativa que reconoció el derecho, hay que devolver la totalidad de lo ingresado, "sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios", debiendo entenderse la referencia a prestaciones como comprensiva de los derechos aunque no fueran prestaciones, lo que sucede con el recargo por falta de medidas de seguridad".

La doctrina expuesta pone de manifiesto que la ejecutividad de la resolución administrativa que reconoció el recargo a favor del beneficiario y fue objeto de capitalización por la empresa, incluso en supuesto de tratarse de prestación no vitalicia, en este caso la IT, como en el supuesto que nos ocupa, consolida el derecho del demandante a hacerla suya pese a la posterior anulación del derecho reconocido por resolución judicial, dada la naturaleza mixta del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, no sólo sancionadora sino asimismo prestacional y al haberlo apreciado así la sentencia de instancia se ha de confirmar, previa desestimación del recurso.

CUARTO.-No procede la imposición de costas al ente gestor de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial de la que es expresión, por ejemplo, la STS de 27-9-2000 (recurso 4585/1999), y ello porque el artículo 59.3 de la anterior Ley General de la Seguridad Social disponía "Las Entidades Gestoras gozarán del beneficio de justicia gratuita a efectos jurisdiccionales" y por su parte, la Ley 1/1996 de 10 de Enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, establece con respecto al ámbito personal de su aplicación, en el art. 2 que tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita: "b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso".

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Alicante de fecha 29-1-23 en autos 469/22 en proceso de impugnación de seguridad social reintegro de recargo por el trabajador, seguido a instancia de Hipolito. Impugnando la resolución del INSS 21-4-22 así como la desestimatoria de la reclamación previa, resoluciones que acordaban el reintegro por el trabajador de los 5.161,24 euros percibidos como recargo de prestación de IT derivadas de accidente de trabajo.

Frente al recurso formula impugnación el trabajador.

SEGUNDO.-Se interpone el recurso por la parte demandada, el ente gestor, mediante un solo motivo al amparo de la letra C del at 193 de la LRJS por infracción normativa, en el que se denuncia la infracción de los arts. 55.1 y 3; y 164.2 de la LGSS ( art. 123 de la LGSS de 1994), y de la STS de 14 de diciembre de 2012 recaída en el rcud 588/2012; y por indebida aplicación del art. 71.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Considera que la responsabilidad del recargo se impone al empresario infractor sin que pueda ser objeto de aseguramiento alguno, por lo que no se puede hacer recaer sobre el INSS la responsabilidad cuando se revoca judicialmente la resolución administrativa que lo acuerda. Añade que el art. 75 del Reglamento General de Recaudación no dispone que el particular queda exento de la devolución del recargo revocado, y sin que quepa utilizar el argumento de que si el recargo se hubiera impuesto judicialmente nada tendría que devolver el trabajador que lo vendría percibiendo mientras la tramitación del recurso, porque en el caso el subsidio fue abonado de una sola vez al trabajador, y que el art. 55 de la LGSS establece la obligación de reintegrar el importe de lo indebidamente percibido.

En el caso obran como hechos probados de relevancia que por resolución de 31 de marzo de 2017 el INSS impuso a la empresa Cementos Capa S.L. un recargo del 40% de las prestaciones por el accidente de trabajo sufrido el 31 de marzo de 2017 por el trabajador. La empresa abonó dicho recargo en una cuantía total de 5.161'24 euros, por el periodo de 18 de mayo de 2017 al 19 de marzo de 2018. El referido recargo fue dejado sin efecto en razón de sentencia de fecha 14 de abril de 2021 estimatoria de la demanda interpuesta por la empresa y se anuló el recargo, siendo confirmada la sentencia por STSJ de la Com. Valenciana de 10 de febrero de 2022. Instruido procedimiento por resolución de 21 de abril de 2022, se declarada el indebido cobro de una cantidad en que el INSS solicitaba el reintegro de 5.161'24 euros y una propuesta de reintegro.

TERCERO.-El debate consiste en determinar si el trabajador está obligado a devolver el recargo que se ha revocado judicialmente. La sentencia recurrida ha estimado la demanda negando la obligación para el trabajador de devolver el recargo y el INSS solicita que se aplique la STS de 14-12-2012, que consideramos no analiza supuesto semejante al caso que examinamos.

Esta Sala ha tenido ocasión de examinar esta cuestión aplicando el anterior Reglamento General de Recaudación en la sentencia núm. 1259/2005 de 28 de mayo rs 1036/2005 coincidiendo con lo decidido en la instancia, criterios que se mantienen en las más modernas resoluciones con aplicación del nueva reglamento de recaudación, tal y como expresan las STSJ Comunidad Valenciana 18-7-23 Rec. 3050/2022, 30-11-21 rec 2028/2021 (reproducida en la sentencia que es objeto de recurso) y el 25-9-20 rec 2855/2019. Criterios que por otra parte son compartidos por resoluciones de otros TSJ y se reflejan en las resoluciones recurridas, como Asturias RS 1167/21, Sentencia de 29 de Junio del 2021 y el de Andalucía (Granada) en Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2020 (RS 921/2020) y Cataluña 7-5-19 rec 18/2019.

