Sentencia Social 1556/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1219/2023 de 28 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en la que, desestimando la excepción de carencia sobrevenida de objeto opuesta por la Administración demandada, se estimaba la pretensión de la demandante declarando que su vinculación con dicha Administración era de carácter laboral indefinido no fijo con antigüedad de fecha 04/03/2019, sin que a ello obstase que la demandante hubiera adquirido posteriormente condición de funcionaria interina.

Frente a la sentencia formaliza la Corporación Local recurso de suplicación en el que, por una parte, se articula un motivo por el cauce del apartado a) del Art. 193 LRJS denunciando la infracción del art. 24 de la Constitución Española y de los arts. 90 LRJS, 7.3 LOPJ, 281 y 283 LEC por cuanto que a su juicio se había rechazado erróneamente la excepción de carencia sobrevenida de objeto.

Seguidamente, por la vía de las letras b) y c) del referido art. 193 LRJS se articulan dos motivos de revisión fáctica y dos de censura jurídica en los términos que seguidamente expondremos suplicando la revocación de la sentencia de instancia, siendo el recurso impugnado de contrario.

SEGUNDO.- Se alega en el primer motivo del recurso, aunque sin interesarse la nulidad de la sentencia, que la sentencia que se recurre desestimó la excepción de carencia sobrevenida del objeto de la litis y estimó la pretensión de la parte actora de ser declarada indefinida no fija del Ayuntamiento de Santa Lucía pero que realmente no se pronunció en relación con la carencia sobrevenida, existiendo además incongruencia dado que la Magistrada dijo erróneamente que la temporalidad de la actora persiste cuando realmente no existía ya relación laboral.

Para resolver el motivo ha de recordarse que la finalidad del cauce procesal de la letra a) del referido art. 193 de la LRJS es depurar las consecuencias de las irregularidades procesales cometidas en la instancia, que tengan relevancia constitucional por afectar al derecho a la tutela judicial efectiva (Const art.24), mediante la declaración de nulidad de la resolución recurrida o de los actos procesales previos a la misma y la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento previo a cometerse la infracción procedimental denunciada. Su admisión tiene carácter excepcional y queda reservada solo para los casos en que no sea posible reparar las consecuencias perjudiciales para la parte por otra vía.

A través del motivo de la letra a) del art. 193 se ataca la infracción de normas procesales o garantías del procedimiento con independencia del cuerpo normativo en que se recojan, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que resulta imprescindible que tal infracción haya originado indefensión material al afectado, obstaculizando su derecho a ejercer una defensa con plenas posibilidades de alegación y prueba en situación de igualdad con la contraparte.

Pero en el presente caso el motivo debe desestimarse pues la Juzgadora de instancia resolvió sobre la referida excepción en el FD 3º, en el que termina concluyendo que la temporalidad, que es lo que denuncia la actora, sigue persistente aún cuando en el momento del acto de juicio la relación laboral de la actora con la Administración demandada ya no sea como personal laboral temporal sino como funcionaria interina. Cuestión distinta es que lo resuelto sea o no acertado.

TERCERO.- En el motivo segundo solicita la parte que se añada al hecho 2º que la jurisdicción contenciosa es la competente para enjuiciar el nombramiento como funcionaria interina de la demandante de fecha 26/05/2021, pero se trataría de una cuestión jurídica que difícilmente puede acceder al relato de hechos probados.

En el motivo tercero se interesa añadir al hecho probado 3º que la relación funcionarial finalizó el 30/11/2021 (extremo al que ya se hace referencia en la sentencia pues la duración del nombramiento era de seis meses) y que ello comportaría una carencia sobrevenida de objeto, a lo que procede dar igual respuesta a lo interesado en el motivo anterior pues se trata de una cuestión jurídica.

En el motivo 4º se denuncia infracción de los artículos 22 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil entendiendo la parte que en el caso que nos ocupa existe una carencia sobrevenida del objeto de la litis relacionada con la falta de acción puesto que no es posible solicitar la declaración de una relación laboral indefinida cuando no existe esa relación laboral, por no estar vigente la misma.

El motivo 5º se invoca una sentencia de esta Sala (de fecha 30/06/2020, rec. 1142/1998) en la que, aunque el empleador no era una Administración, se afirmaba que "extinguido el contrato la acción de fijeza carece de sentido porque ya no hay relación laboral que declarar fija o indefinida".

CUARTO.- Con carácter previo a resolver lo que proceda debemos tener presente que, en efecto, la relación laboral de la actora se extendió del 04/03/2019 al 03/03/2020, interponiéndose la demanda días antes de su finalización.

Durante la tramitación del procedimiento ante el Juzgado la demandante fue nombrada funcionaria interina, nombramiento que surtió efectos por seis meses, entre el 01/06/2021 y el 30/11/2021, no constando posterior vinculación con la Administración, ni laboral ni funcionarial.

El acto del juicio se celebró el 25/04/2022, dictándose sentencia el 09/12/2022.

A la vista de todo ello advertimos que el último vínculo mantenido fue de naturaleza funcionarial, que finalizó meses antes de celebrarse del acto del juicio, y que es en relación con ese vínculo respecto del que se mantuvo la pretensión de relación indefinida, siendo estimada por el Juzgado de instancia.

No vamos a valorar si, en atención a que desde el 30/11/2021 no consta vinculación alguna con la Administración (ni laboral ni funcionarial), concurre falta de acción. Decimos esto porque, siendo de naturaleza funcionarial la última relación de la demandante, debemos recordar que la determinación del orden jurisdiccional competente para conocer del asunto es cuestión que, por afectar al orden público del proceso, ha de examinarse por la Sala inclusive de oficio, no quedando limitada por los hechos probados de la resolución recurrida ni por los motivos y argumentos del recurso.

En nuestro caso la actora no era funcionaria interina al tiempo de ejercitar la acción declarativa de laboralidad pero pasó a serlo después.

Idéntica cuestión analizamos en nuestra sentencia de 20/12/2019, rec. 926/2019, en la que razonábamos lo siguiente:

". la actora es contratada laboral, tras la suscripción de contrato de trabajo el 16.11.17, al tiempo de interponerse la demanda, y, con posterioridad, es nombrada como funcionaria interina, según escrito de aclaración.

Siendo esto así ha de traerse a colación lo resuelto por esta Sala en recurso 1244/17 por ser plenamente aplicable al supuesto de autos:

Ha de traerse a colación la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, pudiendo citarse la sentencia de 20/10/1998, rec. 3321/1997 en la que (aunque con voto particular) se explicaba lo siguiente:

<< 1) En las sentencias de esta Sala últimamente citadas, el análisis se centró sobre contratos concertados por la Administración con determinadas personas físicas a fin de que éstas llevasen a cabo ciertos servicios en favor de aquélla, contratos en los que se consignaba que

eran de carácter administrativo. Ahora bien, a partir de la puesta en observancia de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública EDL 1984/9077 las posibilidades de llevar a cabo válidamente tal clase de contratación se redujeron en gran medida. Las normas que la regulan son fundamentalmente la Disposición Adicional Cuarta EDL 1984/9077 y la Disposición Derogatoria, punto 1-A, de esta Ley 30/1984 EDL 1984/9077, desarrolladas por el Real Decreto 1465/1985, de 17 de junio EDL 1985/8857, así como la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones3 Públicas (arts. 5-2-a) EDL 1995/14148 y 197 y siguientes EDL 1995/14148), de cuyos mandatos se desprenden las siguientes notas caracterizadoras de estos especiales contratos administrativos: a) Sólo pueden celebrarse "excepcionalmente"; b) Unicamente pueden tener por objeto "la realización de trabajos específicos y concretos no habituales"; c) Esto supone, a su vez, que en ellos se contempla fundamentalmente el resultado que se ha de lograr o producir como consecuencia de la actividad desplegada por el contratado, no siendo tomada en consideración, como dato trascendente, tal actividad por sí misma; d) Y así la mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1998 EDJ 1998/292 ha dicho de este contrato que "su objeto no es una prestación de trabajo como tal, sino un "trabajo específico", es decir un producto delimitado de la actividad humana y no una actividad en sí misma independiente de su resultado final"; e) Y todo ello también determina que la actuación realizada por el contratado presente un cierto grado de autonomía.

Estas notas y caracteres separan claramente estos contratos administrativos de las relaciones laborales de prestación de servicios, de ahí que cuando una Administración pública se vale de los mismos para disfrazar u ocultar lo que en realidad es un verdadero contrato de trabajo, no suele ser difícil descubrir la maniobra, quedando patente y a la vista esa realidad de naturaleza laboral. Si a ello se añade que a una y otra situación se accede a través del oportuno cauce contractual, que implica la existencia de voluntades concordes sobre el correspondiente objeto propio del contrato, y que además la verdadera naturaleza de un contrato viene dada por su contenido, objeto y esencia, no por las denominaciones o expresiones utilizadas por las partes que en él intervienen, es claro que, cuando a través de lo actuado ha quedado en evidencia que la apariencia contractual administrativa con que se envolvió al vínculo constituido, carece de fundamento legal y de consistencia pues no se corresponde con la real esencia y estructura de éste, es obligado concluir que ese vínculo es de naturaleza laboral y que los Tribunales del Orden Social de la Jurisdicción son competentes para conocer y resolver la cuestión planteada a tal respecto.

2) Pero no acontece lo mismo, en absoluto, cuando se trata de servicios prestados en virtud de un nombramiento de funcionario público interino efectuado por una Administración pública, pues esta específica situación tiene una estructura, elementos, configuración y caracteres muy diferentes de los supuestos aludidos en los párrafos anteriores. En primer lugar, y como punto de partida, se ha de destacar que, en principio, el nombramiento de funcionarios interinos puede llevarse a cabo con toda licitud, dado que el viejo art. 5-2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 EDL 1964/138 no ha sido derogado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto EDL 1984/9077, ni por ninguna otra. Además, es preciso tener presente que la relación funcionarial que nace en estos casos, no ha sido generada por un pacto o acuerdo inter partes, como sucedía en los supuestos antes examinados, sino por un nombramiento, es decir un acto de autoridad efectuado por la Administración en cuanto tal, esto es, realizado en el ejercicio de una potestad que le es propia; tal nombramiento es, por tanto, un verdadero acto administrativo, que como tal se ha de presumir válido y conforme a ley en tanto no se declare su nulidad o ineficacia por los cauces legales adecuados, siendo obvio que la impugnación del mismo, (conducto necesario para conseguir esa declaración de nulidad en sede judicial) tiene que llevarse a efecto necesariamente ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por deducirse así de lo que dispone el art. 1-1 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 EDL 1956/424, y el art. 9-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754, así como de los arts. 1-1 y 2-c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa EDL 1998/44323 .

Conviene, como resumen añadir que: a) La Administración Pública puede, con plena facultad y competencia, llevar a cabo los nombramientos de funcionarios interinos que estimen convenientes, siempre que respete lo que la ley dispone a tal efecto; b) Los nombramientos realizados gozan de apariencia de legalidad y se han de tener por válidos y eficaces, mientras no se declare la nulidad de los mismos por la autoridad competente para ello; c) Los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo son a quienes corresponde la competencia para conocer de las impugnaciones que se dirijan contra esos nombramientos y para declarar la nulidad de éstos; d) Los Tribunales laborales, por el contrario, carecen de tal clase de competencia, no pudiéndose hablar aquí de cuestión de prejudicialidad, como razonó la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1996 EDJ 1996/5156, reseñada poco más arriba; e) Además, no es nada claro que la declaración de nulidad del nombramiento de un funcionario produzca la consecuencia de otorgar naturaleza laboral a la prestación de servicios realizada por el interesado; si se trata de la nulidad del nombramiento de un funcionario de carrera es evidente que la misma no determina la existencia de ninguna relación sometida al Derecho del Trabajo; y parece lógico seguir esta misma pauta y criterio si se trata de funcionarios interinos.

Es obligado, en consecuencia, concluir que el Orden Jurisdiccional Social no es competente para conocer y resolver las pretensiones ejercitadas en este proceso.>>

La posterior sentencia del Alto Tribunal de 12/07/2002, rec.4278/2001, reiterando doctrina, decía que el orden social de la jurisdicción carece de competencia cuando se trata de decidir sobre la validez de la relación funcionarial, lo que corresponde al orden contencioso-administrativo, como se desprende de lo prevenido por el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También esta Sala de Suplicación de Las Palmas ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto aplicando dicha doctrina jurisprudencial, y así ocurrió en la sentencia de 04/09/2003, rec. 1349/2001, en la se decía:

<< El Tribunal Supremo viene reiterando, por todas sentencias de 27 de febrero EDJ 1996/1394, 16 de julio EDJ 1996/5933 y 24 de octubre de 1996 EDJ 1996/7749 y de 20 de octubre de 1998 EDJ 1998/33386 que: "la petición de fijeza laboral fundada en la supuesta irregularidad de nombramiento funcionarial interino: hace ineludible resolver sobre la validez de la relación funcionarial (única ahora existente), para lo cual no es competente este Orden Social, siéndolo el Contencioso-Administrativo, como claramente resulta de lo prevenido por el artículo 9, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754 , sin que quepa argüir que se está en presencia de cuestión prejudicial, dado que el tema en litigio es reconducir al ámbito laboral una relación constituida en el plano del Derecho Administrativo... En consecuencia (y con independencia del hecho de que la irregularidad administrativa no convierte necesariamente y siempre la relación en laboral), es lo cierto que no podrá darse una respuesta judicial a la petición formulada sin que previamente se decida, en sentido positivo o en sentido negativo, sobre la afirmada ilegalidad de la relación funcionarial.

Pues bien, tal decisión solamente puede ser adoptada, con plenitud de efectos, por los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Por otra parte, tampoco puede entenderse que se esté ante una cuestión prejudicial administrativa (al modo de la que prevén los artículos 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754 y 4.1 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689) que sirva instrumentalmente para resolver en el ámbito de la Jurisdicción Social la petición sobre fijeza laboral. No hay tal cuestión prejudicial, pues no se está ante una cuestión (administrativa) conexa con la principal (laboral), aunque distinta de ella, sino que se está ante la misma cuestión (la misma relación de vida, que liga a las partes en litigio) sobre la que intentan converger dos calificaciones jurídicas distintas, la que le atribuye naturaleza administrativa y la que le atribuye naturaleza laboral.

Por ser una misma relación podría suceder (lo que no cabe en el marco de las cuestiones prejudiciales) que una posible decisión de la Jurisdicción Social (relación laboral indefinida) llegase a ser contradictoria, y por lo tanto incompatible, con una decisión de la Jurisdicción contencioso-administrativa adoptada con plenitud de efectos (relación funcionarial). La exposición precedente evidencia que la pretensión deducida, objeto de litigio, cualquiera que sea la forma en que se haya planteado, es, en realidad, una pretensión propia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues lo que subyace a la petición explícitamente deducida es la impugnación de una decisión de la Administración: el nombramiento como funcionario interino. Es ésta la verdadera pretensión ejercitada, y tal pretensión, en cuanto impugnatoria de un acto de la Administración, no puede ser conocida por la jurisdicción Social." Establecida así la incompetencia del orden jurisdiccional social para resolver pretensiones sobre el reconocimiento de relación laboral por tiempo indefinido, referida a relación constituida por designación funcionarial interina, a la que preceden contratos administrativos supuestamente irregulares, como quiera que la pretensión ejercitada por los actores se orienta a obtener la declaración de fijeza como contratados laborales, de personal vinculado a administraciones públicas en virtud de contratos administrativos que se califican de irregulares y que sin solución de continuidad son nombrados funcionarios interinos (en el caso que nos ocupa los actores están incluidos como funcionarios, profesores Grupo A, Nivel 24, relacionados en la RPT aprobada por Decreto 148/2000 de 10 de julio EDL 2000/84808, con los números: NUM001 el Sr. Segundo, NUM002 el Sr. Eusebio y NUM003 el Sr. Cornelio, conforme refleja el incombatido hecho probado tercero), cambio de estatus al que en un principio se aquietaron, en base a entender en fraude de ley su nombramiento como tales funcionarios interinos, ello hace ineludible resolver acerca de la validez de la relación funcionarial, única existente al tiempo de suscitarse los hechos de la demanda.

Todo lo cual nos lleva, en acatamiento de la doctrina jurisprudencial de referencia, a considerar acertada la decisión adoptada por la Magistrada de instancia de declarar la incompetencia por razón de la materia de los órganos del Orden Jurisdiccional Social para conocer de la cuestión debatida, lo que conlleva la desestimación del motivo, por su efecto del recurso y la confirmación de la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos, dejando a salvo el derecho de los demandantes de ejercitar tal pretensión ante el órgano competente del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. >>

En análogo sentido se pronunció también esta Sala de suplicación en su sentencia de 24/03/2004, rec. 1520/2003.

Por todo ello, debemos concluir que en el caso ahora enjuiciado el orden jurisdiccional social no es competente para resolver la pretensión de la demandante sobre el reconocimiento de su relación como laboral, ante su nombramiento funcionaria interina, y sin que a ello obste que la precedan contratos administrativos supuestamente irregulares.

Efectivamente, habiendo sido la demandante nombrada funcionaria interina después de haber estado vinculada a la Administración en virtud de contratos administrativos supuestamente irregulares, y como la pretensión aquí ejercitada no es sino la declaración de laboralidad de su relación, es claro que para ello resulta ineludible resolver acerca de la validez de la relación funcionarial existente al tiempo de interponerse la demanda, para lo cual -en aplicación de los arts.1, 2 y 5 de la LRJS y concordantes- no es competente este Orden Jurisdiccional.

En virtud de todo lo expuesto debemos acoger de oficio la excepción de incompetencia de jurisdicción, al ser cuestión de orden público, lo que por tanto implica -sin que haya lugar a resolver sobre los motivos del recurso- anular la sentencia de instancia.

No es que la demandante carezca de acción para que se declare que la naturaleza de su relación es laboral sino que lo que ocurre es que dicha acción ha de ser ejercitada ante el Orden Contencioso-Administrativo".

A partir de ahí concluimos que no se da la infracción jurídica denunciada, que en nada obsta al presente procedimiento que no fuera recurrido el Decreto de Admisión de la demanda pues, en cualquier caso, el escrito aclaratorio es de fecha posterior, y que la demandante es funcionaria interina y conforme a una consolidada jurisprudencia el orden social de la jurisdicción es incompetente si el demandante, cuando formula la pretensión que constituye el objeto de la litis, ostenta la condición de funcionaria interino.

Y ello es así por cuanto en el supuesto analizado si bien cuando interpone la recurrente la demanda el contrato vigente es laboral la mismo quiso ampliar la demanda e introducir un hecho nuevo, su contratación como funcionaria interina para el curso 2018/2019, impugnando expresamente la actora en el presente procedimiento por fraudulenta dicha nueva contratación al entender que se ha efectuado con la única finalidad de evitar la aplicación de la normativa laboral y ello lo ha efectuado al amparo de lo dispuesto por el art. 80.1 c) ET, según el cual la demanda deberá contener, entre otros requisitos "la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el art. 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad".

Por todo, siendo el argumento que la relación funcionarial se inserta típica y exclusivamente en el ámbito jurídico administrativo y que si alguna irregularidad hubiera habido en el acceso a la condición de funcionario interino - incuso tras la prestación de servicios laborales - ello no puede ser resuelto más que por la jurisdicción contencioso-administrativa,

Por todo ello, debemos concluir que en el caso ahora enjuiciado no es competente este Orden Jurisdiccional Social para resolver la pretensión de la demandante en recta aplicación de los arts.1, 2 y 5 de la LRJS y concordantes."

Lo razonado en dicha sentencia es plenamente extrapolable al caso que ahora nos ocupa pues escuchando la grabación del acto del juicio se constata que en el trámite de alegaciones la parte actora ratificó su demanda y que, tras manifestar la Administración demandada que la relación laboral se extinguió el 03/03/2020 y fue seguida de un nombramiento funcionarial que surtió efectos entre 01/06/2021 y el 30/11/2021, la Juzgadora concedió al la palabra a la parte demandante, quien en dicho trámite afirmaba que ese nombramiento como funcionaria obedecía a las mismas necesidades permanentes que la anterior contratación laboral, manteniendo así la pretensión ejercitada en su demanda pese a que la naturaleza del vínculo se modificó.

En virtud de todo lo expuesto debemos acoger de oficio la excepción de incompetencia de jurisdicción, al ser cuestión de orden público, lo que por tanto implica -sin que haya lugar a resolver sobre los motivos del recurso- revocar la sentencia de instancia, debiendo la acción, si es que existiera, ser ejercitada ante el Orden Contencioso-Administrativo.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS no procede condena en costas.

Conforme al art. 203 LRJS se acuerda la devolución al recurrente del depósito y la consignación efectuados para recurrir, una vez firme esta resolución.

SEXTO.-A tenor del art. 218 de la LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación,

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