Sentencia Social 126/2026 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 162/2025 de 29 de enero del 2026

PRIMERO.- Síntesis de la litis.

La sentencia de instancia estimaba la demanda. En ella se probó que los hechos alegados por la demandante no fueron cuestionados y quedaron confirmados por la documentación aportada a los autos, mientras que Ingemont no acreditó el abono de las cantidades reclamadas, incumpliéndose así la carga de la prueba que le correspondía. Asimismo, se evidenció que la reclamación incluía tanto el despido como el adeudo de las sumas económicas adeudadas a la trabajadora beneficiaria, lo que obligó al tribunal a condenar a la empresa Ingemont al pago de dichas cantidades, junto con la responsabilidad solidaria con la entrante Plaza Sistemas.

La resolución combatida apreció que, en virtud de la subrogación contractual establecida en el convenio colectivo, la empresa Plaza Sistemas asumió el servicio de mantenimiento en el Hospital Universitario de Canarias Dr. Negrín, reconociendo la subrogación del personal de Ingemont, aunque rechazó la aplicación de la responsabilidad solidaria ex art. 43 CCo. La sentencia entendió que, en aquellos supuestos en que concurrían elementos esenciales, la transmisión de empresa se producía siempre que la nueva adjudicataria incorporara una parte relevante de la plantilla de la empresa saliente, atendiendo criterios tanto cuantitativos como cualitativos, principalmente en actividades intensivas en mano de obra.

Asimismo, el pronunciamiento impugnado resolvió que, al tratarse de una sucesión de empresa en términos del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, resultaba inapropiado limitar las garantías legales a través del art. 43 CCo, haciendo que ambas empresas demandadas respondieran solidariamente de las cantidades reclamadas, incluyendo intereses de mora. La sentencia de instancia consideró probados estos hechos y fundamentó su decisión en precedentes y doctrina tanto nacional como comunitaria, con especial referencia a casos como "Somoza-Hermo" y otras sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE relativas a la transmisión de empresa.

Finalmente, el pronunciamiento impugnado reafirmó que la configuración de la sucesión de empresa operaba cuando se cumplían determinadas circunstancias establecidas en la normativa laboral y en el convenio colectivo, evidenciando así la relevancia de la incorporación de un número significativo de trabajadores a la nueva entidad, lo cual certificaba la aplicabilidad del régimen pleno de sucesión. De esta forma, la sentencia de instancia estimaba la demanda y establecía la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas.

Disconforme la parte actuante, Plaza Sistemas S.L., interpone el presente recurso de suplicación articulando dos motivos de revisión fáctica y dos motivos de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de Pablo.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como primer motivo de revisión fáctica, la parte recurrente interesa la adición de un nuevo párrafo al Hecho Probado Primero, cuya redacción sería la siguiente:

"El fundamento de la adición consiste en el documento aportado de la parte demandada, consistente en el contrato menor de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil PLAZA SISTEMAS SL, de fecha 11 de agosto de 2023, en cuya cláusula tercera se indica que "el plazo de duración del contrato es desde el 01/09/2023 hasta el 01/09/2023, no pudiendo ser prorrogado". Se trata de un documento hábil para la revisión, dado que es un documento público y al mismo hace referencia el propio hecho probado de la sentencia en redacción que no se debe modificar pues estamos ante una adición. Se trata, por tanto, de documento hábil para sustentar la adición que se propugna, puesto que se trata de documento público emitido por la propia Administración Autonómica."

Para ello, el recurrente se apoya en el contrato menor de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil PLAZA SISTEMAS SL, de fecha 11 de agosto de 2023, y argumenta que este documento, al ser público y emitido por la Administración Autonómica, es relevante y suficiente para sustentar la adición solicitada.

El motivo se rechaza. En primer lugar, al no identificarse adecuadamente el documento del que se derivaría la redacción propuesta en segundo lugar, porque la adición interesada no se corresponde con documento alguno obrante en las actuaciones. Así, y pese a la indebida formulación del motivo, se ha examinado la prueba documental aportada por todas la partes en el acto del juicio oral, no constando el supuesto "contrato de emergencia" suscrito por la recurrente. Y en tercer lugar, la adición interesada carecería de trascendencia para mutar el sentido del fallo, una vez acreditada la existencia de la subrogación de la totalidad de la plantilla y el objeto de la contratación, siendo la consecuencia una cuestión de alcance netamente jurídico. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

Como segundo motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado Segundo, cuya redacción original es:

"SEGUNDO .- La parte actora causó baja por incapacidad temporal por enfermedad común del 24-5 al 7-11-22 y del 29-6 a 28-8-23."

La redacción que se propone sería la siguiente:

"El fundamento se encuentra en el ramo de prueba documental de esta parte. Se trata de documento hábil para sustentar la adición que se propugna, puesto que es la no conformidad del actor D. Pablo la subrogación propuesta por mi mandante, la mercantil PLAZA SISTEMAS, SL. Además, es un hecho no contradicho en ningún momento por la parte demandante."

Para ello, el recurrente se apoya en el ramo de prueba documental de esta parte, que demuestra la no conformidad del actor Pablo con la subrogación propuesta, y que este hecho no ha sido contradicho por la parte demandante.

Lo cierto es que la parte recurrente plantea una revisión de un hecho probado relativo a la baja por Incapacidad Temporal de la actora, con una cuestión que nada tiene que ver con dicha circunstancia, no se acredita el error del juzgador en relación con ese hecho probado, y lo que se propone, además, no tiene ni siquiera una redacción propia de un hecho probado, es una argumentación jurídica. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 44 ET, art. 217 LEC.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como primer motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET). La recurrente, PLAZA SISTEMAS, S.L., argumenta que no se ha producido una sucesión de empresa que justifique la responsabilidad solidaria por las deudas salariales previas de la empresa saliente, como determina la sentencia impugnada. Según PLAZA SISTEMAS, la Naturaleza del servicio prestado en cuestión no descansa esencialmente sobre la mano de obra, sino que incluye una importante dotación de maquinaría y otros elementos materiales, lo cual cuestiona la aplicación automática del artículo 44 ET según los estándares jurisprudenciales del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La parte recurrente sostiene que la mera subrogación de personal, impuesta por convenio colectivo, no debe conllevar necesariamente la aplicación de la doctrina de sucesión de empresa con sus efectos de responsabilidad solidaria, cuando no se ha producido una auténtica transmisión de una unidad productiva autónoma. Por consiguiente, se alega que se ha infringido el marco legal y jurisprudencial aplicable, solicitando que se revoque la declaración de responsabilidad compartida en el fallo inicial.

Como segundo motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), a saber, el recurrente argumenta que la sentencia cuestiona la responsabilidad solidaria de la empresa Plaza Sistemas, SL, en relación con las deudas salariales de la empresa saliente. Se argumenta que la actividad de mantenimiento integral de un hospital no descansa fundamentalmente en la mano de obra, lo que debilita la aplicación automática de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 44 del ET. Además, se destaca la existencia de maquinaria y equipos relevantes que constituyen una parte significativa del servicio prestado, proponiendo que el elemento determinante no es únicamente el personal subrogado. La parte recurrente considera que se ha interpretado incorrectamente la normativa sobre subrogación, y que el contexto de este caso específico no justifica la aplicación de los criterios generalmente aplicados en contextos donde la mano de obra es predominante. En consecuencia, solicita la anulación de la sentencia recurrida y la declaración de que no existe responsabilidad solidaria de Plaza Sistemas, SL, en el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, en el escrito de impugnación, se alega que la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es correcta y debe confirmarse, ya que PLAZA SISTEMAS SL asumió una parte sustancial de la plantilla de la empresa precedente, lo cual constituye una sucesión empresarial. Se argumenta que la actividad objeto del contrato, que es el mantenimiento integral de un gran complejo hospitalario, descansa esencialmente en la organización de la mano de obra, y que el peso del personal en este caso es un elemento esencial conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La impugnación destaca que la relevancia de la mano de obra debe evaluarse cualitativa y cuantitativamente, y que en este caso el factor humano constituye un elemento decisivo para la continuidad del servicio, validando así la aplicación del artículo 44 del ET.

Esta Sala ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión, entre otras, en su Sentencia de 16 de octubre de 2025 (rec. 1236/2024), en la que señalamos lo siguiente:

«El motivo se desestima. La STS de 27 de septiembre de 2018 marca un "giro doctrinal" expresando:

"1. Hay transmisión de empresa encuadrable en el artículo 44 ET si la sucesión de contratos va acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante.

2. En actividades donde la mano de obra constituye un factor esencial, la asunción de una parte relevante del personal adscrito a la contrata (en términos cuantitativos y cualitativos) activa la aplicación del artículo 44 ET.

3. Cuando lo relevante es la mano de obra (no la infraestructura) la subrogación solo procede si se da esa asunción de una parte relevante (cuantitativa y cualitativamente) del personal.

4. El hecho de que la asunción de una parte relevante de la plantilla derive de la preceptuada por el convenio colectivo no impide la aplicación de la anterior doctrina".

En el presente supuesto, el magistrado afirma que "...siendo una contrata en la que es fundamental el elemento personal.". Y tal conclusión no ha sido combatida de forma adecuada por el recurrente. Es claro que en el escrito de recurso viene la parte recurrente a adentrarse en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos que han sido declarados probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal cual es la llamada " petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurso parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 - 3-5-2017, rec. 123/2016 11- 2- 2016, rec, 98/2015 3-2-2016 rec, 31/2015, entre otras muchas), lo que en el caso de autos se manifiesta en desconocer gratuitamente el contenido de los hechos probados de la sentencia que se recurre.

En efecto, en el presente caso la parte recurrente prescinde al hacer sus alegaciones del contenido de los hechos declarados probados, teniendo en cuenta circunstancias fácticas distintas, lo que no es posible en el ámbito de este recurso, pues el motivo del recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS, tiene como presupuesto el que previamente se haya alcanzado un contexto fáctico que sea acorde con ello, sobre el que se pudiera aplicar las consecuencias jurídicas pretendidas en el recurso, de tal manera que dicho motivo puede quedar condicionado a esa previa aceptación del relato de hechos.

Esto ocurre con todo lo relativo a los medidos materiales proporcionados por la entidad recurrente.

Alude, como sustento del motivo, a que la mano de obra es sólo una parte del servicio, en este caso el 48% del total de la licitación, ya que la misma incluye todo tipo de maquinaría por parte del contratista, no sólo las que usan los trabajadores para el desarrollo de su trabajo sino maquinaria pesada y específica para el funcionamiento hospitalario como Analizadores de Redes, Analizadores de humos, Balanzas de Gases fluorados, Detectores de Gases Fluorados, Herramientas especiales de quirófanos, Máquinas segadoras, Máquinas elevadoras, la totalidad de los materiales para la reparación de las instalaciones existentes e instalaciones nuevas y el coste de las mejoras en las instalaciones..

No obstante, ninguno de los datos fácticos referidos a tales medios materiales y porcentaje tienen refrendo en el relato fáctico, ni se ha interesado su incorporación a través del cauce adecuado.

En definitiva, que se está intentando fundamentar una denuncia jurídica sustentada en hechos que no son los que la sentencia recurrida ha declarado probados, es decir, sobre premisas fácticas que son diferentes a las expresamente declaradas y que no se han combatido en esta instancia Jurisdiccional, por lo que la censura jurídica expuesta no puede ser acogida. Nunca podría prosperar una revisión en derecho si no varía el relato de hechos probados de resolución recurrida cuando entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos, doctrina que resulta de aplicación a supuestos como el que aquí se enjuicia, en los que la censura jurídico-sustantiva tiene como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica.

Por lo tanto, y conforme a lo expuesto, nos encontramos ante una actividad que descansa de manera esencial en la mano de obra, operando la garantía ex lege prevista en el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores, con independencia de lo dispuesto en la normativa convencional. Entendemos correcta la conclusión alcanzada por el magistrado de instancia con cita de la doctrina unificada que la sustenta, lo que conduce a la desestimación del motivo. Por último, y como motivo independiente cita el recurrente las sentencias del Tribunal Supremo 3329/2021 de 8 de septiembre de 2021, 5349/2023 de 29 de septiembre de 2023 y 5860/2023, de 21 de diciembre de 2023, todas ellas en el ámbito del sector del transporte sanitario de enfermos. En síntesis, y en ese concreto sector, se aludía a la carga del trabajador de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, entre ellos que se hubiera producido la transmisión de una unidad productiva " ya sea porque se transmitieran medios materiales entre la empresa saliente y la entrante, ya sea porque la actividad de la empresa pivotara sobre medios personales.".

Sin embargo, y en el presente supuesto debemos entender acreditada la existencia de la transmisión atendida la naturaleza esencial de la mano de obra. Así, consta reconocido por la entidad empresarial recurrente que la subrogación afectó a la totalidad de la plantilla adscrita al servicio de mantenimiento del hospital y que no se produjo transmisión patrimonial alguna. Si atendemos a la naturaleza esencialmente desmaterializada de la actividad de mantenimiento que se basa en la cualificación y experiencia del personal y la ausencia de toda acreditación por parte de la recurrente relativa a los medios proporcionados y su entidad, existe un grado de razonable probabilidad cualificada, distinta de la certeza absoluta, ( STS Sala Iª 4 de junio de 2009, rec. 2293/2004, 1 de junio de 2011, rec. 791/2018 y 4 de julio de 2019, rec. 4171/2016) que nos conduce a concluir en idénticos términos que el magistrado de instancia.

El motivo se desestima al igual que el recurso, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.»

Lo expuesto es de plena aplicación al presente supuesto, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del criterio adoptado.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones.

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 800 euros.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4 LRJS, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Síntesis de la litis.

La sentencia de instancia estimaba la demanda. En ella se probó que los hechos alegados por la demandante no fueron cuestionados y quedaron confirmados por la documentación aportada a los autos, mientras que Ingemont no acreditó el abono de las cantidades reclamadas, incumpliéndose así la carga de la prueba que le correspondía. Asimismo, se evidenció que la reclamación incluía tanto el despido como el adeudo de las sumas económicas adeudadas a la trabajadora beneficiaria, lo que obligó al tribunal a condenar a la empresa Ingemont al pago de dichas cantidades, junto con la responsabilidad solidaria con la entrante Plaza Sistemas.

La resolución combatida apreció que, en virtud de la subrogación contractual establecida en el convenio colectivo, la empresa Plaza Sistemas asumió el servicio de mantenimiento en el Hospital Universitario de Canarias Dr. Negrín, reconociendo la subrogación del personal de Ingemont, aunque rechazó la aplicación de la responsabilidad solidaria ex art. 43 CCo. La sentencia entendió que, en aquellos supuestos en que concurrían elementos esenciales, la transmisión de empresa se producía siempre que la nueva adjudicataria incorporara una parte relevante de la plantilla de la empresa saliente, atendiendo criterios tanto cuantitativos como cualitativos, principalmente en actividades intensivas en mano de obra.

Asimismo, el pronunciamiento impugnado resolvió que, al tratarse de una sucesión de empresa en términos del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, resultaba inapropiado limitar las garantías legales a través del art. 43 CCo, haciendo que ambas empresas demandadas respondieran solidariamente de las cantidades reclamadas, incluyendo intereses de mora. La sentencia de instancia consideró probados estos hechos y fundamentó su decisión en precedentes y doctrina tanto nacional como comunitaria, con especial referencia a casos como "Somoza-Hermo" y otras sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE relativas a la transmisión de empresa.

Finalmente, el pronunciamiento impugnado reafirmó que la configuración de la sucesión de empresa operaba cuando se cumplían determinadas circunstancias establecidas en la normativa laboral y en el convenio colectivo, evidenciando así la relevancia de la incorporación de un número significativo de trabajadores a la nueva entidad, lo cual certificaba la aplicabilidad del régimen pleno de sucesión. De esta forma, la sentencia de instancia estimaba la demanda y establecía la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas.

Disconforme la parte actuante, Plaza Sistemas S.L., interpone el presente recurso de suplicación articulando dos motivos de revisión fáctica y dos motivos de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de Pablo.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como primer motivo de revisión fáctica, la parte recurrente interesa la adición de un nuevo párrafo al Hecho Probado Primero, cuya redacción sería la siguiente:

"El fundamento de la adición consiste en el documento aportado de la parte demandada, consistente en el contrato menor de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil PLAZA SISTEMAS SL, de fecha 11 de agosto de 2023, en cuya cláusula tercera se indica que "el plazo de duración del contrato es desde el 01/09/2023 hasta el 01/09/2023, no pudiendo ser prorrogado". Se trata de un documento hábil para la revisión, dado que es un documento público y al mismo hace referencia el propio hecho probado de la sentencia en redacción que no se debe modificar pues estamos ante una adición. Se trata, por tanto, de documento hábil para sustentar la adición que se propugna, puesto que se trata de documento público emitido por la propia Administración Autonómica."

Para ello, el recurrente se apoya en el contrato menor de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil PLAZA SISTEMAS SL, de fecha 11 de agosto de 2023, y argumenta que este documento, al ser público y emitido por la Administración Autonómica, es relevante y suficiente para sustentar la adición solicitada.

El motivo se rechaza. En primer lugar, al no identificarse adecuadamente el documento del que se derivaría la redacción propuesta en segundo lugar, porque la adición interesada no se corresponde con documento alguno obrante en las actuaciones. Así, y pese a la indebida formulación del motivo, se ha examinado la prueba documental aportada por todas la partes en el acto del juicio oral, no constando el supuesto "contrato de emergencia" suscrito por la recurrente. Y en tercer lugar, la adición interesada carecería de trascendencia para mutar el sentido del fallo, una vez acreditada la existencia de la subrogación de la totalidad de la plantilla y el objeto de la contratación, siendo la consecuencia una cuestión de alcance netamente jurídico. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

Como segundo motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado Segundo, cuya redacción original es:

"SEGUNDO .- La parte actora causó baja por incapacidad temporal por enfermedad común del 24-5 al 7-11-22 y del 29-6 a 28-8-23."

La redacción que se propone sería la siguiente:

"El fundamento se encuentra en el ramo de prueba documental de esta parte. Se trata de documento hábil para sustentar la adición que se propugna, puesto que es la no conformidad del actor D. Pablo la subrogación propuesta por mi mandante, la mercantil PLAZA SISTEMAS, SL. Además, es un hecho no contradicho en ningún momento por la parte demandante."

Para ello, el recurrente se apoya en el ramo de prueba documental de esta parte, que demuestra la no conformidad del actor Pablo con la subrogación propuesta, y que este hecho no ha sido contradicho por la parte demandante.

Lo cierto es que la parte recurrente plantea una revisión de un hecho probado relativo a la baja por Incapacidad Temporal de la actora, con una cuestión que nada tiene que ver con dicha circunstancia, no se acredita el error del juzgador en relación con ese hecho probado, y lo que se propone, además, no tiene ni siquiera una redacción propia de un hecho probado, es una argumentación jurídica. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 44 ET, art. 217 LEC.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como primer motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET). La recurrente, PLAZA SISTEMAS, S.L., argumenta que no se ha producido una sucesión de empresa que justifique la responsabilidad solidaria por las deudas salariales previas de la empresa saliente, como determina la sentencia impugnada. Según PLAZA SISTEMAS, la Naturaleza del servicio prestado en cuestión no descansa esencialmente sobre la mano de obra, sino que incluye una importante dotación de maquinaría y otros elementos materiales, lo cual cuestiona la aplicación automática del artículo 44 ET según los estándares jurisprudenciales del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La parte recurrente sostiene que la mera subrogación de personal, impuesta por convenio colectivo, no debe conllevar necesariamente la aplicación de la doctrina de sucesión de empresa con sus efectos de responsabilidad solidaria, cuando no se ha producido una auténtica transmisión de una unidad productiva autónoma. Por consiguiente, se alega que se ha infringido el marco legal y jurisprudencial aplicable, solicitando que se revoque la declaración de responsabilidad compartida en el fallo inicial.

Como segundo motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), a saber, el recurrente argumenta que la sentencia cuestiona la responsabilidad solidaria de la empresa Plaza Sistemas, SL, en relación con las deudas salariales de la empresa saliente. Se argumenta que la actividad de mantenimiento integral de un hospital no descansa fundamentalmente en la mano de obra, lo que debilita la aplicación automática de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 44 del ET. Además, se destaca la existencia de maquinaria y equipos relevantes que constituyen una parte significativa del servicio prestado, proponiendo que el elemento determinante no es únicamente el personal subrogado. La parte recurrente considera que se ha interpretado incorrectamente la normativa sobre subrogación, y que el contexto de este caso específico no justifica la aplicación de los criterios generalmente aplicados en contextos donde la mano de obra es predominante. En consecuencia, solicita la anulación de la sentencia recurrida y la declaración de que no existe responsabilidad solidaria de Plaza Sistemas, SL, en el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, en el escrito de impugnación, se alega que la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es correcta y debe confirmarse, ya que PLAZA SISTEMAS SL asumió una parte sustancial de la plantilla de la empresa precedente, lo cual constituye una sucesión empresarial. Se argumenta que la actividad objeto del contrato, que es el mantenimiento integral de un gran complejo hospitalario, descansa esencialmente en la organización de la mano de obra, y que el peso del personal en este caso es un elemento esencial conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La impugnación destaca que la relevancia de la mano de obra debe evaluarse cualitativa y cuantitativamente, y que en este caso el factor humano constituye un elemento decisivo para la continuidad del servicio, validando así la aplicación del artículo 44 del ET.

Esta Sala ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión, entre otras, en su Sentencia de 16 de octubre de 2025 (rec. 1236/2024), en la que señalamos lo siguiente:

«El motivo se desestima. La STS de 27 de septiembre de 2018 marca un "giro doctrinal" expresando:

"1. Hay transmisión de empresa encuadrable en el artículo 44 ET si la sucesión de contratos va acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante.

2. En actividades donde la mano de obra constituye un factor esencial, la asunción de una parte relevante del personal adscrito a la contrata (en términos cuantitativos y cualitativos) activa la aplicación del artículo 44 ET.

3. Cuando lo relevante es la mano de obra (no la infraestructura) la subrogación solo procede si se da esa asunción de una parte relevante (cuantitativa y cualitativamente) del personal.

4. El hecho de que la asunción de una parte relevante de la plantilla derive de la preceptuada por el convenio colectivo no impide la aplicación de la anterior doctrina".

En el presente supuesto, el magistrado afirma que "...siendo una contrata en la que es fundamental el elemento personal.". Y tal conclusión no ha sido combatida de forma adecuada por el recurrente. Es claro que en el escrito de recurso viene la parte recurrente a adentrarse en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos que han sido declarados probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal cual es la llamada " petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurso parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 - 3-5-2017, rec. 123/2016 11- 2- 2016, rec, 98/2015 3-2-2016 rec, 31/2015, entre otras muchas), lo que en el caso de autos se manifiesta en desconocer gratuitamente el contenido de los hechos probados de la sentencia que se recurre.

En efecto, en el presente caso la parte recurrente prescinde al hacer sus alegaciones del contenido de los hechos declarados probados, teniendo en cuenta circunstancias fácticas distintas, lo que no es posible en el ámbito de este recurso, pues el motivo del recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS, tiene como presupuesto el que previamente se haya alcanzado un contexto fáctico que sea acorde con ello, sobre el que se pudiera aplicar las consecuencias jurídicas pretendidas en el recurso, de tal manera que dicho motivo puede quedar condicionado a esa previa aceptación del relato de hechos.

Esto ocurre con todo lo relativo a los medidos materiales proporcionados por la entidad recurrente.

Alude, como sustento del motivo, a que la mano de obra es sólo una parte del servicio, en este caso el 48% del total de la licitación, ya que la misma incluye todo tipo de maquinaría por parte del contratista, no sólo las que usan los trabajadores para el desarrollo de su trabajo sino maquinaria pesada y específica para el funcionamiento hospitalario como Analizadores de Redes, Analizadores de humos, Balanzas de Gases fluorados, Detectores de Gases Fluorados, Herramientas especiales de quirófanos, Máquinas segadoras, Máquinas elevadoras, la totalidad de los materiales para la reparación de las instalaciones existentes e instalaciones nuevas y el coste de las mejoras en las instalaciones..

No obstante, ninguno de los datos fácticos referidos a tales medios materiales y porcentaje tienen refrendo en el relato fáctico, ni se ha interesado su incorporación a través del cauce adecuado.

En definitiva, que se está intentando fundamentar una denuncia jurídica sustentada en hechos que no son los que la sentencia recurrida ha declarado probados, es decir, sobre premisas fácticas que son diferentes a las expresamente declaradas y que no se han combatido en esta instancia Jurisdiccional, por lo que la censura jurídica expuesta no puede ser acogida. Nunca podría prosperar una revisión en derecho si no varía el relato de hechos probados de resolución recurrida cuando entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos, doctrina que resulta de aplicación a supuestos como el que aquí se enjuicia, en los que la censura jurídico-sustantiva tiene como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica.

