Sentencia Social 989/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 226/2025 de 26 de mayo del 2026

PRIMERO.-Por la entidad ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. se formuló demanda frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO de la JCCM y la empresa MIFARMA TIENDA ONLINE S.L y contra los trabajadores afectados Virginia, Regina , Abelardo , Rocío , Hortensia , Eusebio, Cesar , Noelia , Mario , Isidora , Elisa , Felipe , Saturnino , Celso , Alejo , Primitivo , Leocadia , Mónica , Sebastián , Diego , Agustín , Alvaro , Clemente , Romeo , Sabino , Anton , Sabina , Adoracion , Raimunda , Agapito , Abel , Leonor , Mariana , Amadeo , Evaristo , Alexander , Anselmo , Apolonio , Marcelino , Doroteo , Alexis , Lourdes , Leonardo , Adriano , Santos , Teodora , Francisco , Anibal , Josefina , Begoña , Olga , Abilio , Bruno , Amalia , Adelina , Tamara , Serafin , Adrian , Gracia , Felicisima , Nicolasa , Nicanor , Fructuoso , Lina , Nuria , Zaida , Flor , Rosario , Augusto , Segismundo , Adela , Salvadora , Loreto , Silvia , Flora , Montserrat; postulando se dejase sin efecto la sanción impuesta por Resolución de 09/09/2022 de multa de 80.000 €.

La demanda se tramitó en el proceso 756/2022 del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete y concluyó por sentencia de 27 de septiembre de 2024 que desestimó la demanda y absolvió a los codemandados, confirmando la Resolución recurrida en todos sus extremos.

Frente a tal sentencia se ha interpuesto recurso de suplicación por la empresa ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L., instrumentado en dos motivos de recurso, uno para la revisión fáctica y el otro destinados a la censura jurídica de la sentencia. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) de la LRJS, se postula la modificación del hecho probado séptimo y la adición de un nuevo hecho, octavo de la resolución, con el siguiente contenido:

SÉPTIMO.- Son hechos constatados por el Inspector actuante y así reflejados en el Acta de Infracción, los siguientes:

*El objeto social de la empresa Mifarma consiste en "el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería. Venta por internet de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería" (art. 2 de los estatutos de la sociedad).

*El objeto social de la empresa ATE consiste en "La coordinación de la prestación de servicios especializados de control, suspensión, recuento, inventario físico; manipulación, traslado y organización consistentes en la instalación, montaje, acoplamiento, ensambladura, colocación, alineación en parámetros verticales u horizontales, de realización de servicios de transporte de mercancías en general; realización de actividades relacionadas con la logística, presentación de servicios de telemarketing."

*ATE (contratista) y MIFARMA (contratante) firmaron un contrato mercantil en fecha de 28 de mayo de 2019, denominado "contrato mercantil cierre de pedidos Mifarma Tienda Online S.L." en cual tiene como objeto principal la realización por parte de ATE de trabajos consistentes en "cierre de pedidos" para MIFARMA.

*En el referido contrato se estipula que durante los tres primeros meses de actividad, la empresa contratista facturara en base al criterio hora/hombre. Transcurrido dicho periodo. v una vez que se tengan los análisis de productividades, las partes se comprometen y obligan a pasar a un sistema de facturación variable por €/unidades por tiempo de ejecución. El cambio en el modo de facturarle alargó durante un periodo superior al estipulado por motivo de la pandemia v el cambio del centro de trabajo de la empresa principal."

*El centro de trabajo donde prestaban servicios los trabajadores objeto de investigación por la Inspección sito en la Calle Quito núm. 1 de la localidad de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) es propiedad de Mifarma, tras haberse trasladado desde la Calle Virgen 76 de Tarazona de la Mancha (Albacete).

*ATE dispone de la maquinaria necesaria v suficiente para llevar a cabo las tareas encomendadas por el contrato señalado anteriormente, y que en principio le fue facilitada por la contratante mediante contrato de arrendamiento v que posteriormente fue adquirida por compraventa a aquella, en fecha de 20 de abril de 2021.

*Según se especifica en el contrato de "cierre de pedidos", es Mifarma quien determina el horario de trabajo en el centro de trabajo, que afecta también el referido a los trabajadores contratados por ATE, señalándose expresamente en el contrato que "el horario de prestación del servicio adjudicado se ajustará a lo indicado por LA CONTRÁTANTE, en función de su actividad principal, y su concreta realización será responsabilidad de LA CONTRATISTA"

*La clausula Quinta del referido contrato señala que la Contratista designara al controller/coordinador frente a la Contratante, para mantener los contactos e informaciones oportunos entre ambas partes. Dicho responsable tendrá como norma, entre otras cosas, la de impartir las ordenes directas al personal de su plantilla, a través de los mandos de la contratista que dirigen la manipulación.

*La cláusula séptima del contrato señala " la contratante determinar la organización de los servicios a prestar dictando aquellas normas genéricas necesarias para un normal optimo ejercicio de los servicios, quedando en todo caso a favor de la contratista la facultadle dirección y coordinación del servicio v del personal encargado de la prestación del mismo.

*Los trabajadores afectados tienen que cumplir un doble registro: por una parte, al acceder al centro de trabajo tienen que pasar un control de entrada y fichaje realizado por la empresa Mifarma, de otra, tienen que firmar un fichaje de horas de trabajo a cargo de ATE.

OCTAVO.- "La empresa ATE como es una empresa real y por tanto:

*cumple con sus obligaciones de cotización.

*retribuye a sus empleados de manera puntual a sus trabajadores.

*cumple con sus obligaciones formativas e informativas en prevención de riesgos laborales.

*ejerce la facultad disciplinaria sobre sus trabajadores. sancionando v despidiendo llegado el caso

*organiza vacaciones y concede permisos y licencias a sus trabajadores.

*realiza la vigilancia en la salud de sus trabajadores

*les entrega los equipos de protección individual correspondientes que la evaluación de riesgos ha determinado como necesarios, así como el vestuario v uniformes correspondientes.

*efectúa la correspondiente evaluación de riesgos v realiza la planificación preventiva desarrollando todas aquellas acciones preventivas que son necesarias.

*Tiene constituido servicio de prevención propio.

*Cuenta con convenio colectivo propio que se encuentra en vigor por no haber sido declarado nulo ni total ni parcialmente.

*La empresa Ate cuenta con su propio organigrama".

Como norma general, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2015, rec. 60/15, y las que en ella se citan de 13 julio 2010, rec. 17/2009; 21 octubre 2010, rec. 198/2009; 5 de junio de 2011, rec. 158/2010; 23 septiembre 2014,rec. 66/2014; 17 de febrero de 2021, rec. 129/2020 y otras muchas), ha señalado que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

Por tal razón, no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto que no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador de Instancia, más objetivo, imparcial y desinteresado, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada, salvo en supuestos de error palmario; pues tal forma de proceder no es la pertinente en el presente recurso extraordinario de suplicación, que por su naturaleza no permite la revisión de todo el material probatorio practicado en el proceso, a modo de un recurso de apelación (por todas, TS núm. 217/2021 de 17 febrero, rec. 129/2020, y las numerosas que en ella se citan)

En el presente caso, la parte recurrente, en apoyo de las modificaciones fácticas que solicita, cita una serie de documentos (en esencia, el contrato mercantil suscrito entre ATE y MIFARMA en fecha 8 de mayo de 2019, y una serie de documentos ya aportados al expediente administrativo, tales como concesiones de vacaciones y permisos a los trabajadores, documentos acreditativos de la formación e información impartida por ATE a sus trabajadores referente a prevención de riesgos laborales, certificación acreditativa del abono de los seguros sociales, despido formulado por la empresa ATE a un trabajador, ficha justificativa de entrega de Epis, etc.), con el objeto de obtener una nueva valoración general de los diversos elementos probatorios aportados a las actuaciones, y ofrecer una visión distinta a la apreciada por el Juez de instancia en términos inaceptables en el ámbito del recurso extraordinario de suplicación.

En aplicación de tal doctrina jurisprudencial ha de rechazarse todos los motivos destinados a la revisión fáctica de la sentencia.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción de los arts. 42 y 43 del ET y de la doctrina jurisprudencial que se cita.

En síntesis, la entidad recurrente sostiene que mientras la empresa MIFARMA TIENDA ONLINE S.L. (MIFARMA) tiene como objeto el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería; la recurrente ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. (ATE) se centra en la actividad de la preparación, cierre y expedición de los pedidos de aquella. Y para llevar a cabo tal actividad, ATE ha contrato a la mano de obra que ha considerado oportuno, sobre la que ejerce el poder de dirección y gestión propio de una empresa independiente, ejercitando sus facultades sancionadoras en su caso.

1.-El art. 43.2 del ET dispone que: "En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario".

Por otra parte, como se indica por la doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 805/2022 de 4 octubre, rec. 2498/2021 y núm. 856/2025 de 1 de octubre, rec. 5371/2023):

El elemento decisivo para discernir si estamos ante un supuesto de cesión ilegal o de descentralización productiva (ex art. 42 ET ) se halla en la concurrencia o no de una situación de mero suministro de mano de obra sin que la empresa cedente ponga en juego estructura u organización empresarial alguna, de suerte que se limite a ofrecer una mera apariencia de empleadora (así, por ejemplo, STS 26 octubre 2016, rec. 2913/2014 ).

Lo que persigue el art. 43 ET es que "la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones o la disminución de las garantías y que quien efectivamente es empresario asuma las obligaciones que le corresponden" ( SSTS 4 marzo 2008 (RJ 2008, 1902) , rec. 1310/2007 ; 17 octubre 2010 SIC (RJ 2011, 246) , rec. 1673/2010 ; 4 marzo 2011 (RJ 2011, 3109) , rec. 3463/2010 ; 11 julio 2012 (RJ 2012, 9305) , rec. 1591/2011 ; 12 julio 2017 (RJ 2017, 4147) -rec. 278 /2016-).

Ha de tenerse en cuenta si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal.

Por otro lado, la doctrina de la Sala caracteriza la cesión ilegal afirmado que el fenómeno interpositorio supone tres negocios jurídicos coordinados: 1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, Rcud. 98/2015 (RJ 2016, 4282) ).

Asimismo, hemos destacado que la esencia de la cesión no se halla en que la empresa cedente sea real o ficticia o que tenga o carezca de organización, sino que lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización "no se ha puesto en juego", limitándose su actividad al suministro de la mano de obra a la otra empresa que la utiliza como si fuera propia ( SSTS de 19 de junio de 2012, Rcud 2200/2011 (RJ 2012, 8551 ) ; y de 11 de julio de 2012, Rcud 1591/11 (RJ 2012, 9305) ). De forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio.

2.-Según resulta del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita en fecha 16 de febrero de 2.021 al centro de trabajo de la entidad MIFARMA, sito en la calle Quito nº 1 de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), y tras las averiguaciones oportunas y examen de la documentación aportada, levantó acta de infracción nº NUM000 de fecha 5 de noviembre de 2.021 a la empresa ATE, al concluir que la misma había incurrido en un supuesto de cesión ilegal de trabajadores respecto de la empresa MIFARMA, actuación laboral ilícita calificada como infracción "muy grave" en el artículo 8.2 de la LISOS, proponiendo la imposición de una sanción económica por importe total de 80.000 euros, graduándose la sanción en su grado medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.c) de la LISOS, en atención a las circunstancias concurrentes y criterios de graduación (cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores afectados por la cesión y perjuicio a los mismos) recogidos en el Acta.

En fecha 11 de abril de 2.022, el instructor del expediente sancionador emitió Propuesta de Resolución, confirmando en la misma la calificación y la sanción impuesta. Por la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se dictó Resolución de 19 de abril de 2.022, que determina que la empresa ATE era responsable de los hechos tipificados en el Acta de Infracción imponiendo la sanción propuesta de 80.000 euros. Mediante Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la J .C.C. M., de fecha 9 de septiembre de 2.022, se procedió a la íntegra desestimación del recurso de alzada presentado por la mercantil, confirmando la Resolución recurrida.

Según se refleja en el acta de infracción levantada por la ITSS, la empresa MIFARMA tiene como objeto el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería, mientras que la entidad ATE tiene por objeto la realización de servicios de transporte de mercancías en general y de actividades relacionadas con la logística, presentación de servicios de telemarketing.

ATE (contratista) y MIFARMA (contratante) firmaron un contrato mercantil en fecha 28 de mayo de 2.019, denominado "Contrato mercantil cierre de pedidos Mifarma Tienda Online SL", el cual tiene como objeto principal la realización por parte de ATE de trabajos consistentes en "cierre de pedidos" para MIFARMA

El centro de trabajo donde prestaban servicios los trabajadores objeto de investigación por la Inspección, sito en calle Quito nº 1 de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), es propiedad de MIFARMA.

Tanto el programa informático que se utiliza para la realización de pedidos como todos los elementos esenciales para el empaquetado y distribución de los mismos (lectores de códigos de barras, impresora de etiquetas, transpaletas manuales, apilador, equipos informáticos, carros picking, etc.) son propiedad y/o han sido facilitados por MIFARMA a los trabajadores contratados por ATE.

Dichos elementos necesarios para la prestación del servicio han sido incluidos en un contrato de arrendamiento de maquinaria en virtud del cual ATE abonaba un precio mensual de 350 € a su propietaria (MIFARMA) por su alquiler, si bien en dicho contrato se especifica que MIFARMA se reserva el derecho a supervisar y controlar dichos equipos durante la vigencia del contrato.

Es MIFARMA quien determina el horario de trabajo en el centro de trabajo, que afecta también el referido a los trabajadores contratados por ATE. La Cláusula quinta del contrato suscrito entre las empresas especifica que MIFARMA tiene la facultad de designar a un Coordinador/Encargado en dicho centro de trabajo, el cual que tendrá, entre otras funciones, la potestad de impartir órdenes directas al personal de la plantilla de ATE para la realización de su trabajo, como así se ha venido haciendo con habitualidad. Asimismo, la Cláusula séptima del "contrato de cierre de pedidos" especifica que MIFARMA determinará la organización de los servicios a prestar, pudiendo dictar aquellas normas necesarias para la prestación de éste por los trabajadores contratados por ATE.

La empresa ATE no dispone de sede en Albacete, ni ningún centro de trabajo propio en la provincia.

Los trabajadores afectados tienen que cumplir un doble registro: por una parte, al acceder al centro de trabajo tienen que pasar un control de entrada y fichaje realizado por la empresa MIFARMA, de otra, tienen que firmar un fichaje de horas de trabajo a cargo de ATE.

Por lo que concierne a las actas levantadas por la Inspección de Trabajo; tanto el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y art. 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo; como el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y art. 151.8. II de la LRJS, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

El valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar o señalar los administrados".

Por otra parte, en relación con el valor probatorio de las actas levantadas o de los informes emitidos por la Inspección de Trabajo, la doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 614/2017 de 12 julio, rec. 278/2016 y las en ella citadas) tiene establecido que:

"la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción, sino que también se extiende a los informes ( STS 22/05/12, rco 76/11 ), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15, rco 181/14 y 17/03/16, rco 178/15 ).

Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente por las STS núm. 938/2020 de 23 octubre, rec. 174/2019; 527/2021 de 13 mayo, rec. 4/2019; 1040/2021 de 20 octubre, rec. 88/2021 y 24/2023 de 11 enero, rec. 146/2021.

En el presente caso, tal como se desprende del acta de infracción de la ITSS, aunque formalmente la entidad ATE presenta una apariencia de realidad (contratación suscrita con los trabajadores afectados, ingreso de cotizaciones de Seguridad Social y demás documentación que revela una apariencia de independencia de gestión), lo cierto es que no ha puesto en juego una real y efectiva actuación independiente de la entidad para la que presta servicios, ni aportado los medios materiales para llevar a cabo la actividad a que se refiere el contrato mercantil suscrito entre las empresas afectadas.

Así, los medios necesarios para que los trabajadores de ATE presten sus servicios son propiedad de la mercantil MIFARMA. Está debidamente acreditado que, tanto el programa informático donde se indican los pedidos, como toda la maquinaria necesaria para la realización de las tareas que realiza los trabajadores de ATE (lectores de códigos de barras, impresora de etiquetas, transpaletas manuales, apilador, equipos informáticos, carros picking, etc.), pertenecen a MIFARMA; sin que el contrato de arrendamiento de tales materiales por un precio de escasa cuantía y muy inferior del mercado (350 €/mes), desacredite la evidente fraudulencia de semejante acuerdo.

Es la empresa MIFARMA la que determina el horario de trabajo y el volumen de actividad a realizar, existiendo un Coordinador/Encargado de MIFARMA que imparte órdenes directas a la plantilla de ATE. No existe, por tanto, autonomía real de la entidad ATE puesto que realiza su actividad con los medios materiales de MIFARMA y bajo un proceso diseñado y ejecutado por ésta, sin que ATE pueda variar dicho procedimiento ni el método de trabajo diseñado por aquélla, tal y como así se determina la Cláusula primera del contrato.

El precio pactado entre las empresas depende del número trabajadores y el número de éstos para su realización para cada uno de los servicios, esto es, la contraprestación establecida no es a tanto alzado por realizar las tareas contratadas, sino que depende, en definitiva, del número de trabajadores y de las horas prestadas por los mismos para determinación del precio.

En el presente caso, por tanto, se acredita que la empresa recurrente es una empresa ficticia o aparente que se limita al mero suministro de la mano de obra necesaria para el desarrollo del servicio, al carecer de los medios materiales para llevarlo a cabo y no tener el control efectivo de la actividad realizada por los trabajadores afectados, concurriendo por ello la situación de cesión ilegal de trabajadores.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia, con imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad con el art. 235.1 de la LRJS, y pérdida del depósito y consignación, o mantenimiento de los aseguramientos del importe de la condena, así como abono de los honorarios de los letrados impugnantes, que prudencialmente se fijan en 300 € para cada uno, incluyendo al letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a cuya cuantía se dará el destino legal previsto en el art. 13 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, por remisión de la disposición adicional 1ª de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades.

PRIMERO.-Por la entidad ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. se formuló demanda frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO de la JCCM y la empresa MIFARMA TIENDA ONLINE S.L y contra los trabajadores afectados Virginia, Regina , Abelardo , Rocío , Hortensia , Eusebio, Cesar , Noelia , Mario , Isidora , Elisa , Felipe , Saturnino , Celso , Alejo , Primitivo , Leocadia , Mónica , Sebastián , Diego , Agustín , Alvaro , Clemente , Romeo , Sabino , Anton , Sabina , Adoracion , Raimunda , Agapito , Abel , Leonor , Mariana , Amadeo , Evaristo , Alexander , Anselmo , Apolonio , Marcelino , Doroteo , Alexis , Lourdes , Leonardo , Adriano , Santos , Teodora , Francisco , Anibal , Josefina , Begoña , Olga , Abilio , Bruno , Amalia , Adelina , Tamara , Serafin , Adrian , Gracia , Felicisima , Nicolasa , Nicanor , Fructuoso , Lina , Nuria , Zaida , Flor , Rosario , Augusto , Segismundo , Adela , Salvadora , Loreto , Silvia , Flora , Montserrat; postulando se dejase sin efecto la sanción impuesta por Resolución de 09/09/2022 de multa de 80.000 €.

La demanda se tramitó en el proceso 756/2022 del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete y concluyó por sentencia de 27 de septiembre de 2024 que desestimó la demanda y absolvió a los codemandados, confirmando la Resolución recurrida en todos sus extremos.

Frente a tal sentencia se ha interpuesto recurso de suplicación por la empresa ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L., instrumentado en dos motivos de recurso, uno para la revisión fáctica y el otro destinados a la censura jurídica de la sentencia. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) de la LRJS, se postula la modificación del hecho probado séptimo y la adición de un nuevo hecho, octavo de la resolución, con el siguiente contenido:

SÉPTIMO.- Son hechos constatados por el Inspector actuante y así reflejados en el Acta de Infracción, los siguientes:

*El objeto social de la empresa Mifarma consiste en "el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería. Venta por internet de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería" (art. 2 de los estatutos de la sociedad).

