Sentencia Social 102/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2217/2024 de 28 de enero del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima íntegramente la pretensión del demandante en virtud de la cual solicitaba la declaración de estar afectado de incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial para su profesión habitual de limpiadora, en ambos casos derivada de enfermedad común.

Disconforme con dicha desestimación recurre en suplicación su representación letrada al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita el reconocimiento de una incapacidad permanente en el grado total o parcial subsidiariamente postulado, con el derecho a percibir, en cada caso, la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social con arreglo a los parámetros que no discute de la sentencia de instancia.

El recurso no ha sido objeto de impugnación.

SEGUNDO.-Se interesa con carácter previo la revisión fáctica de la sentencia recurrida mediante dos motivos al amparo de lo previsto en el artículo 193.b) LJS.

Mediante el primero solicita el recurrente la adición de un nuevo hecho probado -que dice "sexto"- para dejar constancia de la siguiente redacción literal: "La Guía de Valoración Profesional editada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social recoge los requerimientos físicos exigidos en la profesión de limpiadora (CNO 9229), los requerimientos de carga física 3/4 y carga biomecánica para columna cervical 3/4; columna dorsolumbar 3/4; Codo 3/4; mano 3/4".La revisión considera que por la naturaleza profesional de la incapacidad permanente es relevante añadir una mejor descripción de la profesión habitual por los requerimientos que refleja en el apartado correspondiente a la misma la Guía Profesional de Valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social, documento 42 del expediente judicial que invoca como soporte para la adición propuesta.

Mediante el segundo solicita el recurrente una serie de adiciones a insertar como incisos en la descripción del cuadro clínico residual que ofrece el hecho probado quinto. Todas ellas se atienen al informe médico de síntesis que identifica por el folio 27 del expediente administrativo con el siguiente tenor: en el apartado lumbar quiere añadir un inciso final que diga "radiculopatía leve moderada crónica L5-S1 derechos";en el apartado que alude a epicondilitis derecha añadir "dolor a la palpación en el epicóndilo";y en el apartado que alude a la tendinitis de quervain, comenzar por añadir que la recurrente es "diestra", seguidamente precisar de dicha tendinitis que es "crónica" e incorporar finalmente que "En informe médico de síntesis, del Equipo de Valoración de Incapacidades se recoge: Dolor en muñeca derecha crónico con empeoramiento progresivo, dolor a la palpación en trapeciometacarpiana derecha y dolor a la hiperextensión de primer dedo. Tendinosis y signos de tenosinovitis crónica en T. extensor primer dedo de mano derecha. Dolor a nivel de tabaquera anatómica y maniobras positivas para tendinitis de Quervain.Por Tto: Gabapentina 400 mg/24h".Considera que ello es trascendente para la resolución del recurso y ha resultado omitido en la sentencia de instancia, debiendo ser incorporado.

Dar respuesta a sendas pretensiones deducidas exige partir de que, como resumidamente expone la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2.015 (rco. 309/2014) en relación a la configuración del motivo de revisión fáctica que nos ocupa, "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia [...], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin".Ello descarta que el motivo "pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica (recientes, SSTS 02/07/14 -rco 241/13 -; 16/09/14 -rco 251/13 -; y 15/09/14 -rco 167/13 )",de modo que "expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario [...] sino el ordinario de apelación ( SSTS 03/05/01 -rco 2080/00 -; [...] 08/07/14 -rco 282/13 -; y SG 22/12/14 -rco 185/14 -)"y a cuyo efecto los documentos invocados "«deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable», hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa ( SSTS 15/09/14 -rco 167/13 -; 16/09/14 -rco 251/13 -; y SG 18/07/14-rco 11/13 -)".

Siendo el Juzgador de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él, disponiendo para su examen de amplios márgenes de actuación solo delimitados por las reglas de la sana crítica, que el proceso laboral esté concebido como un proceso de instancia única -que no grado- significa, en primer lugar, que la finalidad del motivo de revisión fáctica es corregir "el presunto error cometido en la instancia y que sea relevante para el fallo"( sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2.006, rco. 79/2005, y de 20 de junio de 2.006, rco. 189/2004).