Tal criterio debe mantenerse por razones de igualdad y seguridad jurídica, entendiendo que incluso respecto a recargo de prestaciones de IT no se genera obligación alguna de devolución del recargo percibido por parte del trabajador cuando este finalmente se anula por resolución judicial, reiterando el criterio de la STSJ 30-11-21 rec 2028/2021 (reproducida en la sentencia que es objeto de recurso) cuando considera:

De los citados arts 69 y 71.1 del RD 1415/2004 , (en la redacción Real Decreto 897/2009, de 22 de mayo),se infiere no solo la ejecutividad de las resoluciones administrativas que reconocen pensiones a favor de un beneficiario con cargo a una mutua o empresa cuando son objeto de capitalización y, asimismo, respecto de las prestaciones no vitalicias (de cuantía fija o periódica), sino el derecho del beneficiario a hacerlas suyas en caso de anulación o reducción del derecho reconocido por aquéllas, sin que exista óbice a que dicha regla sea aplicada también al " recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad", de naturaleza mixta, no sólo sancionadora sino prestacional ( Sentencia del Tribunal Supremo 20-04-2017, Rcud 1826/2014 ), máxime cuando no existe ninguna norma que discipline expresamente las consecuencias de la revocación del recargo, tal y como ya entendió el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de mayo de 2006 (respecto del precedente, el artículo 96.3 del RD 1637/1995 , aunque también se refiere al nuevo Reglamento) al declarar que "Los términos del precepto aparecen claros: si la sentencia definitiva anula la resolución administrativa que reconoció el derecho, hay que devolver la totalidad de lo ingresado, "sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios", debiendo entenderse la referencia a prestaciones como comprensiva de los derechos aunque no fueran prestaciones, lo que sucede con el recargo por falta de medidas de seguridad".

La doctrina expuesta pone de manifiesto que la ejecutividad de la resolución administrativa que reconoció el recargo a favor del beneficiario y fue objeto de capitalización por la empresa, incluso en supuesto de tratarse de prestación no vitalicia, en este caso la IT, como en el supuesto que nos ocupa, consolida el derecho del demandante a hacerla suya pese a la posterior anulación del derecho reconocido por resolución judicial, dada la naturaleza mixta del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, no sólo sancionadora sino asimismo prestacional y al haberlo apreciado así la sentencia de instancia se ha de confirmar, previa desestimación del recurso.

CUARTO.-No procede la imposición de costas al ente gestor de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial de la que es expresión, por ejemplo, la STS de 27-9-2000 (recurso 4585/1999), y ello porque el artículo 59.3 de la anterior Ley General de la Seguridad Social disponía "Las Entidades Gestoras gozarán del beneficio de justicia gratuita a efectos jurisdiccionales" y por su parte, la Ley 1/1996 de 10 de Enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, establece con respecto al ámbito personal de su aplicación, en el art. 2 que tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita: "b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso".

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Alicante de fecha 29-1-23 en autos 469/22 en proceso de impugnación de seguridad social reintegro de recargo por el trabajador, seguido a instancia de Hipolito. Impugnando la resolución del INSS 21-4-22 así como la desestimatoria de la reclamación previa, resoluciones que acordaban el reintegro por el trabajador de los 5.161,24 euros percibidos como recargo de prestación de IT derivadas de accidente de trabajo.

Frente al recurso formula impugnación el trabajador.

SEGUNDO.-Se interpone el recurso por la parte demandada, el ente gestor, mediante un solo motivo al amparo de la letra C del at 193 de la LRJS por infracción normativa, en el que se denuncia la infracción de los arts. 55.1 y 3; y 164.2 de la LGSS ( art. 123 de la LGSS de 1994), y de la STS de 14 de diciembre de 2012 recaída en el rcud 588/2012; y por indebida aplicación del art. 71.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Considera que la responsabilidad del recargo se impone al empresario infractor sin que pueda ser objeto de aseguramiento alguno, por lo que no se puede hacer recaer sobre el INSS la responsabilidad cuando se revoca judicialmente la resolución administrativa que lo acuerda. Añade que el art. 75 del Reglamento General de Recaudación no dispone que el particular queda exento de la devolución del recargo revocado, y sin que quepa utilizar el argumento de que si el recargo se hubiera impuesto judicialmente nada tendría que devolver el trabajador que lo vendría percibiendo mientras la tramitación del recurso, porque en el caso el subsidio fue abonado de una sola vez al trabajador, y que el art. 55 de la LGSS establece la obligación de reintegrar el importe de lo indebidamente percibido.

