Sentencia Social 698/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 228/2024 de 23 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El demandante presta servicios para "Fundación Canaria de Juventud Ideo", estando contratado como monitor. En sentencia de julio de 2021 se le reconoció el derecho a ostentar la categoría de "responsable de módulo", y si bien la sentencia que le reconoció tal categoría admitió que la misma no aparecía en la tabla salarial del convenio colectivo (aunque sí en la definición de categorías profesionales del propio convenio colectivo), lo consideró irrelevante en el caso, dado que el actor no estaba reclamando cantidades, considerando igualmente irrelevante que el demandante estuviera cobrando un complemento de responsabilidad. En la demanda rectora de los autos, planteada por la modalidad especial, urgente y sumaria, de tutela de derechos fundamentales, alegaba el trabajador que después de esa sentencia trabó conocimiento de que otros responsables de módulo (todos ellos procedentes de categoría de educador) cobraban un complemento personal superior al demandante, planteando que eso suponía una discriminación no justificada, y reclamando ante ello diferencias retributivas. La demandada se opuso alegando que "responsable de módulo" era una categoría funcional, no profesional, y por ello la retribución de la misma se hacía a través del complemento de responsabilidad, pero que para el complemento personal solo podía estarse al previsto en el convenio colectivo para la categoría de origen, al no contar con un complemento personal propio. La sentencia de instancia estima la demanda al entender que no estaba justificado que los responsables de módulo cobraran un complemento personal distinto pese a realizar las mismas funciones. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte demandada pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que desestime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un motivo de revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y luego otro para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandante, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Pretende la empleadora recurrente una modificación completa del hecho probado 5º, alegando que el mismo no pudo basarse en una testifical, ya que D. Felix es el actor, y luego, invocando las nóminas que figuran en los folios 13 a 158 de las actuaciones, solicita que ese hecho probado pase a decir lo siguiente: "Los responsables de módulo provienen de las categorías profesionales de educador y monitor".

SEXTO.- No puede estimarse la modificación, pues aunque es cierto que los responsables de módulo que antes eran educadores mantienen el complemento personal de un educador, y el actor cobraba el mismo complemento personal que tenía como monitor (algo que ya se infiere de lo que recogen los hechos probados 5º y 6º de la sentencia), el mero error material del juzgador al calificar de "testifical" lo que era, en propiedad, un interrogatorio de parte, no invalida el hecho probado, pues no supone una valoración irrazonable de la prueba, pues es lícito emplear el interrogatorio de la parte para considerar acreditados hechos manifestados en ese interrogatorio y que no eran enteramente perjudiciales para la parte que depuso ( artículo 316.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

SÉPTIMO.- En el motivo de censura jurídica, denuncia la empleadora recurrente infracción de los artículos, 115, 116 y 118 del Convenio Colectivo de empresa, insistiendo que "responsable de módulo" es una categoría funcional que no se encuentra contemplada en el Anexo II de la tabla salarial "como categoría y retribución"; y que lo que ha hecho es abonar a todos los trabajadores responsables de módulo el mismo importe en concepto funcional de Plus de Responsabilidad, del artículo 118 del Convenio, pero, en cuanto al complemento personal, del artículo 116 del Convenio, se ha abonado conforme a la categoría profesional que ostente cada trabajador, 240 euros para los educadores y 41,02 euros para los monitores.

OCTAVO.- El artículo 116 del convenio colectivo de "Fundación Canaria de Juventud Ideo" regula el "Complemento personal" señalando que el mismo se percibe en 12 mensualidades y que "Es un complemento "ad personam" y no es absorbible ni compensable. Variará en función de la categoría profesional tal y como se establece en las tablas salariales del presente convenio".

NOVENO.- Como alega la recurrente, la tabla salarial del convenio colectivo no establece una retribución específica para los "responsables de módulo", pese a tratarse de una categoría que el propio convenio colectivo sí que contempla y define. Así, en la definición de puestos de trabajo describe las funciones de los educadores, responsables de módulo y monitores, incluyéndolas todas en el Grupo profesional III, aunque las dos primeras en el subgrupo 3.2 y la de monitor en el subgrupo 3.3. Pero en la tabla salarial del convenio colectivo no se prevé ni cual ha de ser el salario base de un responsable de módulo, y, en lo que ahora interesa, ningún complemento personal para los responsables de módulo, estableciéndose en cambio dicho complemento para los educadores y para los monitores y, debe advertirse, el complemento personal previsto en esa tabla no es ni siquiera igual para todos los puestos del subgrupo 3.2.

