Sentencia Social 28/2025 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Social, Rec. 487/2024 de 27 de enero del 2025

Primero.-La sentencia de instancia desestimó la demanda interpuesta por el actor al entender que la relación que le vinculaba a la empresa demandada no era de carácter laboral, apreciando la incompetencia de jurisdicción.

Contra la misma interpone recurso el actor, recurso impugnado por la empresa demandada.

Segundo.-Al amparo del apartado b) del art. 193 LRJS, postula la revisión de los hechos probados.

Previamente a su análisis y resolución, que efectuaremos conjuntamente, en este único fundamento jurídico, hemos de recordar los criterios jurisprudenciales para la viabilidad de toda revisión fáctica en el marco del recurso de suplicación:

A) Que se concrete el error padecido en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, ya positivo, cuando se declaren probados hechos contrarios a los que se desprende de tales medios, ya negativo, si se han omitido o negado los que se deducen de los mismos.

B) Que tales hechos resulten de forma clara, patente y directa de la probanza documental o pericial practicada, a concretar y citar por el recurrente, que sean literosuficientes o "hablen por sí mismos" sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, ya que ante la concurrencia de varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes o no coincidentes, deberá prevalecer la valoración o apreciación de tales medios probatorios con los que ha formado su convicción la Juzgadora de instancia, conclusiones obtenidas por la Juzgadora "a quo" a partir de la inmediación en la práctica, no siendo factible demostrar los errores de hecho acudiendo a conjeturas, suposiciones o interpretaciones o recurriendo a la prueba negativa, limitada a invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones de dicha Juzgadora.

C) Que se ofrezca, al invocar el motivo suplicacional analizado, el texto concreto o la versión que se entiende ha de figurar en la narración que se tacha de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos bien completándola.

D) Que las modificaciones sean trascendentes o relevantes para determinar un fallo distinto.

E) Finalmente, que no se plantee la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso, no pudiendo formularse novedosamente alegaciones por vez primera en la fase de recurso so pena de atentar contra el principio de igualdad de las partes en el proceso y de propiciar la efectiva indefensión a la parte recurrida.

A la luz de estos consolidados criterios jurisprudenciales, abordamos la única revisión interesada, consistente en la adición de un segundo párrafo al hecho probado 8º, del siguiente tenor literal:

"En dicho registro de jornada aparece como "empleado" con un código de "ID del empleado" Genaro y la ID del empleado dni NUM002. Desde enero 2021 aparecen registrados horarios de entrada de lunes a jueves habitualmente de 8 a 16h y viernes de 7 a 15h. con un cómputo habitual de 8 horas diarias."

La modificación de este hecho probado se fundamenta en el documento aportado por la propia demandada acontecimiento 141 (fichero denominado 141. ESC 0002993 2024 REGISTRO EXPORTACION FICHAJES FE.PRE 29 01 2024), consistente en las hojas de registro de jornada del actor como "empleado" de SINELEC COMERCIAL BALEAR SL.

Debe prosperar la revisión postulada al no controvertir la demandada la autenticidad del documento que le da soporte probatorio, y ser la misma potencialmente relevante.

Tercero.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.c de la LRJS, en el segundo motivo de recurso denuncia el recurrente la infracción, por incorrecta aplicación de los artículos 1 y 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, al haber apreciado la sentencia recurrida la incompetencia de jurisdicción.

Empieza el recurrente por recordar los hechos probados más relevantes, indicando que, a raíz del contrato suscrito entre Comercial Balear de Electricidad .A. y Agent 365 Global Services S.L.U- desempeñó (para Comercial Balear de Electricidad S.A, primero, y para Sinelec Comercial Balear S.L., después) funciones de carácter gerencial de forma presencial en las dependencias de la empresa demandada sitas en el polígono de Son Castelló en Palma, disponiendo a tal fin de despacho propio y de tarjeta de visita emitida por Sinelec Comercial Balear S.L. (que le identifica como gerente de dicha empresa), con dirección de correo electrónico corporativa, número de teléfono de empresa, tarjeta VISA y ordenador facilitados por la empresa, utilizaba la aplicación FACTORIAL (implantada en el Grupo Noria al que pertenece Sinelec Comercial Balear S.L.) para el registro de jornada y gestión de vacaciones, todo ello en el desempeño de funciones de gerente en las dependencias de la empresa demandada, con horario estable de 8 horas diarias y apareciendo en la plataforma de registro de jornada como empleado de la demandada.

