Sentencia Social 553/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1139/2024 de 27 de febrero del 2025

PRIMERO.-En la sentencia dictada en la instancia se efectúa el siguiente pronunciamiento: "Que, acogiendo las excepciones de falta de legitimación pasiva, de falta de acción y de prescripción planteadas y desestimando íntegramente la demandada interpuesta por Dª Tarsila contra INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA, SL, UNEI INICIATIVA SOCIAL, SL, el AYUNTAMIENTO DE ATARFE e interviniendo el MINISTERIO FISCAL, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO en la instancia a las mencionadas demandadas de las pretensiones en su contra deducidas".

En la meritada demanda, la actora ejercitaba una acción resolutoria de la relación laboral existente entre ella y la demandada Unei Iniciativa Social, SL, al amparo del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, alegando haber sido objeto de acoso laboral en 2019 por parte de su anterior empleadora Integra MGSI Andalucía, SL. En concreto, aseguraba que había recibido un trato vejatorio e injusto por parte de los empleados de aquella y algunos funcionarios del Ayuntamiento de Atarfe, cuyas dependencias limpiaba. El Ayuntamiento codemandado se opuso, alegando prescripción de la acción ejercitada y falta de acción, solicitando, además, la imposición de una multa por temeridad a la actora. Integra MGSI CEE Andalucía, SL., por su parte, se opone a la demanda alegando su falta de legitimación pasiva y la prescripción de la acción ejercitada. Unei Iniciativa Social, SL excepciona su falta de legitimación pasiva, falta de acción, defecto legal en el modo de proponer la demanda y prescripción.

En la sentencia de instancia, como decimos, se estimó, en primer lugar, la excepción de prescripción respecto de la acción ejercitada frente a ÍNTEGRA MGSI CEE ANDALUCÍA, SL (a partir de ahora Integra), aplicando el plazo de un año previsto en el art. 59 del ET para las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial, a contar desde la terminación de éste. Y dado que desde que la actora cesó en la prestación de servicios para Integra (el 22/09/20) hasta que presentó la papeleta de conciliación ante el CMAC (el 12/01/23) habría transcurrido en exceso dicho plazo, se apreció la citada prescripción de la acción.

Por el contrario, no se acogió dicha excepción frente al resto de las codemandadas, pero sí la de falta de acción y/o legitimación pasiva. En el caso del Ayuntamiento demandado por no haber sido en ningún momento empleador de la trabajadora y no solicitándose que se declarase cesión ilegal de la misma. Y respecto de UNEI INICIATIVA SOCIAL, SL (a partir de ahora Unei), dado que todos los hechos denunciados en la demanda como constitutivos de una actuación acosadora se dice que sucedieron en 2019 y la relación laboral con la misma comenzó el 22/09/20.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada, que es la resolución del contrato de trabajo instada por la trabajadora al amparo del art. 50 ET, por denunciar la misma acoso laboral, la juzgadora a quo concluye que, en vista del resultado de las pruebas practicadas (documental,testifical y pericial) no aprecia que se haya acreditado la existencia del mismo.

Por último, en la sentencia de instancia se condena a la actora a abonar una multa por temeridad, al entender la magistrada a quo que la trabajadora tuvo un comportamiento temerario y abusivo, asegurando, en síntesis, que se trata de una demanda absolutamente infundada frente a quienes carecen de legitimación pasiva para ser demandados, y carente de fundamentación jurídica.

Contra dicha sentencia se formula recurso de suplicación por la parte demandante, al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto, recíprocamente, de que por esta Sala se proceda a revisar los hechos probados de aquélla y se apruebe la censura jurídica formulada en el meritado recurso contra la misma.

Concluye este recurso con la súplica de que la sentencia de instancia sea revocada "y en su lugar se dicte otra sentencia por la que, acogiendo los fundamentos de suplicación, se estime en su integridad la demanda interpuesta por mi principal, debiendo declararse la extinción de la relación laboral existente entre ella y los tres demandados, y debiendo condenarse solidariamente a los mismos al pago de la indemnización legalmente prevista para la extinción derivada del mobbing denunciado así como al pago de una indemnización adicional por daños y perjuicios de 25.000 euros más los intereses legales de demora, así como el pago de las costas de esta alzada para el caso de oponerse las partes contrarias alpresente recurso."

UNEI INICIATIVA SOCIAL, SL, el AYUNTAMIENTO DE ATARFE y el MINISTERIO FISCAL han impugnado el recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia, habiéndose formulado alegaciones a la impugnación de Unei Iniciativa Social, SL..

SEGUNDO.-En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, hemos de tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para que el Tribunal pueda examinar, con libertad de criterio, el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes. Y es que dada la naturaleza extraordinaria de este recurso ha de prevalecer el criterio del Magistrado de lo social, a quien la Ley le reserva, en los términos que se dispone en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la función de valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron. La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

Dichas pruebas en base a las cuales es posible la revisión fáctica de la sentencia impugnada no pueden ser las mismas que le sirvieron de fundamento al juzgador en la instancia. Esto es, la revisión fáctica no se puede fundar en el mismo documento o pericia, -salvo supuestos de error palmario- en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, ya que como la valoración de la prueba corresponde al juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal del recurrente.

En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia.

La fehaciencia se predica de los documentos públicos auténticos o autenticados ( artículos 1.216 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 317 a 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como de los documentos privados reconocidos o adverados en juicio por la parte a quien pudieran perjudicar ( artículos 1.225 del Código Civil y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en ambos casos, siempre que no resulten contradichos por otros elementos probatorios. Los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Por otro lado, la mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho en suplicación.

En el presente caso, la parte recurrente solicita en concreto:

1.-Que se modifique el hecho probado sexto, proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "A pesar de que en Integra y Unei mediaba protocolo de acoso, el mismo no fue ofrecido a la trabajadora para que pudiera activarlo, en su caso, quien no solo se encontró desprotegida por ambas empresas sino además por el Ayuntamiento demandado que tampoco prestó atención al acoso que aquella estaba sufriendo".

Este motivo no puede prosperar por cuanto se trata de recoger en el relato fáctico de la sentencia un hecho negativo que no se sustentaría en pruebas concretas, sino en la falta de prueba a juicio de la recurrente de dicho extremo.

2.-Que se modifique el hecho probado séptimo proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "La actora ha venido sufriendo varios procesos de IT que datan de 2018 en adelante, y ha venido sufriendo acoso en el año 2019 que ha determinado su baja laboral hasta los primeros meses del año 2024, de tal suerte que los padecimientos que han motivado tales bajas, a saber el transtorno de ansiedad, transtorno depresivo mayor y ataques de pánico, la dispepsia funcional, los acúfenos (tinutus-zumibido. neom) y vértigos, así como la urticaria, todos ellos traen causa del mobbing que la trabajadora ha venido sufriendo por parte de las partes demandadas en autos".

Para ello la parte recurrente se remite a su ramo de prueba, desde el documento nº 5 hasta el 20, ambos inclusive. En concreto, al nº 19, informe pericial del Dr. Luis Carlos, e informe médicos públicos del SAS.

Este motivo también ha de ser rechazado, ya que pretende la parte recurrente que se realice una nueva valoración de la prueba por esta Sala, que excede claramente de las facultades de la misma, conforme a la doctrina general expuesta al comenzar el análisis de este motivo y que, además, prejuzga el fallo, al pretenderse que se incluya expresamente en el hecho probado la existencia del acoso denunciado en demanda.

3.-Que se modifique el hecho probado noveno proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "La actora fue sometida a reconocimiento por los servicios médicos de MAZ en fecha 7 de diciembre de 2016 con el resultado de calificación de "apta condicionada", lo cual resulta intrascendente dado que la trabajadora devino en situación de baja en agosto de 2019 derivada de mobbing laboral, situación que, casi ininterrumpidamente, se extendió desde entonces hasta nuestros días".

La recurrente se basa en este caso en la misma prueba antes invocada y el resultado debe ser igualmente desestimatorio, por las mismas razones que en el caso anterior.

4.-Que se adicione al hecho probado décimo el siguiente párrafo: "A la luz de las pruebas obrantes en autos, y en especial las documentales aportadas por la parte actora en su ramo de prueba desde el nº 5 hasta el 20, ambos inclusive, además de la pericial-documental (doc 19) del Dr. Luis Carlos, así como la testifical del Sr. Urbano, procede declarar probados los hechos denunciados por la actora, y en consecuencia estimar todas y cada una de las peticiones reclamadas por la actora en su demanda"

Este motivo obviamente ha de decaer, pretendiéndose que se incluya no un concreto hecho probado, sino una conclusión general sobre los mismos, en sustitución de la conclusión a la que llega la magistrada en la instancia tras la valoración conjunta (incluida la prueba testifical) ante ella practicada.

5.-Que se adicione un nuevo hecho probado, que sería el ordinal undécimo para el que propone la siguiente redacción: "Al haber quedado probados todos los hechos denunciados por la demandante, y dada la relación por sucesión empresarial y contractual existente entre todos los demandados, procede condenar solidariamente a todos ellos en los términos solicitados en la demanda"

Desestimamos este último motivo de revisión fáctica por la misma razón expuesta para desestimar el anterior.

TERCERO.-Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, formulándose varios motivos de censura jurídica, el primero de los cuales se refiere a la infracción por la sentencia impugnada de los arts. 59 (prescripción) y 44 (sucesión de empresa) del E.T.

Comienza afirmando la recurrente que la fecha de presentación de la papeleta ante el CMAC fue otra, lo cual debió en su caso haber pedido que se modificara por la vía del apartado b) del art. 193 LRJS, pero, además, en este caso, atendiendo a la fecha que indica, el 1 de diciembre de 2022, es indiferente.

A continuación se argumenta que, dado que estamos ante un supuesto de sucesión de empresa del art. 44 ET, existiría una responsabilidad solidaria entre la empresa cedente y cesionaria durante tres años computados desde la fecha de sucesión, que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2020, por lo cual hasta el 22 de septiembre de 2023 se extendía la responsabilidad de Integra junto con la nueva empresa UNEI. Por lo tanto, se concluye, la juez de instancia no debería haber acogido la prescripción alegada por Integra dada su responsabilidad solidaria conforme al art. 44 ET.

Pues bien, el motivo no puede prosperar. El plazo de prescripción para la acción rescisoria del contrato vía artículo 50 ET es la de un año ( art. 59 ET) desde que cesó la conducta que por la parte trabajadora se denuncia como constitutiva de acoso laboral, la cual sólo se atribuye, tal y como puede corroborarse, con la lectura de la demanda, escrito rector del proceso, al año 2019, en el que la actora aún prestaba servicios para Integra, no siendo hasta el 22 de septiembre de 2020 que se subroga Unei en la posición empleadora. Por lo tanto, cuando se interpuso la papeleta de conciliación ante el CMAC por la recurrente (ya hemos dicho que el supuesto error fáctico no afecta a la resolución de esta excepción) ya habría transcurrido con creces el plazo legal, tal y como acertadamente concluye la magistrada a quo.

A lo anterior no puede oponerse el art. 44.3 ET, que se refiere a responsabilidad solidaria de cedente y cesionaria por tres años respecto de las obligaciones laborales que hayan surgido antes de la transmisión y que no hayan sido cumplidas, y en este caso no había surgido ninguna obligación antes de la transmisión, siendo la sentencia que se dicte en este caso de naturaleza constitutiva.

CUARTO.-Por otro lado, se alega en el recurso infracción de los arts. 50 E.T. (acción resolutoria), arts. 14, 15 y 24 CE (protección derechos fundamentales a no sufrir discriminación ni ataque a la integridad moral), y ello en relación a los art. 17 y 177 LRJS (legitimación).

