Sentencia Social 2404/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5311/2025 de 25 de mayo del 2026

PRIMERO.- 1.-Por Dª. Claudia, se formula demanda frente a su empleadora CONCELLO DE DIRECCION000 por la que interesa la declaración de la nulidad de la decisión empresarial por la que estima se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con restitución de la trabajadora a la situación anterior, así como la vulneración de derechos fundamentales ordenando el cese inmediato de los comportamientos y la condena a la empresa al abono de 7.501 euros.

Pretensión a la que se opone su empleadora, negando la existencia de una modificación sustancial y la concurrencia de vulneración de derechos fundamentales.

2.-Por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de OURENSE, se dicta Sentencia nº 471/2025, en los autos de MGT Nº 567/2025, el 30 de septiembre de 2025, por la que desestima la demanda, declarando que no ha existido modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino que cumplimiento de la legalidad aplicable, al no existir una condición más beneficiosa de la trabajadora a una jornada laboral menor, negando la concurrencia de vulneración de derecho fundamentales por cuanto es una medida aplicada a todos los trabajadores, y no constar solicitud de reducción de jornada por la asistencia a su padre con discapacidad.

3.-Frente a esta decisión se alza en suplicación la representación legal del demandante Dª. Claudia alegando los siguientes motivos:

a) Al amparo del art. 193 a) LRJS, se alega infracción del artículo 97.2 de la LRJS en relación con los artículos 218.2 y 376 de la LEC, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, al infringir la sentencia las normas del procedimiento por omisión de valoración de la prueba testifical practicada en el juicio oral, causando con ello una grave indefensión a esta parte, por lo que solicita la nulidad de la sentencia dictada.

b) Al amparo del art. 193 b) solicita la revisión de hechos probados, en concreto el hecho probado segundo y cuarto.

c) Al amparo del art. 193 c) se alega infracción de diversas normas sustantivas, así como del texto constitucional, por las que interesa la revocación de la sentencia dictada

4.-El recurso ha sido impugnado por la representación legal de CONCELLO DE DIRECCION000 interesando que se desestime el recurso de suplicación interpuesto de contrario y confirme la sentencia de instancia en los términos solicitados en las presentes alegaciones.

5.-No consta formuladas alegaciones por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- 1.-Resulta preciso analizar en primer lugar, la cuestión relativa a la admisión del documento aportado por el recurrente, que consiste en resolución dictada por el CONCELLO DE DIRECCION000 el 18 de diciembre de 2025. Respecto a cuya aportación no se han formulado alegaciones por las demás partes.

2.-El artículo 233.1 LRJS establece que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrán en los dos siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complete su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

3.-Y en el presente supuesto, analizado el documento cuya incorporación pretende a las actuaciones, ha de ser rechazado, por cuanto se trata de un documento emitido por su empleador , efectivamente con posterioridad al acto del juicio y la sentencia objeto de recurso, donde se recogen indicaciones sobre el cumplimiento de su horario, y la existencia de una "bolsa de horas", así como se le comunica que debe acudir a los actos que estaban programados.

Pretende la recurrente se incorpore una resolución administrativa dirigida a la misma, y emitida el 18/12/2025, claramente con posterioridad al dictado de la sentencia, si bien no consta que el contenido de la misma afecte a la resolución del presente procedimiento, por cuanto en todo caso el contexto fáctico donde se dicta la citada resolución, no es el que ha de ser examinado al tiempo de la demanda que nos ocupa, que se refiere a una posible modificación de las condiciones de trabajo, en cuanto al horario laboral, no al modo de su cumplimiento, que es la cuestión objeto del citado documento.

Es por lo que no procede la admisión e incorporación del citado documento, por no encontrarnos en uno de los supuestos en los que excepcionalmente se admite su incorporación, por lo que procede su devolución a la parte que los aporta, por su imposibilidad de ser valorado al resolver el presente recurso.

TERCERO: 1.-En el primer motivo de recurso, al amparo del art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la recurrente solicita la nulidad de actuaciones. Alega que la sentencia de instancia infringe artículo 97.2 de la LRJS en relación con los artículos 218.2 y 376 de la LEC, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, al infringir la sentencia las normas del procedimiento por omisión de valoración de la prueba testifical practicada en el juicio oral, causando con ello una grave indefensión a esta parte. A lo que la empleadora se opone.

2.-Para resolver la pretensión propuesta - nulidad de actuaciones por infracción procesal - ha de tenerse en cuenta que ha de examinarse no solo la infracción cometida sino también si se ha producido una indefensión de la parte que invoca, la nulidad , entendida esta como un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción.

Así pues, para apreciar tal vulneración y estimar la pretensión de nulidad es necesario, tal como ha señalado esta Sala de Suplicación en múltiples ocasiones (entre otras sentencias la de 10 de diciembre de 2020, rsu 3761/2020, 837/2023, de 13 de febrero rsu 6769/2022, 2308/2024, de 14 de mayo rsu 670/2023): " a) Que se haya infringido una norma procesal; b) Que se cite por el recurrente el precepto que establece la norma cuya infracción se denuncia; c) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma, pidiendo la subsanación de la falta, con el fin de que no pueda estimarse consentida; d) Que el defecto no sea invocado por la parte que lo provoca, pues sólo el perjudicado puede denunciar el defecto y e) Que la infracción de la norma procesal haya producido indefensión (ex art. 24.1 CE )"

En los referidos pronunciamientos también recordamos que el Tribunal Constitucional establece que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. Así el Tribunal Constitucional ha venido declarando, (entre otras en sentencias SSTC 70/1984, 48/1986, 89/1986, 98/1987 y 140/1996) "que el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos todavía puede equipararse la indefensión con dimensión constitucional con cualquier infracción de normas procesales que los órganos judiciales puedan cometer. Para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.2 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones para que le sean reconocidas."

3.-Partiendo de estas premisas la petición de nulidad no prospera.

Como señala la impugnante, nos encontramos ante un defectuoso desarrollo del motivo de nulidad invocado puesto que se refiere a la previsión del art 218 de la LEC, relativa a la exhaustividad y congruencia de las sentencias, así como al art. 97.2 LRJS, que se refiere a la misma materia, siendo únicamente la mención al art. 376 LECIV que se refiere a la "valoración de la prueba testifical", por lo que parece alegar la recurrente es una motivación errónea de sentencia, por errónea valoración judicial de la prueba, y en concreto por la falta de valoración de la testifical prestada.

Para resolver esta pretensión hemos de recordar a la recurrente que el art. 120 de la CE, en relación con el art. 24 del mismo texto legal, así como reiterada interpretación del TC (entre otras STC de 31 de mayo de 2021, rec. 3199/2020) establece que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, señalando el art. 97.2 de la LRJS la necesidad tal motivación.

También hemos de recordar que nuestro sistema procesal atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ello implica, atendiendo a la especial naturaleza del Recurso de Suplicación, que el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba sino realizar un control de la legalidad de la Sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas con base en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación no puede ser desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Tal conclusión lleva a que es el Juez de instancia quien llega a una determinada convicción al valorar el conjunto probatorio, y que lo que realmente importa es si esas conclusiones son arbitrarias o irracionales, siendo esto último lo único que puede ser controlado por esta Sala en sede de suplicación y no por siempre por la vía del apartado a) del art. 193 de la LRJS, sino por el b) solicitando la correspondiente modificación fáctica, siendo esta la vía ordinaria (la del apartado b) del art. 193 LRJS ) para solicitar la revisión de la valoración de la prueba realizada por el Juzgador de instancia.

No obstante, la doctrina de los Tribunal admite como excepción, y por lo tanto denunciable por vía jurídica y no de revisión fáctica, el desconocimiento de la regla del onus probandi, atribuyendo la carga de la prueba quien no le corresponda, o la valoración de la prueba de una forma diferente a la legalmente establecida.

No es este el caso de autos, ya que la Jueza a quo cita en su Fundamento Segundo, los elementos de convicción tenidos en cuenta para llegar a la conclusión de desestimación de la reclamación, donde valora tanto documentos aportados como las manifestaciones entre otras del "alcalde anterior", y por tanto uno de los testigos propuestos por la propia recurrente.

La Sala 1ª del TS nos explica en qué consisten las reglas de la sana crítica como criterio valorativo de las pruebas en sus sentencias 468/2019, de 17 de septiembre, 141/2021, de 15 de marzo (rc 1235/2018). En ellas expone, tras recordar que su aparición tuvo lugar en la LEC de 1855 a los efectos de valorar la prueba testifical y su posterior extensión, en diferentes normas procesales, a otros medios de que prueba, que "Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias.

La sana crítica se concibe pues como un sistema integrado por las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, entendida la primera de ellas como sistema que permite verificar la corrección de los razonamientos humanos, con sometimiento a las pautas por las que debe discurrir el pensamiento condigno al ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración probatoria llevada a efecto por medio de tales reglas exige que no conduzca al absurdo como límite infranqueable de la lógica jurídica. En definitiva, lo que se pretende es la consagración de una concepción racionalista de la valoración de la prueba, que permita dictar una sentencia motivada que adopte una decisión justificada conforme a los postulados de la razón."

En el presente caso la Jueza a quo ha explicado, de forma lógica y razonada, las conclusiones derivadas de los medios probatorios articulados para la desestimación de la demanda, sin que sea exigible como pretende el recurrente la preferencia como medio probatorio de las testificales prestadas, frente a la documental valorada, sino que un análisis conjunto de la prueba dará preferencia según las reglas de la sana crítica aquellas que configuren la convicción del Juzgador, que no cabe en modo alguno calificar derivada de un error palmario o ilógica por la sentencia de instancia, por lo que el motivo de nulidad decae.

CUARTO.- 1.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la LRJS se interesa por la parte recurrente la modificación del hecho probado segundo y cuarto, a lo que el impugnante se opone.

2.-Para que surta efecto la revisión se requieren los siguientes requisitos:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

e) El error debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador. - Sentencias de 13 de marzo , 2 de octubre , 4 y 6 de noviembre de 2003 , entre otras muchas.

Por cuanto este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso de Suplicación es extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, de manera que -por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 y 13-diciembre-90), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia, entre otras, de 3-3-00, 14-4-00, 15-4-00...).

3.-A la vista de estas pautas vamos a examinar cada una de las pretensiones revisoras.

