Sentencia Social 2529/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 2420/2025 de 25 de noviembre del 2025

PRIMERO.- La instancia ha dictado Sentencia en la que ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por D. Secundino frente a la empresa BRIDGESTONE HISPANIA, S.A., reconociendo al actor el derecho formulado a ser contratado con prioridad frente al personal de nuevo ingreso, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración con los efectos legales inherentes y al abono al mismo de 11.175 euros.

Frente a esta Sentencia se alza en suplicación la empresa demandada - BRIDGESTONE -.

Lo hace con base, en primer lugar, en el motivo previsto en el artículo 193. b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social - en adelante, LRJS - esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en aquélla.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, y ha construido el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero), sin que la nueva LRJS haya alterado su naturaleza.

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación :

a)-que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b)-que el error sea evidente;

c)-que los errores denunciados tengan trascendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d)-que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y

e)-que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

Lo dicho hasta ahora ha sido explicitado por constante doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en un buen número de sentencias, de entre las que cabe citar las de 18 de febrero de 2014 - Rec. 108/2013 -, 14 mayo de 2013 -Rec. 285/2011 -, y 17 de enero de 2011 - Rec. 75/2010 -.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente ( artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

En el presente caso, pretende la parte recurrente se revise el relato de Hechos Probados de la Sentencia de instancia, concretamente en los siguientes extremos:

a.- la adición de un nuevo hecho probado con el ordinal dos bis y el siguiente tenor:

"En mayo de 2015 la empresa remitió a todos los trabajadores afectados por el ERE de diciembre de 2012, entre ellos al actor, una convocatoria para la celebración de pruebas de aptitud para la cobertura de vacantes en la planta de la empresa en Burgos. El demandante no acudió a dicha convocatoria".

Pretensión que basa en el documento n.º 3 de su ramo de prueba.

Pretensión que se estima, dado que así consta sin contradicción con ningún otro elemento probatorio, y ello con independencia del análisis que se haga del recurso en su contenido jurídico.

b.- la revisión del hecho probado tercero para añadir al mismo el siguiente contenido:

"Como se deja constancia en el documento presentado por el trabajador la empresa se limita a firmar la recepción de dicho escrito".

Pretensión que se desestima, toda vez que nada aporta la adición planteada, que resulta totalmente irrelevante.

c.- la revisión del hecho probado quinto para añadirle el siguiente contenido:

"Como se deja constancia en el documento presentado por el trabajador la empresa se limita a firmar la recepción de dicho escrito".

Pretensión que, como la anterior, se desestima por idéntica razón.

SEGUNDO.- El artículo 193-c) de la LRJS recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la Jurisprudencia",debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen en autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y, naturalmente, los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 LRJS, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo contrariado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, cuyo objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- Con amparo en el precitado artículo 193-c) LRJS, impugna la recurrente la Sentencia de instancia, alegando lo siguiente:

.- la infracción de la doctrina de los actos propios. Argumenta la empresa recurrente en este sentido, en esencia, que la Sentencia impugnada incurre en una clara infracción legal al vincular el reconocimiento del derecho de contratación preferente a un afirmado reconocimiento de la empresa de dicho derecho, y, en su consecuencia, en base a la doctrina de los actos propios.

.- la infracción de lo establecido en las Medidas de Recolocación del Acuerdo del ERE de diciembre de 2012, y los preceptos reguladores de la interpretación de los contratos, arts. 1089. 1091 y 1101 del Código Civil. En este sentido se argumenta por la empresa recurrente, en esencia, que el demandante no se personó en ninguno de los procesos de contratación de nuevos trabajadores, y que, mediante escrito de 23 de diciembre de 2019, viene a manifestar su interés por volver a prestar sus servicios en la planta de la empresa en Basauri; que su solicitud se habría llevado a cabo siete años después de haberse suscrito y aplicado el Acuerdo del ERE de 31 de diciembre de 2012, que afectó, entre otros, al actor, y en el que se incorpora entre las medidas de favorecer nueva contratación de los trabajadores afectados, el reconocimiento de su derecho de contratación preferente; que un examen del Informe de Vida Laboral del actor obrante en autos permite acreditar que durante el periodo que se extiende desde la referida fecha de mayo de 2015, de la primera convocatoria para la cobertura de puestos de trabajo hasta el 1 de septiembre de 2019, el actor prestó sus servicios, sin interrupción, en las empresas que se reflejan en ese documento, sin que hubiese manifestado su interés en prestar sus servicios en la empresa Bridgestone; que la Sentencia incurre en claro error en la determinación del quantum de la indemnización derivada del no respeto del derecho de preferencia del que sería titular el demandante, ya que ha prestado servicios para otras empresas y que no se han descontado las cantidades percibidas en concepto de prestaciones de desempleo.