Y bajo este motivo se realiza una largo alegato en el que, en síntesis, se pone de manifiesto, en realidad, la disconformidad de la parte actora, ahora recurrente, con la valoración de la prueba efectuada en instancia, asegurándose, que al no apreciarse por la magistrada a quo que la trabajadora había sido objeto de acoso laboral, se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales a no ser discriminada, a su integridad moral y al derecho a la tutela judicial recogida en nuestra Carta Magna en su art. 24.

Pues bien, este motivo ha de fracasar, por cuanto, como ya hemos expuesto más arriba, el proceso social está concebido como un proceso de instancia única, que no de grado, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud, de acuerdo con el artículo 97.2 de la LRJS, únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca o se desprenda, de manera evidente y sin lugar a dudas, de documentos idóneos o pericial que demuestre patentemente el error de hecho. En este caso, no se han logrado desvirtuar los hechos probados contenidos en esta sentencia, por los motivos arriba expuestos, sin que de ello se pueda extraer la conclusión de que la actora no ha podido ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, habiendo logrado resolución sobre la contienda que plantea, siendo cosa distinta que no esté conforme con la solución ofrecida por los Tribunales. Y no apreciándose la existencia del acoso laboral denunciado, no puede afirmarse que se le esté privando de sus derechos a no ser discriminada ni a su integridad moral y dignidad.

En base a lo afirmado, lo alegado en este motivo sobre la improcedencia de que se estime en la sentencia recurrida la excepción de falta de legitimación pasiva y/o falta de acción respecto del Ayuntamiento y la codemandada Unei, y su responsabilidad solidaria, carece de relevancia alguna por cuanto lo trascendente es que no consta el acoso laboral que se denuncia por la trabajadora como base de su acción rescisoria del contrato de trabajo.

QUINTO.-En otro motivo aparte del recurso se alega infracción de la Jurisprudencia relativa a los art 59 y 44 del ET, en STS Número 71/2022 de fecha 26/01/2022, recaída en el recurso de casación para la unificación de la doctrina 4359/2019, por cuanto en esta sentencia se estima la subrogación empresarial, además, respecto de INTEGRA y, por ende, la continuidad contractual y la responsabilidad de aquella empresa respecto a la indemnización por despido que se estable en dicha sentencia.

Pues bien, no se aprecia vulneración de la jurisprudencia invocada, dado que estamos ante sentencias que juzgan supuestos de hecho diferentes. Así la referida en el recurso, se pronuncia sobre la indemnización que corresponde al trabajador por su despido improcedente en un supuesto de sucesión de empresas adjudicatarias de una contrata y a la antigüedad computable en este caso, atendiendo a la doctrina de la unidad esencial del vínculo, y ello a pesar de que el actor dimitiera voluntariamente tras el primer contrato. La Sala de suplicación, remitiéndose a la STS de 7 marzo 2019 (rcud. 1825/2017), considera que ha existido sucesión empresarial por transmisión de una unidad productiva autónoma, sin que la inexistencia de obligación subrogatoria derivada del pliego de condiciones de la contratación o del convenio colectivo obste a ello, porque la obligación subrogatoria deriva del art. 44 del ET, ya que la nueva contratación administrativa ha ido acompañada de la cesión de los medios materiales necesarios para la prestación del servicio; medios materiales que son propiedad del Ayuntamiento. Confirma la improcedencia del despido y la condena a Integra. El recurso de la parte actora va dirigido a impugnar la antigüedad reconocida, al existir unidad del vínculo contractual, lo cual aprecia el Alto Tribunal, computando aquella desde el inicio de la contrata.

Entiende esta Sala que, de lo anterior, no puede derivarse que la acción extintiva del art. 50 ET no esté sujeta al plazo de un año de prescripción, en los términos que hemos expuesto al resolver el primer motivo de censura jurídica planteado en el recurso.