En el caso obran como hechos probados de relevancia que por resolución de 31 de marzo de 2017 el INSS impuso a la empresa Cementos Capa S.L. un recargo del 40% de las prestaciones por el accidente de trabajo sufrido el 31 de marzo de 2017 por el trabajador. La empresa abonó dicho recargo en una cuantía total de 5.161'24 euros, por el periodo de 18 de mayo de 2017 al 19 de marzo de 2018. El referido recargo fue dejado sin efecto en razón de sentencia de fecha 14 de abril de 2021 estimatoria de la demanda interpuesta por la empresa y se anuló el recargo, siendo confirmada la sentencia por STSJ de la Com. Valenciana de 10 de febrero de 2022. Instruido procedimiento por resolución de 21 de abril de 2022, se declarada el indebido cobro de una cantidad en que el INSS solicitaba el reintegro de 5.161'24 euros y una propuesta de reintegro.

TERCERO.-El debate consiste en determinar si el trabajador está obligado a devolver el recargo que se ha revocado judicialmente. La sentencia recurrida ha estimado la demanda negando la obligación para el trabajador de devolver el recargo y el INSS solicita que se aplique la STS de 14-12-2012, que consideramos no analiza supuesto semejante al caso que examinamos.

Esta Sala ha tenido ocasión de examinar esta cuestión aplicando el anterior Reglamento General de Recaudación en la sentencia núm. 1259/2005 de 28 de mayo rs 1036/2005 coincidiendo con lo decidido en la instancia, criterios que se mantienen en las más modernas resoluciones con aplicación del nueva reglamento de recaudación, tal y como expresan las STSJ Comunidad Valenciana 18-7-23 Rec. 3050/2022, 30-11-21 rec 2028/2021 (reproducida en la sentencia que es objeto de recurso) y el 25-9-20 rec 2855/2019. Criterios que por otra parte son compartidos por resoluciones de otros TSJ y se reflejan en las resoluciones recurridas, como Asturias RS 1167/21, Sentencia de 29 de Junio del 2021 y el de Andalucía (Granada) en Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2020 (RS 921/2020) y Cataluña 7-5-19 rec 18/2019.

Tal criterio debe mantenerse por razones de igualdad y seguridad jurídica, entendiendo que incluso respecto a recargo de prestaciones de IT no se genera obligación alguna de devolución del recargo percibido por parte del trabajador cuando este finalmente se anula por resolución judicial, reiterando el criterio de la STSJ 30-11-21 rec 2028/2021 (reproducida en la sentencia que es objeto de recurso) cuando considera:

De los citados arts 69 y 71.1 del RD 1415/2004 , (en la redacción Real Decreto 897/2009, de 22 de mayo),se infiere no solo la ejecutividad de las resoluciones administrativas que reconocen pensiones a favor de un beneficiario con cargo a una mutua o empresa cuando son objeto de capitalización y, asimismo, respecto de las prestaciones no vitalicias (de cuantía fija o periódica), sino el derecho del beneficiario a hacerlas suyas en caso de anulación o reducción del derecho reconocido por aquéllas, sin que exista óbice a que dicha regla sea aplicada también al " recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad", de naturaleza mixta, no sólo sancionadora sino prestacional ( Sentencia del Tribunal Supremo 20-04-2017, Rcud 1826/2014 ), máxime cuando no existe ninguna norma que discipline expresamente las consecuencias de la revocación del recargo, tal y como ya entendió el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de mayo de 2006 (respecto del precedente, el artículo 96.3 del RD 1637/1995 , aunque también se refiere al nuevo Reglamento) al declarar que "Los términos del precepto aparecen claros: si la sentencia definitiva anula la resolución administrativa que reconoció el derecho, hay que devolver la totalidad de lo ingresado, "sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios", debiendo entenderse la referencia a prestaciones como comprensiva de los derechos aunque no fueran prestaciones, lo que sucede con el recargo por falta de medidas de seguridad".

La doctrina expuesta pone de manifiesto que la ejecutividad de la resolución administrativa que reconoció el recargo a favor del beneficiario y fue objeto de capitalización por la empresa, incluso en supuesto de tratarse de prestación no vitalicia, en este caso la IT, como en el supuesto que nos ocupa, consolida el derecho del demandante a hacerla suya pese a la posterior anulación del derecho reconocido por resolución judicial, dada la naturaleza mixta del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, no sólo sancionadora sino asimismo prestacional y al haberlo apreciado así la sentencia de instancia se ha de confirmar, previa desestimación del recurso.

CUARTO.-No procede la imposición de costas al ente gestor de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial de la que es expresión, por ejemplo, la STS de 27-9-2000 (recurso 4585/1999), y ello porque el artículo 59.3 de la anterior Ley General de la Seguridad Social disponía "Las Entidades Gestoras gozarán del beneficio de justicia gratuita a efectos jurisdiccionales" y por su parte, la Ley 1/1996 de 10 de Enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, establece con respecto al ámbito personal de su aplicación, en el art. 2 que tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita: "b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso".