Sentencia Social 2472/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 427/2025 de 24 de julio del 2025

PRIMERO.-La Sentencia Nº 366/2024, de 30 de septiembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 4 de Huelva en el procedimiento de Seguridad Social Nº 620/2023, estima parcialmente la demanda formulada por DON Ramón contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, declarando que el actor se encuentra afecto de incapacidad permanente parcial para el ejercicio de su profesión habitual de oficial de mantenimiento de equipos de riego en un campo de golf, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una indemnización a tanto alzado de veinticuatro mensualidades de su base reguladora de mil novecientos setenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos de euro (1.976,52 €), condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración, y al Instituto Nacional de la Seguridad Social al abono de la prestación.

Frente a dicha resolución, se alza en Suplicación la representación procesal del demandante invocando dos motivos de recurso al amparo del art. 193 apartados B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo de recurso por el cauce procedimental descrito, manifestando la parte recurrente su discrepancia con el relato fáctico.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la reiterada doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la STS/4ª de 15 de marzo de 2023 (recurso 212/2022), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Partiendo de tales premisas, pretende la recurrente añadir un nuevo Hecho Probado Cuarto Bis, proponiendo la siguiente redacción :

"EXPLORACIÓN

Se trata de un varón normosómico, constitución atletiforme. Acude solo a la consulta.

Se mantiene entrevista con un nivel conversacional adecuado. No síntomas neurológicos tras la resolución del hematoma subdural fronto parietal derecho. No asimetrías faciales ni defectos por las fracturas de Le Fort III. Refiere que toma a demanda Tramador o Ibuprofeno. Se queja de no poder desempeñar el trabajo que antes hacía por persistir dolor lumbar a los esfuerzos y en posturas mantenidas de la columna vertebral. 5A la exploración física, presenta a nivel anterior, una cicatriz pequeña transversal infraumbilical, y a nivel dorsal, presenta dos cicatrices paravertebrales lumbares de trayecto vertical. A nivel cervical, tiene buena movilidad activa y pasiva. Movilidad de hombros libre. No contracturas en cervicales ni trapecios. Presenta deambulación independiente, sin alteraciones en la marcha. El tronco presenta movilidad limitada en la flexo extensión anterior en los últimos grados. No otras limitaciones. No amiotrofias. Lasegue - bilateral, no alteraciones de la marcha. Conserva punta - talones. CONCLUSIONES MÉDICO LEGALES DON Ramón de 43 años de edad, a la vista de RMN de enero de 2023 realizada en el S. Rehabilitación del H. Infanta Elena presenta a nivel de la columna vertebral lumbar: osteocondrosis intervertebral moderada L3-L5. Abombamiento discal difuso posterior leves (L2 -L3 y L4 - L5) y moderado L3-L4. Desgarro anular central L4-L5. No datos de radiculopatía. Artrodesis L5-S1 con tornillos transpediculares. Material quirúrgico discal L5-S1. Por ello, presenta limitaciones para los movimientos repetidos y con cargas importantes de flexo extensión de columna vertebral, así como bipedestaciones o posturas mantenidas y con cargas importantes. No obstante la inactividad y la falta de ejercicio físico tampoco son aconsejables dada su patología vertebral, debiendo mantener un correcto tono muscular."

Para ello se basa en el informe Médico Forense

El motivo no puede ser estimado en tanto que el informe ya consta expresamente valorado, obteniendo la magistrada de instancia sus propias conclusiones, siendo que las pretendidas parcelan el contenido del documento con apreciaciones subjetivas. En consecuencia, el motivo se desestima.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo destina la representación del demandante el último motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción que señala; En concreto, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 194 de la LGSS, en relación con diversa jurisprudencia:

" SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL. SECCIÓN 1ª DE FECHA 09-07-1990. PONENTE: EXMO. SR. D. JUAN ANTONIO GARCÍA- MURGA Y VAZQUEZ. AR. 6084.

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL, DE FECHA 23-02-1990. AR. 1219.

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL, DE FECHA 27-02-90. AR. 1443.

- TSJ PAÍS VASCO. SEDE EN BILBAO. SALA DE LO SOCIAL SENTENCIA DE FECHA 16-04-1996, AR. 1458.

