Sentencia Social 170/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 1033/2025 de 27 de febrero del 2026

PRIMERO.- Controversia y objeto del recurso.

1.Don Jesus Miguel ha prestado servicios para el Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega, en el Centro Especial de Empleo SERCA, como trabajador indefinido no fijo, con categoría de ayudante especialista de jardinería, hasta el 13 de diciembre de 2024, fecha en la que se le comunicó la rescisión de la relación laboral, con efectos a dicho día, por no superación del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal en la plaza que ocupaba como ayudante especialista de jardinería, incluida en la OPE del año 2022, al no haber concurrido al mismo y haber resultado adjudicada su plaza a otra persona.

2.Formuló demanda en la que interesaba declara su cese despido nulo por la desigualdad que suponía haber sido el único trabajador al que no se le informó del proceso selectivo, o en su caso improcedente y, subsidiariamente, el reconocimiento de una indemnización igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, por haber sido objeto de una contratación temporal abusiva o fraudulenta. Adicionalmente postulaba una reclamación de cantidad, de la que desistió en el acto del juicio oral porque ya había sido abonada por el Patronato demandado en su integridad.

3.La sentencia de instancia, tras fijar el salario módulo conforme a lo postulado por el actor, desestima la demanda al no concurrir indicios de discriminación y no poder declarar el despido improcedente o nulo, por estar ante la cobertura reglamentaria de la plaza y ser su cese ajustado a derecho; también deniega la indemnización pedida por cuanto el trabajador no se presentó al proceso de estabilización.

4.Disconformes con dicho pronunciamiento se alzan en suplicación ambas partes.

La actora lo hace por medio de tres motivos y con correcto encaje procesal en los apartados a), b) y c) del artículo 193 LRJS, solicitando el abono de la indemnización por finalización del contrato o, subsidiariamente, la nulidad de la sentencia recurrida.

La empleadora que ha sido absuelta en la instancia formaliza su recurso mediante dos motivos, conforme a los apartados b) y c) del artículo 193 LRJS, a fin de alterar el salario consignado en el hecho probado primero de la resolución recurrida.

5.Dichos recursos han sido objeto de impugnación por la parte contraria. En el del trabajador se opone la inadmisibilidad del recurso de la empresa al no concurrir un gravamen o perjuicio efectivo ya que ha sido absuelta.

6.Por razones de lógica procesal debemos comenzar examinando: en primer lugar, la oposición a la admisión del recurso de la empleadora; en segundo lugar, la petición de nulidad de actuaciones; a continuación, las revisiones fácticas propuestas por ambas partes; y, finalmente, una vez fijado el relato de hechos, entrar en el análisis de las infracciones jurídicas denunciadas por los dos recurrentes.

SEGUNDO.- Interés de la demandada para recurrir.

1.Antes de proceder al análisis de los recursos conviene resolver sobre la concurrencia o no de la causa de inadmisión esgrimida por la parte actora en el escrito de impugnación del recurso, relativa a la falta de legitimación de la empleadora demandada para recurrir, al haber sido absuelta.

2.El artículo 17.5 de la LRJS dispone que: "Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores".

3.La STS de 12 diciembre 2016 (rec. 1514/2015), consigna que la falta de legitimación para recurrir "ha de ser apreciada de oficio por la Sala, en tanto cuestión afectante al orden público del proceso."

4.La jurisprudencia ha ido perfilando el concepto de gravamen que debe concurrir a los efectos de establecer la legitimación para recurrir. Se ha venido afirmando que la legitimación para recurrir está conectada con el hecho de que la sentencia recurrida sea desfavorable en alguno de los temas litigiosos, de donde deriva que, por regla general, el demandado absuelto carece de interés para recurrir. En tal sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que, lo primero que se requiere para recurrir es interés, al ser idea íntimamente ligada a la de vencimiento, de ahí que carezca de la mencionada legitimación activa para realizarlo quienes no sufran ningún gravamen con la sentencia de instancia dado que presupuesto fundamental es que aquél provenga de la parte dispositiva del pronunciamiento que puso fin al proceso en la instancia" ( STS de 20/11/2001 -rec. 2991/1999-; reproducida en las de 5/07/2006 -rec. 13/2005-; y 3/10/2007 -rec. 104/2006); "Doctrina que, sin fisuras, ha mantenido esta Sala, no equiparando la absolución con falta de interés, pero debiendo acreditarlo quien no habiendo sido objeto de condena y no viendo alterada su situación pretende formalizar un recurso"( STS 3/10/2007 -rec. 104/2006).

En el mismo sentido, la STS de 27 abril 2022 (rec. 247/2021), con cita de otras anteriores declara que

".... aunque sea cierto que en determinados supuestos este Tribunal haya relativizado las exigencias de legitimación para recurrir en suplicación ( STC 60/1992, de 2 de abril ), en modo alguno se ha cuestionado la legitimidad constitucional de la jurisprudencia del orden social, que viene manteniendo como regla general que carece de legitimación para recurrir en suplicación quien obtuvo sentencia favorable, al faltar en este caso interés para recurrir, de modo que sólo se admite esa legitimación cuando concurre un perjuicio o gravamen efectivo (que es justamente la doctrina acogida en la citada STC 60/1992 ) o cuando a aquella parte beneficiada por el fallo de instancia le fue desestimada una excepción procesal que estaba interesada en sostener en fase de recurso".

5.Sentado lo anterior, entendemos que la entidad demandada tiene interés en la fijación de un salario inferior, no solo para el caso de estimación del recurso y reconocimiento de una indemnización, sino también por la posible exigencia de responsabilidad de todo orden, derivada del abono de un salario inferior al debido.

TERCERO.- Petición de nulidad de actuaciones.

1.Denuncia el actor en su recurso la existencia de incongruencia omisiva con invocación del art. 97.2 de la LRJS, art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 24 de la Constitución Española. Opone que la sentencia no se ha pronunciado sobre si hubo o no una contratación abusiva y fraudulenta, pero sí lo ha hecho de modo favorable respecto a la indemnización por la finalización del contrato temporal y pese a ello "rechaza pronunciarse en este sentido porque, según dice, no es objeto del procedimiento".

2.Con carácter previo se ha de recordar la constante e inconclusa doctrina del Tribunal Constitucional al determinar que, la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las meta a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación tiene igualmente un carácter excepcional.

3.En el supuesto ahora examinado la sentencia recurrida parte de la condición de trabajador indefinido no fijo del actor, a la que se alude en la demanda, y rechaza el reconocimiento de una indemnización por finalización del contrato.

El hecho de que obiter dictaafirme que "sí tendría en su caso derecho a la indemnización por finalización del contrato temporal, pues no nos encontramos ante un contrato de duración determinada por causa de sustitución ni un contrato formativo, si bien este extremo excede de lo que es el objeto de este proceso", resulta una afirmación que puede ser salvada con el análisis de esta sala sobre si el actor tiene derecho a la indemnización postulada en la demanda "igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la indemnización prevista para el cese por causas objetivas de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 mensualidades", por haber sido víctima de una contratación temporal abusiva.

Rechazamos, por tanto, la nulidad de actuaciones pretendida al no haberse causado indefensión al demandante.

CUARTO.- Recurso del actor: revisión de hechos probados.

1.Solicita el trabajador en su recurso la revisión del ordinal decimocuarto y la adición de un nuevo hecho probado con el tenor que sigue:

"En la resolución del Patronato Municipal de Educación de fecha 13 de diciembre de 2024, también se comunica al actor que procede su liquidación sin derecho a indemnización ni compensación económica alguna, al no haber concurrido al proceso selectivo de estabilización.

El actor no ha recibido indemnización ni compensación económica alguna como consecuencia de la extinción de su contrato, ni siquiera la indemnización por fin de contrato temporal".

2.Se ampara en la resolución del Patronato de 13 de octubre de 2024, así como en la liquidación o finiquito de dicho mes y año.

3.No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo.

4.En el supuesto actual la resolución del Patronato se da por reproducida en la resolución recurrida, pudiendo ser objeto de valoración íntegra por esta Sala, y el hecho de no haber percibido indemnización alguna es un extremo no cuestionado en la instancia, lo que conduce al rechazo de dicha modificación por irrelevante.

QUINTO.- Recurso de la empresa: revisión de hechos probados.

1.Solicita la entidad demandada en el primero de los motivos de su recurso, la modificación del primer párrafo del ordinal primero y, en concreto, la sustitución del salario bruto diario de 81,07 euros, incluyendo la parte proporcional de pagas extras, por el de "69,46 euros",también con prorrata de extras.

2.La modificación salarial interesada se fundamenta en la demanda, que a su vez se remite a los datos de la liquidación o finiquito practicada por la empleadora, así como en el informe integral de bases de cotización.

3.Uno de los requisitos necesarios para efectuar la revisión fáctica es el relativo a que los documentos sobre los que la parte recurrente se apoye para justificar la pretendida modificación deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/2006 - rec. 79/2005; y 20/06/2006 -rec. 189/2004).

4.En el supuesto actual la demanda no solo es un documento de parte, sino que en la misma se consigna el salario diario de 81,07 euros. El hecho de aludir respecto de una reclamación salarial desistida por salarios, vacaciones etc., a diferentes cantidades, en modo alguno demuestra error valorativo alguno por parte de la juzgadora a quo, de donde se desprende que la demanda no constituye un documento fehaciente. Respecto al informe de cotización del periodo febrero a octubre de 2024, en el que el actor permaneció en incapacidad temporal, no demuestra de "forma clara, directa y patente" el salario del actor en la fecha de su cese.

5.Procede, por tanto, desestimar la revisión fáctica interesada por la empleadora, por su falta de sustento probatorio.

SEXTO.- Recurso de la empresa: infracción jurídica.

1.Denuncia la administración local en su recurso la infracción del art. 2.6, párrafo tercero de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, en relación con el art. 49.1.c) párrafo primero del Estatuto de los Trabajadores.

2.Argumenta la empleadora en su recurso, primero, que la compensación económica por finalización del contrato temporal no es objeto del presente procedimiento, ya que la acción ejercitada es únicamente la de despido.

Como explica la STS 251/2021 de 2 de marzo (rec. 569/2019),

"La sentencia dictada en un procedimiento por despido no incurre en incongruencia ultra petita cuando acaba desestimando esa pretensión, pero reconociendo el derecho a percibir la indemnización por fin de contrato. La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a Derecho. En este caso, veinte días por año de servicio...".

En el supuesto litigioso, como hemos relatado anteriormente, el actor interesó en su demanda el reconocimiento de una indemnización igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, por haber sido objeto de una contratación temporal abusiva o fraudulenta. Por ello, aplicando la doctrina jurisprudencial citada es posible entrar a analizar si el actor tiene derecho a una indemnización por la extinción de su contrato de trabajo.

3.Opone, en segundo lugar, que no tiene derecho a indemnización alguna al no haberse presentado voluntariamente al proceso de estabilización, cuestión que será objeto de análisis en un fundamento posterior. En todo caso, la empleadora no tiene interés para cuestionar el pronunciamiento de instancia sobre dicho extremo, al haber sido absuelta.

4.El único interés, por el posible gravamen o perjuicio de la sentencia recurrida, se encuentra en la fijación de un salario inferior al reconocido. Sobre dicho particular, no habiendo prosperado la revisión fáctica interesada, no es posible aceptar el salario módulo postulado por la recurrente, lo que conduce a la desestimación íntegra de su recurso.

5.Con la desestimación íntegra del recurso formalizado por el Patronato Municipal de Educación, procede la condena en costas al no gozar del beneficio de justicia gratuita.

SÉPTIMO.- Recurso del actor: infracción jurídica.

1.En el terreno del debate jurídico denuncia el trabajador en su recurso la vulneración de la Directiva 1999/70 /CE, así como la jurisprudencia aplicable con invocación de la STJUE de 22 de febrero de 2024 (C-59/22, C-110/22 y C-159/22), respecto a la indemnización y compensación que corresponde a los indefinidos no fijos cesados por cobertura reglamentaria de su plaza. Sostiene que se trata de un trabajador que llevaba en su puesto 39 años, por lo que tiene derecho a una indemnización por la finalización del contrato de trabajo.

2.Lo primero que debe destacarse es que -pese a lo alegado por la demandada en su escrito de impugnación al recurso- la solicitud de una indemnización por finalización de contrato no supone el planteamiento de una cuestión nueva.

Recuerda la STS de 23 de febrero de 2022 (rec. 3724/2018) que la cuestión relativa al abono de indemnización, aunque no haya despido puede dilucidarse y decidirse en el seno de una acción de despido, aunque no exista tal. Afirma:

"En diversos casos, la mayoría vinculados a ceses en el ámbito del empleo público, hemos advertido que quien reclama por despido, en realidad, también está interesando que se le resarza del modo que proceda, aunque la terminación de su contrato pueda considerarse ajustada a Derecho.

La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a Derecho. En tal supuesto el cese lleva aparejado el derecho indemnizatorio que debe ser de 20 días por año de servicio, teniendo en consideración que termina la declarada relación laboral indefinida no fija, por irregularidades y fraude de ley. En ese sentido, por todas, las SSTS 257/2017 de 28 marzo (rcud. 1664/2015 ); 198/2018 de 22 febrero (rcud. 68/2016 ); 312/2020 de 12 mayo (rcud. 2745/2018 ) o 459/2020 de 16 junio (rcud. 3621/2017 ). Como venimos diciendo, "lo que el trabajador reclama cuando solicita la calificación del cese como despido nulo o improcedente no es otra cosa que el abono de la máxima indemnización legal que proceda, sin que sea necesario que se tenga que instar en la demanda la pretensión concreta de una específica cuantía indemnizatoria, de tal manera que la acción ejercitada en reclamación de la indemnización correspondiente al despido improcedente lleva en sí mismo implícita la de la menor indemnización que el antedicho precepto contempla para la extinción de los contratos temporales" ( STS 402/2017 de 9 mayo, rcud 1806/2015 ).

3.Procede analizar, a continuación, si la extinción de una relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza da lugar a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio o, por el contrario, no cabe reconocer dicha indemnización al actor por el hecho de no haber participado como candidato en el proceso selectivo de estabilización, como entiende la sentencia recurrida.

4.Entre otras muchas, la STS 1169/2024, de 25 de septiembre (rec. 5549/2022), en relación a una trabajadora que había prestado servicios durante más de 16 años con contratos temporales y que tras la convocatoria de un proceso selectivo se produjo la extinción de una relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, afirma que el hecho de que la trabajadora tuviera la consideración de indefinida no fija "conduce a la aplicación de nuestra doctrina (expresada en la STS -pleno- de 28 de marzo de 2017, rcud 1664/2015 y seguida, entre otras, por las SSTS de 9 de mayo de 2017 , rcud 1806/2015, de 12 de mayo de 2017 , rcud 1717/2015 y de 19 de julio de 2017 , rcud 4041/2015), según la que la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades."

En idéntico sentido se pronuncia, entre otras muchas, la STS 103/2025, de 5 de febrero (rec. 5573/2023), al señalar que: "La cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido improcedente, si bien da derecho a la referida indemnización de veinte días mencionada [ SSTS 304/2020, de 12 de mayo (Rcud 825/2018 ); 310/2020, de 12 de mayo (Rcud 2019/2018 ), y 312/2020, de 12 de mayo (Rcud 2745/2018 ). Es ilustrativo, por lo demás, que esta indemnización de veinte días es la que estableció posteriormente la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (precedida del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio), no aplicable al presente supuesto por razones temporales, sin que proceda realizar aquí mayores precisiones".

5.Pasamos a examinar si no es posible reconocer la citada compensación económica (indemnización de 20 días por año), por el hecho de no haber participado el actor en el proceso selectivo de estabilización, como entiende la resolución de instancia, conforme al art. 2.6 de la Ley 20/2021.

El art. 6 de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, dispone:

"Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización.

En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades.

La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso".

6.Los datos fácticos fundamentales de los que debemos partir para resolver la cuestión litigiosa son los siguientes:

a) el actor que prestó servicios para el Patronato demandado desde junio de 1985, tiene reconocida por su empleadora la condición de trabajador indefinido no fijo; y

b) no participó en el proceso selectivo de estabilización, viendo extinguida su relación por dicho motivo.

7.La resolución de instancia deniega la concesión de la indemnización pedida por el hecho de no haberse presentado al proceso de estabilización y, por eso, no obtener plaza. Dicha conclusión no puede ser compartida por esta Sala. Para ello coincidimos con los razonamientos esgrimidos por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de septiembre de 2024 (rec. 1226/2024), seguida por otras posteriores de la misma Sala, en la que se afirma:

"Basando la improcedencia de su concesión en la afirmación de que el actor no se presentó al proceso de estabilización.

Planteamiento que no puede ser estimado, por cuanto que, tal y como se deriva del contenido de dicho precepto, en él, tanto el establecimiento de la indemnización, como la fijación de la excepción a su reconocimiento, quedan expresa y claramente referidos al personal funcionario interino y al personal laboral temporal, situación no predicable del actor, ya que este no era ni personal funcionario interino, ni laboral temporal, sino que en la sentencia se le reconoce el carácter de indefinido no fijo...".

En términos semejantes se ha pronunciado la STSJ de Aragón de 13 de mayo de 2024 (rec. 328/2024), la STSJ de Cataluña de 13 de noviembre de 2024 (rec. 3153/2024), así como las SSTSJ de Madrid de 21 de julio de 2025 (rec. 441/2025) y 15 de septiembre de 2025 (rec. 497/2025), en la que se citan las anteriores.

8.En suma, las circunstancias del caso nos llevan a entender que no resulta aquí de aplicación la previsión contenida en el art. 2.6 de la Ley 20/2021, dada la condición de personal indefinido no fijo del actor, lo que implica la estimación de su recurso.

Es de destacar al respecto el auto del TS de 30 de mayo de 2024 (rec. 5544/2023), del Pleno de la Sala, que eleva nueva cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la cláusula 5 del Acuerdo Marco Anexo a la Directiva 1999/70, cuando indica en su apartado 72 que

"Como hemos dicho, la calificación de la relación laboral como indefinida no fija es la consecuencia jurídica derivada de la ilegítima o abusiva utilización de contratos de duración determinada. Constituye una garantía para los trabajadores y una sanción para la administración empleadora por dicha ilícita utilización, y, a juicio de este Tribunal, puede por lo tanto considerarse como una medida legal equivalente y adecuada para evitar y sancionar los abusos en la utilización de contratos temporales por parte de la Administración pública, que cumpliría con las exigencias de la cláusula 5 del Acuerdo Marco".

9.En consecuencia, siendo la relación laboral del actor indefinida no fija, la extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de 20 días de salario por año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por más que en la demanda se hubiera solicitado una indemnización superior.

Por tanto, atendiendo a la antigüedad del actor (04/06/1985), la fecha de extinción del contrato (13/12/2024) y el salario diario declarado probado (81,07 euros brutos), la indemnización total asciende a 25.654,55 euros, a la cual se debe condenar a la empresa en los presentes autos.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PRIMERO.- Controversia y objeto del recurso.

1.Don Jesus Miguel ha prestado servicios para el Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega, en el Centro Especial de Empleo SERCA, como trabajador indefinido no fijo, con categoría de ayudante especialista de jardinería, hasta el 13 de diciembre de 2024, fecha en la que se le comunicó la rescisión de la relación laboral, con efectos a dicho día, por no superación del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal en la plaza que ocupaba como ayudante especialista de jardinería, incluida en la OPE del año 2022, al no haber concurrido al mismo y haber resultado adjudicada su plaza a otra persona.

2.Formuló demanda en la que interesaba declara su cese despido nulo por la desigualdad que suponía haber sido el único trabajador al que no se le informó del proceso selectivo, o en su caso improcedente y, subsidiariamente, el reconocimiento de una indemnización igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, por haber sido objeto de una contratación temporal abusiva o fraudulenta. Adicionalmente postulaba una reclamación de cantidad, de la que desistió en el acto del juicio oral porque ya había sido abonada por el Patronato demandado en su integridad.

3.La sentencia de instancia, tras fijar el salario módulo conforme a lo postulado por el actor, desestima la demanda al no concurrir indicios de discriminación y no poder declarar el despido improcedente o nulo, por estar ante la cobertura reglamentaria de la plaza y ser su cese ajustado a derecho; también deniega la indemnización pedida por cuanto el trabajador no se presentó al proceso de estabilización.

4.Disconformes con dicho pronunciamiento se alzan en suplicación ambas partes.

La actora lo hace por medio de tres motivos y con correcto encaje procesal en los apartados a), b) y c) del artículo 193 LRJS, solicitando el abono de la indemnización por finalización del contrato o, subsidiariamente, la nulidad de la sentencia recurrida.

La empleadora que ha sido absuelta en la instancia formaliza su recurso mediante dos motivos, conforme a los apartados b) y c) del artículo 193 LRJS, a fin de alterar el salario consignado en el hecho probado primero de la resolución recurrida.

5.Dichos recursos han sido objeto de impugnación por la parte contraria. En el del trabajador se opone la inadmisibilidad del recurso de la empresa al no concurrir un gravamen o perjuicio efectivo ya que ha sido absuelta.

6.Por razones de lógica procesal debemos comenzar examinando: en primer lugar, la oposición a la admisión del recurso de la empleadora; en segundo lugar, la petición de nulidad de actuaciones; a continuación, las revisiones fácticas propuestas por ambas partes; y, finalmente, una vez fijado el relato de hechos, entrar en el análisis de las infracciones jurídicas denunciadas por los dos recurrentes.

SEGUNDO.- Interés de la demandada para recurrir.

1.Antes de proceder al análisis de los recursos conviene resolver sobre la concurrencia o no de la causa de inadmisión esgrimida por la parte actora en el escrito de impugnación del recurso, relativa a la falta de legitimación de la empleadora demandada para recurrir, al haber sido absuelta.

2.El artículo 17.5 de la LRJS dispone que: "Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores".

3.La STS de 12 diciembre 2016 (rec. 1514/2015), consigna que la falta de legitimación para recurrir "ha de ser apreciada de oficio por la Sala, en tanto cuestión afectante al orden público del proceso."

4.La jurisprudencia ha ido perfilando el concepto de gravamen que debe concurrir a los efectos de establecer la legitimación para recurrir. Se ha venido afirmando que la legitimación para recurrir está conectada con el hecho de que la sentencia recurrida sea desfavorable en alguno de los temas litigiosos, de donde deriva que, por regla general, el demandado absuelto carece de interés para recurrir. En tal sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que, lo primero que se requiere para recurrir es interés, al ser idea íntimamente ligada a la de vencimiento, de ahí que carezca de la mencionada legitimación activa para realizarlo quienes no sufran ningún gravamen con la sentencia de instancia dado que presupuesto fundamental es que aquél provenga de la parte dispositiva del pronunciamiento que puso fin al proceso en la instancia" ( STS de 20/11/2001 -rec. 2991/1999-; reproducida en las de 5/07/2006 -rec. 13/2005-; y 3/10/2007 -rec. 104/2006); "Doctrina que, sin fisuras, ha mantenido esta Sala, no equiparando la absolución con falta de interés, pero debiendo acreditarlo quien no habiendo sido objeto de condena y no viendo alterada su situación pretende formalizar un recurso"( STS 3/10/2007 -rec. 104/2006).

En el mismo sentido, la STS de 27 abril 2022 (rec. 247/2021), con cita de otras anteriores declara que

".... aunque sea cierto que en determinados supuestos este Tribunal haya relativizado las exigencias de legitimación para recurrir en suplicación ( STC 60/1992, de 2 de abril ), en modo alguno se ha cuestionado la legitimidad constitucional de la jurisprudencia del orden social, que viene manteniendo como regla general que carece de legitimación para recurrir en suplicación quien obtuvo sentencia favorable, al faltar en este caso interés para recurrir, de modo que sólo se admite esa legitimación cuando concurre un perjuicio o gravamen efectivo (que es justamente la doctrina acogida en la citada STC 60/1992 ) o cuando a aquella parte beneficiada por el fallo de instancia le fue desestimada una excepción procesal que estaba interesada en sostener en fase de recurso".

5.Sentado lo anterior, entendemos que la entidad demandada tiene interés en la fijación de un salario inferior, no solo para el caso de estimación del recurso y reconocimiento de una indemnización, sino también por la posible exigencia de responsabilidad de todo orden, derivada del abono de un salario inferior al debido.

TERCERO.- Petición de nulidad de actuaciones.

1.Denuncia el actor en su recurso la existencia de incongruencia omisiva con invocación del art. 97.2 de la LRJS, art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 24 de la Constitución Española. Opone que la sentencia no se ha pronunciado sobre si hubo o no una contratación abusiva y fraudulenta, pero sí lo ha hecho de modo favorable respecto a la indemnización por la finalización del contrato temporal y pese a ello "rechaza pronunciarse en este sentido porque, según dice, no es objeto del procedimiento".

2.Con carácter previo se ha de recordar la constante e inconclusa doctrina del Tribunal Constitucional al determinar que, la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las meta a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación tiene igualmente un carácter excepcional.

3.En el supuesto ahora examinado la sentencia recurrida parte de la condición de trabajador indefinido no fijo del actor, a la que se alude en la demanda, y rechaza el reconocimiento de una indemnización por finalización del contrato.

El hecho de que obiter dictaafirme que "sí tendría en su caso derecho a la indemnización por finalización del contrato temporal, pues no nos encontramos ante un contrato de duración determinada por causa de sustitución ni un contrato formativo, si bien este extremo excede de lo que es el objeto de este proceso", resulta una afirmación que puede ser salvada con el análisis de esta sala sobre si el actor tiene derecho a la indemnización postulada en la demanda "igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la indemnización prevista para el cese por causas objetivas de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 mensualidades", por haber sido víctima de una contratación temporal abusiva.

Rechazamos, por tanto, la nulidad de actuaciones pretendida al no haberse causado indefensión al demandante.

CUARTO.- Recurso del actor: revisión de hechos probados.

1.Solicita el trabajador en su recurso la revisión del ordinal decimocuarto y la adición de un nuevo hecho probado con el tenor que sigue:

"En la resolución del Patronato Municipal de Educación de fecha 13 de diciembre de 2024, también se comunica al actor que procede su liquidación sin derecho a indemnización ni compensación económica alguna, al no haber concurrido al proceso selectivo de estabilización.

El actor no ha recibido indemnización ni compensación económica alguna como consecuencia de la extinción de su contrato, ni siquiera la indemnización por fin de contrato temporal".

2.Se ampara en la resolución del Patronato de 13 de octubre de 2024, así como en la liquidación o finiquito de dicho mes y año.

3.No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo.

4.En el supuesto actual la resolución del Patronato se da por reproducida en la resolución recurrida, pudiendo ser objeto de valoración íntegra por esta Sala, y el hecho de no haber percibido indemnización alguna es un extremo no cuestionado en la instancia, lo que conduce al rechazo de dicha modificación por irrelevante.

QUINTO.- Recurso de la empresa: revisión de hechos probados.

1.Solicita la entidad demandada en el primero de los motivos de su recurso, la modificación del primer párrafo del ordinal primero y, en concreto, la sustitución del salario bruto diario de 81,07 euros, incluyendo la parte proporcional de pagas extras, por el de "69,46 euros",también con prorrata de extras.

2.La modificación salarial interesada se fundamenta en la demanda, que a su vez se remite a los datos de la liquidación o finiquito practicada por la empleadora, así como en el informe integral de bases de cotización.

3.Uno de los requisitos necesarios para efectuar la revisión fáctica es el relativo a que los documentos sobre los que la parte recurrente se apoye para justificar la pretendida modificación deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/2006 - rec. 79/2005; y 20/06/2006 -rec. 189/2004).

4.En el supuesto actual la demanda no solo es un documento de parte, sino que en la misma se consigna el salario diario de 81,07 euros. El hecho de aludir respecto de una reclamación salarial desistida por salarios, vacaciones etc., a diferentes cantidades, en modo alguno demuestra error valorativo alguno por parte de la juzgadora a quo, de donde se desprende que la demanda no constituye un documento fehaciente. Respecto al informe de cotización del periodo febrero a octubre de 2024, en el que el actor permaneció en incapacidad temporal, no demuestra de "forma clara, directa y patente" el salario del actor en la fecha de su cese.

5.Procede, por tanto, desestimar la revisión fáctica interesada por la empleadora, por su falta de sustento probatorio.

SEXTO.- Recurso de la empresa: infracción jurídica.

1.Denuncia la administración local en su recurso la infracción del art. 2.6, párrafo tercero de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, en relación con el art. 49.1.c) párrafo primero del Estatuto de los Trabajadores.

2.Argumenta la empleadora en su recurso, primero, que la compensación económica por finalización del contrato temporal no es objeto del presente procedimiento, ya que la acción ejercitada es únicamente la de despido.

Como explica la STS 251/2021 de 2 de marzo (rec. 569/2019),

"La sentencia dictada en un procedimiento por despido no incurre en incongruencia ultra petita cuando acaba desestimando esa pretensión, pero reconociendo el derecho a percibir la indemnización por fin de contrato. La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a Derecho. En este caso, veinte días por año de servicio...".

En el supuesto litigioso, como hemos relatado anteriormente, el actor interesó en su demanda el reconocimiento de una indemnización igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, por haber sido objeto de una contratación temporal abusiva o fraudulenta. Por ello, aplicando la doctrina jurisprudencial citada es posible entrar a analizar si el actor tiene derecho a una indemnización por la extinción de su contrato de trabajo.

3.Opone, en segundo lugar, que no tiene derecho a indemnización alguna al no haberse presentado voluntariamente al proceso de estabilización, cuestión que será objeto de análisis en un fundamento posterior. En todo caso, la empleadora no tiene interés para cuestionar el pronunciamiento de instancia sobre dicho extremo, al haber sido absuelta.

4.El único interés, por el posible gravamen o perjuicio de la sentencia recurrida, se encuentra en la fijación de un salario inferior al reconocido. Sobre dicho particular, no habiendo prosperado la revisión fáctica interesada, no es posible aceptar el salario módulo postulado por la recurrente, lo que conduce a la desestimación íntegra de su recurso.

5.Con la desestimación íntegra del recurso formalizado por el Patronato Municipal de Educación, procede la condena en costas al no gozar del beneficio de justicia gratuita.

SÉPTIMO.- Recurso del actor: infracción jurídica.

1.En el terreno del debate jurídico denuncia el trabajador en su recurso la vulneración de la Directiva 1999/70 /CE, así como la jurisprudencia aplicable con invocación de la STJUE de 22 de febrero de 2024 (C-59/22, C-110/22 y C-159/22), respecto a la indemnización y compensación que corresponde a los indefinidos no fijos cesados por cobertura reglamentaria de su plaza. Sostiene que se trata de un trabajador que llevaba en su puesto 39 años, por lo que tiene derecho a una indemnización por la finalización del contrato de trabajo.

2.Lo primero que debe destacarse es que -pese a lo alegado por la demandada en su escrito de impugnación al recurso- la solicitud de una indemnización por finalización de contrato no supone el planteamiento de una cuestión nueva.

Recuerda la STS de 23 de febrero de 2022 (rec. 3724/2018) que la cuestión relativa al abono de indemnización, aunque no haya despido puede dilucidarse y decidirse en el seno de una acción de despido, aunque no exista tal. Afirma:

"En diversos casos, la mayoría vinculados a ceses en el ámbito del empleo público, hemos advertido que quien reclama por despido, en realidad, también está interesando que se le resarza del modo que proceda, aunque la terminación de su contrato pueda considerarse ajustada a Derecho.

La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a Derecho. En tal supuesto el cese lleva aparejado el derecho indemnizatorio que debe ser de 20 días por año de servicio, teniendo en consideración que termina la declarada relación laboral indefinida no fija, por irregularidades y fraude de ley. En ese sentido, por todas, las SSTS 257/2017 de 28 marzo (rcud. 1664/2015 ); 198/2018 de 22 febrero (rcud. 68/2016 ); 312/2020 de 12 mayo (rcud. 2745/2018 ) o 459/2020 de 16 junio (rcud. 3621/2017 ). Como venimos diciendo, "lo que el trabajador reclama cuando solicita la calificación del cese como despido nulo o improcedente no es otra cosa que el abono de la máxima indemnización legal que proceda, sin que sea necesario que se tenga que instar en la demanda la pretensión concreta de una específica cuantía indemnizatoria, de tal manera que la acción ejercitada en reclamación de la indemnización correspondiente al despido improcedente lleva en sí mismo implícita la de la menor indemnización que el antedicho precepto contempla para la extinción de los contratos temporales" ( STS 402/2017 de 9 mayo, rcud 1806/2015 ).

3.Procede analizar, a continuación, si la extinción de una relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza da lugar a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio o, por el contrario, no cabe reconocer dicha indemnización al actor por el hecho de no haber participado como candidato en el proceso selectivo de estabilización, como entiende la sentencia recurrida.

4.Entre otras muchas, la STS 1169/2024, de 25 de septiembre (rec. 5549/2022), en relación a una trabajadora que había prestado servicios durante más de 16 años con contratos temporales y que tras la convocatoria de un proceso selectivo se produjo la extinción de una relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, afirma que el hecho de que la trabajadora tuviera la consideración de indefinida no fija "conduce a la aplicación de nuestra doctrina (expresada en la STS -pleno- de 28 de marzo de 2017, rcud 1664/2015 y seguida, entre otras, por las SSTS de 9 de mayo de 2017 , rcud 1806/2015, de 12 de mayo de 2017 , rcud 1717/2015 y de 19 de julio de 2017 , rcud 4041/2015), según la que la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades."

En idéntico sentido se pronuncia, entre otras muchas, la STS 103/2025, de 5 de febrero (rec. 5573/2023), al señalar que: "La cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido improcedente, si bien da derecho a la referida indemnización de veinte días mencionada [ SSTS 304/2020, de 12 de mayo (Rcud 825/2018 ); 310/2020, de 12 de mayo (Rcud 2019/2018 ), y 312/2020, de 12 de mayo (Rcud 2745/2018 ). Es ilustrativo, por lo demás, que esta indemnización de veinte días es la que estableció posteriormente la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (precedida del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio), no aplicable al presente supuesto por razones temporales, sin que proceda realizar aquí mayores precisiones".

5.Pasamos a examinar si no es posible reconocer la citada compensación económica (indemnización de 20 días por año), por el hecho de no haber participado el actor en el proceso selectivo de estabilización, como entiende la resolución de instancia, conforme al art. 2.6 de la Ley 20/2021.

El art. 6 de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, dispone:

"Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización.

En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades.

La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso".

6.Los datos fácticos fundamentales de los que debemos partir para resolver la cuestión litigiosa son los siguientes:

a) el actor que prestó servicios para el Patronato demandado desde junio de 1985, tiene reconocida por su empleadora la condición de trabajador indefinido no fijo; y

b) no participó en el proceso selectivo de estabilización, viendo extinguida su relación por dicho motivo.

7.La resolución de instancia deniega la concesión de la indemnización pedida por el hecho de no haberse presentado al proceso de estabilización y, por eso, no obtener plaza. Dicha conclusión no puede ser compartida por esta Sala. Para ello coincidimos con los razonamientos esgrimidos por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de septiembre de 2024 (rec. 1226/2024), seguida por otras posteriores de la misma Sala, en la que se afirma:

"Basando la improcedencia de su concesión en la afirmación de que el actor no se presentó al proceso de estabilización.

