Sentencia Social 1115/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4510/2025 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO.-La empresa demandante interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en fecha 7 de abril de 2025 por el Juzgado Social 1 de Sabadell desestimatoria de la pretensión actora interesando la declaración de nulidad del acuerdo alcanzado en los autos por despido 406/2023 y homologado judicialmente en auto de 22 de julio de 2024.

La parte recurrente alegó motivo de revisión fáctica al amparo del art 193 b) de la LRJS y motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada.

SEGUNDO.-Como primer motivo del recurso al amparo del art 193 b) de la LRJS la parte recurrente, prescindiendo de la valoración de los "antecedentes"del recurso por innecesarios, interesó la adición de un nuevo hecho probado-HEDP en adelante primero bis en la sentencia, con el siguiente redactado: "Don Gumersindo, quien ostentó la posición de parte actora en el procedimiento de despido, reclamó por escrito, en dos ocasiones, el pago íntegro de los "Earn Outs" que pudieran haberse devengado hasta ese momento (EO1 y EO2).

En concreto, la primera reclamación se formuló por correo electrónico el 22 de marzo de 2023, sin que conste que en dicha reclamación -referida a la totalidad de los "Earn Outs"- interviniera o la firmara su hijo, Don Ángel Daniel.

La segunda reclamación, fechada el 5 de mayo de 2023, se remitió mediante burofax y aparece encabezada por ambos, Don Gumersindo y Don Ángel Daniel, identificados como "vendedores", si bien la misma figura firmada digital y únicamente por Don Gumersindo."

Como fundamento de la pretensión alegó los doc 3 y 4 aportados por la parte actora.

En cuanto a la revisión fáctica pretendida debe tenerse en cuenta que el artículo 193 b) de la Ley de Procedimiento Laboral exige que se invoquen documentos o pericias concretas que evidencien error del juzgador y obliguen a corregir las apreciaciones formadas por el mismo tras el juicio racional y con inmediación que es posible en la instancia, con valoración del conjunto de medios probatorios, como permite el artículo 97.2 de dicha ley procesal; por ello, no puede la Sala acoger la censura de hecho cuando el medio invocado sea inidóneo, no reúna las condiciones revisoras indicadas, se vea contradicho por otros, requiera conjeturas o hipótesis o haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia, como tampoco cabe acoger las revisiones fácticas que incluyan consideraciones valorativas o conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni las meras alteraciones insustanciales de lo que ya consta en la sentencia, explícitamente o por remisión. En consecuencia, no le es dable a la parte recurrente seleccionar y extraer de los diferentes informes médicos aquellas apreciaciones que le interesan para construir un cuadro residual adaptado a su parcial y subjetivo criterio.

Aplicando dicha doctrina al supuesto de autos el motivo debe desestimarse. Y ello porque como señala la recurrida en su escrito de impugnación expresamente la sentencia de instancia relaciona en sus HEDP décimo y undécimo tanto el escrito de 5 de mayo de 2023 y su traducción, firmado por el demandado Sr Gumersindo así como el correo electrónico de 22 de marzo de 2023 enviado por el demandado y su traducción, por ello valorados en la sentencia y sin poder incluirse en el relato fáctico valoración alguna sobre cuestiones jurídicas objeto de examen en el motivo de censura jurídica formulado.

TERCERO.-Como motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS interesa la recurrente la estimación de la demanda alegando infracción por la sentencia de instancia de los arts 1265, 1266, 1269 y 1270 del Ccivil, interesando la nulidad del acuerdo de conciliación judicial alcanzado por la parte actor y el demandado en los autos por despido 406/2023 homologado por auto de 22 de julio de 2024 por vicio en el consentimiento prestado.

La parte demandada en su escrito de impugnación, con remisión a lo fundamentado en la sentencia de instancia, interesó la desestimación del recurso habiendo alcanzado las partes en proceso por despido acuerdo homologado judicialmente en el auto cuya nulidad se interesa, sin intervención alguna respecto de sus efectos del hijo del actor Sr Ángel Daniel, no existiendo por ello vicio alguno en el consentimiento prestado por la empresa.

El art 84 de la LRJS señala: "3. En caso de no haber avenencia ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez, la jueza o el tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del letrado o letrada de la Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa...

5. La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad".

En autos el acuerdo alcanzado entre las partes en el proceso por despido 406/2023 seguido ante el Juzgado Social 1 de Barcelona fue ante la Magistrada durante el desarrollo el acto de juicio en fecha 18 de julio de 2023 y en los términos previstos en el art 85.8 de la LRJS: "El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá la celebración del juicio".

De ahí que el auto cuya nulidad la empresa demandante insta fuera dictado en fecha 22 de julio de 2024.

Remitiendo el art 84.6 de la LRJS como motivos justificativos de la nulidad de acuerdos conciliatorios alcanzados entre las partes a las "causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad" la doctrina jurisprudencial en el orden social ha venido examinando los supuestos en los que, por consentimiento viciado, tales acuerdos en conciliación judicial podrían verse anulados.

Así, respecto del error como vicio del consentimiento en general y su posible eficacia en el orden jurisdiccional social la STS de 30 de enero de 2025 señala: "El art. 1261 del CC dispone que no hay contrato sino cuando concurre el consentimiento de los contratantes que, según dispone el art. 1262, se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, siendo nulo el consentimiento prestado por error, según señala el art. 1265 del citado texto legal . Para que el error invalide el consentimiento, el art. 1266 dispone que debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

Esta Sala, como refieren las partes recurrentes, curiosamente con base en la misma doctrina que la sentencia recurrida cita, aplicando la doctrina civil en relación con aquellos preceptos legales, y respecto de situaciones individualizadas, ha venido manteniendo que " para que el error en el consentimiento invalide el consentimiento es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sean imputables a quien lo padece debiendo existir un nexo causal entre el mismo y la finalidad que pretendía el negocio jurídico concertado ", como se dice en la STS de 29 de junio de 2009 (rcud 2489/2008 ), en la que también se recoge, en relación con los arts. 1265 y 1266 del CC , que " Es cierto que dichos artículos no declaran la inexcusabilidad del error como requisito para que produzca efectos invalidantes. Como ya señaló la sentencia de esta Sala de 4- enero-1982 ... se trata de un elemento que la jurisprudencia exige pese al silencio del Código Civil y que está presente en el campo del derecho foral ..., en virtud del cual se niega al error la eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser salvado empleando una diligencia media o regular, para lo cual habrá que atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las personales (análogamente a como lo hace el artículo 1484, in fine, del CC para los defectos de la cosa vendida), valorando las respectivas conductas según el principio de la buena fe (art. 1258), pues si el adquirente tiene el deber de informarse, el mismo principio de responsabilidad negocial le impone al enajenante el deber de informar. Como la misma sentencia se encarga de advertir, las particularidades del caso en orden a la excusabilidad del error han de ponderarse «desde el ángulo de la bona fides y del principio de confianza, a los que habrá de darse la relevancia que merecen en el tráfico jurídico», teniendo en cuenta siempre que la necesidad de excusabilidad del error -supuesta la existencia del mismo- tiene como finalidad primordial la protección del lógico y lícito interés negocial de la otra parte".

Respecto del dolo como vicio del consentimiento la sentencia de nuestra Sala de 11 de diciembre de 2019, recurso 3806/2019 entre muchas señala: "Tercero.- Por lo que respecta al supuesto dolo, las previsiones del artículo 1269 del CC determinan que pueda ser apreciado cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no se hubiera hecho, lo que únicamente produce la nulidad si es grave y unilateral.

La aplicación del precepto efectuada por la jurisprudencia civil comporta que se comprenda en dicho vicio, tanto la insidia directa e inductora de la conducta errónea del otro contratante, como la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente a la otra parte, en contra del deber de informar que exige la buena fe, por lo que es necesario el empleo de maquinaciones engañosas, que pueden consistir tanto en una actuación positiva, como en una abstención u omisión, junto con la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio jurídico que de otra forma no hubiera realizado".

El examen de la censura jurídica formulada por la empresa demandante en su recurso exige reproducir en los aspectos más relevantes el preciso relato fáctico de la sentencia de instancia no modificado, junto con las afirmaciones de hecho realizadas al amparo de la concreta prueba practicada y examinada en la fundamentación jurídica. Y ello a los efectos de valorar la, se anticipa, exhaustiva y acertada fundamentación jurídica de la citada sentencia:

1.- En los autos 406/2023 seguidos ante el Juzgado Social 1 de Sabadell el ahora demandado Sr Gumersindo instó la improcedencia de su despido frente a la empresa ahora demandante MMC despido improcedente frente a la empresa. Constando como efectos del despido disciplinario el 30 de marzo de 2023, se solicitó como indemnización por despido la pactada por importe de 169.917?26 euros.