SEXTO.-Se alega infracción de la Jurisprudencia relativa al art. 50 ET, en relación con el art. 15 de la C.E., remitiéndose a distintas sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, así como a la STC 56/2019, y a la STS 20 de septiembre de 2011. La primera, en cuanto se pronuncia sobre la relación entre el acoso laboral y el derecho fundamental a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral y a la prohibición de los tratos degradantes ( art 15 CE) . La STS 20 de septiembre 2011 (rec. 4137/2010), por cuanto en ella se dice que, decretada judicialmente la extinción del contrato a instancia del trabajador con fundamento en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores (ET) por acreditado acoso en el trabajo que le ha originado un cuadro ansioso depresivo reactivo la situación laboral vivida, tiene derecho en el propio proceso a obtener una indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de tal situación psíquica, adicional a la correspondiente por extinción contractual.

Pues bien, en efecto, el art. 10 de la Constitución señala que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. El Tribunal Constitucional (sentencias nº 53/1985 de 11 de abril (RTC 1985, 53) y 120/1990 de 29 de junio (RTC 1990, 120)), ha definido la dignidad personal como un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás.

Los arts. 4.2.e), 20.3 y 50.1.a) del vigente ET reconocen expresamente al trabajador frente al empresario el derecho al respeto a la dignidad personal, reconociendo al trabajador el referido art. 50.1.a) el derecho a obtener la rescisión indemnizada del contrato de trabajo en caso de menoscabo de su dignidad por consecuencia de la actitud del empresario.

La psicología ha definido el acoso laboral como situaciones de hostigamiento a un trabajador frente al que se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma prolongada y que conducen a su extrañamiento social en el marco laboral, le causan alteraciones psicosomáticas de ansiedad, y en ocasiones consiguen el abandono del trabajador del empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido.

El acoso se manifiesta a través de muy variados mecanismos de hostigamiento con ataques a la víctima por medio de implantación de medidas organizativas no asignar tareas, asignar tareas innecesarias, degradantes o repetitivas, asignar tareas imposibles de cumplir, etc., medidas de aislamiento social impedir las relaciones personales con otros compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigirle la palabra, etc., medidas de ataque a la persona de la víctima críticas hirientes, vejaciones, burlas, subestimaciones, etc., medidas de violencia física, agresiones verbales insultos, críticas permanentes, amenazas, rumores sobre la víctima, etc..

Ahora bien, resulta preciso deslindar adecuadamente las conductas calificables de acoso de otros posibles desafueros cometidos por el empresario ejercitando de forma abusiva sus poderes de dirección y organización de la empresa, pues no resulta factible llegar a la conclusión de que todo ejercicio abusivo de estas potestades puede calificarse de acoso y ello obviamente sin perjuicio de las respuestas que desde la legalidad puedan obtenerse en contra de esas actuaciones antijurídicas.

Y no es parangonable el acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, pues mientras que con aquél el empresario suele simplemente buscar por medios inadecuados un mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con el acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador socavando su personalidad. El interés organizativo de la empresa no se presenta en primer plano pues resulta obvio que la existencia de un clima hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la utilización del trabajador en actividades inútiles, irrealizables o repetitivas.

El acoso moral ("mobbing") consiste en un agresión del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con objeto de conseguir un auto-abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo a su dignidad. La resistencia del trabajador ante este ataque depende de su fortaleza psicológica y de su capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Se caracteriza por una transferencia de proyecciones o energías negativas de empresario a trabajador con ánimo de victimizar a este. Una sublimación de la perversión, mezquindad y bajeza del sujeto activo en su tendencia a afrentar la dignidad del sujeto pasivo, cuya victimización, de una manera u otra, con una amplia posibilidad de manifestación, se busca, hasta producir la sensación de que es inútil o indeseable, intentando degradarle, en su expresión más antijurídica, ruin, mezquina y baja, a una supuesta dimensión de cosa, abiertamente incompatible con lo más elemental de lo que es derecho y en caso alguno compatible con él, que nace, en su expresión esencial, de la dignidad humana.