Planteamiento que no puede ser estimado, por cuanto que, tal y como se deriva del contenido de dicho precepto, en él, tanto el establecimiento de la indemnización, como la fijación de la excepción a su reconocimiento, quedan expresa y claramente referidos al personal funcionario interino y al personal laboral temporal, situación no predicable del actor, ya que este no era ni personal funcionario interino, ni laboral temporal, sino que en la sentencia se le reconoce el carácter de indefinido no fijo...".

En términos semejantes se ha pronunciado la STSJ de Aragón de 13 de mayo de 2024 (rec. 328/2024), la STSJ de Cataluña de 13 de noviembre de 2024 (rec. 3153/2024), así como las SSTSJ de Madrid de 21 de julio de 2025 (rec. 441/2025) y 15 de septiembre de 2025 (rec. 497/2025), en la que se citan las anteriores.

8.En suma, las circunstancias del caso nos llevan a entender que no resulta aquí de aplicación la previsión contenida en el art. 2.6 de la Ley 20/2021, dada la condición de personal indefinido no fijo del actor, lo que implica la estimación de su recurso.

Es de destacar al respecto el auto del TS de 30 de mayo de 2024 (rec. 5544/2023), del Pleno de la Sala, que eleva nueva cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la cláusula 5 del Acuerdo Marco Anexo a la Directiva 1999/70, cuando indica en su apartado 72 que

"Como hemos dicho, la calificación de la relación laboral como indefinida no fija es la consecuencia jurídica derivada de la ilegítima o abusiva utilización de contratos de duración determinada. Constituye una garantía para los trabajadores y una sanción para la administración empleadora por dicha ilícita utilización, y, a juicio de este Tribunal, puede por lo tanto considerarse como una medida legal equivalente y adecuada para evitar y sancionar los abusos en la utilización de contratos temporales por parte de la Administración pública, que cumpliría con las exigencias de la cláusula 5 del Acuerdo Marco".

9.En consecuencia, siendo la relación laboral del actor indefinida no fija, la extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de 20 días de salario por año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por más que en la demanda se hubiera solicitado una indemnización superior.

Por tanto, atendiendo a la antigüedad del actor (04/06/1985), la fecha de extinción del contrato (13/12/2024) y el salario diario declarado probado (81,07 euros brutos), la indemnización total asciende a 25.654,55 euros, a la cual se debe condenar a la empresa en los presentes autos.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PRIMERO.- Controversia y objeto del recurso.

1.Don Jesus Miguel ha prestado servicios para el Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega, en el Centro Especial de Empleo SERCA, como trabajador indefinido no fijo, con categoría de ayudante especialista de jardinería, hasta el 13 de diciembre de 2024, fecha en la que se le comunicó la rescisión de la relación laboral, con efectos a dicho día, por no superación del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal en la plaza que ocupaba como ayudante especialista de jardinería, incluida en la OPE del año 2022, al no haber concurrido al mismo y haber resultado adjudicada su plaza a otra persona.

2.Formuló demanda en la que interesaba declara su cese despido nulo por la desigualdad que suponía haber sido el único trabajador al que no se le informó del proceso selectivo, o en su caso improcedente y, subsidiariamente, el reconocimiento de una indemnización igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, por haber sido objeto de una contratación temporal abusiva o fraudulenta. Adicionalmente postulaba una reclamación de cantidad, de la que desistió en el acto del juicio oral porque ya había sido abonada por el Patronato demandado en su integridad.

3.La sentencia de instancia, tras fijar el salario módulo conforme a lo postulado por el actor, desestima la demanda al no concurrir indicios de discriminación y no poder declarar el despido improcedente o nulo, por estar ante la cobertura reglamentaria de la plaza y ser su cese ajustado a derecho; también deniega la indemnización pedida por cuanto el trabajador no se presentó al proceso de estabilización.

4.Disconformes con dicho pronunciamiento se alzan en suplicación ambas partes.

La actora lo hace por medio de tres motivos y con correcto encaje procesal en los apartados a), b) y c) del artículo 193 LRJS, solicitando el abono de la indemnización por finalización del contrato o, subsidiariamente, la nulidad de la sentencia recurrida.

La empleadora que ha sido absuelta en la instancia formaliza su recurso mediante dos motivos, conforme a los apartados b) y c) del artículo 193 LRJS, a fin de alterar el salario consignado en el hecho probado primero de la resolución recurrida.

5.Dichos recursos han sido objeto de impugnación por la parte contraria. En el del trabajador se opone la inadmisibilidad del recurso de la empresa al no concurrir un gravamen o perjuicio efectivo ya que ha sido absuelta.

6.Por razones de lógica procesal debemos comenzar examinando: en primer lugar, la oposición a la admisión del recurso de la empleadora; en segundo lugar, la petición de nulidad de actuaciones; a continuación, las revisiones fácticas propuestas por ambas partes; y, finalmente, una vez fijado el relato de hechos, entrar en el análisis de las infracciones jurídicas denunciadas por los dos recurrentes.

SEGUNDO.- Interés de la demandada para recurrir.

1.Antes de proceder al análisis de los recursos conviene resolver sobre la concurrencia o no de la causa de inadmisión esgrimida por la parte actora en el escrito de impugnación del recurso, relativa a la falta de legitimación de la empleadora demandada para recurrir, al haber sido absuelta.

2.El artículo 17.5 de la LRJS dispone que: "Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores".

3.La STS de 12 diciembre 2016 (rec. 1514/2015), consigna que la falta de legitimación para recurrir "ha de ser apreciada de oficio por la Sala, en tanto cuestión afectante al orden público del proceso."

4.La jurisprudencia ha ido perfilando el concepto de gravamen que debe concurrir a los efectos de establecer la legitimación para recurrir. Se ha venido afirmando que la legitimación para recurrir está conectada con el hecho de que la sentencia recurrida sea desfavorable en alguno de los temas litigiosos, de donde deriva que, por regla general, el demandado absuelto carece de interés para recurrir. En tal sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que, lo primero que se requiere para recurrir es interés, al ser idea íntimamente ligada a la de vencimiento, de ahí que carezca de la mencionada legitimación activa para realizarlo quienes no sufran ningún gravamen con la sentencia de instancia dado que presupuesto fundamental es que aquél provenga de la parte dispositiva del pronunciamiento que puso fin al proceso en la instancia" ( STS de 20/11/2001 -rec. 2991/1999-; reproducida en las de 5/07/2006 -rec. 13/2005-; y 3/10/2007 -rec. 104/2006); "Doctrina que, sin fisuras, ha mantenido esta Sala, no equiparando la absolución con falta de interés, pero debiendo acreditarlo quien no habiendo sido objeto de condena y no viendo alterada su situación pretende formalizar un recurso"( STS 3/10/2007 -rec. 104/2006).

En el mismo sentido, la STS de 27 abril 2022 (rec. 247/2021), con cita de otras anteriores declara que

".... aunque sea cierto que en determinados supuestos este Tribunal haya relativizado las exigencias de legitimación para recurrir en suplicación ( STC 60/1992, de 2 de abril ), en modo alguno se ha cuestionado la legitimidad constitucional de la jurisprudencia del orden social, que viene manteniendo como regla general que carece de legitimación para recurrir en suplicación quien obtuvo sentencia favorable, al faltar en este caso interés para recurrir, de modo que sólo se admite esa legitimación cuando concurre un perjuicio o gravamen efectivo (que es justamente la doctrina acogida en la citada STC 60/1992 ) o cuando a aquella parte beneficiada por el fallo de instancia le fue desestimada una excepción procesal que estaba interesada en sostener en fase de recurso".