Hecho 2.4 de la demanda por despido, reproducido a HEDP de la sentencia ahora recurrida consta proceso de Due Diligence que culminó con la compraventa de participaciones sociales el 11 de marzo de 2022 por el grupo Stelaiu. Siendo el precio fijo pactado de 866.666?67 euros, abonados el 11 de marzo de 2022, se pactó un precio variable con las siguientes condiciones:

Importe máximo de 433.333?33 euros condicionado a un importe del EBITDA y a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 31 de marzo de 2023 (tramo "Earn Out 1").

Importe máximo de 600.000 euros condicionado a un importe del EBITDA a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 30 de junio de 2023 (tramo "Earn Out 2").

Importe máximo de 1.200.000 euros condicionado a un importe del EBITDA a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 30 DE JUNIO DE 2024 (tramo "Earn Out 3").

No obstante, lo anterior, en caso de producirse la baja voluntaria del demandado Sr. Gumersindo en MMC o su despido disciplinario declarado procedente antes del 30 de abril de 2023, no se devengaría ni el E01, ni el E02. En caso de que la extinción de su contrato se produjera por tal circunstancia entre el 30 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2024, no se devengaría el E03.

En el hecho cuarto de la demanda por despido in fine se hizo constar: "En consecuencia, y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar en otros órdenes jurisdiccionales respecto a los impagos de los conceptos E01 y E02 y el pago de las deudas pendientes que MMC mantiene con EI (cuyas acciones esta partese reserva expresamente contra los responsables de la propia Empresa y del Grupo Steliau), el despido llevado a cabo no se ajusta a los parámetros formales ni de fondo exigidos por la normativa y jurisprudencia de aplicación y, en consecuencia, debe declararse improcedente por las razones expuestas, lo que debe llevar aparejado el pago de la indemnización acordada en la cláusula 10.5 del contrato de trabajo del Sr. Gumersindo y que, de conformidad con las circunstancias señaladas en el Hecho Primero de este escrito, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (€ 169.917,26)".

2.- En el acto de juicio en el procedimiento por despido la juzgadora ofreció a las partes la posibilidad de que alcanzaran un acuerdo en aplicación del art 85.8 LRJS.

Fuera de la sala consta negociación por las partes, con anuncio del acuerdo expuesto por el letrado de la empresa oralmente y grabado en el sistema del juzgado siendo el acto de juicio celebrado el 18 de julio de 2022. Su contenido en auto de 22 de julio de 2024 es el siguiente, reproducido por su importancia al ser el reclamado en su nulidad en demanda:

"Dicho acuerdo consiste en:

1-. El demandante desiste del procedimiento nº131/2024, tramitado en el Juzgado de lo Social nº1 de Sabadell, y la empresa demandada se compromete a abonar el pacto de no competencia con las mismas condiciones que hasta la actualidad hasta el término del mismo.

2-. MEDIA MICROCOMPUTER, S.L.U, desiste del procedimiento de reclamación de cantidad interpuesto contra Gumersindo en reclamación de 145.000$, iniciado mediante conciliación, y a cualquier reclamación vinculada a la misma.

3-. El actor renuncia y/o desiste a cualquier reclamación vinculada a la compraventa de la empresa en el mes de marzo de 2022, y, particularmente, de los earn out que pudieran corresponderle, especialmente, respecto de la demanda ya iniciada o interpuesta sobre este particular, sin costas, y a cualquier otra reclamación abierta o futura al respecto.

4-. MEDIA MICROCOMPUTER, S.L.U, reconoce la improcedencia del despido impugnado en el presente procedimiento, y se compromete a abonar la suma de 169.917 ?26 euros brutos, con las retenciones fiscales correspondientes, en el plazo de 48 horas desde la homologación del presente acuerdo.

Tras dicho acuerdo, con los respectivos desistimientos y abonos, ambas partes manifiestan que no tendrán nada más que reclamar ni pedir a la adversa en el ámbito laboral, mercantil o cualquier otro, y se consideran saldados y finiquitados por todos los conceptos derivados de la relación que les unía".

HEDP tercero de la sentencia.

La empresa ahora demandante instó en fecha 24 de julio de 2024 la aclaración-complemento del auto de homologación del acuerdo de 22 de julio de 2024, haciendo referencia respecto del punto 3 del acuerdo a una "falta de concreción que podría derivar en la generación de un derecho al cobro parcial del Earn Out por parte de Ángel Daniel".

Por auto 18 de septiembre de 2024 no fue aclarado o complementado el auto de 22 de julio de 2024 alegándose pretender la empresa sorpresivamente "... incluir en el acuerdo términos que no fueron manifestados en su debido momento. Evidentemente, este Tribunal desconoce el contenido de las negociaciones y conversaciones mantenidas inter partes, pero es evidente a la luz de la grabación del acuerdo, que los términos que pretende adicionar no fueron manifestados, y que la parte actora se opone a su inclusión".

HEDP cuarto y quinto de la sentencia de instancia.

3.- A HEDP octavo se recoge cómo en fecha 11 de marzo de 2022 el Sr Gumersindo, único demandante en el proceso por despido, concertó con la empresa contrato de trabajo como alta dirección.

En la misma fecha se elevó a público el contrato privado de compraventa de participaciones concertado por el Sr Gumersindo y Ángel Daniel como vendedores y Romulo en representación de SPECIALIND PRODUCTOS S.L.U; el primero (demandante en el proceso por despido) titular de 80.000 participaciones y el segundo de 20.000 participaciones.

Dicha escritura fue aportada por el Sr Gumersindo y la empresa MMC demandada en el proceso por despido.

A HEDP noveno consta como los Srs Gumersindo y Ángel Daniel interpusieron demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona firmada el 16 de julio de 2024 reclamando de la empresa SPECIALIND PRODUCTOS S.L. 1.786.666?66 euros el SR Gumersindo y 446.666?67 euros el SR Ángel Daniel.

Dicha demanda consta admitida por Decreto de 5 de septiembre de 2024.

4.- En los términos señalados al desestimar la revisión fáctica interesada por la empresa en su recurso consta a HEDP décimo de la sentencia de instancia escrito de 5 de mayo de 2023 dirigido por el Sr Gumersindo a SPECIALIND PRODUCTOS SLU alegando incumplimientos por parte del comprador e información sobre los Earn Out de 2022 así como información de actividades en España de MMC, la empresa demandada en proceso por despido y ahora recurrente y su grupo de sociedades.

En dicho escrito, si bien firmado solo por el Sr Gumersindo, consta la utilización del plural "Nos referimos",señalando como vendedores al Sr Gumersindo y Ángel Daniel, incluyendo términos como "Vendedores", "notificamos formalmente", "requerimos" o "esperamos su pronta respuesta".

Igualmente a HEDP undécimo consta corro electrónico de 22 de marzo de 2023 del Sr Gumersindo al Sr Carlos Jesús, Romulo con copia para la Sra María Luisa manifestando no haber recibido noticia de los pagos pactados en la compraventa de participaciones habiendo MMC cumplido los objetivos a los que se condicionaba.

Partiendo de dicho relato fáctico, la censura jurídica formalizada por la empresa en recurso debe ser desestimada. Y ello al no existir vicio alguno de consentimiento por dolo reprochable al Sr Gumersindo o error de carácter inexcusable en el acuerdo de conciliación alcanzado por las partes en proceso por despido y homologado por auto de 22 de julio de 2024 por el Juzgado Social 1 de Sabadell.

De nuevo haciendo referencia, y asumiendo por compartir esta Sala plenamente su acertada conclusión la exhaustiva fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, la desestimación de la censura jurídica se sustenta:

1.- La pretendida nulidad por vicio en el consentimiento empresarial al alcanzarse el acuerdo de conciliación homologado judicialmente en el auto de 22 de julio de 2024 se relacionaría con la reclamación y posible cobro en concepto de los denominados "Earn Out" por el Sr Ángel Daniel, hijo del ahora demandado y demandante en el proceso por despido, importes que derivarían de la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 alegando la empresa que "...tenía el convencimiento que la totalidad del cobro le correspondía a Gumersindo, o bien que transaccionaba por la totalidad del importe".

Dicha afirmación carece de todo sustento en autos. Como señala la sentencia de instancia el acuerdo de conciliación fue alcanzado ante la juzgadora en los autos por despido 406/2023 y no ante el-la LAJ del juzgado; el propio letrado de la empresa en dicho procedimiento fue quien expuso el acuerdo, homologado en el auto de 22 de julio de 2024 que ahora se impugna por vicio en el consentimiento.