DÉCIMO.- Consta en hechos probados que el complemento personal que viene cobrando el actor es 41,02 euros mensuales (hechos probados 5º y 6º) cuantía que, como alega la recurrente, es la prevista para los monitores, categoría de origen del demandante (hecho probado 2º). Igualmente, consta que los demás responsables de módulo perciben como complemento personal 240 euros, que es el que corresponde a la categoría de Educador, que era la de origen de esos otros responsables de módulo (hechos probados 5º y 6º). Resulta, por tanto, que la demandada está abonando a los responsables de módulo el complemento personal respetando el que les correspondía conforme a la categoría que ostentaban antes de asignárseles el puesto de responsable de módulo, pero no porque conforme a la tabla salarial o el convenio colectivo un responsable de módulo haya de cobrar un complemento personal de 240 euros mensuales, pues en estricta aplicación del convenio colectivo, el responsable de módulo no tendría por qué cobrar complemento personal alguno, pues ninguno se prevé en el convenio colectivo para esa categoría.

UNDÉCIMO.- En esas circunstancias, difícilmente se puede considerar que el actor ha sido objeto de una discriminación por el mero hecho de no estar abonándosele el mismo complemento personal que cobran los otros responsables de módulo, porque esos otros trabajadores tenían la categoría de educadores, no de monitor. Lo que ha hecho la demandada es respetar el complemento personal de origen de cada trabajador, no establecer unilateralmente un nuevo complemento personal para la categoría de responsable de módulo.

DUODÉCIMO.- En el artículo 14 de la Constitución se contemplan dos cosas distintas: el principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley por los poderes públicos, por un lado; y por otro, la prohibición de discriminación por razón de "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2009, recurso 26/2008, citando tanto sentencias anteriores de esa misma Sala, como la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2008). El principio de no discriminación, que tiene un carácter mucho más absoluto y trasversal que el de igualdad ante la ley, intenta evitar tratos desiguales que encubren minusvaloración de grupos o personas marginados y peor tratados por su notoria debilidad y desprotección, o por su pertenencia a grupos segregados que tienen una posición social de desventaja por las razones previstas en el artículo 14 de la Constitución. Esta distinción entre el principio de igualdad ante la ley, y la prohibición de discriminación es de especial relevancia cuando se trata de diferencias de trato que se producen en el ámbito de las relaciones privadas, pues en éstas, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 34/1984, la igualdad de trato ha de derivar de un principio jurídico que imponga su aplicación, lo que no ocurre cuando la desigualdad se establece por una norma del ordenamiento o por la actuación de una Administración Pública; mientras que, en el caso de la prohibición de discriminación, la aplicación del mismo penetra en el ámbito de las relaciones privadas porque "se utiliza un factor de diferenciación que merece especial rechazo por el ordenamiento y provoca una reacción más amplia, porque para establecer la diferencia de trato se toman en consideración condiciones que, como la raza, el sexo, el nacimiento y las convicciones ideológicas o religiosas, han estado ligadas históricamente a formas de opresión o de segregación de determinados grupos de personas u otras condiciones que también se excluyen como elementos de diferenciación para asegurar la plena eficacia de los valores constitucionales en que se funda la convivencia en una sociedad democrática y pluralista". El principio de igualdad, en cambio, en el ámbito de las relaciones privadas, tiene un alcance mucho más limitado, como consecuencia del principio de autonomía de la voluntad, hasta el punto de concluirse que una diferencia salarial en una empresa privada que "no posea un significado discriminatorio por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad".

DECIMOTERCERO.- En este caso, no cabe hablar de discriminación en sentido propio, pues no consta, ni se alega de hecho en momento alguno, que la diferencia entre el salario del demandante y el de los demás responsables de módulo derive de una causa de discriminación prohibida constitucional o legalmente, como puede ser la raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, o condiciones o circunstancias personales o sociales análogas. Y en cuanto al principio de igualdad en la aplicación de la ley, ese principio de igualdad, y la derivada prohibición de trato desigual no justificado, se aplica a las administraciones públicas cuando las mismas actúan como empleadoras, y ello porque "cuando la empleadora es la Administración Pública, ésta no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento a la Ley y al Derecho y con interdicción de la arbitrariedad, estando sujeta al principio de igualdad ante la Ley, que concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales", como se afirma en la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2004, de 8 de marzo, que se cita y aplica en las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2018, recurso 130/2017; 19 de septiembre de 2017, recurso 178/2016; o 29 de octubre de 2013, recurso 3246/2012. Ello es consecuencia de que la administración pública ha de servir con objetividad los intereses generales y actuar "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho", como dispone el artículo 103.1 de la Constitución, con interdicción expresa de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución), y que, como poder público que es, está sujeta al principio de igualdad ante la Ley que concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales ( sentencias del Tribunal Constitucional 161/1991, de 18 de junio, 2/1998, de 12 de enero).

DECIMOCUARTO.- Sin embargo, esta doctrina (aplicación del principio de igualdad ante la ley cuando la empleadora es una administración pública) no es aplicable en este caso, y ello por la sencilla razón de que la empleadora del actor, "Fundación Canaria de Juventud Ideo", no es una administración pública, y ni siquiera una entidad de Derecho Público, sino una fundación, que, no por estar integrada en el sector público autonómico, deja de regirse por el Derecho privado. Así, el artículo 113 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, para las sociedades mercantiles estatales, lo que dispone es que rijan, aparte de por la citada Ley 40/2015, "por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas". Y, en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la normativa aplicable no establece nada que se aparte significativamente de la estatal ( artículo 17 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; artículo 117.3 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias).

DECIMOQUINTO.- En consecuencia, siendo formalmente una entidad de Derecho privado, "Fundación Canaria de Juventud Ideo" no está vinculada a la aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley con el mismo rigor con el que pueda estarlo una administración, organismo o entidad de Derecho público, y, por tanto, si las diferencias de trato en materia salarial no tienen carácter discriminatorio, o esa igualdad de trato no viene impuesta por un principio o norma jurídica que imponga su aplicación incluso a sujetos privados (como puede ser el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, que impone un trato igual a trabajadores fijos y temporales, que tampoco sería este caso), no se puede considerar vulnerado el artículo 14 de la Constitución por el mero hecho de que las diferencias salariales deriven del principio de autonomía de la voluntad, como puede ser que el convenio colectivo no considerase necesario establecer un complemento personal específico para los responsables de módulo, y la entidad demandada, como condición más beneficiosa (o por considerar que el puesto de responsable de módulo era de "tipo funcional") simplemente respetara a los trabajadores a los que asigna funciones de responsable de módulo el complemento personal que vinieran percibiendo en su puesto de trabajo de origen.

DECIMOSEXTO.- En cualquier caso, si en este caso no concurre una discriminación en sentido propio, ni hay una norma positiva que imponga a "Fundación Canaria de Juventud Ideo" a abonar a todos los responsables de módulo el mismo complemento personal con independencia de su categoría de origen, entonces no se puede haber conculcado el artículo 14 de la Constitución, y las pretensiones actoras solo podrían fundamentarse, como mucho, en cuestiones de mera legalidad ordinaria, si no es que la controversia de las partes merece ser calificada como un conflicto de intereses, ya que el actor pretende que se establezca algo (que los responsables de módulo tienen derecho a percibir el complemento personal, y precisamente en la misma cuantía que los educadores) que el convenio colectivo no prevé. Y a lo que se ha expuesto en nada puede obstar la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Social número 2 el 19 de julio de 2021, pues todos los pronunciamientos de la misma en relación al salario lo fueron con carácter incidental o a mayor abundamiento, no susceptibles por ello de producir efecto positivo de cosa juzgada, desde el momento en que el objeto del primer procedimiento no era la reclamación de diferencias salariales, que no se reclamaban por el demandante porque, como atinadamente apuntó la juzgadora en esa sentencia firme, el convenio colectivo no había establecido una retribución específica para los responsables de módulo.

DECIMOSÉPTIMO.- Que no quepa apreciar vulneración del artículo 14 de la Constitución, ni por la prohibición de discriminación, ni por el principio de igualdad ante la ley, determina la total desestimación de la demanda, que el actor ha querido plantear por la modalidad especial de tutela de derechos fundamentales, y por tal modalidad especial urgente y sumaria se ha tramitado. El artículo 178.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establece que el objeto del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales "queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad". Con lo cual el procedimiento no solamente es urgente, sino además sumario, al tener limitado el objeto de cognición.

DECIMOCTAVO.- La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2006, recurso para unificación de doctrina 5111/2004, en doctrina que reiteran las posteriores de 30 de junio de 2008, recurso 138/2007, 20 de mayo de 2010, recurso 175/2019, 8 de julio de 2020, recurso 202/2018, 17 de febrero de 2021, recurso de casación ordinaria 129/2020, o 10 de marzo de 2021, recurso 172/2019, interpretando esta regla de limitación del objeto del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, en relación a la excepción procesal de inadecuación del procedimiento, señala que "lo decisivo, a efectos de la adecuación del procedimiento, no es que la pretensión deducida esté correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como una pretensión de tutela, es decir, que se afirme por el demandante la existencia de una violación de un derecho fundamental. Si no existe la vulneración alegada o si lo que se produce es una infracción simple del ordenamiento jurídico sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental invocado, la consecuencia de la limitación de conocimiento que rige en la modalidad procesal será la desestimación de la demanda, sin perjuicio en su caso de la conservación de la acción para alegar la eventual existencia de una infracción de legalidad ordinaria en otro proceso". Doctrina de la jurisprudencia ordinaria que coincide con el criterio mantenido por el Tribunal Constitucional (sentencia 31/1984).

DECIMONOVENO.- La citada sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2021, a este respecto, también indica que las ventajas del proceso especial (principalmente, su tramitación urgente y preferente), tienen como contrapartida la limitación del objeto del procedimiento, que se limita a la verificación de si ha existido o no vulneración del derecho fundamental alegado, dejando fuera del juicio aquellos otros extremos que sólo cabe enjuiciar en el proceso ordinario. No obstante, la posterior sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2023, recurso para unificación de doctrina 3106/2022, también señala que si se aprecia que concurre la vulneración de derechos fundamentales reclamada, resulta posible y pertinente entrar a examinar las cuestiones de legalidad ordinaria vinculadas a esa vulneración. Pero esto confirma que, si no se aprecia tal vulneración, no procede entrar a resolver cuestiones de mera legalidad ordinaria.

VIGÉSIMO.- Por su parte, la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2020 precisa que lo previsto en el artículo 179.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (que permite rechazar de plano las demandas que no deban tramitarse conforme al procedimiento especial de tutela y no sean susceptibles de subsanación) solamente cabe "en los supuestos excepcionales en que se aprecie, "prima facie" que la pretensión ejercitada queda de forma manifiesta fuera del ámbito de la modalidad procesal, bien porque la demanda contiene meras invocaciones pro-forma carentes de todo contenido, o no denuncia lesión alguna del derecho fundamental como exige el artículo 177.3 (hoy 179.4 LRJS) ; o bien porque se plantea únicamente un tema de legalidad ordinaria y por consiguiente sin "lesión directa" del derecho fundamental; o, en fin, cuando se acude por la parte al proceso preferente y sumario del art. 175 (hoy 177 LRJS) en fraude de ley -supuesto contemplado en la STS de 3 de febrero de 1998 (rec. 634/1997)-. En esos singulares casos si debe aplicarse la prevención legal "porque corresponde a los poderes y responsabilidades del Tribunal constatar si, en principio, la pretensión que se anuncia y cuyos elementos indispensables configuradores de la pretensión a estos efectos deben ofrecerse en el escrito de demanda, es de aquellas para las que está previsto el tipo procesal especial" STC 31/84). Pero fuera de ellos no cabe, como ya hemos dicho, adoptar tal declaración cuando se ejercita formalmente una acción de tutela de un derecho fundamental, porque entonces es obligado entrar a resolver sobre la lesión denunciada". La reconducción que se prevé en el mismo artículo 179.4 solo cabría si se acordase antes de celebrarse el juicio (el artículo 179.4 habla dar "a la demanda la tramitación ordinaria o especial", y de lo que se trata es de dar a las partes las mismas posibilidades de alegación y defensa que tendrían en ese procedimiento ordinario o especial y que serían más amplias que en el de tutela), y en circunstancias muy excepcionales.

VIGÉSIMO PRIMERO.- En consecuencia, y fuera de los casos de tramitación obligatoria por otra modalidad procesal, que contempla el artículo 184 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales será el adecuado siempre que se alegue formalmente la vulneración del derecho fundamental, con un mínimo desarrollo argumental que ponga en conexión los hechos planteados en la demanda con el derecho fundamental que se alega vulnerado, y deduciéndose en todo caso un suplico dirigido a obtener el reestablecimiento del derecho fundamental. Pero si, practicada la prueba, resulta que no hubo infracción del derecho fundamental, sino, a lo sumo, una infracción de legalidad ordinaria, el pronunciamiento ha de ser una desestimación sobre el fondo, y no por un defecto procesal, desestimación que por otro lado no perjudicaría el ejercicio de una acción común para resolver la cuestión de legalidad ordinaria, que no puede ser de ninguna manera examinada en el procedimiento urgente y sumario si previamente no se aprecia vulneración del derecho fundamental. Procede por lo expuesto estimar el recurso, revocar la sentencia de instancia y, en lugar de lo en ella resuelto, desestimar totalmente la demanda rectora de los autos.

VIGÉSIMO PRIMERO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.