*El objeto social de la empresa ATE consiste en "La coordinación de la prestación de servicios especializados de control, suspensión, recuento, inventario físico; manipulación, traslado y organización consistentes en la instalación, montaje, acoplamiento, ensambladura, colocación, alineación en parámetros verticales u horizontales, de realización de servicios de transporte de mercancías en general; realización de actividades relacionadas con la logística, presentación de servicios de telemarketing."

*ATE (contratista) y MIFARMA (contratante) firmaron un contrato mercantil en fecha de 28 de mayo de 2019, denominado "contrato mercantil cierre de pedidos Mifarma Tienda Online S.L." en cual tiene como objeto principal la realización por parte de ATE de trabajos consistentes en "cierre de pedidos" para MIFARMA.

*En el referido contrato se estipula que durante los tres primeros meses de actividad, la empresa contratista facturara en base al criterio hora/hombre. Transcurrido dicho periodo. v una vez que se tengan los análisis de productividades, las partes se comprometen y obligan a pasar a un sistema de facturación variable por €/unidades por tiempo de ejecución. El cambio en el modo de facturarle alargó durante un periodo superior al estipulado por motivo de la pandemia v el cambio del centro de trabajo de la empresa principal."

*El centro de trabajo donde prestaban servicios los trabajadores objeto de investigación por la Inspección sito en la Calle Quito núm. 1 de la localidad de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) es propiedad de Mifarma, tras haberse trasladado desde la Calle Virgen 76 de Tarazona de la Mancha (Albacete).

*ATE dispone de la maquinaria necesaria v suficiente para llevar a cabo las tareas encomendadas por el contrato señalado anteriormente, y que en principio le fue facilitada por la contratante mediante contrato de arrendamiento v que posteriormente fue adquirida por compraventa a aquella, en fecha de 20 de abril de 2021.

*Según se especifica en el contrato de "cierre de pedidos", es Mifarma quien determina el horario de trabajo en el centro de trabajo, que afecta también el referido a los trabajadores contratados por ATE, señalándose expresamente en el contrato que "el horario de prestación del servicio adjudicado se ajustará a lo indicado por LA CONTRÁTANTE, en función de su actividad principal, y su concreta realización será responsabilidad de LA CONTRATISTA"

*La clausula Quinta del referido contrato señala que la Contratista designara al controller/coordinador frente a la Contratante, para mantener los contactos e informaciones oportunos entre ambas partes. Dicho responsable tendrá como norma, entre otras cosas, la de impartir las ordenes directas al personal de su plantilla, a través de los mandos de la contratista que dirigen la manipulación.

*La cláusula séptima del contrato señala " la contratante determinar la organización de los servicios a prestar dictando aquellas normas genéricas necesarias para un normal optimo ejercicio de los servicios, quedando en todo caso a favor de la contratista la facultadle dirección y coordinación del servicio v del personal encargado de la prestación del mismo.

*Los trabajadores afectados tienen que cumplir un doble registro: por una parte, al acceder al centro de trabajo tienen que pasar un control de entrada y fichaje realizado por la empresa Mifarma, de otra, tienen que firmar un fichaje de horas de trabajo a cargo de ATE.

OCTAVO.- "La empresa ATE como es una empresa real y por tanto:

*cumple con sus obligaciones de cotización.

*retribuye a sus empleados de manera puntual a sus trabajadores.

*cumple con sus obligaciones formativas e informativas en prevención de riesgos laborales.

*ejerce la facultad disciplinaria sobre sus trabajadores. sancionando v despidiendo llegado el caso

*organiza vacaciones y concede permisos y licencias a sus trabajadores.

*realiza la vigilancia en la salud de sus trabajadores

*les entrega los equipos de protección individual correspondientes que la evaluación de riesgos ha determinado como necesarios, así como el vestuario v uniformes correspondientes.

*efectúa la correspondiente evaluación de riesgos v realiza la planificación preventiva desarrollando todas aquellas acciones preventivas que son necesarias.

*Tiene constituido servicio de prevención propio.

*Cuenta con convenio colectivo propio que se encuentra en vigor por no haber sido declarado nulo ni total ni parcialmente.

*La empresa Ate cuenta con su propio organigrama".

Como norma general, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2015, rec. 60/15, y las que en ella se citan de 13 julio 2010, rec. 17/2009; 21 octubre 2010, rec. 198/2009; 5 de junio de 2011, rec. 158/2010; 23 septiembre 2014,rec. 66/2014; 17 de febrero de 2021, rec. 129/2020 y otras muchas), ha señalado que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

Por tal razón, no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto que no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador de Instancia, más objetivo, imparcial y desinteresado, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada, salvo en supuestos de error palmario; pues tal forma de proceder no es la pertinente en el presente recurso extraordinario de suplicación, que por su naturaleza no permite la revisión de todo el material probatorio practicado en el proceso, a modo de un recurso de apelación (por todas, TS núm. 217/2021 de 17 febrero, rec. 129/2020, y las numerosas que en ella se citan)

En el presente caso, la parte recurrente, en apoyo de las modificaciones fácticas que solicita, cita una serie de documentos (en esencia, el contrato mercantil suscrito entre ATE y MIFARMA en fecha 8 de mayo de 2019, y una serie de documentos ya aportados al expediente administrativo, tales como concesiones de vacaciones y permisos a los trabajadores, documentos acreditativos de la formación e información impartida por ATE a sus trabajadores referente a prevención de riesgos laborales, certificación acreditativa del abono de los seguros sociales, despido formulado por la empresa ATE a un trabajador, ficha justificativa de entrega de Epis, etc.), con el objeto de obtener una nueva valoración general de los diversos elementos probatorios aportados a las actuaciones, y ofrecer una visión distinta a la apreciada por el Juez de instancia en términos inaceptables en el ámbito del recurso extraordinario de suplicación.

En aplicación de tal doctrina jurisprudencial ha de rechazarse todos los motivos destinados a la revisión fáctica de la sentencia.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción de los arts. 42 y 43 del ET y de la doctrina jurisprudencial que se cita.

En síntesis, la entidad recurrente sostiene que mientras la empresa MIFARMA TIENDA ONLINE S.L. (MIFARMA) tiene como objeto el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería; la recurrente ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. (ATE) se centra en la actividad de la preparación, cierre y expedición de los pedidos de aquella. Y para llevar a cabo tal actividad, ATE ha contrato a la mano de obra que ha considerado oportuno, sobre la que ejerce el poder de dirección y gestión propio de una empresa independiente, ejercitando sus facultades sancionadoras en su caso.

1.-El art. 43.2 del ET dispone que: "En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario".

Por otra parte, como se indica por la doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 805/2022 de 4 octubre, rec. 2498/2021 y núm. 856/2025 de 1 de octubre, rec. 5371/2023):

El elemento decisivo para discernir si estamos ante un supuesto de cesión ilegal o de descentralización productiva (ex art. 42 ET ) se halla en la concurrencia o no de una situación de mero suministro de mano de obra sin que la empresa cedente ponga en juego estructura u organización empresarial alguna, de suerte que se limite a ofrecer una mera apariencia de empleadora (así, por ejemplo, STS 26 octubre 2016, rec. 2913/2014 ).

