Sentencia Social 5714/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 3109/2025 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO. -Recurre en suplicación el demandante, Don Jesús Carlos, y con amparo procesal en el apartado a.) del artículo 193 de la LRJS, interesa la declaración de NULIDAD DE LA SENTENCIA de instancia, por tres sucesivos motivos, concretándose el primero de ellos en la denuncia de infracción de los artículos 87, 90 y 94 de la LRJS, artículo 289 de la LEC y 24 de la Constitución Española, alegando que el órgano de instancia "ha eliminado del acervo probatorio presentado por esta parte, los documentos que se incorporan en los folios 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 620, 621, 622, 623 y 624 (aportados a la causa por la empresa Chromium Scientific, S.L. con meses de antelación a la vista oral), 1847, 1848 y 1850 de las actuaciones..(sic).

El párrafo del fundamento jurídico quinto de la sentencia de instancia a que se refiere el recurrente para sostener que se ha producido dicha exclusión lo único que hace es circunscribir el debate a las cuestiones oportunamente planteadas en la demanda, apreciando que las referencias efectuadas por el demandante al Sr. Juan María y a los correos cruzados con el mismo no fueron objeto de alegación ni en el escrito o pliego de descargos, ni en el escrito de demanda, sin que tampoco se haya citado al referido Sr, Juan María como testigo en el pleito para adverar la exactitud de tales comunicaciones.

A juicio de la Sala por parte del órgano de instancia se está aplicando lo previsto en el artículo 85.1º párrafo final de la LRJS, en el sentido de impedir la introducción sorpresiva en el acto de juicio de alegaciones no efectuadas ni en la demanda, ni en la tramitación del expediente disciplinario, como sería la supuesta tolerancia empresarial de la conducta imputada al trabajador, que por vez primera se alega en el acto de juicio, con la correspondiente protesta por la parte demandada, siendo acogida por la sentencia de instancia como modificación sustancial de la demanda.

Asimismo, se hace eco la sentencia de instancia de la doctrina unificada referida a la validez como prueba documental de los correos electrónicos, establecida a partir de la STS/Sala IV, de Pleno, núm. 706/2020, de 23 de julio, en la que se indica que no todo correo electrónico puede ser valorado como prueba documental, siendo imprescindible determinar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia, requisitos que no concurren en el caso que nos ocupa, según indica la sentencia de instancia.

En suma, no estamos ante una infracción de normas procesales esenciales, ni de garantías de procedimiento, por cuanto la prueba en cuestión fue admitida, habiéndose valorado, no obstante, que viene referida a hechos que no forman parte del debate procesal y, además, que no cumplen los requisitos exigidos por la doctrina unificada, de modo que debe rechazarse de plano la pretensión de nulidad fundada en tal motivo, sin necesidad siquiera de entrar a valorar las alegaciones referidas al principio de aportación de parte, impugnación de prueba o distribución de la carga de la prueba, por no guardar relación alguna con el contenido de la decisión judicial impugnada.

Idéntica suerte desestimatoria ha de correr la segunda de las pretensiones de nulidad de la sentencia, que denuncia la infracción del artículo 1, 142.4 y 144 de la LEC, así como los artículos 90 y 94 de la LRJS, en relación con el artículo 24 de la CE, por haberse admitido el documento obrante al folio 1353 de las actuaciones.

El examen de las actuaciones pone de manifiesto que no se trata de un documento redactado en lengua extranjera, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, sino que es un documento en lengua castellana, con una anotación en inglés, la que reproduce el recurrente en su escrito; al margen de que no nos encontremos ante un supuesto del artículo 144 de la LEC, constatamos que por la parte ahora recurrente no se opuso en el acto de juicio protesta alguna por la incorporación y admisión de un documento redactado en castellano con una anotación en inglés, debiendo recordarse que la nulidad de actuaciones, por ser un remedio absolutamente extraordinario y excepcional, sólo procede como último recurso, cuando no haya sido posible subsanar la infracción denunciada a través de los cauces ordinarios, de ahí que sea imprescindible acreditar la formulación de la oportuna protesta en el acto de juicio oral a efectos de recurso, y tal requisito no se cumplió por el recurrente, de ahí que deba rechazarse de plano una pretensión de nulidad por la causa expuesta.

