Sentencia Social 1433/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 578/2025 de 29 de julio del 2025

PRIMERO:Recurre la parte actora en suplicación la sentencia que desestimando su pretensión declara que no está afecta de incapacidad permanente absoluta o total,

Contiene el recurso dos motivos, uno de revisión fáctica y otro destinado al examen del Derecho aplicado en la sentencia.

Por la vía procesal del art. 193 b) LJS, se solicita la modificación de los hechos probados primero y tercero y la adición de uno nuevo hecho.

En cuanto al primero, interesa la recurrente la siguiente redacción:

"La demandante Dª Amanda, nacida el NUM002 de 1977, figura afiliada al Régimen General de la Seguridad Social con el nº NUM001, siendo su profesión habitual la de conductora en la empresa "GUPPY" ASTUR-SERCOMAR SLU.

La citada empresa procedió al despido de la actora el 18 de abril de 2023, por ineptitud sobrevenida al amparo del artículo 52.a) del ET , tras ser declarada NO APTA para el desempeño de su trabajo, en el informe de reconocimiento médico elaborado por el Servicio de Quirón Prevención, que consta en autos".

Respecto al tercero, solicita quede redactado en los siguientes términos:

"La actora presenta el siguiente cuadro clínico residual. "Discopatía degenerativa lumbar a tratamiento con opiáceos y fentanilo y en Unidad del Dolor. Ostoeocondrosis y ostoefitosis anterior y posterior severa en C5-C6 y más moderada en C6-C7 y C3-C4 y uncoartrosis bilateral a nivel C5-C6 y C6-C7 y severísima uncoartrosis izquierda a nivel C3-C4. SAHS moderado a tratamiento con CPAP. Somnolencia diurna. Obesidad mórbida. Adenoma tubular recto resecado. Síndrome ansioso depresivo reactivo diagnosticado en abril 2021, con intentos autoliticos en mayo 2022, octubre de 2023 e ingesta descontrolada de mediación en septiembre 2024, ha derivado en depresión mayor".

Por último, el nuevo hecho probado sería el siguiente:

"La actora tras el accidente de trafico laboral, sufrido en fecha 22 de octubre de 2020, ha estado en situación de IT por lumbalgia desde 22/10/20 al 15/01/21, por cervicalgia desde el 2/04/21 al 10/08/21, por lumbalgia desde el 5/09/21 al 28/02/23, y tras su despido el 18 de abril de 2023, por ineptitud sobrevenida, inicia un nuevo proceso de IT el 2 de noviembre de 2023 por trastorno depresivo mayor, recurrente moderado, en el que continua inmersa".

Se apoyan las citadas modificaciones en los documentos que señala y que se incluyen en el documento nº 83.

SEGUNDO:A propósito de esta revisión fáctica convine insistir en que, la posibilidad de revisar el relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez "a quo", quede fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los documentos y las pericias, siempre y cuando a través de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin necesidad de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido que se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a la interpretación de los artículos 193. b) y 196.2 y 3 LJS vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.- Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.- Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.- Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.- No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.- El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.- Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

En cuanto a las revisiones fácticas solicitadas procede señalar en relación con la primera que no resulta decisiva la declaración de "no apta" y el posterior despedido por ineptitud sobrevenida pues en relación con esta declaración realizada por los servicios médicos de la empresa para su puesto de trabajo se ha de indicar que siguiendo la jurisprudencia existente al respecto, por todas sentencia 435/2023, de 15 de junio, que ese informe de falta de aptitud no es una situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, pues es a la entidad gestora que cubra la contingencia de que se trate a quien la LGSS atribuye la competencia para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones contributivas de la seguridad social por incapacidad permanente y aun cuando sea socialmente razonable que existiendo ese informe que califica a un trabajador "no apto" para su puesto de trabajo, no se pueda desarrollar dicho puesto, sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no asume esa automaticidad en el acceso a la condición de pensionista de incapacidad permanente pudiendo, además, llevarse a cabo adaptaciones del puesto de trabajo.

Respecto a la segunda petición, los informes citados por la recurrente, ya han sido examinados por el Juzgador y de los mismos no cabe extraer dato relevante pues a nivel psicopatológico el informe privado que da apoyo a la revisión fáctica es expresamente analizado en la sentencia, la patología osteoarticular cervical y dorsal no resulta de entidad en este caso para impedir la conducción, extrayendo la trabajadora de las pruebas diagnósticas aquellos aspectos que resultan más relevantes pero en las cuales constan también que no se aprecia ni radiculopatía ni mielopatía o contacto con la médula y por último, a la patología lumbar y su medicación no hace referencia ninguno de los documentos a los que alude la demandante.

En cuanto a los periodos de incapacidad temporal, son de escasa duración excepto el último (5 meses) y no aportan datos relevantes a los efectos de declarar una incapacidad permanente pues se trata de periodos en los que la sintomatología se agudiza impidiendo trabajar pero sin tratarse de dolencias crónicas permanentes y definitivas.

TERCERO:Con amparo procesal en el artículo 193 c) LJS, se denuncia la infracción del artículo 12.3 de la Orden de 15 de abril de 1969, en relación con el artículo 194.1 c) y 5 LGSS, en relación también con la Disposición transitoria 26 del mismo texto legal.

La actora presenta patologías a nivel de columna cervical, dorsal y lumbar que no son susceptibles de intervención quirúrgica, habiendo agotado todas las terapias posibles sin respuesta positiva a los tratamientos farmacológicos.

Las patologías de cadera, pie derecho, tobillo izquierdo y problemas vasculares en MMII unidas a las dolencias de dorsales y lumbares agravan aún más las limitaciones físicas de la actora, que apenas puede caminar, ni mantener bipedestación o sedestación, y la realización de cualquier actividad doméstica incrementa el dolor, ya de por si intenso que sufre la demandante.

La mala evolución de las patologías físicas, con las algias y dificultades de movilidad derivadas de las mismas, junto con la medicación pautada han derivado en importantes limitaciones en todos los ámbitos de la vida de la actora, a nivel laboral, social, familiar, ....., agravando a su vez, la obesidad mórbida que padece, y contribuyendo todo ello a empeorar su salud mental, agudizando sus trastornos de conducta alimentaria previos, y causándole un importante cuadro ansioso-depresivo, por el que su MAP la derivó a los Servicios de Salud Mental del Hospital de Cabueñes, donde en abril de 2021, es diagnosticada de síndrome ansioso depresivo con mal control de impulsos.

A raíz la mala evolución, la recurrente ha sido diagnosticada de depresión mayor con gran tedio vital e ideación suicida, bulimia, y crisis de angustia provocadas por las intensas algias que padece.

Las pluripatologias a nivel físico y psíquico de la actora presentan el carácter de definitivas, sin que quepa ningún tratamiento salvo el meramente paliativo y le impiden realizar las actividades básicas de la vida diaria, por lo que en mayor medida se encuentra incapacitada para poder realizar cualquier actividad laboral por liviana que sea, que le suponga asumir un horario laboral continuado y obtener un rendimiento productivo.

Con carácter subsidiario, con el mismo amparo procesal se denuncia la vulneración del artículo 12.2 de la Orden de 15 de abril de 1969 en relación con el artículo 194.1 b) y 4 LGSS, en relación también con la Disposición transitoria 26 del mismo texto legal.

La función principal de la profesión habitual de la actora, consiste esencialmente en conducir los vehículos de la empresa, (llevarlos a los puntos de disposición de los clientes, la retirada de los mismos a la nave de la empresa para su recarga, llevarlos al taller y recogerlos, pasar la ITV, retirar los coches del depósito de la grúa municipal, llevar y traer vehículos de la empresa a Cantabria, donde existe una franquicia de la empresa, .....) además de realizar tareas de tipo administrativo, pequeñas compras de material en Centros Comerciales, atención a los clientes dentro y fuera de Gijón por falta de cobertura, pinchazos, etc, y también encargarse del mantenimiento y limpieza de los vehículos.

La profesión habitual requiere de un desarrollo musculo-esquelético adecuado, al tener que estar en continuo movimiento y desplazándose de un lugar a otro, lo que dadas las limitaciones físicas de la misma, - tiene contraindicada cualquier tarea que requiera la manipulación de cargas, posturas forzadas de flexoestension de la columna cervical y lumbar- y las graves dificultades para la deambulación, bipedestación y sedestación hace que la demandante no pueda realizar las tareas básicas de su profesión.

El Juzgador refleja en la sentencia que la Guia de Valoración profesional del INSS establece para la profesión de la actora unos requerimientos de atención/complejidad y apremio elevados de 3, sobre 4, que la actora claramente no posee, ya que las patologías psiquiátricas que presenta hacen que no reúna el pleno equilibrio psíquico, ni la concentración requerida para poder conducir, agravado por la fuerte medicación a que se encuentra sometida de manera continuada, tanto para el dolor físico (opiáceos y fentanilo) como para los trastornos de índole psiquiátrica, (antidepresivos y ansiolíticos) que derivan en una continua somnolencia diurna de nivel 21 sobre 24 en la escala de somnolencia de Epworth, falta de atención y atrofia mental de la actora, que de un modo totalmente objetivo impiden que puede manejar un vehículo sin ponerse en riesgo a si misma o a terceros, como tampoco realizar las tareas que requieran de un desempeño intelectual y de trato y atención a los clientes dentro de su actividad laboral.

Considera la recurrente que resulta claro y de un modo totalmente objetivo que las dolencias de la demandante son de larga evolución, están cronificadas, son altamente incapacitantes y de carácter irreversible, sin posibilidades terapéuticas y le impiden realizar las actividades de su profesión habitual, por lo que la misma es merecedora del reconocimiento de la situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de conductora de vehículos de alquiler derivada de enfermedad común.

CUARTO:El artículo 193.1 LGSS establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo".

Conforme al artículo 194.1 del citado texto legal la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194. "5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión y oficio"; "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta".

Conforme declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le rete capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4.88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mimas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión y oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna realización de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allá cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimo de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88). No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá incapacidad permanente absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88). Es en tal sentido que se ha declarado que lo establecido en dicho precepto, al definir la incapacidad absoluta para todo trabajo, no debe ser objeto de una interpretación literal y rígida, que llevaría a una imposibilidad de su aplicación, sino que ha de serlo de forma flexible (TS 11-3-86).

Por otra parte, y en cuanto a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

QUINTO:En el supuesto aquí enjuiciado, el relato fáctico de instancia, confeccionado con base en el informe médico de síntesis, recoge como diagnóstico: "Discopatía degenerativa lumbar. SAHS moderado a tratamiento con CPAP. Somnolencia diurna. Obesidad mórbida. Adenoma tubular recto resecado. Síndrome ansioso depresivo reactivo".

En relación con este cuadro clínico y propósito de la patología psiquiátrica afirmamos que no impide desarrollar cualquier trabajo que el mercado laboral pudiera ofrecer, con el mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia exigibles, pues, en relación con la misma ha de precisarse: 1) que la depresión es una enfermedad que en sí misma puede tener repercusión sobre la actividad laboral de quien la padece; 2) que con independencia de la incidencia de la depresión sobre el ámbito personal o familiar, debe valorarse solo su repercusión sobre el ámbito estrictamente laboral; 3) que la enfermedad puede mantenerse asintomática, experimentando brotes temporales de agudización de la misma que provoquen la incapacidad para el trabajo de forma temporal; 4) que dicha enfermedad provoca una diferente incidencia laboral en atención a las propias características y circunstancias del individuo que la sufre; 5) que la depresión prolongada en el tiempo, elemento que permite constatar su carácter irreversible o crónico, no determina en sí mismo una mayor gravedad de la enfermedad, que depende del grado en el que se manifieste, lo cual obliga a realizar un análisis específico de dicho extremo en cada caso.

La Jurisprudencia ha reiterado que resultan constitutivas de incapacidad permanente cuando el grado es grave, persistente, y progresivo; y tratándose del grado de absoluta cuando existe deterioro cognitivo, síntomas psicóticos, e intentos autolíticos. Nada de esto consta en el caso de autos. Se hace referencia a las intoxicaciones medicamentosa pero tanto en el 7 de mayo de 2022 como el 17 de noviembre de 2023 acude a urgencias voluntariamente y se da la circunstancia de que teniendo cita en SPS en CSM en julio de 2022 no acude, siendo citada nuevamente para el 30 de marzo de 2023.No se hace referencia a ningún otro síntoma.

En cuanto a la patología osteoarticular, no se aprecia una afectación del segmento lumbar que le impida desarrollar su trabajo habitual aun cuando deba permanecer en sedestación de forma prologada pues como señala el Juzgador de instancia: presenta una correcta alineación de los cuerpos vertebrales, deambulación autónoma no claudicante y sedestación normalizada. No se hace referencia por la recurrente al SAOS, que en todo caso está controlado. Ahora bien, en cuanto a la somnolencia diurna, declara el Juzgador de instancia: "...padece hipersomnia diurna o exceso de somnolencia diurna de 19 sobre un máximo de 24 en la Escala de somnolencia Epworth...". De acuerdo con esta escala esta puntación equivale a una somnolencia diurna grave, de modo que aunque el cuadro clínico no justifique la declaración de una incapacidad permanente absoluta, siendo la profesión de la actora la de conductora, es obvio que no puede desarrollar la misma por el riesgo que ello supone para la trabajadora y para terceros.

El recurso, en consecuencia, ha de ser estimado en parte y la recurrente declarada afectada del grado de incapacidad solicitado con carácter subsidiario.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,