Sentencia Social 53/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 1012/2024 de 27 de enero del 2025

PRIMERO.- Dª Elisa recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Zaragoza que desestima su demanda interpuesta frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL en la que se impugna la Resolución de 24 de noviembre de 2023 del Director Provincial de Zaragoza del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda denegar la solicitud de la actora de capitalización de la prestación de desempleo que le fue reconocida el 1 de septiembre de 2023.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El SEPE ha impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- En primer lugar la trabajadora solicita la revisión del relato de hechos probados de la sentencia recurrida con base en el artículo 193 b) de la LRJS.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el- éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

La actora solicita añadir al hecho probado cuarto que "formuló la declaración censal de alta de actividad en la Agencia estatal de la Administración tributaria el 24 de octubre de 2023".

Estimamos dicha revisión pues así consta en la documental que cita sin perjuicio de su posterior valoración.

TERCERO.- A continuación la trabajadora basa su recurso de suplicación en el artículo 193 c) de la LRJS, en la denuncia de la infracción de la normativa y jurisprudencia de aplicación.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- La Sra. Elisa entiende infringidos los artículos 23.3 de la Ley 31/1984 de 2 de agosto de Protección por Desempleo y 34.1.a), de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, puestos en relación con lo establecido en los artículos 1 y 3 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, así como de la Jurisprudencia emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, interpretando los citados preceptos, entre otras las sentencias dictadas en Unificación de Doctrina de 30.05.2000 (RCUD 2721/1999) y 20.09.2004 (RCUD 3216/2003).

La actora entiende que en ninguno de los preceptos que se consideran infringidos se proscribe la realización de actos de preparación antes del despido, incluso la adquisición de activos esenciales para desarrollar un proyecto, como es el caso. Nada impide que un trabajador, que inicialmente se plantee la posibilidad de simultanear su trabajo por cuenta ajena con una actividad por cuenta propia, se vea súbitamente en situación de desempleo por despido, y en esta tesitura, decida emprender e iniciar la actividad. Lo único que impide la norma es que el inicio de la actividad como trabajador autónomo sea coetáneo o anterior a la situación legal de desempleo, tal y como viene reconociendo el Tribunal Supremo ( STS, Sala 4ª, de 30.04.2001, 25.05.2000 y 30.05.2000).

QUINTO.- El artículo 3.1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio dice:

"1. El trabajador que desee percibir su prestación de una sola vez podrá solicitarlo en la Dirección Provincial del INEM, conjuntamente- con el reconocimiento de la prestación o en cualquier momento posterior, acompañando a la solicitud memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a desarrollar, así como cuanta documentación acredite la viabilidad del proyecto".

Y según el artículo 262.1 de la LGSS: "1. El presente título tiene por objeto regular la protección de la contingencia de desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos previstos en el artículo 267",el cual regula las situaciones legales de desempleo".

Dice la STS de 5-4-2017, r. 694/16: "El RD 1044/85 de 19 de junio, constituye una medida tendente a cumplir dos objetivos de rango constitucional: una política orientada al pleno empleo ( art. 40.1 CE) y el mantenimiento de prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 4l). De ahí que el RD se haya aprobado "como medida de fomento de empleo" tal como consta en su denominación, y que su finalidad declarada sea, según explica la propia exposición de motivos, la "de propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados, facilitando la incorporación como socios a Cooperativas de trabajo asociado o a Sociedades laborales, a aquellas personas que hubieran perdido su trabajo anterior". Finalidad a la que habría que adicionar el objetivo complementario de crear los puestos de trabajo por cuenta ajena que surgen en muchas ocasiones a consecuencia del funcionamiento de las Cooperativas y Sociedades de carácter laboral. Lo que la norma pretende en definitiva es ser un estímulo para que los trabajadores desempleados, en lugar de permanecer inactivos, con grave frustración personal, durante el tiempo de consumo de la prestación de desempleo en su modalidad ordinaria, opten por crear Cooperativas o Sociedades laborales o por potenciar las ya existentes.... Según explicaba la exposición de motivos del RD 1413/05, "en la línea marcada por la Estrategia Europea de Empleo, para promover el autoempleo mediante el paso de políticas pasivas de protección por desempleo a políticas activas de empleo", el principal objetivo de dicha norma consistía en "incentivar en mayor medida la obtención del propio empleo por los beneficiarios de las prestaciones por desempleo". Esa misma finalidad se advertía igualmente en el preámbulo del RD 1044/85, de 19 de junio, que reguló por vez primera la modalidad de pago único ("propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados")".

