Sentencia Social 743/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2496/2024 de 22 de abril del 2025

PRIMERO:El actor interpuso demanda frente a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente de Gijón SA (EMULSA) en materia de despido y reclamación de cantidad, y en cuyo suplico interesaba:

1) Que ambos despidos, tanto el de Director Gerente como el de Director Técnico, han de ser considerados nulos por vulneración de derechos fundamentales (indemnidad) reponiendo al trabajador en su puesto de trabajo con los mismo derechos laborales y salariales que ostentaba antes de los mismos y con abono de los salarios dejados de percibir desde aquéllos hasta su efectiva readmisión, así como al abono de una indemnización por importe de 120.000 Euros por los daños morales y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales.

2) Subsidiariamente que el despido como Director Técnico ha de ser considerado nulo por vulneración de derechos fundamentales, previo reconocimiento de que se está ante una relación laboral ordinaria, reponiendo al trabajador en su puesto de trabajo con los mismo derechos laborales y salariales que ostentaba antes del mismo, y con abono de los salarios dejados de percibir desde aquél hasta su efectiva readmisión, así como con el abono de una indemnización por importe de 120.000 euros por los daños morales y perjuicios derivados de la vulneración de derechos.

3) Más subsidiariamente que el despido como Director técnico ha de ser considerado improcedente reponiendo al trabajador en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que informaba la relación laboral, con el abono de los salarios dejados de percibir desde el día en que se produjo el cese y hasta que la readmisión tenga lugar o, en su caso, con abono de la indemnización legalmente establecida conforme al salario y antigüedad del trabajador.

4) En todo caso se avenga a reconocer el pago de las diferencias salariales devengadas y no abonadas en concepto de Pago de objetivos correspondientes al último semestre de 2023, así como al preaviso de 3 meses al que legalmente tiene derecho y en la cantidad de veintiuna mil ciento dieciséis euros y noventa y siete céntimos de euros (21.116,97€).

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Gijón estimó en parte la demanda y declara la improcedencia del despido como director técnico del que fue objeto el demandante, condenando a la empresa demandada a que a su elección opte entre readmitirlo en su puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a la sentencia, a razón de 142 euros día, o a indemnizarle en la suma de 4.295,50 euros. Igualmente condena a la empresa demandada a abonar al actor como complementos debidos (objetivos correspondientes a las segunda mitad del año 2023) la cantidad de 4.854 euros con el interés del artículo 29 del ET.

Frente a dicha sentencia se alza en suplicación el trabajador demandante. En el recurso que interpone se formulan por su representación letrada un total de cuatro motivos de suplicación, estando encaminado el primero a la revisión de hechos probados, y destinados los tres restantes al examen del derecho aplicado.

En el suplico del recurso se pide la revocación de la sentencia de instancia, y que ambos despidos, el de director gerente y el de director técnico, se consideren nulos por vulneración de derechos fundamentales con reposición del trabajador en su puesto de trabajo y abono de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta su efectiva readmisión, con el abono de una indemnización adicional de 120.000 euros por los daños morales y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales. Subsidiariamente que el despido como director técnico se declare nulo por vulneración de derechos fundamentales con las consecuencias de reposición del trabajador y abono de salarios dejados de percibir, más el abono de la indemnización adicional de 120.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales. Y en todo caso que se condene a la empresa demandada al abono de las diferencias salariales devengadas y no abonadas en concepto de preaviso de tres meses al que tiene legalmente derecho, en cuantía de 16.262,97 euros.

El recurso interpuesto ha sido impugnado de contrario tanto por el Ministerio Fiscal, como por la empresa demandada, interesándose por ambas partes la confirmación de la sentencia recurrida. En la impugnación formulada por la empresa Emulsa se interesa a su vez la modificación de hechos probados al amparo de las previsiones del artículo 197.1 de la LRJS.

SEGUNDO:En el motivo del recurso que es formulado por el demandante al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, se interesa la revisión de los hechos probados 11º) y 17º) de la sentencia de instancia, siendo en concreto sus pretensiones las siguientes:

a- Que al final del hecho probado 11º) se adicione el siguiente texto:

"Esta denuncia no fue tramitada por el Ayuntamiento de Gijón".

Sostiene respecto de dicha puntualización que pretende adicionar que no existe prueba alguna, ya que no se puede probar lo que no ha existido, siendo ello un hecho evidente y que es trascendente para el objeto del debate.

b- Que al final del hecho probado 17º) se adicione el siguiente texto:

"El Presidente no permitió al demandante presentar las pruebas a dichas diligencias bajo el pretexto de que carecía de poderes para ello".

En apoyo de la misma señala el documento nº 17 de la demanda (email del Presidente de la empresa al demandante).

Pero como quiera que en la impugnación del recurso también se interesa por la empresa demandada la modificación de hechos probados, procede analizar tal petición junto con la del actor, para que así quede definitivamente configurado el relato de hechos probados.

Por la empresa demandada EMULSA se interesa la revisión de los hechos probados 11º), 15º) y 16º) de la sentencia, siendo sus pretensiones las siguientes.

a- Hecho probado 11º)- Se pide la supresión de la primera frase del mismo que dice "Al percibir el demandante que le podría atribuir la responsabilidad por la situación económica de la empresa".

Considera que su contenido es eminente valorativo tratándose de una apreciación subjetiva de la juzgadora de instancia carente de soporte probatorio alguno. Manifiesta que de la lectura del documento 7 adjunto a la demanda se puede ver que no se inculpa al actor de ningún modo, sino que solamente se le pide por la Alcaldesa información a raíz de una noticia de trascendencia para la compañía con gran repercusión mediática.

b- Hecho probado 15º)- En dicho ordinal se declara probado lo siguiente:

"El demandante encontró la oposición durante la ocupación del cargo de gerente de los jefes de área (entre los que se encontraba el anterior gerente, que había sido reincorporado a su puesto de trabajo con una relación laboral ordinaria) y al departamento de recursos humanos, quienes obstaculizaron la labor de dirección del actor. Entre los motivos de discrepancia se encontraban la insistencia de Recursos Humanos en no seguir los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras los casos de acoso en el trabajo que se habían producido en la empresa y la pasividad en ejecutar la sentencia de este Juzgado sobre descansos de los trabajadores. No consta probado que el demandante se dirigiera de forma inadecuada con ninguno de los trabajadores de dichos departamentos.

El demandante propuso en diciembre de 2023 a don Lucas la apertura de un expediente disciplinario contra doña Guillerma y a doña Rosana en relación con la propuesta de éstas de sancionar a otro trabajador por difundir datos confidenciales en un asunto por acoso. El Presidente de Emulsa desestimó tal posibilidad sin que conste el motivo esgrimido para ello".

La empresa impugnante pide su sustitución por el siguiente texto alternativo que propone:

"Con fechas 15 y 29 de noviembre de 2023 los Jefes de Servicio y de Área presentaron al Presidente de la Entidad escritos con el detalle que figura en autos.

El demandante propuso en diciembre de 2023 a don Lucas la apertura de un expediente disciplinario contra doña Guillerma y a doña Rosana en relación con la propuesta de éstas de sancionar a otro trabajador por difundir datos confidenciales en un asunto por acoso".

Alega que la redacción del primer párrafo de dicho ordinal es subjetiva y contradictoria con la prueba documental obrante en autos, y no guarda relación con el fondo del asunto. Afirma que no existe prueba alguna de la que se desprenda que "El demandante encontró la oposición durante la ocupación del cargo de gerente de los jefes de área ... y al departamento de recursos humanos quienes obstaculizaron la labor de dirección del actor", y señala que tal obstaculización no es denunciada por el actor en los escritos que presenta ante el Ayuntamiento, en los que alude a una posible situación de irregularidades contables en la empresa (que resultó ser totalmente falsa).

En cuanto a la parte del mismo que dice "Entre los motivos de discrepancia se encontraban la insistencia de Recursos Humanos en no seguir los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras los casos de acoso en el trabajo que se habían producido en la empresa y la pasividad en ejecutar la sentencia de este Juzgado sobre descansos de los trabajadores" se alega por la empresa impugnante que se trata ello de una apreciación subjetiva de la juzgadora carente de soporte probatorio alguno.

Por otro lado y respecto de la parte que dice "No consta probado que el demandante se dirigiera de forma inadecuada con ninguno de los trabajadores de dichos departamentos" afirma la empresa impugnante que está acreditado todo lo contrario con los documentos 11 y 12 por su parte aportados, de los que se desprende (escritos presentados al Presidente de Emulsa) el tratamiento inadecuado del actor a la plantilla en general, firmado por nueve jefes de servicio y de área de donde se desprende un clima asfixiante del actor hacia ellos. También alude a que de las encuestas de clima laboral (adjuntadas como documento 13) se evidencia el mal clima laboral, recogiéndose en el avance de resultados del área de Administración (páginas 5 y 6) una baja confianza de los trabajadores en la dirección/gerencia, considerándose por ellos como medida que se podría incorporar Emulsa para mejorar la confianza entre el personal y la empresa el cambio en la política de la gerencia".

En relación con la parte del ordinal que dice "El Presidente de Emulsa desestimó tal posibilidad sin que conste el motivo esgrimido para ello", alega la parte impugnante que dicho apartado se sustenta en la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio, un correo electrónico remitido por el actor al Presidente de la organización, en el que no pide abrir expediente contradictorio sino que se emitiera un informe jurídico al respecto, habiendo existido un correo respuesta del Presidente el mismo día 11 de diciembre que en ningún caso dice que no se vaya a sancionar.

c- Hecho probado 16º)- El mismo es del siguiente tenor literal:

"El gerente demandante mantenía buena relación con las centrales sindicales mayoritarias en la empresa. No consta que sostuviera conflicto o relación difícil con las restantes. No consta que su intervención impidiera alcanzar acuerdos con los sindicatos, ni que su cese facilitara éstos.

La empresa cuenta con más de 700 trabajadores, mientras que la Administración ocupa a unos 40. Solamente consta que el clima laboral o confianza en la gerencia hubiera disminuido al momento de cesar el demandante en el departamento de recursos humanos".

Pide su sustitución por el siguiente contenido que propone:

"El gerente demandante únicamente mantenía buena relación con las centrales CT y UGT. La empresa cuenta con más de 700 trabajadores, mientras que la Administración ocupa a unos 40.

Consta que el clima laboral o confianza en la gerencia había disminuido al momento de cesar el demandante en el departamento de Administración".

En su apoyo (para que se diga que "El gerente demandante únicamente mantenía buena relación con las centrales CT y UGT") señala la página 1 de los escritos firmados por los nueve jefes de servicio y área, documentos 11 y 12 por su parte aportados, y manifiesta que en el acto del juicio quedó acreditado que esas dos centrales sindicales no son mayoritarias al haber siete sindicatos en el comité de empresa de Emulsa. Solicita la supresión de las frases del hecho que contiene hechos negativos.

Para la modificación pedida del párrafo segundo señala el documento 13 de su prueba que constata que la encuesta de clima laboral, donde se recogen los resultados desfavorables es en el área de Administración, no en Recursos Humanos, y manifiesta la parte impugnante que en prueba testifical se acreditó que era un sentir general de la empresa, aun cuando sabe que no se puede pedir cambios en base a una prueba testifical.

TERCERO:En relación con tales pretensiones modificadoras resulta preciso, en primer lugar, poner de manifiesto como es el Juzgador de instancia el que tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él en el proceso - artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- y en su examen sobre tales materiales dispone de amplios márgenes de actuación. El recurso de suplicación no es un instrumento adecuado a fin de proceder a una nueva valoración de los medios aportados para traer al proceso los datos fácticos. Por el contrario, su naturaleza extraordinaria excluye ese objeto, que queda reservado al juicio de instancia, y únicamente permite corregir los errores del Juzgador, cuando con documentos idóneos o con pericias practicadas se pone de manifiesto el desacierto de la convicción judicial ( artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

De este artículo así como del artículo 196.3 LRJS, y de la que viene siendo su interpretación jurisprudencial pacífica, deriva la siguiente doctrina general, respecto al motivo de suplicación consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la sentencia de instancia recurrida:

1) Que se debe señalar en el motivo, con una absoluta claridad, cuál sea el concreto hecho o hechos probados de los que se pretende obtener su modificación, con detalle en su caso del particular párrafo que se quiere hacer objeto de la misma. Y si lo postulado es su eliminación o su sustitución por otro texto alternativo, debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo que si lo pretendido es adicionar al relato de hechos probados un determinado texto nuevo y particular, o añadir un completo hecho probado.

2) Debe igualmente indicarse con detalle, el concreto documento obrante en los autos, o bien la pericia practicada contradictoriamente en el acto de juicio oral, que, en opinión de la parte recurrente, sirvan de soporte a la revisión fáctica pretendida en el motivo, al ser estos los únicos medios de prueba que permite el artículo 193 b) LJS que pueden ser empleados para apoyar, en este particular trámite, una pretensión de revisión fáctica. De tal modo que no es dable una invocación genérica o inespecífica de la documental obrante en los autos ( STS de 11-7-96). Y no siendo tampoco válida, a efectos de este recurso, la prueba de interrogatorio de parte, ni tampoco la prueba testifical; con independencia ello del eventual valor probatorio que, en ejercicio razonado de la función que le atribuye el artículo 97.2 de la norma procesal citada, le pueda conferir el juzgador de instancia.

3) Se tiene que tener en cuenta, en concreto respecto a la cita de documentos, lo siguiente: a) Que deben ostentar realmente tal cualidad los que sean señalados; b) Además, el soporte documental que sirva de base al motivo, debe contener, inexcusablemente, una suficiencia probatoria, de tal modo que se desprenda claramente la modificación pretendida del mismo, sin que exista necesidad de tener que acudir a conjeturas, razonamientos añadidos, deducciones o elucubraciones ( SSTS de 19-7-85 o de 14-7-95).

4) Dado el carácter de recurso extraordinario de la suplicación, distinto de la apelación ( STC 18-10-93), no se puede pretender que se realice una nueva lectura, por parte de la Sala, de todo el material probatorio obrante, al no ser esa su función, que le viene normativamente atribuida al órgano judicial de instancia por el artículo 97.2 LJS citada; ni por tanto, tampoco es admisible que sea este órgano judicial el que construya el recurso a la parte recurrente, pues ello iría en contra de su obligación esencial de imparcialidad, y vulneraría tanto el derecho a la defensa como a la contradicción de las demás partes personadas, con infracción del artículo 24,1 del Texto Constitucional ( STS de 28-9-93).

5) Debe derivar claramente la modificación pretendida, sea de sustitución, de adición, o de eliminación, del apoyo útil alegado, sin necesidad de tener que acudir para ello a deducciones, elucubraciones o argumentaciones añadidas. De tal modo que se desprenda de ese apoyo probatorio señalado, de modo contundente y sin sombra de duda, tanto la nueva situación fáctica propuesta, como la pertinente y paralela equivocación del órgano judicial de instancia al alcanzar su propia convicción, que se pretende revisar.

6) Por último, se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditando error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del Juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el Juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea trascendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

Igualmente es doctrina judicial reiterada que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

A ello hay que añadir que no resulta posible admitir la revisión fáctica con base en las mismas pruebas que sirvieron de fundamento a la sentencia impugnada, por cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador de instancia, por un juicio valorativo subjetivo de la parte interesada. En el supuesto de documento o documentos contradictorios, y en la medida de que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica del Juzgador de instancia en el ejercicio de la función de apreciación de la prueba que le corresponde en exclusiva.

En definitiva hay que tener presente que la revisión de hechos probados está limitada en nuestro ordenamiento procesal laboral, habida cuenta del carácter extraordinario que tiene el recurso de suplicación. Dicho carácter supone que tal recurso no es una segunda instancia y que la valoración de la prueba es competencia del Juez de lo social, que preside el acto del juicio y la práctica de la misma, y que la modificación del relato de hechos probados únicamente es posible cuando a través de la prueba documental o pericial se constata un error claro y evidente del juzgador.

Partiendo de tales consideraciones expuestas, por la Sala se acuerda, respecto de las revisiones interesadas por el trabajador recurrente y por la empresa impugnante, lo siguiente:

a- No se admiten las modificaciones interesadas por el actor para los hechos probados 11º) y 17º).

Con la primera pretende la parte recurrente introducir al relato lo que es un hecho negativo, no acontecido, que, además de carecer de soporte probatorio alguno, como tal hecho negativo, no puede tener un debido acomodo en el relato de hechos probados.

Por otro lado de la documental que se invoca en apoyo de la modificación pedida para el hecho probado 17º), el documento 17 acompañado a la demanda (un email dirigido al actor por el Presidente de la empresa demanda) no resulta directamente, y de manera concluyente e inequívoca, que el Presidente no hubiera permitido al demandante presentar las pruebas a dichas diligencias. Dicho email en su contenido no comprende ninguna prohibición al actor, resultando del mismo que versa su contenido sobre quien tiene atribuidos los poderes de representación de la empresa ante los Tribunales de todo orden y jurisdicción, comunicando el Presidente al actor, que según le han insistido desde los servicios jurídicos municipales, la Dirección-Gerencia nunca tuvo atribuidas tales competencias, correspondiendo las mismas en exclusiva a la Presidencia, e indicándole que si lo que le manifiestan no es correcto, le informe el actor al respecto para hacerlo constar en debida forma.

b- Se rechaza igualmente la modificación que por la empresa impugnante se solicita para el hecho probado 11º), consistente en la supresión de la frase inicial del mismo "Al percibir el demandante que se le podía atribuir la responsabilidad por la situación económica de la empresa". Tal conclusión fáctica no representa la apreciación subjetiva de la juzgadora que le atribuye la empresa demandada. Debe tenerse en cuenta que en el mismo contenido de la denuncia que por el actor fue presentada, y a la que se refiere ese ordinal 11º), que la transcribe, se manifiesta por el actor como desde el Ayuntamiento (que no la concejalía de la que actualmente dependa EMULSA) se ha optado por acusar a quien suscribe de ser el responsable de la ausencia de dinero, existiendo por lo tanto prueba documental que viene a avalar la convicción fáctica alcanzada por la juzgadora acerca de que el demandante tenía la percepción de que se le podía atribuir la responsabilidad por la situación económica.

c- Igual suerte desestimatoria ha de correr la modificación interesada para el hecho probado 15º). La empresa impugnante con tal pretensión lo que busca en realidad es que por la Sala se lleve a cabo una nueva valoración de la prueba practicada para alcanzar una situación fáctica distinta de la que fue alcanzada por la juzgadora a quo, tras la valoración por ella de la prueba practicada, conforme a las facultades que solamente a ella incumbe. Incluso se llega a aludir en apoyo de las supresiones pedidas en relación con dicho ordinal a lo que es inexistencia de prueba o falta de soporte probatorio alguno, es decir se viene a sustentar la revisión no en prueba concreta, sino en la inexistencia de prueba, lo que no sirve a efectos revisores, pues no es hábil a tales efectos la alegación de prueba negativa o inexistencia de prueba, que supone desconocer que el Juzgador a quo formó su convicción valorando y apreciando los diversos datos y elementos que convergen en el proceso, como son las alegaciones de las partes, su conducta procesal y la totalidad de las pruebas practicadas. Así mismo para el nuevo párrafo primero que se pretende introducir invoca la parte demandada prueba documental, en concreto los documentos 11 y 12 por su parte aportados al acto del juicio y obrantes, dice, en su ramo de prueba, pero sin especificar o concretar, como sería su obligación, donde se encuentran ubicados los mismo dentro del expediente judicial (su prueba documental figura en el descriptor 177 que comprende un total de 199 páginas), y que no obstante ello, en realidad ya ha sido una prueba documental valorada por la juzgadora de instancia, y no tenida en cuenta por la misma para formar su convicción fáctica. Para la supresión de la última frase del párrafo segundo del ordinal alude a prueba documental, en concreto un correo electrónico aportado por la parte actora, que además de tampoco concretar donde se encuentra situado dentro del expediente judicial, es lo cierto que no evidencia error manifiesto alguno, respecto de la conclusión fáctica que es expresada por la juzgadora a quo en dicho frase final.

d- Tampoco puede acogerse la modificación que se pretende por la empresa para el hecho probado 16º). Por un lado vuelve a invocar en su apoyo los documentos 11 y 12 de su prueba documental, sin proceder a concretar, como sería su obligación, donde los mismos se encuentran situados dentro del expediente judicial, lo que igualmente acontece con el documento 13 que también es señalado. En realidad, lo que pretende la parte impugnante, haciendo referencia al contenido de esa documental, e incluso a la prueba testifical practicada en el acto del juicio, es que por la Sala se lleve a cabo una nueva valoración de la prueba para alcanzar una situación fáctica que sea más acorde con la propia posición de la empresa demandada. Por otro lado cabe destacar que lo que no puede tener acomodo en el relato de hechos probados son los hechos negativos, cuando equivalen a no acaecidos, siendo que cuando la juzgadora expresa en el ordinal que no consta que el actor sostuviera conflicto o relación difícil con las restantes centrales sindicales (se refiere a las no mayoritarias), como tampoco que su intervención impidiera alcanzar acuerdos con los sindicatos, ni que su cese facilitara estos, lo que plasma es la falta de acreditación de tales extremos fácticos.