Lo que persigue el art. 43 ET es que "la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones o la disminución de las garantías y que quien efectivamente es empresario asuma las obligaciones que le corresponden" ( SSTS 4 marzo 2008 (RJ 2008, 1902) , rec. 1310/2007 ; 17 octubre 2010 SIC (RJ 2011, 246) , rec. 1673/2010 ; 4 marzo 2011 (RJ 2011, 3109) , rec. 3463/2010 ; 11 julio 2012 (RJ 2012, 9305) , rec. 1591/2011 ; 12 julio 2017 (RJ 2017, 4147) -rec. 278 /2016-).

Ha de tenerse en cuenta si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal.

Por otro lado, la doctrina de la Sala caracteriza la cesión ilegal afirmado que el fenómeno interpositorio supone tres negocios jurídicos coordinados: 1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, Rcud. 98/2015 (RJ 2016, 4282) ).

Asimismo, hemos destacado que la esencia de la cesión no se halla en que la empresa cedente sea real o ficticia o que tenga o carezca de organización, sino que lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización "no se ha puesto en juego", limitándose su actividad al suministro de la mano de obra a la otra empresa que la utiliza como si fuera propia ( SSTS de 19 de junio de 2012, Rcud 2200/2011 (RJ 2012, 8551 ) ; y de 11 de julio de 2012, Rcud 1591/11 (RJ 2012, 9305) ). De forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio.

2.-Según resulta del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita en fecha 16 de febrero de 2.021 al centro de trabajo de la entidad MIFARMA, sito en la calle Quito nº 1 de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), y tras las averiguaciones oportunas y examen de la documentación aportada, levantó acta de infracción nº NUM000 de fecha 5 de noviembre de 2.021 a la empresa ATE, al concluir que la misma había incurrido en un supuesto de cesión ilegal de trabajadores respecto de la empresa MIFARMA, actuación laboral ilícita calificada como infracción "muy grave" en el artículo 8.2 de la LISOS, proponiendo la imposición de una sanción económica por importe total de 80.000 euros, graduándose la sanción en su grado medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.c) de la LISOS, en atención a las circunstancias concurrentes y criterios de graduación (cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores afectados por la cesión y perjuicio a los mismos) recogidos en el Acta.

En fecha 11 de abril de 2.022, el instructor del expediente sancionador emitió Propuesta de Resolución, confirmando en la misma la calificación y la sanción impuesta. Por la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se dictó Resolución de 19 de abril de 2.022, que determina que la empresa ATE era responsable de los hechos tipificados en el Acta de Infracción imponiendo la sanción propuesta de 80.000 euros. Mediante Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la J .C.C. M., de fecha 9 de septiembre de 2.022, se procedió a la íntegra desestimación del recurso de alzada presentado por la mercantil, confirmando la Resolución recurrida.

Según se refleja en el acta de infracción levantada por la ITSS, la empresa MIFARMA tiene como objeto el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería, mientras que la entidad ATE tiene por objeto la realización de servicios de transporte de mercancías en general y de actividades relacionadas con la logística, presentación de servicios de telemarketing.

ATE (contratista) y MIFARMA (contratante) firmaron un contrato mercantil en fecha 28 de mayo de 2.019, denominado "Contrato mercantil cierre de pedidos Mifarma Tienda Online SL", el cual tiene como objeto principal la realización por parte de ATE de trabajos consistentes en "cierre de pedidos" para MIFARMA

El centro de trabajo donde prestaban servicios los trabajadores objeto de investigación por la Inspección, sito en calle Quito nº 1 de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), es propiedad de MIFARMA.

Tanto el programa informático que se utiliza para la realización de pedidos como todos los elementos esenciales para el empaquetado y distribución de los mismos (lectores de códigos de barras, impresora de etiquetas, transpaletas manuales, apilador, equipos informáticos, carros picking, etc.) son propiedad y/o han sido facilitados por MIFARMA a los trabajadores contratados por ATE.

Dichos elementos necesarios para la prestación del servicio han sido incluidos en un contrato de arrendamiento de maquinaria en virtud del cual ATE abonaba un precio mensual de 350 € a su propietaria (MIFARMA) por su alquiler, si bien en dicho contrato se especifica que MIFARMA se reserva el derecho a supervisar y controlar dichos equipos durante la vigencia del contrato.

Es MIFARMA quien determina el horario de trabajo en el centro de trabajo, que afecta también el referido a los trabajadores contratados por ATE. La Cláusula quinta del contrato suscrito entre las empresas especifica que MIFARMA tiene la facultad de designar a un Coordinador/Encargado en dicho centro de trabajo, el cual que tendrá, entre otras funciones, la potestad de impartir órdenes directas al personal de la plantilla de ATE para la realización de su trabajo, como así se ha venido haciendo con habitualidad. Asimismo, la Cláusula séptima del "contrato de cierre de pedidos" especifica que MIFARMA determinará la organización de los servicios a prestar, pudiendo dictar aquellas normas necesarias para la prestación de éste por los trabajadores contratados por ATE.

La empresa ATE no dispone de sede en Albacete, ni ningún centro de trabajo propio en la provincia.

Los trabajadores afectados tienen que cumplir un doble registro: por una parte, al acceder al centro de trabajo tienen que pasar un control de entrada y fichaje realizado por la empresa MIFARMA, de otra, tienen que firmar un fichaje de horas de trabajo a cargo de ATE.

Por lo que concierne a las actas levantadas por la Inspección de Trabajo; tanto el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y art. 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo; como el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y art. 151.8. II de la LRJS, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

El valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar o señalar los administrados".

Por otra parte, en relación con el valor probatorio de las actas levantadas o de los informes emitidos por la Inspección de Trabajo, la doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 614/2017 de 12 julio, rec. 278/2016 y las en ella citadas) tiene establecido que:

"la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción, sino que también se extiende a los informes ( STS 22/05/12, rco 76/11 ), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15, rco 181/14 y 17/03/16, rco 178/15 ).

Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente por las STS núm. 938/2020 de 23 octubre, rec. 174/2019; 527/2021 de 13 mayo, rec. 4/2019; 1040/2021 de 20 octubre, rec. 88/2021 y 24/2023 de 11 enero, rec. 146/2021.

En el presente caso, tal como se desprende del acta de infracción de la ITSS, aunque formalmente la entidad ATE presenta una apariencia de realidad (contratación suscrita con los trabajadores afectados, ingreso de cotizaciones de Seguridad Social y demás documentación que revela una apariencia de independencia de gestión), lo cierto es que no ha puesto en juego una real y efectiva actuación independiente de la entidad para la que presta servicios, ni aportado los medios materiales para llevar a cabo la actividad a que se refiere el contrato mercantil suscrito entre las empresas afectadas.