El tercero de los motivos de nulidad se funda en la denuncia de infracción del artículo 218 de la LEC en relación con el artículo 24 de la CE, por una supuesta incongruencia extra petita, derivada de la existencia de múltiples referencias en la sentencia de instancia al despido del hermano del recurrente, alegato que aprovecha para solicitar de paso la supresión de tales referencias en los hechos probados 6º, 7º, 8º, 16º, 20º, 22 º, 23º, 24º, 25º y 26º, así como en los fundamentos jurídicos 8º y 9º de la sentencia de instancia.

Ninguna posibilidad de éxito tiene la pretensión, en la medida en que lo que se denuncia por el recurrente no tiene encaje en el pretendido vicio de incongruencia.

La doctrina constitucional, constante ya desde la Sentencia núm. 20/1982, de 5 de mayo, ha definido el vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy numerosas las decisiones en las que el Tribunal Constitucional ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la CE, elaborando así un cuerpo de doctrina que puede sistematizarse en los siguientes aspectos:

a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos --partes-- y objetivos --causa de pedir y petitum, y en relación con estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.

b) Dentro de la incongruencia se distingue, de una parte, la incongruencia omisiva o ex silentio y, de otra, la incongruencia por exceso o extra petitum, siendo ésta última la que aquí nos ocupa, y se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones. La incongruencia extra petitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial. Este deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). Todo lo cual no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo.

Por un lado el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

La aplicación de dicha doctrina al caso que nos ocupa evidencia que no se ha producido el vicio procesal denunciado, habiéndose limitado la sentencia de instancia a decidir sobre la cuestión planteada, dentro de los ámbitos marcados por las partes, de modo que las referencias a la situación del hermano del recurrente, al que alude él mismo, tanto en el expediente disciplinario previo, como en la demanda, no han modificado en modo alguno los términos de la litis, debiendo desestimarse íntegramente la pretensión de nulidad formulada.

SEGUNDO. -Con invocación del amparo procesal del apartado b.) del artículo 193 de la LRJS, interesa el recurrente la revisión del contenido de los hechos probados primero, sexto, decimoprimero, decimocuarto, decimonoveno, vigésimo primero y vigésimo séptimo, con base en las pruebas que expresamente cita y proponiendo los redactados alternativos que son de ver en el escrito de formalización del recurso.

A la vista del contenido y finalidad de la extensísima pretensión de modificación fáctica se hace necesario recordar, con carácter previo, que la facultad de revisión que otorga a la Sala el artículo 193 b.) de la LRJS es de carácter excepcional, aplicándose exclusivamente en aquellos casos en los que se acredita, por la parte recurrente, la existencia de un error de hecho evidente en la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia, siendo imprescindible que tal error se acredite a través de prueba documental y/o pericial, únicas aptas a tal fin, que por sí mismas, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones ni deducciones más o menos lógicas, pongan de manifiesto lo contrario de lo afirmado o negado en la sentencia, resultando imprescindible que se trate de errores relevantes, esto es, que la corrección del mismo tenga incidencia en una eventual modificación del sentido del fallo.

Por último, no debe perderse de vista que correspondiendo en exclusiva al órgano de instancia la titularidad de la facultad de libre apreciación de la prueba y de los elementos de convicción, no cabe apreciar el referido error cuando obran en las actuaciones elementos de prueba que permiten establecer conclusiones no sólo diversas sino contrapuestas, y en tal caso prevalece la interpretación y valoración objetiva e imparcial del órgano de instancia sobre la que proponga una de las partes en litigio.

