Sentencia Social 2242/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 3396/2024 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia estimó en parte la demanda sobre reclamación de cantidad y, frente a este pronunciamiento, interpone recurso de suplicación la representación procesal de la entidad demandada, al amparo del art. 193 a), b) y c) de la L.R.J.S. , solicitando nulidad de actuaciones, revisión fáctica y alegando vulneración normativa, siendo el recurso impugnado.

SEGUNDO.-Por lo que se refiere a la nulidad de actuaciones,se alega infracción de los artículos 218 y 209.2, 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de los artículos 240 y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -e igualmente, se dice, se vulnera el artículo 24.1 de la Constitución Española, causando con ello indefensión, se produce incongruencia extra petita de la sentencia dictada respecto a las pretensiones de la parte demandante.

Debe recordarse que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. El art. 359 LEC impone que las sentencias sean congruentes con las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas en el pleito, lo que exige una correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia y las peticiones y resistencias de las partes, de forma que tal exigencia no se cumple «cuando el fallo concede más de lo pedido, menos de lo aceptado por la parte demandada, cosa distinta de lo solicitado» o cuando «manifieste desviación de la cuestión litigiosa por alterar de oficio los fundamentos de la pretensión» ( SSTS 15 diciembre 1994 [RJ 1994\10097] y 12 julio 1993 [RJ 1993\5670]); en palabras de las SSTS 14 enero 1997 ( RJ 1997\25) y 2 junio 1997 (RJ 1997\4617), para apreciar incongruencia es necesario confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y «petitum», si bien tal confrontación no significa una conformidad rígida y literal con los pedimentos de los suplicos de los escritos ( STS 4 marzo 1996 [RJ 1996\1965]), bastando que el fallo se adecue sustancialmente a lo solicitado, dado que en el proceso laboral el principio dispositivo tiene menos rigor que en el civil, por lo que no es incongruente que el Juez Social aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas por normas de derecho necesario o, que se concedan efectos no pedidos por las partes siempre que se ajusten al objeto material del proceso ( STS 16 noviembre 1993 [RJ 1994\1175]); pero sí que existe incongruencia si se alteran «de modo decisivo los términos en que se desarrolla la contienda, sustrayendo, a las partes, el verdadero debate contradictorio propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y derecho de defensa, y ocasionando un fallo no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes» ( STS 1 febrero 1993 [RJ 1993\1151]).

Al respecto, la STC 25/2012, de 27 de febrero indica: "Como ya dijimos, en la STC 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2, baste reproducir la síntesis efectuada en la STC 40/2006, de 13 de febrero, en la cual afirmábamos que: «La congruenciaviene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestasen definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3; ó 174/2004, de 18 de octubre, FJ 3; entre muchas otras). Recordaba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde pronunciamientos aún iniciales, como la STC 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3), hemos definido en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.Son muy numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado que puede sistematizarse, a los efectos que a este amparo interesan, en los siguientes puntos:

a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones,concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal.El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.

b) Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. De otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum,que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones.En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. Más concretamente, desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que, para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) , se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum),suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales. En algunas ocasiones, tiene declarado este Tribunal, ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquélla en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia. En efecto, se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (por todas, SSTC 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 182/2000, de 10 de julio, FJ 3; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; 211/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 8/2004, de 9 de febrero, FJ 4).».

Por lo demás, en la misma Sentencia, con cita de la STC 100/2004, de 2 de junio, recordábamos que: «La necesidad de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno.» ( STC 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2).".

Sentado todo lo anterior, no existe incongruencia extra petita puesto que no se concede algo distinto de lo solicitado, en la demanda se pedía una determinada cantidad de dinero derivada de la distinta jornada efectivamente realizada y una determinada cantidad en concepto de vacaciones, y la juzgadora de instancia no se ha pronunciado sobre otros temas, ha analizado la jornada a través de distintas pruebas y ha concedido la cantidad de 707,70 € por vacaciones no disfrutadas, condenando al abono total de 8.969,61 € cuando, en demanda, se solicitaban 10.462,62 €, por lo que no existe ningún tipo de incongruencia.