Así, los medios necesarios para que los trabajadores de ATE presten sus servicios son propiedad de la mercantil MIFARMA. Está debidamente acreditado que, tanto el programa informático donde se indican los pedidos, como toda la maquinaria necesaria para la realización de las tareas que realiza los trabajadores de ATE (lectores de códigos de barras, impresora de etiquetas, transpaletas manuales, apilador, equipos informáticos, carros picking, etc.), pertenecen a MIFARMA; sin que el contrato de arrendamiento de tales materiales por un precio de escasa cuantía y muy inferior del mercado (350 €/mes), desacredite la evidente fraudulencia de semejante acuerdo.

Es la empresa MIFARMA la que determina el horario de trabajo y el volumen de actividad a realizar, existiendo un Coordinador/Encargado de MIFARMA que imparte órdenes directas a la plantilla de ATE. No existe, por tanto, autonomía real de la entidad ATE puesto que realiza su actividad con los medios materiales de MIFARMA y bajo un proceso diseñado y ejecutado por ésta, sin que ATE pueda variar dicho procedimiento ni el método de trabajo diseñado por aquélla, tal y como así se determina la Cláusula primera del contrato.

El precio pactado entre las empresas depende del número trabajadores y el número de éstos para su realización para cada uno de los servicios, esto es, la contraprestación establecida no es a tanto alzado por realizar las tareas contratadas, sino que depende, en definitiva, del número de trabajadores y de las horas prestadas por los mismos para determinación del precio.

En el presente caso, por tanto, se acredita que la empresa recurrente es una empresa ficticia o aparente que se limita al mero suministro de la mano de obra necesaria para el desarrollo del servicio, al carecer de los medios materiales para llevarlo a cabo y no tener el control efectivo de la actividad realizada por los trabajadores afectados, concurriendo por ello la situación de cesión ilegal de trabajadores.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia, con imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad con el art. 235.1 de la LRJS, y pérdida del depósito y consignación, o mantenimiento de los aseguramientos del importe de la condena, así como abono de los honorarios de los letrados impugnantes, que prudencialmente se fijan en 300 € para cada uno, incluyendo al letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a cuya cuantía se dará el destino legal previsto en el art. 13 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, por remisión de la disposición adicional 1ª de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades.

PRIMERO.-Por la entidad ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. se formuló demanda frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO de la JCCM y la empresa MIFARMA TIENDA ONLINE S.L y contra los trabajadores afectados Virginia, Regina , Abelardo , Rocío , Hortensia , Eusebio, Cesar , Noelia , Mario , Isidora , Elisa , Felipe , Saturnino , Celso , Alejo , Primitivo , Leocadia , Mónica , Sebastián , Diego , Agustín , Alvaro , Clemente , Romeo , Sabino , Anton , Sabina , Adoracion , Raimunda , Agapito , Abel , Leonor , Mariana , Amadeo , Evaristo , Alexander , Anselmo , Apolonio , Marcelino , Doroteo , Alexis , Lourdes , Leonardo , Adriano , Santos , Teodora , Francisco , Anibal , Josefina , Begoña , Olga , Abilio , Bruno , Amalia , Adelina , Tamara , Serafin , Adrian , Gracia , Felicisima , Nicolasa , Nicanor , Fructuoso , Lina , Nuria , Zaida , Flor , Rosario , Augusto , Segismundo , Adela , Salvadora , Loreto , Silvia , Flora , Montserrat; postulando se dejase sin efecto la sanción impuesta por Resolución de 09/09/2022 de multa de 80.000 €.

La demanda se tramitó en el proceso 756/2022 del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete y concluyó por sentencia de 27 de septiembre de 2024 que desestimó la demanda y absolvió a los codemandados, confirmando la Resolución recurrida en todos sus extremos.

Frente a tal sentencia se ha interpuesto recurso de suplicación por la empresa ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L., instrumentado en dos motivos de recurso, uno para la revisión fáctica y el otro destinados a la censura jurídica de la sentencia. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) de la LRJS, se postula la modificación del hecho probado séptimo y la adición de un nuevo hecho, octavo de la resolución, con el siguiente contenido:

SÉPTIMO.- Son hechos constatados por el Inspector actuante y así reflejados en el Acta de Infracción, los siguientes:

*El objeto social de la empresa Mifarma consiste en "el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería. Venta por internet de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería" (art. 2 de los estatutos de la sociedad).

*El objeto social de la empresa ATE consiste en "La coordinación de la prestación de servicios especializados de control, suspensión, recuento, inventario físico; manipulación, traslado y organización consistentes en la instalación, montaje, acoplamiento, ensambladura, colocación, alineación en parámetros verticales u horizontales, de realización de servicios de transporte de mercancías en general; realización de actividades relacionadas con la logística, presentación de servicios de telemarketing."

*ATE (contratista) y MIFARMA (contratante) firmaron un contrato mercantil en fecha de 28 de mayo de 2019, denominado "contrato mercantil cierre de pedidos Mifarma Tienda Online S.L." en cual tiene como objeto principal la realización por parte de ATE de trabajos consistentes en "cierre de pedidos" para MIFARMA.

*En el referido contrato se estipula que durante los tres primeros meses de actividad, la empresa contratista facturara en base al criterio hora/hombre. Transcurrido dicho periodo. v una vez que se tengan los análisis de productividades, las partes se comprometen y obligan a pasar a un sistema de facturación variable por €/unidades por tiempo de ejecución. El cambio en el modo de facturarle alargó durante un periodo superior al estipulado por motivo de la pandemia v el cambio del centro de trabajo de la empresa principal."

*El centro de trabajo donde prestaban servicios los trabajadores objeto de investigación por la Inspección sito en la Calle Quito núm. 1 de la localidad de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) es propiedad de Mifarma, tras haberse trasladado desde la Calle Virgen 76 de Tarazona de la Mancha (Albacete).

*ATE dispone de la maquinaria necesaria v suficiente para llevar a cabo las tareas encomendadas por el contrato señalado anteriormente, y que en principio le fue facilitada por la contratante mediante contrato de arrendamiento v que posteriormente fue adquirida por compraventa a aquella, en fecha de 20 de abril de 2021.

*Según se especifica en el contrato de "cierre de pedidos", es Mifarma quien determina el horario de trabajo en el centro de trabajo, que afecta también el referido a los trabajadores contratados por ATE, señalándose expresamente en el contrato que "el horario de prestación del servicio adjudicado se ajustará a lo indicado por LA CONTRÁTANTE, en función de su actividad principal, y su concreta realización será responsabilidad de LA CONTRATISTA"

*La clausula Quinta del referido contrato señala que la Contratista designara al controller/coordinador frente a la Contratante, para mantener los contactos e informaciones oportunos entre ambas partes. Dicho responsable tendrá como norma, entre otras cosas, la de impartir las ordenes directas al personal de su plantilla, a través de los mandos de la contratista que dirigen la manipulación.

