Sentencia Social 29/2026 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Social, Rec. 405/2025 de 22 de enero del 2026

PRIMERO:La defensa letrada de Dª. Laura se encuentra disconforme con la resolución dictada en la instancia y, por ello, la recurre en suplicación. Esta disconformidad también se manifiesta por la representación de la empresa BERRY SUPERFOS PAMPLONA, S.A. y por la de la MUTUA UNIVERSAL, planteando también estas partes litigantes los correspondientes recursos.

El Juzgado estima parcialmente la demanda interpuesta por la Sra. Laura contra el INSS, la TGSS, la MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT y la empresa BERRY SUPERFOS PAMPLONA, S.A., y declara a la demandante en situación de incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo, con derecho a percibir una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de una base reguladora de 1.441,20 €, a cargo de la MUTUA UNIVERAL MUGENAT. La resolución fija un plazo de revisión de dos años y condena a las partes a estar y pasar por la anterior declaración, y a la MUTUA a abonar la prestación en los términos que acabamos de transcribir.

La decisión judicial mencionada rechaza la pretensión principal deducida por la demandante, esto es, desestima que se encuentre en situación de incapacidad permanente total, basando tal pronunciamiento en el hecho de no haber quedado acreditado que esté incapacitada de forma permanente para llevar a cabo las principales tareas de su profesión de operaria en una empresa de inyección de plásticos.

Los recursos que se formalizan frente a la sentencia del juzgado se articulan a través del planteamiento de diversos motivos en los que se postula tanto la revisión del relato fáctico de la sentencia recurrida, como su censura jurídica.

SEGUNDO:Las tres partes recurrentes solicitan la modificación de los hechos probados de la sentencia recurrida, siendo necesario comenzar por dar respuesta a estos motivos revisorios, pues solo cuando el relato de hechos probados quede definitivamente establecido, podrán analizarse de forma adecuada los motivos de censura jurídica interpuestos.

1.- Revisión de hechos solicitada por la Sra. Laura

Esta parte recurrente propone que se añada a la actual redacción del hecho probado tercero, el siguiente párrafo:

"-La paciente no se encuentra capacitada para realizar actividades de fuerza, actividades repetidas de fuerza moderada, actividades de precisión, actividades que requieran flexo-extensión repetida de muñeca: actividades que requieran posiciones fijas con el antebrazo y/o la muñeca derecha".

El texto transcrito, de estimarse la petición, debe ubicarse inmediatamente después del primer párrafo que el hecho tercero dedica a la descripción de las limitaciones funcionales de quien ahora recurre y, a tal efecto, se expone en el motivo que, en el entender de quien recurre, (sic) "la omisión de las limitaciones derivadas del Sudeck que presenta la actora obedece a un error judicial dado que resulta evidente que el problema de salud que aqueja a la actora y por el que se le ha implantado el electroestimulador es precisamente por su problema en la muñeca y mano".

La adición propuesta se basa en el informe pericial del Dr. Basilio que obra en las páginas 62 y ss. del acontecimiento 84 del EJE y no puede ser acogida por lo siguiente:

El fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida establece que (sic) "el hecho probado tercero ha quedado acreditado por los informes médicos y la prueba pericial de los dos peritos...".

De esta manera es un hecho cierto que la magistrada de instancia establece el contenido del hecho que ahora se quiere modificar después de considerar, analizar y valorar la prueba pericial practicada en el plenario, es decir, ha valorado el informe del Dr. Basilio que sirve de soporte a la petición de revisión, sin que tal valoración deba ser corregida por la Sala pues no apreciamos en ella error alguno que así lo haga necesario.

Por otro lado, el propio hecho probado que ahora se quiere variar, ya deja constancia del alcance de la enfermedad de Sudeck a la que se refiere la parte recurrente, así como del tratamiento dispensado a la demandante en la Unidad del Dolor, en relación a sus manos y extremidades superiores. Y, a mayor abundancia, el hecho probado cuarto asume el contenido de los reconocimientos médicos realizados a la actora por el servicio de prevención de riesgos laborales en donde se deja constancia de las limitaciones de la recurrente derivadas de su lesión en las manos.