A la vista de estos hechos cuestiona el recurrente la apreciación de incompetencia jurisdiccional de la sentencia de instancia, haciendo referencia al primer párrafo del IIIer FJ de la misma, en el que el juzgador reconoce "la concurrencia de elementos que apuntan hacia la existencia de una relación laboral por cuenta ajena entre las partes",alegando a continuación que la calificación o denominación que las partes otorguen a sus acuerdos, cláusulas o contratos no vincula a los tribunales para examinar la verdadera naturaleza jurídica de su contenido, recordando el viejo aforismo de que "los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son"

La empresa demandada se opone a tal censura jurídica, remitiéndose fundamentalmente a los razonamientos de la sentencia de instancia, que reproduce en parte, invocando asimismo la STJ de Galicia de 12.11.15 (REC. nº 3459/15), negando la concurrencia del requisito de dependencia, dados los amplios poderes otorgaos al demandante para la gestión de la empresa.

Cuarto.-Centrado el objeto de debate, debemos recordar que, al versar la cuestión controvertida sobre competencia jurisdiccional, la Sala no está vinculada por los motivos concretos del recurso ni por la declaración de hechos probados de la sentencia y, en consecuencia, puede examinar toda la prueba practicada a fin de decidir, fundadamente y con sujeción a Derecho, si el orden jurisdiccional social es competente.

Recordado lo anterior, debemos partir de los preceptos que se denuncian como infringidos:

Art 1.1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Art.2.1. Se consideran relaciones laborales de carácter especial: a) La del personal de alta dirección no incluido en el art. 1.2.c).

Los requisitos indispensables para poder afirmar que estamos ante un relación laboral son:

1.- Voluntariedad, frente a las prestaciones personales obligatorias

2.- Retribución, frente a los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad y trabajos familiares (salvo prueba en contra).

3.- Ajenidad de los frutos producto de la actividad, frente a los trabajos realizados por cuenta propia.

4.- Inclusión dentro del ámbito de organización de otra persona denominada empresario.

La doctrina jurisprudencial establecida sobre estas notas que definen el carácter laboral de una relación y la diferencian del arrendamiento de servicios, se recoge, entre otras muchas, en la STS -Sala 4ª- 25.9.2020 (nº 805/20, "Glovo" ),en los siguientes términos:

" NOVENO.- 1. Los criterios jurisprudenciales para diferenciar el contrato de trabajo de otros vínculos de naturaleza semejante son los siguientes [por todas, sentencias del TS de 24 de enero de 2018 (Pleno), recursos 3394/2015 y 3595/2015 ; 8 de febrero de 2018, recurso 3389/2015 ; y 4 de febrero de 2020, recurso 3008/2017 ]:

1) La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris porque «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo».

2) Además de la presunción iuris tantum de laboralidad que el art. 8 del ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el art. 1.1 del ET delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.

3) La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga (particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios ), regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un «precio» o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. En consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia.

2. Este Tribunal ha utilizado como indicio de la existencia de una relación laboral ( sentencias del TS de 24 de enero de 2018, recurso 3394/2015 ; 8 de febrero de 2018, recurso 3389/2015 ; y 4 de febrero de 2020, recurso 3008/2017 ) la diferencia entre la escasísima cuantía en inversión que el trabajador ha de realizar para poder desarrollar la actividad encomendada (herramientas comunes, teléfono móvil o pequeño vehículo) frente a la mayor inversión que realiza la principal y entrega al actor (herramienta especializada, vehículos para transporte de piezas importantes, así como el conocimiento de las instalaciones a montar para lo que se forma al actor).

3. Por el contrario, se tratará de un contrato de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral cuando el demandante ( sentencia del TS de 24 de enero de 2018, recurso 3595/2015 ):

1) Se limita a la práctica de actos profesionales concretos.

2) No está sujeto a jornada, vacaciones, órdenes, ni instrucciones.

3) Practica su trabajo con entera libertad; con independencia y asunción del riesgo empresarial.

DÉCIMO.- Este Tribunal define la dependencia o subordinación como la integración «en el ámbito de organización y dirección del empresario (es decir, la ajenidad respecto a la organización de la propia prestación laboral ) [...] cristalización de una larga elaboración jurisprudencial en la que se concluyó que no se opone a que concurra esta nota de la dependencia la "autonomía profesional" imprescindible en determinadas actividades» ( sentencia del TS de 19 de febrero de 2014, recurso 3205/2012 ). La dependencia es la «situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa» (por todas, sentencias del TS de 8 de febrero 2018, recurso 3389/2015 ; 1 de julio de 2020, recurso 3585/2018 ; y 2 de julio de 2020, recurso 5121/2018 ). Es decir, la dependencia o subordinación se manifiesta mediante la integración de los trabajadores en la organización empresarial.

El TS explica que hay indicios comunes a la mayoría de los trabajos y otros específicos de algunas actividades laborales. Los indicios comunes de dependencia son los siguientes:

1) La asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario.

2) El desempeño personal del trabajo. Aunque no excluye el contrato de trabajo la existencia en determinados servicios de régimen excepcional de suplencias o sustituciones.