La demanda era únicamente en proceso por despido y por el Sr Gumersindo estando lógicamente solo éste legitimado para transaccionar de forma "privada y fuera de la sala"como señala la sentencia con la empresa las consecuencias propias relativas al abono de suma por Earn Out propio de las que a punto 3 del acuerdo homologado renunció/desistió, al igual que la empresa desistió de una demanda interpuesta frente al Sr Gumersindo por importe de 145.000$ a punto 2.

2.- Respecto del error o dolo inducido por parte del Sr Gumersindo en cuanto al posible derecho al cobro de los Earn Out por parte de Ángel Daniel ninguno elemento probatorio al respecto se acredita en autos.

Consta, por figurar en el contrato de compraventa elevado a escritura pública el 11 de marzo de 2022 como el Sr Ángel Daniel, hijo del ahora demandado, era titular del 20% de las participaciones vendidas en escritura pública de 11 de marzo de 2022, siendo el 80% restante titularidad del demandante en el proceso por despido Sr Gumersindo.

El documento de compraventa fue aportado al proceso por despido por la propia empresa demandada, siendo por ello conocido perfectamente a fecha de alcanzarse el acuerdo homologado judicialmente ahora impugnado.

Consta como el Sr Romulo en su interrogatorio reconoció haber acudido en representación de la empresa compradora SPECIALIND PRODUCTOS SLU al acto de elevación a pública de la compraventa.

Por ello ningún error al respecto puede ser alegado por la empresa que, de existir, serían perfectamente subsanable con la mera lectura de un contrato de compraventa de participaciones que conocía y aportó al proceso por despido.

3.- El acuerdo homologado por auto de 22 de julio de 2024 lo es en proceso por despido instado por el Sr Gumersindo, sin ser por ello parte su hijo Sr Ángel Daniel, no representado en momento alguno. Únicamente el Sr Gumersindo renuncia/desiste de cualquier reclamación vinculada a la compraventa de participaciones en el punto 3 del acuerdo, no su hijo.

Del mail de 22 de marzo de 2023, 16 meses anterior al acuerdo homologado por auto en el proceso por despido, no se deduce negociación alguna del Sr Gumersindo en nombre de su hijo, el cual acudió personalmente a la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 sin que conste representado en dicho momento, ni en otro posterior, por su padre y ahora demandado.

Respecto del escrito de mayo de 2023, por ello igualmente anterior en más de un año a la fecha del acuerdo de conciliación homologado, si bien la sentencia reconoce su firma únicamente por el Sr Gumersindo en el mismo utiliza de forma reiterada un plural que, como concluye la sentencia, se refiere a los Srs Gumersindo y Ángel Daniel que, vendedores de participaciones en la compraventa de 11 de marzo de 2022, reclamaban de la empresa sumas por Earn Out debidas por separado a los mismos.

4.- Respecto de la demanda presentada ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona por los Srs Gumersindo y Ángel Daniel, consta admitida por Decreto de 5 de septiembre de 2024, posterior en consecuencia al acuerdo y auto de homologación en el proceso por despido objeto de autos.

En cualquier caso del contenido literal del punto 3 del acuerdo alcanzado y homologado judicialmente en proceso por despido se evidencia que la ahora actora MMC como demandada conocía de la demanda porque, y referido únicamente al actor en los autos por despido Sr Gumersindo y no a su hijo, se hace referencia a la renuncia/desistimiento "de la demanda ya iniciada o interpuesta...y a cualquier otra reclamación abierta o futura al respecto".

Ratificando las valoraciones jurídicas de la sentencia de instancia, no puede estimarse la censura jurídica pretendida por la empresa en su recurso alegando un error en la creencia de que el hijo del ahora demandado Sr Ángel Daniel también se veía afectado por el acuerdo y debía desistir de la reclamación por Earn out de la demanda civil, error que de existir en la empresa no solo era excusable sino impropio ante la claridad de lo pactado con el debido asesoramiento en el proceso por despido, el contenido del clausulado de la compraventa en la que de forma nítidamente separada como vendedores figuraban el Sr Gumersindo y el Sr Ángel Daniel, la no legitimación ni presencia como parte, siquiera representado, del Sr Ángel Daniel en el proceso por despido y el conocimiento a punto 3 del acuerdo homologado por la empresa ahora demandante de la demanda "ya iniciada o interpuesta" en la que figuraba como demandante junto con el Sr Gumersindo, que en el acuerdo desistió/renunció a la pretensión ejercitada en la misma el Sr Ángel Daniel, que en momento alguno podía verse afectado por el contenido del acuerdo de homologación.

En cuanto a la alegada ocultación por el Sr Gumersindo a su propio letrado que el acuerdo alcanzado en proceso por despido "escondía la posibilidad de que su hijo cobrara"lo reclamado por Earn Out, siendo una mera manifestación de parte al haberse producido, como destaca la sentencia de instancia, la negociación del contenido del acuerdo finalmente homologado en el acto de juicio de forma privada entre las partes, no cabe reprochar ocultación alguna por el ahora demandado ante se repite la claridad del contenido del acuerdo, de la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 conocida y aportada a los autos por la empresa ahora recurrente y de la demanda "iniciada o interpuesta" ante la jurisdicción civil a la que el punto 3 del acuerdo se refiere y que, de forma indubitada, suponía una pretensión por reclamación de cantidad por parte del Sr Ángel Daniel no afectada por el acuerdo conciliatorio en sede de despido únicamente alcanzado con la empresa por el Sr Gumersindo.

Por lo anterior procede la desestimación del motivo de censura jurídica formalizado por la empresa demandante, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en los artículos 204 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede respecto de la empresa recurrente la pérdida del depósito y consignación, en su caso, efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez esta sentencia sea firme; así como la imposición de costas a la parte recurrente, incluidos los honorarios del letrado de la parte impugnante en el recurso, que la Sala fijará en la parte dispositiva de esta sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La empresa demandante interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en fecha 7 de abril de 2025 por el Juzgado Social 1 de Sabadell desestimatoria de la pretensión actora interesando la declaración de nulidad del acuerdo alcanzado en los autos por despido 406/2023 y homologado judicialmente en auto de 22 de julio de 2024.

La parte recurrente alegó motivo de revisión fáctica al amparo del art 193 b) de la LRJS y motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada.

SEGUNDO.-Como primer motivo del recurso al amparo del art 193 b) de la LRJS la parte recurrente, prescindiendo de la valoración de los "antecedentes"del recurso por innecesarios, interesó la adición de un nuevo hecho probado-HEDP en adelante primero bis en la sentencia, con el siguiente redactado: "Don Gumersindo, quien ostentó la posición de parte actora en el procedimiento de despido, reclamó por escrito, en dos ocasiones, el pago íntegro de los "Earn Outs" que pudieran haberse devengado hasta ese momento (EO1 y EO2).

En concreto, la primera reclamación se formuló por correo electrónico el 22 de marzo de 2023, sin que conste que en dicha reclamación -referida a la totalidad de los "Earn Outs"- interviniera o la firmara su hijo, Don Ángel Daniel.

La segunda reclamación, fechada el 5 de mayo de 2023, se remitió mediante burofax y aparece encabezada por ambos, Don Gumersindo y Don Ángel Daniel, identificados como "vendedores", si bien la misma figura firmada digital y únicamente por Don Gumersindo."

Como fundamento de la pretensión alegó los doc 3 y 4 aportados por la parte actora.

En cuanto a la revisión fáctica pretendida debe tenerse en cuenta que el artículo 193 b) de la Ley de Procedimiento Laboral exige que se invoquen documentos o pericias concretas que evidencien error del juzgador y obliguen a corregir las apreciaciones formadas por el mismo tras el juicio racional y con inmediación que es posible en la instancia, con valoración del conjunto de medios probatorios, como permite el artículo 97.2 de dicha ley procesal; por ello, no puede la Sala acoger la censura de hecho cuando el medio invocado sea inidóneo, no reúna las condiciones revisoras indicadas, se vea contradicho por otros, requiera conjeturas o hipótesis o haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia, como tampoco cabe acoger las revisiones fácticas que incluyan consideraciones valorativas o conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni las meras alteraciones insustanciales de lo que ya consta en la sentencia, explícitamente o por remisión. En consecuencia, no le es dable a la parte recurrente seleccionar y extraer de los diferentes informes médicos aquellas apreciaciones que le interesan para construir un cuadro residual adaptado a su parcial y subjetivo criterio.

Aplicando dicha doctrina al supuesto de autos el motivo debe desestimarse. Y ello porque como señala la recurrida en su escrito de impugnación expresamente la sentencia de instancia relaciona en sus HEDP décimo y undécimo tanto el escrito de 5 de mayo de 2023 y su traducción, firmado por el demandado Sr Gumersindo así como el correo electrónico de 22 de marzo de 2023 enviado por el demandado y su traducción, por ello valorados en la sentencia y sin poder incluirse en el relato fáctico valoración alguna sobre cuestiones jurídicas objeto de examen en el motivo de censura jurídica formulado.

