Sentencia Social 4262/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 2517/2023 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que, con estimación parcial de la demanda, condenó a la entidad demandada a abonar a los demandantes las cantidades indicadas en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia, con los intereses legales correspondientes del código civil, interponen recurso de suplicación la parte demandante y la empresa demandada, en ambos casos con solicitud de que se declare la infracción de normas del procedimiento que ocasiona indefensión y con denuncia también de la infracción de las normas jurídicas sustantivas.

La parte demandante ha impugnado el recurso de la demandada.

SEGUNDO.-Al amparo de la letra a) del art. 193 de la LRJS, la parte demandante recurrente alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE en su vertiente de tener derecho a obtener un pronunciamiento sobre el fondo, ya que en la sentencia se ha rechazado la demanda de D. Roman por falta de acción por tener dicho demandante extinguida definitivamente su relación laboral con la demandada en fecha 1 de noviembre de 2018.

Se argumenta que la baja de dicho demandante en la Seguridad Social el 1 de noviembre de 2018, al remate de la campaña estacional o cíclica en la que trabajaba junto con todos sus compañeros, también demandantes en el presente procedimiento, tuvo como causa la inactividad estacional y respondió a la clave 94 del sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social, baja por pase a inactividad de trabajadores fijos discontinuos, lo que implica que no extinguió en dicha fecha su relación laboral sino que ésta fue suspendida por fin de campaña y que estaba pendiente del nuevo llamamiento a la actividad. Por ello, estuvo incluido en la modificación sustancial de carácter colectivo que dio lugar a que los trabajadores demandantes extinguieran su relación laboral y reclamaran su derecho a ser indemnizados tras el pacto de la representación de los trabajadores y de la empresa de 1 de agosto de 2019. Como el resto de los demandantes, en fecha 9 de agosto de 2019 fue llamado para prestar servicios a partir del 21 de agosto de 2019 en las condiciones pactadas en la modificación sustancial de carácter colectivo. Dicho demandante había interpuesto el 30 de mayo de 2019 una demanda en la que solicitaba que se declarara que la relación laboral era de naturaleza indefinida por fraude de ley y encadenamiento de contratos. Dicha demanda es la que da lugar a la sentencia de 10 de junio de 2021 del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo que desestima su demanda por falta de acción, al considerar que la relación laboral estaba ya extinguida desde el 1 de noviembre de 2018, sentencia que es la base de la desestimación por falta de acción de su reclamación en el presente procedimiento.

A su vez, la empresa recurrente, al amparo igualmente de la letra a) del art. 193 de la LRJS, alega la infracción del art. 218 de la LEC, al entender que la sentencia de instancia no se encuentra suficientemente motivada, pues no sólo era objeto de enjuiciamiento el derecho a percibir la cantidad por el concepto reclamado sino el concepto mismo en que se pedía, la causa de pedir, y en concreto, la concurrencia de los trabajadores demandantes y en sus condiciones laborales previas de un perjuicio que derivara de la modificación sustancial de dichas condiciones, ya que los demandantes comunicaron que optaron por la rescisión y lo que piden es el pago de la indemnización que les corresponde, por lo que, para reconocer este derecho es preciso argumentar acerca del carácter perjudicial de la modificación laboral operada, cuestión acerca de la que -expone la recurrente- no existe pronunciamiento en la sentencia.

Con carácter general hemos de tener presente que para que la nulidad de actuaciones por violación de disposición adjetiva prospere se requiere inexcusablemente: 1º) que se indique la concreta norma que se considere infringida; 2º) que efectivamente se haya vulnerado; 3º) que tenga carácter esencial, 4º) que con la infracción se haya determinado indefensión a la parte, y (5º) que se hubiese formulado oportuna protesta, en los supuestos en que la misma sea factible. Ello es así, porque como nos recuerda el Tribunal Supremo, la indefensión -proscrita por el art. 24 CE- no nace de toda infracción de las reglas procesales, sino tan sólo de aquella que se traduce en privación o limitación real del fundamental derecho de defensa ( STC 34/1991, de 14 febrero), de manera que la prohibición de indefensión tiene carácter material más que formal, y no se entiende producida cuando, pese a la existencia de infracciones procesales, no se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado desarrollo de la dialéctica procesal o cuando no se merman las oportunidades de la parte para alegar y probar lo que a su derecho convenga ( STS 12 noviembre 1990).

Igualmente, como señala el Tribunal Constitucional, para resolver esta petición hemos de partir de una consideración, cual es que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. Así el Tribunal Constitucional ha venido declarando, (entre otras en sentencias SSTC 70/1984, 48/1986, 89/1986, 98/1987 y 140/1996) que el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos todavía puede equipararse la indefensión con dimensión constitucional con cualquier infracción de normas procesales que los órganos judiciales puedan cometer. Para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24-2 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar.

En el presente caso, no apreciamos la existencia de las causas de nulidad alegadas por los recurrentes.

En lo que se refiere a la parte demandante, la doctrina constitucional viene señalando que el principio pro actioneopera con la máxima intensidad para obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, aunque también puede estar satisfecho con una decisión de inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente, que, en el presente caso, es la existencia de una sentencia anterior que consideró que ya no existía relación laboral entre las partes. La repercusión de lo que en ella se señala, aunque se hubiera apreciado erróneamente, consideramos que no vicia de nulidad la sentencia, ni ocasiona indefensión a la parte, pues puede hacer valer las circunstancias del demandante afectado por la decisión en el recurso, como lleva a cabo en el presente caso, por lo que desestimamos el motivo.

Tampoco apreciamos la causa de nulidad que esgrime la parte demandada, relativa a la falta de pronunciamiento en la sentencia acerca de los perjuicios que la modificación ocasionaba a los demandantes pues, como en ella se señala, el éxito de la acción no precisa un perjuicio específico sino que bastará con el genérico, y, con transcripción de una sentencia ya dictada por la Sala en esta materia, hace referencia a que tales perjuicios estarían acreditados por cambio de las circunstancias, funciones e incluso posiblemente lugar de trabajo, sin olvidar la repercusión también en la percepción de complementos salariales. Por otro lado, el suplico del recurso no se solicita que se declare la nulidad de la sentencia, por lo que entendemos que lo que está planteando la parte es una impugnación sobre el fondo de la decisión adoptada, que reitera en el siguiente motivo de su recurso. Desestimamos, por tanto, dicho motivo de nulidad.

TERCERO.-En sede jurídica, la parte demandante recurrente alega la infracción de los arts.16-1 y 41-3 del Estatuto de los Trabajadores.

Señala la parte recurrente que no existe efecto de la cosa juzgada y que no cabe proyectar lo resuelto en el procedimiento de indefinición del demandante D. Roman al presente procedimiento porque la sentencia de aquel procedimiento de indefinición apreció falta de acción y no se pronunció sobre el fondo, que el citado trabajador es fijo discontinuo, en las mismas condiciones que sus compañeros, y que se vio igualmente perjudicado por la modificación operada, por lo que, habiendo optado por la extinción contractual, tiene derecho al percibo de la indemnización de veinte días de suelto por año de servicio, con reiteración de los argumentos expuestos en la demanda que fueron aceptados por la sentencia de instancia y con solicitud subsidiaria de que se declare el derecho del referido trabajador a obtener la indemnización por rescisión del contrato prevista en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y se condene a la entidad demandada a su abono en la cuantía reclamada en la distancia.

La denuncia jurídica se acoge, pues las circunstancias del demandante son idénticas a las de los demás trabajadores, por lo que no cabe hacer distinción alguna por la circunstancia de que hubiera sido dado de baja en la Seguridad Social en su día y estuviera pendiente de un nuevo llamamiento y, de hecho, como los restantes trabajadores, fue llamado el 9 de agosto de 2019, para prestar servicios en las condiciones pactadas en la modificación colectiva, lo que no habría sucedido de no encontrarse vigente la relación laboral. Por consiguiente, la estimación de la demanda también le alcanza, y se fija la indemnización en la cantidad de 11.281,55 € (4.461 días, 45,79 € diarios de salario).

CUARTO.-También en sede jurídica, la empresa recurrente denuncia la infracción del art. 41-3 del Estatuto de los Trabajadores.

Señala la parte que para que proceda el ejercicio de la acción rescisoria al amparo del señalado art. 41-3 es precisa la prueba específica por el trabajador de la concurrencia de un daño, lo que no se concluye sin más de la lectura de los hechos probados, pues la sentencia ha llevado a cabo un análisis genérico de la modificación, pero sin centrarlo en los concretos trabajadores que ejercen la pretensión indemnizatoria.

La sentencia de instancia, tras consignar en los hechos probados las circunstancias de antigüedad, categoría profesional, distrito y salario de cada uno de los participantes declara probado que todos ellos están afiliados a CIG y firmaron contratos de extinción de la relación laboral en fecha 21.8.2019. Además, que en fecha 1.8.2019 los Comités de empresa y la dirección de SEAGA pactaron una modificación sustancial de condiciones colectiva respecto a todo el personal. La modificación había sido promovida por SEAGA y en líneas generales consistía: el ámbito territorial pasaba de ser distrito a ámbito interprovincial y provincial, el objeto de la prestación pasa a ser la selvicultura, los centros de trabajo pasan a ser itinerantes con jornada que aumenta al ser incorporado desplazamiento hasta el lugar de trabajo sin incremento de sueldo, jornada pasa a ser partida y sin prestación de servicios en turno de noche, los operarios pasan a tener obligación de disponibilidad horaria, distribución irregular de la jornada y movilidad y deja de percibirse el plus de singularidad.

Los Comités informaron a todos los trabajadores de las modificaciones que operaban para que tomasen las decisiones oportunas.

En el punto 10 del acuerdo figura que: "10ª.- DEREITOS INDIVIDUAIS CONFERIDOS POLO ARTIGO 41 DO ET. No caso daqueles traballadores/as que se entendan prexudicados polas decisión adoptadas neste acordo estarase ao disposto no artigo 41 do ET. ".

Se recoge también que la dirección de SEAGA convocó, individualmente, entre los días 7 y 9 de agosto de 2019 a los actores, con la intención de que firmasen declaración responsable de que no estaban prestando servicios en otra empresa o sector. Les llamaron el día 19 de agosto para prestar servicios desde el 21 de agosto de 2019 y no atendieron al llamamiento. Y que los actores presentaron escritos ante la dirección comunicando la rescisión de sus relaciones laborales por entender que la modificación perjudicaba sus intereses y reclamaban la indemnización de 20 días por año de servicio. Las reclamaciones fueron presentadas entre los días 8 a 12 de agosto de 2019 según relación que consta al hecho cuarto de la demanda y que se tiene por reproducida.

SEAGA procedió a darles de baja en la Seguridad Social con causa: bajas voluntarias.

En fecha 15.7.2019, 25 de los actores, estaban en activo y habían tomado posesión en la Consellería de Medio Rural pero no se presentaron al llamamiento posterior.

A la vista de estos hechos, la denuncia jurídica no se acoge. Establece el art. 41-3 del Estatuto de los Trabajadores que se cita como infringido: "...En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses."

Sobre la misma cuestión ya se ha pronunciado la Sala en sentencia de 5 de noviembre de 2021 (rec. 1757/2021) en los siguientes términos:

"Ante la comunicación de la entidad demandada, de fecha 9 de agosto de 2019, en la que se le indica el reinicio de la actividad para el día 21 de agosto de 2019, señalándole que deberá presentarse del día 19 de agosto para notificación del acuerdo del proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que hizo el demandante, en fecha 12 de agosto de 2019, fue comunicar a la empresa su opción de rescindir la relación laboral vigente por perjudicarle la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y tal situación encuentra amparo en el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores , ya que ante la decisión de modificar las condiciones de trabajo, dispone que "En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses". Y este derecho a la rescisión tiene virtualidad propia por sí mismo, sin que quepa admitir que comunicada tal opción equivalga a una baja voluntaria y que la parte actora carezca de acción para solicitar reconocimiento de derecho alguno.

Distingue el TS entre la extinción del contrato del artículo 50 y el derecho a rescindirlo del 41, señalando al respecto:

"...el artículo 50 (del ET de 1980 (RCL 1980, 607), del cual es trasunto el art. 50 del vigente ET de 1995 (RCL 1995, 997)) le faculta (al trabajador) para solicitar la extinción del contrato, mientras que el 41 le confiere el derecho a rescindirlo. En este segundo supuesto la ley reconoce al empleado el derecho a dejar sin efecto el contrato. De aquí que, en el primer caso, deba el trabajador acudir a la jurisdicción, para que ésta considere si ha estado, o no, justificada la decisión del empresario. Caso afirmativo, no reconocerá al trabajador su pretendido derecho a rescindir el contrato. En el supuesto contrario, junto a reconocerle el derecho a la resolución del nexo existente, le fijará una indemnización ya tasada. En el segundo, cuando la decisión empresarial esté valorada positivamente con antelación, ello es que no cabe ya cuestionarla, que está justificada, el trabajador puede, por sí mismo, decidir la finalización del contrato, con lo que la intervención jurisdiccional queda reducida a valorar si ha tenido, o no, perjuicios, para en caso afirmativo reconocérselos; eso sí, también la cuantía está tasada, pero muy inferior a la fijada cuando el empresario ha actuado a impulsos de su exclusiva voluntad.

Cabe, efectivamente, que una vez ejercitada la facultad extintiva por el trabajador, el empresario incumpla total o parcialmente la obligación de indemnizarlo; es decir, habida cuenta del carácter extrajudicial de la facultad extintiva, cabe la posibilidad de que el trabajador afectado cese en la prestación laboral sin necesidad de que el empresario este conforme o reconozca la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para la valida extinción de la relación laboral por perjuicios genéricos y, en tal caso, corresponderá al trabajador accionar judicialmente por el procedimiento ordinario en reclamación de la cantidad que por tal concepto le es adeudada, para lo que dispondrá del plazo de un año previsto en el Art. 59.2 del ET para la prescripción de las acciones de reclamación de cantidad ( STS de 9-6-1987 (RJ 19 87 , 4318) y 5-5-19 97 (RJ 1997, 3649).

(...) En cuanto a la alegación de que no existen perjuicios por la modificación de las condiciones de trabajo, la sentencia de instancia, cita y aplica la doctrina de la sentencia de esta Sala de 26 de mayo de 2020 (Rec.1266/2020 ), que declara"...El perjuicio en el caso del art. 41.3 ET -que es el que aquí nos ocupa - no ha de ser concreto, ni de la entidad del art. 50.1 a) ET , donde se exige que la modificación sustancial redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador. Dicho esto, consta en la sentencia de instancia que el acuerdo de modificación sustancial comportaba para el actor, entre otros aspectos, el desplazamiento desde el punto de recogida a cualquier sitio dentro de la provincia y municipios limítrofes; que su jornada pasa a ser partida y no por turnos; y que deja de prestar servicios en turno de noche, no percibiendo ya el plus de nocturnidad, lo que reduciría sus retribuciones -hecho probado tercero, en relación con el fundamento jurídico segundo-. Se afectaría al menos a los apartados b ), c ) y d) del art. 41.1 en relación con el art. 41.3 ET , párrafo segundo. Lo que habilita el derecho a la rescisión indemnizada previsto en tal precepto".

En consecuencia, ha de estimarse correcta y ajustada a derecho la resolución de instancia, lo que conlleva a la confirmación de la misma previa desestimación del recurso de suplicación formulado por la entidad mercantil demandada."

Estamos ante la misma situación, y consideramos que no es preciso que cada uno de los trabajadores acredite el concreto perjuicio que la modificación les causa, pues el perjuicio se infiere del propio cambio de las condiciones de trabajo que se relata en los hechos probados: el ámbito territorial pasa de ser distrito a ámbito interprovincial y provincial, el objeto de la prestación pasa a ser la selvicultura, los centros de trabajo pasan a ser itinerantes con jornada que aumenta al ser incorporado desplazamiento hasta el lugar de trabajo sin incremento de sueldo, la jornada pasa a ser partida y sin prestación de servicios en turno de noche, los operarios pasan a tener obligación de disponibilidad horaria, distribución irregular de la jornada y movilidad y deja de percibirse el plus de singularidad. Por todo ello, la sentencia ha valorado correctamente el conflicto planteado y ello conduce a la desestimación del recurso de la entidad demandada, con imposición de las costas de éste a dicha parte recurrente, que incluirán los honorarios del letrado impugnante en cuantía de 750,00 €.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,