En definitiva, el actual relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida y las manifestaciones que con valor fáctico se recogen en su fundamentación, establecen con corrección y suficiencia las limitaciones funcionales que presenta la demandante como consecuencia de los menoscabos padecidos en sus manos y muñeca.

2.- Revisiones fácticas solicitadas por BERRY SUPERFOS PAMPLONA, S.A.

2.1.- Petición de modificación del hecho probado cuarto.

La empresa BERRY SUPERFOS PAMPLONA, S.A. propone una nueva redacción para el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia, de tal forma que, de estimarse la solicitud, el hecho mencionado debería tener el siguiente contenido:

"CUARTO: La profesión habitual de la actora es la de operaria de una empresa de inyección de plásticos. Obra en autos informe sobre el puesto de trabajo y sobre las adaptaciones llevadas a cabo por la empresa, cuyo contenido se da por reproducido.

La actora ha sido objeto de diversos reconocimientos por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. En enero de 2023 se declaró a la actora apta con restricciones emitiéndose las siguientes recomendaciones preventivas:

Evitar manipulación manual de cargas superiores a 8 kilos de forma repetida o mantenida, en condiciones ideales de manipulación. Si se realiza con los brazos extendidos, separados del tronco, no superior a 5kg. Posibilidad de realizar pausas cortas (5 min) cuando precise aporte extra de tratamiento. Evitar tareas que impliquen movimientos forzados/mantenidos a la vez que se realiza fuerza activa en muñeca-mano derecha. Evitar realizar movimientos de inicio brusco. Formar/informar a algún compañero respecto medidas de emergencia que pueda necesitar y que ella debe facilitar según instrucciones médicas recibidas.

El último de ellos el realizado en noviembre de 2023 que declaró a la actora apta con restricciones emitiéndose las siguientes recomendaciones preventivas:

Evitar manipulación manual de cargas superiores a 2 kilos de forma repetida o mantenida, posibilidad de realizar pausas cortas (5 minutos) cuando precise aporte extra de tratamiento, evitar tareas que impliquen movimientos forzados/mantenidos a la vez que se realiza fuerza activa en muñeca-mano derecha, evitar movimientos de inicio brusco, evitar realizar movimientos repetitivos de flexión, extensión y/o rotación de columna, formar/informar a algún compañero respecto medidas de emergencia que pueda necesitar y que ella debe facilitar según instrucciones médicas recibidas.

La empresa adaptó el puesto de trabajo. La empresa despidió a la trabajadora con el 31/03/24".

Como puede verse, la variación que se postula se concreta en intentar dejar constancia de que la situación de la demandante ha mejorado respecto de la que tenía con anterioridad. Para sostener este aserto, el texto propuesto compara el reconocimiento efectuado por el servicio de prevención en enero de 2023, con el llevado a cabo en noviembre de ese mismo año, comparación que le permite sostener que el dolor que padece se encuentra mejor controlado y que las limitaciones físicas son menores.

A este respecto, se mantiene en el motivo que (sic) "las restricciones en la manipulación manual de cargas se reducen, pasando de un límite de 8 kilos en enero de 2023, a 2 kilos en noviembre de 2023, lo que evidencia una evolución positiva".

Pues bien, el hecho de pasar de poder manipular no más de 8 kilos a no poder manipular más de 2 kilos, lo que acredita no es una mejoría, sino un incremento en la limitación funcional. La capacidad funcional de quien recurre se ha visto reducida, y esto hace que la justificación de la revisión pretendida resulte ser inexistente.

El motivo, en consecuencia, fracasa.

2.2.- Petición de adición de un hecho nuevo.

Se pide que al relato de hechos de la sentencia se añada uno nuevo del siguiente tenor:

"En cuanto al desarrollo de su puesto de trabajo, desde que en junio de 2022 se implantó un sistema de electroestimulación medular a la demandante con el que logró una mejoría, la demandante permaneció de baja médica hasta octubre de 2022, momento en que recibió el alta médica.

Tras el alta, disfrutó de un periodo de vacaciones hasta mediados de diciembre de 2022.

Posteriormente, la demandante se reincorporó a su puesto de trabajo en régimen de semanas alternas, conforme al protocolo de reincorporación paulatina después de una baja médica de larga duración, circunstancia que se prolongó hasta finales de enero de 2023.

