Sentencia Social 2457/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 4842/2025 de 28 de mayo del 2026

PRIMERO.-La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta, declarando la improcedencia del despido del que fue objeto en fecha 5-04-2024, condenando a la empresa demandada, a su opción, que deberá efectuar ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a que readmita al actor en su mismo puesto y condiciones de trabajo, en cuyo caso deberá abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde el día del despido hasta el de la notificación de la presente resolución, a razón de 75,92 €/día; o a que le abone la cantidad de 66.331,84 euros en concepto de indemnización, opción que deberá ejercitar mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia.

Asimismo, indica a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión.

Y condena a la empresa a que abone al actor la cantidad de 633,71 euros en concepto de salarios, más intereses del art. 29.3 del ET.

En fecha 14 de julio de 2025 y a solicitud del actor, se dictó Auto de aclaración, en cuya parte dispositiva se establece: "DISPONGO

1.- Estimar la solicitud de aclaración de sentencia interesada por la parte actora, y, en consecuencia, donde dice: "...la empresa José Soto Pérez...", debe decir: "...la empresa José Acha e Hijos S.L.U. ..."; se deja sin efecto el Fundamento de Derecho QUINTO pasando el numerado como SEXTO a ser ahora el QUINTO, y en el Fallo donde dice:

"... Asimismo, indicar a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión.

Asimismo, condeno a la empresa a que abone al actor la cantidad de 633,71 euros en concepto de salarios, más intereses del art. 29.3 del ET. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber ..." debe decir:

"... Asimismo, indicar a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber ...".

Frente a este pronunciamiento se alza la parte demandada, interponiendo recurso de suplicación e interesando que se estime el mismo y, en consecuencia, sea revocada la Sentencia de fecha 30.06.2025, dictándose otra por lo que:

1º) Se declare la PROCEDENCIA de las causas de despido recogidas en la carta de fecha 05.04.2024, con las consecuencias inherentes a la declaración de procedencia, devolviendo los autos al Juzgado de lo Social Número Dos de Pontevedra para su ejecución definitiva.

2º) Subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, exclusivamente respecto a la declaración de improcedencia del despido por las causas invocadas en la carta, al haberse dictado prescindiendo de la oportuna motivación, reponiendo los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse indefensión, con el objeto de que la jueza de instancia valore el conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio.

3º) En última instancia se declare la IMPROCEDENCIA del despido exclusivamente por incumplimiento del requisito formal de instrucción de expediente contradictorio, a los efectos de su oportuna incoación, tramitación y resolución.

El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-Debe indicarse que la solicitud de declaración de nulidad de la sentencia dictada en un procedimiento laboral de despido, nunca puede ser subsidiaria de la petición de declaración de improcedencia, pues si se apreciara la existencia de la citada nulidad, la Sala no podría entrar a conocer sobre los motivos fácticos y jurídicos alegados, debiendo necesariamente declarar la nulidad de la sentencia y ordenar la devolución de las actuaciones a la juzgadora de instancia, a fin de que la misma dictara una nueva, con total libertad de criterio.

Señalado lo anterior, la parte, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, al entender que existe la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 87, 89 y 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con la sentencia del Tribunal Supremo número 1957/2024, de 11 de abril, y argumenta que la sentencia carece de las necesaria motivación, en cuanto a las causas alegadas en la carta de despido, limitándose, en 9 líneas a enumerar las 5 causas del despido, para declarar la improcedencia, sin valorar la prolija prueba practicada en el acto del juicio.

En primer lugar, no pueden entenderse vulnerados los artículos 87 y 89 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pue:

1º Por un lado, el primero de ellos tiene 6 apartados y el segundo siete, y la parte no indica cual o cuales de ellos pueden haberse vulnerado en la sentencia de instancia, no viniendo obligada la parte a la búsqueda del o de los apartados/s que puedan haberse infringido, sustituyendo a la parte y,

2º Por otro, por cuanto el primero se refiere a la práctica de la prueba en el acto del juicio y el segundo a la documentación del acto de juicio, sin que la parte realice denuncia alguna en su argumentación, en cuanto a que se le haya privado de la proposición y práctica de alguna prueba, o de que se haya practicado de forma irregular, ni tampoco que no se cumplan las previsiones legales, en cuanto a la documentación del acto del juicio.

Indicado lo anterior, según reiterada jurisprudencia, la nulidad de actuaciones procesales se configura como un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda sometida al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la formal, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que la ley no ampara a quien con su negligencia o pasividad contribuye a su indefensión, que será por tanto formal pero no material ( SSTC 41/89, 145/90, 181/94 y 137/96, entre otras).

Por su parte, la doctrina constitucional indica que para decretar la nulidad de las actuaciones judiciales no basta con que se haya producido la infracción de una determinada norma procesal, sino que tal vulneración ha de producir una situación de indefensión, no meramente formal, sino material, pues en caso contrario no cabe declarar la nulidad de actuaciones, que es el efecto propio de la apreciación del motivo que se formula al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS, a diferencia de lo que ocurre con el formulado al amparo de su apartado c), que busca simplemente la revocación de la sentencia de instancia.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional (Sentencias 163/1.990, de 22 de octubre (RTC 1990, 163); 116/1.995, de 17 de julio (RTC 1995, 116); 25/2011, de 14 de marzo (RTC 2011, 25) y 181/2011, de 21 de noviembre (RTC 2011, 181)) establece que "la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales".

El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que:

"1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

Y el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que:

"La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

No es cierto, como pretende la parte, que la juez a quo haya resuelto la cuestión relativa a la declaración de improcedencia del despido en nueve líneas, pues, por un lado, ha motivado suficientemente, con cita y reproducción parcial, el porqué declara la improcedencia del despido, por falta de audiencia previa, con base en lo establecido en el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, rec. 4735/2023, a lo que añade la necesidad de dar dicho trámite de audiencia al trabajador, fundada en la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de enero de 2001, por la que se dispone la inscripción en el Registro y Publicación del Laudo Arbitral dictado el 24 de noviembre de 2000, en materia de sustitución negociada de la Ordenanza Laboral para las Empresas de Trasporte por carretera, llamando la atención sobre la subsistencia en muchos convenios del sector de la remisión a la Ordenanza Laboral de 20 de marzo de 1971, que se refiere al subsector de trasporte de viajeros por carretera, y en la misma se expresa la obligación de instruir a los trabajadores el correspondiente expediente antes de proceder al despido, obligación que considera vigente.

Es decir, ha fundado la decisión de declarar el despido improcedente en un incumplimiento formal por parte de la empresa, por lo que no sería preciso que entrara a conocer sobre los motivos del despido concretados en la carta de despido.

Pero es que, además, entra a conocer sobre los mismos, señalando que los dos primeros ya habían sido objeto de la imposición de la oportuna sanción, que fue declarada nula (hecho probado quinto de la sentencia), sin que se hubieran añadido hechos nuevos; que el tercero no ha sido acreditado; el cuarto que obedece a una cuestión de discrepancia en cuanto al horario, no resuelta entre las partes y el quinto, porque carece de toda trascendencia, añadiendo una larga argumentación en cuanto a las circunstancias que deben concurrir para que un despido pueda ser declarado procedente.

Así pues, no existe insuficiente argumentación y la sentencia no causa indefensión a la parte, que puede, como ha hecho, interesar la modificación del relato de hechos probados y discutir, vía denuncia jurídica, la decisión adoptada, a través de los motivos establecidos en los apartados b) y c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Es decir, la discrepancia de la parte, en cuanto a los hechos probados de la sentencia y a la fundamentación jurídica que ha conducido a que la juez a quo declare la improcedencia del despido, no supone indefensión, pudiendo, por las vías antes señaladas, intentar que se revoque la sentencia dictada.

TERCERO.-En el segundo de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la parte la modificación del relato de hechos probados de la sentencia y concretamente de los ordinales segundo, quinto y sexto.

En el segundo postula que se realicen tres adiciones al texto redactado por la juez a quo, cuales son: "... En fecha 04.04.2024 se requirió nuevamente al trabajador a través de correo electrónico y WhatsApp con el fin de que facilitase a la nueva administradora la lista agenda de datos de clientes. El trabajador no facilitó los datos.", con base en la prueba fehaciente e incontrovertida pro las partes, consistente en correo electrónico y WhatsApp remitidos por el trabajador el 4 de abril de 2025 y aportada por la parte recurrente previamente por Lexnet y en al acto del juicio;

De "...El trabajador despedido manifestó que estaba pensando postularse como delegado de personal, y en caso de no salir elegido cogería una baja para bloquear los servicios.", con base en la testifical de Dña. Eulalia;

Y de "...En fecha 21.03.2024 se requirió por WhatsApp al trabajador para limpiar el autobús. El trabajador no procede a su limpieza.", con base en la prueba testifical de Jose Pedro, personal del departamento de administración y con documental acreditativa del envío de WhatsApp y registro horario.

En el quinto pide que se sustituya la redacción dada al mismo por la juez a quo, por la siguiente: "La sentencia de 29.07.2024, resolución que se da por reproducida en su integridad, además de declarar nula la sanción impuesta por ausencia de la tramitación de expediente contradictorio considera probado que en el período de octubre de 2023 a marzo de 2024 se comunicaron al trabajador hasta 16 incidencias en la cumplimentación de los partes de servicio, que no corrige", con base en copia de la sentencia citada, aportada como prueba, en su fundamento de derecho segundo.

Finalmente, en el sexto reclama que se realice un añadido del siguiente tenor: "...En cambio el conductor no facilitó la lectura de los datos del tacógrafo del vehículo que usa, matrícula NUM001", con base en prueba documental practicada consistente en WhatsApp del día 22.03.2024 y del día 02.04.2024, correo electrónico de AROSA DIESEL e informe del programa de descarga de datos, aportados por la recurrente.

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser - SSTC 18/1993 (RTC 199318 ), 294/1993 (RTC 1993294 )y 93/1997 (RTC 199793)-de naturaleza extraordinaria, casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción, concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso: STS 12/06/75 ,para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316 , 326 , 348 y 376 LEC ,así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS ).Y esta atribución de la competencia valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez «a quo».

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04/00 R. 1077/00 , 15/04/00 R. 1015/97 entre otras);

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 lrjs ,y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél;

d) que la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento y no viene determinada -vinculantemente- por las conclusiones deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente prueba, por lo que -salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada- no trascienden a procesos ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia;

e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Con base en esta doctrina, no debe aceptarse la modificación peticionada de los hechos probados segundo, quinto y sexto, por cuanto:

A) La parte no indica en ninguna de las peticiones modificativas, donde se encuentran los medios en los que basa sus pretensiones, es decir no indica página, folio, acontecimiento del expediente electrónico donde puedan ubicarse, no siendo función de la Sala la búsqueda de los mismos dentro de la prueba aportada por la parte.

B) Los WhatsApp no son documentos, por lo que no pueden servir para la finalidad revisoria pretendida, ya que la modificación fáctica no puede basarse más que el documental y pericial.

El WhatsApp -servicio de mensajería instantánea- es uno de los nuevos medios de prueba a los que se refiere el artículo 299.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente a los medios de prueba tradicionales a los que se refiere el art. 299.1 del mismo texto legal, y la prueba documental, que es una de las pruebas con la que, con base en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sirve para pretender obtener la revisión del relato de hechos probados, está recogida dentro de los medios de prueba tradicionales (en concreto puntos 2 y 3 del artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y la diferencia entre unos y otros no solo se aprecia en el medio de prueba en sí -ya que no solo se diferencia en la forma de aportación y práctica de la prueba-, sino también en su valoración, ya que, mientras la prueba documental está sometida a un sistema mixto de valoración probatoria, tasada en determinados documentos públicos y privados, y libre en los restantes, los medios nuevos de prueba están sometidos al sistema de valoración libre, ya que los artículos 382 y 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalan que serán valorados conforme a las reglas de la sana crítica.

C) Las testificales no son hábiles para las variaciones postuladas, por el mismo motivo, no existiendo jurisprudencia que lo permita, ya que las sentencias alegadas por la parte para que se declare la validez de las alteraciones pedidas no tienen dicha consideración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil.

CUARTO.-En el tercero de los motivos del recurso, apartado B) y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la parte, que se ha producido la infracción de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1991 y las que en ella se mencionan, con respecto al artículo 119 de la Ordenanza Laboral de Trasporte por carretera, y en relación con el artículo 39 del Convenio Colectivo, argumentando que el Convenio Colectivo aplicable no prevé un régimen sancionador propio y que la referencia a la Ordenanza contenida en el artículo 39 del Convenio se realiza a la norma derogada, por lo que no resulta aplicable el artículo 119 de la referida Ordenanza, en cuanto a la necesidad de tramitar un expediente previo a los trabajadores que vayan a ser despedidos.

Añade que la Juez a quo se ha basado en una sentencia del Tribunal Supremo que no se había publicado en la fecha del despido del trabajador.

Y concluye señalando que el artículo 110.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establece la posibilidad de subsanar el defecto formal de instrucción del expediente.

No deja de ser irregular la forma en la que la parte realiza las denuncias de infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, pues la misma debe realizarse con carácter previo y no dentro de la argumentación del motivo del recurso, pero ello no impide que se entre a conocer, debiendo indicarse:

1º Es cierto que las Ordenanzas Laborales han sido derogadas, pero también lo es que si las parte negociadoras de un Convenio Colectivo, en uso de su autonomía de la voluntad y de forma reiterada, han considerado conveniente no regular el régimen disciplinario de los trabajadores, y se han remitido al respecto al contenido de una Ordenanza Laboral, es como si hubieran procedido a reproducir en el artículo 39 el tenor literal de la norma contenida en la Ordenanza Laboral, con las modificaciones introducidas por el Laudo Arbitral parcialmente reproducido por la Juez a quo.

Así pues, estableciendo el artículo 39 del Convenio Colectivo de trasporte público de viajeros por carretera de la provincia de Pontevedra que: "En todo lo no expresamente previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente, así como en la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera, aunque ésta sea derogada por el Gobierno y hasta su sustitución por Convenio Colectivo",y si bien el artículo 119 de la Ordenanza Laboral para las empresas de trasporte por carretera tan sólo establece que "Las sanciones por faltas graves o muy graves, distintas del despido, habrá de imponerlas también la Empresa, previa la formación del oportuno expediente",el Laudo Arbitral publicado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de enero de 2001 (LAUDO ARBITRAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA SALARIAL, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES, CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA), dictado en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral para las Empresas de Transportes por Carretera, aprobada por Orden de 20 de marzo de 1971, en lo que se refiere al Subsector de Transporte de Viajeros por Carretera, señala en su capítulo V, "Las sanciones por faltas graves o muy graves, habrá de imponerlas también la empresa, previa instrucción del oportuno expediente al trabajador. El interesado y la representación de los trabajadores o sindical tendrán derecho a una audiencia para descargos en el plazo de diez días, a contar desde la comunicación de los hechos que se le imputan. Este plazo suspenderá los plazos de prescripción de la falta correspondiente. Cuando, por razones del servicio asignado, el trabajador sancionado se encuentre desplazado, el plazo establecido quedará interrumpido, reiniciándose cuando regrese", es decir, incluye también al despido de los trabajadores, dentro de las sanciones para cuya imposición se exige la tramitación del expediente previo.

2º Es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, rec. 4735/2023, se dictó en fecha posterior a la del despido del trabajador, pero el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT estaba vigente desde la publicación en el B.O.E. el 29 de junio de 1985 del Instrumento de ratificación por España, realizado el 26 de abril de 1985, y el mismo establece que "NO DEBERA DARSE POR TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR POR MOTIVOS RELACIONADOS CON SU CONDUCTA O SU RENDIMIENTO ANTES DE QUE SE LE HAYA OFRECIDO POSIBILIDAD DE DEFENDERSE DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA EL, A MENOS QUE NO PUEDA PEDIRSE RAZONABLEMENTE AL EMPLEADOR QUE LE CONCEDA ESTA POSIBILIDAD".

3º Ninguna infracción del artículo 110.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se produce en la sentencia recurrida, pues el mismo sólo prevé que, cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión, el empresario, si así lo entiende oportuno, pueda realizar un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia, pero dicho despido no es una subsanación del despido anterior, como pretende la parte, sino uno nuevo, que surtirá efectos desde su fecha, y la sentencia de instancia no ha privado a la recurrente de poder realizar un nuevo despido, no pudiendo pronunciarse sobre este extremo, que es lo que ha hecho, a tratarse, como se ha indicado, de una posibilidad que tiene el empresario.

QUINTO. -En el apartado A) del mismo motivo del recurso y con idéntico amparo procesal, denuncia la parte la infracción del artículo 24 de la Orden Ministerial FOM/1190/2005 que regula la obligación de descarga, trasferencia o volcado de datos, argumentando que, a pesar de considerar la juez a quo que se ha realizado dicha descarga, no se ha hecho, lo que constituye una causa de despido, que debe ser declarado procedente.

La denuncia no puede prosperar por cuanto en el sexto de los hechos probados, cuya modificación peticionada por la parte no ha prosperado, la juez a quo ha declarado probado que "el 22 de marzo de 2024 se hizo la lectura de datos y el 5 de abril de 2024 también se hizo la descarga de datos de tacógrafo".

Es decir, que no existe el denunciado motivo del despido de no proceder a la descarga de los datos y contenido del tacógrafo.

SEXTO. -En consecuencia, el recurso debe ser desestimado y la resolución recurrida confirmada.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas del recurso a la empresa recurrente, que no goza del beneficio de justicia gratuita, incluyendo la cantidad de setecientos cincuenta euros (750 euros), IVA incluido, en concepto de honorarios del Letrado impugnante del mismo.

Tal y como establece el artículo 204.1 y 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede acordar la pérdida del depósito realizado para recurrir y de las cantidades consignadas a dichos efectos, dándoseles el destino legal una vez que sea firme esta sentencia.

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;

PRIMERO.-La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta, declarando la improcedencia del despido del que fue objeto en fecha 5-04-2024, condenando a la empresa demandada, a su opción, que deberá efectuar ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a que readmita al actor en su mismo puesto y condiciones de trabajo, en cuyo caso deberá abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde el día del despido hasta el de la notificación de la presente resolución, a razón de 75,92 €/día; o a que le abone la cantidad de 66.331,84 euros en concepto de indemnización, opción que deberá ejercitar mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia.

Asimismo, indica a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión.

Y condena a la empresa a que abone al actor la cantidad de 633,71 euros en concepto de salarios, más intereses del art. 29.3 del ET.

En fecha 14 de julio de 2025 y a solicitud del actor, se dictó Auto de aclaración, en cuya parte dispositiva se establece: "DISPONGO

1.- Estimar la solicitud de aclaración de sentencia interesada por la parte actora, y, en consecuencia, donde dice: "...la empresa José Soto Pérez...", debe decir: "...la empresa José Acha e Hijos S.L.U. ..."; se deja sin efecto el Fundamento de Derecho QUINTO pasando el numerado como SEXTO a ser ahora el QUINTO, y en el Fallo donde dice:

"... Asimismo, indicar a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión.

Asimismo, condeno a la empresa a que abone al actor la cantidad de 633,71 euros en concepto de salarios, más intereses del art. 29.3 del ET. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber ..." debe decir:

"... Asimismo, indicar a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber ...".

Frente a este pronunciamiento se alza la parte demandada, interponiendo recurso de suplicación e interesando que se estime el mismo y, en consecuencia, sea revocada la Sentencia de fecha 30.06.2025, dictándose otra por lo que:

1º) Se declare la PROCEDENCIA de las causas de despido recogidas en la carta de fecha 05.04.2024, con las consecuencias inherentes a la declaración de procedencia, devolviendo los autos al Juzgado de lo Social Número Dos de Pontevedra para su ejecución definitiva.

2º) Subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, exclusivamente respecto a la declaración de improcedencia del despido por las causas invocadas en la carta, al haberse dictado prescindiendo de la oportuna motivación, reponiendo los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse indefensión, con el objeto de que la jueza de instancia valore el conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio.

3º) En última instancia se declare la IMPROCEDENCIA del despido exclusivamente por incumplimiento del requisito formal de instrucción de expediente contradictorio, a los efectos de su oportuna incoación, tramitación y resolución.

El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-Debe indicarse que la solicitud de declaración de nulidad de la sentencia dictada en un procedimiento laboral de despido, nunca puede ser subsidiaria de la petición de declaración de improcedencia, pues si se apreciara la existencia de la citada nulidad, la Sala no podría entrar a conocer sobre los motivos fácticos y jurídicos alegados, debiendo necesariamente declarar la nulidad de la sentencia y ordenar la devolución de las actuaciones a la juzgadora de instancia, a fin de que la misma dictara una nueva, con total libertad de criterio.

Señalado lo anterior, la parte, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, al entender que existe la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 87, 89 y 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con la sentencia del Tribunal Supremo número 1957/2024, de 11 de abril, y argumenta que la sentencia carece de las necesaria motivación, en cuanto a las causas alegadas en la carta de despido, limitándose, en 9 líneas a enumerar las 5 causas del despido, para declarar la improcedencia, sin valorar la prolija prueba practicada en el acto del juicio.

En primer lugar, no pueden entenderse vulnerados los artículos 87 y 89 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pue:

1º Por un lado, el primero de ellos tiene 6 apartados y el segundo siete, y la parte no indica cual o cuales de ellos pueden haberse vulnerado en la sentencia de instancia, no viniendo obligada la parte a la búsqueda del o de los apartados/s que puedan haberse infringido, sustituyendo a la parte y,

2º Por otro, por cuanto el primero se refiere a la práctica de la prueba en el acto del juicio y el segundo a la documentación del acto de juicio, sin que la parte realice denuncia alguna en su argumentación, en cuanto a que se le haya privado de la proposición y práctica de alguna prueba, o de que se haya practicado de forma irregular, ni tampoco que no se cumplan las previsiones legales, en cuanto a la documentación del acto del juicio.

Indicado lo anterior, según reiterada jurisprudencia, la nulidad de actuaciones procesales se configura como un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda sometida al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la formal, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que la ley no ampara a quien con su negligencia o pasividad contribuye a su indefensión, que será por tanto formal pero no material ( SSTC 41/89, 145/90, 181/94 y 137/96, entre otras).

Por su parte, la doctrina constitucional indica que para decretar la nulidad de las actuaciones judiciales no basta con que se haya producido la infracción de una determinada norma procesal, sino que tal vulneración ha de producir una situación de indefensión, no meramente formal, sino material, pues en caso contrario no cabe declarar la nulidad de actuaciones, que es el efecto propio de la apreciación del motivo que se formula al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS, a diferencia de lo que ocurre con el formulado al amparo de su apartado c), que busca simplemente la revocación de la sentencia de instancia.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional (Sentencias 163/1.990, de 22 de octubre (RTC 1990, 163); 116/1.995, de 17 de julio (RTC 1995, 116); 25/2011, de 14 de marzo (RTC 2011, 25) y 181/2011, de 21 de noviembre (RTC 2011, 181)) establece que "la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales".

El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que:

"1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

Y el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que:

"La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

No es cierto, como pretende la parte, que la juez a quo haya resuelto la cuestión relativa a la declaración de improcedencia del despido en nueve líneas, pues, por un lado, ha motivado suficientemente, con cita y reproducción parcial, el porqué declara la improcedencia del despido, por falta de audiencia previa, con base en lo establecido en el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, rec. 4735/2023, a lo que añade la necesidad de dar dicho trámite de audiencia al trabajador, fundada en la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de enero de 2001, por la que se dispone la inscripción en el Registro y Publicación del Laudo Arbitral dictado el 24 de noviembre de 2000, en materia de sustitución negociada de la Ordenanza Laboral para las Empresas de Trasporte por carretera, llamando la atención sobre la subsistencia en muchos convenios del sector de la remisión a la Ordenanza Laboral de 20 de marzo de 1971, que se refiere al subsector de trasporte de viajeros por carretera, y en la misma se expresa la obligación de instruir a los trabajadores el correspondiente expediente antes de proceder al despido, obligación que considera vigente.

Es decir, ha fundado la decisión de declarar el despido improcedente en un incumplimiento formal por parte de la empresa, por lo que no sería preciso que entrara a conocer sobre los motivos del despido concretados en la carta de despido.

Pero es que, además, entra a conocer sobre los mismos, señalando que los dos primeros ya habían sido objeto de la imposición de la oportuna sanción, que fue declarada nula (hecho probado quinto de la sentencia), sin que se hubieran añadido hechos nuevos; que el tercero no ha sido acreditado; el cuarto que obedece a una cuestión de discrepancia en cuanto al horario, no resuelta entre las partes y el quinto, porque carece de toda trascendencia, añadiendo una larga argumentación en cuanto a las circunstancias que deben concurrir para que un despido pueda ser declarado procedente.

Así pues, no existe insuficiente argumentación y la sentencia no causa indefensión a la parte, que puede, como ha hecho, interesar la modificación del relato de hechos probados y discutir, vía denuncia jurídica, la decisión adoptada, a través de los motivos establecidos en los apartados b) y c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Es decir, la discrepancia de la parte, en cuanto a los hechos probados de la sentencia y a la fundamentación jurídica que ha conducido a que la juez a quo declare la improcedencia del despido, no supone indefensión, pudiendo, por las vías antes señaladas, intentar que se revoque la sentencia dictada.

TERCERO.-En el segundo de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la parte la modificación del relato de hechos probados de la sentencia y concretamente de los ordinales segundo, quinto y sexto.

En el segundo postula que se realicen tres adiciones al texto redactado por la juez a quo, cuales son: "... En fecha 04.04.2024 se requirió nuevamente al trabajador a través de correo electrónico y WhatsApp con el fin de que facilitase a la nueva administradora la lista agenda de datos de clientes. El trabajador no facilitó los datos.", con base en la prueba fehaciente e incontrovertida pro las partes, consistente en correo electrónico y WhatsApp remitidos por el trabajador el 4 de abril de 2025 y aportada por la parte recurrente previamente por Lexnet y en al acto del juicio;

De "...El trabajador despedido manifestó que estaba pensando postularse como delegado de personal, y en caso de no salir elegido cogería una baja para bloquear los servicios.", con base en la testifical de Dña. Eulalia;

Y de "...En fecha 21.03.2024 se requirió por WhatsApp al trabajador para limpiar el autobús. El trabajador no procede a su limpieza.", con base en la prueba testifical de Jose Pedro, personal del departamento de administración y con documental acreditativa del envío de WhatsApp y registro horario.

En el quinto pide que se sustituya la redacción dada al mismo por la juez a quo, por la siguiente: "La sentencia de 29.07.2024, resolución que se da por reproducida en su integridad, además de declarar nula la sanción impuesta por ausencia de la tramitación de expediente contradictorio considera probado que en el período de octubre de 2023 a marzo de 2024 se comunicaron al trabajador hasta 16 incidencias en la cumplimentación de los partes de servicio, que no corrige", con base en copia de la sentencia citada, aportada como prueba, en su fundamento de derecho segundo.

Finalmente, en el sexto reclama que se realice un añadido del siguiente tenor: "...En cambio el conductor no facilitó la lectura de los datos del tacógrafo del vehículo que usa, matrícula NUM001", con base en prueba documental practicada consistente en WhatsApp del día 22.03.2024 y del día 02.04.2024, correo electrónico de AROSA DIESEL e informe del programa de descarga de datos, aportados por la recurrente.

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser - SSTC 18/1993 (RTC 199318 ), 294/1993 (RTC 1993294 )y 93/1997 (RTC 199793)-de naturaleza extraordinaria, casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción, concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso: STS 12/06/75 ,para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316 , 326 , 348 y 376 LEC ,así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS ).Y esta atribución de la competencia valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez «a quo».

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04/00 R. 1077/00 , 15/04/00 R. 1015/97 entre otras);

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 lrjs ,y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél;

d) que la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento y no viene determinada -vinculantemente- por las conclusiones deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente prueba, por lo que -salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada- no trascienden a procesos ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia;

e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Con base en esta doctrina, no debe aceptarse la modificación peticionada de los hechos probados segundo, quinto y sexto, por cuanto:

A) La parte no indica en ninguna de las peticiones modificativas, donde se encuentran los medios en los que basa sus pretensiones, es decir no indica página, folio, acontecimiento del expediente electrónico donde puedan ubicarse, no siendo función de la Sala la búsqueda de los mismos dentro de la prueba aportada por la parte.

B) Los WhatsApp no son documentos, por lo que no pueden servir para la finalidad revisoria pretendida, ya que la modificación fáctica no puede basarse más que el documental y pericial.

El WhatsApp -servicio de mensajería instantánea- es uno de los nuevos medios de prueba a los que se refiere el artículo 299.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente a los medios de prueba tradicionales a los que se refiere el art. 299.1 del mismo texto legal, y la prueba documental, que es una de las pruebas con la que, con base en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sirve para pretender obtener la revisión del relato de hechos probados, está recogida dentro de los medios de prueba tradicionales (en concreto puntos 2 y 3 del artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y la diferencia entre unos y otros no solo se aprecia en el medio de prueba en sí -ya que no solo se diferencia en la forma de aportación y práctica de la prueba-, sino también en su valoración, ya que, mientras la prueba documental está sometida a un sistema mixto de valoración probatoria, tasada en determinados documentos públicos y privados, y libre en los restantes, los medios nuevos de prueba están sometidos al sistema de valoración libre, ya que los artículos 382 y 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalan que serán valorados conforme a las reglas de la sana crítica.

C) Las testificales no son hábiles para las variaciones postuladas, por el mismo motivo, no existiendo jurisprudencia que lo permita, ya que las sentencias alegadas por la parte para que se declare la validez de las alteraciones pedidas no tienen dicha consideración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil.

CUARTO.-En el tercero de los motivos del recurso, apartado B) y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la parte, que se ha producido la infracción de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1991 y las que en ella se mencionan, con respecto al artículo 119 de la Ordenanza Laboral de Trasporte por carretera, y en relación con el artículo 39 del Convenio Colectivo, argumentando que el Convenio Colectivo aplicable no prevé un régimen sancionador propio y que la referencia a la Ordenanza contenida en el artículo 39 del Convenio se realiza a la norma derogada, por lo que no resulta aplicable el artículo 119 de la referida Ordenanza, en cuanto a la necesidad de tramitar un expediente previo a los trabajadores que vayan a ser despedidos.

Añade que la Juez a quo se ha basado en una sentencia del Tribunal Supremo que no se había publicado en la fecha del despido del trabajador.

Y concluye señalando que el artículo 110.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establece la posibilidad de subsanar el defecto formal de instrucción del expediente.

No deja de ser irregular la forma en la que la parte realiza las denuncias de infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, pues la misma debe realizarse con carácter previo y no dentro de la argumentación del motivo del recurso, pero ello no impide que se entre a conocer, debiendo indicarse:

1º Es cierto que las Ordenanzas Laborales han sido derogadas, pero también lo es que si las parte negociadoras de un Convenio Colectivo, en uso de su autonomía de la voluntad y de forma reiterada, han considerado conveniente no regular el régimen disciplinario de los trabajadores, y se han remitido al respecto al contenido de una Ordenanza Laboral, es como si hubieran procedido a reproducir en el artículo 39 el tenor literal de la norma contenida en la Ordenanza Laboral, con las modificaciones introducidas por el Laudo Arbitral parcialmente reproducido por la Juez a quo.

Así pues, estableciendo el artículo 39 del Convenio Colectivo de trasporte público de viajeros por carretera de la provincia de Pontevedra que: "En todo lo no expresamente previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente, así como en la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera, aunque ésta sea derogada por el Gobierno y hasta su sustitución por Convenio Colectivo",y si bien el artículo 119 de la Ordenanza Laboral para las empresas de trasporte por carretera tan sólo establece que "Las sanciones por faltas graves o muy graves, distintas del despido, habrá de imponerlas también la Empresa, previa la formación del oportuno expediente",el Laudo Arbitral publicado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de enero de 2001 (LAUDO ARBITRAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA SALARIAL, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES, CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA), dictado en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral para las Empresas de Transportes por Carretera, aprobada por Orden de 20 de marzo de 1971, en lo que se refiere al Subsector de Transporte de Viajeros por Carretera, señala en su capítulo V, "Las sanciones por faltas graves o muy graves, habrá de imponerlas también la empresa, previa instrucción del oportuno expediente al trabajador. El interesado y la representación de los trabajadores o sindical tendrán derecho a una audiencia para descargos en el plazo de diez días, a contar desde la comunicación de los hechos que se le imputan. Este plazo suspenderá los plazos de prescripción de la falta correspondiente. Cuando, por razones del servicio asignado, el trabajador sancionado se encuentre desplazado, el plazo establecido quedará interrumpido, reiniciándose cuando regrese", es decir, incluye también al despido de los trabajadores, dentro de las sanciones para cuya imposición se exige la tramitación del expediente previo.

2º Es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, rec. 4735/2023, se dictó en fecha posterior a la del despido del trabajador, pero el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT estaba vigente desde la publicación en el B.O.E. el 29 de junio de 1985 del Instrumento de ratificación por España, realizado el 26 de abril de 1985, y el mismo establece que "NO DEBERA DARSE POR TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR POR MOTIVOS RELACIONADOS CON SU CONDUCTA O SU RENDIMIENTO ANTES DE QUE SE LE HAYA OFRECIDO POSIBILIDAD DE DEFENDERSE DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA EL, A MENOS QUE NO PUEDA PEDIRSE RAZONABLEMENTE AL EMPLEADOR QUE LE CONCEDA ESTA POSIBILIDAD".

3º Ninguna infracción del artículo 110.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se produce en la sentencia recurrida, pues el mismo sólo prevé que, cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión, el empresario, si así lo entiende oportuno, pueda realizar un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia, pero dicho despido no es una subsanación del despido anterior, como pretende la parte, sino uno nuevo, que surtirá efectos desde su fecha, y la sentencia de instancia no ha privado a la recurrente de poder realizar un nuevo despido, no pudiendo pronunciarse sobre este extremo, que es lo que ha hecho, a tratarse, como se ha indicado, de una posibilidad que tiene el empresario.

QUINTO. -En el apartado A) del mismo motivo del recurso y con idéntico amparo procesal, denuncia la parte la infracción del artículo 24 de la Orden Ministerial FOM/1190/2005 que regula la obligación de descarga, trasferencia o volcado de datos, argumentando que, a pesar de considerar la juez a quo que se ha realizado dicha descarga, no se ha hecho, lo que constituye una causa de despido, que debe ser declarado procedente.

La denuncia no puede prosperar por cuanto en el sexto de los hechos probados, cuya modificación peticionada por la parte no ha prosperado, la juez a quo ha declarado probado que "el 22 de marzo de 2024 se hizo la lectura de datos y el 5 de abril de 2024 también se hizo la descarga de datos de tacógrafo".

Es decir, que no existe el denunciado motivo del despido de no proceder a la descarga de los datos y contenido del tacógrafo.

SEXTO. -En consecuencia, el recurso debe ser desestimado y la resolución recurrida confirmada.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas del recurso a la empresa recurrente, que no goza del beneficio de justicia gratuita, incluyendo la cantidad de setecientos cincuenta euros (750 euros), IVA incluido, en concepto de honorarios del Letrado impugnante del mismo.

Tal y como establece el artículo 204.1 y 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede acordar la pérdida del depósito realizado para recurrir y de las cantidades consignadas a dichos efectos, dándoseles el destino legal una vez que sea firme esta sentencia.

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;

PRIMERO.-La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta, declarando la improcedencia del despido del que fue objeto en fecha 5-04-2024, condenando a la empresa demandada, a su opción, que deberá efectuar ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a que readmita al actor en su mismo puesto y condiciones de trabajo, en cuyo caso deberá abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde el día del despido hasta el de la notificación de la presente resolución, a razón de 75,92 €/día; o a que le abone la cantidad de 66.331,84 euros en concepto de indemnización, opción que deberá ejercitar mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia.

Asimismo, indica a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión.

Y condena a la empresa a que abone al actor la cantidad de 633,71 euros en concepto de salarios, más intereses del art. 29.3 del ET.

En fecha 14 de julio de 2025 y a solicitud del actor, se dictó Auto de aclaración, en cuya parte dispositiva se establece: "DISPONGO

1.- Estimar la solicitud de aclaración de sentencia interesada por la parte actora, y, en consecuencia, donde dice: "...la empresa José Soto Pérez...", debe decir: "...la empresa José Acha e Hijos S.L.U. ..."; se deja sin efecto el Fundamento de Derecho QUINTO pasando el numerado como SEXTO a ser ahora el QUINTO, y en el Fallo donde dice:

"... Asimismo, indicar a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión.

Asimismo, condeno a la empresa a que abone al actor la cantidad de 633,71 euros en concepto de salarios, más intereses del art. 29.3 del ET. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber ..." debe decir:

"... Asimismo, indicar a la demandada que esta opción deberá ejercitarla mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demandada que, en caso de no optar en el plazo y forma expresados, se entenderá que procede la readmisión. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber ...".

Frente a este pronunciamiento se alza la parte demandada, interponiendo recurso de suplicación e interesando que se estime el mismo y, en consecuencia, sea revocada la Sentencia de fecha 30.06.2025, dictándose otra por lo que:

1º) Se declare la PROCEDENCIA de las causas de despido recogidas en la carta de fecha 05.04.2024, con las consecuencias inherentes a la declaración de procedencia, devolviendo los autos al Juzgado de lo Social Número Dos de Pontevedra para su ejecución definitiva.

2º) Subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, exclusivamente respecto a la declaración de improcedencia del despido por las causas invocadas en la carta, al haberse dictado prescindiendo de la oportuna motivación, reponiendo los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse indefensión, con el objeto de que la jueza de instancia valore el conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio.

3º) En última instancia se declare la IMPROCEDENCIA del despido exclusivamente por incumplimiento del requisito formal de instrucción de expediente contradictorio, a los efectos de su oportuna incoación, tramitación y resolución.

El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-Debe indicarse que la solicitud de declaración de nulidad de la sentencia dictada en un procedimiento laboral de despido, nunca puede ser subsidiaria de la petición de declaración de improcedencia, pues si se apreciara la existencia de la citada nulidad, la Sala no podría entrar a conocer sobre los motivos fácticos y jurídicos alegados, debiendo necesariamente declarar la nulidad de la sentencia y ordenar la devolución de las actuaciones a la juzgadora de instancia, a fin de que la misma dictara una nueva, con total libertad de criterio.

Señalado lo anterior, la parte, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, al entender que existe la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 87, 89 y 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con la sentencia del Tribunal Supremo número 1957/2024, de 11 de abril, y argumenta que la sentencia carece de las necesaria motivación, en cuanto a las causas alegadas en la carta de despido, limitándose, en 9 líneas a enumerar las 5 causas del despido, para declarar la improcedencia, sin valorar la prolija prueba practicada en el acto del juicio.

En primer lugar, no pueden entenderse vulnerados los artículos 87 y 89 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pue:

1º Por un lado, el primero de ellos tiene 6 apartados y el segundo siete, y la parte no indica cual o cuales de ellos pueden haberse vulnerado en la sentencia de instancia, no viniendo obligada la parte a la búsqueda del o de los apartados/s que puedan haberse infringido, sustituyendo a la parte y,

2º Por otro, por cuanto el primero se refiere a la práctica de la prueba en el acto del juicio y el segundo a la documentación del acto de juicio, sin que la parte realice denuncia alguna en su argumentación, en cuanto a que se le haya privado de la proposición y práctica de alguna prueba, o de que se haya practicado de forma irregular, ni tampoco que no se cumplan las previsiones legales, en cuanto a la documentación del acto del juicio.

Indicado lo anterior, según reiterada jurisprudencia, la nulidad de actuaciones procesales se configura como un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda sometida al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la formal, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que la ley no ampara a quien con su negligencia o pasividad contribuye a su indefensión, que será por tanto formal pero no material ( SSTC 41/89, 145/90, 181/94 y 137/96, entre otras).

Por su parte, la doctrina constitucional indica que para decretar la nulidad de las actuaciones judiciales no basta con que se haya producido la infracción de una determinada norma procesal, sino que tal vulneración ha de producir una situación de indefensión, no meramente formal, sino material, pues en caso contrario no cabe declarar la nulidad de actuaciones, que es el efecto propio de la apreciación del motivo que se formula al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS, a diferencia de lo que ocurre con el formulado al amparo de su apartado c), que busca simplemente la revocación de la sentencia de instancia.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional (Sentencias 163/1.990, de 22 de octubre (RTC 1990, 163); 116/1.995, de 17 de julio (RTC 1995, 116); 25/2011, de 14 de marzo (RTC 2011, 25) y 181/2011, de 21 de noviembre (RTC 2011, 181)) establece que "la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales".

El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que:

"1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

Y el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que:

"La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

No es cierto, como pretende la parte, que la juez a quo haya resuelto la cuestión relativa a la declaración de improcedencia del despido en nueve líneas, pues, por un lado, ha motivado suficientemente, con cita y reproducción parcial, el porqué declara la improcedencia del despido, por falta de audiencia previa, con base en lo establecido en el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, rec. 4735/2023, a lo que añade la necesidad de dar dicho trámite de audiencia al trabajador, fundada en la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de enero de 2001, por la que se dispone la inscripción en el Registro y Publicación del Laudo Arbitral dictado el 24 de noviembre de 2000, en materia de sustitución negociada de la Ordenanza Laboral para las Empresas de Trasporte por carretera, llamando la atención sobre la subsistencia en muchos convenios del sector de la remisión a la Ordenanza Laboral de 20 de marzo de 1971, que se refiere al subsector de trasporte de viajeros por carretera, y en la misma se expresa la obligación de instruir a los trabajadores el correspondiente expediente antes de proceder al despido, obligación que considera vigente.

Es decir, ha fundado la decisión de declarar el despido improcedente en un incumplimiento formal por parte de la empresa, por lo que no sería preciso que entrara a conocer sobre los motivos del despido concretados en la carta de despido.

Pero es que, además, entra a conocer sobre los mismos, señalando que los dos primeros ya habían sido objeto de la imposición de la oportuna sanción, que fue declarada nula (hecho probado quinto de la sentencia), sin que se hubieran añadido hechos nuevos; que el tercero no ha sido acreditado; el cuarto que obedece a una cuestión de discrepancia en cuanto al horario, no resuelta entre las partes y el quinto, porque carece de toda trascendencia, añadiendo una larga argumentación en cuanto a las circunstancias que deben concurrir para que un despido pueda ser declarado procedente.

Así pues, no existe insuficiente argumentación y la sentencia no causa indefensión a la parte, que puede, como ha hecho, interesar la modificación del relato de hechos probados y discutir, vía denuncia jurídica, la decisión adoptada, a través de los motivos establecidos en los apartados b) y c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Es decir, la discrepancia de la parte, en cuanto a los hechos probados de la sentencia y a la fundamentación jurídica que ha conducido a que la juez a quo declare la improcedencia del despido, no supone indefensión, pudiendo, por las vías antes señaladas, intentar que se revoque la sentencia dictada.

TERCERO.-En el segundo de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la parte la modificación del relato de hechos probados de la sentencia y concretamente de los ordinales segundo, quinto y sexto.

En el segundo postula que se realicen tres adiciones al texto redactado por la juez a quo, cuales son: "... En fecha 04.04.2024 se requirió nuevamente al trabajador a través de correo electrónico y WhatsApp con el fin de que facilitase a la nueva administradora la lista agenda de datos de clientes. El trabajador no facilitó los datos.", con base en la prueba fehaciente e incontrovertida pro las partes, consistente en correo electrónico y WhatsApp remitidos por el trabajador el 4 de abril de 2025 y aportada por la parte recurrente previamente por Lexnet y en al acto del juicio;

De "...El trabajador despedido manifestó que estaba pensando postularse como delegado de personal, y en caso de no salir elegido cogería una baja para bloquear los servicios.", con base en la testifical de Dña. Eulalia;

Y de "...En fecha 21.03.2024 se requirió por WhatsApp al trabajador para limpiar el autobús. El trabajador no procede a su limpieza.", con base en la prueba testifical de Jose Pedro, personal del departamento de administración y con documental acreditativa del envío de WhatsApp y registro horario.

En el quinto pide que se sustituya la redacción dada al mismo por la juez a quo, por la siguiente: "La sentencia de 29.07.2024, resolución que se da por reproducida en su integridad, además de declarar nula la sanción impuesta por ausencia de la tramitación de expediente contradictorio considera probado que en el período de octubre de 2023 a marzo de 2024 se comunicaron al trabajador hasta 16 incidencias en la cumplimentación de los partes de servicio, que no corrige", con base en copia de la sentencia citada, aportada como prueba, en su fundamento de derecho segundo.

Finalmente, en el sexto reclama que se realice un añadido del siguiente tenor: "...En cambio el conductor no facilitó la lectura de los datos del tacógrafo del vehículo que usa, matrícula NUM001", con base en prueba documental practicada consistente en WhatsApp del día 22.03.2024 y del día 02.04.2024, correo electrónico de AROSA DIESEL e informe del programa de descarga de datos, aportados por la recurrente.

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser - SSTC 18/1993 (RTC 199318 ), 294/1993 (RTC 1993294 )y 93/1997 (RTC 199793)-de naturaleza extraordinaria, casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción, concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso: STS 12/06/75 ,para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316 , 326 , 348 y 376 LEC ,así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS ).Y esta atribución de la competencia valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez «a quo».

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04/00 R. 1077/00 , 15/04/00 R. 1015/97 entre otras);

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 lrjs ,y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél;

d) que la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento y no viene determinada -vinculantemente- por las conclusiones deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente prueba, por lo que -salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada- no trascienden a procesos ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia;

e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Con base en esta doctrina, no debe aceptarse la modificación peticionada de los hechos probados segundo, quinto y sexto, por cuanto:

A) La parte no indica en ninguna de las peticiones modificativas, donde se encuentran los medios en los que basa sus pretensiones, es decir no indica página, folio, acontecimiento del expediente electrónico donde puedan ubicarse, no siendo función de la Sala la búsqueda de los mismos dentro de la prueba aportada por la parte.

B) Los WhatsApp no son documentos, por lo que no pueden servir para la finalidad revisoria pretendida, ya que la modificación fáctica no puede basarse más que el documental y pericial.

El WhatsApp -servicio de mensajería instantánea- es uno de los nuevos medios de prueba a los que se refiere el artículo 299.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente a los medios de prueba tradicionales a los que se refiere el art. 299.1 del mismo texto legal, y la prueba documental, que es una de las pruebas con la que, con base en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sirve para pretender obtener la revisión del relato de hechos probados, está recogida dentro de los medios de prueba tradicionales (en concreto puntos 2 y 3 del artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y la diferencia entre unos y otros no solo se aprecia en el medio de prueba en sí -ya que no solo se diferencia en la forma de aportación y práctica de la prueba-, sino también en su valoración, ya que, mientras la prueba documental está sometida a un sistema mixto de valoración probatoria, tasada en determinados documentos públicos y privados, y libre en los restantes, los medios nuevos de prueba están sometidos al sistema de valoración libre, ya que los artículos 382 y 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalan que serán valorados conforme a las reglas de la sana crítica.

C) Las testificales no son hábiles para las variaciones postuladas, por el mismo motivo, no existiendo jurisprudencia que lo permita, ya que las sentencias alegadas por la parte para que se declare la validez de las alteraciones pedidas no tienen dicha consideración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil.

CUARTO.-En el tercero de los motivos del recurso, apartado B) y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la parte, que se ha producido la infracción de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1991 y las que en ella se mencionan, con respecto al artículo 119 de la Ordenanza Laboral de Trasporte por carretera, y en relación con el artículo 39 del Convenio Colectivo, argumentando que el Convenio Colectivo aplicable no prevé un régimen sancionador propio y que la referencia a la Ordenanza contenida en el artículo 39 del Convenio se realiza a la norma derogada, por lo que no resulta aplicable el artículo 119 de la referida Ordenanza, en cuanto a la necesidad de tramitar un expediente previo a los trabajadores que vayan a ser despedidos.

Añade que la Juez a quo se ha basado en una sentencia del Tribunal Supremo que no se había publicado en la fecha del despido del trabajador.

Y concluye señalando que el artículo 110.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establece la posibilidad de subsanar el defecto formal de instrucción del expediente.

No deja de ser irregular la forma en la que la parte realiza las denuncias de infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, pues la misma debe realizarse con carácter previo y no dentro de la argumentación del motivo del recurso, pero ello no impide que se entre a conocer, debiendo indicarse:

1º Es cierto que las Ordenanzas Laborales han sido derogadas, pero también lo es que si las parte negociadoras de un Convenio Colectivo, en uso de su autonomía de la voluntad y de forma reiterada, han considerado conveniente no regular el régimen disciplinario de los trabajadores, y se han remitido al respecto al contenido de una Ordenanza Laboral, es como si hubieran procedido a reproducir en el artículo 39 el tenor literal de la norma contenida en la Ordenanza Laboral, con las modificaciones introducidas por el Laudo Arbitral parcialmente reproducido por la Juez a quo.

Así pues, estableciendo el artículo 39 del Convenio Colectivo de trasporte público de viajeros por carretera de la provincia de Pontevedra que: "En todo lo no expresamente previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente, así como en la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera, aunque ésta sea derogada por el Gobierno y hasta su sustitución por Convenio Colectivo",y si bien el artículo 119 de la Ordenanza Laboral para las empresas de trasporte por carretera tan sólo establece que "Las sanciones por faltas graves o muy graves, distintas del despido, habrá de imponerlas también la Empresa, previa la formación del oportuno expediente",el Laudo Arbitral publicado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de enero de 2001 (LAUDO ARBITRAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA SALARIAL, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES, CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA), dictado en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral para las Empresas de Transportes por Carretera, aprobada por Orden de 20 de marzo de 1971, en lo que se refiere al Subsector de Transporte de Viajeros por Carretera, señala en su capítulo V, "Las sanciones por faltas graves o muy graves, habrá de imponerlas también la empresa, previa instrucción del oportuno expediente al trabajador. El interesado y la representación de los trabajadores o sindical tendrán derecho a una audiencia para descargos en el plazo de diez días, a contar desde la comunicación de los hechos que se le imputan. Este plazo suspenderá los plazos de prescripción de la falta correspondiente. Cuando, por razones del servicio asignado, el trabajador sancionado se encuentre desplazado, el plazo establecido quedará interrumpido, reiniciándose cuando regrese", es decir, incluye también al despido de los trabajadores, dentro de las sanciones para cuya imposición se exige la tramitación del expediente previo.

2º Es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, rec. 4735/2023, se dictó en fecha posterior a la del despido del trabajador, pero el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT estaba vigente desde la publicación en el B.O.E. el 29 de junio de 1985 del Instrumento de ratificación por España, realizado el 26 de abril de 1985, y el mismo establece que "NO DEBERA DARSE POR TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR POR MOTIVOS RELACIONADOS CON SU CONDUCTA O SU RENDIMIENTO ANTES DE QUE SE LE HAYA OFRECIDO POSIBILIDAD DE DEFENDERSE DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA EL, A MENOS QUE NO PUEDA PEDIRSE RAZONABLEMENTE AL EMPLEADOR QUE LE CONCEDA ESTA POSIBILIDAD".

3º Ninguna infracción del artículo 110.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se produce en la sentencia recurrida, pues el mismo sólo prevé que, cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión, el empresario, si así lo entiende oportuno, pueda realizar un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia, pero dicho despido no es una subsanación del despido anterior, como pretende la parte, sino uno nuevo, que surtirá efectos desde su fecha, y la sentencia de instancia no ha privado a la recurrente de poder realizar un nuevo despido, no pudiendo pronunciarse sobre este extremo, que es lo que ha hecho, a tratarse, como se ha indicado, de una posibilidad que tiene el empresario.

QUINTO. -En el apartado A) del mismo motivo del recurso y con idéntico amparo procesal, denuncia la parte la infracción del artículo 24 de la Orden Ministerial FOM/1190/2005 que regula la obligación de descarga, trasferencia o volcado de datos, argumentando que, a pesar de considerar la juez a quo que se ha realizado dicha descarga, no se ha hecho, lo que constituye una causa de despido, que debe ser declarado procedente.

La denuncia no puede prosperar por cuanto en el sexto de los hechos probados, cuya modificación peticionada por la parte no ha prosperado, la juez a quo ha declarado probado que "el 22 de marzo de 2024 se hizo la lectura de datos y el 5 de abril de 2024 también se hizo la descarga de datos de tacógrafo".

Es decir, que no existe el denunciado motivo del despido de no proceder a la descarga de los datos y contenido del tacógrafo.

SEXTO. -En consecuencia, el recurso debe ser desestimado y la resolución recurrida confirmada.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas del recurso a la empresa recurrente, que no goza del beneficio de justicia gratuita, incluyendo la cantidad de setecientos cincuenta euros (750 euros), IVA incluido, en concepto de honorarios del Letrado impugnante del mismo.

Tal y como establece el artículo 204.1 y 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede acordar la pérdida del depósito realizado para recurrir y de las cantidades consignadas a dichos efectos, dándoseles el destino legal una vez que sea firme esta sentencia.

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;