I.En primer lugar, interesa una nueva redacción del Hecho Probado Segundo,con el siguiente tenor literal: "SEGUNDO. - La trabajadora llevaba a cabo el siguiente horario: de 9: 00 a 15:30 horas de lunes a viernes por la mañana. Además de ello, tenía disponibilidad para las Urgencias del Concello derivadas de sus funciones de Trabajadora Social e igualmente, en relación con el ejercicio de su actividad laboral, impartía cursos/charlas en horario de tarde".

Fundamenta tal revisión en el documento nº 1 aportado por el Concello, y en el referido documento, concretamente en el puesto nº NUM000- Trabajadora Social- (pags. 10, 11 y 12 del BOP) se detallan cuáles son las tareas y funciones. Además, en los documentos Nº 1 a 18 aportados por el recurrente, y las manifestaciones de los testigos que cita.

No procede la revisión instada por varios motivos.

El primero por cuanto en relación a alguno de los documentos en que ampara su revisión, en concreto documentos aportados por la propia recurrente, que se trata de 18 documentos, no hace mención concreta en que folio o documento se puede deducir literalmente tal hecho, y así resulta claramente indeterminada tal mención, que supondría por este solo hecho la desestimación de la revisión, por cuanto no puede amparar esta Sala en la búsqueda del documento o párrafo concreto de donde concluir la redacción solicitada.

El segundo, porque pretende la revisión al amparo de la prueba testifical practicada en el acto del juicio, y conforme a consolida doctrina jurisprudencial, antes mencionada, la prueba testifical no es un medio adecuado y hábil para tal revisión.

Y por último porque la redacción que pretende introducir en cuanto a actividades desarrolladas por la trabajadora y sus funciones, no es objeto de controversia en el asunto, donde la impugnación se refiere a una cuestión de la jornada laboral aplicable, no de funciones o tareas a desarrollar, pretendiendo además una redacción conclusiva y valorativa que no puede figurar en hechos probados, además de estimar que no es trascendente para resolver el recurso presentado.

II.En segundo lugar, interesa la revisión del Hecho Probado Cuarto,y al respecto pretende la siguiente redacción: "Cuarto: La actora reside con su padre que tiene una discapacidad del 35%. El horario de mañana desempeñado por la trabajadora en las dependencias del Concello fue reconocido por el Concello para conciliar su vida familiar y laboral".

Ampara tal revisión, en los documentos nº 2, aportado por el Concello, que es su registro horario, además de los documentos nº 7 y 8 aportados por la propia recurrente (Certificado de empadronamiento y Certificado de Grado de Dependencia del padre de la trabajadora), además de la prueba testifical.

Y nuevamente esta revisión ha de ser rechazada.

En primer lugar, porque en la redacción del hecho probado cuarto, se reflejan los elementos fácticos relevantes, tales como convivencia con su progenitor y grado de discapacidad, del que está afectado, los cuales resultan del tenor de la documental en que ampara la revisión, que por tanto deviene innecesaria en este extremo, al ser correcta la redacción que contiene.

En segundo lugar, porque nuevamente pretende la revisión de hechos probados en base a la testifical prestada, medio no idóneo para tal revisión, como ya se ha explicitado en párrafos anteriores.

Y por último porque pretende introducir el reconocimiento de un derecho, que ampara como medio probatorio en la testifical, y por tanto deviene inidóneo para tal fin. Y es más admitir la redacción propuesta en su inciso final, sería claramente valorativo, más cuando la propia Juzgadora de instancia en su fundamentación jurídica y con valor fáctico rechaza la existencia de tal reconocimiento.

Es por lo que no procede acceder a la revisión fáctica propuesta.

QUINTO.- 1.-Entrando al examen de los motivos de infracción jurídica, que se alegan en el recurso de suplicación formulado, hemos de comenzar señalando que esta Sala de Suplicación ha señalado en múltiples ocasiones que constituye deber inexcusable de los Tribunales velar por la legalidad y el estricto cumplimiento de las normas procesales, en cuanto cauce de todo ordenamiento jurídico, lo que obliga a esta Sala a examinar si contra la sentencia impugnada cabría o no recurso de suplicación.

En efecto, el principio de legalidad, que ha de regir el orden formal del proceso, dado el carácter de orden público y de derecho necesario que tienen las normas de procedimiento, obliga a los tribunales, como misión primordial a los mismos encomendada, la de velar por su pureza en cuanto a su aplicación, y entre ellas se encuentra las normas referentes a la procedencia de los recursos contra las resoluciones procesales.

En base a la doctrina antedicha hemos señalado que aunque la sentencia hubiera proclamado su recurribilidad y se hubiera tramitado el recurso, sin discusión procesal en este extremo por ninguna de las partes, el Tribunal debe examinar, incluso de oficio tal cuestión al ser materia de orden público, y de apreciar el defecto, declarar la inadmisibilidad de aquél, declarando firme la resolución de instancia, de acuerdo con el clásico apotegma de que las causas de inadmisión se convierten en trámite de recurso en motivos de desestimación.

2.-El art. 191 de la LRJS regula el ámbito de aplicación del recurso de suplicación mediante un cuadro de inclusiones y exclusiones de las resoluciones que tiene acceso al mismo.

En lo que aquí nos interesa debemos destacar el contenido del apartado 2 de dicho precepto que dispone que "No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias : e) (...)en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto ·"

En el similar sentido se pronuncia el art. 138.6 de la LRJS.

Y asimismo la previsión del art. 191. 2 g), que excluye del ámbito del recurso de suplicación las "Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros".

3.-El Tribunal Supremo entre otras en su Sentencia 1232/2024 de 12 Nov. 2024, Rec. 987/2022, en relación con esta cuestión recoge "2.-La doctrina tradicional de esta Sala sostenía que la empresa podía recurrir en suplicación para impugnar cuestiones de legalidad ordinaria en los procedimientos de MSCT de carácter individual en los que el trabajador alegaba la vulneración de derechos fundamentales. En esos procedimientos, la empresa interponía recurso de suplicación para solicitar que se calificase como justificada la MSCT. El debate suplicacional se limitaba a cuestiones de legalidad ordinaria, ajenas a la vulneración de derechos fundamentales.

3.-La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 840/2022, de 19 de octubre (rcud 1363/2019 ) rectificó esa doctrina. Esta Sala precisó que, en esos pleitos de MSCT de carácter individual, el TSJ tiene limitada la cognición a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales invocadas en la demanda, pero no puede en cambio entrar a resolver las de estricta legalidad ordinaria que pudiere suscitar la parte recurrente cuando no se encuentran indisociablemente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales. Sentamos la doctrina siguiente:

a) Las sentencias dictadas en procesos de MSCT de carácter individual en los que se invoca la vulneración de derechos fundamentales son recurribles en suplicación, excepto las situaciones excepcionales en las que pudiere apreciarse en esa invocación de derechos fundamentales la posible existencia de un manifiesto fraude procesal, de maniobras torticeras en abuso de derecho ( sentencia del TS de 24 de mayo de 2002, recurso 2753/2001 ), cuando se trata de una invocación puramente artificiosa y carente del más mínimo acerbo probatorio con la que únicamente se pretenda conseguir.

b) En tal caso, el ámbito y alcance de ese recurso de suplicación debe limitarse a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. No puede extenderse a las que son estrictamente de legalidad ordinaria y resultan perfectamente separables de la tutela de tales derechos fundamentales.

c) El legislador ha excluido expresamente de la suplicación todas aquellas modalidades procesales que enumera el art. 191.2 de la LRJS (impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente; disfrute de las vacaciones; materia electoral...). Ello se debe a que versan sobre cuestiones de legalidad ordinaria y a factores de menor trascendencia, relevancia jurídica o de la mayor agilidad y premura en la tramitación del proceso.

Carecería de lógica que esas mismas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, una vez ya resueltas las pretensiones relativas a tales derechos fundamentales y cuando no guardan la más mínima relación con las materias de legalidad ordinaria pendientes de resolución.

Si el legislador ha dispuesto que esos aspectos de legalidad ordinaria queden firmes en la sentencia de instancia, no puede ofrecerse un distinto tratamiento jurídico en función de que hayan sido planteados aisladamente o de manera acumulada con la invocada vulneración de derechos fundamentales.

d) El art. 191.3.d ) y e) de la LRJS dispone que procede recurso de suplicación cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, o bien se decida sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial o funcional.

El alcance del recurso se limita a esos concretos aspectos: «Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación [...]», de tal forma que admite la recurribilidad de la sentencia de instancia pero limita el alcance de la suplicación a los pronunciamientos vinculados al defecto procesal invocado, a la jurisdicción o competencia, excluyendo la posibilidad de entrar a conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria excluidas de suplicación.

Se trata de una clara manifestación de la voluntad del legislador de negar el acceso a la suplicación de aquellas materias que están expresamente excluidas del recurso, aun cuando la sentencia pudiere ser recurrible por otros motivos y razones diferentes, y tan solo para que pueda ser supervisada en esos concretos y únicos aspectos por el órgano judicial superior.

e) Esto es lo que así sucede cuando se plantean de forma claramente diferenciada pretensiones vinculadas a la posible vulneración de derechos fundamentales y otras de mera legalidad ordinaria que no son recurribles.

Cabrá entonces recurso para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso -entre ellos, la posible indemnización asociada a su presunta vulneración-, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación.

Solo pueden ser examinados por la sentencia de suplicación los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda limitarse en estos casos su cognición a los aspectos relativos a la posible infracción de derechos fundamentales, cuando la respuesta que haya de darse a esa cuestión condiciona de alguna manera el pronunciamiento sobre las materias de legalidad ordinaria.

4.-Posteriormente han reiterado esa doctrina las sentencias del TS 540/2024, de 11 de abril (rcud 1015/2023 ); 690/2024, de 14 de mayo (rcud 3695/2021 ); y 1045/2024, de 10 de septiembre (rcud 3404/2023 ), entre otras."

5.-A la vista de lo anterior hemos de concluir que:

a) La sentencia recurrida tendría acceso al recurso de suplicación por razón de la cuantía. Puesto que la pretensión ejercitada en cuanto a daños y perjuicios se cuantifica en 7.501 € por lo que supera el límite de los 3.000 euros fijados en el art. 191.2 g) LRJS.

b) Y asimismo, tiene acceso al recurso por la vía de la alegación de vulneración de derechos fundamentales. Pero la cognición de esta Sala se verá limitada a tal vulneración, y en lo que se refiere a cuestiones de estricta legalidad ordinaria solo se podrá conocer de las mismas si están íntimamente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales.