En febrero de 2023 la demandante inició una nueva situación de incapacidad temporal que se mantuvo hasta noviembre de 2023.

Una vez obtenida el alta médica, la trabajadora disfrutó de las vacaciones que tenía pendientes y, seguidamente, estuvo en permiso retribuido hasta enero de 2024.

Tras su reincorporación, nuevamente en régimen de semanas alternas y con adaptación de su puesto de trabajo, la demandante se negó a realizar las tareas encomendadas, pese a haberse organizado un sistema de incorporación gradual y de haberse adoptado medidas de adaptación laboral.

Dicha negativa reiterada a trabajar derivó en la imposición de una sanción de despido disciplinario por desobediencia, notificada en febrero de 2024, que derivó en el procedimiento de despido nº 392/2024, seguido en el juzgado social Nº 4".

Con el añadido propuesto, la empresa quiere justificar que, desde la implantación del neuroestimulador en junio de 2022, la demandante prácticamente no ha prestado servicios efectivos, es decir, que la trabajadora, desde la implantación del neuroestimulador, no ha desarrollado de manera efectiva su puesto de trabajo, lo que impide objetivar y, por ende, acreditar que concurren los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo para el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente.

Para ello se fundamenta en el calendario de trabajo de la demandante desde su incorporación; en los fichajes de la demandante; en las vacaciones a disfrutar por la actora tras el alta; en el calendario de reincorporación paulatina siguiendo protocolo de bajas de larga duración; en el IDC y alta del 20/10/2022; en los volantes de la mutua tras la reincorporación; en los permisos y vacaciones disfrutados; en la carta de despido; y en el procedimiento judicial de despido, documentos todos ellos obrantes en los folios del EJE que se indican en el motivo.

Pues bien, la modificación que se solicita no puede acogerse.

La variación pretendida lo que realmente prueba es precisamente que la trabajadora, debido a las lesiones y limitaciones reconocidas, no pudo desarrollar con continuidad, profesionalidad y eficacia, las tareas propias de su ocupación. A ello hay que añadir que el reconocimiento de un grado de incapacidad no exige el intento de llevar a cabo una prestación efectiva de trabajo.

A mayores, el motivo no explicita adecuadamente qué error ha cometido la magistrada al no incluir en el relato de hechos de su sentencia los datos que pretenden adicionarse.

3.- Revisiones de hecho solicitadas por MUTUA UNIVERSAL.

3.1.- Petición de revisión del hecho tercero.

Se solicita por la MUTUA que la descripción de limitaciones de la demandante contenga el siguiente relato:

"-Persiste dolor neuropático crónico de extremidad superior derecha que requiere de tratamiento farmacológico y de electroestimulación medular.

-Es portadora de sistema de estimulación medular por lo que debe evitar flexo-extensiones forzadas de tronco. Giros excesivos de tronco. Evitar cargar pesos. En caso de hacerlo debe hacerse flexionando las rodillas, pero no el tronco. En ningún caso deben levantarse grandes cargas, aunque no hay descrito en la bibliografía un peso limite concreto. Evitar levantar los brazos por encima de la cabeza.

-Se le ha reconocido un grado de discapacidad de 37% con efectos de 4.08.2022 por discapacidad del sistema neuromuscular por SDRC de etiología traumática y trastorno de la efectividad por trastorno adaptativo".

La revisión se basa en los informes de la red sanitaria pública y, concretamente, en el informe de 12/01/2023 del servicio de Unidad del Dolor (documento 66 del expediente electrónico, página 103/128) así como, en el escrito del CHN de 10/11/2022, a solicitud de la demandante, que recoge las recomendaciones del Dr. Florencio, especialista del Servicio Anestesia, reanimación y Terapéutica del Dolor del HUN. (documento adjunto a la demanda, documento 1 del expediente electrónico, página 39/ 60).

La variación debe ser desestimada.

No concreta la parte recurrente si los cinco primeros párrafos del hecho tercero deben suprimirse o se encuentra conforme con los mismos. La Sala entiende, pues nada se dice en contra, que los párrafos a los que nos referimos no deben verse alterados por la revisión propuesta la cual parece quedar referida única y exclusivamente a la descripción de limitaciones funcionales de la trabajadora.

