Sentencia Social 531/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1142/2023 de 26 de junio del 2025

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión ejercitada por el actor, D. Hugo, trabajador que con la categoría profesional de Operario prestó servicios para el Ayuntamiento de la Villa de Mazo desde el día 18 de mayo de 1998 que, al ser declarado en situación de invalidez permanente, grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de enfermedad común el día 12 de abril de 2022, interesaba que se declarara su derecho a percibir la cantidad total de 24.098,67 ?, devengada por el concepto de "Compensación de pensiones", previsto en el artículo 16 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, durante el periodo de tiempo comprendido entre los días 12 de abril de 2022 y 30 de septiembre de 2023.

Frente a la misma se alza el demandante mediante recurso de suplicación articulado a través de lo que parecen ser (el recurso es un totum revolutum construido de forma deficiente desde la perspectiva procesal) dos motivos de revisión fáctica y uno de censura jurídica con la finalidad de que, revocada la sentencia de instancia, se estimen todas y cada una de las pretensiones que ejercita en su demanda.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita el demandante la modificación del relato fáctico declarado probado por la Magistrada de instancia con la finalidad de:

- A) Sustituir la actual redacción del ordinal segundo, expresivo de la mejora voluntaria solicitada por el actor, por la siguiente:

"El actor solicitó el abono del complemento de la pensión de incapacidad permanente total, de efectos 13/04/2022, previsto en el artículo 16 del Convenio Colectivo el día 12 de mayo de 2022".

Basa sus pretensiones revisorias en los documentos 8 a 11 del ramo de prueba de la parte actora, 24 a 26 de las actuaciones, consistentes en copia del documento de extinción de la relación laboral del actor y del escrito por el cual el mismo solicitó el abono de la mejora voluntaria prevista en convenio.

- B) Suprimir íntegramente el ordinal cuarto, expresivo de diversas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. No señala ningún documento concreto que sirva de base a sus pretensiones revisorias, manifestando que el contenido de dicho hecho probado resulta intrascendente a los efectos que ahora nos ocupan.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

La Sala, tras analizar detenidamente la documental invocada, entiende que ha de prosperar la primera de las pretensiones revisorias ejercitadas por el actor, pues los datos que pretende rectificar en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, esto es, que el actor solicitó el abono del complemento de su pensión de incapacidad permanente, no de jubilación, y que la fecha en que lo hizo fue el 12 de mayo de 2022, y no el 13 de abril de 2023, se desprenden directamente de los documentos invocados, sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones más o menos lógicas, siendo tales datos, además, trascendentes para la resolución del presente litigio, como veremos más detalladamente a la hora de resolver el siguiente motivo de censura jurídica.

En cambio, el segundo motivo planteado merece ser rechazado pues, sin necesidad de entrar en el análisis de la veracidad de los datos que se pretenden excluir del relato de hechos probados, los mismos resultan intrascendentes para resolver la cuestión que nos ocupa y en nada afectarían al sentido de la presente resolución, como también veremos al resolver el siguiente motivo de censura jurídica.

Se estima, por tanto, el primer motivo de revisión fáctica articulado por el actor y se desestima el segundo, quedando el hecho probado segundo redactado con el texto altermativo propuesto por el recurrente, quedando firmes e inalterados el resto de ordinales.

TERCERO.- Por el cauce del párrafo c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia el actor la infracción de los artículo 3 párrafo 1º letra b) y 82 del Estatuto de los Trabajadores, de los artículos 32 y 38 del Estatuto Básico del Empleado Público, de los artículos 1 y 16 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relación con el artículo 37 de la Constitución Española y de la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que la sentencia de instancia se fundamenta en la suspensión del artículo del artículo 16 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de la Villa de Mazo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 del referido Real Decreto Ley, y desde el mes de enero de 2022 tal precepto sólo es aplicablea los altos cargos de las Administraciones Públicas, condición que no concurre en el actor, por lo cual tiene derecho a percibir la mejora voluntaria de Seguridad Social cuyo abono reclama.

La legislación de Seguridad Social contempla la posibilidad de que la acción protectora del sistema en su modalidad contributiva sea objeto de mejora voluntaria en las condiciones legal y reglamentariamente previstas, tanto en el Régimen General como en los regímenes especiales ( artículo 43 del TR de la Ley General de la Seguridad Social) . La mejora voluntaria de la acción protectora, en sus distintas modalidades y a través de los instrumentos legalmente disponibles (mejoras en sentido estricto, seguros privados, planes de pensiones, etc.), es la única vía de intervención de la autonomía privada, especialmente de la negociación colectiva, en relación con la Seguridad Social.

Una de las notas características de las mejoras voluntarias (junto con la complementariedad respecto del sistema de protección de la Seguridad Social) es la voluntariedad, lo que implica la libertad para su implantación y la existencia de una triple vía para su creación:

decisión unilateral del empresario;

contrato individual de trabajo;

convenio colectivo.

Pero, una vez establecidas, devienen obligatorias para la empresa y generan el correspondiente derecho para el trabajador, sin que puedan ser anuladas o disminuidas si no es de acuerdo con las normas que regulan su reconocimiento.

Los requisitos para que el beneficiario cause derecho a la mejora de prestaciones son los establecidos en la decisión o acuerdo que la constituye o implanta. Según jurisprudencia reiterada, las mejoras directas se rigen por las disposiciones o acuerdos que las han implantado, tanto en cuanto a su reconocimiento como a la anulación o disminución de los derechos atribuidos a dichas prestaciones ( sentencias del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1992 y 6 de octubre de 2001). De tal forma la mejora puede modificarse o suprimirse mediante un instrumento equivalente al de su implantación, de modo que las mejoras constituidas por el empresario o pactadas en contrato individual constituyen una condición más beneficiosa incorporada a los contratos de trabajo y no son susceptibles de modificación o supresión unilateral por el empresario ( sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2003), salvo que se utilicen para ello procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

El régimen jurídico de las mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social a que se refieren los artículos 43 y 238 y siguientes del TR de la Ley General de la Seguridad Social y la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1966, es el establecido por la fuente que lo instaura, de forma que para determinar la regulación aplicable en cuanto al contenido, alcance, requisitos y elementos que configuran a cada concreta prestación complementaria habrá que acudir en primer lugar a las previsiones que al respecto se contienen en el título creador y habilitante de la mejora de que se trate ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio y 3 de noviembre de 2004), siendo por ello que las pautas en orden a la delimitación del momento clave a efectos de nacimiento de la cobertura de la situación protegida en cada caso serán las que se hayan fijado en las reglas que las hayan creado, y en consecuencia serán las cláusulas contenidas en los acuerdos colectivos o en las pólizas de seguro concertadas para su efectividad las que deben servirnos como guía para fijar la fecha del hecho causante de las correspondientes mejoras voluntarias de la seguridad social ( sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero y 28 de abril de 2004.

La cuestión ahora debatida estriba en determinar si el actor tiene derecho a percibir la compensación de su pensión de incapacidad permanente total establecida en el artículo 16 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento demandado, precepto que, bajo la rúbrica "Compensación de pensiones" establece textualmente lo siguiente:

"1.- El Ilmo. Ayuntamiento de Villa de Mazo, compensará las pensiones de jubilación e incapacidad permanente hasta alcanzar la cuantía de dos veces el salario mínimo interprofesional; y la de viudedad hasta la cuantía de una vez y media el referido salario mínimo interprofesional siempre que, en ambos casos, por el beneficiario no se devengue otro tipo de pensión, renta o retribución que, sumada, constituya una cuantía mayor que dicho duplo, en el primer caso, y mayor que una vez y media en el segundo.

2.- La compensación prevista en este artículo, para el caso de jubilación, sólo será aplicable a los trabajadores que en el momento de producirse ésta tengan cotizado el tiempo suficiente para la percepción de pensión por el sistema público de la Seguridad Social.

3.- La compensación prevista en este artículo, para los casos de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, sólo será aplicable a los trabajadores que en caso de producirse la declaración de jubilación de incapacidad o fallecimiento lleven contratado en este Ayuntamiento un tiempo mínimo de diez años, tanto con carácter interrumpido como continuado".

Por lo tanto, constando en autos que el Sr. Hugo llevaba prestando servicios en el Ayuntamiento de Mazo más de diez años, lo hacía desde el día 18 de mayo de 1998, que su relación laboral se extinguió por haber sido declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Operario por resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 12 de abril de 2022, que desde dicha fecha comenzó a percibir la prestación correspondiente y que al mismo le es de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral del antes referido Ayuntamiento, no cabe duda de que, en principio, tendría derecho a lucrar la mejora de prestaciones que reclama.

CUARTO.- A la hora de resolver la cuestión referente al obstáculo legal que para ello suponen los artículos 1 y 16 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, a la fecha en la que el actor solicita el abono de la compensación de pensiones, el 12 de mayo de 2022, hemos de tener en cuenta que el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, bajo la rúbrica "Régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares", dispuso en su artículo 1 lo siguiente:

"1. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con excepción de las previstas en el artículo 10 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquiera otra percepción económica al cese serán, asimismo incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio".

En interpretación de este precepto, el Tribunal Supremo unificó doctrina en su sentencia de 23 de octubre de 2019, afirmando que:

"A la vista de las anteriores disposiciones hay que concluir que es más acertada la doctrina contenida en la sentencia recurrida porque se ajusta rigurosamente a la "voluntad de la ley" que es expresada con claridad en los términos de la misma, lo que impide acudir a interpretaciones más restrictivas de lo expresado por la norma. No cabe investigar cual es la razón de la norma y su fin cuando la Ley la ha dejado escrita, su razón de ser de forma expresa principio del que deriva la primera norma hermenútica de interpretación: acudir al sentido propio de las palabras usadas por la Ley, de donde nacen los principios "in claris non fit interpretatio" y el de "interpretatio cessat in claris" que hacen referencia a que cuando la ley es clara, esto es cuando los términos en que viene redactada dejan clara su intención, "la de la ley", no cabe suplirla ampliando o restringiendo sus disposiciones.

Esa interpretación nos deja claro que el estudiado artículo 1-1 del RDL 20/2012 cuando habla de "pensiones indemnizatorias... y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a... administraciones públicas", se está refiriendo a todos los empleados de ellas y no sólo a los altos cargos. Esa "voluntas legis" se reitera en el nº 2 del citado artículo cuando dice: "2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquiera otra percepción económica al cese serán, asimismo incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio."...

"Segundo. Porque el artículo 16 del RDL 20/2012 suspende la aplicación de los convenios y pactos que pudieran establecer mejoras contrarias a lo dispuesto en el artículo 1 de esa disposición. Luego si la Ley suspende la aplicación del convenio colectivo que establece la mejora, es claro que lo hace porque en la misma están incluidos todos los empleados públicos y no sólo los altos cargos."

Doctrina que es reafirmada por nuestro Alto Tribunal en su posterior sentencia de 15 de junio de 2022, en la que afirma que:

"a) El art. 1 del Real Decreto-ley 12/2020, conforme a su tenor literal y a una interpretación sistemática, no se aplica solamente a los altos cargos.

b) La jubilación del actor supone el cese en el cargo público. En consecuencia, concurren los presupuestos subjetivo y objetivo que obligan a aplicar el citado precepto legal.

c) La finalidad de ese precepto no se limitaba a compensar las limitaciones de los cargos públicos después del cese en su actividad profesional sino que se trató de una medida dirigida a garantizar la estabilidad presupuestaria, tal y como se explica en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2020, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad".

Pero la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, modifica en su Disposición Final Vigésimo Primera el Real Decreto Ley 20/2012 dando nueva redacción al apartado 1 que en su primer párrafo, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 1. Régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares.

Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese de altos cargos en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con excepción de las previstas en el artículo 13.2.c) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado".

Para interpretar este precepto hemos de tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 párrafo 1º del Código Civil "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

Por lo tanto, atendiendo al tenor literal y al sentido propio de sus palabras, mientras que en la redacción literal inicial del artículo 1 del Real Decreto Ley 20/2012 se habla del "cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público", que se ha interpretado en el sentido de que se está refiriendo a todos los empleados y no sólo a los altos cargos, según las sentencias del Tribunal Supremo antes citadas, ahora el nuevo texto modificado habla de "cese de altos cargos en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público", no pudiéndose sostener que se aplica a todos los empleados y que dice lo mismo que en la redacción anterior. Por lo tanto, actualmente de la propia literalidad del referido Real Decreto, se desprende que lo que regula es la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que perciben determinados ex altos cargos con el objeto de que se perciba esta prestación sólo en el supuesto de que el ex alto cargo no realice ninguna otra actividad remunerada pública o privada. La medida se aplica por tanto a los altos cargos de todas las Administraciones públicas, incluyendo los que prestan sus servicios en el sector público, entendiendo también por tal la actividad desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, Asambleas legislativas autonómicas y de las Corporaciones locales, órganos constitucionales, incluidos el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal (exposición de motivos). Así las cosas, es evidente que el actor, que ostenta la categoría profesional de Operario municipal, carece de la condición de alto cargo del Ayuntamiento demandado.

En el caso de autos nos encontramos con que el Sr. Hugo, tras cesar en su relación laboral el día 12 de abril de 2022, y hacerlo por haber sido declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual por la Dirección Provincial del INSS tras más de diez años de prestación de servicios, el día 12 de mayo de 2022 solicitó el abono de la mejora voluntaria denominada "complemento de pensión" prevista en el artículo 16 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de mazo, y con que la nueva redacción del artículo 16 del Real Decreto Ley 20/2012 dada por la Disposición Final Vigésimo Primera de la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, entró en vigor el día 1 de enero de 2022, por lo cual el actor tiene derecho a lucrar la mejora de prestaciones que reclama.

Por parte del Ayuntamiento demandado no se ha cuestionado la cuantificación de los conceptos reclamados llevada a cabo por el actor, ascendente a 24.098,67 ?, dado que no tuvo a bien comparecer al acto de la vista oral, a pesar de haber sido citado en tiempo y forma para ello, ni impugnar el recurso de suplicación interpuesto por el demandante, pese a que se le dio traslado del mismo.

No habiéndolo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, procede la estimación del motivo de censura jurídica y, por su efecto, a la del recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante, debiendo ser revocada la sentencia de instancia para condenar al Ayuntamiento de la Villa de Mazo a abonar al actor la cantidad total de 24.098,67 ?, devengada por el concepto de "Compensación de pensiones", previsto en el artículo 16 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, durante el periodo de tiempo comprendido entre los días 12 de abril de 2022 y 30 de septiembre de 2023.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,