CUARTO:En el recurso formulado por el trabajador demandante son tres los motivos que su representación letrada ampara en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS. Los mismos contienen las siguientes denuncias:

a- En el primero se denuncia la infracción del artículo 36 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, del artículo 5.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, y del artículo 24 de la CE, en cuanto a la nulidad del cese como Gerente, y del despido como Director-Técnico.

Tras hacer referencia al contenido del artículo 36 de la Ley 2/2023, se alega que el propio contenido de la sentencia avala la vulneración denunciada toda vez que se reconoce que el despido como director técnico fue improcedente, no existiendo motivo válido alguno alegado por la empresa, lo que implica que dicho despido fue ajeno a cualquier apoyo legal, y por lo tanto incurre en la vulneración de la normativa denunciada.

Indica que el 19 de enero de 2024 se le cesa como Director Gerente (puesto de confianza), pero también se le despide como Director Técnico (que la sentencia ha reconocido como puesto de carácter laboral). Señala que lo que consta en la sentencia es que al descubrir la irregular situación económica de la empresa, y querer indagar la misma, desde el Ayuntamiento, en concreto la Alcaldesa, se adoptó una actitud beligerante hacía el. La parte recurrente considera: que el actor se encontró con dificultades para acceder a la documentación económica de la empresa (hecho probado 15º y fundamentación jurídica); que las irregularidades económicas detectadas correspondían a los años 2011 a 2019 en los que el mismo partido político llegado a la Alcaldía en mayo de 2023 había ostentado también el gobierno municipal, ostentando la Alcaldía, la Sra. Florinda; que ante el clima de dificultades y opacidad que se encontró decide presentar el 18 de octubre de 2023 ante el Ayuntamiento la denuncia que se incorpora al hecho probado 11º, interesando que se le dé trámite; que dicha denuncia no fue tramitada por el Ayuntamiento; que una vez vencido el plazo de tres meses que la Ley establece para tramitar esa denuncia, lo que recibe el actor el 19 de enero de 2024 es la notificación de su cese como Gerente y también su despido como Director-Técnico, sin que en la comunicación se ofrezca ningún motivo para su despido como Director Técnico (hecho probado 14º); que según declara la sentencia el despido como Director Técnico tiene carácter improcedente, reconociendo la resolución que no sólo no había motivos para despedirle, sino que los alegados por la empresa eran en relación con su puesto como Gerente y eran inciertos (que se dirigía indebidamente a los jefes de servicio, cuando la sentencia declara que no era así sino que fueron estos los que obstaculizaron su labor de dirección; que se pretende justificar la mala relación con la aportación al acto del juicio de dos cartas firmadas por nueve jefes de servicio de la empresa, de las que nunca se dio traslado al actor, ni se utilizaron como motivo de despido, y cuyo contenido afirma que es falso haciendo valoraciones varias sobre su contenido y en relación con el documento nº 26 de la demanda). Manifiesta que su trabajo como Director-Técnico fue complejo, se realizó de forma efectiva, y a satisfacción de la empresa, siendo después cuando accede al cargo de Gerente cuando empieza a descubrir irregularidades y a querer corregir determinadas dinámicas, y cuando se encuentra con un clima cerrado y de obstaculización. Afirma que se alegó también que tenía mala relación con las centrales sindicales de la empresa, lo que la sentencia de instancia rechaza.

Considera que partiendo de los hechos probados de la sentencia debe darse por vulnerado el artículo 36 de la Ley invocada, que solo admite la legitimidad del despido una vez presentada una denuncia en base a esa Ley 2/2023, si se encuentra amparo en la ley o en motivos o infracciones que se consideren probados. Es la propia sentencia la que reconoce que no había motivos, que los alegados por la empresa no son ciertos, y por tanto que el despido como Director Técnico es improcedente.

Sostiene que el despido respondió a una represalia, por su interés en denunciar determinadas irregularidades, y que al ignorar la sentencia el carácter de represalia de la decisión empresarial, se produce la consecuencia que precisamente la Ley 2/2023 pretendía impedir, que no es otra que el recurrente/denunciante haya perdido el trabajo. Considera que la conclusión lógica es que el despido deba declararse nulo con fundamento en el artículo 36 de la Ley 2/2023, y en el artículo 5.5 de la Ley de Jurisdicción Social, y manifiesta que lo que por su parte se denuncia en la demanda, y se mantiene ahora, es la existencia de una represalia por consecuencia de interponer la denuncia que se recoge en el hecho probado 11º (y no en el procedimiento de investigación que se abrió ante el Tribunal de Cuentas a que se refiere el hecho probado 17º), que no tramitó el Ayuntamiento, y que procedió a cesarle como Gerente y a despedirle como Director Técnico, por lo que considera que tal decisión debe considerarse como nula, ya que cuando el desistimiento en un puesto de confianza como es el de gerente se hace vulnerando la ley, la decisión debe ser calificada de nula. Manifiesta que para el supuesto de que la Sala estimase que dicho carácter de puesto de confianza pesa sobre la represalia denunciada, se interesa la declaración de nulidad del despido como Director Técnico.

b- En el segundo se denuncia la jurisprudencia relativa a la garantía de indemnidad, la infracción del artículo 55.5 del ET y artículo 5 del Convenio de la OTI número 158, en cuanto a la nulidad del cese como Gerente y del despido como Director Técnico.