Por otra parte, y atendiendo al caso que nos ocupa, el mero hecho de causar baja en un contrato indefinido no es indicio de fraude por sí solo. Pero puede serlo si a esas circunstancias se unen otras de cuyo conjunto quepa apreciar una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían. La STS de 6/2/03 lo admite: " no cabe presumir, por la mera sucesión de contratos como los descritos, y sin ninguna circunstancia adicional relevante, la existencia de fraude. Ello sin perjuicio de que en casos en que concurran circunstancias especiales o significativas, sí quepa llevar a cabo una tal presunción".

El Tribunal Supremo en sentencia de 20 de septiembre de 2004 explica que "La doctrina ajustada a derecho se contiene en la sentencia de contraste, dictada por esta Sala el 30 de mayo de 2000 (rec. 2721/1999 ),en la que se sigue el criterio fijado en un supuesto prácticamente idéntico por nuestra sentencia de 25 de mayo de 2000 (rec. 2947/1999 ).Por evidentes razones de seguridad jurídica, la solución de fondo que haya de darse en este recurso ha de seguir esa doctrina unificada, en la que se sostiene que lo que pretende el artículo del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el Abono de la Prestación por Desempleo en su modalidad de Pago Único por el valor actual de su importe, como Medida de Fomento de Empleo,"... es incentivar el autoempleo, estimular la rápida iniciación de la actividad prevista. A tal exclusivo fin exige que tanto la puesta en marcha de la empresa social como el alta del trabajador en S. Social se produzcan, a más tardar, dentro del mes siguiente a la concesión de la prestación.

Pero no impide expresamente, ni cabe inferirlo de su espíritu y finalidad, que una u otra se anticipen en el tiempo a un momento anterior al del percibo de la prestación capitalizada. Salvo, por supuesto, que la actividad empresarial o el alta en S. Social del trabajador sean anteriores a la situación legal de desempleo de este, pues es evidente que ello le impediría percibir la prestación incluso en su modalidad ordinaria, dada la proscripción de compatibilidad que contiene el art. 221 LGSS y sanciona, como infracción grave, el art. 17.1 de la LISOS ,Ley 8/1998".

"La norma reacciona pues frente al retraso o la desidia en la puesta en marcha, pero no sanciona la diligencia. Precisamente porque pretende incentivar el trabajo en régimen de autoempleo, exige que la actividad real comience lo antes posible y por eso fija el plazo máximo pero hay pues que entender que no está prohibido que los actos de preparación e incluso la propia actividad se inicien antes de la solicitud del pago único.".

Lo contrario llevaría al absurdo de entender que ha sido voluntad del autor reglamentario que los trabajadores despedidos, y desde ese instante privados del salario necesario para su subsistencia, queden condicionados para comenzar el trabajo que de nuevo le va a proporcionar su medio de vida, a la mayor o menor rapidez del Ente Gestor en la tramitación del expediente. Máxime cuando este se puede dilatar un largo periodo, sobre todo si la Dirección Provincial del Instituto decide denegar el pago único y hay que esperar a que resuelva el Dirección General del INEM, ex. art. 3.2 del R.D. o incluso por mucho más tiempo, si denegado el recurso de alzada, el trabajador decide acudir a la vía jurisdiccional. Como quiera que esa conclusión es contraria al espíritu y finalidad del R. Decreto, hay que entender que éste si autoriza - por la tácita ciertamente, pero de modo evidente al no incluir ese factor temporal entre las irregularidades sancionables con el reintegro - que el trabajador pueda iniciar su actividad en cuanto se encuentra en situación legal de desempleo, sin tener que esperar a que el INEM le abone la prestación".