*La cláusula séptima del contrato señala " la contratante determinar la organización de los servicios a prestar dictando aquellas normas genéricas necesarias para un normal optimo ejercicio de los servicios, quedando en todo caso a favor de la contratista la facultadle dirección y coordinación del servicio v del personal encargado de la prestación del mismo.

*Los trabajadores afectados tienen que cumplir un doble registro: por una parte, al acceder al centro de trabajo tienen que pasar un control de entrada y fichaje realizado por la empresa Mifarma, de otra, tienen que firmar un fichaje de horas de trabajo a cargo de ATE.

OCTAVO.- "La empresa ATE como es una empresa real y por tanto:

*cumple con sus obligaciones de cotización.

*retribuye a sus empleados de manera puntual a sus trabajadores.

*cumple con sus obligaciones formativas e informativas en prevención de riesgos laborales.

*ejerce la facultad disciplinaria sobre sus trabajadores. sancionando v despidiendo llegado el caso

*organiza vacaciones y concede permisos y licencias a sus trabajadores.

*realiza la vigilancia en la salud de sus trabajadores

*les entrega los equipos de protección individual correspondientes que la evaluación de riesgos ha determinado como necesarios, así como el vestuario v uniformes correspondientes.

*efectúa la correspondiente evaluación de riesgos v realiza la planificación preventiva desarrollando todas aquellas acciones preventivas que son necesarias.

*Tiene constituido servicio de prevención propio.

*Cuenta con convenio colectivo propio que se encuentra en vigor por no haber sido declarado nulo ni total ni parcialmente.

*La empresa Ate cuenta con su propio organigrama".

Como norma general, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2015, rec. 60/15, y las que en ella se citan de 13 julio 2010, rec. 17/2009; 21 octubre 2010, rec. 198/2009; 5 de junio de 2011, rec. 158/2010; 23 septiembre 2014,rec. 66/2014; 17 de febrero de 2021, rec. 129/2020 y otras muchas), ha señalado que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

Por tal razón, no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto que no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador de Instancia, más objetivo, imparcial y desinteresado, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada, salvo en supuestos de error palmario; pues tal forma de proceder no es la pertinente en el presente recurso extraordinario de suplicación, que por su naturaleza no permite la revisión de todo el material probatorio practicado en el proceso, a modo de un recurso de apelación (por todas, TS núm. 217/2021 de 17 febrero, rec. 129/2020, y las numerosas que en ella se citan)

En el presente caso, la parte recurrente, en apoyo de las modificaciones fácticas que solicita, cita una serie de documentos (en esencia, el contrato mercantil suscrito entre ATE y MIFARMA en fecha 8 de mayo de 2019, y una serie de documentos ya aportados al expediente administrativo, tales como concesiones de vacaciones y permisos a los trabajadores, documentos acreditativos de la formación e información impartida por ATE a sus trabajadores referente a prevención de riesgos laborales, certificación acreditativa del abono de los seguros sociales, despido formulado por la empresa ATE a un trabajador, ficha justificativa de entrega de Epis, etc.), con el objeto de obtener una nueva valoración general de los diversos elementos probatorios aportados a las actuaciones, y ofrecer una visión distinta a la apreciada por el Juez de instancia en términos inaceptables en el ámbito del recurso extraordinario de suplicación.

En aplicación de tal doctrina jurisprudencial ha de rechazarse todos los motivos destinados a la revisión fáctica de la sentencia.

TERCERO.-En el segundo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción de los arts. 42 y 43 del ET y de la doctrina jurisprudencial que se cita.

En síntesis, la entidad recurrente sostiene que mientras la empresa MIFARMA TIENDA ONLINE S.L. (MIFARMA) tiene como objeto el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería; la recurrente ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. (ATE) se centra en la actividad de la preparación, cierre y expedición de los pedidos de aquella. Y para llevar a cabo tal actividad, ATE ha contrato a la mano de obra que ha considerado oportuno, sobre la que ejerce el poder de dirección y gestión propio de una empresa independiente, ejercitando sus facultades sancionadoras en su caso.

1.-El art. 43.2 del ET dispone que: "En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario".

Por otra parte, como se indica por la doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 805/2022 de 4 octubre, rec. 2498/2021 y núm. 856/2025 de 1 de octubre, rec. 5371/2023):

El elemento decisivo para discernir si estamos ante un supuesto de cesión ilegal o de descentralización productiva (ex art. 42 ET ) se halla en la concurrencia o no de una situación de mero suministro de mano de obra sin que la empresa cedente ponga en juego estructura u organización empresarial alguna, de suerte que se limite a ofrecer una mera apariencia de empleadora (así, por ejemplo, STS 26 octubre 2016, rec. 2913/2014 ).

Lo que persigue el art. 43 ET es que "la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones o la disminución de las garantías y que quien efectivamente es empresario asuma las obligaciones que le corresponden" ( SSTS 4 marzo 2008 (RJ 2008, 1902) , rec. 1310/2007 ; 17 octubre 2010 SIC (RJ 2011, 246) , rec. 1673/2010 ; 4 marzo 2011 (RJ 2011, 3109) , rec. 3463/2010 ; 11 julio 2012 (RJ 2012, 9305) , rec. 1591/2011 ; 12 julio 2017 (RJ 2017, 4147) -rec. 278 /2016-).

Ha de tenerse en cuenta si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal.

Por otro lado, la doctrina de la Sala caracteriza la cesión ilegal afirmado que el fenómeno interpositorio supone tres negocios jurídicos coordinados: 1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, Rcud. 98/2015 (RJ 2016, 4282) ).

Asimismo, hemos destacado que la esencia de la cesión no se halla en que la empresa cedente sea real o ficticia o que tenga o carezca de organización, sino que lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización "no se ha puesto en juego", limitándose su actividad al suministro de la mano de obra a la otra empresa que la utiliza como si fuera propia ( SSTS de 19 de junio de 2012, Rcud 2200/2011 (RJ 2012, 8551 ) ; y de 11 de julio de 2012, Rcud 1591/11 (RJ 2012, 9305) ). De forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio.

2.-Según resulta del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita en fecha 16 de febrero de 2.021 al centro de trabajo de la entidad MIFARMA, sito en la calle Quito nº 1 de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), y tras las averiguaciones oportunas y examen de la documentación aportada, levantó acta de infracción nº NUM000 de fecha 5 de noviembre de 2.021 a la empresa ATE, al concluir que la misma había incurrido en un supuesto de cesión ilegal de trabajadores respecto de la empresa MIFARMA, actuación laboral ilícita calificada como infracción "muy grave" en el artículo 8.2 de la LISOS, proponiendo la imposición de una sanción económica por importe total de 80.000 euros, graduándose la sanción en su grado medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.c) de la LISOS, en atención a las circunstancias concurrentes y criterios de graduación (cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores afectados por la cesión y perjuicio a los mismos) recogidos en el Acta.

