Sentencia Social 1850/2024 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 1286/2023 de 29 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Por Dª Angelica se formuló demanda frente a la entidad PULISA PUBLICACIONES Y LIBROS S.A.; el COMITÉ DE EMPRESA de dicha entidad, con intervención del MINISTERIO FISCAL, postulando se declarase su derecho a la continuidad del turno de mañana y la concreción horaria en el tumo de mañana, que venía realizando, y se declare nula por violación de derechos fundamentales o, subsidiariamente, injustificada, la limitación impuesta por la demandada a tal derecho y se le condene al abono de una indemnización de 30.000 euros.

La demanda se tramitó en el proceso 243/2023 del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo y concluyó por sentencia de 28 de julio de 2023 que estimó la demanda y declaró nula la modificación de las condiciones de trabajo efectuada por la empresa demandada por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo, y se condena a la empresa a estar y pasar por esta declaración y a reponer a la actora en las condiciones de trabajo que tenía antes de realizarse la modificación impugnada, y a que abone a la trabajadora la cantidad de 4.000 euros por los daños morales derivados de dicha vulneración.

Frente a tal sentencia se ha interpuesto recurso de suplicación por la empresa demandada, instrumentado en ocho motivos de recurso, dos para solicitar la nulidad de actuaciones, tres para la revisión fáctica y otros tres destinados a la censura jurídica de la sentencia. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-Con carácter previo, ha de aclararse la cuestión relativa a determinar el ámbito posible del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de instancia, teniendo en cuenta que la pretensión que se ejercita en la demanda se refiere a la impugnación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo individual, con invocación de violación de derechos fundamentales e indemnización por tal motivo.

En la sentencia de instancia (F.J. 7º) se indica que la resolución es susceptible de recurso de suplicación al haberse alegado (y estimado) la vulneración de derechos fundamentales conforme a lo preceptuado en el artículo 191.3 f) LRJS.

En relación con esta materia, ha de partirse de la doctrina jurisprudencial recogida en la STS núm. 840/2022 de 19 octubre, rec. 1363/2019, posteriormente reiterada por la STS núm. 991/2023 de 22 noviembre, rec. 4644/2022, dictadas en un supuesto similar al presente, conforme a la cual, contra la sentencia dictada en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual, con invocación de lesión de derechos fundamentales, queda limitada la cognición a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales invocadas en la demanda, no pudiendo entrarse a resolver las de estricta legalidad ordinaria que pudiere suscitar la parte recurrente cuando no se encuentran indisociablemente ligadas con la alegada vulneración de derechos fundamentales.

En ese sentido, la citada sentencia núm. 840/2022 de 19 octubre, rec. 1363/2019 indica que: "La adecuada integración de este marco normativo ha dado lugar a la doctrina de esta Sala IV en la que admitimos que, por aplicación del art. 191 letra f) LRJS , son recurribles en suplicación las sentencias que resuelven demandas en las que se invoca la lesión de derechos fundamentales y libertades públicas, aun cuando, por imposición del art. 184 LRJS , se hayan ejercitado necesariamente a través de la modalidad procesal correspondiente que está excluida de la suplicación

(...) "Es indudable que en esos casos ha de admitirse el acceso a la suplicación, a salvo de situaciones excepcionales en las que pudiere apreciarse en esa apelación a derechos fundamentales la posible existencia de un manifiesto fraude procesal, de maniobras torticeras en abuso de derecho ( STS 24/5/2002, rcud. 2753/2001 ) cuando se trata de una invocación puramente artificiosa y carente del más mínimo acerbo probatorio con la que únicamente se pretenda conseguir -o impedir ( STS 15/6/2004, rcud. 3049/2002 )-, subrepticiamente, el acceso al recurso".

(...)"Carece por lo tanto de toda lógica que esas mismas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, una vez ya resueltas las pretensiones relativas a tales derechos fundamentales y cuando no guardan la más mínima relación con las materias de legalidad ordinaria pendientes de resolución.

Si el legislador ha dispuesto que esos aspectos de legalidad ordinaria queden firmes en la sentencia de instancia, no puede ofrecerse un distinto tratamiento jurídico en función de que hayan sido planteados aisladamente o de manera acumulada con la invocada vulneración de derechos fundamentales".

(...) Cabrá entonces recurso para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso- entre ellos, la posible indemnización asociada a su presunta vulneración-, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación".

(...)De este modo, solo pueden ser examinados por la sentencia de suplicación los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda limitarse en estos casos su cognición a los aspectos relativos a la posible infracción de derechos fundamentales, cuando la respuesta que haya de darse a esa cuestión condiciona de alguna manera el pronunciamiento sobre las materias de legalidad ordinaria.

Por su parte, la entidad recurrente formula su recurso de suplicación estructurado en dos motivos para solicitar la nulidad de la sentencia, materia sobre la que siempre cabe interponer recurso de suplicación, conforme al art. 191.3 d) LRJS, tres motivos de revisión fáctica relativos a la modificación sustancial de condiciones de trabajo y dos motivos de infracción jurídica sobre la misma cuestión , y un motivo, el último, destinado a la cuestión de la vulneración de derechos fundamentales.

En aplicación de la doctrina jurisprudencial citada, la Sala se limitará a dar respuesta a los dos primeros motivos y al último, descartando la posibilidad de entrar a conocer de aquellas cuestiones de legalidad ordinaria excluidas de suplicación (las relativas a la modificación sustancial de condiciones de trabajo individual, conforme a los arts. 138.6 y 191.2 e) LRJS) , y ajenas a la tutela de derechos fundamentales postulada.

TERCERO.-En los motivos de recurso primero y segundo, ambos amparados en el art. 193 a) de la LRJS, se postula la nulidad de las actuaciones alegándose, respectivamente, infracción de los arts. 9.3 y 24 de la Constitución, art. 97.2 LRJS y 218.2 LEC; e infracción del art. 97.2 LRJS y 316 de la LEC, al considerar la parte recurrente que la Juzgadora de instancia ha incurrido en un craso error en la valoración de la prueba practicada en las actuaciones, produciéndole con ello efectiva indefensión.

Como norma general, la valoración de la prueba es facultad privativa del Juez de instancia, tal como señala el art. 97.2 de la LRJS. Por tal razón, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2015, rec. 60/15, y las que en ella se citan de 13 julio 2010, rec. 17/2009; 21 octubre 2010, rec. 198/2009; 5 de junio de 2011, rec. 158/2010; 23 septiembre 2014,rec. 66/2014; 17 de febrero de 2021, rec. 129/2020 y otras muchas), ha señalado que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

Para apreciar el error de derecho en la valoración de la prueba, es preciso que sea de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, por reunir dos requisitos: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ( STS, 1ª, núm. 1350/2024, de 18 de octubre, rec. 5182/2022); esto es, cuando el Juez resuelve y valora la prueba de forma arbitraria, caprichosa, desorbitada o evidentemente injusta.

Los motivos de recurso se centran en la valoración judicial de la prueba que respalda el contenido del hecho probado cuarto, y en la valoración de la declaración de la presidenta del Comité de Empresa, que ha motivado, según el parecer de la parte recurrente, que se haya apreciado la nulidad de la modificación de condiciones impugnada por la trabajadora demandante.

Sin embargo, la decisión judicial analiza el proceso que se ha seguido para llegar a la situación que se cuestiona en el proceso: a) inicio de negociaciones entre la empresa y la representación legal de los trabajadores para la adopción de una modificación sustancial de condiciones de trabajo colectiva (turnos rotativos de mañana y tarde), que concluye sin acuerdo; b) decisión empresarial de proceder a tal modificación y comunicación a los trabajadores de tal decisión (comunicación a la actora en fecha 10 de enero de 2023 que implicaba el establecimiento de turnos rotativos de mañana y tarde, cuando la actora disponía desde el año 2014 de reducción de jornada por razón de guarda legal de hijo menor con horario de 9.30 a 15.00 horas); c) presentación de conflicto colectivo seguida del acuerdo al que con fecha 02/03/2023 llegaron la empresa y el Comité de empresa ante el Jurado Arbitral Laboral en el que se acepta la modificación pero con compensaciones económicas (H.P. 3º); d) demanda individual de la actora para impugnar tal modificación, con alegación de tratamiento peyorativo de vulneración al derecho a no ser discriminada por razón de sexo/género e impedimento de conciliación de la vida familiar, en la adopción de la medida.

Por tanto, de lo que se trata en realidad es de un desacuerdo de la parte recurrente con la decisión adoptada en la sentencia impugnada, fruto de la valoración ordinaria de las diversas pruebas aportadas a las actuaciones, sin que se aprecie una valoración probatoria irrazonable o caprichosa por parte de la juzgadora de instancia de aquellas pruebas señaladas en los respectivos motivos de recurso. Por tal razón, ambos motivos de recurso han de desestimarse.

CUARTO.-En el octavo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción del art. 14 de la Constitución, en relación con el art. 41 del ET, al considerar la parte recurrente que no se ha producido discriminación indirecta en la decisión adoptada por la empresa, que haya conducido a la violación del derecho fundamental alegado por la demandante (discriminación por razón de sexo).

1.-Como antecedentes del caso, ha de indicarse que la trabajadora demandante presta sus servicios para la empresa demandada desde el 15/04/2002 como empaquetadora dentro del grupo profesional de peón; y desde el año 2014 tiene reducida su jornada por razón de guarda legal de hijo menor con horario de 9.30 a 15.00 horas. El horario escolar de los hijos menores de la demandante es de 9.00 a 15.00 horas. El otro progenitor es dueño de una gasolinera con horario de 6.00 a 22.00 horas todos los días del año, debiendo atender la misma además de los servicios de reparto a domicilio.

La empresa demandada, fundándose en causas productivas y organizativas, pretendía adscribir a todos los trabajadores a turnos rotativos de mañana y tarde, y a tal efecto, inició con fecha 15/12/2022 un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores para la adopción de una modificación sustancial de condiciones de trabajo colectiva en tal sentido, que concluyó sin acuerdo. Tras ello, la empresa comunica a la representación legal de los trabajadores su decisión de modificar el sistema de trabajo de la totalidad del personal operativo del centro de trabajo que venía prestando servicios únicamente en turno fijo de mañana (70 trabajadores), incluidos los trabajadores con reducción de jornada, para pasar a prestar servicios en turnos rotativos de mañana y tarde conforme al siguiente horario: de 7.00 a 15.00 horas y de 15.00 a 23.00 horas. Una comunicación de igual contenido fue remitida a la demandante en fecha 10/01/2023.

Como consecuencia de ello, el Comité de Empresa presentó demanda de procedimiento de conflicto colectivo solicitando se declare nula o injustificada la decisión de la empresa, que concluyó con acuerdo de fecha 02/03/2023 ante el Jurado Arbitral Laboral entre la empresa y el Comité de empresa, en los términos que se detallan en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia (reproducido en los antecedentes de esta sentencia), en el que, básicamente, se mantiene los turnos rotativos aunque con abono de ciertas compensaciones económicas.

A la vista de ello, la empresa recurrente sostiene que, aunque la modificación de condiciones deriva de un acuerdo colectivo suscrito con la representación de los trabajadores, lo cierto es que en ningún momento se ha instado a la demandante a realizar turno alguno de tarde, respetándose en todo caso la jornada por razón de guarda legal de hijo menor con horario de 9.30 a 15.00 horas, tal como también se reconoce en la propia sentencia de instancia (F.J. 6º).

2.-La STC 119/2021 de 31 de mayo, recuerda que: "la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales ( art. 14 CE ) como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE ), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto, habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional fomentada en nuestro ordenamiento a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, que adoptó medidas tendentes a lograr una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, objetivo que se ha visto reforzado por disposiciones legislativas ulteriores, entre las que cabe especialmente destacar las previstas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuya exposición de motivos se señala que las medidas en materia laboral que se establecen en esta ley pretenden favorecer la conciliación de la vida personal, profesional y familiar de los trabajadores, y fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares" ( SSTC 3/2007, de 15 de enero, FJ 6 , y 26/2011, de 14 de marzo , FJ 6)".

Por otra parte, en relación con la alegación de violación de derechos fundamentales, el . 96.1 de la LRJS. , establece que: "En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Por su parte, el art. 181.2 de la LRJS dispone que: "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Es constante la doctrina (por todas, sentencias del Tribunal Constitucional 87/2004, de 10 de mayo, 138/2006, de 8 de mayo y 74/2008, de 23 de julio, y del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2013, rec. 1374/2012) que establece que el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de vulneración del derecho fundamental, y alcanzando tal resultado, recaerá sobre la parte contraria la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionado ( art. 96.1 y 181.2 de la LRJS)

En relación con esta materia, el Tribunal Constitucional (sentencia 49/2.003, de 17 de marzo) tiene establecida la siguiente doctrina: "Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/2002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero, y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada".

Dicha doctrina es reiterada por las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional 138/2006, de 8 de mayo y 74/2008, de 23 de julio, en las que se añade que el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de vulneración del derecho fundamental, y alcanzando tal resultado, recaerá sobre la parte contraria la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionado.

En el mismo sentido, sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2015, rec. 2598/2014, y núm. 352/2020 de 19 de mayo, rec. 2911/2017, donde se resume la doctrina jurisprudencial sobre el particular.

3.-De los expuesto cabe concluir que, en realidad, no se ha aportado indicios bastantes por parte de la demandante para estimar que la empresa ha tomado la decisión de proceder a la modificación de sus condiciones de trabajo con ánimo de lesionar su derecho a la conciliación de la vida familiar o discriminación por razón de sexo/género, pues resulta evidente que tal modificación tenía y tiene un alcance general para todos los trabajadores de la empresa, con independencia de su situación personal, hasta el punto de haberse adoptado la medida (turnos rotativos de mañana y tarde) para todos los trabajadores sin distinción, si bien con reconocimiento de una compensación económica, esto es, la decisión no responde a una decisión particularizada en la demandante, sino adoptada con carácter general y respaldada por el comité de empresa.

A ello debe añadirse que la empresa, pese a disponer de un acuerdo suscrito con la representación legal de los trabajadores de la empresa, en ningún momento ha requerido a la demandante para realizar la jornada de trabajo de modo diferente a como venía realizando con horario de 9.30 a 15.00 horas, desde que se le reconoció dicha jornada por cuidado de hijo menor.

Procede por ello estimar que no se ha producido la violación del derecho fundamental alegado, ni se ha causado perjuicio o daño moral evaluable económicamente, y por ello ha de estimarse el motivo de recurso examinado, con revocación parcial de la sentencia de instancia, en lo relativo a tal particular.

Ahora bien, como en la presente sentencia se estima inexistente la vulneración de derechos fundamentales que ha motivado que en la sentencia de instancia se califique de nula la medida adoptada por la empresa respecto de la demandante ( art. 138.7.IV LRJS) ; queda por resolver la pretensión subsidiaria planteada en la demanda de calificar la medida empresarial de injustificada, careciendo la Sala de competencia funcional para ello ( art. 138.6 y 191.2 e) LRJS) , por lo que procede devolver las actuaciones al Juzgado de instancia a fin de que se pronuncie mediante nueva sentencia exclusivamente sobre tal cuestión.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,