La aplicación de dichas consideraciones al caso examinado comporta la desestimación de las revisiones postuladas, por los siguientes motivos:

a.) En el hecho probado primero solicita el recurrente que se sustituya la frase "ejerciendo últimamente el cargo de Director de desarrollo de negocio",por la de "ejerciendo el cargo de Director de desarrollo de negocio desde marzo de 2022", remitiéndose al folio 840 de las actuaciones, y reconociendo que dicha concreción ya consta en el hecho probado sexto, lo que ya evidencia que no nos hallamos ante una denuncia de error en la valoración de la prueba, sino con una disconformidad con el estilo de redacción utilizado en la sentencia de instancia, así como con la voluntad de reiterar un mismo dato en dos diferentes hechos probados, lo que resulta redundante e innecesario.

b.) En relación con el hecho probado sexto, y con idéntico soporte documental, interesa el recurrente que se indique que desde marzo 2022 asumió la responsabilidad de producción el Sr. Abelardo, y que se concreten las áreas que entraban en la responsabilidad del recurrente; no es posible acoger dicha modificación, no sólo por la irrelevancia de la misma, sino también porque en relación con cuáles fueran las áreas en las que el recurrente tenía competencia y responsabilidad, la documental invocada entra en contradicción con otras pruebas practicadas en juicio, como es de ver en el fundamento jurídico octavo, párrafo cuarto de la sentencia, que destaca la contradicción entre las declaraciones del Director General, Sr. Oscar, y los referidos documentos, evidenciándose que no estamos ante un error de hecho en la valoración de la prueba, sino ante una discrepancia del recurrente con la valoración contenida en la sentencia, discrepancia legítima pero que no justifica la modificación interesada.

c.) El contenido del hecho probado undécimo tampoco resulta del agrado del recurrente, que postula la supresión de la última frase del mismo, en la que se alude a la inexistencia de reflejo de las operaciones habidas entre Chronium y Spinreact en el año 2018 en el modelo 347, afirmación de la que posteriormente, en fundamentación jurídica, se establecen unas consecuencias con las que no está de acuerdo el recurrente, conclusiones que puede combatir adecuadamente por la vía del apartado c.) del artículo 193 de la LRJS, sin que quepa la supresión fáctica interesada.

d.) Tampoco puede prosperar la modificación interesada para el ordinal fáctico decimocuarto, dado que el contenido del folio 125 de las actuaciones, invocado por el recurrente, ha sido valorado por la sentencia de instancia como es de ver en el último párrafo del fundamento jurídico octavo, en el que se ponen de relieve las discordancias/errores en la consignación de números e identificación de empresas en las facturas, por lo que debe mantenerse inalterado dicho ordinal fáctico.

e.) No ha de correr mejor suerte la pretensión de supresión o, subsidiariamente, modificación del hecho probado decimonoveno, dado que, como hemos dejado expuesto en el primero de los fundamentos jurídicos de esta sentencia, la parte recurrente no formuló oportunamente protesta por la admisión del documento obrante al folio 1353 de las actuaciones y, por otro lado, no cabe establecer el contenido alternativo pretendido, consistente en una afirmación sin soporte probatorio alguno y absolutamente valorativo.

f.) La propia parte recurrente reconoce el carácter absolutamente irrelevante de la adición postulada para el hecho probado vigésimo primero, dado que ya consta en el fundamento jurídico noveno, tercer párrafo, de la sentencia de instancia, de modo que sin necesidad de mayor argumentación se rechaza la pretensión.

g.) Nuevamente, en relación con la modificación instada para el ordinal fáctico vigésimo séptimo, incurre la parte recurrente en el error de confundir el recurso de suplicación con una inexistente segunda instancia, olvidando que no corresponde a la Sala llevar a cabo una nueva valoración de la totalidad de prueba practicada en la instancia, de ahí que la pretensión modificativa, que afecta más al estilo de redactado que al contenido, deba ser rechazada.

h.) Por último, no procede la supresión de las referencias al hermano del recurrente, Don Jose Pedro, en la medida en que se trata de datos relevantes para la adecuada resolución de la litis, derivándose de las propias alegaciones del demandante la importancia de la decisión empresarial de despedir también a su hermano, todo lo cual comporta la íntegra desestimación del motivo de revisión fáctica.

TERCERO. -En sede de censura jurídica, por el adecuado cauce procesal del apartado c.) del artículo 193 de la LRJS, denuncia el recurrente, en primer lugar, la infracción de los artículos 55 y 56 del ET, postulando que se declare la existencia de un despido tácito producido el 18 de enero de 2024, fecha en la que, conforme a los hechos probados vigésimo séptimo y vigésimo octavo de la sentencia de instancia, lo que sucede es que se notifica al ahora recurrente el inicio de expediente contradictorio por la presunta comisión de faltas laborales muy graves, indicándole cuales son los cargos que se le imputan, con indicación del plazo para responder, otorgándole un permiso retribuido hasta el 25 de enero de 2024, y, asimismo, se le requiere la entrega del teléfono móvil y ordenador de la empresa para evitar una eventual destrucción de pruebas durante la tramitación del expediente, documentándose la entrega mediante acta notarial, en la que también se reflejan diversas manifestaciones del trabajador.

Observamos que en el escrito de formalización del recurso parte el trabajador de una serie de datos que carecen de todo reflejo en el relato fáctico, incurriendo con ello en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución combatida ( SSTS de 14 de mayo de 2020, rec.214/2018; 8 de noviembre de 2017, rec.40/2017; 3 de mayo de 2017, rec.123/2016; 11 de febrero de 2016, rec.98/2015; 3 de febrero de 2016, rec.31/2015, entre otras muchas), y que obviamente no podemos tomar en consideración para la resolución del recurso.

Así pues, como acertadamente aprecia la sentencia de instancia, no concurre en la actuación empresarial del 18 de enero de 2024 ninguno de los requisitos que permitirían tener por cierta una decisión empresarial extintiva, bien al contrario, lo que consta es que, con carácter previo a adoptar decisión extintiva alguna, se otorga al trabajador la posibilidad de efectuar alegaciones respecto de las conductas que la empresa considera constitutivas de incumplimientos contractuales muy graves, otorgándole un permiso retribuido que en modo alguno comporta la extinción de la relación laboral.

La empresa otorga al trabajador un permiso retribuido con una vigencia temporal predeterminada, hasta el 25 de enero de 2024, coincidente con la conclusión del plazo de tres días hábiles otorgado para presentar las alegaciones de descargo; durante ese período el trabajador sigue de alta en Seguridad Social, con las correspondientes cotizaciones, sin sufrir merma alguna en sus retribuciones, simplemente es relevado de su obligación de prestar servicios, por lo que no concurre extinción alguna de la relación laboral, ni tácita ni expresa, dado que no se trata de una privación de ocupación efectiva determinante de incumplimiento empresarial grave y culpable, sino de una medida encaminada a facilitar las labores de investigación, no existiendo decisión extintiva alguna hasta el momento de notificación de su despido disciplinario el 25 de enero de 2024.

Es de aplicación al caso la doctrina unificada de la Sala IV del TS que viene declarando desde antiguo que el despido, al igual que el abandono, requiere voluntad resolutoria consciente del empresario, que si bien cabe entender existe cuando los actos u omisiones concurrentes permitan presumir voluntad en tal sentido, excluye tal conclusión en supuestos ... en que dichos actos denotan de manera inequívoca la ausencia de la mencionada voluntad resolutoria, aunque manifiestan incumplimiento contractual, ante el que el trabajador puede reaccionar en los términos que permite el marco jurídico aplicable" ( STS/Social 4-VII-1988 ).

Por otro lado, para que pueda apreciarse la figura del despido tácito - en contraposición al expreso, documentado o no - es necesario que la decisión extintiva empresarial se derive de hechos concluyentes reveladores de la intención inequívoca de la empresa de poner fin a la relación jurídica-laboral, tratándose en definitiva de situar claramente en el tiempo la decisión resolutoria de la empresa y, en su caso, la inactividad impugnatoria del trabajador, a fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica" ( SSTS/Social 2-VII- 1985 , 21-IV-1986 , 9-VI-1986 , 10-VI-1986 , 5-V-1988). O dicho más sintéticamente, que para que exista despido tácito es necesario que concurran "hechos o conducta concluyente" reveladores de una intención de la empresa de resolver el contrato ( SSTS/Social 5- V-1988, 4-VII-1988, 23-II-1990 y 3-X-1990).

CUARTO. -Con idéntico amparo procesal en el apartado c.) del artículo 193 de la LRJS, denuncia el recurrente la infracción por la sentencia de instancia del artículo 55 del ET, al considerar que debió calificarse como improcedente el despido de 25 de enero de 2024 por incumplimiento de requisitos formales, a saber, falta de concreción de las faltas imputadas, analizando de forma detallada la redacción de la comunicación extintiva para poner de manifiesto la eventual ambigüedad e inconcreción, rechazada por la sentencia de instancia.

Tal como alega el recurrente las previsiones del artículo 55 del ET comportan que los hechos o conductas que se imputan para justificar el despido disciplinario, deban estar descritos con claridad y concreción, y con una extensión suficiente, en la carta de despido, de modo que el trabajador tenga un conocimiento inequívoco de dichos hechos y conductas, a fin de poder articular su defensa; y así lo han señalado sentencias de esta Sala de 23-2-2023 (Rec. 6002/2022), y 17-4-2023 (Rec. 6195/2022), en aplicación de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo con cita de la Sentencia de 18 de enero de 2000 recuerda, que, a su vez cita la Sentencia de la propia Sala de 3 de octubre de 1988, donde se señala; " aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, si exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, según reiterada doctrina de la Sala -sentencias de 17 de diciembre de 1985 , 11 de marzo de 1986 , 20 de octubre de 1987 , 19 de enero y 8 de febrero de 1988 - cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador".

Doctrina que ha sido reiterada en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2022, en recurso núm. 1969/2021, en la que señala: " La exigencia de la adecuada relación fáctica en la comunicación de despido ha sido reiteradamente interpretada por la jurisprudencia en el sentido de que "aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, según reiterada doctrina de esta Sala..., cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador. Carece de eficacia toda comunicación que contenga imputaciones genéricas o indeterminadas, sin concretar el contenido, las circunstancias o los datos temporales de los incumplimientos que justifiquen el despido, tal como expresa la STS de 12 de marzo de 2013; rec. 58/2012 , a tenor de la cual "aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos - los incumplimientos que motivan el despido -, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa"; finalidad que no se cumple "cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador".

Desde otra perspectiva, no conviene olvidar que la necesidad de que se proporcione al trabajador un conocimiento claro, inequívoco y suficiente de los hechos está avalada, indirectamente, por el artículo 105.2 de la LRJS al señalar que "Para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido ".

Pues bien, la aplicación de dichas consideraciones al caso que nos ocupa impide el éxito de la pretensión formulada, al resultar evidente tras la lectura de la carta de despido cuáles son los incumplimientos que se imputan al ahora recurrente, que ha podido articular debidamente su defensa, sin que sea de apreciar la utilización de conceptos abstractos o genéricos, bien al contrario, se especifican debidamente las actuaciones que conducen a la empleadora a adoptar la decisión extintiva ahora impugnada, de modo que no cabe apreciar la pretendida improcedencia por defectos formales.

QUINTO. - La invocación del apartado c.) del artículo 193 de la LRJS es también utilizada por el recurrente para denunciar la supuesta infracción por la sentencia de instancia del artículo 54.2.d.) y 56.1 del ET, procediendo a examinar y rechazar las imputaciones que se le efectúan en la carta de despido en relación con las empresas BIO SCIENCE MEDICAL S.L. y SORACHIM ESPAÑA S.L., efectuando una particular valoración de la prueba practicada en el acto de juicio y estableciendo afirmaciones fácticas que no cuentan con soporte alguno en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, del cual se separan totalmente las alegaciones del recurrente, incurriendo nuevamente en el vicio procesal de "petición de principio", al que ya hemos aludido en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia, por lo que no es preciso reiterar las consideraciones de aplicación.

El examen de la censura jurídica debe ser efectuado por la Sala a la luz del relato fáctico de la sentencia de instancia, para determinar si nos hallamos o no ante una conducta de abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual, incardinable en el artículo 54.2. d) del ET, pudiendo adelantar ya que la respuesta ha de ser irremediablemente positiva, a la vista de las conductas imputadas y acreditadas.

Así, ha quedado acreditado que el recurrente está vinculado a la empresa SPINREACT SAU desde el año 2005, ostentando el cargo de Director de desarrollo de negocio desde marzo de 2022, si bien mantenía parte de responsabilidades en las compras, siendo la actividad esencial de la empresa la investigación, fabricación, distribución y comercialización de toda clase de reactivos químicos y biológicos, así como reactivos para investigación y desarrollo de instrumentos destinados al análisis clínico e inmunológico.

En la empresa rige un código de conducta y un código ético cuyo contenido se describe, en lo que atañe a este pleito, en los ordinales cuarto y quinto de la sentencia de instancia, que fueron suscritos por el ahora recurrente, y que comportan la obligación de poner en conocimiento de la empleadora cualquier situación que pueda determinar un conflicto de intereses, evitar cualquier tipo de favoritismos en la selección de proveedores y subcontratistas.

Se declara probado que el demandante, junto con otros miembros de su familia, desde el año 2008 tiene participación en la empresa CHROMIUM SCIENTIFIC S.L., dedicada a la manipulación y comercialización de todo tipo de productos científicos, químicos, electrónicos y mecánicos, participación que inicialmente fue a título personal, y posteriormente se produce a través de la constitución de una sociedad en la que participan él mismo, su hermano y su madre ( RUBER MURIS S.L.) que controla el 52,95 % del capital social de CHROMIUM SCIENTIFIC S.L, constando asimismo que el ahora recurrente cursa su alta en el RETA, en régimen de pluriactividad, desde 12 de noviembre de 2018.

Esta empresa se convierte en proveedora de SPINREACT SAU, a la que factura por la elaboración y suministro de una solución acuosa con detergente, compuesta por tritón disuelto en agua, si bien consta acreditado que dicha solución podía realizarse directamente por la demandada, al limitarse Chromium a recoger el producto en la sede de Spinreact y mezclarlo con agua; la facturación sigue existiendo incluso después de que se diera orden de prescindir de Chronium como proveedor, habida cuenta que la disolución que teóricamente efectuaba la empresa se elaboraba con materia prima de Spinreact y podía fabricarse internamente, provocándose unos perjuicios económicos que se cifran en cerca de 30.000 €, y sin que el demandante comunicase a la empleadora su vinculación con la mercantil en cuestión.

Asimismo, consta probado que el recurrente fue nombrado director técnico responsable de la empresa BIO SCIENCE MEDICAL S.L., que también aparece como proveedora de la empleadora, y que está vinculada a SORACHIM ESPAÑA S.L., no habiendo comunicado en momento alguno el recurrente tal circunstancia a su empleadora, y declarándose probado, además, que se desviaron materias primas de la empleadora a dicha empresa por importe de 129.435,39 €, sin coste alguno para BIO SCIENCE MEDICAL S.L.

Tales comportamientos suponen un flagrante incumplimiento del código ético y de "corporate compliance" de la empresa empleadora, al resultar evidente la existencia de un conflicto de intereses que el recurrente debía haber comunicado de forma inmediata a su empleadora, optando sin embargo por su ocultación y por sacar provecho de su situación, favoreciendo a las empresas con las que tenía vinculación accionarial mayoritaria u ostentaba algún cargo de dirección, designándolas como proveedoras de su empleadora, vulnerando los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que establece el código de la empresa, incidiendo en un claro favoritismo y perjudicando de forma evidente a su empleadora, incluso a nivel económico, con un flagrante quebrantamiento de los deberes de buena fe, lealtad y fidelidad, especialmente exigibles a una persona que, como es el caso del recurrente, ocupa un cargo directivo en la empresa, por lo que, coincidiendo plenamente con la sentencia de instancia, estimamos que nos hallamos ante un caso paradigmático de transgresión de la buena fe contractual, conducta que es merecedora de la más grave sanción laboral, tal como ha efectuado la empresa, desestimándose íntegramente también este motivo de suplicación.

SEXTO. -Por último, denuncia el recurrente, nuevamente con amparo procesal en el apartado c.) del artículo 193 de la LRJS, la infracción por la sentencia de instancia del artículo 60.2º del ET y 68 del convenio colectivo de aplicación, por considerar que ha operado la prescripción de las faltas imputadas para justificar su despido.

Sostiene el recurrente que el "dies a quo" para el cómputo de la prescripción debe situarse en una fecha muy anterior al 13 de diciembre de 2023, y que teniendo en cuenta que previamente se había producido ya el despido disciplinario de su hermano, también empleado de la demandada, por hechos similares, la empresa tenía conocimiento de las faltas ahora imputadas al recurrente como mínimo desde que despiden a su hermano el 6 de noviembre de 2023.

No es posible acoger la tesis del recurrente que, dicho sea de paso, sustentaba una de sus peticiones de nulidad de la sentencia en la circunstancia de que contuviera referencias constantes al despido de su hermano, tildando esas referencias de incongruencia extra petita e incluso sosteniendo que se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de su hermano, cuyo juicio estaba pendiente de celebración, resultando poco coherente que ahora pretenda defender la prescripción respecto de su despido con base en el de su hermano.

Al margen de ello, no cabe duda de que, tal como señala la sentencia de instancia, la empresa tiene conocimiento de la posible actuación irregular del recurrente a partir de una denuncia efectuada en el canal interno de la empresa en fecha 13 de diciembre de 2023, y a raíz de la misma decide iniciar una investigación sobre los hechos denunciados, cuyo informe se realiza el 3 de enero de 2024, procediendo la empresa a comunicar su decisión extintiva el 25 de enero de 2024, sin superarse en ningún caso el plazo de prescripción aplicable que, debido al carácter oculto de la conducta, sería el de seis meses.

En relación con esta cuestión debemos remitirnos a la doctrina unificada contenida, entre otras, en Sentencia núm.811/2019, de 17 de noviembre (RCUD 430/2018), que establece los siguientes criterios:

1º En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 ET no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos.

2º Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras.

3º En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción.

4º El conocimiento empresarial tiene que ser un conocimiento efectivo, real y cierto, no siendo aceptable sustituir ese conocimiento real y cierto por la mera posibilidad de haber tenido la empresa noticia de los hechos acontecidos, sin que ese conocimiento hubiese tenido lugar.

Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, dicha doctrina no permite situar el "dies a quo" para el inicio del cómputo del plazo de prescripción en el momento en que la empresa albergue alguna sospecha sobre la comisión de irregularidades graves, evidenciándose la necesidad de llevar a cabo una investigación para constatar su existencia y alcance o gravedad, de ahí que no se pueda afirmar que la empleadora tuvo pleno conocimiento de los hechos posteriormente sancionados en el momento en que se produce el despido disciplinario del hermano o surgen sospechas, sino que es en el momento en que se le entrega el informe de detectives cuando dispone del conocimiento pleno, exacto y cabal; a mayor abundamiento, tampoco podemos compartir la afirmación de que no se trataba de hechos ocultos que precisaran de comprobación, dado que, como señala la doctrina unificada anteriormente reseñada, debe reputarse que los hechos han sido realizados con ocultación cuando el cargo que desempeña el infractor le permite un margen de actuación amplio sin necesidad de rendir cuentas de forma permanente, como es el caso del recurrente, todo lo cual comporta la íntegra desestimación del recurso.

VISTOS los preceptos citados y por las razones expuestas