3) La inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad.

4) La ausencia de organización empresarial propia del trabajador.

UNDECIMO.- 1. Este Tribunal ha considerado indicios comunes de la nota de ajenidad los siguientes (por todas, sentencias del TS de 4 de febrero de 2020, recurso 3008/2017 ; 1 de julio de 2020, recurso 3585/2018 ; y 2 de julio de 2020, recurso 5121/2018 ):

1) La entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados.

2) La adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela o indicación de personas a atender.

3) El carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo.

4) El cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

2. La ajenidad concurre cuando concurren las circunstancias siguientes ( sentencias del TS de 24 de enero de 2018, recurso 3595/2015 ; 8 de febrero de 2018, recurso 3389/2015 ; y 29 de octubre de 2019, recurso 1338/2017

1) Los frutos del trabajo pasan ab initio a la empresa, que asume la obligación de retribuir dichos servicios que están garantizados.

2) No se ha probado que el demandante asuma riesgo empresarial de clase alguna.

3) Tampoco se ha acreditado que realice una inversión en bienes de capital relevante, pues la inversión que constituye elemento esencial de la actividad contratada se entrega directamente por la demandada.

3. La ajenidad en los frutos se produce cuando «la utilidad patrimonial derivada del mismo -es decir, lo que pagan los clientes- ingresa directamente en el patrimonio de la empresa y no en el de los actores (ajenidad en los frutos y en la utilidad patrimonial) y estos percibirán su salario, en la modalidad de por unidad de obra» ( sentencias del TS de 6 de octubre de

A la luz de esta doctrina y a la vista de los hechos declarados probados, se hace manifiesta la concurrencia en la prestación de servicios analizada de los rasgos caracterizadores de toda relación laboral: prestación de servicios de gerencia comercial detallados en el hecho probado primero, que desempeñaba en forma presencial en la sede de la empresa en jornada semanal completa, dirigiendo a los comerciales de la empresa, identificado como gerente de la misma, utilizando medios materiales u telemáticos de la empresa, todo ello a cambio de una retribución fija de 6000€ mensuales.

De hecho, así lo reconoce el propio juzgador de instancia al inicio del IIIer fundamento jurídico:

"El demandante prestó servicios de naturaleza gerencial dotado de amplísimos poderes de representación por cuenta, primero, de Comercial Balear de Electricidad S.A. y después por cuenta de la demandada Sinelec Comercial Balear S.L.. El demandante desarrollaba sus funciones dentro del espacio físico propio de la empresa demandada y para ello disponía de un despacho propio y de medios materiales tales como ordenador o teléfono de empresa y empleada la intranet -la aplicación FACTORIAL- de uso común en el grupo societario al que pertenece la empresa demandada. El actor ejercía dirección y mando sobre los comerciales de la empresa demandada y externamente se presentaba ante terceros como gerente de Sinelec. Así se extrae de la tarjeta de visita aportada por la parte actora. Hasta aquí y conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, sería posible afirmar la concurrencia de elementos que apuntan hacia la existencia de una relación laboral por cuenta ajena entre las partes."

No obstante apreciar los rasgos caracterizadores de toda relación laboral, el juzgador de instancia acaba descartando la apreciación de la misma por el hecho de que "la relación de prestación de servicios que nos ocupa fue instrumentada a través de una sociedad mercantil constituida por el demandante y por su esposa",añadiendo que "no nos encontramos ante un trabajador que pudiéramos calificar como un falso autónomo, que, obligado por su real empleadora y con el fin de acceder a un empleo, hubiera debido someterse y sujetarse a un aparente régimen prestacional por cuenta propia,... ningún medio de prueba se ha practicado -ni en la demanda o en el escrito de conclusiones presentado por la parte demandante se afirma- que permita afirmar que la constitución de dicha sociedad como instrumento para contratar fuera una exigencia de Comercial Balear de Electricidad S.A.",de lo que infiere que "la constitución y, aun más, la utilización de la sociedad Agent 365 Global Services S.L.U., como pantalla tras la que ocultar la prestación de servicios del demandante obedeció a la libre voluntad de éste",para concluir que "el actor por voluntad propia, huyó de la aplicación de la legislación laboral cuya aplicación, en su beneficio, ahora pretende".

La Sala no puede compartir esta razonamiento del juzgador de instancia: desde el consolidado y pacífico criterio jurisprudencial ya expuesto conforme "la realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris porque «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes... de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo»,admitido por el propio juzgador de instancia que en la prestación de servicios concurren todos los elementos que configuran una relación laboral, no puede excusar su reconocimiento como tal el solo hecho que "la relación de prestación de servicios que nos ocupa fue instrumentada a través de una sociedad mercantil constituida por el demandante y por su esposa".

Ciertamente, añade el magistrado de instancia que "ningún medio de prueba se ha practicado .. que permita afirmar que la constitución de dicha sociedad como instrumento para contratar fuera una exigencia de Comercial Balear de Electricidad S.A.",pero tal exigencia probatoria no tiene respaldo en criterio jurisprudencial que avale que, para superar o levantar el "nomen iuris"o instrumentación formal de la prestación de servicios, sea preciso acreditar que la empresa empleadora había exigido la misma.

En todo caso, la Sala, examinadas todas las alegaciones de las partes y la prueba practicada, no ha sabido encontrar en que fundamenta el juzgador de instancia para concluir, como lo hace, que "la constitución y, aun más, la utilización de la sociedad Agent 365 Global Services S.L.U., como pantalla tras la que ocultar la prestación de servicios del demandante obedeció a la libre voluntad de éste",que "huyó de la aplicación de la legislación laboral cuya aplicación, en su beneficio, ahora pretende".En concreto, ni en fase de alegaciones ni en el de conclusiones, ninguna de ambas partes alegó ni acreditó que la formalización de la prestación de servicios como contrato de arrendamiento respondiera a la exigencia de la otra, lo cual obliga a inferir o suponer que respondió a la voluntad de ambas partes, sin que ello deba impedir apreciar el carácter laboral de la prestación de servicios analizada dada la ya expuesta concurrencia de todos los requisitos caracterizadores de la misma.

Quinto.-Establ ecido el carácter laboral de la relación analizada y la competencia de la jurisdicción social, en congruencia con lo dispuesto en el art. 202.3 LRJS, procede abordar la resolución de fondo del litigo, en los términos que se planteó el debate en la instancia, dada la suficiencia del relato de hechos probados.

En tal sentido, es un hecho no controvertido que fue la demandada quien unilateralmente rescindió dicha relación (HP 5º y 6º), lo cual debe calificarse como un despido.

Ello no obstante, al fijar las consecuencias de condena, habrá que atender a lo interesado con carácter subsidiario por la demandada en su escrito final de conclusiones, no controvertido por el actor ni en su escrito de conclusiones (de fecha posterior) ni en fase de suplicación, en el sentido que la misma debe regirse por el Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

En efecto, es pacífico que los servicios prestados por el demandante a la demandada fueron de gerencia, con los plenos poderes para "dirigir la organización comercial de la sociedad"(HP 4º), siendo identificado como "gerente de la empresa"(HP 7º), por lo que resulta indiscutible que la relación laboral entre las partes fue de alta dirección y, por consiguiente, regida por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, en cuyo artículo 11 se regula la extinción del contrato por voluntad del empresario en los siguientes términos:

"art. 11. Extinción del contrato por voluntad del empresario.

Uno. El contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del empresario, comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el artículo 10.1. El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones pactadas en el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades.

En los supuestos de incumplimiento total o parcial del preaviso, el alto directivo tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.

Dos. El contrato podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido basado en el incumplimiento grave y culpable del alto directivo, en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores ; respecto a las indemnizaciones, en el supuesto de despido declarado improcedente se estará a las cuantías que se hubiesen pactado en el contrato, siendo en su defecto de veinte días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades.

Tres. Cuando el despido sea declarado improcedente o nulo, el empresario y el alto directivo acordarán si se produce la readmisión o el abono de las indemnizaciones económicas previstas en el párrafo dos de este artículo, entendiéndose, en caso de desacuerdo, que se opta por el abono de las percepciones económicas. Si el despedido se reintegrase al empleo anterior en la Empresa, se estará a lo dispuesto en el artículo 9.3 de este Real Decreto.

No tratándose la resolución contractual impugnada del desistimiento en forma y plazo regulado en el apartado primero, deberá entenderse como un despido que, al incumplir la exigencia de comunicación escrita con invocación de causa disciplinaria u objetiva, debe calificarse como improcedente.

Pudiendo inferirse del referido escrito final de conclusiones de la demandada (ex art. 110.1.a) LRJS y en atención a la celeridad procesal) que -en caso de estimación de la demanda- su opción sería en favor de la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, a la vista de las circunstancias de antigüedad y salario referidas en el hecho probado 1º de la sentencia (2.1.15 y 6000€/mes) determina la fijación, a la fecha del despido, 22.12.21, de una indemnización de 140 días de salario (7 años x 20 días), por un total de 28000€.

La condena debe afectar exclusivamente a la sociedad empleadora, SINELEC COMERCIAL BALEAR, SL, y no a AGENT 365 GLOBAL SERVIES SLU, de la que desistió el demandante al ratificar su demanda y que en ningún caso ha sido la real empleadora del demandante un mero instrumento para la formalización del contrato de arrendamiento de servicios.

Por las razones expuestas,

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,