Sentencia Social 988/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2532/2024 de 27 de mayo del 2025

PRIMERO:La empresa GRUPO ZENA PIZZA S. COM. P. A. (en la sentencia identificada como Grupo Zena Pizza SA) procedió al despido disciplinario del demandante con efectos de 3 de noviembre de 2023, por inasistencia al trabajo. El trabajador interpuso demanda frente a la decisión extintiva, que consideraba improcedente. A la acción de despido acumuló la reclamación de salarios adeudados por importe de 3663,37 € y de sus intereses moratorios; en el juicio redujo la cantidad a 3064,32 €. El Juzgado de lo Social declaró la procedencia del despido y condenó a la empresa al abono de 252,45 €.

El demandante recurre en suplicación la sentencia para insistir en sus pretensiones. El recurso es impugnado por la empresa, que defiende el acierto de la decisión judicial y solicita la imposición de las costas procesales al recurrente.

SEGUNDO:El recurso comienza con un motivo, bajo la cobertura formal del art. 193 b) LJS, dedicado a solicitar la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia. Las peticiones son tres.

I.- Para el hecho probado primero sustituye el salario diario de 16,83 € por el de 23,04 €.

Sustenta la petición en el Acta de revisión de tablas salariales del año 2023 del Convenio Colectivo Estatal de Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio que, según afirma, establece para la categoría ostentada por el demandante, perteneciente al Grupo 2, Nivel 2, que engloba a "personal de tienda y reparto", un salario base de 6,5453 euros/hora y 1,1409 euros/hora como retribución correspondiente a la prorrata de pagas extraordinarias. Atiende a este salario y a que el trabajador tiene una jornada a tiempo parcial de 44,74%, que equivale a 18 horas semanales, en turnos de 3 horas diarias según los cuadrantes de trabajo presentados por la empresa (doc. 6). Indica asimismo que el salario consignado en la sentencia es inferior al establecido en el convenio colectivo, al salario mínimo interprofesional y al reflejado las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2022 (doc. 3 de la prueba de la empresa); en concreto, según la nómina de octubre de 2022 el salario diario es 20,23 €.

II.- Para el hecho probado tercero, solicita el cambio de su redacción por la siguiente:

"3º) El demandante inició un proceso de IT el día 25 de agosto de 2.023 con el diagnóstico de "otros trastornos específicos de articulaciones, no clasificados bajo otro concepto, tobillo y ...". Fue alta de dicho proceso el dieciocho de septiembre de 2.023, circunstancia que el trabajador comunica a la Empresa en ese mismo momento si bien no le asigna turno de trabajo".

Cita como aval probatorio la nómina de septiembre de 2023 (documento 3 de la prueba de la empresa). Manifiesta que la revisión es importante para acreditar el conocimiento por la empresa del alta médica desde el mismo momento de producirse, a pesar de lo que no facilitó la reincorporación del trabajador, al no designarle turnos; y en cualquier caso pone de manifiesto la tolerancia de la empresa por la falta de reincorporación inmediata al puesto de trabajo.

III.- Para el hecho probado cuarto, propone la siguiente redacción:

"4º) La empleadora no satisfizo al trabajador el salario del periodo comprendido entre el 19 de septiembre al día del despido. Tampoco lo hizo respecto al periodo comprendido entre el 23 de junio al 17 de agosto. Le adeuda las vacaciones correspondientes al año 2.023 no disfrutadas por importe de 714, 24 euros".

Cita como avales probatorios las nóminas y se refiere a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2023 (doc. 3 de la prueba de la empresa). Manifiesta que la empresa conoció el alta médica de junio de 2023 y no le asignó turnos de trabajo ni le requirió hasta el 16 de agosto de 2023, en que le insta a reincorporarse el 18 de agosto. E igual sucedió tras el alta médica de 18 de septiembre de 2023 hasta el 11 de octubre.

La empresa demandada se opone de forma conjunta a las tres peticiones revisoras. Señala que el recurso pretende que el tribunal de suplicación efectúe una nueva valoración de la prueba practicada en el juicio, función que no le corresponde.

Para dar respuesta a la petición resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es la Juzgadora de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS -. La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) La revisión del relato fáctico de la sentencia no puede comportar valoraciones jurídicas y las calificaciones de esta naturaleza que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

I.- El primer intento de revisión fáctica se apoya fundamentalmente en la tabla salarial del Convenio Colectivo del sector. Es la eficacia normativa del Convenio Colectivo el que sustenta la aplicación de esa tabla por lo que su examen no tiene cabida en los motivos de recurso dedicados a la revisión de hechos probados, pues lo pretendido no es consignar el salario percibido por el demandante con base en las pruebas practicadas, sino el que debió obtener por venir impuesto en un Convenio Colectivo con valor normativo. Exige por tanto un examen de esta normativa convencional, materia propia de los motivos de recurso dedicados a la fundamentación jurídica.

Las citas por el recurrente de los cuadrantes horarios presentados y de las nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 no cumplen las condiciones para consignar el salario de 23,04 €. La mención genérica de aquellos no tiene aptitud para alterar el porcentaje de parcialidad del 44,74%, fijado en el contrato de trabajo y recogido en el hecho primero, que el demandante admite. Las nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 anteceden en varios meses al despido, efectuado el 3 de noviembre de 2023, y registran percepciones diversas en su cuantía y en sus conceptos (octubre: remuneración total: 655,83€, total devengado: 799,48 €; noviembre: remuneración total: 556,14 €, total devengado: 646,49 €; diciembre: remuneración total: 652 €, total devengado: 781,35 €).

La fijación del salario regulador del despido, cuando es discutido, ya por diferencias entre la cantidad percibida y la debida percibir, ya porque la retribución no es de importe regular sino variable, en función de conceptos diversos, de devengo no periódicos, etc., implica la aplicación de normas y de criterios jurisprudenciales por lo que constituye una cuestión jurídica. Es necesario, por tanto, no solo exponer e incorporar en el relato de hechos probados de la sentencia los datos fácticos necesarios para aplicar esas normas y doctrina, sino también fundar jurídicamente esas retribuciones y categoría. Esta fundamentación jurídica exige plantear uno o varios motivos de denuncia de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia (art. 193 c) LJS) , pues no pueden tratarse conjuntamente sino en motivos separados la revisión de los hechos probados y la del derecho aplicado, cada una con sus requisitos específicos (art. 196.2 y LJS) .

La petición de la demandante desatiende estas exigencias y debe desestimarse, pues en el relato de hechos probados solo cabría incluir las bases fácticas, que en el caso presente no podrían reducirse a una mención general de las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Además, es el recurrente el que ha de ofrecer "el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos" ( sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018, rec. 41/2017) y, como se indicó, el propuesto en el recurso no es admisible.

II.- El segundo intento revisor se basa en la nómina del mes de septiembre presentada por la empresa, a la que por tanto le vincula. En el apartado observaciones el documento consigna "2002 - Accidente no Laboral -25.08.2023 - 18.09.2023". Por consiguiente, es manifiesto que al finalizar septiembre la empresa conocía el alta médica de 18 de septiembre de 2023, lo que no significa que el demandante comunicara este alta. En esa fecha los trabajadores ya no tenían obligación de efectuar tal comunicación y si bien el demandante indicó que lo puso en conocimiento de la encargada del establecimiento de la demandada donde presta servicios, está lo negó en declaración testifical y la sentencia de instancia, valorando la prueba practicada, rechaza tajantemente la afirmación.

La petición ha de estimarse en parte.

III.- El tercer intento de revisión fáctica tiene dos objetos: a) suprimir que el trabajador no se incorporó voluntariamente al trabajo desde el 19 de septiembre de 2023 al día del despido y no prestó servicios para la demandada entre el 23 de junio y el 17 de agosto de 2023; b) fijar en 714,24 € la suma adeudada por vacaciones de 2023 no disfrutadas.

El recurso manifiesta que la falta de incorporación del demandante al trabajo en esos periodos obedeció a la actuación empresarial no a omisiones del trabajador. La Juzgadora de instancia, sin embargo, formó una convicción distinta para lo que tuvo en cuenta más elementos probatorios que las nóminas citadas por el recurrente, pues la declaración testifical de la encargada de la tienda constituyó un medio de convencimiento esencial sobre la conducta del trabajador en los meses previos al despido. Las nóminas de ese periodo no ponen de manifiesto de forma evidente e incuestionable, sin acudir a conjeturas ni completar su contenido con apreciaciones más o menos lógicas, la supuesta equivocación judicial. La de junio de 2023, en la medida que consigna las fechas de inicio y final de una situación de incapacidad temporal (25.01.2023 - 22.06.2023), acredita el conocimiento por la empresa del alta del trabajador, pero no que la inasistencia posterior al trabajo tuviera su origen en acciones u omisiones de la demandada. Las nóminas de los meses siguientes tampoco prueban cumplida y directamente tal afirmación.

El segundo objeto de la solicitud revisora también resulta problemático y debe desestimarse, aunque por razones distintas. En el relato de hechos probados no pueden incluirse valoraciones o calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo y por tanto lo anticipen, ya que corresponden a la fundamentación jurídica de la sentencia y del recurso.

El hecho probado cuarto de la sentencia recoge que la empresa "le adeuda las vacaciones correspondientes al año 2023 no disfrutadas por importe de 252,45 €". Con esta frase introduce en el relato fáctico una consecuencia jurídica que es el resultado de una valoración de la misma naturaleza y predetermina el fallo de la sentencia. Este doble componente jurídico y valorativo se pone de manifiesto puesto que después, en la fundamentación jurídica, la resolución judicial expone el razonamiento por el que determina la deuda de la empresa por el concepto de vacaciones en la cantidad de 252,45 €.

Estas intromisiones en el relato fáctico deben tenerse por no puestas, lo que impide aceptar el texto alternativo propuesto en el recurso, que presenta las mismas características dada su redacción: "Le adeuda las vacaciones correspondientes al año 2023 no disfrutadas por importe de 714,24 euros". El recurrente, además, no formula después un motivo de recurso dedicado a fundar jurídicamente la reclamación sobre vacaciones y la remisión a la nómina de noviembre de 2023 no cubre esa carencia.

TERCERO:En el segundo motivo de recurso, por el cauce procesal del art. 193 c) LJS, invoca "la doctrina jurisprudencial de la tolerancia empresarial respecto de las infracciones o irregularidades cometidas por los trabajadores en el desempeño de su labor," para que se califique el despido del demandante como improcedente. Para identificar esa doctrina y exponerla cita la sentencia 771/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) de fecha 28 de abril de 2022, de la que transcribe literalmente parte de su contenido.

El motivo debe desestimarse, al incumplir los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en los arts. 193 y 196.2 LJS.