Y se termina afirmando que, al margen de eventuales situaciones de fraude de ley que podrían detectarse en casos concretos, con carácter general"... hay pues que entender que no está prohibido que los actos de preparación e incluso la propia actividad se inicien antes de la solicitud del pago único.".

La anterior doctrina puede resumirse básicamente en los siguientes puntos:

El objetivo del Real Decreto 1044/1985 es incentivar el autoempleo y estimular una rápida iniciación de la actividad empresarial, exigiendo que la creación de la empresa y el alta del trabajador en la Seguridad Social se realicen en un plazo no mayor a un mes después de la concesión de la prestación.

La norma no prohíbe que la puesta en marcha de la empresa o el alta del trabajador en la Seguridad Social se realicen previamente a recibir la prestación, siempre y cuando estas acciones no sean anteriores a la situación legal de desempleo.

El Reglamento no pretende condicionar el inicio de la actividad empresarial a la rapidez del Ente Gestor en la tramitación del expediente, evitando así situaciones absurdas en las que el trabajador deba esperar un tiempo indefinido para comenzar su nueva actividad laboral.

En general, se entiende que los actos de preparación e incluso la propia actividad empresarial no están prohibidos antes de la solicitud del pago único, siempre que no se incurra en situaciones de fraude de ley.

SEXTO.- En este caso el Magistrado de instancia concluye que ha quedado debidamente acreditada la existencia de fraude, de tal forma que la actora habría buscado eludir las consecuencias de la extinción contractual voluntaria en relación con la prestación por desempleo para lucrar dicha prestación en su modalidad de pago único y así buscar financiación para su nueva actividad.

En general, se entiende que los actos de preparación e incluso la propia actividad empresarial no están prohibidos antes de la solicitud del pago único, pero no antes de la situación legal de desempleo. Y en este caso la beneficiaria, antes de su despido ya estaba efectuando los actos preparatorios para el inicio de una actividad por cuenta propia. Y así consta que el día 17 de agosto de 2023 había adquirido una finca rústica para explotación agraria prioritaria, que más tarde se hizo constar en la solicitud de pago único, es decir, la beneficiaria ya comenzó a realizar actos tendentes a su actuación como autónoma, antes de estar en situación legal de desempleo. El día 30 de agosto de 2023 se produce la extinción de la relación laboral de carácter indefinido que tenía con la empresa CASH TEJERIA SL, en la que tenía una antigüedad desde el 2001, por despido disciplinario, con una carta genérica de despido (hecho probado segundo) y admitiendo la improcedencia del mismo la empresa en el acto de conciliación.

El objetivo del Real Decreto 1044/1985 es incentivar el autoempleo y estimular una rápida iniciación de la actividad empresarial, exigiendo que la creación de la empresa y el alta del trabajador en la Seguridad Social se realicen en un plazo no mayor a un mes después de la concesión de la prestación. Ahora bien, la cuestión a dilucidar es la adquisición de bienes antes de la situación legal de desempleo, ha de considerarse como una 'puesta en marcha de la empresa' anterior 'a la situación legal de desempleo', que es lo proscrito por la normativa y lo interpretado por la jurisprudencia citada.

Por todos los indicios se llega a la conclusión de que ha existido una situación de desempleo buscada por la actora en fraude de ley para obtener financiación para el inicio de su nueva actividad profesional, situándose de forma fictícea en una situación de desempleo que no es tal.

Por lo tanto debemos concluir que la actora preparó una situación legal de desempleo para evitar las consecuencias del artículo 267.2 a) LGSS esto es, la exclusión de la situación legal de desempleo respecto a su inicial baja voluntaria, con el fin de acogerse a la modalidad de pago único e iniciar una nueva actividad profesional por cuenta propia. Y esta no es la finalidad de la prestación analizada, pues en este caso se ha buscado una situación fictícea de desempleo para poder obtener una ayuda estatal con la que financiar el cambio a su nueva andadura profesional.