A.- LOS HECHOS ENJUICIADOS.

Antes de entrar a resolver las cuestiones jurídicas planteadas en el recurso, procede recordar los hechos enjuiciados, tal como nos los proporciona la instancia, con las modificaciones que hemos estimado a propuesta de la empresa recurrente.

Tales hechos son los siguientes:

El demandante ha trabajado para la demandada con la categoría profesional de especialista.

A las relaciones laborales les es aplicable el propio Convenio de empresa demandada.

El actor ve rescindido su contrato el 31 de diciembre de 2012 por ERE. En el acuerdo de extinción colectiva se establece un derecho preferente a contratación de existir vacantes, en los siguientes términos, en lo que ahora interesa:

"C. MEDIDAS DE RECOLOCACIÓN.

1. PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA: ( )

2. PREFERENCIA DE REINGRESO: todos los trabajadores

dados de baja dispondrán de una preferencia de ingreso en la compañía en caso de que se produzcan en el futuro vacantes de su grupo profesional en cualquiera de las plantas. Esta preferencia operaría frente a cualquier persona que no haya formado parte previamente de la plantilla de la empresa. Esta preferencia se aplicará en cualquier tipo de contratación, temporal o permanente, si bien el orden de contratación entre los beneficiarios se fijará exclusivamente en función de las necesidades y criterio de la empresa. En el supuesto de que se produzca la nueva contratación de alguno de los trabajadores afectados por las extinciones a través de la aplicación de la presente cláusula, regirán las siguientes condiciones:

a) La antigüedad del trabajador será la correspondiente a la fecha de inicio de la nueva contratación.

b) Las condiciones laborales del trabajador serán las que libremente pacten las partes, sin que las mismas se encuentren vinculadas por las condiciones existentes al momento de la extinción del contrato de trabajo.

"CONTRATACIÓN EN OTRAS FÁBRICAS DEL GRUPO: Se aceptarán solicitudes para trabajar en otras fábricas del grupo en Europa, siempre que el solicitante reúna las condiciones necesarias y estableciendo una nueva relación laboral con la empresa de destino y en las condiciones laborales que rijan en la misma. En relación con solicitudes de empleo en fábricas del grupo fuera de Europa, la empresa se compromete a tramitar internamente las solicitudes y hacer seguimiento de las mismas.

RECOLOCACIÓN EN CONTRATAS: la empresa facilitará la recolocación en contratas de al menos 8 trabajadores en Burgos, 6 en PSM y 13 en Basauri. En este sentido, la empresa únicamente se compromete a la intermediación entre contrata y trabajador para el acceso a un puesto de trabajo, cuya modalidad de contratación y condiciones laborales serán las que libremente pacten empleado y contrata, no asumiendo la empresa ninguna responsabilidad o compromiso al respecto."

"E. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Se creará una Comisión de seguimiento del ERE compuesta por igual número de representantes de la empresa y de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo. Esta comisión tendrá por objeto:

Hacer un seguimiento de las incidencias que puedan derivarse de la aplicación del Expediente.

Hacer seguimiento del programa de recolocación, para lo cual, se mantendrá como mínimo una reunión bimestral en la que se recibirá información de la empresa de recolocación acerca de la evaluación del programa y el número de trabajadores recolocados".