Manifiesta que también se ha vulnerado la garantía de indemnidad. Tras hacer referencia al contenido de una sentencia de esta misma Sala de lo Social de 13 de febrero de 2024 (respecto de la cual hemos de precisar que no constituye jurisprudencia y por lo tanto no puede fundamentar un recurso de suplicación), alega que la sentencia ha reconocido el carácter improcedente del despido, la interposición de una denuncia al amparo de la Ley 2/2023, que no tramitó el Ayuntamiento, y descarta la veracidad de los motivos alegados por la empresa (reconociendo actitud beligerante de la Alcaldesa, que los jefes de servicio obstaculizaron su labor, que mantiene buena relación con las centrales sindicales y que no se le permitió incoar expediente disciplinario a dos jefas de servicio).

Indica que el motivo por el que la sentencia recurrida rechaza que se haya vulnerado la garantía de indemnidad es porque el trabajador demandante no había emprendido ninguna actuación en defensa de sus derechos propios, y señala que la sentencia parece confundir el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas con la denuncia que se recoge en el hecho probado 11º, considerando el recurrente que con la misma se estaban ejercitando derechos propios, siendo que el articulo 5 c) del convenio 158 de la OIT establece entre los motivos que no constituirían causa justificada para la terminación de la relación de trabajo el presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes, reglamentos o recurrir ante las autoridades administrativas competentes. Considera que la conclusión de no considerar vulnerada la juzgadora la garantía de indemnidad solo puede corresponder a haber confundido una denuncia con otra, pues sí que se refería a perjuicios personales que el actor estaba sufriendo en el desempeño de sus funciones, siendo que la garantía de indemnidad tiene un sentido amplio que incluiría cualquier actuación de reclamación o denuncia de una situación. Concluye manifestando que al amparo de este segundo motivo de censura jurídica han de ser declaradas nulas las decisiones de cese como Director Gerente y de despido como Director Técnico, y que en el caso de que la Sala estimara que el carácter de puesto de confianza como Gerente pese sobre la vulneración denunciada, sea declarada la nulidad del despido como Director Técnico que fue reconocido en la sentencia como un puesto de carácter laboral ordinario.

c- En el tercero y último motivo se denuncia la vulneración del artículo 11 del Real Decreto 1382/1985 por el que se regula el carácter especial del personal de alta dirección, y la vulneración de los artículos 2.1 y 3.2 a) de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, en relación con el preaviso, y para el caso de que no se considere que el cese como Gerente deba ser declarado nulo.

QUINTO:Dada la interconexión que existe entre los dos primeros motivos de censura jurídica, los mismos serán analizados de manera conjunta.

El actor defiende que su cese como Director Gerente y su despido como Director Técnico deben ser declarados nulos, ya por vulneración de la garantía de indemnidad, ya por infracción del artículo 36 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

La juzgadora de instancia considera que la garantía de indemnidad denunciada por el trabajador no resulta de aplicación en este caso, y que tampoco puede estimarse infringida la garantía contenida en el artículo 36 de la Ley 2/2023, concluyendo que la empresa demandada realizó el acto de desistimiento de su nombramiento como Gerente sin vinculación alguna con la denuncia interpuesta por el demandante, y los razonamientos de la misma son asumidos por la Sala.

La juzgadora excluye la aplicación al presente supuesto de la garantía de indemnidad que el actor denuncia como vulnerada, y que determinaría, de concurrir, la declaración de nulidad por el pretendida de su cese acorado como Director Gerente de la empresa, y también del adoptado como Director Técnico, y ello toda vez que el trabajador demandante no había emprendido actuación en la defensa de derechos propios.

Como ha reiterado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, sirva de ejemplo por todas la STC 183/2015, de 10 de septiembre de 2015, "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero )- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, SSTC 14/1993, de 18 de enero , FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 , o 6/2011, de 14 de febrero , FJ 2).

Por consiguiente, en el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (por ejemplo, SSTC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 , y 3/2006, de 16 de enero , FJ 2), de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 24.1 CE ) y art. 4.2 g) de la Ley del estatuto de los Trabajadores .

Conforme manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2020, (rec. 3471/2017) "La garantía de indemnidad consiste en que "del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza", toda vez que el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) no se satisface sólo "mediante la actuación de jueces y tribunales, sino también a través de la (citada) garantía de indemnidad", como dijera tempranamente la STC 14/1993, de 18 de enero . Según se ha anticipado, la garantía de indemnidad incluye no sólo el estricto ejercicio de acciones judiciales, sino que asimismo se proyecta, y de forma necesaria, sobre los actos preparatorios o previos (conciliación, reclamación previa, etc.). De otra forma -afirma la propia STC 14/1993, de 18 de enero -, "quien pretenda impedir o dificultar el ejercicio de la reclamación en vía judicial, tendrá el camino abierto, pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo de su derecho a la acción judicial por parte del trabajador le bastaría con actuar..., en el momento previo al inicio de la vía judicial". La jurisprudencia ha extendido la protección de la garantía de indemnidad, por las mismas razones, a las reclamaciones administrativas y a las efectuadas en el interior de la empresa.

La posterior jurisprudencia constitucional ha precisado que "el artículo 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad resultará lesionado tanto si se acredita una reacción o represalia frente al ejercicio previo del mismo, como si se constata un perjuicio derivado y causalmente conectado, incluso si no concurre intencionalidad lesiva", de manera que, además de lesiones "intencionales" pueden darse lesiones "objetivas" contrarias a la garantía de indemnidad ( STC 6/2011, de 14 de febrero )".

En el presente supuesto es lo cierto que por el demandante no se ha emprendido actuación alguna a título individual en defensa de sus derechos laborales, y la denuncia que por él fue presentada, ya se considere la que lo fue ante el Ayuntamiento de Gijón (la recogida en el hecho probado 11º), ya la que en el mismo día se efectuó ante el Tribunal de Cuentas (a la que se refieren los hechos probados 12º y 17º), no es una reclamación propia y preparatoria con la que pretendiese satisfacer en vía judicial o extrajudicial un derecho suyo del se creyera asistido. Esa denuncia presentada, en su cargo de Director Gerente, versa sobre la existencia de dudas por su parte sobre la correcta contabilidad de la empresa y de la utilización de reservas voluntarias, y sobre posibles prácticas irregulares. La percepción que el trabajador tenía de que se le pudiera atribuir responsabilidades por la situación económica de la empresa, no altera el que era el objeto propio de la denuncia que por él fue presentada.

Por ello, y sin negar que la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE cubre todo acto procesal o preprocesal necesario para acceder a los Tribunales de Justicia; tanto el ejercicio de la acción en sede jurisdiccional, como los actos preparatorios o previos necesarios para dicho ejercicio, lo cierto es que en el presente supuesto no se estaría en ningún caso ante uno de los actos preparatorios o previos "necesarios" para el acceso a la jurisdicción, a los que el Tribunal Constitucional ha extendido la protección dispensada por la garantía de indemnidad, y por lo tanto la conducta de la empresa demandada, cesando al actor como Director Gerente y como Director Técnico, no puede ser calificada como vulneradora de la garantía de indemnidad, al no poder hablarse de una reacción de la empresa frente al ejercicio de una acción judicial o la realización de actos preparatorios o previos, ni siquiera de una reclamación extrajudicial por parte del actor en defensa de sus derechos.

Por otro lado, la juzgadora de instancia también considera que no ha sido infringida la garantía contenida en el artículo 36 de la Ley 2/2023, concluyendo que la empresa demandada realizó el desistimiento del nombramiento del actor como Gerente sin vinculación alguna con la denuncia interpuesta por el mismo.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en su artículo 36 dispone: "1. Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en esta ley.

2. Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.

3. A los efectos de lo previsto en esta ley, y a título enunciativo, se consideran represalias las que se adopten en forma de:

a) Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación....".

Es cierto que el actor, en su condición de Director Gerente, presentó ante el Ayuntamiento de Gijón una denuncia el 18 de octubre de 2023 en virtud de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, la que aparece transcrita en el hecho probado 11º de la sentencia, y la cual, según ya se indicó anteriormente, versaba sobre la existencia de dudas por su parte sobre la correcta contabilidad de la empresa y de la utilización de reservas voluntarias, y sobre posibles prácticas irregulares. Ahora bien no obstante esta realidad, cabe entender, como concluye la juzgadora de instancia, que el desistimiento habido del actor como Director Gerente efectuado por la empresa Emulsa el 19 de enero de 2024, no se encuentra vinculada a esa denuncia por el interpuesta ante el Ayuntamiento. Es de tener en cuenta que junto con esa denuncia, el actor (en este caso con el beneplácito o aprobación del Presidente de Emulsa según resulta del hecho probado 12º), presentó el mismo día ante el Tribunal de Cuentas, una solicitud de evaluación y valoración de situación contable (en la propia denuncia presentada ante el Ayuntamiento afirmaba promover esa denuncia y acudir al Tribunal de Cuentas con el fin de que aclarase la situación. Como se indica por la juzgadora de instancia si bien la denuncia fue presentada en el mes de octubre de 2023, el demandante, que desempeñaba el cargo de Director Gerente desde el 22 de diciembre de 2022 teniendo amplios poderes y competencias, ya conocía el descuadre y la mala gestión de la empresa desde el mes de febrero de 2023, siendo que ese descuadre económico de las cuentas de la sociedad, la falta de adecuada gestión en el percibo de las tasas y otras cuestiones, eran conocidos por él desde tiempo antes, y no fue hasta el mes de junio de 2023 cuando dirige dos comunicaciones a la concejala correspondiente que pertenecía a la corporación previa a las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023, y de las que resultó una mayoría distinta de la existente hasta entonces, habiéndoselo participado también al nuevo concejal que asumió la responsabilidad en la nueva Corporación resultante, sin que en realidad por el actor se hubiera propuesto formalmente a ninguno de ellos la apertura de ninguna investigación previa y minuciosa. Incluso está constatado como con anterioridad a la presentación de la denuncia, la noticia sobre los hechos expuestos en la misma ya habían sido publicados en la prensa (hecho probado 9º), y tras esa publicación en prensa , es cuando al día siguiente por la Alcaldesa se pide al actor información detallada acerca de cómo se consumieron las reservas económicas de Emulsa, siendo entonces cuando el demandante, percibiendo que se le podría atribuir responsabilidad por la situación económica, presenta la denuncia ante el Ayuntamiento de Gijón.

A ello se añade el dato fundamental de que el demandante, y así consta probado en la sentencia de instancia, cuando fue nombrado por la anterior corporación municipal el 22 de diciembre de 2022 como Director Gerente (primero lo había sido como Director Técnico el 1 de febrero de 2022), encontró la oposición durante la ocupación del cargo de los jefes de área (entre los que se encontraba el que había sido anterior gerente) y el departamento de recursos humanos, que obstaculizaron la labor de dirección del actor. Como dice la juzgadora de instancia el demandante se encontró en la empresa unos mandos superiores vinculados a la anterior corporación, que le recibieron de forma hostil, atribuyendo el demandante precisamente a tales empleados la responsabilidad por la deficiente gestión económica y de personal seguida en la empresa. De hecho la realidad de la existencia de una situación con malas relaciones de las jefaturas de servicios y mandos de la empresa con la Dirección Gerencia es algo que viene a estar señalado por varios intervinientes de distinto signo, en el desarrollo de la reunión extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración de Emulsa el 17 de enero de 2024, en la que figuraba como punto cuarto del orden del día el cese y nombramiento de la gerencia, y cuya acta consta reflejada en el hecho probado 13º de la sentencia de instancia. Incluso por la juzgadora de instancia se declara probado que en el departamento de recursos humanos, al momento de cesar el demandante, el clima laboral y o de confianza en la Gerencia ha variado. Todo ello avala el considerar que el cese acordado del actor como Director Gerente no tiene vinculación con la denuncia que por él fue presentada, sino que en el mismo subyace una situación de relación inidónea entre los jefes de área y del departamento de recursos con el Director Gerente, lo que determina que el cese del actor como Director Gerente acordado por el Consejo de Administración de Emulsa no constituye una represalia contra él, sino el desistimiento en un puesto que es de confianza, y que según se disponía en el mismo contrato de alta dirección que fue suscrito por las partes, su duración sería en tanto se mantuviera su nombramiento como Director Gerente de Emulsa, y cuyo cese no precisa de motivos justificados.

Pretende la parte recurrente de que al menos el cese que fue acordado del actor como Director Técnico, puesto en que prestó servicios desde el 1 de febrero de 2021 hasta que pasó a ser contratado el 22 de diciembre de 2022 como Director Gerente, y que le fue comunicado por la empresa demandada el día 19 de enero de 2024, junto con su cese como Director Gerente, sea declarado nulo por vulneración de la garantía de indemnidad o por infracción del artículo 36 de la Ley 2/2023.

Tal pretensión fue desestimada en la sentencia de instancia que calificó tal cese como constitutivo de un despido improcedente con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, y la Sala comparte tal conclusión alcanzada.

Es de tener en cuenta que la relación laboral que vinculaba al actor con la empresa Emulsa para prestar servicios como Director Técnico, si bien se efectuó bajo la suscripción formal de un contrato titulado de alta dirección en el que se especificaba que su objeto era la prestación de servicios como Director Técnico, como personal de confianza, y se establecía que su duración sería en tanto se mantuviera su nombramiento como Director Técnico de Emulsa, sin embargo por la sentencia de instancia se resuelve que tal contrato no reunía las notas precisas para caracterizarlo como relación especial, siendo su carácter el correspondiente a una relación laboral común. Es cierto que en la comunicación de cese como Director Técnico no se especifica por la empleadora causa alguna, más que la decisión de cese, sin duda en la que consideración de que se trataba de una relación laboral de alta dirección en puesto de confianza. Por ello la juzgadora declara su improcedencia al no aducirse por la demandada causa alguna para la extinción de la relación laboral. La parte recurrente, como causa de nulidad, invoca las mismas que las defendidas para la declaración de nulidad del cese como Director Gerente, y como ya se ha señalado anteriormente, ni puede considerarse que resulte de aplicación al presente supuesto la garantía de indemnidad que el actor denuncia como vulnerada, ni que haya existido una infracción de la garantía contenida en el artículo 36 de la Ley 2/2023, pues el cese acordado por la empresa demandada no tiene vinculación con la denuncia que por el mismo fue presentada.

SEXTO:Ya entrando en el análisis del último de los motivos formulados, la infracción normativa denunciada en el mismo (del artículo 11 del Real Decreto 1382/1985 por el que se regula el carácter especial del personal de alta dirección, y la vulneración de los artículos 2.1 y 3.2 a) de la Ley 47/2003 General Presupuestaria), no puede tener acogida.

Alega el recurrente que la Ley 13/2012 de 6 de julio que la sentencia de instancia considera de aplicación, no afecta a la empresa Emulsa, ya que el plazo reducido de 15 días para el preaviso, se hace para el sector público de acuerdo al artículo 2.1 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, y no afecta a la empresa demandada, que no estaría recogida en dicho artículo, sino en el 3.2 de dicha Ley, sector público empresarial. Señala que además en los estatutos de la empresa, consta que se rige por la Ley de Sociedades de Capital, y por tanto de considerarse válido su cese como Gerente, el preaviso debería haber sido de tres meses y no de quince días, por lo que estaría pendiente de pago 16.262,97 euros.

La Disposición Adicional octava de la Ley 3/12, que la juzgadora ha aplicado, y relativa a Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal, en su apartado Uno (Ámbito de aplicación) dispone que la presente disposición se aplica al sector público estatal formado por las entidades previstas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señalando su apartado Dos (Indemnizaciones por extinción), número 4 que el desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un plazo máximo de antelación de quince días naturales, y que en caso de incumplimiento del preaviso mencionado, la entidad deberá indemnizar con una cuantía equivalente a la retribución correspondiente al periodo de preaviso incumplido. Por su parte el apartado siete de la citada disposición adicional (Aplicación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales) dispone que lo dispuesto en el apartado dos (que es el relativo a las indemnizaciones por extinción y donde se establece un preaviso de quince días naturales), será de aplicación a los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público autonómico y local.

La empresa demandada es una sociedad que forma parte del sector público local, como entidad que ha sido creada por el Ayuntamiento para gestionar un servicio público de interés municipal, por lo que a la misma le resulta de aplicación la normativa aplicada por la juzgadora de instancia.

Lo expuesto determina la desestimación del recurso de suplicación interpuesto y la consiguiente confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,