Sentencia Social 1027/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 692/2026 de 27 de marzo del 2026

PRIMERO.-Recurre la representación letrada de la parte actora la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Córdoba, en fecha 6 de noviembre de 2025, que desestima la demanda sobre tutela de derechos fundamentales, interpuesta por D. Baldomero contra el Centro de Investigación y Calidad Alimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) y contra D.ª Aurora, con intervención del Ministerio Fiscal.

En la resolución combatida se argumenta:

- La parte actora sostiene que ha aportado indicios suficientes para que se produzca la inversión de la carga de la prueba ( art. 96.1 de la LRJS). A juicio de este Juzgador no se considera así.

- Entiende el magistrado que presidió la vista, tras la prueba practicada, que no existen circunstancias o hechos que determinen la existencia de una situación de acoso en el actor; no puede encuadrarse los hechos sucedidos en ninguna de las conductas recogidas en el art. 50 ET, ni en las recogidas en el Convenio Colectivo ni en el protocolo aprobado en la empresa.

- El actor no ha sido cambiado de mesa ni aislado físicamente de los demás trabajadores, ni consta haber sido acusado de crear un ambiente hostil, ni consta haber sido acusado de no trabajar en equipo.

- No consta que el actor haya sufrido provocaciones indirectas destinadas a provocar conflicto laboral, siendo meras suposiciones las indicadas en la demanda en su hecho decimocuarto.

- El actor ha desarrollado su tesis doctoral en la empresa, y ha participado en cursos, charlas, realización de publicaciones, y demás participaciones en proyectos en la empresa, y está incluido en el organigrama de la empresa, sin que conste haber sido individualizado o separado de la realización de cursos, charlas, realización de publicaciones, y demás participaciones en proyectos de investigación, siendo en todo caso, y de ser así, una decisión organizativa de la empresa, puede el actor tener una personalidad más impulsiva, con más iniciativa, pero ello no puede conllevar dejar a un lado la organización laboral- administrativa.

- Es de extrañar, que denunciando como se hace, la iniciación de conductas coercitivas por la empresa y por la directora de la empresa desde el año 2022, no exista denuncia alguna al respecto por parte del actor, y es contradictoria que el único parte médico sea expedido por la médica de familia, que califica como acoso, sin tener cualificación para ello, la conducta depresiva manifestada por el actor, y que ello se haya producido en fecha 19 de febrero de 2025, con posterioridad a la presentación de la demanda.

- No se puede hablar, por todo ello, de vulneración de derechos fundamentales y en este caso, ni por acción ni por omisión queda constancia de que haya sido así por parte del empleador. Por todo lo expuesto, procede desestimar la demanda principal y por congruencia la petición indemnizatoria accesoria.

El suplicante estructura su recurso en un motivo formulado al amparo del apartado a) del art. 193 de la LRJS por disconformidad con la valoración de la prueba realizada por el juez a quo, otro de revisión fáctica con varios subapartados y dos de censura jurídica. El Ayuntamiento ha impugnado el recurso interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Con sustento en el apartado a) del art. 193 de la LRJS solicita el recurrente la nulidad de la sentencia por infracción del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al entender que carece de un relato fáctico completo y suficiente y que no valora elementos probatorios esenciales, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, se ha de comenzar indicando que, tal y como se estableció en sentencia de esta Sala de 04/02/2003, rec. 2745/02: "aunque para el proceso laboral el artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral [actual art. 193 de la LRJS ] la revisión de los hechos probados queda circunscrita a lo que la doctrina llama "quaestio facti" o error de hecho en la valoración de la prueba (con apoyo exclusivo en la documental o pericial) no existe inconveniente alguno en admitir también la revisión por error de derecho o "quaesti iuris", por cuanto el recurso de suplicación no puede considerarse más extraordinario o excepcional que el de casación (por el contrario considerado cuasi-casacional), porque las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil son de aplicación supletoria de las de la Ley de Enjuiciamiento Civil y porque los preceptos valorativos de la prueba o los que regulan la carga de la prueba se hallaban antes no en la Ley de Procedimiento Laboral sino en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y en el Código Civil y ahora básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Quizá lo único discutible sería si la invocación del error de derecho en la valoración de la prueba habrá de hacerse en el ámbito laboral por el cauce del apartado a ) o del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ; en principio podría sentarse que dado que los preceptos que regulan la valoración de los diversos medios de prueba aparentan ser procesales (y regulados en normas de este carácter, básicamente tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil) , lo correcto sería acudir a la vía del apartado a) de dicho artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ; sin embargo estimamos que el cauce más adecuado es el del apartado c) de ese precepto, pues aunque alude a "infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia", es dudoso que las reglas sobre valoración de la prueba sean de naturaleza procesal pues el carácter material o adjetivo de una norma no depende de su instalación o encaje en un Código Civil o Procesal, sino en la finalidad que persigue y, en tanto que el medio probatorio en sí no es sino un mero instrumento procesal para fijar un presupuesto de hecho, las reglas que el legislador da respecto a cómo han de ser valorados aquellos deben reputarse derecho sustantivo; argumento que debe ser respaldado por otro de notable incidencia práctica: la revisión del error de derecho en la valoración de la prueba por la vía del apartado a) del artículo 191 conllevaría una nulidad de actuaciones no sólo contraria al principio de celeridad del artículo 74 de la Ley de Procedimiento Laboral , sino ilógica en gran medida al obligarle al juzgador de instancia a valorar una prueba en la forma que le indica o insinúa el tribunal suplicacional, con notoria predeterminación del fallo. Razones que han inclinado a la jurisprudencia no sólo a dar cabida en el proceso laboral a revisar la valoración de la prueba fuera del reducido ámbito del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (error de hecho) sino también por el cauce del error de derecho a través del apartado c) de dicho precepto ( ss. de 25-03-02 , 11-06-93 ).

Sólo añadir que la posibilidad de aducir el error de derecho en la valoración de la prueba en un recurso de suplicación viene avalada por la propia Ley de Procedimiento Laboral al exigir que dentro de los fundamentos jurídicos de la sentencia se expresen los razonamientos que han llevado a declarar probados unos hechos concretos, pues si tales hechos fueran inmodificables la exigencia de la motivación resultaría superflua, cuando realmente con ello se persigue si en la fijación de esos hechos se han respetado las reglas de la prueba legal o tasada, las de la sana crítica o las referidas a la carga de la prueba; exigencia aún más reforzada por el artículo 218.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil al declarar que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, "ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón"."

Sería, pues, el cauce previsto en el apartado c) del art. 193 de la LRJS el idóneo para plantear los vicios en la valoración de la prueba, si bien tal discordancia no impide entrar a conocer de la cuestión suscitada.

En el presente supuesto, se discrepa por la trabajadora de la valoración que se hace de la grabación de una conversación cuya transcripción también se aporta, de dos correos electrónicos que se dicen intercambiados entre actor y codemandada, de la declaración de un testigo y de un concreto documento.

Como hemos declarado reiteradamente el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara la valoración de la prueba conforme a las pretensiones ejercitadas por la recurrente, sino el derecho de los litigantes a "una valoración de la prueba que no sea manifiestamente irrazonable o totalmente infundada, absurda o notoriamente errónea" ( sentencias del Tribunal Constitucional no 484/1984 de 26 de julio y 301/1996 de 25 de octubre).

Conforme al artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la fijación de los hechos es competencia exclusiva del Magistrado de instancia, lo que obliga a atenerse a los declarados probados en la sentencia, en atención a la naturaleza cuasicasacional del recurso de suplicación, salvo que en el recurso se alegue la infracción de normas o garantías del procedimiento en relación con la proposición o práctica de la prueba que produzcan indefensión a la parte recurrente; que se aprecie una vulneración de las normas que regulan la carga de la prueba o la formulación de presunciones, o que se acredite que el resultado de la valoración de la prueba es arbitrario, inverosímil o falto de razonabilidad, pues en este caso el Juzgador infringiría la norma del ordenamiento jurídico que obliga a valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (sentencia de 31 de mayo de 1.990), y la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias no 55/1984, de 7 de Mayo, 145/1985 de 28 de Octubre) determina que únicamente cabe apreciar que produce indefensión la valoración de la prueba cuando exista "una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba" ( sentencia del Tribunal Constitucional no 140/1994 de 9 de Mayo), o "por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes" ( sentencia del Tribunal Constitucional no 63/1993 de 1 de Marzo). En el presente caso, en lo que se refiere a la prueba de grabación de la conversación mantenida entre el actor en el proceso y la persona física codemandada, cabe señalar que la misma ha sido objeto de apreciación por el juzgador de instancia que en el relato de hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia se refiere a ella de manera expresa, no siendo censurable al magistrado que presidió la vista el no haber incorporado al relato judicial el contenido de la charla al ser la valoración fáctica del expresado medio probatorio lo que se ha de hacer constar, tal y como efectivamente se hace, y no su transcripción total ni menos aún de manera parcial y sesgada cual se pretende, no pudiendo ignorarse que este tipo de conversaciones, inducidas y dirigidas de manera interesada por una de las partes, han de valorarse con grandes reservas y prevenciones, sin que se aprecie en las deducciones que conforme a las reglas de la sana crítica realiza el juzgador error palmario o grosero merecedor de reproche.

En cuanto al correo del que se omite mención expresa, en modo alguno ello presupone error generador de indefensión, menos aún cuando en la resolución combatida se hace referencia a la pluralidad de documentos y elementos probatorios de los que se extraen las consecuencias fácticas trascendentes para la resolución de la cuestión controvertida, no siendo necesario hacer mención a la totalidad de los practicados; pudiendo ser, además, solicitada la incorporación de su contenido, en caso de considerarse de relevancia para la resolución de la litis, a través del trámite de revisión de hechos probados.

Respecto de la declaración del delegado sindical se ha de decir que, conforme al artículo 92.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las pruebas testificales y los interrogatorios de las partes son pruebas cuya valoración no se puede revisar salvo a través de una prueba documental fehaciente e idónea, pues su práctica va acompañada de unos elementos de convicción que también tienen eficacia probatoria y que permiten al magistrado de instancia tener en cuenta no sólo las declaraciones concretas de los testigos y las partes, sino también cualidades como la credibilidad, claridad, contundencia, vacilación, certidumbre o precisión, aspectos de las declaraciones que no pueden ser valoradas por la Sala por ser el trámite del recurso de suplicación esencialmente escrito, situación que no ha variado porque actualmente las actas de juicio se documenten en un soporte videográfico. Por lo que resulta perfectamente admisible que por el juez a quo, atendiendo al acervo probatorio en su conjunto, se consideraran insuficientes las manifestaciones del testigo para dar por acreditado el ambiente de hostilidad que se proclama.

Por último, en cuanto al concreto documento núm. 14 de los aportados por la empresa, en el que fundamenta el recurrente la existencia de denuncia formal de situación de acoso realizada por el actor, el escrito en cuestión tan solo refleja la reunión mantenida por el trabajador y personal del Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso Laboral, en la que aquel expone, de manera genérica, una serie de circunstancias por las que se encuentra molesto (murmullos al finalizar reuniones relativos a su persona, cese en cargos o responsabilidades y habérsele responsabilizado de dos denuncias de acoso de excompañeros) y a continuación manifiesta su deseo de no continuar con el procedimiento, limitando su pretensión a la exigencia de unas disculpas públicas por parte del centro, siendo por tanto cuando menos opinable que tal documento pueda tildarse de denuncia formal de situación de acoso laboral.

Ha de ser, por lo expuesto, desestimado este motivo, al no advertirse la insuficiencia fáctica denunciada, ni los defectos de valoración que se proclaman ni, por ende, la indefensión del recurrente.

TERCERO.- I.-Al amparo del apartado b) del art. 193 de la LRJS se interesa la revisión de hechos probados. Su examen requiere, tal y como el Tribunal Supremo puso de relieve en la reciente sentencia dictada en el rec. 274/2024, a la que se remite la más reciente aún, dictada el 04/06/2025, en rec. 195/23, del análisis de la reiterada jurisprudencia de esa Sala en orden a la configuración de este tipo de motivos (siendo plenamente extrapolables a la suplicación las razones establecidas respecto a la casación). "En efecto, hemos repetido en innumerables ocasiones [por todas: SSTS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015 ), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015 ) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016 ) -entre muchas otras-], que para que pueda prosperar un error de hecho en casación es preciso que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo. De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90 , o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002 ). No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011 , con cita de otras muchas).

La revisión fáctica propuesta ha de ser, además, trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, «la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes« [ SSTS de 27 de marzo de 2000, (rcud. 2497/1999 ) y de 11 de enero de 2017 (rec. 24/2016 )]; al efecto, constituye obligación del recurrente argumentar la influencia de la revisiones o adiciones propuestas en la variación del signo del pronunciamiento; esto es, su trascendencia o relevancia en la modificación del fallo que propone el recurso [ SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2012 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), entre muchas otras]. Lo que conduce a rechazar aquellas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente; y, también, las que están huérfanas de argumentación o justificación alguna sobre la trascendencia e influencia de la pretensión revisora fáctica interesada; razonamiento que, obviamente no puede ser suplido por la Sala."

II.-Entrando a resolver, se solicita, en primer lugar, que el hecho probado tercero pase a tener la siguiente redacción:

«Como documento nº16 y 16 A del ramo de prueba de la parte actora aparece la transcripción de una larga y extensa conversación entre el actor y la demandada Sra. Aurora - grabada en un pen drive que se adjunta como audio no 1- sobre varios temas, entre ellos, la discrepancia sobre el puesto de trabajo del primero, y el reiterado tema de las denuncias de acoso del actor; también, en el documento no10 del ramo de la prueba de la parte demandada aparecen conversaciones entre los citados intervinientes sobre temas laborales.

En el audio nº1, cuya transcripción se identifica como documento no16 y 16 A del ramo de prueba de la parte actora, la Directora, Sr. Aurora manifiesta:

I. La existencia de supuestas denuncias por acoso laboral contra el actor, indicándose que dichas denuncias motivaron la retirada del puesto de coordinación, del complemento retributivo asociado y de funciones. Medidas que la Directora califica como "preventivas o cautelares" en relación con dichas sospechas y respondiendo a un "plan de actuación" (mins. 13, 17, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 82, 83, 94 y 113 del audio no1).

II. Que, dispone de "documentos médicos fiables" y "psicológicos" relacionados con las supuestas denuncias de acoso laboral contra el actor (mins. 18 y 60 del audio no1).

III. Que las decisiones adoptadas se tomaron sin haber sido comunicadas previamente al actor la existencia de las supuestas denuncias, indicando la Directora que ello se hizo siguiendo las recomendaciones de psicólogos (min. 68 del audio no1).

IV. Que, tanto el Presidente de la entidad, Sr. Darío (min. 16 del audio no1), como el responsable del plan de acoso, Sr. Jaime (min. 42 del audio no1), tenían conocimiento de las supuestas denuncias; añadiendo que, aunque ella no se lo había comunicado a nadie más, atribuye su difusión interna a un excompañero (al que califica como "chivato de mierda"), al que responsabiliza de generar un ambiente de trabajo hostil en el centro (min. 124 del audio no1).

V. Que la retirada de carga de trabajo fue realizada deliberadamente de forma "premeditada" o en la "jodienda" (min. 89 y 96 del audio no1).

VI. Que la retirada del complemento retributivo asociado al puesto de coordinación afectó igualmente al Sr. Estanislao (min. 27 del audio no1).

En el acto del juicio, a preguntas de las partes, la Directora manifestó que el Sr. Estanislao mantuvo el complemento retributivo (min. 45 de la vista).

VII. Que no ha mantenido con el actor la comunicación que debió prestarle durante un período prolongado tras la comunicación de las supuestas denuncias, admitiendo que no se sentó con él durante meses (mins. 95 y 102 del audio no1). Así mismo, manifiesta haber conversado con la trabajadora Dña. Vicenta, a quien trasladó que en el centro "no hay mamás ni papás y que no se pueden recoger heridos", expresión utilizada para describir la percepción que dicha trabajadora mantenía respecto del actor (min 35 del audio no1).

VIII. Que, el trabajador debe cambiar de amistades, calificándolas como "malos, oscuros y cabrones" y le están haciendo que vaya de víctima y hundiéndolo (mins. 481, 52, 84, 103 y 112 del audio no1).

IX. Que, si la trabajadora que presuntamente se sintió acosada hubiera presentado denuncia ante la Guardia Civil, el actor "no estaría expedientado laboralmente, sino expedientado por la vía penal", añadiendo que, al no haberse acudido a dicha vía, "no existe ningún expediente en el que aparezca que Baldomero es un acosador" (min. 73 del audio no1).

X. Expresiones despectivas, ambiguas y con connotaciones negativas hacia el actor, tales como: "tienes un potencial tremendo; si no, ya estarías fuera" (min. 85 del audio no 1), así como calificativos personales como "idiota" (min. 79), "inmaduro" o "pequeño" (min. 114), y manifestaciones que proyectan una percepción de rechazo dentro del centro como que algunos compañeros tendrían "miedo de hablar con él" (min. 129).

XI. Que el actor "tiene que irse" o que "te tienes que ir por tu bien" (mins. 105 y 125 del audio no1). En la misma grabación señala que "estuvieron programando su salida" (min. 20 del audio no1) y expresa que "o te cambias de empresa o me quitas del medio" (min. 48 del audio no1). Así mismo, afirma que "en 2023 tu tenías que haberte ido" (min. 44 del audio no1) y que " Darío me dijo que lo tuyo era despido inminente" (min. 20 del audio no1).

XII. Rechazo a pedir disculpas al trabajador respecto de las acusaciones de acoso, amparándose en que nunca le llamó directamente "acosador", aunque simultáneamente sostiene que "aquí hubo un caso de acoso que no puedo decir que no fue" y que "nadie puede decir que no seas un acosador mientras alguien se haya sentido acosado por ti", (mins. 59, 81, 105, 123 y 128 del audio nº1).»

Ampara la revisión el suplicante en la transcripción de audio entre el actor y la codemandada persona física. Pero respecto a la prueba idónea, a efectos de fundamentar una revisión fáctica, en concreto, si cabe la revisión de hechos probados fundada en prueba de grabación de imagen y sonido, se ha pronunciado en sentido negativo el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de enero de 2020, recurso 166/18, en la que, con cita de anterior sentencia de 16 de junio de 2011, recurso número 2938/2010, expresa que "Se considera que la grabación de audio y vídeo no tiene naturaleza de prueba documental, a efectos de fundar una revisión de hechos probados, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, por las siguientes razones:

1º.- La disposición adicional primera apartado 1 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 4 de la LEC, proclaman el carácter supletorio de esta última norma, en defecto de disposiciones en las leyes que regulen el proceso laboral, por lo que limitándose la LPL a establecer en el artículo 90 que se admiten como prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra de la imagen y del sonido, sin establecer cuál en su naturaleza y qué tratamiento ha de dárseles, habrá que acudir a lo dispuesto en la LEC en este extremo.

2º.- La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 299 enumera los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio, diferenciando en su apartado 1 : 1º. Interrogatorio de las partes; 2º. Documentos públicos 3º. Documentos privados; 4º. Dictamen de peritos; 5º. Reconocimiento judicial y 6º. Interrogatorio de testigos. En el apartado 2 tal precepto dispone que "también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables, o de otra clase, relevantes para el proceso".

La Ley 1/2000 ha procedido, a diferencia de lo que sucedía en la anterior LEC, a dar un tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, diferenciándolos de la prueba documental.

3º.- Consecuencia de la consideración de la naturaleza autónoma de tales medios probatorios es el tratamiento diferenciado que recibe en la LEC a saber:

- El tratamiento independiente que la LEC da a la prueba documental a la que consagra los artículos 317 a 334 y a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, regulados en los artículos 382 a 384.

- El artículo 265 LEC al disponer los documentos, escritos u objetos que han de acompañar a la demanda distingue en el apartado 1º "los documentos en que las partes funden su derecho" y en el apartado 2º "los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299 -medios de reproducción de la palabra, el sonido....- si en ellos se fundaran las pretensiones....".

- Los artículos 267 y 268 LEC establecen la forma de presentación de documentos públicos -copia simple y si se impugnara su autenticidad, mediante original, copia o certificación- y de los documentos privados -original o copia autenticada, uniéndose a los autos o dejando testimonio, con devolución de los originales o copias, o designación del archivo, protocolo o registro donde se encuentren-, no resultando de aplicación a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen.

- El artículo 270 LEC, que regula la presentación en momento no inicial del proceso, se refiere a la presentación no solo de documentos sino también de medios e instrumentos, diferenciando unos de otros.

- El artículo 273 LEC exige que todo escrito o documento que se aporte o que se presente ha de acompañarse de tantas copias literales cuantas sean las otras partes, lo que no se exige en la aportación de instrumentos de reproducción de la palabra, el sonido o la imagen, pues solo prevé la Ley - artículo 382 LEC - que se puede acompañar de una transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate, o de los dictámenes y medios de prueba instrumentales que la parte considere convenientes.

- Los documentos tienen un valor probatorio establecido legalmente, para los documentos públicos en el artículo 319 LEC y para los privados en el 326 LEC, en tanto las reproducciones de palabras, imágenes y sonidos captadas mediante instrumentos de filmación, grabación u otros semejantes, han de valorarse según las reglas de la sana crítica, a tenor del artículo 382.3 LEC.

4º.- En el proceso laboral la forma de práctica de una y otra prueba es diferente. En efecto, mientras de la prueba documental que se presente ha de darse traslado a las partes en el acto del juicio, tal y como dispone el artículo 94 LPL, la práctica de la prueba de medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen se realiza en último lugar, una vez se han practicado todas las pruebas - artículo 300 LEC-, debiendo consignarse en acta los actos que se realicen para la práctica de dicha prueba, donde se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones.

5º.- La modificación operada en el artículo 90 LPL por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, no ha dado nueva redacción al apartado 1 del precepto, que establece que son medios de prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra, ni tampoco en el artículo 191 b) que regula la revisión de hechos probados, manteniendo que procede a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

6º.- La idoneidad de la prueba de los instrumentos de reproducción de la palabra, la imagen o el sonido para revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, se enmarca dentro de un recurso de carácter extraordinario. En efecto el recurso de suplicación tiene dicho carácter, tal y como resulta de su configuración legal, expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulación y en las normas comunes a los recursos de casación y suplicación que aparecen en la Ley de Procedimiento Laboral. Dicho carácter asimismo ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 26 de enero de 1961 y por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 3/83, de 25 de enero de 1983; 17/86, de 13 de octubre de 1986 y 79/85, de 3 de julio de 1985. Consecuencia de tal carácter es la limitada revisión de hechos legalmente permitida, que únicamente puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la instancia, por lo que la interpretación del concepto de prueba documental, a la vista del carácter del recurso, necesariamente ha de ser efectuada de forma restrictiva.

No cabe, en consecuencia, estimar la revisión propuesta.

III.-Se pide a continuación, la adición de un nuevo hecho probado, que sería el séptimo, para el que propone el siguiente tenor:

«Consta en correo electrónico de fecha 2 de abril de 2023 aportado como documento no 4 de la parte actora, que el actor solicitó información sobre supuestas denuncias relacionadas con su persona, así como la posibilidad de mantener conversación con las personas implicadas y que dichas actuaciones se documenten por escrito.

En respuesta remitida por la Directora Sr. Aurora se le comunica la existencia de un plan de actuación elaborado con la empresa externa Antea, con medidas consistentes en formación obligatoria, valoración psicológica y la asignación de un responsable interno del protocolo, haciéndose referencia a dos personas presuntamente afectadas. Según el documento no 11 del ramo de prueba de la parte demandada, una de dichas personas dejó de trabajar en la empresa en noviembre de 2020 y la otra persona en febrero de 2023. No consta documentación médica o administrativa acreditada de intervención de la mutua o de informes clínicos relacionados con dichas supuestas denuncias».

No existe inconveniente en recoger el primer párrafo cuyo contenido resulta, de manera directa, del correo reseñado. No ha lugar, sin embargo, a admitir la adición del segundo párrafo, en cuanto que en el correo expresado no consta quien fuera su emisor. Por otra parte, en lo referente al cese de las personas afectadas, no sería posible llegar a su identificación sin elucubraciones y conjeturas, no resultando, por último, posible determinar la inexistencia de documentación médica y administrativa a la que se alude sin realizar una valoración global del conjunto de prueba practicado lo que no es posible se efectúe por la Sala en este tipo de recurso.

IV.-Para finalizar, se solicita se añada un nuevo hecho probado, el octavo, con el siguiente contenido:

«Consta en autos, aportado por la parte demandada como documento no 14, un Registro de comunicación de activación del protocolo de prevención e intervención frente al acoso laboral, moral, sexual o por razón de sexo, fechado el 17 de abril de 2024, en el que el actor, D. Baldomero, comunica formalmente a la empresa una situación de presunto acoso laboral y solicita la intervención de dicho protocolo. En el documento se recoge que el actor expone la existencia de comentarios y rumores sobre su persona, la atribución de denuncias por acoso laboral sin acceso a información para conocer o rebatir tales acusaciones, así como el cese de funciones y responsabilidades en su puesto de trabajo sin comunicación formal.

El documento consta firmado por el responsable del protocolo de acoso de la empresa, Sr. Ángel Daniel lo que acredita que la dirección recibió la denuncia y activó el procedimiento correspondiente, sin que conste en autos actuación posterior alguna exigida por dicho protocolo (plan de actuación, investigación o resolución).»

Al respecto se ha de indicar que conforme a lo indicado en la respuesta al anterior motivo, del meritado documento no resulta de manera directa e incontestable la realidad que se pretende plasmar, estando además, plagada la misma de valoraciones jurídicas y predeterminantes del fallo que no son admisibles dentro de la resultancia fáctica, según viene manteniendo, de manera unánime, la jurisprudencia.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS formula la parte suplicante dos motivos de censura jurídica interrelacionados, en los que se denuncian como infringidos los artículos 10, 14, 15, 18 y 24 CE, el artículo 4.2.e ET y los artículos 96, 97 y 181 LRJS y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se cita, además de algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que no tienen tal consideración ( art. 1.6 Código Civil) .

Aduce, en primer lugar, el suplicante que la sentencia centra su análisis principal en descartar la configuración técnica del acoso laboral, omitiendo todo examen sobre la lesión del derecho a la dignidad, integridad moral, honor y tutela judicial efectiva que se alegan vulnerados en la demanda, no comprendiendo la Sala el alcance de dichas manifestaciones por cuanto que tal conjunto de vulneraciones las enmarca el trabajador en la conducta de acoso de que dice ser objeto por parte de la empleadora, siendo, en consecuencia, lógico entender que es el acoso lo que se constituye en el núcleo en torno al cual gira toda la controversia y, por ende, su resolución con la que quedan solventadas todas las cuestiones suscitadas, por lo que no puede compartirse la queja que se formula en relación con un defecto de motivación que, en todo caso, debería haberse planteado por la vía del apartado a) del art. 193 de la LRJS, considerándose, no obstante, a mayor abundamiento, inexistente por haberse tratado en la resolución combatida todas las materias suscitadas.

De igual manera se ha de rechazar la denuncia de incongruencia interna que sin mayor especificación se aduce como derivada de la determinación de ausencia de indicios de quebranto de derechos fundamentales.

El recurrente, partiendo del relato que sin éxito ha tratado de incorporar a la sentencia, al que atribuye plena virtualidad, concluye que existen claros indicios de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, en particular de acoso laboral que identifica con la difusión de imputaciones falsas que dañan al honor y reputación profesional del Sr. Baldomero, con la retirada de funciones, tareas y proyectos, el aislamiento físico y organizativo y presiones reiteradas para abandonar el empleo, todo lo cual ha redundado en una afectación psicológica clínicamente constatada, se reivindica.

En definitiva, el trabajador, fundamenta sus alegaciones y argumentos en su propia versión fáctica, si bien ha de ser el considerado el relato de hechos probados de la resolución combatida con la única revisión admitida en cuanto al correo remitido por el actor el 2 de abril de 2023 a la directora de la empresa cuya trascendencia al parecer de la Sala es nula si bien se admitió por entenderse de interés según la versión mantenida por la parte; incurre el suplicante en el llamado vicio de "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" (entre otras STS de 11 de marzo de 2020, rec. 184/2018). En efecto, el recurso de suplicación tiene carácter extraordinario, lo que significa que no es una segunda instancia en la que pueda volver a valorarse de modo global y genérico la prueba practicada e impide que esta Sala pueda construir de oficio dicho recurso. Por consiguiente, si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, o pretende introducir otros adicionales a los que ya constan en la sentencia, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193, pidiendo su revisión en los términos establecidos en dicho apartado, siendo necesario para que su tesis pueda prosperar lo haga también la modificación fáctica en que aquella se fundamenta. La sentencia no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el suplicante ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992).

Centrándonos, en la materia controvertida, el acoso moral o mobbing es definido por la doctrina como la conducta abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. El acoso moral debe tener, siempre, unos perfiles objetivos como son los de las sistematicidad, la reiteración y la frecuencia, y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin. Son, por tanto, elementos básicos de este anómalo proceder, de una parte, la intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral de otro, requisito siempre exigido en este irregular comportamiento o actitud y, de otra parte, la reiteración de esa conducta de rechazo que se desarrolla de forma sistemática durante un período de tiempo. Por otra parte, también se ha dicho que el conflicto es una patología normal en la relación de trabajo por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos, que tienen suspropios cauces de solución en el Derecho del Trabajo y no debe confundirse el estrés profesional derivado de una pérdida de confianza con el hostigamiento y acoso intencionado y reiterado.

En el presente supuesto, lo único que ha resultado acreditado es que de septiembre de 2019 a enero de 2020 el actor realizó funciones de responsable en la empresa, habiendo sido posteriormente nombrado coordinador, cargo que conllevaba el percibo de un complemento que se sustituyó por el de doctor, una vez se eliminó la figura del coordinador en la empresa, en octubre de 2022. De igual manera consta que entre la dirección de la empresa se difundió la noticia de que el actor había sido denunciado por acoso por dos trabajadores, lo que se le transmitió al Sr. Baldomero por la Sra. Aurora -directora de la empresa- sin ningún tacto, en marzo de 2023. Datos éstos de los que no cabe deducir la existencia de indicios de acoso o vulneración de derecho fundamental alguno, cual se concluye en la sentencia de primer grado, atendiendo al conjunto de lo actuado, en particular de la prueba referenciada, de la que se deduce que el trabajador, durante su relación laboral, estudió, elaboró, presentó y publicó su tesis doctoral, participó en cursos, charlas, realizó publicaciones y participó en proyectos de investigación, estando integrado en el organigrama de las funciones y puestos de la empresa. En otro orden de cosas, no consta tampoco que con anterioridad a febrero de 2025 -la demanda es de septiembre de 2024 y los hechos se remontan a varios años atrás- requiriera el actor asistencia médica, no habiendo precisado, ni aún entonces, seguimiento especializado lo que se considera por el juzgador de instancia otro elemento que incide en la inexistencia de indicios de la vulneración denunciada, conclusión ésta con la que también coincide la Sala.

En lo referente a la difusión de la existencia de dos denuncias de acoso contra el trabajador, cierto es que en la resolución de instancia se determina con rotundidad que de las mismas no existe constancia escrita, pero ello, en modo alguno presupone, que se tratara de una invención de la dirección de la empresa, ni que se utilizara tal información de manera sistemática y abusiva en perjuicio del actor, cual se pretende hacer valer por el recurrente que, resulta evidente, pudo verse en una situación de indefensión, dadas las circunstancias, si bien la misma no resulta indiciaria de acoso, por lo que no cabe apreciar la incongruencia interna a la que se ciñe el segundo de los motivos de censura jurídica que, como se anticipó, debió denunciarse como motivo afectante de infracción de las normas o garantías del procedimiento generadoras de indefensión y no por el trámite del apartado c) del art. 193 de la LRJS.

De acuerdo con lo expuesto, no se han producido las infracciones normativas invocadas, por lo que se impone la desestimación del recurso.

TERCERO.-De conformidad con lo establecido en el art. 235.1 de la LRJS no ha lugar a la imposición de costas, por tener el trabajador la condición de beneficiario de justicia gratuita por ministerio de la ley.

PRIMERO.-Recurre la representación letrada de la parte actora la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Córdoba, en fecha 6 de noviembre de 2025, que desestima la demanda sobre tutela de derechos fundamentales, interpuesta por D. Baldomero contra el Centro de Investigación y Calidad Alimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) y contra D.ª Aurora, con intervención del Ministerio Fiscal.

En la resolución combatida se argumenta:

- La parte actora sostiene que ha aportado indicios suficientes para que se produzca la inversión de la carga de la prueba ( art. 96.1 de la LRJS). A juicio de este Juzgador no se considera así.

- Entiende el magistrado que presidió la vista, tras la prueba practicada, que no existen circunstancias o hechos que determinen la existencia de una situación de acoso en el actor; no puede encuadrarse los hechos sucedidos en ninguna de las conductas recogidas en el art. 50 ET, ni en las recogidas en el Convenio Colectivo ni en el protocolo aprobado en la empresa.

- El actor no ha sido cambiado de mesa ni aislado físicamente de los demás trabajadores, ni consta haber sido acusado de crear un ambiente hostil, ni consta haber sido acusado de no trabajar en equipo.

- No consta que el actor haya sufrido provocaciones indirectas destinadas a provocar conflicto laboral, siendo meras suposiciones las indicadas en la demanda en su hecho decimocuarto.

- El actor ha desarrollado su tesis doctoral en la empresa, y ha participado en cursos, charlas, realización de publicaciones, y demás participaciones en proyectos en la empresa, y está incluido en el organigrama de la empresa, sin que conste haber sido individualizado o separado de la realización de cursos, charlas, realización de publicaciones, y demás participaciones en proyectos de investigación, siendo en todo caso, y de ser así, una decisión organizativa de la empresa, puede el actor tener una personalidad más impulsiva, con más iniciativa, pero ello no puede conllevar dejar a un lado la organización laboral- administrativa.

- Es de extrañar, que denunciando como se hace, la iniciación de conductas coercitivas por la empresa y por la directora de la empresa desde el año 2022, no exista denuncia alguna al respecto por parte del actor, y es contradictoria que el único parte médico sea expedido por la médica de familia, que califica como acoso, sin tener cualificación para ello, la conducta depresiva manifestada por el actor, y que ello se haya producido en fecha 19 de febrero de 2025, con posterioridad a la presentación de la demanda.

- No se puede hablar, por todo ello, de vulneración de derechos fundamentales y en este caso, ni por acción ni por omisión queda constancia de que haya sido así por parte del empleador. Por todo lo expuesto, procede desestimar la demanda principal y por congruencia la petición indemnizatoria accesoria.

El suplicante estructura su recurso en un motivo formulado al amparo del apartado a) del art. 193 de la LRJS por disconformidad con la valoración de la prueba realizada por el juez a quo, otro de revisión fáctica con varios subapartados y dos de censura jurídica. El Ayuntamiento ha impugnado el recurso interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Con sustento en el apartado a) del art. 193 de la LRJS solicita el recurrente la nulidad de la sentencia por infracción del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al entender que carece de un relato fáctico completo y suficiente y que no valora elementos probatorios esenciales, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, se ha de comenzar indicando que, tal y como se estableció en sentencia de esta Sala de 04/02/2003, rec. 2745/02: "aunque para el proceso laboral el artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral [actual art. 193 de la LRJS ] la revisión de los hechos probados queda circunscrita a lo que la doctrina llama "quaestio facti" o error de hecho en la valoración de la prueba (con apoyo exclusivo en la documental o pericial) no existe inconveniente alguno en admitir también la revisión por error de derecho o "quaesti iuris", por cuanto el recurso de suplicación no puede considerarse más extraordinario o excepcional que el de casación (por el contrario considerado cuasi-casacional), porque las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil son de aplicación supletoria de las de la Ley de Enjuiciamiento Civil y porque los preceptos valorativos de la prueba o los que regulan la carga de la prueba se hallaban antes no en la Ley de Procedimiento Laboral sino en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y en el Código Civil y ahora básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Quizá lo único discutible sería si la invocación del error de derecho en la valoración de la prueba habrá de hacerse en el ámbito laboral por el cauce del apartado a ) o del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ; en principio podría sentarse que dado que los preceptos que regulan la valoración de los diversos medios de prueba aparentan ser procesales (y regulados en normas de este carácter, básicamente tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil) , lo correcto sería acudir a la vía del apartado a) de dicho artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ; sin embargo estimamos que el cauce más adecuado es el del apartado c) de ese precepto, pues aunque alude a "infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia", es dudoso que las reglas sobre valoración de la prueba sean de naturaleza procesal pues el carácter material o adjetivo de una norma no depende de su instalación o encaje en un Código Civil o Procesal, sino en la finalidad que persigue y, en tanto que el medio probatorio en sí no es sino un mero instrumento procesal para fijar un presupuesto de hecho, las reglas que el legislador da respecto a cómo han de ser valorados aquellos deben reputarse derecho sustantivo; argumento que debe ser respaldado por otro de notable incidencia práctica: la revisión del error de derecho en la valoración de la prueba por la vía del apartado a) del artículo 191 conllevaría una nulidad de actuaciones no sólo contraria al principio de celeridad del artículo 74 de la Ley de Procedimiento Laboral , sino ilógica en gran medida al obligarle al juzgador de instancia a valorar una prueba en la forma que le indica o insinúa el tribunal suplicacional, con notoria predeterminación del fallo. Razones que han inclinado a la jurisprudencia no sólo a dar cabida en el proceso laboral a revisar la valoración de la prueba fuera del reducido ámbito del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (error de hecho) sino también por el cauce del error de derecho a través del apartado c) de dicho precepto ( ss. de 25-03-02 , 11-06-93 ).

Sólo añadir que la posibilidad de aducir el error de derecho en la valoración de la prueba en un recurso de suplicación viene avalada por la propia Ley de Procedimiento Laboral al exigir que dentro de los fundamentos jurídicos de la sentencia se expresen los razonamientos que han llevado a declarar probados unos hechos concretos, pues si tales hechos fueran inmodificables la exigencia de la motivación resultaría superflua, cuando realmente con ello se persigue si en la fijación de esos hechos se han respetado las reglas de la prueba legal o tasada, las de la sana crítica o las referidas a la carga de la prueba; exigencia aún más reforzada por el artículo 218.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil al declarar que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, "ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón"."

Sería, pues, el cauce previsto en el apartado c) del art. 193 de la LRJS el idóneo para plantear los vicios en la valoración de la prueba, si bien tal discordancia no impide entrar a conocer de la cuestión suscitada.

En el presente supuesto, se discrepa por la trabajadora de la valoración que se hace de la grabación de una conversación cuya transcripción también se aporta, de dos correos electrónicos que se dicen intercambiados entre actor y codemandada, de la declaración de un testigo y de un concreto documento.

Como hemos declarado reiteradamente el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara la valoración de la prueba conforme a las pretensiones ejercitadas por la recurrente, sino el derecho de los litigantes a "una valoración de la prueba que no sea manifiestamente irrazonable o totalmente infundada, absurda o notoriamente errónea" ( sentencias del Tribunal Constitucional no 484/1984 de 26 de julio y 301/1996 de 25 de octubre).

Conforme al artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la fijación de los hechos es competencia exclusiva del Magistrado de instancia, lo que obliga a atenerse a los declarados probados en la sentencia, en atención a la naturaleza cuasicasacional del recurso de suplicación, salvo que en el recurso se alegue la infracción de normas o garantías del procedimiento en relación con la proposición o práctica de la prueba que produzcan indefensión a la parte recurrente; que se aprecie una vulneración de las normas que regulan la carga de la prueba o la formulación de presunciones, o que se acredite que el resultado de la valoración de la prueba es arbitrario, inverosímil o falto de razonabilidad, pues en este caso el Juzgador infringiría la norma del ordenamiento jurídico que obliga a valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (sentencia de 31 de mayo de 1.990), y la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias no 55/1984, de 7 de Mayo, 145/1985 de 28 de Octubre) determina que únicamente cabe apreciar que produce indefensión la valoración de la prueba cuando exista "una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba" ( sentencia del Tribunal Constitucional no 140/1994 de 9 de Mayo), o "por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes" ( sentencia del Tribunal Constitucional no 63/1993 de 1 de Marzo). En el presente caso, en lo que se refiere a la prueba de grabación de la conversación mantenida entre el actor en el proceso y la persona física codemandada, cabe señalar que la misma ha sido objeto de apreciación por el juzgador de instancia que en el relato de hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia se refiere a ella de manera expresa, no siendo censurable al magistrado que presidió la vista el no haber incorporado al relato judicial el contenido de la charla al ser la valoración fáctica del expresado medio probatorio lo que se ha de hacer constar, tal y como efectivamente se hace, y no su transcripción total ni menos aún de manera parcial y sesgada cual se pretende, no pudiendo ignorarse que este tipo de conversaciones, inducidas y dirigidas de manera interesada por una de las partes, han de valorarse con grandes reservas y prevenciones, sin que se aprecie en las deducciones que conforme a las reglas de la sana crítica realiza el juzgador error palmario o grosero merecedor de reproche.

En cuanto al correo del que se omite mención expresa, en modo alguno ello presupone error generador de indefensión, menos aún cuando en la resolución combatida se hace referencia a la pluralidad de documentos y elementos probatorios de los que se extraen las consecuencias fácticas trascendentes para la resolución de la cuestión controvertida, no siendo necesario hacer mención a la totalidad de los practicados; pudiendo ser, además, solicitada la incorporación de su contenido, en caso de considerarse de relevancia para la resolución de la litis, a través del trámite de revisión de hechos probados.

Respecto de la declaración del delegado sindical se ha de decir que, conforme al artículo 92.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las pruebas testificales y los interrogatorios de las partes son pruebas cuya valoración no se puede revisar salvo a través de una prueba documental fehaciente e idónea, pues su práctica va acompañada de unos elementos de convicción que también tienen eficacia probatoria y que permiten al magistrado de instancia tener en cuenta no sólo las declaraciones concretas de los testigos y las partes, sino también cualidades como la credibilidad, claridad, contundencia, vacilación, certidumbre o precisión, aspectos de las declaraciones que no pueden ser valoradas por la Sala por ser el trámite del recurso de suplicación esencialmente escrito, situación que no ha variado porque actualmente las actas de juicio se documenten en un soporte videográfico. Por lo que resulta perfectamente admisible que por el juez a quo, atendiendo al acervo probatorio en su conjunto, se consideraran insuficientes las manifestaciones del testigo para dar por acreditado el ambiente de hostilidad que se proclama.

Por último, en cuanto al concreto documento núm. 14 de los aportados por la empresa, en el que fundamenta el recurrente la existencia de denuncia formal de situación de acoso realizada por el actor, el escrito en cuestión tan solo refleja la reunión mantenida por el trabajador y personal del Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso Laboral, en la que aquel expone, de manera genérica, una serie de circunstancias por las que se encuentra molesto (murmullos al finalizar reuniones relativos a su persona, cese en cargos o responsabilidades y habérsele responsabilizado de dos denuncias de acoso de excompañeros) y a continuación manifiesta su deseo de no continuar con el procedimiento, limitando su pretensión a la exigencia de unas disculpas públicas por parte del centro, siendo por tanto cuando menos opinable que tal documento pueda tildarse de denuncia formal de situación de acoso laboral.

Ha de ser, por lo expuesto, desestimado este motivo, al no advertirse la insuficiencia fáctica denunciada, ni los defectos de valoración que se proclaman ni, por ende, la indefensión del recurrente.

TERCERO.- I.-Al amparo del apartado b) del art. 193 de la LRJS se interesa la revisión de hechos probados. Su examen requiere, tal y como el Tribunal Supremo puso de relieve en la reciente sentencia dictada en el rec. 274/2024, a la que se remite la más reciente aún, dictada el 04/06/2025, en rec. 195/23, del análisis de la reiterada jurisprudencia de esa Sala en orden a la configuración de este tipo de motivos (siendo plenamente extrapolables a la suplicación las razones establecidas respecto a la casación). "En efecto, hemos repetido en innumerables ocasiones [por todas: SSTS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015 ), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015 ) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016 ) -entre muchas otras-], que para que pueda prosperar un error de hecho en casación es preciso que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo. De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90 , o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002 ). No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011 , con cita de otras muchas).

La revisión fáctica propuesta ha de ser, además, trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, «la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes« [ SSTS de 27 de marzo de 2000, (rcud. 2497/1999 ) y de 11 de enero de 2017 (rec. 24/2016 )]; al efecto, constituye obligación del recurrente argumentar la influencia de la revisiones o adiciones propuestas en la variación del signo del pronunciamiento; esto es, su trascendencia o relevancia en la modificación del fallo que propone el recurso [ SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2012 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), entre muchas otras]. Lo que conduce a rechazar aquellas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente; y, también, las que están huérfanas de argumentación o justificación alguna sobre la trascendencia e influencia de la pretensión revisora fáctica interesada; razonamiento que, obviamente no puede ser suplido por la Sala."

II.-Entrando a resolver, se solicita, en primer lugar, que el hecho probado tercero pase a tener la siguiente redacción:

«Como documento nº16 y 16 A del ramo de prueba de la parte actora aparece la transcripción de una larga y extensa conversación entre el actor y la demandada Sra. Aurora - grabada en un pen drive que se adjunta como audio no 1- sobre varios temas, entre ellos, la discrepancia sobre el puesto de trabajo del primero, y el reiterado tema de las denuncias de acoso del actor; también, en el documento no10 del ramo de la prueba de la parte demandada aparecen conversaciones entre los citados intervinientes sobre temas laborales.

En el audio nº1, cuya transcripción se identifica como documento no16 y 16 A del ramo de prueba de la parte actora, la Directora, Sr. Aurora manifiesta:

I. La existencia de supuestas denuncias por acoso laboral contra el actor, indicándose que dichas denuncias motivaron la retirada del puesto de coordinación, del complemento retributivo asociado y de funciones. Medidas que la Directora califica como "preventivas o cautelares" en relación con dichas sospechas y respondiendo a un "plan de actuación" (mins. 13, 17, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 82, 83, 94 y 113 del audio no1).

II. Que, dispone de "documentos médicos fiables" y "psicológicos" relacionados con las supuestas denuncias de acoso laboral contra el actor (mins. 18 y 60 del audio no1).

III. Que las decisiones adoptadas se tomaron sin haber sido comunicadas previamente al actor la existencia de las supuestas denuncias, indicando la Directora que ello se hizo siguiendo las recomendaciones de psicólogos (min. 68 del audio no1).

IV. Que, tanto el Presidente de la entidad, Sr. Darío (min. 16 del audio no1), como el responsable del plan de acoso, Sr. Jaime (min. 42 del audio no1), tenían conocimiento de las supuestas denuncias; añadiendo que, aunque ella no se lo había comunicado a nadie más, atribuye su difusión interna a un excompañero (al que califica como "chivato de mierda"), al que responsabiliza de generar un ambiente de trabajo hostil en el centro (min. 124 del audio no1).

V. Que la retirada de carga de trabajo fue realizada deliberadamente de forma "premeditada" o en la "jodienda" (min. 89 y 96 del audio no1).

VI. Que la retirada del complemento retributivo asociado al puesto de coordinación afectó igualmente al Sr. Estanislao (min. 27 del audio no1).

En el acto del juicio, a preguntas de las partes, la Directora manifestó que el Sr. Estanislao mantuvo el complemento retributivo (min. 45 de la vista).

VII. Que no ha mantenido con el actor la comunicación que debió prestarle durante un período prolongado tras la comunicación de las supuestas denuncias, admitiendo que no se sentó con él durante meses (mins. 95 y 102 del audio no1). Así mismo, manifiesta haber conversado con la trabajadora Dña. Vicenta, a quien trasladó que en el centro "no hay mamás ni papás y que no se pueden recoger heridos", expresión utilizada para describir la percepción que dicha trabajadora mantenía respecto del actor (min 35 del audio no1).

VIII. Que, el trabajador debe cambiar de amistades, calificándolas como "malos, oscuros y cabrones" y le están haciendo que vaya de víctima y hundiéndolo (mins. 481, 52, 84, 103 y 112 del audio no1).

