Sentencia Social 1060/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 1635/2024 de 25 de febrero del 2025

PRIMERO.-Contra la sentencia de instancia, que estimó en parte la demanda de reclamación de cantidad, recurre en suplicación la empresa demandada desde la doble perspectiva que autorizan los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -LRJS-, al objeto de que se revoque la sentencia de instancia.

El demandante impugna el recurso, alegando su inadmisibilidad por incumplir los requisitos formales establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 196 LRJS, por no existir alegación alguna ni sobre su procedencia ni sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, adoleciendo de falta de precisión y claridad en la expresión de los motivos en los que se ampara, sin identificación concreta de documento en que se apoye para la revisión fáctica solicita, suplicando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

El recurrente formula alegaciones sobre la inadmisibilidad alegada de contrario insistiendo en que cumple los requisitos exigidos, en cuanto expresa los motivos en los que se ampara, con cita de las normas jurídicas o de la jurisprudencia que considera infringidas. Añade que la revisión de hechos que solicita consiste en la supresión de las oraciones entrecomilladas ubicadas en el HP 3.º de la sentencia recurrida, sobre la base de que se trata de conclusiones jurídicas, no fácticas, y se sustenta sobre el dictamen pericial, no tendiendo que proponer por ello una redacción alternativa.

SEGUNDO.-Conforme a la doctrina del TC ( SSTC 18/1993 y 105/2008), "desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante 'no es la 'forma' o 'técnica' del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos ... desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinarias del recurso, no debe rechazar a limine el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte".

Desde esta perspectiva, el recurso formula los motivos fundados en los apartados b) y c), en atención a su concreta finalidad, con el contenido suficiente para considerar cumplidas las exigencias formales aludidas. Ciertamente, no explicita que se han cumplido los requisitos exigidos relativos al plazo, depósito para recurrir y consignación o aseguramiento, o la manifestación de que no son necesarios, pero ello, habida cuenta de que su cumplimiento material ha sido objeto del correspondiente control procesal en el trámite, no puede erigirse en causa de inadmisión.

TERCERO.-Se formaliza un primer motivo por el cauce del artículo 193 b) de la LRJS, manifestando la recurrente su discrepancia con el relato de hechos probados.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos en reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS/IV 28.05.2013 (rec. 5/20112), 03.07.2013 (rec. 88/2012), 25.03.2014 (rec. 161/2013), 02.03.2016 (rec. 153/2015), 22.02.2022 -Pleno- rec. 232/2021, y de 17.07.2024, rec. 278/2022, respecto a la revisión en casación de los Hechos Probados, con doctrina plenamente aplicable al recurso de suplicación (añadiendo a la documental como prueba habilitante la pericial):

a) El recurrente debe expresar si pretende la modificación, supresión o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, y en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y ofrecer la redacción que se estime pertinente

b) Debe citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde su alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procesales (resoluciones, actos de comunicación, ni el acta del juicio, que no constituyen "documento" en el sentido de los art. 193.b y 196.3). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador.

c) El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente.

d) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio.

e) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo (por todas, STS/IV, Pleno, de 15.05.2021, rec. 68/2021, y las citadas en ella).

Los anteriores requisitos traen causa de la configuración de la suplicación como un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, de objeto limitado, en el que el tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar de oficio el Derecho aplicable. A diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, puesto que los Juzgados de lo Social conocen en única instancia ( artículo 6 de la LRJS) de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción, salvo de los procesos atribuidos en única instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( artículos 7, 8 y 9 de la LRJS, respectivamente) lo que, por otra parte, es plenamente acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, toda vez que la doble instancia, salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el sistema de recursos es de configuración legal, pudiendo el legislador determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización ( STC 160/1993, de 17 de mayo).

De esta forma, el Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, salvo error patente, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS/IV de 18.11.1999, rec. 9/1999).

Tal y como argumenta la STS/IV, Pleno, de 23.07.2020, rec. 239/2018: "Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente".

En concreto, interesa la revisión del HP 3.º, para que se supriman los siguientes extremos:

- En cuanto a las horas nocturnas, de lo que sigue:

"En el año 2022 la hora se abona a 1,91 euros lo que arroja una cantidad, por este concepto, de 824,07 euros.

En el año 2023 la hora se abona a 2,08 euros lo que arroja una cantidad, por este concepto, de 436,45 euros".

- En cuanto a las horas trabajadas en domingos y festivos:

"En el año 2022 la hora se abona a 5,75 euros lo que arroja una cantidad, por este concepto, de 720 euros.

En el año 2023 la hora se abona a 6,23 euros lo que arroja una cantidad, por este concepto, de 458,32 euros".

- En cuanto a las horas de conducción, disponibilidad y excesos de jornada ordinaria de trabajo:

"En el año 2022 la hora se abona a 7,66 euros lo que arroja una cantidad, por este concepto, de 1.7761,62 euros.

En el año 2023 la hora se abona a 8,31 euros lo que arroja una cantidad, por este concepto, de 705,66 euros.

El total de las cantidades citadas, que asciende a 4.916,12 euros, no consta abonada por la parte demandada".

Alega que se trata de afirmaciones constitutivas de una conclusión jurídica y no fáctica, dado que la cuantificación económica de las horas nocturnas o de domingos y festivos realizadas, así como las horas de exceso de jornada, son un contenido predeterminante para el fallo que no debe ser incluido en el relato de hechos probados sino en la fundamentación jurídica.

Ciertamente, el valor económico de la hora, en las distintas modalidades aludidas, puede derivarse de lo previsto en una norma, en cuyo caso es innecesaria su inclusión en el relato fáctico, o en un pacto (individual o colectivo), supuesto en el que, salvo que conste publicado en un boletín oficial, sí forma parte del ámbito de los hechos que el juzgador puede considerar probados. Ello sin perjuicio de que, de tratarse de un dato sobre el que no exista discrepancia, en cualquiera de los casos pueda incluirse, por razones pragmáticas y hasta de economía procesal, en el propio relato histórico. En el caso presente y a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia, "el valor de las horas, calculado conforme al salario, puede considerarse admitido por efecto del artículo 91.2 LRJS", lo que puede derivar de la aplicación del aludido expediente de la ficta confessio,o de no haberse propuesto la prueba del interrogatorio, de una forma inadecuada de denominar la admisión de hechosconsecuencia de la no oposición expresa de la demandada a tales presupuestos fácticos recogidos en la demanda (valores de la hora), pues el actor en la impugnación del recurso indica que no ha sido objeto de controversia en el acto del juicio el importe de la retribución correspondiente por cada uno de los conceptos (extremo que se corrobora con el visionado de su grabación). Ha de recordarse que de acuerdo con el artículo 85.2 de la LRJS el demandado contestará "afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda", lo que significa que la parte demandada no se debe limitar a una posición de defensa puramente pasiva, expectante, mientras la parte actora alega y prueba los hechos constitutivos de la demanda, sino que ha de colaborar activamente a establecer la verdad material, de manera que la demandada no puede limitarse a desconocer un hecho o un documento, sin afirmar ni negar su existencia, respecto de hechos propios (no así en relación con hechos de terceros), o que hayan ocurrido, según el demandante, en el ámbito de actuación de la empresa demandada, puesto que en tal caso la posición no puede ser simplemente de desconocimiento o de pasivo silencio, sino que ha de afirmarse o negarse el hecho, o bien facilitarse una versión diferente de lo ocurrido en la realidad extraprocesal.

Con ello, toda vez que la cuantificación del total resultante tiene una clara proyección jurídica susceptible de predeterminar el fallo, se tiene por no efectuada en el referido relato histórico, sin perjuicio de la remisión que se viene a realizar en la fundamentación jurídica a la misma (FJ 3.º), y que en realidad resulte de la aplicación de los valores de la hora que se reputan probados a las horas que se reflejan en el indicado relato fáctico.

CUARTO.-En el ámbito de la censura jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, denuncia la recurrente:

1. Infracción del artículo 32.2.1 del II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera, que establece: "El Complemento salarial de nocturnidad -para el caso de que tal circunstancia no haya sido tenida en cuenta al fijar el sueldo o salario base- se abonará por cada hora o fracción de hora trabajada entre las 22 y las 6 de la mañana".

Alega que en el presente caso la sentencia recurrida, transcribiendo una tabla obrante en el informe pericial obrante en autos, se limita a hacer constar un montante total de horas por cada mes, de junio de 2022 a mayo de 2023 que se califican como nocturnas, sin otra determinación al respecto. Tampoco se diferencia en ellas, indica, entre las horas efectivas de trabajo y de descanso.

Empero, la sentencia considera probada la realización de las "horas nocturnas" realizadas en su relato histórico, respecto de las que, al igual que en cuanto al exceso de jornada y horas de domingos y festivos, según argumenta en el FJ 3.º, se remite "a las tablas expresadas en el informe pericial de don Jose Ignacio, ratificado en sala, que ha manifestado haber incluido en su informe todos los conceptos teniendo en cuenta el análisis de la tarjeta del conductor, haciendo, tras el estudio de los turnos de trabajo, el cómputo con la compensación permitida por el Convenio aplicable y Acuerdo Marco, en el período que va desde el 11 de junio de 2022 hasta el 29 de mayo de 2023, datos extraídos del análisis de la tarjeta del conductor", con lo que está haciendo referencia a que tales "horas nocturnas" se realizaron en el intervalo horario que normativamente les corresponde. No habiéndose instado la modificación del referido hecho probado, la Sala necesariamente ha de estar al mismo.

2. Infracción del artículo 3.c) del Estatuto de los Trabajadores -ET-, con forme al que "los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral, se regulan por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo(...)".

Se remite al contrato de trabajo del actor, que contempla una jornada de lunes a domingo con los descansos correspondientes y especialidades del sector, con lo que se trata de un trabajador móvil con una distribución de jornada irregular. Ante tal previsión contractual, no corresponde abonarle, sostiene, cantidad alguna en virtud de los conceptos reclamados por horas realizadas en domingos y festivos. Forman parte de la jornada ordinaria de trabajo del trabajador y por tanto no procede una compensación adicional por trabajar los días indicados cuando se compensan con los descansos establecidos legal o convencionalmente como sucede en este caso. Añade que ni el propio convenio colectivo aplicable ni el II Acuerdo General, contienen disposición alguna que implique el devengo automático de cantidad alguna por el mero hecho de trabajar en domingo o festivo, cuando se compensan con los oportunos descansos del trabajador; tal y como sucede y resulta acreditado en el presente caso.

Como se recoge en el HP 1.º de la sentencia, el actor "prestó servicios para la demandada, desde el 9 de junio de 2022, con jornada laboral completa en horas semanales, prestadas de lunes a domingos y categoría profesional correspondiente a conductor".El Convenio Colectivo aplicable, como también recoge la sentencia, en extremo que no aparece discutido, es el del sector de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Ourense, en el que no se recoge previsión alguna relativa a la retribución de los domingos y festivos, a diferencia de otros, como el por ejemplo el de Pontevedra. El de Ourense (BOP de 13.03.2014) solo contempla la festividad de Nochebuena (artículo 27), fecha en que no se recoge que el actor prestara servicios. En consecuencia, tratándose de un conductor con jornada de lunes a domingo, con los descansos correspondientes, sin previsión normativa o convencional expresa de retribución de los servicios prestados en domingos y festivos, procede acoger el motivo, al no corresponder este concreto concepto.

3. Infracción del artículo 217 de la LECivil y jurisprudencia aplicable.

Muestra su disconformidad con el argumento recogido en la sentencia relativo a que "la empleadora demandada no ha aportado el registro de jornada diaria del trabajador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 ET , por lo que, ex artículo 217 LEC debe soportar las consecuencias dañosas de no hacerlo",pues sostiene que aportó en tiempo y forma los archivos en formato TGD de la tarjeta de conductor del demandante, donde constan todos los datos de descargas realizadas por el conductor, con la que el actora ha elaborado la pericial aportada. Sostiene que los datos arrojados por el tacógrafo constituyen un sistema válido de registro de jornada, y cita la STS de 18.01.2023, rec. 78/2021, y del TJUE de 14.05.2019, C-55/2018, además de otra del TSJ de Cataluña que no constituye jurisprudencia.

Como recoge la STS/IV de 18.01.2023, rec. 78/2021, que recoge los criterios sentados en la STJUE de 14.05.2019, C-55/2018, "es imprescindible que exista un sistema de registro de jornada diaria de trabajo objetivo, fiable y accesible, que ofrezca a los trabajadores "un medio particularmente eficaz para acceder de manera sencilla a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo que han realizado y, por lo tanto, puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado los derechos que les confieren los artículos 3 , 5 y 6, letra b), de la Directiva 2003/88 , que precisan el derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos" (ap.56)".

Conforme a reiterada doctrina de suplicación los discos tacógrafos, no solo por su especial naturaleza técnica, constituyen un elemento o medio mecánico de fijación y reproducción para cuya lectura y determinación de su contenido son necesarios y precisos determinados conocimientos científicos o prácticos lo que, salvo su aportación acompañada de correspondiente dictamen pericial, resulta por su imposibilidad de valoración inaceptable como medio probatorio, sino que además, su contenido se circunscribe y limita a determinar el tiempo que el motor del vehículo en que se instalan está en marcha, pero en modo alguno prueban o acreditan la jornada laboral de quien lo conduce, ni las horas de conducción, de carga o descarga y simple presencia a disposición, lo que les priva de todo valor a efectos demostrativos de la realización de los conceptos que se reclaman. De ello deriva que su eventual utilización como medio de registro de jornada, en cualquier caso, para poder cumplir los requisitos de objetividad, fiabilidad y accesibilidad,requieren el complemento de su traducción a términos que permitan el control del cumplimiento de los derechos por los interesados, y también las autoridades y los tribunales nacionales competentes.

Es claro que la mera aportación de los archivos en formato TGD de la tarjeta de conductor no cumple los requisitos indicados que parten de la normativa indicada.

La juzgadora de instancia explicita en el FJ 3.º las razones por las que confiere credibilidad al dictamen pericial aportado por el demandante, sobre la base de la libre valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y tiene en cuenta también que la empresa no ha aportado un registro de jornada que, conforme se ha expuesto, pueda considerarse tal en cuanto objetivo, fiable y accesible, sin que la Sala aprecie en ello las vulneraciones denunciadas.

En consecuencia, procede acoger el recurso parcialmente, deduciendo del total de la condena los 1178,32 € relativos a los domingos y festivos.

QUINTO.-La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de costas, conforme se desprende del artículo 235.1 de la LRJS, así como la devolución de la totalidad del depósito constituido para recurrir ( artículo 203.3 LRJS) .

Asimismo, la revocación parcial de la sentencia implica la devolución parcial de las consignaciones, en la cuantía que corresponda a la diferencia de las dos condenas, y la cancelación también parcial de los aseguramientos prestados, una vez firme la sentencia ( artículo 203.2 LRJS) .

Por lo expuesto,