5.Sentado lo anterior, entendemos que la entidad demandada tiene interés en la fijación de un salario inferior, no solo para el caso de estimación del recurso y reconocimiento de una indemnización, sino también por la posible exigencia de responsabilidad de todo orden, derivada del abono de un salario inferior al debido.

TERCERO.- Petición de nulidad de actuaciones.

1.Denuncia el actor en su recurso la existencia de incongruencia omisiva con invocación del art. 97.2 de la LRJS, art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 24 de la Constitución Española. Opone que la sentencia no se ha pronunciado sobre si hubo o no una contratación abusiva y fraudulenta, pero sí lo ha hecho de modo favorable respecto a la indemnización por la finalización del contrato temporal y pese a ello "rechaza pronunciarse en este sentido porque, según dice, no es objeto del procedimiento".

2.Con carácter previo se ha de recordar la constante e inconclusa doctrina del Tribunal Constitucional al determinar que, la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las meta a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación tiene igualmente un carácter excepcional.

3.En el supuesto ahora examinado la sentencia recurrida parte de la condición de trabajador indefinido no fijo del actor, a la que se alude en la demanda, y rechaza el reconocimiento de una indemnización por finalización del contrato.

El hecho de que obiter dictaafirme que "sí tendría en su caso derecho a la indemnización por finalización del contrato temporal, pues no nos encontramos ante un contrato de duración determinada por causa de sustitución ni un contrato formativo, si bien este extremo excede de lo que es el objeto de este proceso", resulta una afirmación que puede ser salvada con el análisis de esta sala sobre si el actor tiene derecho a la indemnización postulada en la demanda "igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la indemnización prevista para el cese por causas objetivas de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 mensualidades", por haber sido víctima de una contratación temporal abusiva.

Rechazamos, por tanto, la nulidad de actuaciones pretendida al no haberse causado indefensión al demandante.

CUARTO.- Recurso del actor: revisión de hechos probados.

1.Solicita el trabajador en su recurso la revisión del ordinal decimocuarto y la adición de un nuevo hecho probado con el tenor que sigue:

"En la resolución del Patronato Municipal de Educación de fecha 13 de diciembre de 2024, también se comunica al actor que procede su liquidación sin derecho a indemnización ni compensación económica alguna, al no haber concurrido al proceso selectivo de estabilización.

El actor no ha recibido indemnización ni compensación económica alguna como consecuencia de la extinción de su contrato, ni siquiera la indemnización por fin de contrato temporal".

2.Se ampara en la resolución del Patronato de 13 de octubre de 2024, así como en la liquidación o finiquito de dicho mes y año.

3.No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo.

4.En el supuesto actual la resolución del Patronato se da por reproducida en la resolución recurrida, pudiendo ser objeto de valoración íntegra por esta Sala, y el hecho de no haber percibido indemnización alguna es un extremo no cuestionado en la instancia, lo que conduce al rechazo de dicha modificación por irrelevante.

QUINTO.- Recurso de la empresa: revisión de hechos probados.

1.Solicita la entidad demandada en el primero de los motivos de su recurso, la modificación del primer párrafo del ordinal primero y, en concreto, la sustitución del salario bruto diario de 81,07 euros, incluyendo la parte proporcional de pagas extras, por el de "69,46 euros",también con prorrata de extras.

2.La modificación salarial interesada se fundamenta en la demanda, que a su vez se remite a los datos de la liquidación o finiquito practicada por la empleadora, así como en el informe integral de bases de cotización.

3.Uno de los requisitos necesarios para efectuar la revisión fáctica es el relativo a que los documentos sobre los que la parte recurrente se apoye para justificar la pretendida modificación deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/2006 - rec. 79/2005; y 20/06/2006 -rec. 189/2004).

4.En el supuesto actual la demanda no solo es un documento de parte, sino que en la misma se consigna el salario diario de 81,07 euros. El hecho de aludir respecto de una reclamación salarial desistida por salarios, vacaciones etc., a diferentes cantidades, en modo alguno demuestra error valorativo alguno por parte de la juzgadora a quo, de donde se desprende que la demanda no constituye un documento fehaciente. Respecto al informe de cotización del periodo febrero a octubre de 2024, en el que el actor permaneció en incapacidad temporal, no demuestra de "forma clara, directa y patente" el salario del actor en la fecha de su cese.

5.Procede, por tanto, desestimar la revisión fáctica interesada por la empleadora, por su falta de sustento probatorio.

SEXTO.- Recurso de la empresa: infracción jurídica.

1.Denuncia la administración local en su recurso la infracción del art. 2.6, párrafo tercero de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, en relación con el art. 49.1.c) párrafo primero del Estatuto de los Trabajadores.

2.Argumenta la empleadora en su recurso, primero, que la compensación económica por finalización del contrato temporal no es objeto del presente procedimiento, ya que la acción ejercitada es únicamente la de despido.

Como explica la STS 251/2021 de 2 de marzo (rec. 569/2019),

"La sentencia dictada en un procedimiento por despido no incurre en incongruencia ultra petita cuando acaba desestimando esa pretensión, pero reconociendo el derecho a percibir la indemnización por fin de contrato. La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a Derecho. En este caso, veinte días por año de servicio...".

En el supuesto litigioso, como hemos relatado anteriormente, el actor interesó en su demanda el reconocimiento de una indemnización igual a la del despido improcedente o, en su defecto, la de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, por haber sido objeto de una contratación temporal abusiva o fraudulenta. Por ello, aplicando la doctrina jurisprudencial citada es posible entrar a analizar si el actor tiene derecho a una indemnización por la extinción de su contrato de trabajo.

3.Opone, en segundo lugar, que no tiene derecho a indemnización alguna al no haberse presentado voluntariamente al proceso de estabilización, cuestión que será objeto de análisis en un fundamento posterior. En todo caso, la empleadora no tiene interés para cuestionar el pronunciamiento de instancia sobre dicho extremo, al haber sido absuelta.

4.El único interés, por el posible gravamen o perjuicio de la sentencia recurrida, se encuentra en la fijación de un salario inferior al reconocido. Sobre dicho particular, no habiendo prosperado la revisión fáctica interesada, no es posible aceptar el salario módulo postulado por la recurrente, lo que conduce a la desestimación íntegra de su recurso.

5.Con la desestimación íntegra del recurso formalizado por el Patronato Municipal de Educación, procede la condena en costas al no gozar del beneficio de justicia gratuita.

SÉPTIMO.- Recurso del actor: infracción jurídica.

1.En el terreno del debate jurídico denuncia el trabajador en su recurso la vulneración de la Directiva 1999/70 /CE, así como la jurisprudencia aplicable con invocación de la STJUE de 22 de febrero de 2024 (C-59/22, C-110/22 y C-159/22), respecto a la indemnización y compensación que corresponde a los indefinidos no fijos cesados por cobertura reglamentaria de su plaza. Sostiene que se trata de un trabajador que llevaba en su puesto 39 años, por lo que tiene derecho a una indemnización por la finalización del contrato de trabajo.