TERCERO.-Como motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS interesa la recurrente la estimación de la demanda alegando infracción por la sentencia de instancia de los arts 1265, 1266, 1269 y 1270 del Ccivil, interesando la nulidad del acuerdo de conciliación judicial alcanzado por la parte actor y el demandado en los autos por despido 406/2023 homologado por auto de 22 de julio de 2024 por vicio en el consentimiento prestado.

La parte demandada en su escrito de impugnación, con remisión a lo fundamentado en la sentencia de instancia, interesó la desestimación del recurso habiendo alcanzado las partes en proceso por despido acuerdo homologado judicialmente en el auto cuya nulidad se interesa, sin intervención alguna respecto de sus efectos del hijo del actor Sr Ángel Daniel, no existiendo por ello vicio alguno en el consentimiento prestado por la empresa.

El art 84 de la LRJS señala: "3. En caso de no haber avenencia ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez, la jueza o el tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del letrado o letrada de la Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa...

5. La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad".

En autos el acuerdo alcanzado entre las partes en el proceso por despido 406/2023 seguido ante el Juzgado Social 1 de Barcelona fue ante la Magistrada durante el desarrollo el acto de juicio en fecha 18 de julio de 2023 y en los términos previstos en el art 85.8 de la LRJS: "El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá la celebración del juicio".

De ahí que el auto cuya nulidad la empresa demandante insta fuera dictado en fecha 22 de julio de 2024.

Remitiendo el art 84.6 de la LRJS como motivos justificativos de la nulidad de acuerdos conciliatorios alcanzados entre las partes a las "causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad" la doctrina jurisprudencial en el orden social ha venido examinando los supuestos en los que, por consentimiento viciado, tales acuerdos en conciliación judicial podrían verse anulados.

Así, respecto del error como vicio del consentimiento en general y su posible eficacia en el orden jurisdiccional social la STS de 30 de enero de 2025 señala: "El art. 1261 del CC dispone que no hay contrato sino cuando concurre el consentimiento de los contratantes que, según dispone el art. 1262, se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, siendo nulo el consentimiento prestado por error, según señala el art. 1265 del citado texto legal . Para que el error invalide el consentimiento, el art. 1266 dispone que debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

Esta Sala, como refieren las partes recurrentes, curiosamente con base en la misma doctrina que la sentencia recurrida cita, aplicando la doctrina civil en relación con aquellos preceptos legales, y respecto de situaciones individualizadas, ha venido manteniendo que " para que el error en el consentimiento invalide el consentimiento es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sean imputables a quien lo padece debiendo existir un nexo causal entre el mismo y la finalidad que pretendía el negocio jurídico concertado ", como se dice en la STS de 29 de junio de 2009 (rcud 2489/2008 ), en la que también se recoge, en relación con los arts. 1265 y 1266 del CC , que " Es cierto que dichos artículos no declaran la inexcusabilidad del error como requisito para que produzca efectos invalidantes. Como ya señaló la sentencia de esta Sala de 4- enero-1982 ... se trata de un elemento que la jurisprudencia exige pese al silencio del Código Civil y que está presente en el campo del derecho foral ..., en virtud del cual se niega al error la eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser salvado empleando una diligencia media o regular, para lo cual habrá que atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las personales (análogamente a como lo hace el artículo 1484, in fine, del CC para los defectos de la cosa vendida), valorando las respectivas conductas según el principio de la buena fe (art. 1258), pues si el adquirente tiene el deber de informarse, el mismo principio de responsabilidad negocial le impone al enajenante el deber de informar. Como la misma sentencia se encarga de advertir, las particularidades del caso en orden a la excusabilidad del error han de ponderarse «desde el ángulo de la bona fides y del principio de confianza, a los que habrá de darse la relevancia que merecen en el tráfico jurídico», teniendo en cuenta siempre que la necesidad de excusabilidad del error -supuesta la existencia del mismo- tiene como finalidad primordial la protección del lógico y lícito interés negocial de la otra parte".

Respecto del dolo como vicio del consentimiento la sentencia de nuestra Sala de 11 de diciembre de 2019, recurso 3806/2019 entre muchas señala: "Tercero.- Por lo que respecta al supuesto dolo, las previsiones del artículo 1269 del CC determinan que pueda ser apreciado cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no se hubiera hecho, lo que únicamente produce la nulidad si es grave y unilateral.

La aplicación del precepto efectuada por la jurisprudencia civil comporta que se comprenda en dicho vicio, tanto la insidia directa e inductora de la conducta errónea del otro contratante, como la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente a la otra parte, en contra del deber de informar que exige la buena fe, por lo que es necesario el empleo de maquinaciones engañosas, que pueden consistir tanto en una actuación positiva, como en una abstención u omisión, junto con la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio jurídico que de otra forma no hubiera realizado".

El examen de la censura jurídica formulada por la empresa demandante en su recurso exige reproducir en los aspectos más relevantes el preciso relato fáctico de la sentencia de instancia no modificado, junto con las afirmaciones de hecho realizadas al amparo de la concreta prueba practicada y examinada en la fundamentación jurídica. Y ello a los efectos de valorar la, se anticipa, exhaustiva y acertada fundamentación jurídica de la citada sentencia:

1.- En los autos 406/2023 seguidos ante el Juzgado Social 1 de Sabadell el ahora demandado Sr Gumersindo instó la improcedencia de su despido frente a la empresa ahora demandante MMC despido improcedente frente a la empresa. Constando como efectos del despido disciplinario el 30 de marzo de 2023, se solicitó como indemnización por despido la pactada por importe de 169.917?26 euros.

Hecho 2.4 de la demanda por despido, reproducido a HEDP de la sentencia ahora recurrida consta proceso de Due Diligence que culminó con la compraventa de participaciones sociales el 11 de marzo de 2022 por el grupo Stelaiu. Siendo el precio fijo pactado de 866.666?67 euros, abonados el 11 de marzo de 2022, se pactó un precio variable con las siguientes condiciones:

Importe máximo de 433.333?33 euros condicionado a un importe del EBITDA y a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 31 de marzo de 2023 (tramo "Earn Out 1").

Importe máximo de 600.000 euros condicionado a un importe del EBITDA a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 30 de junio de 2023 (tramo "Earn Out 2").

Importe máximo de 1.200.000 euros condicionado a un importe del EBITDA a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 30 DE JUNIO DE 2024 (tramo "Earn Out 3").

No obstante, lo anterior, en caso de producirse la baja voluntaria del demandado Sr. Gumersindo en MMC o su despido disciplinario declarado procedente antes del 30 de abril de 2023, no se devengaría ni el E01, ni el E02. En caso de que la extinción de su contrato se produjera por tal circunstancia entre el 30 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2024, no se devengaría el E03.

En el hecho cuarto de la demanda por despido in fine se hizo constar: "En consecuencia, y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar en otros órdenes jurisdiccionales respecto a los impagos de los conceptos E01 y E02 y el pago de las deudas pendientes que MMC mantiene con EI (cuyas acciones esta partese reserva expresamente contra los responsables de la propia Empresa y del Grupo Steliau), el despido llevado a cabo no se ajusta a los parámetros formales ni de fondo exigidos por la normativa y jurisprudencia de aplicación y, en consecuencia, debe declararse improcedente por las razones expuestas, lo que debe llevar aparejado el pago de la indemnización acordada en la cláusula 10.5 del contrato de trabajo del Sr. Gumersindo y que, de conformidad con las circunstancias señaladas en el Hecho Primero de este escrito, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (€ 169.917,26)".

2.- En el acto de juicio en el procedimiento por despido la juzgadora ofreció a las partes la posibilidad de que alcanzaran un acuerdo en aplicación del art 85.8 LRJS.

Fuera de la sala consta negociación por las partes, con anuncio del acuerdo expuesto por el letrado de la empresa oralmente y grabado en el sistema del juzgado siendo el acto de juicio celebrado el 18 de julio de 2022. Su contenido en auto de 22 de julio de 2024 es el siguiente, reproducido por su importancia al ser el reclamado en su nulidad en demanda:

"Dicho acuerdo consiste en:

1-. El demandante desiste del procedimiento nº131/2024, tramitado en el Juzgado de lo Social nº1 de Sabadell, y la empresa demandada se compromete a abonar el pacto de no competencia con las mismas condiciones que hasta la actualidad hasta el término del mismo.