En mayo de 2015 la empresa remitió a todos los trabajadores afectados por el ERE de diciembre de 2012, entre ellos al actor, una convocatoria para la celebración de pruebas de aptitud para la cobertura de vacantes en la planta de la empresa en Burgos. El demandante no acudió a dicha convocatoria.

El actor presentó el 23 de diciembre de 2019 escrito a la empresa que, entre otros extremos, recogía que "... teniendo conocimiento de que se están produciendo nuevas contrataciones solicito que: se tenga por presentado este escrito y a su vez notificada la disposición de esta parte para trabajar en la planta de Basauri, reconociéndome le derecho a ser contratado con prioridad en virtud del acuerdo alcanzado y recogido en dicha acta en la negociación del ERE de diciembre de 2.012..."

El actor fue contratado por la demandada del 21 de septiembre de 2020 a 31 de enero de 2022 a través de cuatro contrato de trabajo eventuales por circunstancias de la producción.

El actor presentó el 22 de febrero de 2022 nuevo escrito en que manifestaba su disposición para trabajar en la planta de Basauri invocando el derecho a ser contratado con prioridad. No consta respuesta de la empresa al trabajador.

Se da por reproducido el Informe de Vida Laboral del actor del que resulta que ha prestado servicios para CESLAN y MANPOWER los períodos hasta 18/023/2022, del 21/03/2022 a 1/04/200, del 11/04/2022 a 12/06/2022, del 13/06/2022 a 5/08/2022, del 17/10/2022 a 23/12/2022, del 26/12/2022 a 29/12/2022, del 2/01/2023 a 28/02/2023, del 1/03/2023 a 24/03/2023, del 2/05/2023 a 21/07/2023 con contratos eventuales por circunstancias de la producción a jornada completa y a partir de 26/07/2023 para FONDEYUR S.L. con contrato 100.

La empresa ha suscrito numerosos contratos en 2.023.

B.- LA SOLUCIÓN DEL CASO.

Como la instancia plantea, la cuestión debatida en el presente procedimiento es si el trabajador tenía derecho a ser contratado con preferencia tras la extinción del ERE de 2012 que finaliza con acuerdo de 5 de diciembre de 2012 con medidas de recolocación con derecho preferente por vacantes en cualquiera de los centros de trabajo, y si la empresa ha incumplido con este derecho preferente no convocando al actor correctamente a partir del 22 de febrero de 2022, después de presentar escrito a la empresa en que manifestaba su disposición para trabajar en la planta de Basauri. Lo que la empresa niega alegando que el demandante no ha acudido a sucesivas convocatorias, por lo que no le correspondía el derecho preferente que invocaba en 2.022.

El recurso va a ser desestimado.

En efecto, con independencia de los precedentes de esta Sala en litigios relativos a cuestión similar, el caso que ahora nos ocupa presenta una singularidad relevante. Así, consta acreditado que el trabajador demandante fue contratado por la empresa demandada del 21 de septiembre de 2020 a 31 de enero de 2022 a través de cuatro contrato de trabajo eventuales por circunstancias de la producción.

Esto es, la empresa demandada procedió a contratar al trabajador cinco años después de no haber acudido el demandante a la convocatoria que hizo la empresa en mayo de 2015 a todos los trabajadores afectados por el ERE de diciembre de 2012, entre ellos al actor, para la realización de pruebas de aptitud para la cobertura de vacantes en la planta de la empresa en Burgos.

Consta, también, que en 2019, el demandante ya solicitó ser contratado, sin respuesta expresa por parte de la empresa, salvo esa contratación a la que hemos aludido, de 21 de septiembre de 2020 a 31 de enero de 2022 mediante cuatro contratos eventuales.

No consta, por otra parte, un llamamiento posterior al actor para ser contratado en la demandada, siendo ello, precisamente, el objeto del litigio.

Vamos a estar a la doctrina de los propios actos, plasmada en abundante doctrina jurisprudencial de la Sala I del TS. Por todas, estaremos a la Sentencia n.º 674/2023, de 5 de mayo de 2023, en la que, con invocación de doctrina anterior tanto de la propia Sala como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Sala de lo Civil razona a este respecto como sigue:

"(...) SÉPTIMO.- Decisión de la sala. El ejercicio de los derechos con arreglo a las exigencias de la buena fe y la doctrina de los actos propios. Aplicación al caso. Desestimación

1.- El art. 7.1 del CC establece que "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe".

La doctrina y la jurisprudencia han elaborado una serie de supuestos típicos, que encierran un desleal ejercicio de los derechos subjetivos, al margen de los postulados de la buena fe, en tanto en cuanto veda ir en contra de los actos propios ( sentencias 320/2020, de 18 de junio ; 63/2021, de 9 de febrero o 386/2021, de 7 de junio ,entre otras muchas), es incompatible con el retraso desleal en el ejercicio de los derechos ( sentencias 769/2010, de 3 diciembre ; 872/2011, de 12 de diciembre y 634/2018, de 14 de noviembre ,entre otras), es contraria a abusar de la nulidad por motivos formales, cuando se cumple o se acepta conscientemente el negocio jurídico que adolece de un defecto de tal clase ( sentencias de 12 de diciembre de 1985 y 23 de mayo de 1987 ), o exige la observancia de la regla "tu quoque", según la cual no debe admitirse la invocación de las reglas jurídicas por el mismo sujeto que las despreció o no cabe imputar a otro una conducta en la que la propia parte ha incurrido ( sentencias 104/1995, de 17 febrero ; 489/2010, de 15 de julio o 120/2020, de 20 de febrero ),entre otras manifestaciones al respecto.

2.- Nuestro Tribunal Constitucional, ya en las primeras sentencias, como la 120/1983, de 15 de diciembre y la 6/1988, de 21 de enero ,ha reconocido la virtualidad de dicho principio en el ejercicio de los derechos fundamentales. Así, en el fundamento de derecho 2 de la primera de las precitadas resoluciones, reconoció la vigencia de "[...] lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil en orden al ejercicio de todos los derechos - de los constitucionales también - conforme a las exigencias de la buena fe"; y, en el fundamento jurídico 7, de la segunda de las precitadas sentencias, se declaró que "[...] el fraude, la deslealtad o la conducta realizada con abuso de confianza no podrían buscar amparo bajo norma constitucional declarativa de derecho alguno".

Las sentencias del Tribunal Constitucional 108/1985, de 8 de octubre ; 198/1987, de 14 de diciembre o más recientemente 60/2017, de 22 de mayo y 165/2020, de 16 de noviembre ,entre otras, reconocen que el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE se debe ejercitar también con sujeción al principio de la buena fe.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de la misma manera valora que, en el ejercicio de los derechos fundamentales, se haya actuado con sujeción a las exigencias de la buena fe ( SSTEDH de 21 de enero de 1999, caso Fressoz y Roirec. Francia , § 54 ; de 20 de mayo de 1999, casoBladet Tromsø y Stensaas c. Noruega , § 68; de 10 de diciembre de 2007, caso Stoll c. Suiza , § 141; de 8 de enero de 2008, caso Saygili y otros c. Turquía, § 38 , o de 29 de julio de 2008, caso Flux c. Moldavia , § 29).

3.- En definitiva, actuar conforme a los requerimientos derivados de la buena fe, dentro de los cuales se podría incluir no abusar del derecho, exige no hacerlo en contra de la confianza suscitada en la otra parte; ser coherente con la propia conducta por imperativos éticos; y no ejercitar de forma desleal los derechos subjetivos. Las actuaciones sin sujetarse a dicho principio no generan una mera sanción moral por la conducta desencadenada, sino indiscutibles consecuencias jurídicas sobre el ejercicio de los derechos, incluso la desestimación de las pretensiones ejercitadas ( sentencia 578/2021, de 27 de julio ).

