Sentencia Social 2483/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2776/2024 de 24 de julio del 2025

PRIMERO.- En fecha 25 de octubre de 2023 ha dictado sentencia en sus autos 1491/2012el Juzgado de lo Social Nº 1 de Algeciras cuyo fallo dice: "Que estimando la excepción de caducidad de la acción planteada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, se estima la misma, absolviendo a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE GIBRALTAR, absolviendo a las mismas de todos los pedimentos formulados en su contra. Igualmente, se desestima íntegramente la demanda interpuesta por D. Hugo de despido frente a AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA, UTDLT CAMPO DE GIBRALTAR, SAE, absolviendo a las mismas de todos los pedimentos formulados en su contra".

Frente a dicha sentencia se alza en Suplicación el trabajador, invocando el trámite procesal de los apartado b) y a) y c) en este orden, del artículo 193 de LRJS.

Antes, sin embargo de estudiar los motivos concretos de recurso, se hace necesario relatar las incidencias habidas en este proceso que son las siguientes.

El Juzgado de referencia en, fecha 10 de enero de 2018, dictó una primera sentencia en los autos también referenciadas cuyo fallo dice: Que estimando la excepción de cosa juzgada planteada por el Excmo. Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, se desestima la demanda interpuesta por D. Hugo, de despido frente a AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA, UTDLT CAMPO DE GIBRALTAR, SAE, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE GIBRALTAR, sin examinar el fondo del asunto.

Dicha sentencia obra a las actuaciones al folio 916 y siguientes y a su contenido nos remitimos.

Recurrida dicha sentencia en Suplicación, fue anulada por la de esta Sala de fecha 16 de octubre de 2019 que contiene el siguiente fallo: Debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D. Hugo contra la sentencia de fecha 10 de enero de 2018, dictada por el Juzgado de lo Social de Algeciras en los autos Nº 1491/2012 , seguidos a su instancia frente al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera y otros, sobre Despido, que se anula. Se retrotraen las actuaciones al momento anterior a su dictado a fin de que con plena libertad de criterio el órgano de instancia emita otra nueva en la que se pronuncie sobre el fondo de la pretensión esgrimida por el actor en la demanda rectora de autos.

Esta sentencia de la Sala, razonaba que no cabía apreciar cosa juzgada en sentido negativo y que lo pactado en el procedimiento de cesión ilegal solo despliega en el actual proceso de despido efectos de cosa juzgada positiva en orden a la condición de empleador del Ayuntamiento pero no impide el pronunciamiento sobre la pretensión impugnatoria del despido objetivo por el que se accionaba. Firme que fue la misma que obra a los folios 972 y siguientes de los autos, se remitieron los autos al juzgado que con fecha 8 de junio de 2020 dicto una nueva sentencia que obra a los folios 989 y siguientes de los autos, sentencia que no es idéntica a la anterior en cuanto al contenido jurídico y, contiene el siguiente fallo: Que estimando la excepción de cosa juzgada planteada por el Excmo. Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, se desestima la demanda interpuesta por D. Hugo, de despido frente a AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA, UTDLT CAMPO DE GIBRALTAR, SAE, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE GIBRALTAR, absolviendo a las mismas de todos los pedimentos formulados en su contra.

Notificada a las partes dicha sentencia, por la representación de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE GIBRALTAR y la del trabajador actor, se se solicitó aclaración, subsanación o complemento de la meritada sentencia, solicitud que comenzó a tramitar el juzgado, dictándose por la LAJ la Diligencia de Ordenación que obra al folio 1116, ordenando dar traslado a las partes para alegaciones de los escritos de solicitud de aclaración.

No consta que efectivamente se llevara a la practica lo ordenado por la DIOR antecitada y el Juzgado, en el mes de marzo de 2022, ha procedido a notificar a las partes otra sentencia, distinta de la anterior, fechada también en 8 de junio de 2020, correspondiente al mismo procedimiento, cuyo fallo dice: Que estimando la excepción de caducidad de la acción planteada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, se estima la misma, absolviendo a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE GIBRALTAR, absolviendo a las mismas de todos los pedimentos formulados en su contra.

Igualmente, se desestima íntegramente la demanda interpuesta por D. Hugo de despido frente a AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA, UTDLT CAMPO DE GIBRALTAR, SAE, absolviendo a las mismas de todos los pedimentos formulados en su contra.

Interpuesto Recurso de Suplicación, por la representación legal de D. Hugo, de el Nº 1998/22 que se tramitó en esta Sala bajo el Nº 1998/22 correspondiente a los autos del Procedimiento Nº 1491/12 del Juzgado de lo Social de Social, a la sazón Único de Algeciras, hoy Juzgado de lo Social de Social nº1 de la misma ciudad, concretándose en el encabezamiento que el recurso se interpone contra la sentencia dictada por el Juzgado en fecha 8 de junio de 2020, notificada el día 3 de de febrero de 2022, la Sala dictó Sentencia en fecha 21 de septiembre de dos mil veintidós en la que tras razonar que razones de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Carta Magna, impiden, dictar dos sentencias en un solo procedimiento con contenido jurídico y fallo distinto, contenía el siguiente fallo: "Sin entrar a conocer del recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Hugo, que se tramite en esta Sala bajo Nº de orden 1998/22 recurso, que corresponde a los autos del Procedimiento Nº 1491/12 del Juzgado de lo Social de Social , a la sazón Único de Algeciras, hoy Juzgado de lo Social de Social Nº 1 de la misma ciudad, en virtud de demanda formulada por D. Hugo, contra el AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA, la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR, el SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, y el CONSORCIO UNIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DEL CAMPO DE GIBRALTAR, debemos acordar la nulidad de lo actuado a partir de las dos sentencias dictadas en la misma fecha, esto es 8 de junio de 2020, incluidas estas y todas las actuaciones posteriores para que, devueltas las actuaciones, el juzgado proceda a dictar una nueva y única sentencia que resuelva sobre la cuestión sometida a debate y lo haga con entera libertad de criterio, pero partiendo de lo consignado previamente por esta Sala en la sentencia de 16 de octubre de 2019 que anuló la primera que dictó el juzgado".

La nueva sentencia que ha dictado el Juzgado en fecha 25 de octubre de 2023 es la que ahora se recurre, en recurso planteado por el trabajador.

SEGUNDO.- Por trámite procesal del apartado b) del artículo 193 de LRJS, se solicita revisión del contenido fáctico de la sentencia cuestionando el hecho probado noveno para el que se suprima del hecho probado que se controvierte la referencia a que el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera reconocía la cesión ilegal del actor, proponiendo la siguiente redacción alternativa: "El demandante interpuso procedimiento de cesión ilegal de trabajadores, con número de autos 1192/12, habiéndose celebrado acta de conciliación el 17 de enero de 2014, el que la (parte) actora de desistió de la acción contra el Servicio Andaluz de Empleo y UTDLTE Campo de Gibraltar,, reconociendo una antigüedad de 23 de diciembre de 2004 y reincorporándose la misma a la plantilla del ayuntamiento como personal laboral indefinido no fijo, aprobándose por Decreto de la misma fecha, habiendo devenido el mismo firme."

Lo que pretende, según explica el recurrente en su recurso, es que se suprima del hecho probado noveno que se reconocía por el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera la cesión ilegal del actor. Sin embargo tal referencia no se contiene en el hecho probado controvertido, con lo cual, ninguna modificación ha de hacerse en el mismo. En cualquier caso, para que quede mas completa la relación fáctica de la sentencia resulta adecuado transcribir íntegramente el texto del acuerdo que es de fecha 17 de enero de 2014 y obrando al folio 828 vuelto dice así. En este acto, y por el letrado de la parte actora se DESISTE de la acción entablada contra las demandadas SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO y CONSORCIO UTDLTE del CAMPO DE GIBRALTAR".

Exhortadas las partes para llegar a una avenencia y advertidas de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, por las mismas se acordó conciliar la presente reclamación mediante mediante acuerdo en los siguientes términos:

La empresa reconoce una antigüedad a ambos trabajadores desde el 23/12/04.

Se acuerda la reincorporación de los demandantes a la plantilla del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera como personal laboral indefinido, no fijo, con efectos de fecha 20 de enero de 2014.

El salario será para ambos de 1.500 euros brutos mensuales, en 12 mensualidades, incluido el complemento de antigüedad, si lo hubiera, y la categoría profesional de auxiliar administrativo..

La jornada de trabajo, será proporcional al salario percibido, teniendo en cuenta el salario a jornada completa de la categoría de auxiliar administrativo, si los salarios correspondientes a dicha categoría, fueran superiores a los aquí pactados.

En el mismo motivo de recurso expone la recurrente que en el antecedente segundo de la sentencia se comete un error al decir lo siguiente: "En el acto inicial de la vista oral y como cuestión previa, la parte actora manifestó su voluntad de desistir de la acción ejercitada por existencia de cesión ilegal, habida cuenta de que por sentencia firme de este Juzgado se desestimó la demanda declarativa sobre cesión ilegal, cuya pendencia procedimental motivó el archivo provisional de las presentes actuaciones por existencia de prejudicialidad social".Y dice la recurrente que se comete un error en dicho antecedente porque nunca se dicto sentencia en el proceso de cesión ilegal, ya que terminó por acuerdo, lo cual es cierto, tal como se referencia en el hecho probado noveno, precisamente el controvertido, acuerdo de conciliación cuya acta aprobada por Decreto de la LAJ 17 de enero de 2014 se ha transcrito y así las cosas, se ha de suprimir la referencia que contiene el antecedente segundo a la sentencia judicial que no existe.

Igualmente en el mismo apartado del recurso, expresa la recurrente que existe un error en los fundamentos jurídicos en relación a hecho probado segundo ya que este, expresa de modo correcto que el demandante no ostentaba durante el año anterior al despido cargo de representación legal de los trabajadores y sin embargo en el FJ segundo, punto a), último párrafo, atribuye al actor la condición de Presidente de Comité de Empresa, cuando nunca el actor ostentó tal condición. Siendo un hecho no controvertido que el actor, durante el año anterior ostentara cargo de representación alguna, ha de suprimirse del fundamento jurídico segundo, punto a), la referencia a aquel actor ostentara el cargo de Presidente del Comité de Empresa), porque no lo era.

Finalmente de observa en el hecho probado primero un error manifiesto al decir que el actor prestaba servicios para CONSORCIO UTEDLT CAMPO DE GIBRALTAR, desde el día 30 de diciembre de 1992. Esta ultima fecha debe obedecer a un error de transcripción pues, el propio actor en su demanda establece como fecha de antigüedad en el Consorcio la de 31 de Diciembre de 2004 y es la que figura en el informe de vida laboral que obra al folio 239 y siguiente de los autos, a la que por tanto habrá de estarse.

TERCERO.- En el siguiente motivo de recurso, invocando en el mismo los apartados a) y c) del artículo 193 de LRJS, solicita la recurrente reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que han producido indefensión, así como infracción de normas sustantivas al artículo 24.2 CE, todo ello en relación con lo dispuesto en el art. 120.3 CE, y los arts. 97.2 LRJS y 209 y 218 LEC, en relación a las reglas que han de regir las sentencias, así como de los

artículos 108 y 113 de la LRJS (sobre la declaración del despido en el fallo y los

efectos de la nulidad), y del art. 1815 del Código Civil, sobre los efectos de la transacción recogida en el Decreto Judicial de 17 de enero de 2014, imputando a la sentencia falta de motivación al no exteriorizarse los motivos de la decisión y además adolece de un vicio de incongruencia por la falta de concordancia "entre la decisión judicial y lo pedido en la demanda y demás pretensiones articuladas en la demanda"

Lo primero que ha de indicarse es que dificulta notablemente el estudio de los motivos de recurso, mezclar en el mismo apartado, motivos de nulidad con motivos de examen del derecho aplicado en sentencia para solicitar su revocación y declarar la nulidad del despido.

En cuanto a los motivos de nulidad, parece referirse el actor, en primer lugar a una incongruencia interna de la sentencia que, siguiendo la doctrina de la Sentencia núm. 1505/2016 de 22 junio (Tribunal Supremo), ha de apreciarse en aquel supuesto en el que "la decisión que se expresa en el fallo no encuentra su lógica explicación en los fundamentos que le preceden, poniendo de manifiesto la falta de coherencia interna de la sentencia", lo que supone quebranto de las normas reguladoras de la sentencia, y no por desajuste entre lo pedido o la causa de pedir, en los términos que derivan del artículo 218 LEC, sino por falta de la hilazón lógica que requiere que, la conclusión plasmada en el fallo sea el resultado de las premisas previamente establecidas por el Tribunal, siendo ello contrario a lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución, tal como se extrae de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 68/1997 de 8 abril que dice: Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, «la obtención de una conclusión, basamento del pertinente fallo, en detrimento de la requerida coherencia con el punto de partida adoptado, produce una quiebra lógica en el razonamiento que puede eventualmente implicar el reproche de irrazonabilidad y, por ende, anudar a la correspondiente decisión la tacha de conculcadora de las exigencias inmanentes al art. 24.1 CE ( STC 117/1996 , con cita de la STC 22/1994 ).

Pues bien, la lectura atenta de la sentencia que se recurre, no permite apreciar la incongruencia denunciada porque la sentencia resuelve de acuerdo con las premisas de las que parte y al margen de que, pueda compartirse o no por la Sala los razonamientos de la meritada sentencia y su adecuación a derecho, lo que a continuación sera estudiado, cumpliendo la sentencia el canon de motivación que es una de las exigencias que contiene el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que con garantía del articulo 120.3 de la Constitución, exige respuesta al debate jurídico planteado explicando el sentido del fallo y sin obviar hacerlo sobre las cuestiones sometidas a debate y la pretensión formulada, no puede apreciarse, como ya se ha dicho la incongruencia denunciada. Otra cosa es que los razonamientos vertidos, no se compartan por la recurrente que defiende que parten de premisa errónea, pero ello es cosa distinta y al respecto no esta demás recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental que consagra el articulo 24 de la Constitución, no garantiza el derecho a obtener una resolución favorable a los intereses de quien la pretende ni tampoco, la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues como ha señalado el Tribunal Constitucional, entre otras en su Sentencia Nº 256/2000, de 30 de octubre y Sentencia Nº 263/2015, de 14 de diciembre, el articulo 24 de la Constitución, ni garantiza el derecho al acierto de las resoluciones judiciales, ni tampoco asegura la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso. También alude el recurrente a incongruencia omisiva por falta de concordancia "entre la decisión judicial y lo pedido en la demanda y demás pretensiones articuladas en la demanda". La incongruencia omisiva no se da por falta de concordancia entre lo resuelto y lo peticionado, sino cuando una sentencia no resuelve sobre todas las pretensiones planteadas por las partes en el proceso omitiendo pronunciarse sobre la pretensión principal alguna de las cuestiones fundamentales objeto de controversia siempre que no puedan razonablemente entenderse implícita o tácitamente desestimadas., lo que en este caso no puede apreciarse ya que la sentencia da respuesta todas las cuestiones que se han planteado, ello al margen de que la solución jurídica adoptada, no se acomode a los intereses de quien recurre lo que a continuación sera estudiado, resolviendo su denuncia. Ha de ser pues desestimado el motivo de recurso que se estudia.

CUARTO.- En cuanto al fondo del asunto, parte el recurrente que el acuerdo al que llegó con el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera tras haber planeado proceso por cesión ilegal de trabajadores, no supuso por parte del Ayuntamiento el reconocimiento que efectivamente se había producido tal cesión ilegal y ciertamente en el contenido del acta que se ha transcrito en el ordinal primero de esta resolución, no figura expresamente que el Ayuntamiento aceptara tal cesión ilegal, pero dados los términos en que se planteaba la demanda presentada en la cual expresaba el actor que el Consorcio demandado era una mera entidad instrumental para poner al actor a disposición del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, donde siempre había prestado servicios el trabajador, es dable concluir que efectivamente la cesión ilegal se había producido y ello fue admitido implícitamente por el citado Ayuntamiento que reincorporó al trabajador ( de reincorporación, no de incorporación se habla en el acuerdo, lo que significa volver a incorporarse y no incorporarse ex novo), con efectos de 20 de enero de 2014, admitiendo con ello su condición de empleador. Otra cosa no puede explicarse, teniendo en cuenta que la demanda de cesión ilegal se presentó en fecha 1 de septiembre de 2012, antes de haber sido formalmente despedido el trabajador por el Consorcio codemandado, lo que se produjo, según recoge el hecho probado cuarto de la sentencia que se recurre el día 30 de septiembre del mismo año.

Así las cosas, y aunque el verdadero empleador del actor era el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, es lo cierto que mientras se sustanciaba el proceso de cesión ilegal que acabó con acuerdo, al trabajador, con fecha 30 de septiembre de 2012 se le notificó el despido por el Consorcio codemandado en el seno de un ERE tal como recoge el hecho probado cuarto y este despido que la sentencia de instancia califica de nulo, aunque no lleva al fallo sus consecuencias al haber sido reincorporado el actor al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, ciertamente no puede acarrear la consecuencia de la readmisión del trabajador que impone el artículo 55.6 de ET habida cuenta que ya fue reincorporado a su plantilla por el Ayuntamiento meritado, pero si ha de llevar aparejado la consecuencia del abono de los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del despido gasta la fecha en que se reincorporó al tan citado Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, de lo que han de responder solidariamente el meritado ayuntamiento y el SAE cono sucesor del Consorcio UTEDLT (Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico) del Campo de Gibraltar que ha sido ha sido extinguido, según Anuncio de 14 de julio de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz publicado en BOJA, 19 de julio de 2022. No se impone condena alguna a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE GIBRALTAR, respecto de quien la sentencia del juzgado estima la excepción de caducidad sin que ello haya sido objeto de cuestionamiento.

De esta manera las cosas, se impone la estimación en parte de la censura jurídica que efectúa el recurrente, lo que conlleva la estimación parcial del recurso y la revocación también parcial de la sentencia de instancia, para condenar a las demandadas a abonar al actor los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del acuerdo por el que se reincorporó el actor al Ayuntamiento de Jimena de la la Frontera a razón del salario que percibía en la entidad que le despidió.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,