Sentencia Social 3386/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5109/2024 de 27 de junio del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta y absuelve a las demandadas de las pretensiones del procedimiento.

Frente a este pronunciamiento se alza la Letrada Dña. Catarina Capeáns Amenedo, en nombre y representación de D. Hipolito, D. Julián, D. Amadeo, D. Gerardo y D. Moises, interponiendo recurso de suplicación e interesando que se dicte nueva sentencia, por la que, estimando el mismo, proceda a la estimación integra de la demanda presentada con las consecuencias inherentes a tal declaración.

El recurso ha sido impugnado por la representación de la empresa Navantia S.A.

SEGUNDO.-Con este objeto, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pretende la parte la modificación del relato de hechos probados de la sentencia y concretamente del ordinal tercero, a fin de que se realice las adición de dos nuevos párrafos y quede así redactado: "El punto QUINTO del acuerdo ("SISTEMA DE CÁLCULO DE LAS GARANTÍAS ECONÓMICAS") letra A) ("PARA PERSONAL DE CONVENIO GP3-GP4 CENTROS DE FERROL, CARTAGENA, SAN FERNANDO (Centros Militares)"), establece en cuanto al COMPLEMENTO DE JUBILACIÓN: "Al personal que una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria, tenga su contrato de trabajo extinguido por estar incurso en el presente despido colectivo/expediente de prejubilación, se le aplicará lo 2 dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del I Convenio Colectivo Intercentros de Navantia. A estos efectos, los cambios de nivel por permanencia de 8 años en el mismo y los trienios se continuarán consolidando hasta cumplir los 65 años, incluyéndolos para el cálculo del salario pensionable. Igualmente se incluirán las garantías personales a los efectos del cálculo del salario pensionable".

En la reunión de 14/3/2019 de la comisión negociadora del periodo de consultas en su punto segundo se recoge: Tras un receso para el análisis de esta documentación los representantes de los trabajadores manifiestan que antes de la siguiente reunión acordad con la empresa prevista para el próximo 21 de marzo, presentaran a la dirección de RRHH una serie de dudas o cuestiones de detalle sobre las condiciones económicas de aplicación a los distintos colectivos afectados por el ere hasta su jubilación con la finalizad de agilizar la negociación y poder estar en condiciones de firmar un acuerdo.

En la reunión de 21/3/2019 de la comisión negociadora del periodo de consultas en su punto segundo se recoge en la página 3 "sobre la fiscalidad de los complementos se aclara que estos tendrán la consideración de indemnización por despido, según la legislación vigente, de manera que a efectos de declaración de IRPR, tendrán la consideración de renta exenta los importes hasta 180.000 euros.", con base en el documento número 4 de los aportados por la actora y en el documento número 6 de los aportados por Navantia.

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser- SSTC 18/1993 (RTC 199318), 294/1993 (RTC 1993294) y 93/1997 (RTC 199793) - de naturaleza extraordinaria, casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso: STS 12/06/75, para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316, 326, 348 y 376 LECiv, así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS) . Y esta atribución de la competencia valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez «a quo».

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04/00 R. 1077/00 , 15/04/00 R. 1015/97 entre otras)

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 lrjs ,y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél.

d) Que la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento y no viene determinada- vinculantemente- por las conclusiones deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente prueba, por lo que -salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada-no trascienden a procesos ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia

e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Con base en esta doctrina, no pueden aceptarse las adiciones propuestas, pues si bien el texto que la parte pretende introducir se extrae directamente de los documentos invocados, sin necesidad a interpretación o argumentación alguna, es parcial, al no contener el texto de las dudas o cuestiones de detalle que la parte social ha planteado por escrito a la empresa, con anterioridad a la celebración de la reunión del 21 de marzo de 2019, y que servirían para aclarar a qué complementos se refiere el punto segundo del acta del citado día, puesto que no se han aportado ni por la empresa ni por los demandantes recurrentes, cuando en el acta de la reunión celebrada el 21 de marzo de 2019, se indica "Al inicio de la reunión el portavoz de la representación sindical indica que el procedimiento de despido colectivo que se está negociando tiene que hacerse tomando como referencia el último ERE de 2005. Es por ello que se ha facilitado por escrito a la Dirección de la Empresa una serie de dudas y aclaraciones a la documentación entregada en la pasada reunión sobre las condiciones de salida y las medidas sociolaborales del Plan de salidas anticipadas. Documentación que se acompaña en Anexo al presente Acta"

Es decir, la falta de aportación de dichas dudas y aclaraciones formuladas y que deberían estar acompañadas en Anexo al acta, priva de claridad a las adiciones propuestas, como manifestación de voluntad de las partes en el proceso negociador y en concreto en cuanto a si se quiso o no incluir el denominado complemento de jubilación en el importe de la indemnización, y por sí mismas no tienen relevancia alguna para la resolución del recurso, pues las dudas interpretativas que puedan suscitarse, ante la falta de reflejo fiel de lo acaecido en el periodo de consultas, tienen que resolverse a la vista del contenido del acuerdo alcanzado en la última de las reuniones del periodo de consultas.

TERCERO.-Finalmente, en el segundo de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la parte recurrente la infracción de los artículos 9.3 de la Constitución Española; 26.2 y 53 del Estatuto de los Trabajadores; los artículos 1091, 1157, 1281, 1281, 1283, 1285, 1286, 1287 y 1288 del Código Civil; la disposición final undécima de la Ley 3/2012, que modifica el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre; y la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo y 13 de noviembre de 2013; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 23 de octubre de 2013, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 5 de diciembre de 2013, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de septiembre de 2010 y de 21 de octubre de 2013, y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 10 de octubre de 2010.

Argumenta que en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del despido colectivo, entre otras medidas se pactó que las salidas anticipadas afectarían a todas aquellas personas trabajadoras que entre 30 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 cumplieran 61 o más años y unas condiciones de despido determinadas, que en cuanto a los recurrentes consistían en una parte de la indemnización, en forma de complemento de la prestación por desempleo, hasta alcanzar el 76% de su salario y hasta la finalización del percibo de la prestación y una segunda parte de la indemnización, consistente en abonar al alcanzar la edad de 65 años una indemnización conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del I Convenio Colectivo Intercentros de Navantia, consistente en una cuantía bruta equivalente a 11,25 veces para hombres y 13 veces para mujeres del importe resultante de la diferencia, en términos anuales, entre el 90% de la cantidad teórica correspondiente a la jornada ordinaria en dicho momento y la pensión reconocida por la Seguridad Social, hasta un límite máximo la cantidad de 120.000 euros, correspondiente abonar esta segunda parte a la Compañía de Seguros Mapfre Vida, al tener concertada con ella la empresa la cobertura.

Cuando llegó la edad de 65 años, Mapfre Vida procedió a abonar a los recurrentes las cantidades correspondientes, realizando retenciones a efectos del Impuesto de la Renta de la Persona Física, cuando en el periodo de consultas había quedado constancia expresa, en reunión previa a aquella en la que se alcanzó el acuerdo, que "sobre la fiscalidad de los complementos, se aclara que estos tendrán la consideración de indemnización por despido, según la legislación vigente, de manera que a efectos de declaración del IRPF, tendrán la consideración de renta exenta los importes hasta 180.000 euros".

Prosigue indicando que en el punto quinto, letra A) del acuerdo, no se regula una mejora voluntaria, sino prestaciones por prejubilaciones, que son indemnizaciones, y, por ello no pueden realizarse retenciones a efectos de IRPF y deben abonarse a los recurrentes las realizadas, pues el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido en expedientes de regulación de empleo satisfechas a través de seguros, depende de la consideración de dichos seguros como instrumento para la cobertura de los compromisos por pensiones, estando exentas hasta el límite de 180.000 euros, e indica las razones que, a su criterio, llevan a concluir que todas las cantidades acordadas forman parte de la indemnización.

Debe señalarse, en primer lugar, que las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, no tienen la consideración de jurisprudencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, no pudiendo, por ello, servir de base y fundamento para la interposición del recurso de suplicación por el motivo establecido en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, reservado a la denuncia de infracción de normas sustantivas y/o de la jurisprudencia.

Las restantes denuncias no pueden prosperar, por cuanto interpretando el contenido del pacto o acuerdo con el que finaliza el Expediente de Regulación de Empleo, del mismo no puede concluirse que se haya producido ninguna de las infracciones de normas legales o de la jurisprudencia denunciadas.

Del contenido del hecho probado segundo se extrae que las garantías económicas de los trabajadores afectados por el ERE alcanzaban hasta la edad de jubilación ordinaria de los mismos y que estaban garantizadas por la empresa hasta cubrir el 76% de sus retribuciones brutas en cómputo anual asignadas en el momento del cese, en concepto de salario regulador bruto, que se abonaría en 14 pagas.

A estos efectos, la empresa se comprometía a complementar las prestaciones públicas derivadas de la prestación por desempleo y de las ayudas previas a la jubilación ordinaria, en su caso, a las que cada trabajador pudiera tener derecho, con los complementos brutos mensuales necesarios para llegar a la cifra garantizada en cada momento, y, en cualquier caso, hasta la finalización del período de concesión de dichas ayudas públicas, indicando que, para el cálculo de los complementos a abonar a cada trabajador durante el periodo de cobro de la prestación contributiva por desempleo, el importe de ésta última se computaría por su cuantía neta e indica que estos complementos abonados por la empresa se considerarían indemnizaciones diferidas en el tiempo, en razón a la extinción de las relaciones laborales de los trabajadores afectados por el despido colectivo, garantizando a todos los afectados, como mínimo, un importe equivalente a la indemnización legal de veinte días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades.

Y tras establecer lo que ocurría en caso de fallecimiento de un trabajador que no hubiera agotado la prestación de desempleo, finalizaba indicando que el complemento abonado por la Empresa sería objeto de las retenciones y descuentos que procedieran en base a las normas laborales y fiscales vigentes en cada momento. De esta forma, el cálculo de la indemnización exenta será el establecido en el artículo 7 letra e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de IRPF, vigente a la fecha del acuerdo, que era de 180.000 euros

De aquí se extrae, sin ningún género de dudas y aplicando los criterios de interpretación de los contratos establecidos en los artículos1091, y 1281 a 1288 del Código Civil, que la exención de la cantidad máxima de 180.000 euros prevista legalmente para las indemnizaciones por despido derivadas del despido colectivo, tan sólo comprende los conceptos y complementos establecidos en el punto cuarto del acuerdo, pues los mismos están referidos al periodo temporal comprendido entre la fecha del cese efectivo y la fecha en que cada uno de los trabajadores afectados alcanzara la edad ordinaria de jubilación, en la que pudieran acceder a la pensión de jubilación contributiva y con las vicisitudes y actualizaciones que se reflejan en el mismo.

Además, en el punto quinto del acuerdo, parcialmente reflejado en el hecho probado tercero de la sentencia, se establece el sistema de cálculo de las garantías económicas, del diferente personal que prestaba servicios en los diferentes centros de trabajo, indicando los conceptos fijos y variables que deben incluirse, así como el criterio de cálculo, y dentro de los conceptos fijos y variables mismos no se incluye el denominado complemento de jubilación.

Es cierto que, a continuación y dentro del indicado punto quinto se establece que, en cuanto al complemento de jubilación, que no ofrece duda de que, en su origen, tenía la consideración de mejora voluntaria pactada en convenio y que sólo se refiere a los trabajadores afectados por la Disposición Adicional Segunda del I Convenio Colectivo de Navantia, publicado en el B.O.E. de 7 de febrero de 2019 y reproducida en el hecho probado quinto de la sentencia, en lugar de extinguirse y no percibirse por los trabajadores a los que se les estaba reconociendo, como consecuencia de la extinción de sus contratos, puesto que, para su percepción se exigía convencionalmente que los trabajadores tuvieran contrato en vigor en el momento de acceder a la jubilación definitiva ordinaria, el mismo se mantenga en vigor para los trabajadores afectados por el ERE, y se perciba por los mismos en la cantidad fijada convencionalmente, teniéndose en consideración los cambios de nivel por permanencia de 8 años en el mismo y los trienios que hubieran percibido de haber continuado prestando servicios, consolidándolos hasta cumplir los 65 años e indicando, y esto es extremadamente aclaratorio, que se incluirán para el cálculo del "salario pensionable" y que igualmente se incluirán las garantías personales a los efectos del cálculo del "salario pensionable".

En consecuencia, entendemos, en coincidencia con lo resuelto por la juez a quo, que el denominado "complemento de jubilación" no forma parte del contenido de las indemnizaciones pactadas en el Expediente de Regulación de Empleo, y que están exentas, hasta el límite de 180.000 euros, de cotización al IRPF y, por ello, también están exentas de la obligación de realizar las correspondientes retenciones a las que vendría obligada la empresa, sino que se trata de un elemento del acuerdo, diferente de las indemnizaciones antes indicadas, destinado a permitir la subsistencia y mejora de una mejora voluntaria de seguridad social, que, con respecto a los trabajadores recurrentes y a otros trabajadores afectados por la Disposición Adicional Segunda del I Convenio Colectivo de Navantia, de no haberse pactado, se hubiera extinguido al extinguirse el contrato.

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado y la resolución recurrida confirmada.

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;