En lo atinente a la descripción de limitaciones propuesta, la variación afecta esencialmente al apartado segundo y, respecto del mismo, manifiesta la recurrente que no es correcto lo que se dice en la sentencia de instancia sobre las recomendaciones o limitaciones de la recurrente a consecuencia de ser portadora de un sistema de electroestimulación medula. Dice quien recurre que las recomendaciones que se recogen en la sentencia de instancia son las que indica el servicio de unidad del dolor en el informe de 21/03/2023 pero las mismas no son de carácter permanente y en ellas no se indica un peso límite que no deba sobrepasar la reclamante.

También se postula la eliminación como hecho probado del dato consistente en tener por probado que la demandante no ha podido renovar el permiso de conducir, pues, según se afirma en el motivo, se desconoce de qué documento se extrae dicha apreciación y, en cualquier caso, el propio informe del servicio Unidad del Dolor recoge que no hay legislación específica que declare la incompatibilidad del electroestimulador con la conducción.

Tampoco en este caso la solicitud debe ser estimada.

No es posible suprimir el párrafo del hecho tercero en donde se establece que en el año 2022 no pudo renovar el permiso de conducir al haber quedado interrumpido el informe de aptitud psicofísica. Dice la recurrente que desconoce de qué documento se extrae su contenido, sin embargo, es suficiente acudir al expediente administrativo (acontecimiento 26 del EJE) para comprobar que en su folio 41 aparece el informe de aptitud psicofísica en el que se soporta el contenido del párrafo que ahora, y sin razón válida alguna, pretende suprimirse.

En definitiva, la magistrada de instancia no hace sino establecer como probado lo que consta en el mencionado informe, sin que las apreciaciones de la recurrente sobre el contenido del informe de la Unidad del Dolor puedan desvirtuar la realidad de lo que estable el informe de aptitud psicofísica antes mencionado.

Por otro lado, la modificación del apartado segundo de la descripción de limitaciones debe rechazarse de plano. El texto que se propone contiene datos que ya se reflejan en la actual redacción del párrafo y en relación al hecho, negado en el recurso, de que la actora no debe cargar pesos superiores a dos kilos, debemos afirmar que tal hecho se desprende del informe de aptitud del Servicio de Prevención (acontecimiento 103), siendo lo pretendido por la recurrente sustituir la valoración que del mismo hace la magistrada de instancia, por el contenido de otro informe distinto más afín a las pretensiones de quien ahora reclama, lo que supone olvidar la naturaleza de este recurso de suplicación y que, en el mismo, las funciones valorativas y de elección de preferencias probatorias se atribuyen legalmente a los juzgadores de instancia.

3.2.- Petición de revisión del hecho cuarto.

Esta parte recurrente quiere revisar el hecho cuarto de la sentencia de instancia, en lo que a la profesión de la trabajadora se refiere, para que conste que:

"La profesión habitual de la actora es la de operaria de empresa de inyección de plásticos.

Los pesos manipulados en los puestos de la empresa oscilan entre 5.3 gr y 43 gr.

No requieren adoptar posturas de flexo-extensión forzada del tronco, giros excesivos ni elevación de los brazos por encima de la altura de los hombros".

Las únicas pruebas que se citan como soporte de la petición de revisión, son los documentos 101 y 102 del expediente electrónico, que recogen el informe del puesto de trabajo en donde se plasmas los requerimientos de posturas y pesos que existen en la empresa, y la prueba testifical del Sr. Pio.

Pues bien, el informe de puesto de trabajo, se tiene por reproducido en su integridad en el hecho que ahora se quiere modificar, lo que hace que el texto propuesto no conforme sino una repetición innecesaria de datos que ya constan, siquiera sea por remisión, en el hecho que se quiere variar.

Por otro lado, la prueba testifical no es hábil para provocar la revisión del relato de hechos de la sentencia recurrida.

A mayor abundamiento, el último párrafo del texto que se propone, se limita a dejar constancia de un hecho negativo que, como es de sobra conocido, no debe tener acceso a la redacción fáctica de la sentencia.