2-. MEDIA MICROCOMPUTER, S.L.U, desiste del procedimiento de reclamación de cantidad interpuesto contra Gumersindo en reclamación de 145.000$, iniciado mediante conciliación, y a cualquier reclamación vinculada a la misma.

3-. El actor renuncia y/o desiste a cualquier reclamación vinculada a la compraventa de la empresa en el mes de marzo de 2022, y, particularmente, de los earn out que pudieran corresponderle, especialmente, respecto de la demanda ya iniciada o interpuesta sobre este particular, sin costas, y a cualquier otra reclamación abierta o futura al respecto.

4-. MEDIA MICROCOMPUTER, S.L.U, reconoce la improcedencia del despido impugnado en el presente procedimiento, y se compromete a abonar la suma de 169.917 ?26 euros brutos, con las retenciones fiscales correspondientes, en el plazo de 48 horas desde la homologación del presente acuerdo.

Tras dicho acuerdo, con los respectivos desistimientos y abonos, ambas partes manifiestan que no tendrán nada más que reclamar ni pedir a la adversa en el ámbito laboral, mercantil o cualquier otro, y se consideran saldados y finiquitados por todos los conceptos derivados de la relación que les unía".

HEDP tercero de la sentencia.

La empresa ahora demandante instó en fecha 24 de julio de 2024 la aclaración-complemento del auto de homologación del acuerdo de 22 de julio de 2024, haciendo referencia respecto del punto 3 del acuerdo a una "falta de concreción que podría derivar en la generación de un derecho al cobro parcial del Earn Out por parte de Ángel Daniel".

Por auto 18 de septiembre de 2024 no fue aclarado o complementado el auto de 22 de julio de 2024 alegándose pretender la empresa sorpresivamente "... incluir en el acuerdo términos que no fueron manifestados en su debido momento. Evidentemente, este Tribunal desconoce el contenido de las negociaciones y conversaciones mantenidas inter partes, pero es evidente a la luz de la grabación del acuerdo, que los términos que pretende adicionar no fueron manifestados, y que la parte actora se opone a su inclusión".

HEDP cuarto y quinto de la sentencia de instancia.

3.- A HEDP octavo se recoge cómo en fecha 11 de marzo de 2022 el Sr Gumersindo, único demandante en el proceso por despido, concertó con la empresa contrato de trabajo como alta dirección.

En la misma fecha se elevó a público el contrato privado de compraventa de participaciones concertado por el Sr Gumersindo y Ángel Daniel como vendedores y Romulo en representación de SPECIALIND PRODUCTOS S.L.U; el primero (demandante en el proceso por despido) titular de 80.000 participaciones y el segundo de 20.000 participaciones.

Dicha escritura fue aportada por el Sr Gumersindo y la empresa MMC demandada en el proceso por despido.

A HEDP noveno consta como los Srs Gumersindo y Ángel Daniel interpusieron demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona firmada el 16 de julio de 2024 reclamando de la empresa SPECIALIND PRODUCTOS S.L. 1.786.666?66 euros el SR Gumersindo y 446.666?67 euros el SR Ángel Daniel.

Dicha demanda consta admitida por Decreto de 5 de septiembre de 2024.

4.- En los términos señalados al desestimar la revisión fáctica interesada por la empresa en su recurso consta a HEDP décimo de la sentencia de instancia escrito de 5 de mayo de 2023 dirigido por el Sr Gumersindo a SPECIALIND PRODUCTOS SLU alegando incumplimientos por parte del comprador e información sobre los Earn Out de 2022 así como información de actividades en España de MMC, la empresa demandada en proceso por despido y ahora recurrente y su grupo de sociedades.

En dicho escrito, si bien firmado solo por el Sr Gumersindo, consta la utilización del plural "Nos referimos",señalando como vendedores al Sr Gumersindo y Ángel Daniel, incluyendo términos como "Vendedores", "notificamos formalmente", "requerimos" o "esperamos su pronta respuesta".

Igualmente a HEDP undécimo consta corro electrónico de 22 de marzo de 2023 del Sr Gumersindo al Sr Carlos Jesús, Romulo con copia para la Sra María Luisa manifestando no haber recibido noticia de los pagos pactados en la compraventa de participaciones habiendo MMC cumplido los objetivos a los que se condicionaba.

Partiendo de dicho relato fáctico, la censura jurídica formalizada por la empresa en recurso debe ser desestimada. Y ello al no existir vicio alguno de consentimiento por dolo reprochable al Sr Gumersindo o error de carácter inexcusable en el acuerdo de conciliación alcanzado por las partes en proceso por despido y homologado por auto de 22 de julio de 2024 por el Juzgado Social 1 de Sabadell.

De nuevo haciendo referencia, y asumiendo por compartir esta Sala plenamente su acertada conclusión la exhaustiva fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, la desestimación de la censura jurídica se sustenta:

1.- La pretendida nulidad por vicio en el consentimiento empresarial al alcanzarse el acuerdo de conciliación homologado judicialmente en el auto de 22 de julio de 2024 se relacionaría con la reclamación y posible cobro en concepto de los denominados "Earn Out" por el Sr Ángel Daniel, hijo del ahora demandado y demandante en el proceso por despido, importes que derivarían de la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 alegando la empresa que "...tenía el convencimiento que la totalidad del cobro le correspondía a Gumersindo, o bien que transaccionaba por la totalidad del importe".

Dicha afirmación carece de todo sustento en autos. Como señala la sentencia de instancia el acuerdo de conciliación fue alcanzado ante la juzgadora en los autos por despido 406/2023 y no ante el-la LAJ del juzgado; el propio letrado de la empresa en dicho procedimiento fue quien expuso el acuerdo, homologado en el auto de 22 de julio de 2024 que ahora se impugna por vicio en el consentimiento.

La demanda era únicamente en proceso por despido y por el Sr Gumersindo estando lógicamente solo éste legitimado para transaccionar de forma "privada y fuera de la sala"como señala la sentencia con la empresa las consecuencias propias relativas al abono de suma por Earn Out propio de las que a punto 3 del acuerdo homologado renunció/desistió, al igual que la empresa desistió de una demanda interpuesta frente al Sr Gumersindo por importe de 145.000$ a punto 2.

2.- Respecto del error o dolo inducido por parte del Sr Gumersindo en cuanto al posible derecho al cobro de los Earn Out por parte de Ángel Daniel ninguno elemento probatorio al respecto se acredita en autos.

Consta, por figurar en el contrato de compraventa elevado a escritura pública el 11 de marzo de 2022 como el Sr Ángel Daniel, hijo del ahora demandado, era titular del 20% de las participaciones vendidas en escritura pública de 11 de marzo de 2022, siendo el 80% restante titularidad del demandante en el proceso por despido Sr Gumersindo.

El documento de compraventa fue aportado al proceso por despido por la propia empresa demandada, siendo por ello conocido perfectamente a fecha de alcanzarse el acuerdo homologado judicialmente ahora impugnado.

Consta como el Sr Romulo en su interrogatorio reconoció haber acudido en representación de la empresa compradora SPECIALIND PRODUCTOS SLU al acto de elevación a pública de la compraventa.

Por ello ningún error al respecto puede ser alegado por la empresa que, de existir, serían perfectamente subsanable con la mera lectura de un contrato de compraventa de participaciones que conocía y aportó al proceso por despido.

3.- El acuerdo homologado por auto de 22 de julio de 2024 lo es en proceso por despido instado por el Sr Gumersindo, sin ser por ello parte su hijo Sr Ángel Daniel, no representado en momento alguno. Únicamente el Sr Gumersindo renuncia/desiste de cualquier reclamación vinculada a la compraventa de participaciones en el punto 3 del acuerdo, no su hijo.

Del mail de 22 de marzo de 2023, 16 meses anterior al acuerdo homologado por auto en el proceso por despido, no se deduce negociación alguna del Sr Gumersindo en nombre de su hijo, el cual acudió personalmente a la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 sin que conste representado en dicho momento, ni en otro posterior, por su padre y ahora demandado.

Respecto del escrito de mayo de 2023, por ello igualmente anterior en más de un año a la fecha del acuerdo de conciliación homologado, si bien la sentencia reconoce su firma únicamente por el Sr Gumersindo en el mismo utiliza de forma reiterada un plural que, como concluye la sentencia, se refiere a los Srs Gumersindo y Ángel Daniel que, vendedores de participaciones en la compraventa de 11 de marzo de 2022, reclamaban de la empresa sumas por Earn Out debidas por separado a los mismos.

4.- Respecto de la demanda presentada ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona por los Srs Gumersindo y Ángel Daniel, consta admitida por Decreto de 5 de septiembre de 2024, posterior en consecuencia al acuerdo y auto de homologación en el proceso por despido objeto de autos.

En cualquier caso del contenido literal del punto 3 del acuerdo alcanzado y homologado judicialmente en proceso por despido se evidencia que la ahora actora MMC como demandada conocía de la demanda porque, y referido únicamente al actor en los autos por despido Sr Gumersindo y no a su hijo, se hace referencia a la renuncia/desistimiento "de la demanda ya iniciada o interpuesta...y a cualquier otra reclamación abierta o futura al respecto".

Ratificando las valoraciones jurídicas de la sentencia de instancia, no puede estimarse la censura jurídica pretendida por la empresa en su recurso alegando un error en la creencia de que el hijo del ahora demandado Sr Ángel Daniel también se veía afectado por el acuerdo y debía desistir de la reclamación por Earn out de la demanda civil, error que de existir en la empresa no solo era excusable sino impropio ante la claridad de lo pactado con el debido asesoramiento en el proceso por despido, el contenido del clausulado de la compraventa en la que de forma nítidamente separada como vendedores figuraban el Sr Gumersindo y el Sr Ángel Daniel, la no legitimación ni presencia como parte, siquiera representado, del Sr Ángel Daniel en el proceso por despido y el conocimiento a punto 3 del acuerdo homologado por la empresa ahora demandante de la demanda "ya iniciada o interpuesta" en la que figuraba como demandante junto con el Sr Gumersindo, que en el acuerdo desistió/renunció a la pretensión ejercitada en la misma el Sr Ángel Daniel, que en momento alguno podía verse afectado por el contenido del acuerdo de homologación.

En cuanto a la alegada ocultación por el Sr Gumersindo a su propio letrado que el acuerdo alcanzado en proceso por despido "escondía la posibilidad de que su hijo cobrara"lo reclamado por Earn Out, siendo una mera manifestación de parte al haberse producido, como destaca la sentencia de instancia, la negociación del contenido del acuerdo finalmente homologado en el acto de juicio de forma privada entre las partes, no cabe reprochar ocultación alguna por el ahora demandado ante se repite la claridad del contenido del acuerdo, de la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 conocida y aportada a los autos por la empresa ahora recurrente y de la demanda "iniciada o interpuesta" ante la jurisdicción civil a la que el punto 3 del acuerdo se refiere y que, de forma indubitada, suponía una pretensión por reclamación de cantidad por parte del Sr Ángel Daniel no afectada por el acuerdo conciliatorio en sede de despido únicamente alcanzado con la empresa por el Sr Gumersindo.

Por lo anterior procede la desestimación del motivo de censura jurídica formalizado por la empresa demandante, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en los artículos 204 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede respecto de la empresa recurrente la pérdida del depósito y consignación, en su caso, efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez esta sentencia sea firme; así como la imposición de costas a la parte recurrente, incluidos los honorarios del letrado de la parte impugnante en el recurso, que la Sala fijará en la parte dispositiva de esta sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La empresa demandante interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en fecha 7 de abril de 2025 por el Juzgado Social 1 de Sabadell desestimatoria de la pretensión actora interesando la declaración de nulidad del acuerdo alcanzado en los autos por despido 406/2023 y homologado judicialmente en auto de 22 de julio de 2024.

La parte recurrente alegó motivo de revisión fáctica al amparo del art 193 b) de la LRJS y motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada.

SEGUNDO.-Como primer motivo del recurso al amparo del art 193 b) de la LRJS la parte recurrente, prescindiendo de la valoración de los "antecedentes"del recurso por innecesarios, interesó la adición de un nuevo hecho probado-HEDP en adelante primero bis en la sentencia, con el siguiente redactado: "Don Gumersindo, quien ostentó la posición de parte actora en el procedimiento de despido, reclamó por escrito, en dos ocasiones, el pago íntegro de los "Earn Outs" que pudieran haberse devengado hasta ese momento (EO1 y EO2).

En concreto, la primera reclamación se formuló por correo electrónico el 22 de marzo de 2023, sin que conste que en dicha reclamación -referida a la totalidad de los "Earn Outs"- interviniera o la firmara su hijo, Don Ángel Daniel.

La segunda reclamación, fechada el 5 de mayo de 2023, se remitió mediante burofax y aparece encabezada por ambos, Don Gumersindo y Don Ángel Daniel, identificados como "vendedores", si bien la misma figura firmada digital y únicamente por Don Gumersindo."

Como fundamento de la pretensión alegó los doc 3 y 4 aportados por la parte actora.

En cuanto a la revisión fáctica pretendida debe tenerse en cuenta que el artículo 193 b) de la Ley de Procedimiento Laboral exige que se invoquen documentos o pericias concretas que evidencien error del juzgador y obliguen a corregir las apreciaciones formadas por el mismo tras el juicio racional y con inmediación que es posible en la instancia, con valoración del conjunto de medios probatorios, como permite el artículo 97.2 de dicha ley procesal; por ello, no puede la Sala acoger la censura de hecho cuando el medio invocado sea inidóneo, no reúna las condiciones revisoras indicadas, se vea contradicho por otros, requiera conjeturas o hipótesis o haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia, como tampoco cabe acoger las revisiones fácticas que incluyan consideraciones valorativas o conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni las meras alteraciones insustanciales de lo que ya consta en la sentencia, explícitamente o por remisión. En consecuencia, no le es dable a la parte recurrente seleccionar y extraer de los diferentes informes médicos aquellas apreciaciones que le interesan para construir un cuadro residual adaptado a su parcial y subjetivo criterio.

Aplicando dicha doctrina al supuesto de autos el motivo debe desestimarse. Y ello porque como señala la recurrida en su escrito de impugnación expresamente la sentencia de instancia relaciona en sus HEDP décimo y undécimo tanto el escrito de 5 de mayo de 2023 y su traducción, firmado por el demandado Sr Gumersindo así como el correo electrónico de 22 de marzo de 2023 enviado por el demandado y su traducción, por ello valorados en la sentencia y sin poder incluirse en el relato fáctico valoración alguna sobre cuestiones jurídicas objeto de examen en el motivo de censura jurídica formulado.

TERCERO.-Como motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS interesa la recurrente la estimación de la demanda alegando infracción por la sentencia de instancia de los arts 1265, 1266, 1269 y 1270 del Ccivil, interesando la nulidad del acuerdo de conciliación judicial alcanzado por la parte actor y el demandado en los autos por despido 406/2023 homologado por auto de 22 de julio de 2024 por vicio en el consentimiento prestado.

La parte demandada en su escrito de impugnación, con remisión a lo fundamentado en la sentencia de instancia, interesó la desestimación del recurso habiendo alcanzado las partes en proceso por despido acuerdo homologado judicialmente en el auto cuya nulidad se interesa, sin intervención alguna respecto de sus efectos del hijo del actor Sr Ángel Daniel, no existiendo por ello vicio alguno en el consentimiento prestado por la empresa.

El art 84 de la LRJS señala: "3. En caso de no haber avenencia ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez, la jueza o el tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del letrado o letrada de la Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa...

5. La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad".

En autos el acuerdo alcanzado entre las partes en el proceso por despido 406/2023 seguido ante el Juzgado Social 1 de Barcelona fue ante la Magistrada durante el desarrollo el acto de juicio en fecha 18 de julio de 2023 y en los términos previstos en el art 85.8 de la LRJS: "El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá la celebración del juicio".

De ahí que el auto cuya nulidad la empresa demandante insta fuera dictado en fecha 22 de julio de 2024.

Remitiendo el art 84.6 de la LRJS como motivos justificativos de la nulidad de acuerdos conciliatorios alcanzados entre las partes a las "causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad" la doctrina jurisprudencial en el orden social ha venido examinando los supuestos en los que, por consentimiento viciado, tales acuerdos en conciliación judicial podrían verse anulados.

Así, respecto del error como vicio del consentimiento en general y su posible eficacia en el orden jurisdiccional social la STS de 30 de enero de 2025 señala: "El art. 1261 del CC dispone que no hay contrato sino cuando concurre el consentimiento de los contratantes que, según dispone el art. 1262, se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, siendo nulo el consentimiento prestado por error, según señala el art. 1265 del citado texto legal . Para que el error invalide el consentimiento, el art. 1266 dispone que debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

Esta Sala, como refieren las partes recurrentes, curiosamente con base en la misma doctrina que la sentencia recurrida cita, aplicando la doctrina civil en relación con aquellos preceptos legales, y respecto de situaciones individualizadas, ha venido manteniendo que " para que el error en el consentimiento invalide el consentimiento es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sean imputables a quien lo padece debiendo existir un nexo causal entre el mismo y la finalidad que pretendía el negocio jurídico concertado ", como se dice en la STS de 29 de junio de 2009 (rcud 2489/2008 ), en la que también se recoge, en relación con los arts. 1265 y 1266 del CC , que " Es cierto que dichos artículos no declaran la inexcusabilidad del error como requisito para que produzca efectos invalidantes. Como ya señaló la sentencia de esta Sala de 4- enero-1982 ... se trata de un elemento que la jurisprudencia exige pese al silencio del Código Civil y que está presente en el campo del derecho foral ..., en virtud del cual se niega al error la eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser salvado empleando una diligencia media o regular, para lo cual habrá que atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las personales (análogamente a como lo hace el artículo 1484, in fine, del CC para los defectos de la cosa vendida), valorando las respectivas conductas según el principio de la buena fe (art. 1258), pues si el adquirente tiene el deber de informarse, el mismo principio de responsabilidad negocial le impone al enajenante el deber de informar. Como la misma sentencia se encarga de advertir, las particularidades del caso en orden a la excusabilidad del error han de ponderarse «desde el ángulo de la bona fides y del principio de confianza, a los que habrá de darse la relevancia que merecen en el tráfico jurídico», teniendo en cuenta siempre que la necesidad de excusabilidad del error -supuesta la existencia del mismo- tiene como finalidad primordial la protección del lógico y lícito interés negocial de la otra parte".

Respecto del dolo como vicio del consentimiento la sentencia de nuestra Sala de 11 de diciembre de 2019, recurso 3806/2019 entre muchas señala: "Tercero.- Por lo que respecta al supuesto dolo, las previsiones del artículo 1269 del CC determinan que pueda ser apreciado cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no se hubiera hecho, lo que únicamente produce la nulidad si es grave y unilateral.

La aplicación del precepto efectuada por la jurisprudencia civil comporta que se comprenda en dicho vicio, tanto la insidia directa e inductora de la conducta errónea del otro contratante, como la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente a la otra parte, en contra del deber de informar que exige la buena fe, por lo que es necesario el empleo de maquinaciones engañosas, que pueden consistir tanto en una actuación positiva, como en una abstención u omisión, junto con la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio jurídico que de otra forma no hubiera realizado".

El examen de la censura jurídica formulada por la empresa demandante en su recurso exige reproducir en los aspectos más relevantes el preciso relato fáctico de la sentencia de instancia no modificado, junto con las afirmaciones de hecho realizadas al amparo de la concreta prueba practicada y examinada en la fundamentación jurídica. Y ello a los efectos de valorar la, se anticipa, exhaustiva y acertada fundamentación jurídica de la citada sentencia:

1.- En los autos 406/2023 seguidos ante el Juzgado Social 1 de Sabadell el ahora demandado Sr Gumersindo instó la improcedencia de su despido frente a la empresa ahora demandante MMC despido improcedente frente a la empresa. Constando como efectos del despido disciplinario el 30 de marzo de 2023, se solicitó como indemnización por despido la pactada por importe de 169.917?26 euros.

Hecho 2.4 de la demanda por despido, reproducido a HEDP de la sentencia ahora recurrida consta proceso de Due Diligence que culminó con la compraventa de participaciones sociales el 11 de marzo de 2022 por el grupo Stelaiu. Siendo el precio fijo pactado de 866.666?67 euros, abonados el 11 de marzo de 2022, se pactó un precio variable con las siguientes condiciones:

Importe máximo de 433.333?33 euros condicionado a un importe del EBITDA y a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 31 de marzo de 2023 (tramo "Earn Out 1").

Importe máximo de 600.000 euros condicionado a un importe del EBITDA a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 30 de junio de 2023 (tramo "Earn Out 2").

Importe máximo de 1.200.000 euros condicionado a un importe del EBITDA a abonar en los 10 días posteriores a su cuantificación y no más tarde del 30 DE JUNIO DE 2024 (tramo "Earn Out 3").

No obstante, lo anterior, en caso de producirse la baja voluntaria del demandado Sr. Gumersindo en MMC o su despido disciplinario declarado procedente antes del 30 de abril de 2023, no se devengaría ni el E01, ni el E02. En caso de que la extinción de su contrato se produjera por tal circunstancia entre el 30 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2024, no se devengaría el E03.

En el hecho cuarto de la demanda por despido in fine se hizo constar: "En consecuencia, y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar en otros órdenes jurisdiccionales respecto a los impagos de los conceptos E01 y E02 y el pago de las deudas pendientes que MMC mantiene con EI (cuyas acciones esta partese reserva expresamente contra los responsables de la propia Empresa y del Grupo Steliau), el despido llevado a cabo no se ajusta a los parámetros formales ni de fondo exigidos por la normativa y jurisprudencia de aplicación y, en consecuencia, debe declararse improcedente por las razones expuestas, lo que debe llevar aparejado el pago de la indemnización acordada en la cláusula 10.5 del contrato de trabajo del Sr. Gumersindo y que, de conformidad con las circunstancias señaladas en el Hecho Primero de este escrito, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (€ 169.917,26)".

2.- En el acto de juicio en el procedimiento por despido la juzgadora ofreció a las partes la posibilidad de que alcanzaran un acuerdo en aplicación del art 85.8 LRJS.

Fuera de la sala consta negociación por las partes, con anuncio del acuerdo expuesto por el letrado de la empresa oralmente y grabado en el sistema del juzgado siendo el acto de juicio celebrado el 18 de julio de 2022. Su contenido en auto de 22 de julio de 2024 es el siguiente, reproducido por su importancia al ser el reclamado en su nulidad en demanda:

"Dicho acuerdo consiste en:

1-. El demandante desiste del procedimiento nº131/2024, tramitado en el Juzgado de lo Social nº1 de Sabadell, y la empresa demandada se compromete a abonar el pacto de no competencia con las mismas condiciones que hasta la actualidad hasta el término del mismo.

2-. MEDIA MICROCOMPUTER, S.L.U, desiste del procedimiento de reclamación de cantidad interpuesto contra Gumersindo en reclamación de 145.000$, iniciado mediante conciliación, y a cualquier reclamación vinculada a la misma.

3-. El actor renuncia y/o desiste a cualquier reclamación vinculada a la compraventa de la empresa en el mes de marzo de 2022, y, particularmente, de los earn out que pudieran corresponderle, especialmente, respecto de la demanda ya iniciada o interpuesta sobre este particular, sin costas, y a cualquier otra reclamación abierta o futura al respecto.

4-. MEDIA MICROCOMPUTER, S.L.U, reconoce la improcedencia del despido impugnado en el presente procedimiento, y se compromete a abonar la suma de 169.917 ?26 euros brutos, con las retenciones fiscales correspondientes, en el plazo de 48 horas desde la homologación del presente acuerdo.

Tras dicho acuerdo, con los respectivos desistimientos y abonos, ambas partes manifiestan que no tendrán nada más que reclamar ni pedir a la adversa en el ámbito laboral, mercantil o cualquier otro, y se consideran saldados y finiquitados por todos los conceptos derivados de la relación que les unía".

HEDP tercero de la sentencia.

La empresa ahora demandante instó en fecha 24 de julio de 2024 la aclaración-complemento del auto de homologación del acuerdo de 22 de julio de 2024, haciendo referencia respecto del punto 3 del acuerdo a una "falta de concreción que podría derivar en la generación de un derecho al cobro parcial del Earn Out por parte de Ángel Daniel".

Por auto 18 de septiembre de 2024 no fue aclarado o complementado el auto de 22 de julio de 2024 alegándose pretender la empresa sorpresivamente "... incluir en el acuerdo términos que no fueron manifestados en su debido momento. Evidentemente, este Tribunal desconoce el contenido de las negociaciones y conversaciones mantenidas inter partes, pero es evidente a la luz de la grabación del acuerdo, que los términos que pretende adicionar no fueron manifestados, y que la parte actora se opone a su inclusión".

HEDP cuarto y quinto de la sentencia de instancia.

3.- A HEDP octavo se recoge cómo en fecha 11 de marzo de 2022 el Sr Gumersindo, único demandante en el proceso por despido, concertó con la empresa contrato de trabajo como alta dirección.

En la misma fecha se elevó a público el contrato privado de compraventa de participaciones concertado por el Sr Gumersindo y Ángel Daniel como vendedores y Romulo en representación de SPECIALIND PRODUCTOS S.L.U; el primero (demandante en el proceso por despido) titular de 80.000 participaciones y el segundo de 20.000 participaciones.

Dicha escritura fue aportada por el Sr Gumersindo y la empresa MMC demandada en el proceso por despido.

A HEDP noveno consta como los Srs Gumersindo y Ángel Daniel interpusieron demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona firmada el 16 de julio de 2024 reclamando de la empresa SPECIALIND PRODUCTOS S.L. 1.786.666?66 euros el SR Gumersindo y 446.666?67 euros el SR Ángel Daniel.