- TSJ DEL PAÍS VASCO. SEDE EN BILBAO. SALA DE LO SOCIAL. SENTENCIA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2000. RECURSO 839/2000. PONENTE: ILMO. SR. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR.

- TSJ CASTILLA - LA MANCHA. SEDE EN ALBACETE. SALA DE LO SOCIAL, SECCIÓN 1ª, SENTENCIA DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2000. RECURSO Nº 571/2000. PONENTE: ILMO. SR. D. RAMÓN GONZÁLEZ DE LA ALEJA GONZÁLEZ DE LA ALEJA.

- TSJ DE CANTABRIA. SEDE EN SANTANDER. SALA DE LO SOCIAL. SECCIÓN 1ª, SENTENCIA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2005. RECURSO Nº 726/2005. PONENTE: ILMO. SR. D. RUBEN LÓPEZ - TAMES IGLESIAS.

- TSJ DE CANTABRIA. SEDE EN SANTANDER. SALA DE LO SOCIAL. SECCIÓN 1ª, SENTENCIA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2005. RECURSO Nº 735/2005. PONENTE: ILMO. SR. D. RUBEN LÓPEZ - TAMES IGLESIAS.

- TSJ DE MADRID. SALA DE LO SOCIAL. SECCIÓN 3ª. SENTENCIA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2006. RECURSO Nº 4788/2005. PONENTE. ILMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ OTERO. ENTRE OTRAS"; Considerando que las lesiones que padece el actor deben ser comprendidas en el ámbito de la incapacidad permanente total.

En primer término, debe recordarse que la denuncia de infracción de jurisprudencia efectuada al amparo del art. 193 c) de la LRJS, se interpreta en el sentido del art. 1.6 del Código Civil: la establecida por el Tribunal Supremo - sin perjuicio de la establecida por el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea-. Por tanto, el recurso de suplicación que pretenda fundamentarse en infracción de jurisprudencia no puede limitarse a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, ya que las mismas no integran la definición propia de jurisprudencia. No obstante, si se alega la infracción de normativa y de genuina jurisprudencia - como es el caso- nada impide la mención de otras sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.

La Sala ha de partir de una consideración general referida al grado de incapacidad permanente total consistente en que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 193.1 y 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, éste en la redacción dada por la disposición transitoria sexta de ese mismo Texto Legal, la incapacidad permanente total se define en atención de un lado a las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al interesado las lesiones o enfermedades que padece y, de otro, a los requerimientos de su oficio habitual. De ahí, que el simple diagnóstico de una patología o los hallazgos clínicos detectados a través de las pruebas diagnósticas no sea determinante a la hora de evaluar su aptitud laboral, siendo el factor decisivo a tal fin la sintomatología de carácter permanente con la que cursa, su evolución y la reacción al tratamiento instaurado y, por ende, las limitaciones permanentes que las manifestaciones clínicas provocan, en el entendimiento de que como expresa un viejo aforismo cuya vigencia ha reconocido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo "no hay enfermedades sino enfermos" y que la valoración de la incapacidad laboral aparece marcada por su carácter casuístico e individualizado.

A tenor del artículo 193.1 LGSS es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Jurisprudencia y doctrina coinciden en las notas características que definen el concepto legal de la invalidez permanente, a saber:

1) Alteración grave de la salud, lo que hace referencia a que las diversas enfermedades deben ser intelectualmente integradas y valorarse la totalidad de ellas en su conjunto, de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente, con independencia de la contingencia, común o profesional, que las haya originado; exige también la norma un tratamiento médico previo y el alta en dicho tratamiento, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales ("susceptibles de determinación objetiva"), lo que implica la exigencia de que se pueda fijar un diagnóstico médico, de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, y huyendo de las meras especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes de base científica.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad. Por eso, el precepto que se comenta añade que «no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las reducciones, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" su capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la incapacidad permanente, pues resulta intrascendente una lesión -por grave que sea- que no incide en la capacidad laboral. A su vez, como luego se verá, según que el grado de afectación de la capacidad laboral sea mayor o menor, estaremos ante uno u otro grado de la misma.

En ese sentido, procede primeramente resaltar que la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha venido elaborando cuáles son los contornos de la protección invalidante de nuestro Sistema de la Seguridad Social, y en su consecuencia, cómo debe de realizarse la valoración de las dolencias del trabajador que, siendo objetivables, sean tenidas previsiblemente como definitivas, tal y como finalmente queden judicialmente acreditadas, que son las que conforman las que tienen que ser, a esos efectos, tenidas en cuenta ( artículo 134.1 de la LGSS EDL 1994/16443 ). Doctrina ésta, que hasta el momento, cabe que se pueda resumir en los siguientes términos:

a) Que debe de acomodarse la decisión que en cada supuesto se deba de adoptar, a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar.

b) Que, dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar es, cual sea la capacidad laboral residual que, las secuelas que han sido tenidas como definitivas, permiten al afectado. Y ello, bien sea para la que haya venido siendo su profesión habitual hasta el momento de acaecer la incidencia presuntamente invalidante, o bien, en general, para cualquier otra actividad u oficio. De donde derivará una u otra calificación de las mismas, de acuerdo con los distintos tipos invalidantes que vienen legalmente previstos, actualmente en el artículo 137 de la LGSS EDL 1994/16443 .

c) Que esa valoración de teórica capacidad laboral, tiene que verificarse teniendo en cuenta que, la prestación de un trabajo o actividad, debe ser realizado en condiciones normales de habitualidad, a los efectos de que, con un esfuerzo normal, se pueda obtener el rendimiento que sea razonablemente exigible; sin que por lo tanto, sea preciso para ello la adición, por parte del sujeto afectado, de un sobreesfuerzo que deba ser tenido como especial, y además, prestando ese trabajo concreto, o desarrollada la actividad, tanto con la necesaria profesionalidad, como conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia, que son legalmente exigibles, y consecuentemente, con desempeño de un modo continuo y de acuerdo con la jornada laboral que sea la ordinaria en el sector de actividad o en la empresa concreta.

d) Así como, finalmente, el desempeño de la teórica actividad, no debe de implicar un incremento del riesgo físico, propio o ajeno, de compañeros de trabajo o de terceros.

Debe tenerse en cuenta que las circunstancias fácticas concurrentes en cada caso y la necesidad de individualizar cada situación concreta ante un hipotético reconocimiento de incapacidad permanente (distintas enfermedades, diverso desarrollo de las enfermedades supuestamente similares, edad del presunto incapaz, profesión habitual de cada uno con sus distintos matices) hacen que difícilmente pueden darse supuestos con identidad sustancial, y en consecuencia, en materia de calificación de la invalidez permanente la invocación de precedentes jurisprudenciales resulta inefectiva, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante en cuanto que cada realidad objetiva reclama también una precisa decisión.

Para valorar el grado de incapacidad más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representan en orden al desarrollo de la actividad laboral, debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos, sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario. Entendiendo por profesión habitual, no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional. Siendo las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, las definidas para la categoría profesional en el correspondiente convenio colectivo, no las que conforman un puesto de trabajo en determinada empresa, si son diferentes a aquéllas.

CUARTO.-Partiendo del marco legal y jurisprudencial descrito ut Supra,hemos de resaltar los siguientes hechos probados inalterados que, en lo que aquí interesa, se sintetizan en los siguientes:

1º. La profesión habitual del actor , nacido el NUM001 de 1980, es la de la de oficial encargado del mantenimiento de los equipos de riego en un campo de golf.

2º. El 6 de abril de 2022 se emite por el EVI dictamen propuesta de no calificación del trabajador como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral, reconociéndosele el siguiente cuadro residual : "Espondilolistesis con espondilolisis L5-31 bilateral de ambas partes articulares intervenida. TCE moderado/severo con pérdida de conocimiento en feb/22 con buena evolución"y entendiendo que presentaba "Limitación de flexión lumbar activa. No signos de radiculopatía aguda. No déficit motor. No focalidad neuológica";

3º.- El 7 de septiembre de 2022 la Dirección Provincial del INSS en Huelva resuelve denegar al trabajador la prestación de incapacidad permanente, por no alcanzar las lesiones un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral.

4º.- El Sr. Ramón padece osteocondrosis intervertebral moderada L3-L5. Abombamiento discal difuso posterior leve (L2-L3 y L4-L5) y moderado Ñ3-L4. Desgarro anular central L4-L5. No datos de radiculopatía. Artrodesis L5- S1 con tornillos transpediculares. Material quirúrgico discal L5-S1. Se encuentra en tratamiento con Tramadol 37.5 mgr/Dexketoprofeno cada 8 horas.