Ello no sucede merced a la guía de valoración a que acude la primera adición propuesta. Formalmente esgrimida como prueba documental, no es sino un elemento probatorio más al que el órgano de instancia puede o no acogerse para la valoración de las funciones y requerimientos de la profesión enjuiciada. En sede de incapacidad permanente lo exigible es, en efecto, su examen y ponderación en relación con una determinada profesión habitual. Mas sin detrimento de que, de conformidad con el artículo 97.2 LJS, el Juzgador a quotiene atribuidas con plenitud las facultades de valoración de la prueba, acotada la profesión habitual que ya consta de manera incontrovertida en el hecho probado, a ella debemos estar con independencia de las consideraciones contenidas en una guía que no deja de ser meramente orientativa.

En segundo lugar, la revisión fáctica requiere que lo que se trate de modificar, sea un enunciado contenido en el relato fáctico de la resolución impugnada o bien una afirmación con valor fáctico contenida en la fundamentación jurídica de la misma, se sustente en documentos idóneos para tal fin. Demostrar el error cometido en la instancia requiere de prueba documental o pericial de una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable que por su decisivo valor probatorio pongan de manifiesto de forma directa, diáfana e indudable aquél ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2.006, rco. 79/2005, y de 20 de junio de 2.006, rco. 189/2004), lo que no sucede merced tampoco a los informes y pruebas médicas invocados.

Si ciertamente puede ser considerado que sea diestra, ello solo es en cuanto nada se dice de lo contrario en el expediente administrativo, lo que permite considerarlo un hecho incontrovertido sin necesidad de mayor adición. Sin embargo, no podemos acoger la eficacia probatoria del informe médico de síntesis en el sentido que lo pretende la parte por varias razones. La primera y fundamental, es que la fundamentación de la sentencia no expone otra cosa que la descripción se concluye de la documental y del informe pericial aportado. No es admisible una valoración de los mismos medios de prueba aportados, solo y exclusivamente es posible corregir errores del Juzgador cuando con documentos idóneos se ponga de manifiesto de manera directa y clara el desacierto de la convicción judicial, cual no acontece. El recurso no pone en evidencia que el resultado del examen crítico de la prueba del que da cuenta la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia haya vulnerado la facultad de valoración judicial o sus límites, facultad que corresponde al Juez de instancia y no a las partes o, siquiera, a esta Sala.

La segunda, es que la propuesta no se ajusta a la literalidad y realidad de las conclusiones de dicho informe. A la radiculopatía alude en sede de antecedentes médicos y en el contexto de infiltraciones en el año 2.019. Sí refleja la exploración dolor a la palpación en el epicóndilo, mas ello nada relevante entraña desde el punto de vista de la pretensión cuando además lo que consigna es balance articular conservado y molestias referidas. La exploración cuya redacción ofrece en relación a la muñeca derecha no es la del facultativo oficial. Lo que de modo similar a su propuesta aparece es, sencillamente, la valoración que transcribe del servicio de reumatología, pero lo es en sede de antecedentes médicos y no como resultado de la exploración oficial que alude genéricamente a dolor a la palpación en tabaquera anatómica, pero balance articular de muñeca conservado y a que hace puño completo y oposición. No podemos en suplicación acceder "de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de la prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado"( Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2.016, rco. 188/2015). Menos aun cuando, en rigor, la propuesta ni siquiera se atiene a la realidad del contenido esencial del documento que pretende sustentarla.

Razones por las que ambos motivos de recurso deben ser rechazados.

TERCERO.-Desde la censura jurídica, el recurso se fundamenta en dos motivos de esta naturaleza que se infieren en régimen de subsidiariedad, en la medida en que el primero atiende a la pretensión principal de incapacidad permanente total y el segundo a la solicitada al menos en el grado parcial. Mediante el primer motivo de censura jurídica el recurso denuncia infracción del artículo 194.1.b) LGSS en relación con inveterada jurisprudencia acerca de la incapacidad permanente total que cita por una pluralidad de sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Mediante el segundo motivo denuncia infracción "por inaplicación del artículo 194.1.a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social -antiguo artículo 137.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de Junio -,infracción que concreta "en la interpretación de la normativa infringida, realizada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 23 de febrero 2021 [...]".

En síntesis, el recurso reprocha una errónea conclusión judicial con arreglo a la prueba practicada y parte en su argumentación además de los hechos probados revisados para hacer valer el alcance de unas dolencias que pone en relación en el suplico. Alegando ser indiscutible que la profesión habitual de la actora conlleva requerimientos totalmente contraindicados con las dolencias que sufre en su extremidad superior dominante, reitera el grado de incapacidad solicitado con carácter principal por la grave repercusión funcional que aqueja al nivel afectado, junto con el resto de dolencias. De otro modo y con arreglo al cuadro clínico residual descrito y a la doctrina judicial que invoca, expone que está imposibilitada para cumplir con la regularidad necesaria las exigencias de una profesión para la que debería ser declarada, al menos, afecto de incapacidad permanente parcial subsidiariamente solicitada ya que "el trabajador tiene que emplear un esfuerzo físico superior, lo que equivale a que su trabajo le resulte más penoso o peligroso".

Así planteada la controversia, conforme al tenor literal del apartado primero del artículo 193 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado si dicha posibilidad se estima médicamente incierta o a largo plazo. Reiteradamente tenemos dicho que la invalidez permanente atenderá fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales limitaciones determinen la efectiva restricción de la capacidad laboral. Son esas limitaciones funcionales resultantes las que en el caso han de ponerse en relación con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión habitual que se analiza.

Dentro del marco general que esta definición de la incapacidad permanente en su modalidad contributiva supone, el concepto de incapacidad permanente total para la profesión habitual atiende conforme al artículo 194.1.b) y 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el apartado Uno de su Disposición Transitoria Vigésima Sexta la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Se trata de un concepto más restringido en el que reiteradamente la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia -con base, entre otras, en las inveteradas Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1.978, 26 de febrero y 21 de mayo de 1.979, 24 de julio de 1.986, 2 de julio de 1.987, 17 de enero de 1.989 y 9 de abril de 1.990, 11 de marzo de 1.991- ha venido declarando que la invalidez permanente en el grado de total atenderá fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto son las resultantes y no las dolencias en sí las que han de ponerse en relación con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión habitual que se analiza, pues un determinado puesto de trabajo no constituye profesión habitual a estos efectos.

Por su parte, conforme al artículo 194.1.a) y 3 en relación con el apartado 2 del mismo precepto y la Disposición Transitoria vigésimo sexta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, define la incapacidad permanente parcial como aquella que, "sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma".Es la incapacidad permanente parcial aquella situación de limitación funcional en que, necesariamente referida a la profesión habitual aunque sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al treinta y tres por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, ahora bien, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

A efectos del grado parcial la disminución del rendimiento de trabajo puede ser cuantitativa o cualitativa. Esta Sala tiene dicho por ello y con apoyo en inveterada jurisprudencia que, dada la dificultad -cuando no imposibilidad- que en la mayoría de los casos entraña el determinar el porcentaje exacto o siquiera por aproximación de la disminución en el rendimiento que pueden determinar en un trabajador unas secuelas, se viene admitiendo que el grado parcial deviene no solo atendiendo a lo que objetivamente puede rendir el trabajador afectado, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penalidad que comporta. Como quiera que lo que se viene a indemnizar en la invalidez permanente parcial para la profesión habitual es la disminución de la capacidad de trabajo y no la disminución del rendimiento, se mantiene la tesis de que, aun sin merma del rendimiento, se deba reconocer la misma siempre que para mantener aquel el trabajador tenga que emplear un esfuerzo físico superior que haga que su trabajo le resulte más penoso o peligroso ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 enero y 30 junio 1987).

No obstante, conviene recordar también que en materia de incapacidad permanente la decisión en cada caso no puede desconocer un necesario proceso de individualización que lo diferencia en atención a que lesiones que aparentemente son idénticas o bien pueden diferenciarse en su concreta graduación, o bien afectar de modo distinto a los diversos trabajadores. Llevando tales consideraciones al supuesto examinado, la sentencia de instancia da cuenta al hecho probado primero de que la profesión habitual es la de limpiadora que desempeña por cuenta ajena, habiendo destacado en su oposición a la pretensión el Instituto demandado que "tras dos periodos de incapacidad temporal, ha sido capaz de reanudar su actividad laboral"(fundamento de derecho segundo). Desestimado el motivo de revisión fáctica, es ineludible premisa para el examen del recurso el relato de hechos probados que la sentencia recurrida ofrece, no solo por el cuadro patológico residual del hecho probado quinto, sino también mediante la situación funcional que resume el fundamento de derecho tercero. Tales son a los que la Sala se atiene para examinar las infracciones jurídicas denunciadas en torno a las dolencias que la actora aqueja.

La sentencia recurrida concluye en la situación objetivada en el cuadro clínico residual descrito en el hecho probado quinto que la principal afectación patológica de la actora concierne al miembro superior derecho, pues "Desde el punto de vista psicopatológico no impresiona de gravedad ni tiene limitadas las funciones cognitivas ni intelectivas".En esta tesitura, "la actora presenta limitaciones para realizar movimientos repetitivos de flexoestensión del pulgar derecho"y "también limitación para la manipulación de cargas con el miembro superior derecho".Considerando los esfuerzos que el trabajo de limpiadora conlleva, descarta que pueda prosperar ni la pretensión principal, ni la subsidiaria. Destaca que las limitaciones para realizar movimientos repetitivos de flexoestensión del pulgar derecho "pueden ser fácilmente evitadas en su profesión habitual con una mínima adaptación".

De acuerdo a cuanto ha quedado descrito según la crítica valoración de la prueba que compete al Juzgador de instancia -y no a las partes o siquiera a esta Sala- de conformidad con el artículo 97.2 LJS, es forzoso convenir con que el cuadro actual descrito no cumple con los requisitos de la incapacidad permanente en ninguno de los grados postulados. Tampoco por el criterio de la sentencia de esta Sala invocada en el recurso sirve de aplicación al caso pues, por la identificación del Ponente, es fácil constatar que la sentencia que corresponde con la dictada en recurso de suplicación trata de un supuesto radicalmente distinto -dolencia que afecta al tobillo- y ofrece razones -no es la limitación de la movilidad sino el dolor- que tampoco pueden ser sin más de aplicación al caso. La casuística y necesidad de individualización de la que deviene comúnmente la imposibilidad de la generalización de soluciones homogéneas en esta materia. La valoración que la incapacidad permanente exige, como esta misma Sala también tiene dicho a propósito del criterio de la movilidad en extremidades superiores, es que si ciertamente no puede constituir un elemento de valoración aislado aunque "tienen un relevante papel en la orientación acerca de en qué medida existe una repercusión funcional en el trabajador que solicita prestaciones de incapacidad permanente, pero forman parte de todo un conjunto de condiciones sanitarias, laborales y personales a tener en cuenta a la hora de decidir en esta materia"( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 9 de mayo de 2.023, rsu. 512/2023).

Como cualquier patología, aquí podrá ser incardinada o no en un grado de incapacidad permanente atendiendo a la intensidad y permanencia de sus manifestaciones funcionales, pues es exigible que cohoneste con la sintomatología acreditada en orden a concluir la efectiva repercusión funcional. Empero hemos de convenir en la ausencia de repercusión relevante como para privarle de capacidad cual pretende. Cuanto la sentencia transcribe no avala que, en la actualidad, se manifiesten objetivamente con la entidad que justificaría el grado de incapacidad permanente total postulado o acarreen siquiera una merma o mayor penosidad o peligrosidad en el desempeño de sus fundamentales tareas profesionales en grado suficiente.

La parte recurrente se limita en su argumentación a una consideración propia de la dolencia que soslaya cuanto ha sido acogido en la instancia pero no avala su tesis. Lo que se constata acreditado es que la actora presenta limitaciones para realizar movimientos repetitivos de flexoestensión del pulgar derecho, mas ello no justifica una disminución del rendimiento tan relevante cuando tiene salvada la funcionalidad del resto. Expresivo de ello es reparar en que el propio informe médico de síntesis a que apelaba en sede de revisión fáctica alude a dolor a la palpación en tabaquera anatómica de muñeca derecha, mas con balance articular conservado, puño completo y oposición.

Tampoco la limitación para la manipulación de cargas con el miembro superior derecho justifica una disminución del rendimiento suficientemente relevante para constituir una incapacidad permanente parcial en el marco de que cuanto la sentencia describe es una epicondilitis derecha y no consta objetivado que ello acarree limitaciones de suficiente entidad que franqueen el éxito del motivo de recurso a efectos de la incapacidad permanente parcial. Cuanto antecede no acredita que la trabajadora tenga que emplear un esfuerzo físico superior, en sentido que equivalga a que su trabajo le resulte más penoso o peligroso. Con idéntica razón decae la pretensión principal desestimada aquélla, pues no alcanzan las mermas descritas incidencia de suficiente entidad para acometer los principales requerimientos de la profesión habitual.

En virtud de lo expuesto, sendos motivos de censura jurídica deben ser desestimados y, con ellos, íntegramente el recurso interpuesto, confirmando la sentencia recurrida.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,