La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al presente caso implica que la sentencia de instancia sea recurrible, si bien limitado su recurso a las cuestiones relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales, que articula según el tenor de sus alegaciones, a la vulneración de los artículos 14 y 39 de la Constitución Española relativos al derecho a la igualdad y protección de la familia, así como la mención a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 15 de septiembre de 2022; Rec.3076/2022, y los arts. 181.2 y 183 LRJS, relativos a la indemnización por vulneración, y que articula como motivos III, V y VI de su recurso de suplicación, excluyendo por tanto como susceptibles de recurso, y examen por esta sala las cuestiones planteadas en fundamento de su recurso, en relación a las infracciones de "Ley de Base de Régimen Local" y los términos de la RPT del Ayuntamiento - motivo I-, la infracción del art. 41 del ET - motivo II-, y respecto a la normativa de descansos entre jornadas - motivo IV-, por ser cuestiones de pura legalidad ordinaria, que amparadas dentro de una impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, no cabe sean examinadas por la Sala, al no ser susceptible de recurso de suplicación.

6.-Entrando por tanto en el examen de la única cuestión que podría ser objeto de revisión por esta Sala, en relación a la posible vulneración de derechos fundamentales, alegando en concreto vulneración de las previsiones del artículo 14 y 39 de la Constitución Española relativos al derecho a la igualdad y protección de la familia, alegando que teniendo reconocida la trabajadora una situación de conciliación de la vida familiar y laboral, la medida adoptada por el empleador supone su contravención, - motivo III del recurso-, lo que lleva aparejado al existir indicios de una discriminación empresarial con vulneración de derecho fundamental, la contravención de las previsiones del art. 181.2 LRJS. Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2014 y TEDU de fecha 14 de abril de 2006. - motivo V-, y en consecuencia aplicación del art. 183 LRJS, de la LISOS para determinar el derecho a una indemnización - motivo VI-.

Examinando por tanto los motivos alegados en el recurso relativos a la vulneración de derechos fundamentales hemos de señalar y anticipar que han de ser desestimados y ello por cuanto ampara su reclamación de vulneración en la existencia de una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo", que estima arbitraria y vulnera el contenido esencial del derecho al trabajo, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y ello puesto que no se le ampara en el cuidado de su padre con discapacidad.

Hemos de señalar que como marca la sentencia de instancia, el procedimiento ejercitado es de modificación de las condiciones de trabajo, - art. 138 LRJS-, no un procedimiento de conciliación de la vida familiar y laboral - art- 139 LRJS-, y sin que se estime por la Juzgadora de instancia siquiera acreditado el presupuesto básico de la tutela que pretende, que es la existencia del reconocimiento de una flexibilidad, concreción horaria o reducción de jornada al amparo de la necesidad de atender y cuidar a su progenitor, puesto que no consta acreditado que tenga reconocido derecho alguno vinculado a la situación ya de sus hijos menores, ya de discapacidad de su progenitor, es más el mero hecho de convivencia con el anterior, o la concurrencia de un determinado grado de discapacidad no supone el reconocimiento de tal derecho.

Es más, no consta más motivo de tutela de ese derecho de conciliación, que la situación de discapacidad del 35 % de su padre, o su convivencia con el anterior, motivo insuficiente para estimar amparada una tutela de tal derecho, supeditada a la acreditación no de un mero porcentaje de discapacidad sino que a la necesidad de los cuidados, y sobremanera a la razonabilidad del horario solicitado con tales atenciones y cuidados que es la finalidad de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores - artículos 37.6 y 34.8-, en la interpretación constitucional de los mismos, como garantía de un derecho a la no discriminación por razón ya del ejercicio de estos derechos de conciliación, como medida de protección de las personas con discapacidad, menores y la propia familia.

Por lo tanto, encontrándose en el ámbito de tutela de derechos fundamentales, existen normas que alteran el sistema general de distribución de la carga de la prueba cuando se alega por el demandante la lesión de un derecho fundamental. El artículo 96 LRJS reitera, pero extendiendo su aplicación a todo tipo de procesos, la regla contenida en el artículo 181.2 LRJS, para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, que incluye toda lesión contra cualquier derecho fundamental o libertad pública, todo trato discriminatorio y todo tipo de acoso. Y supone la inversión de la carga de la prueba en estos supuestos de discriminación, acoso o vulneración de derechos fundamentales tiene un origen judicial. La indudable dificultad probatoria de que tras una determinada decisión se esconde un propósito discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales, se resolvió por el TC ya desde sus primeras sentencias, así STC 38/1981, trasladando a la otra parte la obligación procesal de acreditar que su conducta respondía a un motivo razonable.

Y así entra en juego una primera valoración judicial acerca de si el indicio tiene la suficiente consistencia como para derivar de forma fundada que la vulneración pudo ser producida. Así lo considera la norma al hablar de indicios fundados. En caso positivo, se traslada al demandado la carga de probar la solvencia de su conducta, que tiene causas reales ajenas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que tuvieron la entidad suficiente como para adoptar la decisión objeto de litigio, justificada de forma objetiva y razonable, y por tanto soportada en hechos, de forma que se lleve a la convicción del juzgador que esta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de la mácula del propósito vulnerador de derechos fundamentales, tal y como se indica en la STC 29/2002.

Por lo tanto, como presupuesto para la estimación de una conducta vulneradora, habrían de aportarse indicios, que en este caso no concurren, por cuanto como expresamente recoge la sentencia impugnada no existe resolución de reconocimiento de una flexibilidad, o reducción horaria por razón del cuidado de su padre, por lo que el disfrute o reconocimiento de este derecho, no concurre. Y es más, ningún tipo de discriminación podemos concluir de una medida que según refleja el Hecho Probado Tercero de la sentencia, "afecta a la actora y a 9 compañeros", cuyas circunstancias concretas se desconoce, ni constan las de los demás trabajadores del Concello afectados, o los que no, para poder valorar un trato diferenciado, o que suponga discriminación por alguno de los motivos que están vedados por nuestro ordenamiento constitucional, que según las alegaciones de la recurrente sería su condición de titular de una reducción, concreción o adaptación de jornada, que no resulta siquiera estuviese reconocida a la trabajadora, sin perjuicio de los derechos que la regulación ya del Estatuto de los Trabajadores, ya del Estatuto Básico del Empleado Público al que alude, pudiera reconocer a los trabajadores, que requieren en todo caso de aceptación y /o resolución expresa de reconocimiento por el empleador, que en este caso no ha resultado acreditado.

Es por lo que no cabe sino la desestimación del recurso de suplicación formulado por Dª Claudia, al no ser susceptible del reproche jurídico que en relación a la vulneración de derechos fundamentales se le efectúa, y por tanto desestimar este motivo del recurso, como aquellos relativos a la cuantificación indemnizatoria, al decaer el presupuesto esencial para su reconocimiento que es la vulneración, que no resulta siquiera indiciariamente acreditada por quien le corresponde que no es sino la recurrente.

SEXTO.- 1.-En consecuencia, el recurso debe de ser desestimado y la sentencia de instancia confirmada.

2.-Y todo ello sin condena en costas al ser la parte recurrente titular legal del beneficio de justicia gratuita ( art. 235 LRJS) .

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.- 1.-Por Dª. Claudia, se formula demanda frente a su empleadora CONCELLO DE DIRECCION000 por la que interesa la declaración de la nulidad de la decisión empresarial por la que estima se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con restitución de la trabajadora a la situación anterior, así como la vulneración de derechos fundamentales ordenando el cese inmediato de los comportamientos y la condena a la empresa al abono de 7.501 euros.

Pretensión a la que se opone su empleadora, negando la existencia de una modificación sustancial y la concurrencia de vulneración de derechos fundamentales.

2.-Por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de OURENSE, se dicta Sentencia nº 471/2025, en los autos de MGT Nº 567/2025, el 30 de septiembre de 2025, por la que desestima la demanda, declarando que no ha existido modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino que cumplimiento de la legalidad aplicable, al no existir una condición más beneficiosa de la trabajadora a una jornada laboral menor, negando la concurrencia de vulneración de derecho fundamentales por cuanto es una medida aplicada a todos los trabajadores, y no constar solicitud de reducción de jornada por la asistencia a su padre con discapacidad.

3.-Frente a esta decisión se alza en suplicación la representación legal del demandante Dª. Claudia alegando los siguientes motivos:

a) Al amparo del art. 193 a) LRJS, se alega infracción del artículo 97.2 de la LRJS en relación con los artículos 218.2 y 376 de la LEC, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, al infringir la sentencia las normas del procedimiento por omisión de valoración de la prueba testifical practicada en el juicio oral, causando con ello una grave indefensión a esta parte, por lo que solicita la nulidad de la sentencia dictada.

b) Al amparo del art. 193 b) solicita la revisión de hechos probados, en concreto el hecho probado segundo y cuarto.

c) Al amparo del art. 193 c) se alega infracción de diversas normas sustantivas, así como del texto constitucional, por las que interesa la revocación de la sentencia dictada

4.-El recurso ha sido impugnado por la representación legal de CONCELLO DE DIRECCION000 interesando que se desestime el recurso de suplicación interpuesto de contrario y confirme la sentencia de instancia en los términos solicitados en las presentes alegaciones.

5.-No consta formuladas alegaciones por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- 1.-Resulta preciso analizar en primer lugar, la cuestión relativa a la admisión del documento aportado por el recurrente, que consiste en resolución dictada por el CONCELLO DE DIRECCION000 el 18 de diciembre de 2025. Respecto a cuya aportación no se han formulado alegaciones por las demás partes.

2.-El artículo 233.1 LRJS establece que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrán en los dos siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complete su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

3.-Y en el presente supuesto, analizado el documento cuya incorporación pretende a las actuaciones, ha de ser rechazado, por cuanto se trata de un documento emitido por su empleador , efectivamente con posterioridad al acto del juicio y la sentencia objeto de recurso, donde se recogen indicaciones sobre el cumplimiento de su horario, y la existencia de una "bolsa de horas", así como se le comunica que debe acudir a los actos que estaban programados.

Pretende la recurrente se incorpore una resolución administrativa dirigida a la misma, y emitida el 18/12/2025, claramente con posterioridad al dictado de la sentencia, si bien no consta que el contenido de la misma afecte a la resolución del presente procedimiento, por cuanto en todo caso el contexto fáctico donde se dicta la citada resolución, no es el que ha de ser examinado al tiempo de la demanda que nos ocupa, que se refiere a una posible modificación de las condiciones de trabajo, en cuanto al horario laboral, no al modo de su cumplimiento, que es la cuestión objeto del citado documento.

Es por lo que no procede la admisión e incorporación del citado documento, por no encontrarnos en uno de los supuestos en los que excepcionalmente se admite su incorporación, por lo que procede su devolución a la parte que los aporta, por su imposibilidad de ser valorado al resolver el presente recurso.

TERCERO: 1.-En el primer motivo de recurso, al amparo del art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la recurrente solicita la nulidad de actuaciones. Alega que la sentencia de instancia infringe artículo 97.2 de la LRJS en relación con los artículos 218.2 y 376 de la LEC, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, al infringir la sentencia las normas del procedimiento por omisión de valoración de la prueba testifical practicada en el juicio oral, causando con ello una grave indefensión a esta parte. A lo que la empleadora se opone.

2.-Para resolver la pretensión propuesta - nulidad de actuaciones por infracción procesal - ha de tenerse en cuenta que ha de examinarse no solo la infracción cometida sino también si se ha producido una indefensión de la parte que invoca, la nulidad , entendida esta como un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción.

Así pues, para apreciar tal vulneración y estimar la pretensión de nulidad es necesario, tal como ha señalado esta Sala de Suplicación en múltiples ocasiones (entre otras sentencias la de 10 de diciembre de 2020, rsu 3761/2020, 837/2023, de 13 de febrero rsu 6769/2022, 2308/2024, de 14 de mayo rsu 670/2023): " a) Que se haya infringido una norma procesal; b) Que se cite por el recurrente el precepto que establece la norma cuya infracción se denuncia; c) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma, pidiendo la subsanación de la falta, con el fin de que no pueda estimarse consentida; d) Que el defecto no sea invocado por la parte que lo provoca, pues sólo el perjudicado puede denunciar el defecto y e) Que la infracción de la norma procesal haya producido indefensión (ex art. 24.1 CE )"

En los referidos pronunciamientos también recordamos que el Tribunal Constitucional establece que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. Así el Tribunal Constitucional ha venido declarando, (entre otras en sentencias SSTC 70/1984, 48/1986, 89/1986, 98/1987 y 140/1996) "que el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos todavía puede equipararse la indefensión con dimensión constitucional con cualquier infracción de normas procesales que los órganos judiciales puedan cometer. Para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.2 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones para que le sean reconocidas."

3.-Partiendo de estas premisas la petición de nulidad no prospera.

Como señala la impugnante, nos encontramos ante un defectuoso desarrollo del motivo de nulidad invocado puesto que se refiere a la previsión del art 218 de la LEC, relativa a la exhaustividad y congruencia de las sentencias, así como al art. 97.2 LRJS, que se refiere a la misma materia, siendo únicamente la mención al art. 376 LECIV que se refiere a la "valoración de la prueba testifical", por lo que parece alegar la recurrente es una motivación errónea de sentencia, por errónea valoración judicial de la prueba, y en concreto por la falta de valoración de la testifical prestada.

Para resolver esta pretensión hemos de recordar a la recurrente que el art. 120 de la CE, en relación con el art. 24 del mismo texto legal, así como reiterada interpretación del TC (entre otras STC de 31 de mayo de 2021, rec. 3199/2020) establece que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, señalando el art. 97.2 de la LRJS la necesidad tal motivación.

También hemos de recordar que nuestro sistema procesal atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ello implica, atendiendo a la especial naturaleza del Recurso de Suplicación, que el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba sino realizar un control de la legalidad de la Sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas con base en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación no puede ser desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Tal conclusión lleva a que es el Juez de instancia quien llega a una determinada convicción al valorar el conjunto probatorio, y que lo que realmente importa es si esas conclusiones son arbitrarias o irracionales, siendo esto último lo único que puede ser controlado por esta Sala en sede de suplicación y no por siempre por la vía del apartado a) del art. 193 de la LRJS, sino por el b) solicitando la correspondiente modificación fáctica, siendo esta la vía ordinaria (la del apartado b) del art. 193 LRJS ) para solicitar la revisión de la valoración de la prueba realizada por el Juzgador de instancia.

No obstante, la doctrina de los Tribunal admite como excepción, y por lo tanto denunciable por vía jurídica y no de revisión fáctica, el desconocimiento de la regla del onus probandi, atribuyendo la carga de la prueba quien no le corresponda, o la valoración de la prueba de una forma diferente a la legalmente establecida.

No es este el caso de autos, ya que la Jueza a quo cita en su Fundamento Segundo, los elementos de convicción tenidos en cuenta para llegar a la conclusión de desestimación de la reclamación, donde valora tanto documentos aportados como las manifestaciones entre otras del "alcalde anterior", y por tanto uno de los testigos propuestos por la propia recurrente.

La Sala 1ª del TS nos explica en qué consisten las reglas de la sana crítica como criterio valorativo de las pruebas en sus sentencias 468/2019, de 17 de septiembre, 141/2021, de 15 de marzo (rc 1235/2018). En ellas expone, tras recordar que su aparición tuvo lugar en la LEC de 1855 a los efectos de valorar la prueba testifical y su posterior extensión, en diferentes normas procesales, a otros medios de que prueba, que "Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias.

La sana crítica se concibe pues como un sistema integrado por las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, entendida la primera de ellas como sistema que permite verificar la corrección de los razonamientos humanos, con sometimiento a las pautas por las que debe discurrir el pensamiento condigno al ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración probatoria llevada a efecto por medio de tales reglas exige que no conduzca al absurdo como límite infranqueable de la lógica jurídica. En definitiva, lo que se pretende es la consagración de una concepción racionalista de la valoración de la prueba, que permita dictar una sentencia motivada que adopte una decisión justificada conforme a los postulados de la razón."

En el presente caso la Jueza a quo ha explicado, de forma lógica y razonada, las conclusiones derivadas de los medios probatorios articulados para la desestimación de la demanda, sin que sea exigible como pretende el recurrente la preferencia como medio probatorio de las testificales prestadas, frente a la documental valorada, sino que un análisis conjunto de la prueba dará preferencia según las reglas de la sana crítica aquellas que configuren la convicción del Juzgador, que no cabe en modo alguno calificar derivada de un error palmario o ilógica por la sentencia de instancia, por lo que el motivo de nulidad decae.

CUARTO.- 1.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la LRJS se interesa por la parte recurrente la modificación del hecho probado segundo y cuarto, a lo que el impugnante se opone.

2.-Para que surta efecto la revisión se requieren los siguientes requisitos:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

e) El error debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador. - Sentencias de 13 de marzo , 2 de octubre , 4 y 6 de noviembre de 2003 , entre otras muchas.

Por cuanto este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso de Suplicación es extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, de manera que -por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 y 13-diciembre-90), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia, entre otras, de 3-3-00, 14-4-00, 15-4-00...).

3.-A la vista de estas pautas vamos a examinar cada una de las pretensiones revisoras.

I.En primer lugar, interesa una nueva redacción del Hecho Probado Segundo,con el siguiente tenor literal: "SEGUNDO. - La trabajadora llevaba a cabo el siguiente horario: de 9: 00 a 15:30 horas de lunes a viernes por la mañana. Además de ello, tenía disponibilidad para las Urgencias del Concello derivadas de sus funciones de Trabajadora Social e igualmente, en relación con el ejercicio de su actividad laboral, impartía cursos/charlas en horario de tarde".

Fundamenta tal revisión en el documento nº 1 aportado por el Concello, y en el referido documento, concretamente en el puesto nº NUM000- Trabajadora Social- (pags. 10, 11 y 12 del BOP) se detallan cuáles son las tareas y funciones. Además, en los documentos Nº 1 a 18 aportados por el recurrente, y las manifestaciones de los testigos que cita.

No procede la revisión instada por varios motivos.

El primero por cuanto en relación a alguno de los documentos en que ampara su revisión, en concreto documentos aportados por la propia recurrente, que se trata de 18 documentos, no hace mención concreta en que folio o documento se puede deducir literalmente tal hecho, y así resulta claramente indeterminada tal mención, que supondría por este solo hecho la desestimación de la revisión, por cuanto no puede amparar esta Sala en la búsqueda del documento o párrafo concreto de donde concluir la redacción solicitada.

El segundo, porque pretende la revisión al amparo de la prueba testifical practicada en el acto del juicio, y conforme a consolida doctrina jurisprudencial, antes mencionada, la prueba testifical no es un medio adecuado y hábil para tal revisión.

Y por último porque la redacción que pretende introducir en cuanto a actividades desarrolladas por la trabajadora y sus funciones, no es objeto de controversia en el asunto, donde la impugnación se refiere a una cuestión de la jornada laboral aplicable, no de funciones o tareas a desarrollar, pretendiendo además una redacción conclusiva y valorativa que no puede figurar en hechos probados, además de estimar que no es trascendente para resolver el recurso presentado.

II.En segundo lugar, interesa la revisión del Hecho Probado Cuarto,y al respecto pretende la siguiente redacción: "Cuarto: La actora reside con su padre que tiene una discapacidad del 35%. El horario de mañana desempeñado por la trabajadora en las dependencias del Concello fue reconocido por el Concello para conciliar su vida familiar y laboral".

Ampara tal revisión, en los documentos nº 2, aportado por el Concello, que es su registro horario, además de los documentos nº 7 y 8 aportados por la propia recurrente (Certificado de empadronamiento y Certificado de Grado de Dependencia del padre de la trabajadora), además de la prueba testifical.

Y nuevamente esta revisión ha de ser rechazada.

En primer lugar, porque en la redacción del hecho probado cuarto, se reflejan los elementos fácticos relevantes, tales como convivencia con su progenitor y grado de discapacidad, del que está afectado, los cuales resultan del tenor de la documental en que ampara la revisión, que por tanto deviene innecesaria en este extremo, al ser correcta la redacción que contiene.

En segundo lugar, porque nuevamente pretende la revisión de hechos probados en base a la testifical prestada, medio no idóneo para tal revisión, como ya se ha explicitado en párrafos anteriores.

Y por último porque pretende introducir el reconocimiento de un derecho, que ampara como medio probatorio en la testifical, y por tanto deviene inidóneo para tal fin. Y es más admitir la redacción propuesta en su inciso final, sería claramente valorativo, más cuando la propia Juzgadora de instancia en su fundamentación jurídica y con valor fáctico rechaza la existencia de tal reconocimiento.

Es por lo que no procede acceder a la revisión fáctica propuesta.