En este caso, partiendo de los inmodificados hechos probados de la sentencia de instancia, nada de esto consta que ocurriera en el seno de la relación laboral mantenida por la actora con las mercantiles demandadas, lo que conlleva necesariamente la desestimación del motivo.

SÉPTIMO.-Por último, en el recurso se dice que la sentencia ahora combatida habría incurrido en infracción de la Jurisprudencia relativa al art. 97,3º LRJS, en relación al art. 24 C.E, con referencia a la multa de 600 euros impuesta en la misma a la actora por entender que ha actuado con mala fe a la hora de formular su demanda.

En efecto, en la sentencia de instancia se condena a la actora a abonar una multa por temeridad, al entender la magistrada a quo que la trabajadora tuvo un comportamiento temerario y abusivo, asegurando, en síntesis, que se trata de una demanda absolutamente infundada frente a quienes carecen de legitimación pasiva para ser demandados. Se asegura en la sentencia que se mantuvo la acción pese a que varias veces durante el acto del juicio se le hizo saber a la parte actora que carecía de acción, pese a ello, de forma obstinada se mantuvo aquella, pese a carecer totalmente de fundamentación jurídica.

Los artículos 75.4 y 97.3 LRJS habilitan al órgano judicial que conoce en instancia, como es el caso, a imponer una multa cuando aprecie la existencia de temeridad o mala fe.

Sobre la interpretación de este precepto es doctrina del TS, recogida, por ejemplo, en sentencia núm. 451/2024, de 12 de marzo (Rcud. 283/2021), con remisión a la STS 685/2018, de 27 de junio, (Rcud.109/2017) la siguiente: "el Tribunal de instancia tiene una cierta discrecionalidad para imponer la multa a que se refiere el citado artículo 97.3 de la LRJS valorando los factores que confluyen en la posición de la parte actora y motivando la decisión ( STC 41/1984 ), que naturalmente puede ser analizada y eventualmente anulada por el Tribunal de casación si se entendiera que la medida ha sido arbitraria, pero para ello es preciso que consten de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación de aquel precepto fue inadecuada" ( STS de 7 de diciembre de 1999, Rec.1946/1999 ). Por ello, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, ha de rechazarse también el recurso en este punto, sin que en modo alguno la aplicación del referido artículo 97.3 LRJS suponga vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como insinúa la recurrente, pues tal derecho fundamental se configura como el que tienen las partes en el proceso a obtener una resolución del Tribunal fundada y motivada, pero no necesariamente acorde con sus pretensiones ni ajustado a sus intereses.

Por su parte, en STS 319/2018, de 11 de mayo, (Rcud.3192/2016 ), añadimos reiterando nuestra doctrina sentada en la previa STS 885/2017 (Rcud.4173/2015 ) que: "(...) el art. 75 de la LRJS contiene deberes procesales de las partes, como el de "ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe", describiendo alguno de los actos que vulneran tales reglas, entre otros, la " formulación de pretensiones temerarias "o los actos efectuados "con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho " o los que "persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones ", lo que deberá llevarse a cabo de diversa forma en atención a la fase del proceso en la que se produzca tal actuación contraria a la buena fe".

Y se añade en esta sentencia que "La mala fe significa mantener pretensiones o resistencias injustas con conocimiento de su injusticia."

Pues bien, partiendo de la doctrina jurisprudencial arriba expuesta, esta Sala considera que no está suficientemente justificada la imposición de la consecuencia punitiva acordada en la instancia. Ciertamente, tras esta sentencia quedan firmes las desestimaciones acordadas por la juzgadora a quo, tanto de las distintas excepciones formuladas por los codemandados, como del fondo de la litis, pero, tras el visionado del acto del juicio, no apreciamos una actuación de la parte trabajadora absolutamente irracional, que no puede estar guiada más que por la mala fe de la misma.

Así las cosas, consideramos que hemos de confirmar la sentencia recurrida, salvo en cuanto a la multa por temeridad que se impone a la actora.

OCTAVO.-En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS, no procede la imposición de costas.