En fecha 11 de abril de 2.022, el instructor del expediente sancionador emitió Propuesta de Resolución, confirmando en la misma la calificación y la sanción impuesta. Por la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se dictó Resolución de 19 de abril de 2.022, que determina que la empresa ATE era responsable de los hechos tipificados en el Acta de Infracción imponiendo la sanción propuesta de 80.000 euros. Mediante Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la J .C.C. M., de fecha 9 de septiembre de 2.022, se procedió a la íntegra desestimación del recurso de alzada presentado por la mercantil, confirmando la Resolución recurrida.

Según se refleja en el acta de infracción levantada por la ITSS, la empresa MIFARMA tiene como objeto el comercio al por menor de artículos médicos, belleza e higiene, parafarmacia y herboristería, mientras que la entidad ATE tiene por objeto la realización de servicios de transporte de mercancías en general y de actividades relacionadas con la logística, presentación de servicios de telemarketing.

ATE (contratista) y MIFARMA (contratante) firmaron un contrato mercantil en fecha 28 de mayo de 2.019, denominado "Contrato mercantil cierre de pedidos Mifarma Tienda Online SL", el cual tiene como objeto principal la realización por parte de ATE de trabajos consistentes en "cierre de pedidos" para MIFARMA

El centro de trabajo donde prestaban servicios los trabajadores objeto de investigación por la Inspección, sito en calle Quito nº 1 de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), es propiedad de MIFARMA.

Tanto el programa informático que se utiliza para la realización de pedidos como todos los elementos esenciales para el empaquetado y distribución de los mismos (lectores de códigos de barras, impresora de etiquetas, transpaletas manuales, apilador, equipos informáticos, carros picking, etc.) son propiedad y/o han sido facilitados por MIFARMA a los trabajadores contratados por ATE.

Dichos elementos necesarios para la prestación del servicio han sido incluidos en un contrato de arrendamiento de maquinaria en virtud del cual ATE abonaba un precio mensual de 350 € a su propietaria (MIFARMA) por su alquiler, si bien en dicho contrato se especifica que MIFARMA se reserva el derecho a supervisar y controlar dichos equipos durante la vigencia del contrato.

Es MIFARMA quien determina el horario de trabajo en el centro de trabajo, que afecta también el referido a los trabajadores contratados por ATE. La Cláusula quinta del contrato suscrito entre las empresas especifica que MIFARMA tiene la facultad de designar a un Coordinador/Encargado en dicho centro de trabajo, el cual que tendrá, entre otras funciones, la potestad de impartir órdenes directas al personal de la plantilla de ATE para la realización de su trabajo, como así se ha venido haciendo con habitualidad. Asimismo, la Cláusula séptima del "contrato de cierre de pedidos" especifica que MIFARMA determinará la organización de los servicios a prestar, pudiendo dictar aquellas normas necesarias para la prestación de éste por los trabajadores contratados por ATE.

La empresa ATE no dispone de sede en Albacete, ni ningún centro de trabajo propio en la provincia.

Los trabajadores afectados tienen que cumplir un doble registro: por una parte, al acceder al centro de trabajo tienen que pasar un control de entrada y fichaje realizado por la empresa MIFARMA, de otra, tienen que firmar un fichaje de horas de trabajo a cargo de ATE.

Por lo que concierne a las actas levantadas por la Inspección de Trabajo; tanto el art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y art. 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo; como el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y art. 151.8. II de la LRJS, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

El valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar o señalar los administrados".

Por otra parte, en relación con el valor probatorio de las actas levantadas o de los informes emitidos por la Inspección de Trabajo, la doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 614/2017 de 12 julio, rec. 278/2016 y las en ella citadas) tiene establecido que:

"la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción, sino que también se extiende a los informes ( STS 22/05/12, rco 76/11 ), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15, rco 181/14 y 17/03/16, rco 178/15 ).

Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente por las STS núm. 938/2020 de 23 octubre, rec. 174/2019; 527/2021 de 13 mayo, rec. 4/2019; 1040/2021 de 20 octubre, rec. 88/2021 y 24/2023 de 11 enero, rec. 146/2021.

En el presente caso, tal como se desprende del acta de infracción de la ITSS, aunque formalmente la entidad ATE presenta una apariencia de realidad (contratación suscrita con los trabajadores afectados, ingreso de cotizaciones de Seguridad Social y demás documentación que revela una apariencia de independencia de gestión), lo cierto es que no ha puesto en juego una real y efectiva actuación independiente de la entidad para la que presta servicios, ni aportado los medios materiales para llevar a cabo la actividad a que se refiere el contrato mercantil suscrito entre las empresas afectadas.

Así, los medios necesarios para que los trabajadores de ATE presten sus servicios son propiedad de la mercantil MIFARMA. Está debidamente acreditado que, tanto el programa informático donde se indican los pedidos, como toda la maquinaria necesaria para la realización de las tareas que realiza los trabajadores de ATE (lectores de códigos de barras, impresora de etiquetas, transpaletas manuales, apilador, equipos informáticos, carros picking, etc.), pertenecen a MIFARMA; sin que el contrato de arrendamiento de tales materiales por un precio de escasa cuantía y muy inferior del mercado (350 €/mes), desacredite la evidente fraudulencia de semejante acuerdo.

Es la empresa MIFARMA la que determina el horario de trabajo y el volumen de actividad a realizar, existiendo un Coordinador/Encargado de MIFARMA que imparte órdenes directas a la plantilla de ATE. No existe, por tanto, autonomía real de la entidad ATE puesto que realiza su actividad con los medios materiales de MIFARMA y bajo un proceso diseñado y ejecutado por ésta, sin que ATE pueda variar dicho procedimiento ni el método de trabajo diseñado por aquélla, tal y como así se determina la Cláusula primera del contrato.

El precio pactado entre las empresas depende del número trabajadores y el número de éstos para su realización para cada uno de los servicios, esto es, la contraprestación establecida no es a tanto alzado por realizar las tareas contratadas, sino que depende, en definitiva, del número de trabajadores y de las horas prestadas por los mismos para determinación del precio.

En el presente caso, por tanto, se acredita que la empresa recurrente es una empresa ficticia o aparente que se limita al mero suministro de la mano de obra necesaria para el desarrollo del servicio, al carecer de los medios materiales para llevarlo a cabo y no tener el control efectivo de la actividad realizada por los trabajadores afectados, concurriendo por ello la situación de cesión ilegal de trabajadores.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia, con imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad con el art. 235.1 de la LRJS, y pérdida del depósito y consignación, o mantenimiento de los aseguramientos del importe de la condena, así como abono de los honorarios de los letrados impugnantes, que prudencialmente se fijan en 300 € para cada uno, incluyendo al letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a cuya cuantía se dará el destino legal previsto en el art. 13 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, por remisión de la disposición adicional 1ª de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades.