Sentencia Social 349/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social, Rec. 113/2025 de 28 de abril del 2025

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda interpuesta en impugnación de recargo de prestaciones, se alza en suplicación ABRIGA NORTE S.L., destinando su recurso a los tres apartados del art. 193 de la LRJS.

SEGUNDO.- En el ámbito del apartado a) se invoca, en un primer motivo, infracción del art. 24 CE por falta de motivación de la resolución del INSS en la que se apreció la existencia de una omisión de medidas de seguridad por parte de la recurrente, determinante de la responsabilidad establecida en el art. 164 LGSS.

La reposición de las actuaciones derivada del art. 193.a) de la LRJS hace referencia a la infracción de normas del procedimiento judicial, es decir a errores procesales cometidos por el órgano judicial que hayan producido indefensión. Se trata, como señala la STC 124/1994, de examinar incumplimientos de normas procesales o irregularidades de igual condición que fuesen cometidas por los órganos judiciales con repercusión en las posibilidades efectivas de defensa y contradicción de quien las alega. Así lo indicó igualmente esta Sala en su sentencia de 23.11.2022, rec. 6720/2022, según la cual "la finalidad de dicha vía impugnatoria-la del art. 193.a) de la LRJS- se contrae a la denuncia de irregularidades en la tramitación del procedimiento",añadiendo seguidamente que "La denuncia debe quedar referida a la infracción de una norma o garantía de carácter procedimental".

Qu eda, pues, fuera del ámbito de esta vía impugnatoria la pretensión anulatoria de una resolución administrativa, no judicial, que debe articularse, en su caso, en el ámbito de la censura jurídica prevista en el apartado c). En todo caso, se justifica en ella la relación causa efecto entre la omisión de medidas de seguridad y el resultado producido, se mencionan las infracciones cometidas por referencia al acta de la Inspección de Trabajo transcrita en los hechos y se ubican jurídicamente los términos de la responsabilidad solidaria apreciada y los requisitos de la imposición del recargo, por lo que no existe ninguna falta de justificación. El motivo es, por todo lo expuesto, rechazado.

TERCERO.- El siguiente motivo incurre en un defecto semejante. Se plantea, nuevamente, la nulidad de la resolución referida en el motivo anterior, que fue dictada en el expediente administrativo del INSS y no en el proceso judicial, por lo que debemos acudir a la misma solución.

No está de más recordar, en todo caso, que, como señala el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en su sentencia de 7.7.2009, rec. 2400/2008, con remisión a otras previas de 17.5.2004 [-rcud 3259/03-], 8.10.2004 [-rcud 4552/03-], 25.10.2005 [-rcud 3552/04-], 18.10.2007 [-rcud 2812/06-] y 13.2.2008 [-rcud 163/07 -] "en materia de recargos de prestaciones no existe prejudicialidad penal devolutiva, de forma que la tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos no suspende el procedimiento para imponer el citado recargo por falta de medida de seguridad, pese a lo previsto en el art. 16.2 OM 18/01/96 , pues tal paralización no se contempla en el 1300/1995 [21/Julio] del que aquella es desarrollo y resulta contraria al art. 86.1 LPL , a la par que el art. 3.2 RD Legislativo 5/2000 [4 /Agosto ] limita a contemplar la paralización del procedimiento para el aspecto sancionador",y no al relativo al recargo de prestaciones, que es un procedimiento distinto carente de previsión normativa de suspensión por la existencia de un proceso penal o administrativo sancionatorio.

CUARTO.- 1. En el campo del art. 193.b) de la LRJS se interesa, por un lado, la revisión del ordinal factico 8º con el fin de completar las medidas de protección individual que recoge la evaluación de riesgos laborales, y, por otro, la revisión del hecho probado 13º a los efectos de sustituir su último párrafo por el texto que se propone. Trataremos conjuntamente ambos motivos por ser idéntica la razón de su desestimación.

Re sulta innecesaria la modificación de un hecho probado cuando en el mismo ordinal se da por reproducido en su integridad el documento en que se basa, siendo doctrina reiterada del TS que "si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"(entre otras, sentencias de 7.7.2016, rec. 188/2015, 283.7.2015, rec. 1925/2014, 16.6.2015, rec. 273/2014, y 18.6.2013, rec. 99/2012).

En este caso, los documentos en que se funda la pretensión revisora, es decir, la evaluación de riesgos laborales, en el hecho probado 8º, y el plan de trabajo, en el 13º, se dan por reproducidos íntegramente, por lo que la reiteración parcial de su contenido resulta innecesaria.

2. También se promueve la sustitución del último párrafo del hecho probado 16º por otro que indica exactamente lo contrario.

El motivo debe ser rechazado por dos causas: a) en primer lugar, porque la construcción judicial de tal ordinal no solo procede de prueba documental y/o pericial sino también de testifical, cuya valoración solo corresponde a la magistrada a quo dadas las garantías que ofrece el principio de inmediación y la naturaleza extraordinaria del presente recurso (entre otras, STS de 16 de octubre de 2018, rcud. 1766/2016); b) en segundo lugar, porque el texto propuesto no resulta de manera directa, clara y patente, sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas (entre otras, STS de 16.11.1998, recurso 1653/1998).

QUINTO.- Al amparo del art. 193.c) de la LRJS se denuncia la infracción del art. 24 CE y 164 de la LGSS, citándose, igualmente, la inaplicación del art. 15.1.h) de la LPRL 31/1995, del Criterio Técnico 83/2012 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los arts. 5.a) y c) del ET, 19.2 del ET y 29.2.1 de la LPRL.

Re specto al primero de los preceptos citados nada se dice en el motivo, que se limita a mencionarlo sin razonar la fundamentación de su infracción, tal y como exige el art. 196.2 de la LRJS, obviándose cualquier argumentación sobre la conexión entre su contenido normativo y el litigio, así como sobre su incidencia en la solución al debate. Por otra parte, un criterio técnico no es una norma jurídica ni constituye jurisprudencia, por lo que no resulta un instrumento hábil para justificar una revisión del apartado c) del art. 193 de la LRJS.

El resto de los preceptos mencionados se dirigen a censurar la valoración judicial plasmada en la sentencia de instancia, argumentando la subcontratista sobre su falta de responsabilidad en el accidente sufrido por el trabajador afectado. Dada la interconexión de hechos y razonamientos jurídicos, procederemos a resolver conjuntamente sobre las infracciones denunciadas y el cumplimiento empresarial de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo a los efectos del art. 164 de la LGSS.

1. Como dijimos, entre otras, en sentencias de 7 de marzo de 2024, rec. 878/2023, y 5 de octubre de 2023, rec. 337/2023, "... Recordemos ahora lo que viene señalando la Sala en esta materia, que se ajusta, como no podía ser de otra forma, a la doctrina del TS. En concreto, la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 25.9.13 , establece: "el deber de seguridad que todo empresario ostenta para con sus trabajadores se configura en su aspecto "primario" en el art. 4.2.d) ET , que reconoce como derecho básico de todo trabajador en el desempeño de sus funciones "su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene", derecho posteriormente ratificado por el art. 19 del mismo Cuerpo Legal , que bajo la rúbrica de "Seguridad e Higiene", reitera el derecho del trabajador en la prestación de sus servicios " a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene". Tales previsiones se han visto específicamente materializadas tras la entrada en vigor de la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la cual desarrolla el mandato constitucional contenido en el art. 40.2 CE de encomienda a los poderes públicos el velar por la seguridad e higiene en el trabajo y traspone al ordenamiento jurídico español de la Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, teniendo por objeto según su exposición de motivos "la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo", objeto que es posteriormente reiterado en el art. 5 de dicho Texto Legal .

En materia preventiva, afirma la Sala Cuarta en Sentencia de 26 de mayo de 2009, Rcud. 2304/2008 que "Reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000 ) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 ), b) que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 ).

A juicio de la Sala Cuarta (STS de 8 de octubre de 2001 (R.4403/2000 ), "La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre". Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo ...". En el apartado 4 del artículo 15señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

En Sentencia de 26 de mayo de 2009, Rcud. 2304/2008 el Alto Tribunal dispone que "como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000 ) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones."

A este respecto, "la propia normativa laboral parte de la diferente posición del trabajador frente al empresario en esta materia , pues no es el trabajador quien debe organizar el trabajo y se atribuye en exclusiva al empresario la "dirección y control de la actividad laboral" ( art. 20 ET ), imponiendo a éste el cumplimiento del "deber de protección" mediante el que deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo , -- e incluso, aunque concierte con entidades especializadas en prevención complementaria, ello no le exime "del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona" ( art. 14.2 y 4 LPRL ) -- y, en suma, preceptuarse que "la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador" ( art. 15.4 LPRL ).

Es el empresario el que tiene la posición de garante ("empresario garante") del cumplimiento de las normas de prevención ( arts. 19.1 ET y 14 LPRL ). El trabajador tiene también sus obligaciones, pero más matizadas y menos enérgicas: debe observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad ( art. 19.2 ET ), pero "según sus posibilidades", como dice expresamente el art. 29.1 LPRL . Tiene que utilizar correctamente los medios de protección proporcionados por el empresario, pero el trabajador no tiene la obligación de aportar estos medios, ni de organizar la prestación de trabajo de una manera adecuada.

Y respecto a la carga de la prueba y grado de diligencia exigible, en Sentencia de 30 de junio de 2010, Rcud. 4123/2008 concluye la Sala Cuarta : La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias.

So bre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta].

So bre el segundo aspecto [grado de diligencia exigible], la afirmación la hemos hecho porque la obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no sólo aquellos que las disposiciones específicas hubiesen podido contemplar expresamente [vid. arts. 14.2 , 15 y 16 LPRL ], máxime cuando la generalidad de tales normas imposibilita prever todas las situaciones de riesgo que comporta el proceso productivo; y también porque los imperativos términos con los que el legislador define la deuda de seguridad en los arts. 14.2 LPRL [«...deberá garantizarla seguridad ... en todo los aspectos relacionados con el trabajo ... mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad»] y 15.4 LPRL [«La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador»], que incluso parecen apuntar más que a una obligación de medios a otra de resultado, imponen una clara elevación de la diligencia exigible, siquiera -como veremos- la producción del accidente no necesariamente determine la responsabilidad empresarial, que admite claros supuestos de exención.

Ad emás, la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable], como parece presumir la propia LPRL al obligar al empleador a hacer una investigación de las causas de los daños que se hubiesen producido ( art. 16.3 LPRL ). Pero -como adelantamos antes- el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente".

2. En este caso, la actividad en cuyo desarrollo se produjo el accidente fue la de retirada y nueva colocación de la cubierta de una nave, lo que determina la aplicación del RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en cuyo ámbito se incluyen los "trabajos de construcción o ingeniería civil" (art. 2.1.a) en relación con el apartado d) del Anexo I, "Montaje y desmontaje de elementos prefabricados").

Se gún el art. 2.2 de este RD, "El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales", considerándose subcontratista a "la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución" (art. 2.1.i). La empresa recurrente estaba, por tanto, sujeta al régimen de obligaciones vinculado a la prevención de riesgos laborales en su condición de subcontratista.

En virtud de ello, conforme al art. 11.1, la empresa subcontratista estaba obligada a:

"a ) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto .

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa".

Er a, además, responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondiesen directamente, respondiendo solidariamente de las consecuencias derivadas del incumplimiento de esas medidas en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 11.2). Tal responsabilidad no desaparece por las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor (art. 11.3).

3. Según se relata en la sentencia de instancia, la recurrente fue contratada para reiterar las placas de fibrocemento existentes en la cubierta de la nave de GONVARRI y posterior colocación de la nueva cubierta. El día del siniestro los trabajadores finalmente accidentados se encontraban retirando esas placas, que se bajaban al suelo con una grúa. Sin embargo, dadas las características de la nave, no era posible el uso de la grúa desde un lateral, razón por la que la contratista y la subcontratista (la recurrente) decidieron abrir un hueco y colocarla en su interior para poder descender y ascender materiales. A tal efecto se modificó la estructura de la cubierta mediante un corte transversal de correas, lo que provocó una situación de inestabilidad y una merma en la capacidad portante de la cubierta que, junto al acopio de las placas desmontadas, determinó el corte de la soldadura, con lo que los trabajadores quedaron sin sujeción sobre el pórtico y cayeron.

4. Aun cuando la apertura de huecos para el descenso de placas estaba prevista en el plan de trabajo, no estaba contemplada la realización de un corte de correas y, menos aún, de la soldadura, lo que fue el causante del colapso de la estructura, ni las particularidades de la nave que determinaron esa forma de proceder y las condiciones de trabajo impuestas a los trabajadores.

La decisión de modificación fue adoptada por la empresa contratista y la subcontratista sin la realización de un estudio técnico previo, exigido por el art. 4 y siguientes del RD 1627/1997, y sin la presencia del recurso preventivo en el momento del accidente, impuesta por la evaluación de riesgos laborales, por el art. 32 bis y DA 14ª de la LPRL, por la DA Única del RD 1627/1997, y por el art. 22 bis del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se dispone la necesaria presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos "cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo"y cuando se realicen "Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo",con especial referencia a las actividades de construcción en la DA 10ª.

5. Por otra parte, los trabajadores realizaban su labor con protecciones colectivas, en concreto, redes perimetrales y de bajo forjado, permaneciendo, sin embargo, sin arnés de seguridad, medida de protección que se establecía como complementaria a las colectivas en la evaluación de los trabajos de DIRECCION000. En la evaluación de riesgos de la empresa de ABRIGA NORTE se remite a lo recogido en el plan o documento de gestión preventiva.

El arnés se contemplaba, según lo expuesto, como elemento coadyuvante de seguridad que pudo y debió ser usado en función de las extraordinarias circunstancias concurrentes: realización del trabajo en condiciones no evaluadas ni planificadas, formación puramente verbal, ausencia de recurso preventivo y riesgo cierto de precipitación. Es obligación de todo empresario poner a disposición de los trabajadores a su servicio todos los instrumentos adecuados para su seguridad y resulta evidente, en este caso, la importancia de dicha medida de seguridad si tenemos en cuenta que, de haber sido usada, los trabajadores no hubiesen caído. En este sentido, el art. 17 de la LPRL dispone que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos",añadiendo que "El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo".

6. Finalmente, no consta en ningún documento la formación impartida a ambos trabajadores para llevar a cabo el procedimiento de apertura del hueco ya que se indica que fue de carácter verbal. No es posible determinar, por tanto, el cumplimiento de las condiciones de suficiencia, adecuación y adaptación a los riesgos que el art. 19 de la LPRL impone a la formación recibida por los trabajadores en relación con los cambios efectuados en su desempeño profesional para la apertura del hueco.

7. De todo lo indicado, la relación causa efecto entre los incumplimientos observados y el desgraciado accidente producido aparece con meridiana claridad: de haberse adoptado las medidas omitidas, el trabajo a realizar hubiese sido planificado y ejecutado adecuadamente, se hubiesen adoptado las medidas de seguridad necesarias y hubiesen sido corregidas, en su caso, las deficiencias observadas. Se trataba de cumplir las normas de seguridad exigibles a las condiciones propias del trabajo que se iba a ejecutar, dada su naturaleza imprevista y extraordinaria y, como se demostró por el resultado final, peligrosa, controlando la formación de un entorno seguro que hubiese evitado, en definitiva, la caída de los trabajadores y los efectos que esta tuvo.

8. La responsabilidad que de lo expuesto se deriva no queda atenuada ni mucho menos excluida por el comportamiento de los trabajadores accidentados. La única mención que la sentencia hace al consumo de sustancias toxicas por su parte se realiza en el hecho probado 12º, que se limita a dar por reproducido el informe forense, lo cual no implica que la magistrada de instancia asuma como cierto su contenido. En todo caso, dicho documento indica que, respecto del cannabis, "no se pueden establecer ... los posibles efectos sobre el sistema nervioso central" y, en relación con la cocaína, el "consumo fue bastante anterior a la muerte" y "dicha sustancia ya se había eliminado por completo de la sangre, por lo que ya no producía ningún efecto sobre el sistema nervioso central en el momento de la muerte". Es decir, no hay constancia alguna de que las sustancias indicadas tuviesen incidencia alguna en las facultades intelectivas y volitivas de los trabajadores en el momento del siniestro.

Pr ocede, por todo lo indicado, la desestimación del recurso.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 235 de la LRJS, la desestimación del recurso conlleva el abono de los honorarios del letrado de la parte impugnante en un importe de 650 € más IVA.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,