QUINTO.- 1.-Entrando al examen de los motivos de infracción jurídica, que se alegan en el recurso de suplicación formulado, hemos de comenzar señalando que esta Sala de Suplicación ha señalado en múltiples ocasiones que constituye deber inexcusable de los Tribunales velar por la legalidad y el estricto cumplimiento de las normas procesales, en cuanto cauce de todo ordenamiento jurídico, lo que obliga a esta Sala a examinar si contra la sentencia impugnada cabría o no recurso de suplicación.

En efecto, el principio de legalidad, que ha de regir el orden formal del proceso, dado el carácter de orden público y de derecho necesario que tienen las normas de procedimiento, obliga a los tribunales, como misión primordial a los mismos encomendada, la de velar por su pureza en cuanto a su aplicación, y entre ellas se encuentra las normas referentes a la procedencia de los recursos contra las resoluciones procesales.

En base a la doctrina antedicha hemos señalado que aunque la sentencia hubiera proclamado su recurribilidad y se hubiera tramitado el recurso, sin discusión procesal en este extremo por ninguna de las partes, el Tribunal debe examinar, incluso de oficio tal cuestión al ser materia de orden público, y de apreciar el defecto, declarar la inadmisibilidad de aquél, declarando firme la resolución de instancia, de acuerdo con el clásico apotegma de que las causas de inadmisión se convierten en trámite de recurso en motivos de desestimación.

2.-El art. 191 de la LRJS regula el ámbito de aplicación del recurso de suplicación mediante un cuadro de inclusiones y exclusiones de las resoluciones que tiene acceso al mismo.

En lo que aquí nos interesa debemos destacar el contenido del apartado 2 de dicho precepto que dispone que "No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias : e) (...)en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto ·"

En el similar sentido se pronuncia el art. 138.6 de la LRJS.

Y asimismo la previsión del art. 191. 2 g), que excluye del ámbito del recurso de suplicación las "Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros".

3.-El Tribunal Supremo entre otras en su Sentencia 1232/2024 de 12 Nov. 2024, Rec. 987/2022, en relación con esta cuestión recoge "2.-La doctrina tradicional de esta Sala sostenía que la empresa podía recurrir en suplicación para impugnar cuestiones de legalidad ordinaria en los procedimientos de MSCT de carácter individual en los que el trabajador alegaba la vulneración de derechos fundamentales. En esos procedimientos, la empresa interponía recurso de suplicación para solicitar que se calificase como justificada la MSCT. El debate suplicacional se limitaba a cuestiones de legalidad ordinaria, ajenas a la vulneración de derechos fundamentales.

3.-La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 840/2022, de 19 de octubre (rcud 1363/2019 ) rectificó esa doctrina. Esta Sala precisó que, en esos pleitos de MSCT de carácter individual, el TSJ tiene limitada la cognición a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales invocadas en la demanda, pero no puede en cambio entrar a resolver las de estricta legalidad ordinaria que pudiere suscitar la parte recurrente cuando no se encuentran indisociablemente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales. Sentamos la doctrina siguiente:

a) Las sentencias dictadas en procesos de MSCT de carácter individual en los que se invoca la vulneración de derechos fundamentales son recurribles en suplicación, excepto las situaciones excepcionales en las que pudiere apreciarse en esa invocación de derechos fundamentales la posible existencia de un manifiesto fraude procesal, de maniobras torticeras en abuso de derecho ( sentencia del TS de 24 de mayo de 2002, recurso 2753/2001 ), cuando se trata de una invocación puramente artificiosa y carente del más mínimo acerbo probatorio con la que únicamente se pretenda conseguir.

b) En tal caso, el ámbito y alcance de ese recurso de suplicación debe limitarse a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. No puede extenderse a las que son estrictamente de legalidad ordinaria y resultan perfectamente separables de la tutela de tales derechos fundamentales.

c) El legislador ha excluido expresamente de la suplicación todas aquellas modalidades procesales que enumera el art. 191.2 de la LRJS (impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente; disfrute de las vacaciones; materia electoral...). Ello se debe a que versan sobre cuestiones de legalidad ordinaria y a factores de menor trascendencia, relevancia jurídica o de la mayor agilidad y premura en la tramitación del proceso.

Carecería de lógica que esas mismas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, una vez ya resueltas las pretensiones relativas a tales derechos fundamentales y cuando no guardan la más mínima relación con las materias de legalidad ordinaria pendientes de resolución.

Si el legislador ha dispuesto que esos aspectos de legalidad ordinaria queden firmes en la sentencia de instancia, no puede ofrecerse un distinto tratamiento jurídico en función de que hayan sido planteados aisladamente o de manera acumulada con la invocada vulneración de derechos fundamentales.

d) El art. 191.3.d ) y e) de la LRJS dispone que procede recurso de suplicación cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, o bien se decida sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial o funcional.

El alcance del recurso se limita a esos concretos aspectos: «Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación [...]», de tal forma que admite la recurribilidad de la sentencia de instancia pero limita el alcance de la suplicación a los pronunciamientos vinculados al defecto procesal invocado, a la jurisdicción o competencia, excluyendo la posibilidad de entrar a conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria excluidas de suplicación.

Se trata de una clara manifestación de la voluntad del legislador de negar el acceso a la suplicación de aquellas materias que están expresamente excluidas del recurso, aun cuando la sentencia pudiere ser recurrible por otros motivos y razones diferentes, y tan solo para que pueda ser supervisada en esos concretos y únicos aspectos por el órgano judicial superior.

e) Esto es lo que así sucede cuando se plantean de forma claramente diferenciada pretensiones vinculadas a la posible vulneración de derechos fundamentales y otras de mera legalidad ordinaria que no son recurribles.

Cabrá entonces recurso para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso -entre ellos, la posible indemnización asociada a su presunta vulneración-, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación.

Solo pueden ser examinados por la sentencia de suplicación los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda limitarse en estos casos su cognición a los aspectos relativos a la posible infracción de derechos fundamentales, cuando la respuesta que haya de darse a esa cuestión condiciona de alguna manera el pronunciamiento sobre las materias de legalidad ordinaria.

4.-Posteriormente han reiterado esa doctrina las sentencias del TS 540/2024, de 11 de abril (rcud 1015/2023 ); 690/2024, de 14 de mayo (rcud 3695/2021 ); y 1045/2024, de 10 de septiembre (rcud 3404/2023 ), entre otras."

5.-A la vista de lo anterior hemos de concluir que:

a) La sentencia recurrida tendría acceso al recurso de suplicación por razón de la cuantía. Puesto que la pretensión ejercitada en cuanto a daños y perjuicios se cuantifica en 7.501 € por lo que supera el límite de los 3.000 euros fijados en el art. 191.2 g) LRJS.

b) Y asimismo, tiene acceso al recurso por la vía de la alegación de vulneración de derechos fundamentales. Pero la cognición de esta Sala se verá limitada a tal vulneración, y en lo que se refiere a cuestiones de estricta legalidad ordinaria solo se podrá conocer de las mismas si están íntimamente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales.

La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al presente caso implica que la sentencia de instancia sea recurrible, si bien limitado su recurso a las cuestiones relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales, que articula según el tenor de sus alegaciones, a la vulneración de los artículos 14 y 39 de la Constitución Española relativos al derecho a la igualdad y protección de la familia, así como la mención a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 15 de septiembre de 2022; Rec.3076/2022, y los arts. 181.2 y 183 LRJS, relativos a la indemnización por vulneración, y que articula como motivos III, V y VI de su recurso de suplicación, excluyendo por tanto como susceptibles de recurso, y examen por esta sala las cuestiones planteadas en fundamento de su recurso, en relación a las infracciones de "Ley de Base de Régimen Local" y los términos de la RPT del Ayuntamiento - motivo I-, la infracción del art. 41 del ET - motivo II-, y respecto a la normativa de descansos entre jornadas - motivo IV-, por ser cuestiones de pura legalidad ordinaria, que amparadas dentro de una impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, no cabe sean examinadas por la Sala, al no ser susceptible de recurso de suplicación.

6.-Entrando por tanto en el examen de la única cuestión que podría ser objeto de revisión por esta Sala, en relación a la posible vulneración de derechos fundamentales, alegando en concreto vulneración de las previsiones del artículo 14 y 39 de la Constitución Española relativos al derecho a la igualdad y protección de la familia, alegando que teniendo reconocida la trabajadora una situación de conciliación de la vida familiar y laboral, la medida adoptada por el empleador supone su contravención, - motivo III del recurso-, lo que lleva aparejado al existir indicios de una discriminación empresarial con vulneración de derecho fundamental, la contravención de las previsiones del art. 181.2 LRJS. Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2014 y TEDU de fecha 14 de abril de 2006. - motivo V-, y en consecuencia aplicación del art. 183 LRJS, de la LISOS para determinar el derecho a una indemnización - motivo VI-.

Examinando por tanto los motivos alegados en el recurso relativos a la vulneración de derechos fundamentales hemos de señalar y anticipar que han de ser desestimados y ello por cuanto ampara su reclamación de vulneración en la existencia de una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo", que estima arbitraria y vulnera el contenido esencial del derecho al trabajo, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y ello puesto que no se le ampara en el cuidado de su padre con discapacidad.

Hemos de señalar que como marca la sentencia de instancia, el procedimiento ejercitado es de modificación de las condiciones de trabajo, - art. 138 LRJS-, no un procedimiento de conciliación de la vida familiar y laboral - art- 139 LRJS-, y sin que se estime por la Juzgadora de instancia siquiera acreditado el presupuesto básico de la tutela que pretende, que es la existencia del reconocimiento de una flexibilidad, concreción horaria o reducción de jornada al amparo de la necesidad de atender y cuidar a su progenitor, puesto que no consta acreditado que tenga reconocido derecho alguno vinculado a la situación ya de sus hijos menores, ya de discapacidad de su progenitor, es más el mero hecho de convivencia con el anterior, o la concurrencia de un determinado grado de discapacidad no supone el reconocimiento de tal derecho.

Es más, no consta más motivo de tutela de ese derecho de conciliación, que la situación de discapacidad del 35 % de su padre, o su convivencia con el anterior, motivo insuficiente para estimar amparada una tutela de tal derecho, supeditada a la acreditación no de un mero porcentaje de discapacidad sino que a la necesidad de los cuidados, y sobremanera a la razonabilidad del horario solicitado con tales atenciones y cuidados que es la finalidad de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores - artículos 37.6 y 34.8-, en la interpretación constitucional de los mismos, como garantía de un derecho a la no discriminación por razón ya del ejercicio de estos derechos de conciliación, como medida de protección de las personas con discapacidad, menores y la propia familia.

Por lo tanto, encontrándose en el ámbito de tutela de derechos fundamentales, existen normas que alteran el sistema general de distribución de la carga de la prueba cuando se alega por el demandante la lesión de un derecho fundamental. El artículo 96 LRJS reitera, pero extendiendo su aplicación a todo tipo de procesos, la regla contenida en el artículo 181.2 LRJS, para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, que incluye toda lesión contra cualquier derecho fundamental o libertad pública, todo trato discriminatorio y todo tipo de acoso. Y supone la inversión de la carga de la prueba en estos supuestos de discriminación, acoso o vulneración de derechos fundamentales tiene un origen judicial. La indudable dificultad probatoria de que tras una determinada decisión se esconde un propósito discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales, se resolvió por el TC ya desde sus primeras sentencias, así STC 38/1981, trasladando a la otra parte la obligación procesal de acreditar que su conducta respondía a un motivo razonable.

Y así entra en juego una primera valoración judicial acerca de si el indicio tiene la suficiente consistencia como para derivar de forma fundada que la vulneración pudo ser producida. Así lo considera la norma al hablar de indicios fundados. En caso positivo, se traslada al demandado la carga de probar la solvencia de su conducta, que tiene causas reales ajenas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que tuvieron la entidad suficiente como para adoptar la decisión objeto de litigio, justificada de forma objetiva y razonable, y por tanto soportada en hechos, de forma que se lleve a la convicción del juzgador que esta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de la mácula del propósito vulnerador de derechos fundamentales, tal y como se indica en la STC 29/2002.

Por lo tanto, como presupuesto para la estimación de una conducta vulneradora, habrían de aportarse indicios, que en este caso no concurren, por cuanto como expresamente recoge la sentencia impugnada no existe resolución de reconocimiento de una flexibilidad, o reducción horaria por razón del cuidado de su padre, por lo que el disfrute o reconocimiento de este derecho, no concurre. Y es más, ningún tipo de discriminación podemos concluir de una medida que según refleja el Hecho Probado Tercero de la sentencia, "afecta a la actora y a 9 compañeros", cuyas circunstancias concretas se desconoce, ni constan las de los demás trabajadores del Concello afectados, o los que no, para poder valorar un trato diferenciado, o que suponga discriminación por alguno de los motivos que están vedados por nuestro ordenamiento constitucional, que según las alegaciones de la recurrente sería su condición de titular de una reducción, concreción o adaptación de jornada, que no resulta siquiera estuviese reconocida a la trabajadora, sin perjuicio de los derechos que la regulación ya del Estatuto de los Trabajadores, ya del Estatuto Básico del Empleado Público al que alude, pudiera reconocer a los trabajadores, que requieren en todo caso de aceptación y /o resolución expresa de reconocimiento por el empleador, que en este caso no ha resultado acreditado.

Es por lo que no cabe sino la desestimación del recurso de suplicación formulado por Dª Claudia, al no ser susceptible del reproche jurídico que en relación a la vulneración de derechos fundamentales se le efectúa, y por tanto desestimar este motivo del recurso, como aquellos relativos a la cuantificación indemnizatoria, al decaer el presupuesto esencial para su reconocimiento que es la vulneración, que no resulta siquiera indiciariamente acreditada por quien le corresponde que no es sino la recurrente.

SEXTO.- 1.-En consecuencia, el recurso debe de ser desestimado y la sentencia de instancia confirmada.

2.-Y todo ello sin condena en costas al ser la parte recurrente titular legal del beneficio de justicia gratuita ( art. 235 LRJS) .

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.- 1.-Por Dª. Claudia, se formula demanda frente a su empleadora CONCELLO DE DIRECCION000 por la que interesa la declaración de la nulidad de la decisión empresarial por la que estima se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con restitución de la trabajadora a la situación anterior, así como la vulneración de derechos fundamentales ordenando el cese inmediato de los comportamientos y la condena a la empresa al abono de 7.501 euros.

Pretensión a la que se opone su empleadora, negando la existencia de una modificación sustancial y la concurrencia de vulneración de derechos fundamentales.

2.-Por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de OURENSE, se dicta Sentencia nº 471/2025, en los autos de MGT Nº 567/2025, el 30 de septiembre de 2025, por la que desestima la demanda, declarando que no ha existido modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino que cumplimiento de la legalidad aplicable, al no existir una condición más beneficiosa de la trabajadora a una jornada laboral menor, negando la concurrencia de vulneración de derecho fundamentales por cuanto es una medida aplicada a todos los trabajadores, y no constar solicitud de reducción de jornada por la asistencia a su padre con discapacidad.

3.-Frente a esta decisión se alza en suplicación la representación legal del demandante Dª. Claudia alegando los siguientes motivos:

a) Al amparo del art. 193 a) LRJS, se alega infracción del artículo 97.2 de la LRJS en relación con los artículos 218.2 y 376 de la LEC, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, al infringir la sentencia las normas del procedimiento por omisión de valoración de la prueba testifical practicada en el juicio oral, causando con ello una grave indefensión a esta parte, por lo que solicita la nulidad de la sentencia dictada.

b) Al amparo del art. 193 b) solicita la revisión de hechos probados, en concreto el hecho probado segundo y cuarto.

c) Al amparo del art. 193 c) se alega infracción de diversas normas sustantivas, así como del texto constitucional, por las que interesa la revocación de la sentencia dictada

4.-El recurso ha sido impugnado por la representación legal de CONCELLO DE DIRECCION000 interesando que se desestime el recurso de suplicación interpuesto de contrario y confirme la sentencia de instancia en los términos solicitados en las presentes alegaciones.

5.-No consta formuladas alegaciones por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- 1.-Resulta preciso analizar en primer lugar, la cuestión relativa a la admisión del documento aportado por el recurrente, que consiste en resolución dictada por el CONCELLO DE DIRECCION000 el 18 de diciembre de 2025. Respecto a cuya aportación no se han formulado alegaciones por las demás partes.

2.-El artículo 233.1 LRJS establece que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrán en los dos siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complete su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

3.-Y en el presente supuesto, analizado el documento cuya incorporación pretende a las actuaciones, ha de ser rechazado, por cuanto se trata de un documento emitido por su empleador , efectivamente con posterioridad al acto del juicio y la sentencia objeto de recurso, donde se recogen indicaciones sobre el cumplimiento de su horario, y la existencia de una "bolsa de horas", así como se le comunica que debe acudir a los actos que estaban programados.

Pretende la recurrente se incorpore una resolución administrativa dirigida a la misma, y emitida el 18/12/2025, claramente con posterioridad al dictado de la sentencia, si bien no consta que el contenido de la misma afecte a la resolución del presente procedimiento, por cuanto en todo caso el contexto fáctico donde se dicta la citada resolución, no es el que ha de ser examinado al tiempo de la demanda que nos ocupa, que se refiere a una posible modificación de las condiciones de trabajo, en cuanto al horario laboral, no al modo de su cumplimiento, que es la cuestión objeto del citado documento.

Es por lo que no procede la admisión e incorporación del citado documento, por no encontrarnos en uno de los supuestos en los que excepcionalmente se admite su incorporación, por lo que procede su devolución a la parte que los aporta, por su imposibilidad de ser valorado al resolver el presente recurso.

TERCERO: 1.-En el primer motivo de recurso, al amparo del art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la recurrente solicita la nulidad de actuaciones. Alega que la sentencia de instancia infringe artículo 97.2 de la LRJS en relación con los artículos 218.2 y 376 de la LEC, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, al infringir la sentencia las normas del procedimiento por omisión de valoración de la prueba testifical practicada en el juicio oral, causando con ello una grave indefensión a esta parte. A lo que la empleadora se opone.

2.-Para resolver la pretensión propuesta - nulidad de actuaciones por infracción procesal - ha de tenerse en cuenta que ha de examinarse no solo la infracción cometida sino también si se ha producido una indefensión de la parte que invoca, la nulidad , entendida esta como un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción.

Así pues, para apreciar tal vulneración y estimar la pretensión de nulidad es necesario, tal como ha señalado esta Sala de Suplicación en múltiples ocasiones (entre otras sentencias la de 10 de diciembre de 2020, rsu 3761/2020, 837/2023, de 13 de febrero rsu 6769/2022, 2308/2024, de 14 de mayo rsu 670/2023): " a) Que se haya infringido una norma procesal; b) Que se cite por el recurrente el precepto que establece la norma cuya infracción se denuncia; c) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma, pidiendo la subsanación de la falta, con el fin de que no pueda estimarse consentida; d) Que el defecto no sea invocado por la parte que lo provoca, pues sólo el perjudicado puede denunciar el defecto y e) Que la infracción de la norma procesal haya producido indefensión (ex art. 24.1 CE )"

En los referidos pronunciamientos también recordamos que el Tribunal Constitucional establece que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. Así el Tribunal Constitucional ha venido declarando, (entre otras en sentencias SSTC 70/1984, 48/1986, 89/1986, 98/1987 y 140/1996) "que el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos todavía puede equipararse la indefensión con dimensión constitucional con cualquier infracción de normas procesales que los órganos judiciales puedan cometer. Para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.2 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones para que le sean reconocidas."

3.-Partiendo de estas premisas la petición de nulidad no prospera.

Como señala la impugnante, nos encontramos ante un defectuoso desarrollo del motivo de nulidad invocado puesto que se refiere a la previsión del art 218 de la LEC, relativa a la exhaustividad y congruencia de las sentencias, así como al art. 97.2 LRJS, que se refiere a la misma materia, siendo únicamente la mención al art. 376 LECIV que se refiere a la "valoración de la prueba testifical", por lo que parece alegar la recurrente es una motivación errónea de sentencia, por errónea valoración judicial de la prueba, y en concreto por la falta de valoración de la testifical prestada.

Para resolver esta pretensión hemos de recordar a la recurrente que el art. 120 de la CE, en relación con el art. 24 del mismo texto legal, así como reiterada interpretación del TC (entre otras STC de 31 de mayo de 2021, rec. 3199/2020) establece que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, señalando el art. 97.2 de la LRJS la necesidad tal motivación.

También hemos de recordar que nuestro sistema procesal atribuye al Juzgador de instancia la apreciación de los elementos de convicción- concepto más amplio que el de medios de prueba- para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ello implica, atendiendo a la especial naturaleza del Recurso de Suplicación, que el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba sino realizar un control de la legalidad de la Sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas con base en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación no puede ser desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Tal conclusión lleva a que es el Juez de instancia quien llega a una determinada convicción al valorar el conjunto probatorio, y que lo que realmente importa es si esas conclusiones son arbitrarias o irracionales, siendo esto último lo único que puede ser controlado por esta Sala en sede de suplicación y no por siempre por la vía del apartado a) del art. 193 de la LRJS, sino por el b) solicitando la correspondiente modificación fáctica, siendo esta la vía ordinaria (la del apartado b) del art. 193 LRJS ) para solicitar la revisión de la valoración de la prueba realizada por el Juzgador de instancia.

No obstante, la doctrina de los Tribunal admite como excepción, y por lo tanto denunciable por vía jurídica y no de revisión fáctica, el desconocimiento de la regla del onus probandi, atribuyendo la carga de la prueba quien no le corresponda, o la valoración de la prueba de una forma diferente a la legalmente establecida.

No es este el caso de autos, ya que la Jueza a quo cita en su Fundamento Segundo, los elementos de convicción tenidos en cuenta para llegar a la conclusión de desestimación de la reclamación, donde valora tanto documentos aportados como las manifestaciones entre otras del "alcalde anterior", y por tanto uno de los testigos propuestos por la propia recurrente.

La Sala 1ª del TS nos explica en qué consisten las reglas de la sana crítica como criterio valorativo de las pruebas en sus sentencias 468/2019, de 17 de septiembre, 141/2021, de 15 de marzo (rc 1235/2018). En ellas expone, tras recordar que su aparición tuvo lugar en la LEC de 1855 a los efectos de valorar la prueba testifical y su posterior extensión, en diferentes normas procesales, a otros medios de que prueba, que "Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias.

La sana crítica se concibe pues como un sistema integrado por las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, entendida la primera de ellas como sistema que permite verificar la corrección de los razonamientos humanos, con sometimiento a las pautas por las que debe discurrir el pensamiento condigno al ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración probatoria llevada a efecto por medio de tales reglas exige que no conduzca al absurdo como límite infranqueable de la lógica jurídica. En definitiva, lo que se pretende es la consagración de una concepción racionalista de la valoración de la prueba, que permita dictar una sentencia motivada que adopte una decisión justificada conforme a los postulados de la razón."

En el presente caso la Jueza a quo ha explicado, de forma lógica y razonada, las conclusiones derivadas de los medios probatorios articulados para la desestimación de la demanda, sin que sea exigible como pretende el recurrente la preferencia como medio probatorio de las testificales prestadas, frente a la documental valorada, sino que un análisis conjunto de la prueba dará preferencia según las reglas de la sana crítica aquellas que configuren la convicción del Juzgador, que no cabe en modo alguno calificar derivada de un error palmario o ilógica por la sentencia de instancia, por lo que el motivo de nulidad decae.

CUARTO.- 1.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la LRJS se interesa por la parte recurrente la modificación del hecho probado segundo y cuarto, a lo que el impugnante se opone.

2.-Para que surta efecto la revisión se requieren los siguientes requisitos:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

e) El error debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador. - Sentencias de 13 de marzo , 2 de octubre , 4 y 6 de noviembre de 2003 , entre otras muchas.

Por cuanto este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso de Suplicación es extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, de manera que -por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 y 13-diciembre-90), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia, entre otras, de 3-3-00, 14-4-00, 15-4-00...).

3.-A la vista de estas pautas vamos a examinar cada una de las pretensiones revisoras.

I.En primer lugar, interesa una nueva redacción del Hecho Probado Segundo,con el siguiente tenor literal: "SEGUNDO. - La trabajadora llevaba a cabo el siguiente horario: de 9: 00 a 15:30 horas de lunes a viernes por la mañana. Además de ello, tenía disponibilidad para las Urgencias del Concello derivadas de sus funciones de Trabajadora Social e igualmente, en relación con el ejercicio de su actividad laboral, impartía cursos/charlas en horario de tarde".

Fundamenta tal revisión en el documento nº 1 aportado por el Concello, y en el referido documento, concretamente en el puesto nº NUM000- Trabajadora Social- (pags. 10, 11 y 12 del BOP) se detallan cuáles son las tareas y funciones. Además, en los documentos Nº 1 a 18 aportados por el recurrente, y las manifestaciones de los testigos que cita.

No procede la revisión instada por varios motivos.

El primero por cuanto en relación a alguno de los documentos en que ampara su revisión, en concreto documentos aportados por la propia recurrente, que se trata de 18 documentos, no hace mención concreta en que folio o documento se puede deducir literalmente tal hecho, y así resulta claramente indeterminada tal mención, que supondría por este solo hecho la desestimación de la revisión, por cuanto no puede amparar esta Sala en la búsqueda del documento o párrafo concreto de donde concluir la redacción solicitada.

El segundo, porque pretende la revisión al amparo de la prueba testifical practicada en el acto del juicio, y conforme a consolida doctrina jurisprudencial, antes mencionada, la prueba testifical no es un medio adecuado y hábil para tal revisión.

Y por último porque la redacción que pretende introducir en cuanto a actividades desarrolladas por la trabajadora y sus funciones, no es objeto de controversia en el asunto, donde la impugnación se refiere a una cuestión de la jornada laboral aplicable, no de funciones o tareas a desarrollar, pretendiendo además una redacción conclusiva y valorativa que no puede figurar en hechos probados, además de estimar que no es trascendente para resolver el recurso presentado.

II.En segundo lugar, interesa la revisión del Hecho Probado Cuarto,y al respecto pretende la siguiente redacción: "Cuarto: La actora reside con su padre que tiene una discapacidad del 35%. El horario de mañana desempeñado por la trabajadora en las dependencias del Concello fue reconocido por el Concello para conciliar su vida familiar y laboral".

Ampara tal revisión, en los documentos nº 2, aportado por el Concello, que es su registro horario, además de los documentos nº 7 y 8 aportados por la propia recurrente (Certificado de empadronamiento y Certificado de Grado de Dependencia del padre de la trabajadora), además de la prueba testifical.

Y nuevamente esta revisión ha de ser rechazada.

En primer lugar, porque en la redacción del hecho probado cuarto, se reflejan los elementos fácticos relevantes, tales como convivencia con su progenitor y grado de discapacidad, del que está afectado, los cuales resultan del tenor de la documental en que ampara la revisión, que por tanto deviene innecesaria en este extremo, al ser correcta la redacción que contiene.

En segundo lugar, porque nuevamente pretende la revisión de hechos probados en base a la testifical prestada, medio no idóneo para tal revisión, como ya se ha explicitado en párrafos anteriores.

Y por último porque pretende introducir el reconocimiento de un derecho, que ampara como medio probatorio en la testifical, y por tanto deviene inidóneo para tal fin. Y es más admitir la redacción propuesta en su inciso final, sería claramente valorativo, más cuando la propia Juzgadora de instancia en su fundamentación jurídica y con valor fáctico rechaza la existencia de tal reconocimiento.

Es por lo que no procede acceder a la revisión fáctica propuesta.

QUINTO.- 1.-Entrando al examen de los motivos de infracción jurídica, que se alegan en el recurso de suplicación formulado, hemos de comenzar señalando que esta Sala de Suplicación ha señalado en múltiples ocasiones que constituye deber inexcusable de los Tribunales velar por la legalidad y el estricto cumplimiento de las normas procesales, en cuanto cauce de todo ordenamiento jurídico, lo que obliga a esta Sala a examinar si contra la sentencia impugnada cabría o no recurso de suplicación.

En efecto, el principio de legalidad, que ha de regir el orden formal del proceso, dado el carácter de orden público y de derecho necesario que tienen las normas de procedimiento, obliga a los tribunales, como misión primordial a los mismos encomendada, la de velar por su pureza en cuanto a su aplicación, y entre ellas se encuentra las normas referentes a la procedencia de los recursos contra las resoluciones procesales.

En base a la doctrina antedicha hemos señalado que aunque la sentencia hubiera proclamado su recurribilidad y se hubiera tramitado el recurso, sin discusión procesal en este extremo por ninguna de las partes, el Tribunal debe examinar, incluso de oficio tal cuestión al ser materia de orden público, y de apreciar el defecto, declarar la inadmisibilidad de aquél, declarando firme la resolución de instancia, de acuerdo con el clásico apotegma de que las causas de inadmisión se convierten en trámite de recurso en motivos de desestimación.

2.-El art. 191 de la LRJS regula el ámbito de aplicación del recurso de suplicación mediante un cuadro de inclusiones y exclusiones de las resoluciones que tiene acceso al mismo.

En lo que aquí nos interesa debemos destacar el contenido del apartado 2 de dicho precepto que dispone que "No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias : e) (...)en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto ·"

En el similar sentido se pronuncia el art. 138.6 de la LRJS.

Y asimismo la previsión del art. 191. 2 g), que excluye del ámbito del recurso de suplicación las "Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros".

3.-El Tribunal Supremo entre otras en su Sentencia 1232/2024 de 12 Nov. 2024, Rec. 987/2022, en relación con esta cuestión recoge "2.-La doctrina tradicional de esta Sala sostenía que la empresa podía recurrir en suplicación para impugnar cuestiones de legalidad ordinaria en los procedimientos de MSCT de carácter individual en los que el trabajador alegaba la vulneración de derechos fundamentales. En esos procedimientos, la empresa interponía recurso de suplicación para solicitar que se calificase como justificada la MSCT. El debate suplicacional se limitaba a cuestiones de legalidad ordinaria, ajenas a la vulneración de derechos fundamentales.

3.-La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 840/2022, de 19 de octubre (rcud 1363/2019 ) rectificó esa doctrina. Esta Sala precisó que, en esos pleitos de MSCT de carácter individual, el TSJ tiene limitada la cognición a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales invocadas en la demanda, pero no puede en cambio entrar a resolver las de estricta legalidad ordinaria que pudiere suscitar la parte recurrente cuando no se encuentran indisociablemente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales. Sentamos la doctrina siguiente:

a) Las sentencias dictadas en procesos de MSCT de carácter individual en los que se invoca la vulneración de derechos fundamentales son recurribles en suplicación, excepto las situaciones excepcionales en las que pudiere apreciarse en esa invocación de derechos fundamentales la posible existencia de un manifiesto fraude procesal, de maniobras torticeras en abuso de derecho ( sentencia del TS de 24 de mayo de 2002, recurso 2753/2001 ), cuando se trata de una invocación puramente artificiosa y carente del más mínimo acerbo probatorio con la que únicamente se pretenda conseguir.

b) En tal caso, el ámbito y alcance de ese recurso de suplicación debe limitarse a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. No puede extenderse a las que son estrictamente de legalidad ordinaria y resultan perfectamente separables de la tutela de tales derechos fundamentales.

c) El legislador ha excluido expresamente de la suplicación todas aquellas modalidades procesales que enumera el art. 191.2 de la LRJS (impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente; disfrute de las vacaciones; materia electoral...). Ello se debe a que versan sobre cuestiones de legalidad ordinaria y a factores de menor trascendencia, relevancia jurídica o de la mayor agilidad y premura en la tramitación del proceso.

Carecería de lógica que esas mismas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, una vez ya resueltas las pretensiones relativas a tales derechos fundamentales y cuando no guardan la más mínima relación con las materias de legalidad ordinaria pendientes de resolución.

Si el legislador ha dispuesto que esos aspectos de legalidad ordinaria queden firmes en la sentencia de instancia, no puede ofrecerse un distinto tratamiento jurídico en función de que hayan sido planteados aisladamente o de manera acumulada con la invocada vulneración de derechos fundamentales.

d) El art. 191.3.d ) y e) de la LRJS dispone que procede recurso de suplicación cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, o bien se decida sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial o funcional.

El alcance del recurso se limita a esos concretos aspectos: «Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación [...]», de tal forma que admite la recurribilidad de la sentencia de instancia pero limita el alcance de la suplicación a los pronunciamientos vinculados al defecto procesal invocado, a la jurisdicción o competencia, excluyendo la posibilidad de entrar a conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria excluidas de suplicación.

Se trata de una clara manifestación de la voluntad del legislador de negar el acceso a la suplicación de aquellas materias que están expresamente excluidas del recurso, aun cuando la sentencia pudiere ser recurrible por otros motivos y razones diferentes, y tan solo para que pueda ser supervisada en esos concretos y únicos aspectos por el órgano judicial superior.

e) Esto es lo que así sucede cuando se plantean de forma claramente diferenciada pretensiones vinculadas a la posible vulneración de derechos fundamentales y otras de mera legalidad ordinaria que no son recurribles.

Cabrá entonces recurso para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso -entre ellos, la posible indemnización asociada a su presunta vulneración-, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación.

Solo pueden ser examinados por la sentencia de suplicación los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda limitarse en estos casos su cognición a los aspectos relativos a la posible infracción de derechos fundamentales, cuando la respuesta que haya de darse a esa cuestión condiciona de alguna manera el pronunciamiento sobre las materias de legalidad ordinaria.

4.-Posteriormente han reiterado esa doctrina las sentencias del TS 540/2024, de 11 de abril (rcud 1015/2023 ); 690/2024, de 14 de mayo (rcud 3695/2021 ); y 1045/2024, de 10 de septiembre (rcud 3404/2023 ), entre otras."

5.-A la vista de lo anterior hemos de concluir que:

a) La sentencia recurrida tendría acceso al recurso de suplicación por razón de la cuantía. Puesto que la pretensión ejercitada en cuanto a daños y perjuicios se cuantifica en 7.501 € por lo que supera el límite de los 3.000 euros fijados en el art. 191.2 g) LRJS.

b) Y asimismo, tiene acceso al recurso por la vía de la alegación de vulneración de derechos fundamentales. Pero la cognición de esta Sala se verá limitada a tal vulneración, y en lo que se refiere a cuestiones de estricta legalidad ordinaria solo se podrá conocer de las mismas si están íntimamente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales.

La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al presente caso implica que la sentencia de instancia sea recurrible, si bien limitado su recurso a las cuestiones relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales, que articula según el tenor de sus alegaciones, a la vulneración de los artículos 14 y 39 de la Constitución Española relativos al derecho a la igualdad y protección de la familia, así como la mención a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 15 de septiembre de 2022; Rec.3076/2022, y los arts. 181.2 y 183 LRJS, relativos a la indemnización por vulneración, y que articula como motivos III, V y VI de su recurso de suplicación, excluyendo por tanto como susceptibles de recurso, y examen por esta sala las cuestiones planteadas en fundamento de su recurso, en relación a las infracciones de "Ley de Base de Régimen Local" y los términos de la RPT del Ayuntamiento - motivo I-, la infracción del art. 41 del ET - motivo II-, y respecto a la normativa de descansos entre jornadas - motivo IV-, por ser cuestiones de pura legalidad ordinaria, que amparadas dentro de una impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, no cabe sean examinadas por la Sala, al no ser susceptible de recurso de suplicación.

6.-Entrando por tanto en el examen de la única cuestión que podría ser objeto de revisión por esta Sala, en relación a la posible vulneración de derechos fundamentales, alegando en concreto vulneración de las previsiones del artículo 14 y 39 de la Constitución Española relativos al derecho a la igualdad y protección de la familia, alegando que teniendo reconocida la trabajadora una situación de conciliación de la vida familiar y laboral, la medida adoptada por el empleador supone su contravención, - motivo III del recurso-, lo que lleva aparejado al existir indicios de una discriminación empresarial con vulneración de derecho fundamental, la contravención de las previsiones del art. 181.2 LRJS. Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2014 y TEDU de fecha 14 de abril de 2006. - motivo V-, y en consecuencia aplicación del art. 183 LRJS, de la LISOS para determinar el derecho a una indemnización - motivo VI-.

Examinando por tanto los motivos alegados en el recurso relativos a la vulneración de derechos fundamentales hemos de señalar y anticipar que han de ser desestimados y ello por cuanto ampara su reclamación de vulneración en la existencia de una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo", que estima arbitraria y vulnera el contenido esencial del derecho al trabajo, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y ello puesto que no se le ampara en el cuidado de su padre con discapacidad.

Hemos de señalar que como marca la sentencia de instancia, el procedimiento ejercitado es de modificación de las condiciones de trabajo, - art. 138 LRJS-, no un procedimiento de conciliación de la vida familiar y laboral - art- 139 LRJS-, y sin que se estime por la Juzgadora de instancia siquiera acreditado el presupuesto básico de la tutela que pretende, que es la existencia del reconocimiento de una flexibilidad, concreción horaria o reducción de jornada al amparo de la necesidad de atender y cuidar a su progenitor, puesto que no consta acreditado que tenga reconocido derecho alguno vinculado a la situación ya de sus hijos menores, ya de discapacidad de su progenitor, es más el mero hecho de convivencia con el anterior, o la concurrencia de un determinado grado de discapacidad no supone el reconocimiento de tal derecho.

Es más, no consta más motivo de tutela de ese derecho de conciliación, que la situación de discapacidad del 35 % de su padre, o su convivencia con el anterior, motivo insuficiente para estimar amparada una tutela de tal derecho, supeditada a la acreditación no de un mero porcentaje de discapacidad sino que a la necesidad de los cuidados, y sobremanera a la razonabilidad del horario solicitado con tales atenciones y cuidados que es la finalidad de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores - artículos 37.6 y 34.8-, en la interpretación constitucional de los mismos, como garantía de un derecho a la no discriminación por razón ya del ejercicio de estos derechos de conciliación, como medida de protección de las personas con discapacidad, menores y la propia familia.

Por lo tanto, encontrándose en el ámbito de tutela de derechos fundamentales, existen normas que alteran el sistema general de distribución de la carga de la prueba cuando se alega por el demandante la lesión de un derecho fundamental. El artículo 96 LRJS reitera, pero extendiendo su aplicación a todo tipo de procesos, la regla contenida en el artículo 181.2 LRJS, para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, que incluye toda lesión contra cualquier derecho fundamental o libertad pública, todo trato discriminatorio y todo tipo de acoso. Y supone la inversión de la carga de la prueba en estos supuestos de discriminación, acoso o vulneración de derechos fundamentales tiene un origen judicial. La indudable dificultad probatoria de que tras una determinada decisión se esconde un propósito discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales, se resolvió por el TC ya desde sus primeras sentencias, así STC 38/1981, trasladando a la otra parte la obligación procesal de acreditar que su conducta respondía a un motivo razonable.

Y así entra en juego una primera valoración judicial acerca de si el indicio tiene la suficiente consistencia como para derivar de forma fundada que la vulneración pudo ser producida. Así lo considera la norma al hablar de indicios fundados. En caso positivo, se traslada al demandado la carga de probar la solvencia de su conducta, que tiene causas reales ajenas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que tuvieron la entidad suficiente como para adoptar la decisión objeto de litigio, justificada de forma objetiva y razonable, y por tanto soportada en hechos, de forma que se lleve a la convicción del juzgador que esta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de la mácula del propósito vulnerador de derechos fundamentales, tal y como se indica en la STC 29/2002.

Por lo tanto, como presupuesto para la estimación de una conducta vulneradora, habrían de aportarse indicios, que en este caso no concurren, por cuanto como expresamente recoge la sentencia impugnada no existe resolución de reconocimiento de una flexibilidad, o reducción horaria por razón del cuidado de su padre, por lo que el disfrute o reconocimiento de este derecho, no concurre. Y es más, ningún tipo de discriminación podemos concluir de una medida que según refleja el Hecho Probado Tercero de la sentencia, "afecta a la actora y a 9 compañeros", cuyas circunstancias concretas se desconoce, ni constan las de los demás trabajadores del Concello afectados, o los que no, para poder valorar un trato diferenciado, o que suponga discriminación por alguno de los motivos que están vedados por nuestro ordenamiento constitucional, que según las alegaciones de la recurrente sería su condición de titular de una reducción, concreción o adaptación de jornada, que no resulta siquiera estuviese reconocida a la trabajadora, sin perjuicio de los derechos que la regulación ya del Estatuto de los Trabajadores, ya del Estatuto Básico del Empleado Público al que alude, pudiera reconocer a los trabajadores, que requieren en todo caso de aceptación y /o resolución expresa de reconocimiento por el empleador, que en este caso no ha resultado acreditado.

Es por lo que no cabe sino la desestimación del recurso de suplicación formulado por Dª Claudia, al no ser susceptible del reproche jurídico que en relación a la vulneración de derechos fundamentales se le efectúa, y por tanto desestimar este motivo del recurso, como aquellos relativos a la cuantificación indemnizatoria, al decaer el presupuesto esencial para su reconocimiento que es la vulneración, que no resulta siquiera indiciariamente acreditada por quien le corresponde que no es sino la recurrente.

SEXTO.- 1.-En consecuencia, el recurso debe de ser desestimado y la sentencia de instancia confirmada.

2.-Y todo ello sin condena en costas al ser la parte recurrente titular legal del beneficio de justicia gratuita ( art. 235 LRJS) .

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,