IX. Que, si la trabajadora que presuntamente se sintió acosada hubiera presentado denuncia ante la Guardia Civil, el actor "no estaría expedientado laboralmente, sino expedientado por la vía penal", añadiendo que, al no haberse acudido a dicha vía, "no existe ningún expediente en el que aparezca que Baldomero es un acosador" (min. 73 del audio no1).

X. Expresiones despectivas, ambiguas y con connotaciones negativas hacia el actor, tales como: "tienes un potencial tremendo; si no, ya estarías fuera" (min. 85 del audio no 1), así como calificativos personales como "idiota" (min. 79), "inmaduro" o "pequeño" (min. 114), y manifestaciones que proyectan una percepción de rechazo dentro del centro como que algunos compañeros tendrían "miedo de hablar con él" (min. 129).

XI. Que el actor "tiene que irse" o que "te tienes que ir por tu bien" (mins. 105 y 125 del audio no1). En la misma grabación señala que "estuvieron programando su salida" (min. 20 del audio no1) y expresa que "o te cambias de empresa o me quitas del medio" (min. 48 del audio no1). Así mismo, afirma que "en 2023 tu tenías que haberte ido" (min. 44 del audio no1) y que " Darío me dijo que lo tuyo era despido inminente" (min. 20 del audio no1).

XII. Rechazo a pedir disculpas al trabajador respecto de las acusaciones de acoso, amparándose en que nunca le llamó directamente "acosador", aunque simultáneamente sostiene que "aquí hubo un caso de acoso que no puedo decir que no fue" y que "nadie puede decir que no seas un acosador mientras alguien se haya sentido acosado por ti", (mins. 59, 81, 105, 123 y 128 del audio nº1).»

Ampara la revisión el suplicante en la transcripción de audio entre el actor y la codemandada persona física. Pero respecto a la prueba idónea, a efectos de fundamentar una revisión fáctica, en concreto, si cabe la revisión de hechos probados fundada en prueba de grabación de imagen y sonido, se ha pronunciado en sentido negativo el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de enero de 2020, recurso 166/18, en la que, con cita de anterior sentencia de 16 de junio de 2011, recurso número 2938/2010, expresa que "Se considera que la grabación de audio y vídeo no tiene naturaleza de prueba documental, a efectos de fundar una revisión de hechos probados, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, por las siguientes razones:

1º.- La disposición adicional primera apartado 1 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 4 de la LEC, proclaman el carácter supletorio de esta última norma, en defecto de disposiciones en las leyes que regulen el proceso laboral, por lo que limitándose la LPL a establecer en el artículo 90 que se admiten como prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra de la imagen y del sonido, sin establecer cuál en su naturaleza y qué tratamiento ha de dárseles, habrá que acudir a lo dispuesto en la LEC en este extremo.

2º.- La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 299 enumera los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio, diferenciando en su apartado 1 : 1º. Interrogatorio de las partes; 2º. Documentos públicos 3º. Documentos privados; 4º. Dictamen de peritos; 5º. Reconocimiento judicial y 6º. Interrogatorio de testigos. En el apartado 2 tal precepto dispone que "también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables, o de otra clase, relevantes para el proceso".

La Ley 1/2000 ha procedido, a diferencia de lo que sucedía en la anterior LEC, a dar un tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, diferenciándolos de la prueba documental.

3º.- Consecuencia de la consideración de la naturaleza autónoma de tales medios probatorios es el tratamiento diferenciado que recibe en la LEC a saber:

- El tratamiento independiente que la LEC da a la prueba documental a la que consagra los artículos 317 a 334 y a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, regulados en los artículos 382 a 384.

- El artículo 265 LEC al disponer los documentos, escritos u objetos que han de acompañar a la demanda distingue en el apartado 1º "los documentos en que las partes funden su derecho" y en el apartado 2º "los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299 -medios de reproducción de la palabra, el sonido....- si en ellos se fundaran las pretensiones....".

- Los artículos 267 y 268 LEC establecen la forma de presentación de documentos públicos -copia simple y si se impugnara su autenticidad, mediante original, copia o certificación- y de los documentos privados -original o copia autenticada, uniéndose a los autos o dejando testimonio, con devolución de los originales o copias, o designación del archivo, protocolo o registro donde se encuentren-, no resultando de aplicación a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen.

- El artículo 270 LEC, que regula la presentación en momento no inicial del proceso, se refiere a la presentación no solo de documentos sino también de medios e instrumentos, diferenciando unos de otros.

- El artículo 273 LEC exige que todo escrito o documento que se aporte o que se presente ha de acompañarse de tantas copias literales cuantas sean las otras partes, lo que no se exige en la aportación de instrumentos de reproducción de la palabra, el sonido o la imagen, pues solo prevé la Ley - artículo 382 LEC - que se puede acompañar de una transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate, o de los dictámenes y medios de prueba instrumentales que la parte considere convenientes.

- Los documentos tienen un valor probatorio establecido legalmente, para los documentos públicos en el artículo 319 LEC y para los privados en el 326 LEC, en tanto las reproducciones de palabras, imágenes y sonidos captadas mediante instrumentos de filmación, grabación u otros semejantes, han de valorarse según las reglas de la sana crítica, a tenor del artículo 382.3 LEC.

4º.- En el proceso laboral la forma de práctica de una y otra prueba es diferente. En efecto, mientras de la prueba documental que se presente ha de darse traslado a las partes en el acto del juicio, tal y como dispone el artículo 94 LPL, la práctica de la prueba de medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen se realiza en último lugar, una vez se han practicado todas las pruebas - artículo 300 LEC-, debiendo consignarse en acta los actos que se realicen para la práctica de dicha prueba, donde se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones.

5º.- La modificación operada en el artículo 90 LPL por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, no ha dado nueva redacción al apartado 1 del precepto, que establece que son medios de prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra, ni tampoco en el artículo 191 b) que regula la revisión de hechos probados, manteniendo que procede a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

6º.- La idoneidad de la prueba de los instrumentos de reproducción de la palabra, la imagen o el sonido para revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, se enmarca dentro de un recurso de carácter extraordinario. En efecto el recurso de suplicación tiene dicho carácter, tal y como resulta de su configuración legal, expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulación y en las normas comunes a los recursos de casación y suplicación que aparecen en la Ley de Procedimiento Laboral. Dicho carácter asimismo ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 26 de enero de 1961 y por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 3/83, de 25 de enero de 1983; 17/86, de 13 de octubre de 1986 y 79/85, de 3 de julio de 1985. Consecuencia de tal carácter es la limitada revisión de hechos legalmente permitida, que únicamente puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la instancia, por lo que la interpretación del concepto de prueba documental, a la vista del carácter del recurso, necesariamente ha de ser efectuada de forma restrictiva.

No cabe, en consecuencia, estimar la revisión propuesta.

III.-Se pide a continuación, la adición de un nuevo hecho probado, que sería el séptimo, para el que propone el siguiente tenor:

«Consta en correo electrónico de fecha 2 de abril de 2023 aportado como documento no 4 de la parte actora, que el actor solicitó información sobre supuestas denuncias relacionadas con su persona, así como la posibilidad de mantener conversación con las personas implicadas y que dichas actuaciones se documenten por escrito.

En respuesta remitida por la Directora Sr. Aurora se le comunica la existencia de un plan de actuación elaborado con la empresa externa Antea, con medidas consistentes en formación obligatoria, valoración psicológica y la asignación de un responsable interno del protocolo, haciéndose referencia a dos personas presuntamente afectadas. Según el documento no 11 del ramo de prueba de la parte demandada, una de dichas personas dejó de trabajar en la empresa en noviembre de 2020 y la otra persona en febrero de 2023. No consta documentación médica o administrativa acreditada de intervención de la mutua o de informes clínicos relacionados con dichas supuestas denuncias».

No existe inconveniente en recoger el primer párrafo cuyo contenido resulta, de manera directa, del correo reseñado. No ha lugar, sin embargo, a admitir la adición del segundo párrafo, en cuanto que en el correo expresado no consta quien fuera su emisor. Por otra parte, en lo referente al cese de las personas afectadas, no sería posible llegar a su identificación sin elucubraciones y conjeturas, no resultando, por último, posible determinar la inexistencia de documentación médica y administrativa a la que se alude sin realizar una valoración global del conjunto de prueba practicado lo que no es posible se efectúe por la Sala en este tipo de recurso.

IV.-Para finalizar, se solicita se añada un nuevo hecho probado, el octavo, con el siguiente contenido:

«Consta en autos, aportado por la parte demandada como documento no 14, un Registro de comunicación de activación del protocolo de prevención e intervención frente al acoso laboral, moral, sexual o por razón de sexo, fechado el 17 de abril de 2024, en el que el actor, D. Baldomero, comunica formalmente a la empresa una situación de presunto acoso laboral y solicita la intervención de dicho protocolo. En el documento se recoge que el actor expone la existencia de comentarios y rumores sobre su persona, la atribución de denuncias por acoso laboral sin acceso a información para conocer o rebatir tales acusaciones, así como el cese de funciones y responsabilidades en su puesto de trabajo sin comunicación formal.

El documento consta firmado por el responsable del protocolo de acoso de la empresa, Sr. Ángel Daniel lo que acredita que la dirección recibió la denuncia y activó el procedimiento correspondiente, sin que conste en autos actuación posterior alguna exigida por dicho protocolo (plan de actuación, investigación o resolución).»

Al respecto se ha de indicar que conforme a lo indicado en la respuesta al anterior motivo, del meritado documento no resulta de manera directa e incontestable la realidad que se pretende plasmar, estando además, plagada la misma de valoraciones jurídicas y predeterminantes del fallo que no son admisibles dentro de la resultancia fáctica, según viene manteniendo, de manera unánime, la jurisprudencia.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS formula la parte suplicante dos motivos de censura jurídica interrelacionados, en los que se denuncian como infringidos los artículos 10, 14, 15, 18 y 24 CE, el artículo 4.2.e ET y los artículos 96, 97 y 181 LRJS y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se cita, además de algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que no tienen tal consideración ( art. 1.6 Código Civil) .

Aduce, en primer lugar, el suplicante que la sentencia centra su análisis principal en descartar la configuración técnica del acoso laboral, omitiendo todo examen sobre la lesión del derecho a la dignidad, integridad moral, honor y tutela judicial efectiva que se alegan vulnerados en la demanda, no comprendiendo la Sala el alcance de dichas manifestaciones por cuanto que tal conjunto de vulneraciones las enmarca el trabajador en la conducta de acoso de que dice ser objeto por parte de la empleadora, siendo, en consecuencia, lógico entender que es el acoso lo que se constituye en el núcleo en torno al cual gira toda la controversia y, por ende, su resolución con la que quedan solventadas todas las cuestiones suscitadas, por lo que no puede compartirse la queja que se formula en relación con un defecto de motivación que, en todo caso, debería haberse planteado por la vía del apartado a) del art. 193 de la LRJS, considerándose, no obstante, a mayor abundamiento, inexistente por haberse tratado en la resolución combatida todas las materias suscitadas.

De igual manera se ha de rechazar la denuncia de incongruencia interna que sin mayor especificación se aduce como derivada de la determinación de ausencia de indicios de quebranto de derechos fundamentales.

El recurrente, partiendo del relato que sin éxito ha tratado de incorporar a la sentencia, al que atribuye plena virtualidad, concluye que existen claros indicios de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, en particular de acoso laboral que identifica con la difusión de imputaciones falsas que dañan al honor y reputación profesional del Sr. Baldomero, con la retirada de funciones, tareas y proyectos, el aislamiento físico y organizativo y presiones reiteradas para abandonar el empleo, todo lo cual ha redundado en una afectación psicológica clínicamente constatada, se reivindica.

En definitiva, el trabajador, fundamenta sus alegaciones y argumentos en su propia versión fáctica, si bien ha de ser el considerado el relato de hechos probados de la resolución combatida con la única revisión admitida en cuanto al correo remitido por el actor el 2 de abril de 2023 a la directora de la empresa cuya trascendencia al parecer de la Sala es nula si bien se admitió por entenderse de interés según la versión mantenida por la parte; incurre el suplicante en el llamado vicio de "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" (entre otras STS de 11 de marzo de 2020, rec. 184/2018). En efecto, el recurso de suplicación tiene carácter extraordinario, lo que significa que no es una segunda instancia en la que pueda volver a valorarse de modo global y genérico la prueba practicada e impide que esta Sala pueda construir de oficio dicho recurso. Por consiguiente, si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, o pretende introducir otros adicionales a los que ya constan en la sentencia, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193, pidiendo su revisión en los términos establecidos en dicho apartado, siendo necesario para que su tesis pueda prosperar lo haga también la modificación fáctica en que aquella se fundamenta. La sentencia no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el suplicante ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992).

Centrándonos, en la materia controvertida, el acoso moral o mobbing es definido por la doctrina como la conducta abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. El acoso moral debe tener, siempre, unos perfiles objetivos como son los de las sistematicidad, la reiteración y la frecuencia, y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin. Son, por tanto, elementos básicos de este anómalo proceder, de una parte, la intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral de otro, requisito siempre exigido en este irregular comportamiento o actitud y, de otra parte, la reiteración de esa conducta de rechazo que se desarrolla de forma sistemática durante un período de tiempo. Por otra parte, también se ha dicho que el conflicto es una patología normal en la relación de trabajo por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos, que tienen suspropios cauces de solución en el Derecho del Trabajo y no debe confundirse el estrés profesional derivado de una pérdida de confianza con el hostigamiento y acoso intencionado y reiterado.

En el presente supuesto, lo único que ha resultado acreditado es que de septiembre de 2019 a enero de 2020 el actor realizó funciones de responsable en la empresa, habiendo sido posteriormente nombrado coordinador, cargo que conllevaba el percibo de un complemento que se sustituyó por el de doctor, una vez se eliminó la figura del coordinador en la empresa, en octubre de 2022. De igual manera consta que entre la dirección de la empresa se difundió la noticia de que el actor había sido denunciado por acoso por dos trabajadores, lo que se le transmitió al Sr. Baldomero por la Sra. Aurora -directora de la empresa- sin ningún tacto, en marzo de 2023. Datos éstos de los que no cabe deducir la existencia de indicios de acoso o vulneración de derecho fundamental alguno, cual se concluye en la sentencia de primer grado, atendiendo al conjunto de lo actuado, en particular de la prueba referenciada, de la que se deduce que el trabajador, durante su relación laboral, estudió, elaboró, presentó y publicó su tesis doctoral, participó en cursos, charlas, realizó publicaciones y participó en proyectos de investigación, estando integrado en el organigrama de las funciones y puestos de la empresa. En otro orden de cosas, no consta tampoco que con anterioridad a febrero de 2025 -la demanda es de septiembre de 2024 y los hechos se remontan a varios años atrás- requiriera el actor asistencia médica, no habiendo precisado, ni aún entonces, seguimiento especializado lo que se considera por el juzgador de instancia otro elemento que incide en la inexistencia de indicios de la vulneración denunciada, conclusión ésta con la que también coincide la Sala.

En lo referente a la difusión de la existencia de dos denuncias de acoso contra el trabajador, cierto es que en la resolución de instancia se determina con rotundidad que de las mismas no existe constancia escrita, pero ello, en modo alguno presupone, que se tratara de una invención de la dirección de la empresa, ni que se utilizara tal información de manera sistemática y abusiva en perjuicio del actor, cual se pretende hacer valer por el recurrente que, resulta evidente, pudo verse en una situación de indefensión, dadas las circunstancias, si bien la misma no resulta indiciaria de acoso, por lo que no cabe apreciar la incongruencia interna a la que se ciñe el segundo de los motivos de censura jurídica que, como se anticipó, debió denunciarse como motivo afectante de infracción de las normas o garantías del procedimiento generadoras de indefensión y no por el trámite del apartado c) del art. 193 de la LRJS.

De acuerdo con lo expuesto, no se han producido las infracciones normativas invocadas, por lo que se impone la desestimación del recurso.

TERCERO.-De conformidad con lo establecido en el art. 235.1 de la LRJS no ha lugar a la imposición de costas, por tener el trabajador la condición de beneficiario de justicia gratuita por ministerio de la ley.

PRIMERO.-Recurre la representación letrada de la parte actora la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Córdoba, en fecha 6 de noviembre de 2025, que desestima la demanda sobre tutela de derechos fundamentales, interpuesta por D. Baldomero contra el Centro de Investigación y Calidad Alimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) y contra D.ª Aurora, con intervención del Ministerio Fiscal.

En la resolución combatida se argumenta:

- La parte actora sostiene que ha aportado indicios suficientes para que se produzca la inversión de la carga de la prueba ( art. 96.1 de la LRJS). A juicio de este Juzgador no se considera así.

- Entiende el magistrado que presidió la vista, tras la prueba practicada, que no existen circunstancias o hechos que determinen la existencia de una situación de acoso en el actor; no puede encuadrarse los hechos sucedidos en ninguna de las conductas recogidas en el art. 50 ET, ni en las recogidas en el Convenio Colectivo ni en el protocolo aprobado en la empresa.

- El actor no ha sido cambiado de mesa ni aislado físicamente de los demás trabajadores, ni consta haber sido acusado de crear un ambiente hostil, ni consta haber sido acusado de no trabajar en equipo.

- No consta que el actor haya sufrido provocaciones indirectas destinadas a provocar conflicto laboral, siendo meras suposiciones las indicadas en la demanda en su hecho decimocuarto.

- El actor ha desarrollado su tesis doctoral en la empresa, y ha participado en cursos, charlas, realización de publicaciones, y demás participaciones en proyectos en la empresa, y está incluido en el organigrama de la empresa, sin que conste haber sido individualizado o separado de la realización de cursos, charlas, realización de publicaciones, y demás participaciones en proyectos de investigación, siendo en todo caso, y de ser así, una decisión organizativa de la empresa, puede el actor tener una personalidad más impulsiva, con más iniciativa, pero ello no puede conllevar dejar a un lado la organización laboral- administrativa.

- Es de extrañar, que denunciando como se hace, la iniciación de conductas coercitivas por la empresa y por la directora de la empresa desde el año 2022, no exista denuncia alguna al respecto por parte del actor, y es contradictoria que el único parte médico sea expedido por la médica de familia, que califica como acoso, sin tener cualificación para ello, la conducta depresiva manifestada por el actor, y que ello se haya producido en fecha 19 de febrero de 2025, con posterioridad a la presentación de la demanda.

- No se puede hablar, por todo ello, de vulneración de derechos fundamentales y en este caso, ni por acción ni por omisión queda constancia de que haya sido así por parte del empleador. Por todo lo expuesto, procede desestimar la demanda principal y por congruencia la petición indemnizatoria accesoria.

El suplicante estructura su recurso en un motivo formulado al amparo del apartado a) del art. 193 de la LRJS por disconformidad con la valoración de la prueba realizada por el juez a quo, otro de revisión fáctica con varios subapartados y dos de censura jurídica. El Ayuntamiento ha impugnado el recurso interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Con sustento en el apartado a) del art. 193 de la LRJS solicita el recurrente la nulidad de la sentencia por infracción del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al entender que carece de un relato fáctico completo y suficiente y que no valora elementos probatorios esenciales, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, se ha de comenzar indicando que, tal y como se estableció en sentencia de esta Sala de 04/02/2003, rec. 2745/02: "aunque para el proceso laboral el artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral [actual art. 193 de la LRJS ] la revisión de los hechos probados queda circunscrita a lo que la doctrina llama "quaestio facti" o error de hecho en la valoración de la prueba (con apoyo exclusivo en la documental o pericial) no existe inconveniente alguno en admitir también la revisión por error de derecho o "quaesti iuris", por cuanto el recurso de suplicación no puede considerarse más extraordinario o excepcional que el de casación (por el contrario considerado cuasi-casacional), porque las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil son de aplicación supletoria de las de la Ley de Enjuiciamiento Civil y porque los preceptos valorativos de la prueba o los que regulan la carga de la prueba se hallaban antes no en la Ley de Procedimiento Laboral sino en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y en el Código Civil y ahora básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Quizá lo único discutible sería si la invocación del error de derecho en la valoración de la prueba habrá de hacerse en el ámbito laboral por el cauce del apartado a ) o del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ; en principio podría sentarse que dado que los preceptos que regulan la valoración de los diversos medios de prueba aparentan ser procesales (y regulados en normas de este carácter, básicamente tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil) , lo correcto sería acudir a la vía del apartado a) de dicho artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ; sin embargo estimamos que el cauce más adecuado es el del apartado c) de ese precepto, pues aunque alude a "infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia", es dudoso que las reglas sobre valoración de la prueba sean de naturaleza procesal pues el carácter material o adjetivo de una norma no depende de su instalación o encaje en un Código Civil o Procesal, sino en la finalidad que persigue y, en tanto que el medio probatorio en sí no es sino un mero instrumento procesal para fijar un presupuesto de hecho, las reglas que el legislador da respecto a cómo han de ser valorados aquellos deben reputarse derecho sustantivo; argumento que debe ser respaldado por otro de notable incidencia práctica: la revisión del error de derecho en la valoración de la prueba por la vía del apartado a) del artículo 191 conllevaría una nulidad de actuaciones no sólo contraria al principio de celeridad del artículo 74 de la Ley de Procedimiento Laboral , sino ilógica en gran medida al obligarle al juzgador de instancia a valorar una prueba en la forma que le indica o insinúa el tribunal suplicacional, con notoria predeterminación del fallo. Razones que han inclinado a la jurisprudencia no sólo a dar cabida en el proceso laboral a revisar la valoración de la prueba fuera del reducido ámbito del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (error de hecho) sino también por el cauce del error de derecho a través del apartado c) de dicho precepto ( ss. de 25-03-02 , 11-06-93 ).

Sólo añadir que la posibilidad de aducir el error de derecho en la valoración de la prueba en un recurso de suplicación viene avalada por la propia Ley de Procedimiento Laboral al exigir que dentro de los fundamentos jurídicos de la sentencia se expresen los razonamientos que han llevado a declarar probados unos hechos concretos, pues si tales hechos fueran inmodificables la exigencia de la motivación resultaría superflua, cuando realmente con ello se persigue si en la fijación de esos hechos se han respetado las reglas de la prueba legal o tasada, las de la sana crítica o las referidas a la carga de la prueba; exigencia aún más reforzada por el artículo 218.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil al declarar que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, "ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón"."

Sería, pues, el cauce previsto en el apartado c) del art. 193 de la LRJS el idóneo para plantear los vicios en la valoración de la prueba, si bien tal discordancia no impide entrar a conocer de la cuestión suscitada.

En el presente supuesto, se discrepa por la trabajadora de la valoración que se hace de la grabación de una conversación cuya transcripción también se aporta, de dos correos electrónicos que se dicen intercambiados entre actor y codemandada, de la declaración de un testigo y de un concreto documento.

Como hemos declarado reiteradamente el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara la valoración de la prueba conforme a las pretensiones ejercitadas por la recurrente, sino el derecho de los litigantes a "una valoración de la prueba que no sea manifiestamente irrazonable o totalmente infundada, absurda o notoriamente errónea" ( sentencias del Tribunal Constitucional no 484/1984 de 26 de julio y 301/1996 de 25 de octubre).

Conforme al artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la fijación de los hechos es competencia exclusiva del Magistrado de instancia, lo que obliga a atenerse a los declarados probados en la sentencia, en atención a la naturaleza cuasicasacional del recurso de suplicación, salvo que en el recurso se alegue la infracción de normas o garantías del procedimiento en relación con la proposición o práctica de la prueba que produzcan indefensión a la parte recurrente; que se aprecie una vulneración de las normas que regulan la carga de la prueba o la formulación de presunciones, o que se acredite que el resultado de la valoración de la prueba es arbitrario, inverosímil o falto de razonabilidad, pues en este caso el Juzgador infringiría la norma del ordenamiento jurídico que obliga a valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (sentencia de 31 de mayo de 1.990), y la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias no 55/1984, de 7 de Mayo, 145/1985 de 28 de Octubre) determina que únicamente cabe apreciar que produce indefensión la valoración de la prueba cuando exista "una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba" ( sentencia del Tribunal Constitucional no 140/1994 de 9 de Mayo), o "por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes" ( sentencia del Tribunal Constitucional no 63/1993 de 1 de Marzo). En el presente caso, en lo que se refiere a la prueba de grabación de la conversación mantenida entre el actor en el proceso y la persona física codemandada, cabe señalar que la misma ha sido objeto de apreciación por el juzgador de instancia que en el relato de hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia se refiere a ella de manera expresa, no siendo censurable al magistrado que presidió la vista el no haber incorporado al relato judicial el contenido de la charla al ser la valoración fáctica del expresado medio probatorio lo que se ha de hacer constar, tal y como efectivamente se hace, y no su transcripción total ni menos aún de manera parcial y sesgada cual se pretende, no pudiendo ignorarse que este tipo de conversaciones, inducidas y dirigidas de manera interesada por una de las partes, han de valorarse con grandes reservas y prevenciones, sin que se aprecie en las deducciones que conforme a las reglas de la sana crítica realiza el juzgador error palmario o grosero merecedor de reproche.

En cuanto al correo del que se omite mención expresa, en modo alguno ello presupone error generador de indefensión, menos aún cuando en la resolución combatida se hace referencia a la pluralidad de documentos y elementos probatorios de los que se extraen las consecuencias fácticas trascendentes para la resolución de la cuestión controvertida, no siendo necesario hacer mención a la totalidad de los practicados; pudiendo ser, además, solicitada la incorporación de su contenido, en caso de considerarse de relevancia para la resolución de la litis, a través del trámite de revisión de hechos probados.

Respecto de la declaración del delegado sindical se ha de decir que, conforme al artículo 92.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las pruebas testificales y los interrogatorios de las partes son pruebas cuya valoración no se puede revisar salvo a través de una prueba documental fehaciente e idónea, pues su práctica va acompañada de unos elementos de convicción que también tienen eficacia probatoria y que permiten al magistrado de instancia tener en cuenta no sólo las declaraciones concretas de los testigos y las partes, sino también cualidades como la credibilidad, claridad, contundencia, vacilación, certidumbre o precisión, aspectos de las declaraciones que no pueden ser valoradas por la Sala por ser el trámite del recurso de suplicación esencialmente escrito, situación que no ha variado porque actualmente las actas de juicio se documenten en un soporte videográfico. Por lo que resulta perfectamente admisible que por el juez a quo, atendiendo al acervo probatorio en su conjunto, se consideraran insuficientes las manifestaciones del testigo para dar por acreditado el ambiente de hostilidad que se proclama.

Por último, en cuanto al concreto documento núm. 14 de los aportados por la empresa, en el que fundamenta el recurrente la existencia de denuncia formal de situación de acoso realizada por el actor, el escrito en cuestión tan solo refleja la reunión mantenida por el trabajador y personal del Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso Laboral, en la que aquel expone, de manera genérica, una serie de circunstancias por las que se encuentra molesto (murmullos al finalizar reuniones relativos a su persona, cese en cargos o responsabilidades y habérsele responsabilizado de dos denuncias de acoso de excompañeros) y a continuación manifiesta su deseo de no continuar con el procedimiento, limitando su pretensión a la exigencia de unas disculpas públicas por parte del centro, siendo por tanto cuando menos opinable que tal documento pueda tildarse de denuncia formal de situación de acoso laboral.

Ha de ser, por lo expuesto, desestimado este motivo, al no advertirse la insuficiencia fáctica denunciada, ni los defectos de valoración que se proclaman ni, por ende, la indefensión del recurrente.

TERCERO.- I.-Al amparo del apartado b) del art. 193 de la LRJS se interesa la revisión de hechos probados. Su examen requiere, tal y como el Tribunal Supremo puso de relieve en la reciente sentencia dictada en el rec. 274/2024, a la que se remite la más reciente aún, dictada el 04/06/2025, en rec. 195/23, del análisis de la reiterada jurisprudencia de esa Sala en orden a la configuración de este tipo de motivos (siendo plenamente extrapolables a la suplicación las razones establecidas respecto a la casación). "En efecto, hemos repetido en innumerables ocasiones [por todas: SSTS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015 ), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015 ) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016 ) -entre muchas otras-], que para que pueda prosperar un error de hecho en casación es preciso que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo. De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90 , o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002 ). No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011 , con cita de otras muchas).

La revisión fáctica propuesta ha de ser, además, trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, «la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes« [ SSTS de 27 de marzo de 2000, (rcud. 2497/1999 ) y de 11 de enero de 2017 (rec. 24/2016 )]; al efecto, constituye obligación del recurrente argumentar la influencia de la revisiones o adiciones propuestas en la variación del signo del pronunciamiento; esto es, su trascendencia o relevancia en la modificación del fallo que propone el recurso [ SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2012 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), entre muchas otras]. Lo que conduce a rechazar aquellas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente; y, también, las que están huérfanas de argumentación o justificación alguna sobre la trascendencia e influencia de la pretensión revisora fáctica interesada; razonamiento que, obviamente no puede ser suplido por la Sala."

II.-Entrando a resolver, se solicita, en primer lugar, que el hecho probado tercero pase a tener la siguiente redacción:

«Como documento nº16 y 16 A del ramo de prueba de la parte actora aparece la transcripción de una larga y extensa conversación entre el actor y la demandada Sra. Aurora - grabada en un pen drive que se adjunta como audio no 1- sobre varios temas, entre ellos, la discrepancia sobre el puesto de trabajo del primero, y el reiterado tema de las denuncias de acoso del actor; también, en el documento no10 del ramo de la prueba de la parte demandada aparecen conversaciones entre los citados intervinientes sobre temas laborales.

En el audio nº1, cuya transcripción se identifica como documento no16 y 16 A del ramo de prueba de la parte actora, la Directora, Sr. Aurora manifiesta:

I. La existencia de supuestas denuncias por acoso laboral contra el actor, indicándose que dichas denuncias motivaron la retirada del puesto de coordinación, del complemento retributivo asociado y de funciones. Medidas que la Directora califica como "preventivas o cautelares" en relación con dichas sospechas y respondiendo a un "plan de actuación" (mins. 13, 17, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 82, 83, 94 y 113 del audio no1).

II. Que, dispone de "documentos médicos fiables" y "psicológicos" relacionados con las supuestas denuncias de acoso laboral contra el actor (mins. 18 y 60 del audio no1).

III. Que las decisiones adoptadas se tomaron sin haber sido comunicadas previamente al actor la existencia de las supuestas denuncias, indicando la Directora que ello se hizo siguiendo las recomendaciones de psicólogos (min. 68 del audio no1).

IV. Que, tanto el Presidente de la entidad, Sr. Darío (min. 16 del audio no1), como el responsable del plan de acoso, Sr. Jaime (min. 42 del audio no1), tenían conocimiento de las supuestas denuncias; añadiendo que, aunque ella no se lo había comunicado a nadie más, atribuye su difusión interna a un excompañero (al que califica como "chivato de mierda"), al que responsabiliza de generar un ambiente de trabajo hostil en el centro (min. 124 del audio no1).

V. Que la retirada de carga de trabajo fue realizada deliberadamente de forma "premeditada" o en la "jodienda" (min. 89 y 96 del audio no1).

VI. Que la retirada del complemento retributivo asociado al puesto de coordinación afectó igualmente al Sr. Estanislao (min. 27 del audio no1).

En el acto del juicio, a preguntas de las partes, la Directora manifestó que el Sr. Estanislao mantuvo el complemento retributivo (min. 45 de la vista).

VII. Que no ha mantenido con el actor la comunicación que debió prestarle durante un período prolongado tras la comunicación de las supuestas denuncias, admitiendo que no se sentó con él durante meses (mins. 95 y 102 del audio no1). Así mismo, manifiesta haber conversado con la trabajadora Dña. Vicenta, a quien trasladó que en el centro "no hay mamás ni papás y que no se pueden recoger heridos", expresión utilizada para describir la percepción que dicha trabajadora mantenía respecto del actor (min 35 del audio no1).

VIII. Que, el trabajador debe cambiar de amistades, calificándolas como "malos, oscuros y cabrones" y le están haciendo que vaya de víctima y hundiéndolo (mins. 481, 52, 84, 103 y 112 del audio no1).

IX. Que, si la trabajadora que presuntamente se sintió acosada hubiera presentado denuncia ante la Guardia Civil, el actor "no estaría expedientado laboralmente, sino expedientado por la vía penal", añadiendo que, al no haberse acudido a dicha vía, "no existe ningún expediente en el que aparezca que Baldomero es un acosador" (min. 73 del audio no1).

X. Expresiones despectivas, ambiguas y con connotaciones negativas hacia el actor, tales como: "tienes un potencial tremendo; si no, ya estarías fuera" (min. 85 del audio no 1), así como calificativos personales como "idiota" (min. 79), "inmaduro" o "pequeño" (min. 114), y manifestaciones que proyectan una percepción de rechazo dentro del centro como que algunos compañeros tendrían "miedo de hablar con él" (min. 129).

XI. Que el actor "tiene que irse" o que "te tienes que ir por tu bien" (mins. 105 y 125 del audio no1). En la misma grabación señala que "estuvieron programando su salida" (min. 20 del audio no1) y expresa que "o te cambias de empresa o me quitas del medio" (min. 48 del audio no1). Así mismo, afirma que "en 2023 tu tenías que haberte ido" (min. 44 del audio no1) y que " Darío me dijo que lo tuyo era despido inminente" (min. 20 del audio no1).

XII. Rechazo a pedir disculpas al trabajador respecto de las acusaciones de acoso, amparándose en que nunca le llamó directamente "acosador", aunque simultáneamente sostiene que "aquí hubo un caso de acoso que no puedo decir que no fue" y que "nadie puede decir que no seas un acosador mientras alguien se haya sentido acosado por ti", (mins. 59, 81, 105, 123 y 128 del audio nº1).»

Ampara la revisión el suplicante en la transcripción de audio entre el actor y la codemandada persona física. Pero respecto a la prueba idónea, a efectos de fundamentar una revisión fáctica, en concreto, si cabe la revisión de hechos probados fundada en prueba de grabación de imagen y sonido, se ha pronunciado en sentido negativo el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de enero de 2020, recurso 166/18, en la que, con cita de anterior sentencia de 16 de junio de 2011, recurso número 2938/2010, expresa que "Se considera que la grabación de audio y vídeo no tiene naturaleza de prueba documental, a efectos de fundar una revisión de hechos probados, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, por las siguientes razones:

1º.- La disposición adicional primera apartado 1 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 4 de la LEC, proclaman el carácter supletorio de esta última norma, en defecto de disposiciones en las leyes que regulen el proceso laboral, por lo que limitándose la LPL a establecer en el artículo 90 que se admiten como prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra de la imagen y del sonido, sin establecer cuál en su naturaleza y qué tratamiento ha de dárseles, habrá que acudir a lo dispuesto en la LEC en este extremo.

2º.- La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 299 enumera los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio, diferenciando en su apartado 1 : 1º. Interrogatorio de las partes; 2º. Documentos públicos 3º. Documentos privados; 4º. Dictamen de peritos; 5º. Reconocimiento judicial y 6º. Interrogatorio de testigos. En el apartado 2 tal precepto dispone que "también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables, o de otra clase, relevantes para el proceso".

La Ley 1/2000 ha procedido, a diferencia de lo que sucedía en la anterior LEC, a dar un tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, diferenciándolos de la prueba documental.

3º.- Consecuencia de la consideración de la naturaleza autónoma de tales medios probatorios es el tratamiento diferenciado que recibe en la LEC a saber:

- El tratamiento independiente que la LEC da a la prueba documental a la que consagra los artículos 317 a 334 y a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, regulados en los artículos 382 a 384.

- El artículo 265 LEC al disponer los documentos, escritos u objetos que han de acompañar a la demanda distingue en el apartado 1º "los documentos en que las partes funden su derecho" y en el apartado 2º "los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299 -medios de reproducción de la palabra, el sonido....- si en ellos se fundaran las pretensiones....".

- Los artículos 267 y 268 LEC establecen la forma de presentación de documentos públicos -copia simple y si se impugnara su autenticidad, mediante original, copia o certificación- y de los documentos privados -original o copia autenticada, uniéndose a los autos o dejando testimonio, con devolución de los originales o copias, o designación del archivo, protocolo o registro donde se encuentren-, no resultando de aplicación a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen.

- El artículo 270 LEC, que regula la presentación en momento no inicial del proceso, se refiere a la presentación no solo de documentos sino también de medios e instrumentos, diferenciando unos de otros.

- El artículo 273 LEC exige que todo escrito o documento que se aporte o que se presente ha de acompañarse de tantas copias literales cuantas sean las otras partes, lo que no se exige en la aportación de instrumentos de reproducción de la palabra, el sonido o la imagen, pues solo prevé la Ley - artículo 382 LEC - que se puede acompañar de una transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate, o de los dictámenes y medios de prueba instrumentales que la parte considere convenientes.

- Los documentos tienen un valor probatorio establecido legalmente, para los documentos públicos en el artículo 319 LEC y para los privados en el 326 LEC, en tanto las reproducciones de palabras, imágenes y sonidos captadas mediante instrumentos de filmación, grabación u otros semejantes, han de valorarse según las reglas de la sana crítica, a tenor del artículo 382.3 LEC.

4º.- En el proceso laboral la forma de práctica de una y otra prueba es diferente. En efecto, mientras de la prueba documental que se presente ha de darse traslado a las partes en el acto del juicio, tal y como dispone el artículo 94 LPL, la práctica de la prueba de medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen se realiza en último lugar, una vez se han practicado todas las pruebas - artículo 300 LEC-, debiendo consignarse en acta los actos que se realicen para la práctica de dicha prueba, donde se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones.

5º.- La modificación operada en el artículo 90 LPL por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, no ha dado nueva redacción al apartado 1 del precepto, que establece que son medios de prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra, ni tampoco en el artículo 191 b) que regula la revisión de hechos probados, manteniendo que procede a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

6º.- La idoneidad de la prueba de los instrumentos de reproducción de la palabra, la imagen o el sonido para revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, se enmarca dentro de un recurso de carácter extraordinario. En efecto el recurso de suplicación tiene dicho carácter, tal y como resulta de su configuración legal, expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulación y en las normas comunes a los recursos de casación y suplicación que aparecen en la Ley de Procedimiento Laboral. Dicho carácter asimismo ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 26 de enero de 1961 y por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 3/83, de 25 de enero de 1983; 17/86, de 13 de octubre de 1986 y 79/85, de 3 de julio de 1985. Consecuencia de tal carácter es la limitada revisión de hechos legalmente permitida, que únicamente puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la instancia, por lo que la interpretación del concepto de prueba documental, a la vista del carácter del recurso, necesariamente ha de ser efectuada de forma restrictiva.

No cabe, en consecuencia, estimar la revisión propuesta.

III.-Se pide a continuación, la adición de un nuevo hecho probado, que sería el séptimo, para el que propone el siguiente tenor:

«Consta en correo electrónico de fecha 2 de abril de 2023 aportado como documento no 4 de la parte actora, que el actor solicitó información sobre supuestas denuncias relacionadas con su persona, así como la posibilidad de mantener conversación con las personas implicadas y que dichas actuaciones se documenten por escrito.

En respuesta remitida por la Directora Sr. Aurora se le comunica la existencia de un plan de actuación elaborado con la empresa externa Antea, con medidas consistentes en formación obligatoria, valoración psicológica y la asignación de un responsable interno del protocolo, haciéndose referencia a dos personas presuntamente afectadas. Según el documento no 11 del ramo de prueba de la parte demandada, una de dichas personas dejó de trabajar en la empresa en noviembre de 2020 y la otra persona en febrero de 2023. No consta documentación médica o administrativa acreditada de intervención de la mutua o de informes clínicos relacionados con dichas supuestas denuncias».

No existe inconveniente en recoger el primer párrafo cuyo contenido resulta, de manera directa, del correo reseñado. No ha lugar, sin embargo, a admitir la adición del segundo párrafo, en cuanto que en el correo expresado no consta quien fuera su emisor. Por otra parte, en lo referente al cese de las personas afectadas, no sería posible llegar a su identificación sin elucubraciones y conjeturas, no resultando, por último, posible determinar la inexistencia de documentación médica y administrativa a la que se alude sin realizar una valoración global del conjunto de prueba practicado lo que no es posible se efectúe por la Sala en este tipo de recurso.

IV.-Para finalizar, se solicita se añada un nuevo hecho probado, el octavo, con el siguiente contenido:

«Consta en autos, aportado por la parte demandada como documento no 14, un Registro de comunicación de activación del protocolo de prevención e intervención frente al acoso laboral, moral, sexual o por razón de sexo, fechado el 17 de abril de 2024, en el que el actor, D. Baldomero, comunica formalmente a la empresa una situación de presunto acoso laboral y solicita la intervención de dicho protocolo. En el documento se recoge que el actor expone la existencia de comentarios y rumores sobre su persona, la atribución de denuncias por acoso laboral sin acceso a información para conocer o rebatir tales acusaciones, así como el cese de funciones y responsabilidades en su puesto de trabajo sin comunicación formal.

El documento consta firmado por el responsable del protocolo de acoso de la empresa, Sr. Ángel Daniel lo que acredita que la dirección recibió la denuncia y activó el procedimiento correspondiente, sin que conste en autos actuación posterior alguna exigida por dicho protocolo (plan de actuación, investigación o resolución).»

Al respecto se ha de indicar que conforme a lo indicado en la respuesta al anterior motivo, del meritado documento no resulta de manera directa e incontestable la realidad que se pretende plasmar, estando además, plagada la misma de valoraciones jurídicas y predeterminantes del fallo que no son admisibles dentro de la resultancia fáctica, según viene manteniendo, de manera unánime, la jurisprudencia.

CUARTO.-Al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS formula la parte suplicante dos motivos de censura jurídica interrelacionados, en los que se denuncian como infringidos los artículos 10, 14, 15, 18 y 24 CE, el artículo 4.2.e ET y los artículos 96, 97 y 181 LRJS y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se cita, además de algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que no tienen tal consideración ( art. 1.6 Código Civil) .

Aduce, en primer lugar, el suplicante que la sentencia centra su análisis principal en descartar la configuración técnica del acoso laboral, omitiendo todo examen sobre la lesión del derecho a la dignidad, integridad moral, honor y tutela judicial efectiva que se alegan vulnerados en la demanda, no comprendiendo la Sala el alcance de dichas manifestaciones por cuanto que tal conjunto de vulneraciones las enmarca el trabajador en la conducta de acoso de que dice ser objeto por parte de la empleadora, siendo, en consecuencia, lógico entender que es el acoso lo que se constituye en el núcleo en torno al cual gira toda la controversia y, por ende, su resolución con la que quedan solventadas todas las cuestiones suscitadas, por lo que no puede compartirse la queja que se formula en relación con un defecto de motivación que, en todo caso, debería haberse planteado por la vía del apartado a) del art. 193 de la LRJS, considerándose, no obstante, a mayor abundamiento, inexistente por haberse tratado en la resolución combatida todas las materias suscitadas.

De igual manera se ha de rechazar la denuncia de incongruencia interna que sin mayor especificación se aduce como derivada de la determinación de ausencia de indicios de quebranto de derechos fundamentales.

El recurrente, partiendo del relato que sin éxito ha tratado de incorporar a la sentencia, al que atribuye plena virtualidad, concluye que existen claros indicios de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, en particular de acoso laboral que identifica con la difusión de imputaciones falsas que dañan al honor y reputación profesional del Sr. Baldomero, con la retirada de funciones, tareas y proyectos, el aislamiento físico y organizativo y presiones reiteradas para abandonar el empleo, todo lo cual ha redundado en una afectación psicológica clínicamente constatada, se reivindica.

En definitiva, el trabajador, fundamenta sus alegaciones y argumentos en su propia versión fáctica, si bien ha de ser el considerado el relato de hechos probados de la resolución combatida con la única revisión admitida en cuanto al correo remitido por el actor el 2 de abril de 2023 a la directora de la empresa cuya trascendencia al parecer de la Sala es nula si bien se admitió por entenderse de interés según la versión mantenida por la parte; incurre el suplicante en el llamado vicio de "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" (entre otras STS de 11 de marzo de 2020, rec. 184/2018). En efecto, el recurso de suplicación tiene carácter extraordinario, lo que significa que no es una segunda instancia en la que pueda volver a valorarse de modo global y genérico la prueba practicada e impide que esta Sala pueda construir de oficio dicho recurso. Por consiguiente, si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, o pretende introducir otros adicionales a los que ya constan en la sentencia, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193, pidiendo su revisión en los términos establecidos en dicho apartado, siendo necesario para que su tesis pueda prosperar lo haga también la modificación fáctica en que aquella se fundamenta. La sentencia no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el suplicante ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992).

Centrándonos, en la materia controvertida, el acoso moral o mobbing es definido por la doctrina como la conducta abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. El acoso moral debe tener, siempre, unos perfiles objetivos como son los de las sistematicidad, la reiteración y la frecuencia, y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin. Son, por tanto, elementos básicos de este anómalo proceder, de una parte, la intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral de otro, requisito siempre exigido en este irregular comportamiento o actitud y, de otra parte, la reiteración de esa conducta de rechazo que se desarrolla de forma sistemática durante un período de tiempo. Por otra parte, también se ha dicho que el conflicto es una patología normal en la relación de trabajo por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos, que tienen suspropios cauces de solución en el Derecho del Trabajo y no debe confundirse el estrés profesional derivado de una pérdida de confianza con el hostigamiento y acoso intencionado y reiterado.

En el presente supuesto, lo único que ha resultado acreditado es que de septiembre de 2019 a enero de 2020 el actor realizó funciones de responsable en la empresa, habiendo sido posteriormente nombrado coordinador, cargo que conllevaba el percibo de un complemento que se sustituyó por el de doctor, una vez se eliminó la figura del coordinador en la empresa, en octubre de 2022. De igual manera consta que entre la dirección de la empresa se difundió la noticia de que el actor había sido denunciado por acoso por dos trabajadores, lo que se le transmitió al Sr. Baldomero por la Sra. Aurora -directora de la empresa- sin ningún tacto, en marzo de 2023. Datos éstos de los que no cabe deducir la existencia de indicios de acoso o vulneración de derecho fundamental alguno, cual se concluye en la sentencia de primer grado, atendiendo al conjunto de lo actuado, en particular de la prueba referenciada, de la que se deduce que el trabajador, durante su relación laboral, estudió, elaboró, presentó y publicó su tesis doctoral, participó en cursos, charlas, realizó publicaciones y participó en proyectos de investigación, estando integrado en el organigrama de las funciones y puestos de la empresa. En otro orden de cosas, no consta tampoco que con anterioridad a febrero de 2025 -la demanda es de septiembre de 2024 y los hechos se remontan a varios años atrás- requiriera el actor asistencia médica, no habiendo precisado, ni aún entonces, seguimiento especializado lo que se considera por el juzgador de instancia otro elemento que incide en la inexistencia de indicios de la vulneración denunciada, conclusión ésta con la que también coincide la Sala.

En lo referente a la difusión de la existencia de dos denuncias de acoso contra el trabajador, cierto es que en la resolución de instancia se determina con rotundidad que de las mismas no existe constancia escrita, pero ello, en modo alguno presupone, que se tratara de una invención de la dirección de la empresa, ni que se utilizara tal información de manera sistemática y abusiva en perjuicio del actor, cual se pretende hacer valer por el recurrente que, resulta evidente, pudo verse en una situación de indefensión, dadas las circunstancias, si bien la misma no resulta indiciaria de acoso, por lo que no cabe apreciar la incongruencia interna a la que se ciñe el segundo de los motivos de censura jurídica que, como se anticipó, debió denunciarse como motivo afectante de infracción de las normas o garantías del procedimiento generadoras de indefensión y no por el trámite del apartado c) del art. 193 de la LRJS.

De acuerdo con lo expuesto, no se han producido las infracciones normativas invocadas, por lo que se impone la desestimación del recurso.

TERCERO.-De conformidad con lo establecido en el art. 235.1 de la LRJS no ha lugar a la imposición de costas, por tener el trabajador la condición de beneficiario de justicia gratuita por ministerio de la ley.