Tales dolencias, de carácter crónico e irreversible, le impiden realizar actividades que requieran movimientos repetidos y con cargas importantes de flexo extensión de columna vertebral, así como bipedestaciones o posturas mantenidas y con cargas importantes. La inactividad y la falta de ejercicio físico resultan perjudiciales para su patología vertebral, debiendo mantener un correcto tono muscular.

5º.- El demandante realiza tareas consistentes en:

- Supervisión y mantenimiento de equipos de riego.

- Reparación y limpieza de la red de drenajes del campo.

- Apertura de catas y/o zanjas en el terreno para montaje de piezas y emisores de riego, dado que todo el sistema de riego y drenaje del campo de golf se encuentra bajo tierra. Cuando existe riesgo de contactar con cables de alta tensión, que también se encuentran soterrados, la apertura de las zanjas se realiza manualmente.

- Trabajos de electricidad relacionados con el automatismo del riego (empalmes de cables, continuidad de corriente, soldadura con estaño, etc).

-Manejo de los satélites de riego (elementos base conectados con el ordenador

central programa el riego del campo).

6º.- Tras permanecer de baja médica hasta el 12/09/2022, se incorpora a la plantilla de su empresa, siéndole encomendadas labores de mantenimiento de césped en general, limpieza de zonas exteriores de hotel y club de golf y siegas de césped.

A tal efecto, no cabe duda de la afectación a nivel físico que padece el actor, centrada en esteocondrosis intervertebral moderada L3-L5; Abombamiento discal difuso posterior leve (L2-L3 y L4-L5) y moderado L3-L4; Desgarro anular central L4-L5, sin datos de radiculopatía. Artrodesis L5- S1 con tornillos transpediculares. Material quirúrgico discal L5-S1. Tales dolencias, de carácter crónico e irreversible, le impiden realizar actividades que requieran movimientos repetidos y con cargas importantes de flexo extensión de columna vertebral, así como bipedestaciones o posturas mantenidas y con cargas importantes.

A su vez, tales limitaciones, deben relacionarse necesariamente con las tareas propias de su profesión, consistentes en:

- Supervisión y mantenimiento de equipos de riego.

- Reparación y limpieza de la red de drenajes del campo.

- Apertura de catas y/o zanjas en el terreno para montaje de piezas y emisores de riego, dado que todo el sistema de riego y drenaje del campo de golf se encuentra bajo tierra. Cuando existe riesgo de contactar con cables de alta tensión, que también se encuentran soterrados, la apertura de las zanjas se realiza manualmente.

- Trabajos de electricidad relacionados con el automatismo del riego (empalmes de cables, continuidad de corriente, soldadura con estaño, etc).

-Manejo de los satélites de riego (elementos base conectados con el ordenador central programa el riego del campo).

Asimismo, consta que, tras permanecer de baja médica hasta el 12/09/2022, se incorpora a la plantilla de su empresa, siéndole encomendadas labores de mantenimiento de césped en general, limpieza de zonas exteriores de hotel y club de golf y siegas de césped.

Como bien razona la magistrada de instancia, las dificultades para realizar actividades que conllevan bipedestación, posturas mantenidas y flexo extensiones de columna, si bien tienen entidad para provocar una apreciable merma de rendimiento, toda vez que el dolor que presenta a nivel de raquis lumbar tiene limitación de la flexo extensión anterior en los últimos grados, razón por la que se le reconoce la incapacidad permanente en grado de parcial, no imposibilitan al asegurado dedicarse a sus habituales tareas de oficial encargado del mantenimiento de los equipos de riego en un campo de golf, aunque conlleve mayores esfuerzos físicos.

En definitiva, aunque conste determinada una pérdida de rendimiento que cuantitativamente sitúa en la incapacidad permanente parcial, definitivamente, no obsta al ejercicio permanente de todas sus tareas principales.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo prevenido en el art. 235.1, no procede efectuar condena alguna, dada la condición de beneficiario del sistema de Seguridad Social del recurrente y su inclusión como titular del derecho de asistencia jurídica gratuita - art. 2d) de la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

De conformidad con los arts. 229 y 230 de la LRJS, no procede efectuar pronunciamiento en materia de consignaciones y depósitos, dada la exención del recurrente de formalizar unas y otro.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,