2.Lo primero que debe destacarse es que -pese a lo alegado por la demandada en su escrito de impugnación al recurso- la solicitud de una indemnización por finalización de contrato no supone el planteamiento de una cuestión nueva.

Recuerda la STS de 23 de febrero de 2022 (rec. 3724/2018) que la cuestión relativa al abono de indemnización, aunque no haya despido puede dilucidarse y decidirse en el seno de una acción de despido, aunque no exista tal. Afirma:

"En diversos casos, la mayoría vinculados a ceses en el ámbito del empleo público, hemos advertido que quien reclama por despido, en realidad, también está interesando que se le resarza del modo que proceda, aunque la terminación de su contrato pueda considerarse ajustada a Derecho.

La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a Derecho. En tal supuesto el cese lleva aparejado el derecho indemnizatorio que debe ser de 20 días por año de servicio, teniendo en consideración que termina la declarada relación laboral indefinida no fija, por irregularidades y fraude de ley. En ese sentido, por todas, las SSTS 257/2017 de 28 marzo (rcud. 1664/2015 ); 198/2018 de 22 febrero (rcud. 68/2016 ); 312/2020 de 12 mayo (rcud. 2745/2018 ) o 459/2020 de 16 junio (rcud. 3621/2017 ). Como venimos diciendo, "lo que el trabajador reclama cuando solicita la calificación del cese como despido nulo o improcedente no es otra cosa que el abono de la máxima indemnización legal que proceda, sin que sea necesario que se tenga que instar en la demanda la pretensión concreta de una específica cuantía indemnizatoria, de tal manera que la acción ejercitada en reclamación de la indemnización correspondiente al despido improcedente lleva en sí mismo implícita la de la menor indemnización que el antedicho precepto contempla para la extinción de los contratos temporales" ( STS 402/2017 de 9 mayo, rcud 1806/2015 ).

3.Procede analizar, a continuación, si la extinción de una relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza da lugar a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio o, por el contrario, no cabe reconocer dicha indemnización al actor por el hecho de no haber participado como candidato en el proceso selectivo de estabilización, como entiende la sentencia recurrida.

4.Entre otras muchas, la STS 1169/2024, de 25 de septiembre (rec. 5549/2022), en relación a una trabajadora que había prestado servicios durante más de 16 años con contratos temporales y que tras la convocatoria de un proceso selectivo se produjo la extinción de una relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, afirma que el hecho de que la trabajadora tuviera la consideración de indefinida no fija "conduce a la aplicación de nuestra doctrina (expresada en la STS -pleno- de 28 de marzo de 2017, rcud 1664/2015 y seguida, entre otras, por las SSTS de 9 de mayo de 2017 , rcud 1806/2015, de 12 de mayo de 2017 , rcud 1717/2015 y de 19 de julio de 2017 , rcud 4041/2015), según la que la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades."

En idéntico sentido se pronuncia, entre otras muchas, la STS 103/2025, de 5 de febrero (rec. 5573/2023), al señalar que: "La cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido improcedente, si bien da derecho a la referida indemnización de veinte días mencionada [ SSTS 304/2020, de 12 de mayo (Rcud 825/2018 ); 310/2020, de 12 de mayo (Rcud 2019/2018 ), y 312/2020, de 12 de mayo (Rcud 2745/2018 ). Es ilustrativo, por lo demás, que esta indemnización de veinte días es la que estableció posteriormente la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (precedida del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio), no aplicable al presente supuesto por razones temporales, sin que proceda realizar aquí mayores precisiones".

5.Pasamos a examinar si no es posible reconocer la citada compensación económica (indemnización de 20 días por año), por el hecho de no haber participado el actor en el proceso selectivo de estabilización, como entiende la resolución de instancia, conforme al art. 2.6 de la Ley 20/2021.

El art. 6 de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, dispone:

"Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización.

En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades.

La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso".

6.Los datos fácticos fundamentales de los que debemos partir para resolver la cuestión litigiosa son los siguientes:

a) el actor que prestó servicios para el Patronato demandado desde junio de 1985, tiene reconocida por su empleadora la condición de trabajador indefinido no fijo; y

b) no participó en el proceso selectivo de estabilización, viendo extinguida su relación por dicho motivo.

7.La resolución de instancia deniega la concesión de la indemnización pedida por el hecho de no haberse presentado al proceso de estabilización y, por eso, no obtener plaza. Dicha conclusión no puede ser compartida por esta Sala. Para ello coincidimos con los razonamientos esgrimidos por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de septiembre de 2024 (rec. 1226/2024), seguida por otras posteriores de la misma Sala, en la que se afirma:

"Basando la improcedencia de su concesión en la afirmación de que el actor no se presentó al proceso de estabilización.

Planteamiento que no puede ser estimado, por cuanto que, tal y como se deriva del contenido de dicho precepto, en él, tanto el establecimiento de la indemnización, como la fijación de la excepción a su reconocimiento, quedan expresa y claramente referidos al personal funcionario interino y al personal laboral temporal, situación no predicable del actor, ya que este no era ni personal funcionario interino, ni laboral temporal, sino que en la sentencia se le reconoce el carácter de indefinido no fijo...".

En términos semejantes se ha pronunciado la STSJ de Aragón de 13 de mayo de 2024 (rec. 328/2024), la STSJ de Cataluña de 13 de noviembre de 2024 (rec. 3153/2024), así como las SSTSJ de Madrid de 21 de julio de 2025 (rec. 441/2025) y 15 de septiembre de 2025 (rec. 497/2025), en la que se citan las anteriores.

8.En suma, las circunstancias del caso nos llevan a entender que no resulta aquí de aplicación la previsión contenida en el art. 2.6 de la Ley 20/2021, dada la condición de personal indefinido no fijo del actor, lo que implica la estimación de su recurso.

Es de destacar al respecto el auto del TS de 30 de mayo de 2024 (rec. 5544/2023), del Pleno de la Sala, que eleva nueva cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la cláusula 5 del Acuerdo Marco Anexo a la Directiva 1999/70, cuando indica en su apartado 72 que

"Como hemos dicho, la calificación de la relación laboral como indefinida no fija es la consecuencia jurídica derivada de la ilegítima o abusiva utilización de contratos de duración determinada. Constituye una garantía para los trabajadores y una sanción para la administración empleadora por dicha ilícita utilización, y, a juicio de este Tribunal, puede por lo tanto considerarse como una medida legal equivalente y adecuada para evitar y sancionar los abusos en la utilización de contratos temporales por parte de la Administración pública, que cumpliría con las exigencias de la cláusula 5 del Acuerdo Marco".

9.En consecuencia, siendo la relación laboral del actor indefinida no fija, la extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de 20 días de salario por año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por más que en la demanda se hubiera solicitado una indemnización superior.

Por tanto, atendiendo a la antigüedad del actor (04/06/1985), la fecha de extinción del contrato (13/12/2024) y el salario diario declarado probado (81,07 euros brutos), la indemnización total asciende a 25.654,55 euros, a la cual se debe condenar a la empresa en los presentes autos.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.