4.- En este marco, la jurisprudencia de esta sala ha subrayado la vinculación entre la regla general de la buena fe, la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima. En particular, hemos declarado reiteradamente que la doctrina de los actos propios constituye un principio general del derecho que veda ir contra los propios actos ( nemo potest contra propium actum venire) como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad ( sentencias de 9 mayo 2000 y 21 mayo 2001 ). La sentencia de 19 febrero 2010 , reiterada por la núm. 335/2013, de 7 de mayo ,sintetiza esta doctrina en estos términos:

"El principio de los actos propios implica una actuación "con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción..." así se expresan las sentencias de 9 de mayo de 2000 y 21 de mayo de 2001 .Y añade la de 22 de octubre de 2002 que "la doctrina que veda ir contra los propios actos se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica". A su vez, precisan las de 16 de febrero de 2005 y 16 de enero de 2006 que "no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe". "Significa, en definitiva - concluye la sentencia de 2 de octubre de 2007 - que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a otra persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real".

La sentencia 529/2011, de 1 de julio ,compendiaba, a su vez, la jurisprudencia sobre esta doctrina y su aplicación prudente:

"Entra este motivo en la doctrina de los actos propios, que tanta jurisprudencia ha provocado y cuya aplicación, en orden a la creación de un derecho o a la producción de una vinculación jurídica, debe ser muy segura y ciertamente cautelosa. "Actuaciones que por su trascendencia integran convención y causan estado, dice la sentencia de 19 de mayo 1998 , "aquéllos cuya realización vaya encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho... y ha de ser concluyente e indubitado y de carácter inequívoco" añade la de 3 de febrero de 1999, "precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica", expresan las de 9 de mayo de 2000 y 21 de mayo de 2001, "actos idóneos para relevar una vinculación jurídica" precisa la de 22 de octubre de 2002; "no ejerce influencia en el área del negocio jurídico... exige que los actos de una persona que pueden tener relevancia en el campo jurídico marcan los realizados en un devenir, lo que significa que en ningún caso pueden contradecir a los anteriores provocando una situación de incertidumbre que desconcierta a terceros afectados por los mismos y que rompe el principio de buena fe determinado en el artículo 7.1 del Código civil "dicen las sentencias de 16 de febrero de 2005 y 16 de enero de 2006.Cuya doctrina, con parecidas palabras, se reitera en las sentencias de 17 de 2006 que recoge una extensa cita de sentencias anteriores , de 2 de octubre de 2007 que "el acto sea concluyente e indubitado ", de 31 de octubre de 2007: "actos inequívocos y definitivos" y 19 de febrero de 2010 ".

En las recientes sentencias de esta sala 320/2020, de 18 de junio ,y 300/2022, de 7 de abril ,hemos insistido también en la vinculación de esta doctrina con el principio de confianza legítima:

"La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS de 9 de diciembre de 2010 y 547/2012, de 25 de febrero de 2013 ).El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( SSTS 9 de diciembre de 2010, RC n.º 1433/2006 , 7 de diciembre de 2010, RC n.º 258/2007 ). Como afirmamos en la sentencia de 25 de febrero de 2013 ,[...], dicha doctrina "significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real"". (...)".

Pues bien, aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, el recurso de la empresa ha de ser desestimado, como más arriba se ha avanzado.

Ciertamente, la empresa, con las contrataciones del demandante a las que nos hemos referido anteriormente, dio a entender la irrelevancia de la no presentación del demandante en la convocatoria de aptitud de 2015, lo que ha generado una expectativa legítima y una confianza en la posibilidad real de nuevas contrataciones. Contrataciones respecto de las que el demandante podía esperar ser uno de los llamados, habida cuenta de que, como la instancia ya recoge, la demandada ha suscrito numerosos contratos en el año 2023. Lo que afirmamos sin perjuicio de que pudiera haber otras personas con mejor derecho que él, algo que la empresa no alega ni se ha tenido por acreditado.

En definitiva, como ya se ha dicho, se desestima el recurso con íntegra confirmación de la Sentencia de la instancia.

CUARTO.- Procede condenar en costas a la recurrente BRIDGESTONE HISPANIA, S.A., por no gozar del beneficio de justicia gratuita ( art. 235-1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social), costas en las que se incluirán los honorarios del/la Letrado/a o Graduado/a Social de la parte que ha impugnado el recurso, lo que se fija en 1.000 euros - sin incluir IVA -, estando fijado en la norma antedicha el límite máximo en la suma de 1.200 euros en el recurso de suplicación.