TERCERO:El rechazo de los motivos de revisión de hechos probados, permite analizar y dar respuesta a las críticas de los recurrentes a la aplicación que del derecho se hace en la sentencia recurrida.

Las Sala considera conveniente el examen conjunto de los motivos de censura formalizados por las tres partes recurrentes, pues en ellos se citan como vulnerados los mismos preceptos y se muestra su disconformidad con el reconocimiento del grado de incapacidad permanente parcial establecido en la resolución controvertida.

Así, el recurso interpuesto por la Sra. Laura denuncia que la sentencia de instancia vulnera el artículo 194 de la LGSS, los artículos 11 y ss. de la OM de 15 de abril de 1969, y la jurisprudencia que los interpreta pues, a su entender, "se encuentra incapacitada y limitada para la realización de cualquier trabajo y en concreto para el de operadores de máquina para la fabricación de productos de plástico como el que desarrollaba la actora".

El recurso de la empresa también considera vulnerados los artículos 193 y 194 de la LGSS. A su entender las limitaciones de la demandante no son definitivas y, además, no son suficientemente graves para provocar el reconocimiento de la IPP establecida en la sentencia recurrida.

La MUTUA UNIVERSAL, sobre la base de afirmar la infracción del artículo 194 de la LGSS, defiende que las secuelas que restan a la trabajadora no le hacen tributaria de una incapacidad permanente parcial.

Para dar respuesta a las cuestiones planteadas no está de más recordar que la incapacidad permanente total (194.1.b) del TRLGSS) y también la parcial (194.1.a)), son esencialmente profesionales y han de conectarse ineludiblemente con las tareas propias de la profesión del afectado, pues no se olvide que la jurisprudencia viene destacando con reiteración el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del trabajador, de tal manera, que unas mismas lesiones y secuelas pueden ser constitutivas o no de grado invalidante en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz, dado que en concreto, y con respecto a las incapacidades permanentes total y parcial, la normativa las refiere a la profesión habitual, debiendo declararse la situación contingencial de incapacidad permanente total cuando las lesiones o secuelas impidan el desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige, y la parcial cuando se produce una reducción en el rendimiento de al menos el 33%.

Por otra parte, en el ámbito de la evaluación y declaración de los grados de incapacidad permanente total, y también en el caso de la incapacidad permanente parcial que solicita la parte recurrente, las tareas fundamentales de una profesión deben determinarse con criterio cualitativo más que con criterio cuantitativo, de manera que las tareas que resulten impedidas (incapacidad permanente total), o dificultadas en su realización en el treinta y tres por ciento o más de su rendimiento (incapacidad permanente parcial), sean las más relevantes, no tanto desde el punto de vista de su duración a lo largo de la jornada, sino por constituir la esencia o núcleo de su prestación laboral.

A lo dicho debemos añadir, como hemos apuntado, que, para valorar los menoscabos determinantes de la calificación que se quiere obtener, es necesario que las reducciones anatómicas o funcionales objetivadas, además de graves e incapacitantes, sean susceptibles de determinación objetiva y sean previsiblemente definitivas, siendo esta una nota esencial para la calificación de la invalidez ( SS. de 3-10-1979 [RJ 1979, 3416 ] y 7-5-1984 [RJ 1984, 2974], STS de 11-5-1984 [RJ 1984, 3020] ( SSTS de 22-2-1986 [ RJ 808 ], 9-9-1986 [ RJ 4941 ], 30-11-1989 [RJ 8295], 26- 2-1990 [RJ 1913], 6-4-1990 [RJ 3129 ] y 6-2-1991 [RJ 809]).

En el supuesto enjuiciado, y tomando en consideración el inalterado relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, así como las manifestaciones que, con valor fáctico, se recogen en su fundamentación, solo cabe el rechazo del recurso y la íntegra confirmación de la resolución de instancia.

El recurso que plantea la trabajadora parte de su disconformidad con la valoración que de la prueba practicada lleva a cabo la magistrada de instancia, efectuando una valoración particular e interesada de la prueba pericial practicada en juicio y de la documental obrante en autos. Tal interpretación no ha tenido su reflejo en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida y no deben ser considerados. Pese a todo, también defiende que los requerimientos físicos de la profesión de la demandante no son compatibles con las lesiones y limitaciones objetivadas y establecidas en la propia sentencia recurrida.

El recurso de la MUTUA se limita a disentir de las conclusiones a las que llega la resolución recurrida sobre la base de datos de hechos que no han tenido su trasunto al relato de hechos de la sentencia. Y el recurso de la empresa se soporta en afirmar que la demandante no ha desarrollado una actividad profesional de forma efectiva desde la implantación de un neuroestimulador lo que impide valorar su rendimiento, y que las lesiones han mejorado pues la restricción en el manejo de pesos ha pasado de 8 a 2 kilos.

Ninguna de las alegaciones de los recurrentes debe ser acogida.

El inalterado relato de hechos que contiene la sentencia de instancia permite tener por probado que, tal y como se encarga de describir el inalterado hecho probado tercero de la sentencia de instancia, como consecuencia del accidente de trabajo al que hace referencia el hecho primero, la demandante sufre dolor neuropático crónico en extremidad superior derecha que requiere tratamiento farmacológico y de electroestimulación medular.

Tal cuadro le dificulta la realización de esfuerzos con la extremidad superior derecha.

La demandante porta un sistema de estimulación medular, debiendo evitar movimientos excesivos o repetitivos de flexoextensión y/o rotación de columna para evitar desplazamientos. La trabajadora no debe cargar pesos mayores de dos kilos de manera repetitiva; no tiene recomendado ejercicio físico ni actividades que supongan flexión, extensión y rotación excesiva o repetitiva de la columna y debido a su cuadro clínico funcional en el año 2022 no pudo renovar el permiso de conducir, al haber quedado interrumpido el informe de aptitud psicofísica.

Ha quedado igualmente acreditado que la trabajadora tiene reconocido un grado de discapacidad del 37% derivad de la situación del sistema neuromuscular, al apreciarse un síndrome de dolor regional complejo de etiología traumática y trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo.

Pues bien, estas lesiones y limitaciones pese a existir e influir en el normal desarrollo de su actividad laboral, no limitan su funcionalidad hasta el punto de impedirle realizar todas o las fundamentales tareas de su profesión. De hecho y como consta acreditado, el servicio de prevención de riesgos laborales siempre le ha declarado como apta con restricciones, pero no como no apta, y la empresa ha adaptado de forma satisfactoria su puesto de trabajo, como se constata en el informe aportado y ratificado en el acto del juicio oral.

Ahora bien, debemos compartir con la juzgadora de instancia, que la actora, debido al cuadro clínico funcional acreditado, presenta una reducción de su capacidad funcional superior a un tercio y que la realización de su trabajo le puede resultar más penosa y dificultosa, tanto por las limitaciones señaladas por el servicio de prevención de riesgos, como por la persistencia de dolor en la ESD.

Pese a lo que manifiesta la empresa en su recurso, es un hecho probado que la demandante presenta secuelas definitivas que limitan su capacidad funcional, como lo acredita el informe del servicio de prevención de riesgos laborales, que recoge limitaciones para la carga de pesos, movimientos forzados/mantenidos con aplicación de fuerza, movimientos de inicio brusco, movimientos de columna y necesidad de realizar causas cortas.

A su vez, la profesión habitual de la actora, que se describe en el hecho cuarto de la sentencia, presenta unos requerimientos de grado 3 de carga biomecánica para las articulaciones de la mano y del codo y para el manejo de cargas, existiendo riesgos relacionados con posturas forzadas, posturas mantenidas y manejo de cargas.

De esta forma, debe considerase probado que las lesiones y limitaciones de la trabajadora le suponen una reducción de su rendimiento en al menos el grado porcentual establecido en la norma como necesario para el reconocimiento de una IPP. Por ello, la sentencia recurrida no ha cometido ninguna de las infracciones denunciadas, debiendo desestimarse los recursos interpuestos y confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, sin expresa condena en costas.

QUINTO:Al no gozar la empresa y la Mutua recurrentes del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir, y condenarle a abonar cada una al impugnante de su recurso la cantidad de 1000 € en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204.1 y 4, y 235.1 de la LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.