Por lo que se refiere a lo que se dice, precisión exigible, y la falta de claridad en el relato del hecho probado cuarto, en cuanto a la falta de motivación,el Tribunal Constitucional en su sentencia 13/1987 de 5 Febrero, indica que el artículo 120.3 de la Constitución establece que las sentencias serán siempre motivadas y la relación sistemática de este precepto con el art. 24 lleva a la conclusión insoslayable de que el ciudadano tiene derecho, dentro de la tutela judicial efectiva, a una sentencia motivada, lo que expresa un derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad jurídica en general de conocer las razones de la decisión que se adopta. Más recientemente, las sentencias de 18 marzo y 2 junio 1997, ambas relativas a la jurisdicción y procedimiento laboral, declaran que no es exigible en la motivación judicial una contestación explícita y pormenorizada a cada una de las alegaciones que fundan la pretensión contenida en demanda, bastando una respuesta global o genérica, aunque omita alegatos secundarios, comprensiva de las que vertebran el razonamiento de las partes. La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales garantizada desde la perspectiva constitucional es que aquéllas están fundadas y no constituyan un acto de mera voluntad del juzgador, excluyendo así la arbitrariedad judicial y posibilitando el correspondiente control de tales resoluciones.

Pues bien, en el caso de autos, la sentencia recurrida contiene los datos fácticos necesarios en la declaración de hechos probados a fin de dar respuesta a la demanda y no causar indefensión a la parte, y la juzgadora ha valorado las pruebas, estableciendo con argumentos suficientes la conclusión alcanzada en la sentencia, sin que esta Sala aprecie falta de motivación, precisión o claridad, pero, es más, si la recurrente quiere modificar algún hecho, tiene la posibilidad de realizarlo a través del apartado b) del artículo 193 LRJS.

Por tanto, la nulidad no puede ser estimada.

TERCERO.-En cuanto al error de hecho,solicita la revisión del HDP 1º proponiendo la siguiente redacción: "La actora prestó servicios para Canis Pajaritas SL en virtud de un contrato de trabajo a tiempo parcial de tres horas a la semana, primero pactado con carácter temporal y después convertido en indefinido, con fecha de inicio, el primero de ellos, el 1 de julio de 2015 con la categoría de dependienta. Se dan por reproducidos los contratos aportados. Se pactó en los mismos inicialmente como distribución del tiempo de trabajo los lunes, martes y jueves de 17 a 18 horas, si bien posteriormente se fueron modificando los días y horas de la prestación de servicios, los cuales se realizaban en el centro de la demandada en A Coruña. (Acreditado por la prueba documental)."

Seguidamente solicita la revisión del HDP 3º a fin de quedar redactado del siguiente modo: "Constan pedidos entregados en la clínica en A Coruña y recibidos por la actora en las siguientes fechas: pedido de 2 de junio de 2017 remitido por Setter Bakio SL a las 18,34 horas; pedido de Trixder Jys Sl el 8 de junio de 2017 a las 18 horas; pedido remitido por AMZ entregado el 24 de marzo de 2017 a las 17.59 horas (Acreditado por la prueba documental consistente en la contestación a los requerimientos a empresas de mensajería y prueba documental aportada por las partes). "

Finalmente, pretende la supresión del primer párrafo del HDP 4º por contener afirmaciones dubitativas en cuanto a la prueba practicada y se ubica en lugar impropio para ello -el apartado de "hechos probados"-, ya que supone una valoración jurídica (o al menos tienen un alcance jurídico), que prejuzga y predetermina el falloy, por tanto, quedaría configurado el HDP 4º: "La demandante prestó servicios los días y horas que constan en el registro aportado que se da por reproducido (Acreditado por la prueba documental).".

Fundamenta las alteraciones en prueba documental.

Para poder apreciar el error de hecho en la valoración de la prueba y, en consecuencia, la pretensión revisora de los hechos declarados probados, han de concurrir los siguientes requisitos: [( STS 20 abril 2022 (rec. 264/2021), que se remite a las anteriores SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2012), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 793/2021 de 15 julio ( rec. 68/2021)]

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (sic). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Debe recordarse, además, la doctrina de la STS 23-7-2020: ", "la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" [...] Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones,pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011 ; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018 , con cita de otras muchas).

En consecuencia, se rechazan las revisiones propuestas, la primera puesto que la juzgadora ha analizado también la misma prueba, como se deduce de la redacción del fundamento jurídico tercero, es más, de dicho fundamento jurídico se desprende que la juzgadora no da por plenamente acreditadas las horas que se reflejan en el registro horario, analizando también otras pruebas practicadas; la segunda, puesto que la juzgadora puede sacar las conclusiones procedentes a través de las pruebas practicadas y plasmar en el hecho probado la realización de funciones en periodos distintos, y se valoraría en la fundamentación jurídica la trascendencia de dichas fechas, como se ha realizado; respecto de la tercera modificación, no se trata de afirmaciones dubitativas las que constan en el hecho probado, lo que se constata es que, a través de la prueba practicada, prueba testifical y documental, se han sacado las conclusiones procedentes y, según la juzgadora, se ha realizado una jornada superior a pesar de no constar exactamente las fechas y las horas determinadas.

CUARTO.- En cuanto a la vulneración jurídica,alega, infracción del artículo 12 ET, en sus apartados cuatro puntos a) y c) y apartado quinto. Asimismo, infracción del artículo 38 en relación con el artículo 59 ET y, finalmente, infracción del artículo 29.3 en relación con el artículo 26 ET.

El éxito de la primera pretensión de la empresa estaba subordinado, en cierto modo, a que prosperase la revisión fáctica, y tal como se expuso al resolver el motivo anterior, resulta que la revisión de los hechos probados no ha prosperado, por lo que el recurso no puede prosperar, pues tal como viene sosteniendo este Tribunal, al no haberse logrado modificar la apreciación del Juzgador de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos (doctrina ésta que resulta de aplicación en aquellos caso, como el que aquí nos ocupa, en los que la revisión sustantiva tenga como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica), circunstancias éstas que son las que concurren en la presente litis, de modo que no habiendo logrado la parte recurrente desvirtuar la conclusión a la que llega la Magistrada de instancia sobre la jornada efectivamente realizada, se produce un obstáculo insalvable para que pueda prosperar la pretensión que se sostiene en el recurso. Doctrina que sigue manteniendo el Tribunal Supremo en la sentencia de 28-3-2012, al señalar que, inalterado el relato fáctico impugnado, procede desestimar los recursos cuyo éxito venía ligado al triunfo de la revisión de los hechos que se ha desestimado. ( STSJ Galicia 10-5-19).

Conviene recordar que, desde el año 2019, en virtud del Real Decreto-Ley 8/2019, todas las empresas están obligadas a registrar la jornada de trabajo de manera individual, y tiene como objetivo fundamental que las que se realicen sean abonadas por la empresa y el trabajador tenga una forma de acreditar su realización. Ya la SAN 4 de diciembre de 2015 había entendido que sí que era obligatorio el registro de la jornada, aunque fue posteriormente revocada por el Tribunal Supremo en el año 2017. A partir, por tanto, de marzo de 2019, el art. 34.9 ET indica que "la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo."

De la relación fáctica se deduce que la juzgadora, pese a la dicción del hecho probado cuarto, no tiene en cuenta exactamente la realidad del registro horario, puesto que así se dice en el fundamento jurídico tercero cuando expresa que "se ha acreditado que el registro horario aportado no refleja la realidad de las horas realizadas"y ello en virtud de otras pruebas como la prueba testifical, por tanto, el horario o jornada de prestación de servicios es la que acredita la juzgadora y no la que se propone en el recurso de suplicación, así, se acredita que, pese a que el contrato establecía una jornada de 3 horas a la semana, los días lunes, martes y jueves de 17 a 18 horas, se da por probado que estuvo la trabajadora en la clínica en las circunstancias establecidas en el hecho probado tercero y que, durante dos semanas del mes de mayo, prestó servicios todos los días de apertura de la clínica en un número de horas no determinado pero superior a las tres horas semanales. En consecuencia, se debe concluir, como se concluye en la sentencia recurrida, que no se trata de un contrato efectuado a tiempo parcial con realización de horas complementarias, sino ante un contrato a tiempo completo de conformidad con la presunción del artículo 12 ET, correctamente aplicado por la juzgadora.

Por lo que se refiere a las vacacionesno disfrutadas, se dice en el recurso que las vacaciones se tienen que disfrutar dentro del año al que corresponden por lo que el derecho a su disfrute y caduca el 31 de diciembre de cada año y caduca también el derecho a su compensación dineraria, por lo que la reclamación en febrero de 2018 respecto a las vacaciones no disfrutadas en el año 2017 resulta extemporánea. Tampoco esta alegación prospera, las Sentencias TJUE 6-11-2018 (Asuntos C-619/16 y C-684/16) vienen a declarar que el Derecho de la Unión se opone a que un trabajador pierda automáticamente los días de vacaciones anuales retribuidas a los que tenía derecho en virtud del Derecho de la Unión y, consiguientemente, su derecho a una compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el mero hecho de no haber solicitado las vacaciones antes de la extinción de la relación laboral y solo puede perder estos derechos si el empresario le ha permitido efectivamente, en particular informándole de manera adecuada, tomar los días de vacaciones en tiempo útil, extremo que debe probar el empresario, lo que no ha realizado en el presente caso.

Finalmente, en cuanto a los intereses,la empresa recurrente entiende que no procede la condena a los intereses del 10% por mora puesto que se trataba de una cuestión controvertida, de modo que no existe deuda vencida, líquida ni exigible.

Como hemos dicho ya en varias ocasiones (v. gr. STSJ Galicia de 19-6-13), procede el interés por mora del art. 29 3º del ET aun cuando el concepto haya sido discutidodada la doctrina del TS, Sentencia de 29 de junio de 2012 (RCUD 3739/2011) por remisión a otra de 6 de noviembre de 2006 (Rec. 1990/05), y otras de 15 de junio de 1999 (Rec. 1938/98 ), 7 de febrero de 2005 (Rec. 789/2005 ) y 27 de enero de 2005 (Rec. 5686/2003) donde indica que sobre el pago de intereses por mora, su propia doctrina ha sido superada y variada por nuestras sentencias de 30 de enero de 2008 (Rec. 414/2007), 8 de junio de 2009 (Rec. 2873/08) y 14 y 23 de Julio de 2009 ( Rec. 3576/08 y 4501/2007), entre otras en las que se ha considerado más adecuado entender que los intereses por mora tienen, principalmente, un carácter indemnizatorio, más que sancionador, lo que conlleva la condena a su pago en todo caso, para resarcir al acreedor por los daños y perjuicios que le ha causado la demora. Cierto que esas sentencias no se han dictado en supuestos de reclamación de diferencias salariales, pero el principio que sientan es el mismo que debe aplicarse en los supuestos de reclamación de cantidades salariales, pues siempre se trata de resarcir al acreedor por el lucro cesante que el incumplimiento de la obligación de pago por el deudor le ha causado. Por tanto, conforme a los artículos 1101 y 1108 del Código Civil, deben reparar los daños y perjuicios causados quienes incurren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, reparación que se extiende al lucro cesante para lograr la completa indemnidad, lo que obliga a que toda deuda de suma o cantidad lleve anudada la condena al pago de intereses. Con ello esta Sala Cuarta sigue la doctrina sentada por la Sala Primera de este Tribunal que viene atenuando el principio "in iliquidis non fit mora"y estableciendo la condena al pago de intereses, incluso cuando se condena al abono de menos de lo pedido, cual muestran sus sentencias de 19 de junio de 1995 (Rec. 713/92), 1 de diciembre de 1997, 18 de febrero de 1998 (Rec. 3231/93), 9 de marzo de 1999 (Rec. 2615/94) y 19 de febrero de 2004 (Rec. 941/98) entre otras. En la primera de las citadas se dice: "condena que en la misma se opera al abono de intereses de la cantidad que el demandado debe pagar al actor como indemnización de daños que acompaña a la resolución contractual por incumplimiento, intereses que deben abonarse desde la interposición de la demanda porque, sin perjuicio de la doctrina que cita el recurrente, la Sala ha acuñado otra más reciente sostenida, entre otras, en SS. 5 Abril 1992, 18 de Febrero y 26 Marzo de 1.994, en la que se dice que si se pretende conceder una protección más completa de los derechos del acreedor no basta con entregar aquello que, en su día se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega, debe representar tal suma, y ello, no por tratarse de una deuda de valor, sino, también, y aunque no lo fuera, porque si las cosas, incluso fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos (léase frutos civiles o intereses), no parece justo que los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, el acreedor"... y "debe subrayarse que la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que, por el contrario tiene carácter meramente declarativo, lo que permite concluir que, a través de la misma, no se hace sino declarar un derecho -bien sea real o bien de crédito- a la obtención de una cosa o cantidad, que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía, y debía haberle sido atribuida al acreedor. Si, como ya se tiene dicho, las cosas claman por su dueño y deben ser entregada a éste con todos sus accesorios, frutos e intereses, no parece injusto que, en aquellos supuestos en que, como el presente, puede fácilmente colegirse en la litis la existencia de una deuda en favor del actor y en contra del demandado, se entienda que la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de tal suma, aun cuando fuese menor de la por él reclamada".

En este sentido se ha pronunciado, también, nuestro Tribunal Constitucional en sus sentencias 114/1992, de 14 de septiembre, y 206/1993, de 22 de junio, en las que, como se dice en la citada en último lugar, ha señalado: "No se trata, por ello, de conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial, sino de indemnizar al acreedor impagado del lucro cesante, dándole lo que hubiera podido obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le adeuda", sentencia en la que, al hablar de los intereses de demora , también, se afirma que "el Código Civil les dota de una función indemnizatoria de los daños y perjuicios que pueden ser imputables a la demora en el cumplimiento de una prestación obligacional".

Por todo lo cual el recurso de suplicación se desestima, confirmándose la sentencia de instancia.