Dicha demanda consta admitida por Decreto de 5 de septiembre de 2024.

4.- En los términos señalados al desestimar la revisión fáctica interesada por la empresa en su recurso consta a HEDP décimo de la sentencia de instancia escrito de 5 de mayo de 2023 dirigido por el Sr Gumersindo a SPECIALIND PRODUCTOS SLU alegando incumplimientos por parte del comprador e información sobre los Earn Out de 2022 así como información de actividades en España de MMC, la empresa demandada en proceso por despido y ahora recurrente y su grupo de sociedades.

En dicho escrito, si bien firmado solo por el Sr Gumersindo, consta la utilización del plural "Nos referimos",señalando como vendedores al Sr Gumersindo y Ángel Daniel, incluyendo términos como "Vendedores", "notificamos formalmente", "requerimos" o "esperamos su pronta respuesta".

Igualmente a HEDP undécimo consta corro electrónico de 22 de marzo de 2023 del Sr Gumersindo al Sr Carlos Jesús, Romulo con copia para la Sra María Luisa manifestando no haber recibido noticia de los pagos pactados en la compraventa de participaciones habiendo MMC cumplido los objetivos a los que se condicionaba.

Partiendo de dicho relato fáctico, la censura jurídica formalizada por la empresa en recurso debe ser desestimada. Y ello al no existir vicio alguno de consentimiento por dolo reprochable al Sr Gumersindo o error de carácter inexcusable en el acuerdo de conciliación alcanzado por las partes en proceso por despido y homologado por auto de 22 de julio de 2024 por el Juzgado Social 1 de Sabadell.

De nuevo haciendo referencia, y asumiendo por compartir esta Sala plenamente su acertada conclusión la exhaustiva fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, la desestimación de la censura jurídica se sustenta:

1.- La pretendida nulidad por vicio en el consentimiento empresarial al alcanzarse el acuerdo de conciliación homologado judicialmente en el auto de 22 de julio de 2024 se relacionaría con la reclamación y posible cobro en concepto de los denominados "Earn Out" por el Sr Ángel Daniel, hijo del ahora demandado y demandante en el proceso por despido, importes que derivarían de la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 alegando la empresa que "...tenía el convencimiento que la totalidad del cobro le correspondía a Gumersindo, o bien que transaccionaba por la totalidad del importe".

Dicha afirmación carece de todo sustento en autos. Como señala la sentencia de instancia el acuerdo de conciliación fue alcanzado ante la juzgadora en los autos por despido 406/2023 y no ante el-la LAJ del juzgado; el propio letrado de la empresa en dicho procedimiento fue quien expuso el acuerdo, homologado en el auto de 22 de julio de 2024 que ahora se impugna por vicio en el consentimiento.

La demanda era únicamente en proceso por despido y por el Sr Gumersindo estando lógicamente solo éste legitimado para transaccionar de forma "privada y fuera de la sala"como señala la sentencia con la empresa las consecuencias propias relativas al abono de suma por Earn Out propio de las que a punto 3 del acuerdo homologado renunció/desistió, al igual que la empresa desistió de una demanda interpuesta frente al Sr Gumersindo por importe de 145.000$ a punto 2.

2.- Respecto del error o dolo inducido por parte del Sr Gumersindo en cuanto al posible derecho al cobro de los Earn Out por parte de Ángel Daniel ninguno elemento probatorio al respecto se acredita en autos.

Consta, por figurar en el contrato de compraventa elevado a escritura pública el 11 de marzo de 2022 como el Sr Ángel Daniel, hijo del ahora demandado, era titular del 20% de las participaciones vendidas en escritura pública de 11 de marzo de 2022, siendo el 80% restante titularidad del demandante en el proceso por despido Sr Gumersindo.

El documento de compraventa fue aportado al proceso por despido por la propia empresa demandada, siendo por ello conocido perfectamente a fecha de alcanzarse el acuerdo homologado judicialmente ahora impugnado.

Consta como el Sr Romulo en su interrogatorio reconoció haber acudido en representación de la empresa compradora SPECIALIND PRODUCTOS SLU al acto de elevación a pública de la compraventa.

Por ello ningún error al respecto puede ser alegado por la empresa que, de existir, serían perfectamente subsanable con la mera lectura de un contrato de compraventa de participaciones que conocía y aportó al proceso por despido.

3.- El acuerdo homologado por auto de 22 de julio de 2024 lo es en proceso por despido instado por el Sr Gumersindo, sin ser por ello parte su hijo Sr Ángel Daniel, no representado en momento alguno. Únicamente el Sr Gumersindo renuncia/desiste de cualquier reclamación vinculada a la compraventa de participaciones en el punto 3 del acuerdo, no su hijo.

Del mail de 22 de marzo de 2023, 16 meses anterior al acuerdo homologado por auto en el proceso por despido, no se deduce negociación alguna del Sr Gumersindo en nombre de su hijo, el cual acudió personalmente a la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 sin que conste representado en dicho momento, ni en otro posterior, por su padre y ahora demandado.

Respecto del escrito de mayo de 2023, por ello igualmente anterior en más de un año a la fecha del acuerdo de conciliación homologado, si bien la sentencia reconoce su firma únicamente por el Sr Gumersindo en el mismo utiliza de forma reiterada un plural que, como concluye la sentencia, se refiere a los Srs Gumersindo y Ángel Daniel que, vendedores de participaciones en la compraventa de 11 de marzo de 2022, reclamaban de la empresa sumas por Earn Out debidas por separado a los mismos.

4.- Respecto de la demanda presentada ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona por los Srs Gumersindo y Ángel Daniel, consta admitida por Decreto de 5 de septiembre de 2024, posterior en consecuencia al acuerdo y auto de homologación en el proceso por despido objeto de autos.

En cualquier caso del contenido literal del punto 3 del acuerdo alcanzado y homologado judicialmente en proceso por despido se evidencia que la ahora actora MMC como demandada conocía de la demanda porque, y referido únicamente al actor en los autos por despido Sr Gumersindo y no a su hijo, se hace referencia a la renuncia/desistimiento "de la demanda ya iniciada o interpuesta...y a cualquier otra reclamación abierta o futura al respecto".

Ratificando las valoraciones jurídicas de la sentencia de instancia, no puede estimarse la censura jurídica pretendida por la empresa en su recurso alegando un error en la creencia de que el hijo del ahora demandado Sr Ángel Daniel también se veía afectado por el acuerdo y debía desistir de la reclamación por Earn out de la demanda civil, error que de existir en la empresa no solo era excusable sino impropio ante la claridad de lo pactado con el debido asesoramiento en el proceso por despido, el contenido del clausulado de la compraventa en la que de forma nítidamente separada como vendedores figuraban el Sr Gumersindo y el Sr Ángel Daniel, la no legitimación ni presencia como parte, siquiera representado, del Sr Ángel Daniel en el proceso por despido y el conocimiento a punto 3 del acuerdo homologado por la empresa ahora demandante de la demanda "ya iniciada o interpuesta" en la que figuraba como demandante junto con el Sr Gumersindo, que en el acuerdo desistió/renunció a la pretensión ejercitada en la misma el Sr Ángel Daniel, que en momento alguno podía verse afectado por el contenido del acuerdo de homologación.

En cuanto a la alegada ocultación por el Sr Gumersindo a su propio letrado que el acuerdo alcanzado en proceso por despido "escondía la posibilidad de que su hijo cobrara"lo reclamado por Earn Out, siendo una mera manifestación de parte al haberse producido, como destaca la sentencia de instancia, la negociación del contenido del acuerdo finalmente homologado en el acto de juicio de forma privada entre las partes, no cabe reprochar ocultación alguna por el ahora demandado ante se repite la claridad del contenido del acuerdo, de la compraventa de participaciones de 11 de marzo de 2022 conocida y aportada a los autos por la empresa ahora recurrente y de la demanda "iniciada o interpuesta" ante la jurisdicción civil a la que el punto 3 del acuerdo se refiere y que, de forma indubitada, suponía una pretensión por reclamación de cantidad por parte del Sr Ángel Daniel no afectada por el acuerdo conciliatorio en sede de despido únicamente alcanzado con la empresa por el Sr Gumersindo.

Por lo anterior procede la desestimación del motivo de censura jurídica formalizado por la empresa demandante, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en los artículos 204 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede respecto de la empresa recurrente la pérdida del depósito y consignación, en su caso, efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez esta sentencia sea firme; así como la imposición de costas a la parte recurrente, incluidos los honorarios del letrado de la parte impugnante en el recurso, que la Sala fijará en la parte dispositiva de esta sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación