Sentencia Social 2029/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2276/2024 de 25 de septiembre del 2025

PRIMERO.-En la sentencia dictada en la instancia se efectúa el siguiente pronunciamiento: "ESTIMO la demanda interpuesta por Dª. Angelina Y Dª. Enma frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y frente a D. Samuel y en consecuencia, revoco y dejo sin efecto la resolución del INSS de 10/03/2022, en la que se rechazó la imposición de recargo de prestaciones y en su lugar, declaro la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el accidente de trabajo sufrido por el trabajador D. Carlos Jesús el 27/09/2019 y asimismo declaro la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo citado sean incrementadas en un 50%, con cargo exclusivo al empresario D. Samuel".

Contra dicha sentencia se formula recurso de suplicación por la parte demandada Samuel, al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto de que se anulen las actuaciones, en base a una supuesta infracción de normas y/o garantías procesales en la instancia; así como al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 LJS, con el objeto, recíprocamente, de que por esta Sala se proceda a revisar los hechos probados de aquélla y se apruebe la censura jurídica formulada en el meritado recurso contra la misma.

Concluye este recurso con la súplica de que "dicte en su día Sentencia, por la que se estime íntegramente el presente recurso, revocando la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de instancia, y dejando nulo y sin efecto el recargo de prestaciones impuesto a esta parte o subsidiariamente se reduzca a la cuantía mínima del 30%".

Las demandantes han impugnadoel recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia por la recurrente que, recibida la notificación de la demanda, otorgó apoderamiento Apud Acta a un determinado abogado que el día del juicio no compareció, lo que le ha ocasionado indefensión a la hora de formular el presente recurso, ya que en su momento no pudo aportar documentación alguna ni articular una defensa con todas las garantías procesales. Por ello, solicita se repongan los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse la infracción.

Pues bien, este motivo que ha de desestimarse, dado que, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 193 LJS pueda ser acordada es necesario, entre otras muchas, según Sentencia del TS de 10 noviembre 1998, que interpretaba el precepto entonces vigente, el art. 191 a) LPL, del que aquel es fiel trasunto, no sólo que exista quebrantamiento de las normas procesales y, que tal quebrantamiento hubiese producido indefensión para la parte, sino también que se haya formulado oportuna protesta. Y, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no acredita que se haya infringido norma y/o garantía procesal alguna, no constando más que la incomparecencia de dicha parte por motivos o razones que se desconocen, incomparecencia de una de las partes demandadas que no es óbice para la celebración del acto del juicio, salvo que no hubiera sido citado en legal forma. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que el recurrente ejercite las acciones que considere oportunas contra el letrado al que se refiere en su recurso.

TERCERO.-En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente solicita en concreto:

1.-Que se modifique el párrafo tercero del hecho probado séptimo proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "La construcción denominada caseta nº NUM003 presentaba una distribución en planta única ocupando una superficie de 32 m2, se observan tres puertas frontales metálicas que daban acceso a tras estancias diferenciadas. La puerta de doble hoja es la que daba acceso al lugar donde se efectuaban las labores de llenado y prensado de carretillas de color.

Por la parte posterior de la instalación se accedía a otra estancia destinada al alojamiento de una bomba hidráulica a través de una cancela de doble hoja, de barrotes metálicos: junto a esta, se encontraban un portón metálico y una ventana opaca superpuesta sobre el mismo; estos elementos independientes, situados tras la prensa dedicada al llenado y prensado de carretillas de color estaban supuestamente destinados a la ventilación del habitáculo".

Lo funda en el Doc 2 Informe GEDEX Guardia Civil.PDF con ID NUM004 de orden 37 concretamente en la página 11 del referido informe.

2.-Que se modifique el párrafo quinto del hecho probado séptimo proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "Durante las operaciones de carga, el trabajador, de forma manual utiliza una pistola de aire comprimido para soplar la prensa y de esta forma limpiar los restos pulvurentos (tierra-pólvora-color) que hayan podido quedar en la misma.

Al final de la jornada se barre la caseta y recogen todos estos restos, que son altamente peligrosos cuando han perdido su grado de humedad".

Lo funda en el Doc 2 Informe GEDEX Guardia Civil.PDF con ID: NUM004 de orden 37 concretamente en la página 54 del referido informe, justo encima de la fotografía número 86.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para que el Tribunal pueda examinar, con libertad de criterio, el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes. Y es que dada la naturaleza extraordinaria de este recurso ha de prevalecer el criterio del Magistrado de lo social, a quien la Ley le reserva, en los términos que se dispone en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la función de valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron. La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

Dichas pruebas en base a las cuales es posible la revisión fáctica de la sentencia impugnada no pueden ser las mismas que le sirvieron de fundamento al juzgador en la instancia. Esto es, la revisión fáctica no se puede fundar en el mismo documento o pericia, -salvo supuestos de error palmario- en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, ya que como la valoración de la prueba corresponde al juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal del recurrente.

Por otro lado, la revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Y, en el caso que nos ocupa, la revisión fáctica impetrada en el recurso no puede prosperar, ya que se basa en el mismo informe técnico de los GEDEX que sirve al Magistrado a quo para elaborar su relato de hechos probados, sin que se acredite que haya incurrido en error alguno por el mismo al interpretar aquel, recogiendo en su sentencia aquellos datos que ha considerado fundamentales (esto no se desvirtúa) a los efectos de resolver la cuestión litigiosa.

CUARTO.-Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando la parte recurrente en concreto que incurre la sentencia impugnada en infracción del artículo 14 de la Ley 31/1995, los artículos 45 y 46 del Real Decreto 989/2015 y el artículo 164 de la LGSS, ya que la empresa habría cumplido con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto, habiendo los trabajadores recibido la formación adecuada, siendo el accidente de origen totalmente desconocido e indeterminado. Se asegura que lo cierto es que en ningún caso existía una atmósfera explosiva cuando se produjo la deflagración en que consistió el accidente litigioso, pese a que el Magistrado de instancia entendió que la empresa incumplió con la obligación de evitar o minimizar el riesgo de explosión por deflagración de una atmósfera explosiva.

Pues bien, el artículo 164 LGSS regula el recargo de prestaciones en los siguientes términos, en lo que a este pleito interesa: "1.- Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100 cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Por su parte, la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su capítulo III determina los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, desarrollando los aspectos contractuales que afectan a la seguridad y a la salud en el trabajo, en desarrollo de lo previsto en los artículos 4-2-f) y 19 ET.

Según el artículo 14.2 LPRL "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo".

La jurisprudencia actual sobre el recargo de prestaciones viene recogida en sentencia del Tribunal Supremo núm. 347/2016 de 27 abril (RJ 2016\227), que parte de que el empresario «crea» el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo «sufre». El empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar ( art. 20 ET) y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ( art. 15 LPRL) , estableciéndose el deber genérico de «garantizar la seguridad y salud laboral» de los trabajadores ( art. 14.1 LPRL) .

La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible. La obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no sólo aquellos que las disposiciones específicas hubiesen podido contemplar expresamente.

Pero el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi-objetivos en que la misma está concebida legalmente.

En el caso que ahora nos corresponde resolver, esta Sala concluye que el luctuoso accidente se produjo como consecuencia de la falta de adopción por parte de la empresa que recurre de una medida preventiva para evitar accidentes como el ocurrido en este supuesto. Nos mostramos plenamente conformes con el Magistrado a quo en cuanto a que, con independencia de la imposibilidad de concretar cuál fue la fuente de la energía mínima de ignición (EMI) que hizo que se produjera la explosión, esto es, el detonante, el elemento indispensable para que aconteciera el accidente fue la creación de una atmósfera explosiva por polvo en suspensión cuya deflagración aportó energía suficiente para iniciar la materia explosiva que se encontraba en el taller. Consta en el informe al que nos remitimos, el de los GEDEX-NRBQ (hecho probado séptimo), especialistas en esta materia, que en la caseta donde se produjo el accidente no existía instalación específica de recogida de polvos combustibles para prevenir el riesgo de explosión y el día del accidente la dispersión o eliminación de los polvos combustibles dependía de si existía en la caseta corriente de aire.

La Instrucción Técnica Complementaria número 14, a la que se remite el artículo 45.5 del Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, que tiene por objeto establecer una serie de disposiciones relativas a la seguridad y salud para la protección de los trabajadores frente al riesgo de explosión de mezclas explosivas en el lugar de trabajo, a la cual se remite acertadamente la sentencia ahora combatida, entre las obligaciones del empresario incluye las de " 2.1. Prevención y protección contra explosiones de materias o mezclas explosivas".

Sobre este particular la instrucción ahora citada impone al empresario la obligación de proporcionar una protección frente a explosiones de mezclas explosivas, adoptando para ello medidas de carácter técnico y organizativo en función del tipo de actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a los principios básicos siguientes:

"a) Evitar la acumulación innecesaria de mezclas explosivas en lugares no habilitados para ello.

b) Evitar la inflamación accidental de materias o mezclas explosivas y atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de forma que se garantice la salud y la seguridad de los trabajadores.

c) Evitar la propagación de las explosiones o explosiones en cadena, mediante la adopción de las medidas necesarias para ello."

Y como se indica por el Magistrado a quo, según la misma instrucción, habrá de evaluarse el riesgo de específico de explosión de materias o mezclas explosivas y planificar la actividad preventiva teniendo en cuenta, al menos:

a) Las características explosivas de las materias o mezclas existentes en los lugares de trabajo.

b) Las instalaciones, los equipos de trabajo, los procesos industriales y sus posibles interacciones.

c) Las probabilidades de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas electrostáticas.

d) Las proporciones de los efectos previsibles.

En la evaluación de los riesgos de explosión se tendrán en cuenta los lugares que estén o puedan estar en contacto, mediante aberturas, con lugares en los que puedan crearse atmósferas explosivas.

Del mismo modo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar el riesgo de explosión de materias o mezclas explosivas, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en esta ITC. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Asimismo, el empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de dicha ejecución.

En particular, el empresario deberá garantizar:

3.12.3 Que se han determinado y evaluado los riesgos específicos de explosión.

3.12.4 Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de esta ITC.

3.12.5 Que han sido identificadas todas las zonas con peligro de explosión existentes en el centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.5.

3.12.6 Que en las zonas con peligro de explosión se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo de esta ITC.

3.12.7 Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.

3.12.8 Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo para que los equipos de trabajo, se utilicen en condiciones seguras.

Los aspectos recogidos en este apartado deben tenerse en cuenta en la elaboración de la documentación a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales .

2.3 Obligaciones generales.

Con objeto de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, y en aplicación de lo establecido en los apartados 2.1 y 2.2, el empresario tomará las medidas necesarias para que:

a) En los lugares en los que existan o puedan existir materias reglamentadas en cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores o de otras personas, el ambiente de trabajo sea tal que el trabajo pueda efectuarse de manera segura.

b) En los lugares de trabajo en los que existan o puedan existir materias reglamentadas en cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, se asegure, mediante el uso de los medios técnicos apropiados, una supervisión adecuada de dichos lugares, con arreglo a la evaluación de riesgos, mientras los trabajadores estén presentes en aquéllos.

(...)"

También es relevante, y la sentencia recurrida así lo hace constar, lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que en su artículo 7.1 indica que "1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores".

En este estado de cosas, se está en situación de afirmar que la sentencia recurrida es plenamente conforme a derecho cuando asegura que "la parte empresarial incumplió la obligación evitar o minimizar el riesgo de explosión por deflagración de una atmósfera explosiva, evitable mediante la implantación de protocolos de trabajo que incluyeran formas segura de limpieza o retirada del material sobrante de la prensa o sistemas de extracción de aire, más allá de la apertura de puertas y ventanas que, sin corriente de aire, no facilitan la evacuación eficiente de la pólvora en suspensión ni de otros agentes inflamables o deflagrantes."

Por lo tanto, hemos de desestimar el recurso y confirmar plenamente la sentencia de instancia, que aprecia que concurren todos los presupuestos para imponer el recargo de prestaciones establecido en el artículo 164 de la Ley General de Seguridad Social, en su límite máximo, esto es, el 50%.

QUINTO.-El artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social consagra el principio del vencimiento en materia de costas devengadas en los recursos de suplicación, salvo en proceso de conflictos colectivos, excluyendo el precepto de tal condena a la parte vencida en el recurso a aquellos que gozaren del beneficio de justicia gratuita.

Los motivos ya expuestos de desestimación del presente recurso determina que la imposición de costas a la recurrente, que, por importe de honorarios de letrado, se establece para el letrado impugnante del recurso en 400 €uros.

Desestimado el recurso de suplicación procede, conforme al artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condenar a la parte recurrente a la pérdida del depósito constituido, lo que se realizará cuando la sentencia sea firme en los términos que se prevé en el artículo 229.3.