Por lo tanto, y conforme a lo expuesto, nos encontramos ante una actividad que descansa de manera esencial en la mano de obra, operando la garantía ex lege prevista en el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores, con independencia de lo dispuesto en la normativa convencional. Entendemos correcta la conclusión alcanzada por el magistrado de instancia con cita de la doctrina unificada que la sustenta, lo que conduce a la desestimación del motivo. Por último, y como motivo independiente cita el recurrente las sentencias del Tribunal Supremo 3329/2021 de 8 de septiembre de 2021, 5349/2023 de 29 de septiembre de 2023 y 5860/2023, de 21 de diciembre de 2023, todas ellas en el ámbito del sector del transporte sanitario de enfermos. En síntesis, y en ese concreto sector, se aludía a la carga del trabajador de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, entre ellos que se hubiera producido la transmisión de una unidad productiva " ya sea porque se transmitieran medios materiales entre la empresa saliente y la entrante, ya sea porque la actividad de la empresa pivotara sobre medios personales.".

Sin embargo, y en el presente supuesto debemos entender acreditada la existencia de la transmisión atendida la naturaleza esencial de la mano de obra. Así, consta reconocido por la entidad empresarial recurrente que la subrogación afectó a la totalidad de la plantilla adscrita al servicio de mantenimiento del hospital y que no se produjo transmisión patrimonial alguna. Si atendemos a la naturaleza esencialmente desmaterializada de la actividad de mantenimiento que se basa en la cualificación y experiencia del personal y la ausencia de toda acreditación por parte de la recurrente relativa a los medios proporcionados y su entidad, existe un grado de razonable probabilidad cualificada, distinta de la certeza absoluta, ( STS Sala Iª 4 de junio de 2009, rec. 2293/2004, 1 de junio de 2011, rec. 791/2018 y 4 de julio de 2019, rec. 4171/2016) que nos conduce a concluir en idénticos términos que el magistrado de instancia.

El motivo se desestima al igual que el recurso, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.»

Lo expuesto es de plena aplicación al presente supuesto, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del criterio adoptado.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones.

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 800 euros.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4 LRJS, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Síntesis de la litis.

La sentencia de instancia estimaba la demanda. En ella se probó que los hechos alegados por la demandante no fueron cuestionados y quedaron confirmados por la documentación aportada a los autos, mientras que Ingemont no acreditó el abono de las cantidades reclamadas, incumpliéndose así la carga de la prueba que le correspondía. Asimismo, se evidenció que la reclamación incluía tanto el despido como el adeudo de las sumas económicas adeudadas a la trabajadora beneficiaria, lo que obligó al tribunal a condenar a la empresa Ingemont al pago de dichas cantidades, junto con la responsabilidad solidaria con la entrante Plaza Sistemas.

La resolución combatida apreció que, en virtud de la subrogación contractual establecida en el convenio colectivo, la empresa Plaza Sistemas asumió el servicio de mantenimiento en el Hospital Universitario de Canarias Dr. Negrín, reconociendo la subrogación del personal de Ingemont, aunque rechazó la aplicación de la responsabilidad solidaria ex art. 43 CCo. La sentencia entendió que, en aquellos supuestos en que concurrían elementos esenciales, la transmisión de empresa se producía siempre que la nueva adjudicataria incorporara una parte relevante de la plantilla de la empresa saliente, atendiendo criterios tanto cuantitativos como cualitativos, principalmente en actividades intensivas en mano de obra.

Asimismo, el pronunciamiento impugnado resolvió que, al tratarse de una sucesión de empresa en términos del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, resultaba inapropiado limitar las garantías legales a través del art. 43 CCo, haciendo que ambas empresas demandadas respondieran solidariamente de las cantidades reclamadas, incluyendo intereses de mora. La sentencia de instancia consideró probados estos hechos y fundamentó su decisión en precedentes y doctrina tanto nacional como comunitaria, con especial referencia a casos como "Somoza-Hermo" y otras sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE relativas a la transmisión de empresa.

Finalmente, el pronunciamiento impugnado reafirmó que la configuración de la sucesión de empresa operaba cuando se cumplían determinadas circunstancias establecidas en la normativa laboral y en el convenio colectivo, evidenciando así la relevancia de la incorporación de un número significativo de trabajadores a la nueva entidad, lo cual certificaba la aplicabilidad del régimen pleno de sucesión. De esta forma, la sentencia de instancia estimaba la demanda y establecía la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas.

Disconforme la parte actuante, Plaza Sistemas S.L., interpone el presente recurso de suplicación articulando dos motivos de revisión fáctica y dos motivos de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de Pablo.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como primer motivo de revisión fáctica, la parte recurrente interesa la adición de un nuevo párrafo al Hecho Probado Primero, cuya redacción sería la siguiente:

"El fundamento de la adición consiste en el documento aportado de la parte demandada, consistente en el contrato menor de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil PLAZA SISTEMAS SL, de fecha 11 de agosto de 2023, en cuya cláusula tercera se indica que "el plazo de duración del contrato es desde el 01/09/2023 hasta el 01/09/2023, no pudiendo ser prorrogado". Se trata de un documento hábil para la revisión, dado que es un documento público y al mismo hace referencia el propio hecho probado de la sentencia en redacción que no se debe modificar pues estamos ante una adición. Se trata, por tanto, de documento hábil para sustentar la adición que se propugna, puesto que se trata de documento público emitido por la propia Administración Autonómica."

Para ello, el recurrente se apoya en el contrato menor de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil PLAZA SISTEMAS SL, de fecha 11 de agosto de 2023, y argumenta que este documento, al ser público y emitido por la Administración Autonómica, es relevante y suficiente para sustentar la adición solicitada.

El motivo se rechaza. En primer lugar, al no identificarse adecuadamente el documento del que se derivaría la redacción propuesta en segundo lugar, porque la adición interesada no se corresponde con documento alguno obrante en las actuaciones. Así, y pese a la indebida formulación del motivo, se ha examinado la prueba documental aportada por todas la partes en el acto del juicio oral, no constando el supuesto "contrato de emergencia" suscrito por la recurrente. Y en tercer lugar, la adición interesada carecería de trascendencia para mutar el sentido del fallo, una vez acreditada la existencia de la subrogación de la totalidad de la plantilla y el objeto de la contratación, siendo la consecuencia una cuestión de alcance netamente jurídico. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

Como segundo motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado Segundo, cuya redacción original es:

"SEGUNDO .- La parte actora causó baja por incapacidad temporal por enfermedad común del 24-5 al 7-11-22 y del 29-6 a 28-8-23."

La redacción que se propone sería la siguiente:

"El fundamento se encuentra en el ramo de prueba documental de esta parte. Se trata de documento hábil para sustentar la adición que se propugna, puesto que es la no conformidad del actor D. Pablo la subrogación propuesta por mi mandante, la mercantil PLAZA SISTEMAS, SL. Además, es un hecho no contradicho en ningún momento por la parte demandante."

Para ello, el recurrente se apoya en el ramo de prueba documental de esta parte, que demuestra la no conformidad del actor Pablo con la subrogación propuesta, y que este hecho no ha sido contradicho por la parte demandante.

Lo cierto es que la parte recurrente plantea una revisión de un hecho probado relativo a la baja por Incapacidad Temporal de la actora, con una cuestión que nada tiene que ver con dicha circunstancia, no se acredita el error del juzgador en relación con ese hecho probado, y lo que se propone, además, no tiene ni siquiera una redacción propia de un hecho probado, es una argumentación jurídica. Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 44 ET, art. 217 LEC.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como primer motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET). La recurrente, PLAZA SISTEMAS, S.L., argumenta que no se ha producido una sucesión de empresa que justifique la responsabilidad solidaria por las deudas salariales previas de la empresa saliente, como determina la sentencia impugnada. Según PLAZA SISTEMAS, la Naturaleza del servicio prestado en cuestión no descansa esencialmente sobre la mano de obra, sino que incluye una importante dotación de maquinaría y otros elementos materiales, lo cual cuestiona la aplicación automática del artículo 44 ET según los estándares jurisprudenciales del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La parte recurrente sostiene que la mera subrogación de personal, impuesta por convenio colectivo, no debe conllevar necesariamente la aplicación de la doctrina de sucesión de empresa con sus efectos de responsabilidad solidaria, cuando no se ha producido una auténtica transmisión de una unidad productiva autónoma. Por consiguiente, se alega que se ha infringido el marco legal y jurisprudencial aplicable, solicitando que se revoque la declaración de responsabilidad compartida en el fallo inicial.

Como segundo motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), a saber, el recurrente argumenta que la sentencia cuestiona la responsabilidad solidaria de la empresa Plaza Sistemas, SL, en relación con las deudas salariales de la empresa saliente. Se argumenta que la actividad de mantenimiento integral de un hospital no descansa fundamentalmente en la mano de obra, lo que debilita la aplicación automática de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 44 del ET. Además, se destaca la existencia de maquinaria y equipos relevantes que constituyen una parte significativa del servicio prestado, proponiendo que el elemento determinante no es únicamente el personal subrogado. La parte recurrente considera que se ha interpretado incorrectamente la normativa sobre subrogación, y que el contexto de este caso específico no justifica la aplicación de los criterios generalmente aplicados en contextos donde la mano de obra es predominante. En consecuencia, solicita la anulación de la sentencia recurrida y la declaración de que no existe responsabilidad solidaria de Plaza Sistemas, SL, en el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, en el escrito de impugnación, se alega que la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es correcta y debe confirmarse, ya que PLAZA SISTEMAS SL asumió una parte sustancial de la plantilla de la empresa precedente, lo cual constituye una sucesión empresarial. Se argumenta que la actividad objeto del contrato, que es el mantenimiento integral de un gran complejo hospitalario, descansa esencialmente en la organización de la mano de obra, y que el peso del personal en este caso es un elemento esencial conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La impugnación destaca que la relevancia de la mano de obra debe evaluarse cualitativa y cuantitativamente, y que en este caso el factor humano constituye un elemento decisivo para la continuidad del servicio, validando así la aplicación del artículo 44 del ET.

Esta Sala ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión, entre otras, en su Sentencia de 16 de octubre de 2025 (rec. 1236/2024), en la que señalamos lo siguiente:

«El motivo se desestima. La STS de 27 de septiembre de 2018 marca un "giro doctrinal" expresando:

"1. Hay transmisión de empresa encuadrable en el artículo 44 ET si la sucesión de contratos va acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante.

2. En actividades donde la mano de obra constituye un factor esencial, la asunción de una parte relevante del personal adscrito a la contrata (en términos cuantitativos y cualitativos) activa la aplicación del artículo 44 ET.

3. Cuando lo relevante es la mano de obra (no la infraestructura) la subrogación solo procede si se da esa asunción de una parte relevante (cuantitativa y cualitativamente) del personal.

4. El hecho de que la asunción de una parte relevante de la plantilla derive de la preceptuada por el convenio colectivo no impide la aplicación de la anterior doctrina".

En el presente supuesto, el magistrado afirma que "...siendo una contrata en la que es fundamental el elemento personal.". Y tal conclusión no ha sido combatida de forma adecuada por el recurrente. Es claro que en el escrito de recurso viene la parte recurrente a adentrarse en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos que han sido declarados probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal cual es la llamada " petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurso parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 - 3-5-2017, rec. 123/2016 11- 2- 2016, rec, 98/2015 3-2-2016 rec, 31/2015, entre otras muchas), lo que en el caso de autos se manifiesta en desconocer gratuitamente el contenido de los hechos probados de la sentencia que se recurre.

En efecto, en el presente caso la parte recurrente prescinde al hacer sus alegaciones del contenido de los hechos declarados probados, teniendo en cuenta circunstancias fácticas distintas, lo que no es posible en el ámbito de este recurso, pues el motivo del recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS, tiene como presupuesto el que previamente se haya alcanzado un contexto fáctico que sea acorde con ello, sobre el que se pudiera aplicar las consecuencias jurídicas pretendidas en el recurso, de tal manera que dicho motivo puede quedar condicionado a esa previa aceptación del relato de hechos.

Esto ocurre con todo lo relativo a los medidos materiales proporcionados por la entidad recurrente.

Alude, como sustento del motivo, a que la mano de obra es sólo una parte del servicio, en este caso el 48% del total de la licitación, ya que la misma incluye todo tipo de maquinaría por parte del contratista, no sólo las que usan los trabajadores para el desarrollo de su trabajo sino maquinaria pesada y específica para el funcionamiento hospitalario como Analizadores de Redes, Analizadores de humos, Balanzas de Gases fluorados, Detectores de Gases Fluorados, Herramientas especiales de quirófanos, Máquinas segadoras, Máquinas elevadoras, la totalidad de los materiales para la reparación de las instalaciones existentes e instalaciones nuevas y el coste de las mejoras en las instalaciones..

No obstante, ninguno de los datos fácticos referidos a tales medios materiales y porcentaje tienen refrendo en el relato fáctico, ni se ha interesado su incorporación a través del cauce adecuado.

En definitiva, que se está intentando fundamentar una denuncia jurídica sustentada en hechos que no son los que la sentencia recurrida ha declarado probados, es decir, sobre premisas fácticas que son diferentes a las expresamente declaradas y que no se han combatido en esta instancia Jurisdiccional, por lo que la censura jurídica expuesta no puede ser acogida. Nunca podría prosperar una revisión en derecho si no varía el relato de hechos probados de resolución recurrida cuando entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos, doctrina que resulta de aplicación a supuestos como el que aquí se enjuicia, en los que la censura jurídico-sustantiva tiene como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica.

Por lo tanto, y conforme a lo expuesto, nos encontramos ante una actividad que descansa de manera esencial en la mano de obra, operando la garantía ex lege prevista en el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores, con independencia de lo dispuesto en la normativa convencional. Entendemos correcta la conclusión alcanzada por el magistrado de instancia con cita de la doctrina unificada que la sustenta, lo que conduce a la desestimación del motivo. Por último, y como motivo independiente cita el recurrente las sentencias del Tribunal Supremo 3329/2021 de 8 de septiembre de 2021, 5349/2023 de 29 de septiembre de 2023 y 5860/2023, de 21 de diciembre de 2023, todas ellas en el ámbito del sector del transporte sanitario de enfermos. En síntesis, y en ese concreto sector, se aludía a la carga del trabajador de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, entre ellos que se hubiera producido la transmisión de una unidad productiva " ya sea porque se transmitieran medios materiales entre la empresa saliente y la entrante, ya sea porque la actividad de la empresa pivotara sobre medios personales.".

Sin embargo, y en el presente supuesto debemos entender acreditada la existencia de la transmisión atendida la naturaleza esencial de la mano de obra. Así, consta reconocido por la entidad empresarial recurrente que la subrogación afectó a la totalidad de la plantilla adscrita al servicio de mantenimiento del hospital y que no se produjo transmisión patrimonial alguna. Si atendemos a la naturaleza esencialmente desmaterializada de la actividad de mantenimiento que se basa en la cualificación y experiencia del personal y la ausencia de toda acreditación por parte de la recurrente relativa a los medios proporcionados y su entidad, existe un grado de razonable probabilidad cualificada, distinta de la certeza absoluta, ( STS Sala Iª 4 de junio de 2009, rec. 2293/2004, 1 de junio de 2011, rec. 791/2018 y 4 de julio de 2019, rec. 4171/2016) que nos conduce a concluir en idénticos términos que el magistrado de instancia.

El motivo se desestima al igual que el recurso, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.»

Lo expuesto es de plena aplicación al presente supuesto, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del criterio adoptado.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones.

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 800 euros.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4 LRJS, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.