Sentencia Social 6428/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4548/2024 de 03 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Como hemos visto, el auto objeto del presente recurso de suplicación, dictado el 3.5.2024 y aclarado por auto de 7.5.2024, acuerda extinguir, por causas económicas y de producción, y con efectos a la fecha de la resolución, los contratos de trabajo de los 27 trabajadores de la concursada adscritos a los servicios centrales de la misma, reconociéndoles el derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades.

Frente a dicho auto, la representación legal de los trabajadores interpone el presente recurso de suplicación, en el que, a tenor del "sol·licito"del mismo, pide:

<<(I) Es declari la nul·litat de la Interlocutòria recorreguda en ocasió a les infraccions de garanties essencials del procediment causants d'indefensió i, en conseqüència, s'acordi anul ·lar i deixar sense efecte aquesta a fi i s'ordeni la retroacció de les actuacions al moment processal oportú a fi i efecte de que s'ordeni al jutjat mercantil a pronunciar-se sobre la utilitat o pertinença de les proves aportades en el procediment per aquesta part, es pronuncii sobre la utilitat i pertinença de l'auxili judicial practicat en el seu dia i, si ho considera pertinent, aprovi la pràctica de l'esmentat auxili i es requereixi a la concursada i a l'AC per a que aporti la informació i els documents que corresponguin, per a que, posteriorment, dicti nova Interlocutòria resolent de nou totes les qüestions plantejades en el període de consultes, aportant una relació de fets declarats provats de forma separada a la resolució.

II) Subsidiàriament, en cas que no s'acordi la nul·litat de la Interlocutòria recorreguda, es declari que hi ha un grup d'empreses a efectes laborals conformat per les persones jurídiques exposades, declarant així mateix no ajustat a dret l'expedient de regulació d'ocupació per falta de causa i inexistència de raonabilitat i necessitat de l'extinció, amb les conseqüències legals inherents, acordant-se que les indemnitzacions a percebre pels treballadors derivades de l'extinció del seu contracte de treball siguin les equivalents a l'acomiadament improcedent, en no ser possible per a l'empresa l'exercici de l'opció per la readmissió, a causa del seu cessament d'activitat, i condemnant conjuntament i solidàriament totes les persones jurídiques integrants del grup a abonar les esmentades indemnitzacions.>>

La recurrente articula el recurso con arreglo a cuatro motivos formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) y dirigidos a la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión, y tres motivos formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto y dirigidos a la censura jurídico-sustantiva de la sentencia de instancia.

Además, la recurrente, con carácter previo a la articulación de los motivos del recurso, alega que el caso que nos ocupa es igual al resuelto por esta Sala en las sentencias número 2826/2023, 2788/2023, 3575/2023 y 3784/2023, que declaran la nulidad del auto objeto del recurso correspondiente.

El recurso ha sido impugnado separadamente por la administración concursal y la señora Filomena. Cada una de ellas, en su respectivo escrito de impugnación, solicita la desestimación del recurso y confirmación del auto recurrido.

Además de ello, la señora Filomena, en el encabezamiento de su escrito, niega que el presente caso sea igual al resuelto por la Sala en las sentencias invocadas por la recurrente, exponiendo las razones que la llevan a tal afirmación, y, en el "solicito",pide que se acuerde que "no puede acogerse la petición subsidiaria porque, de acordarse, vulneraría el derecho de defensa de las empresas que no fueron llamadas a a la mesa de negociación por decisión judicial".

Por su parte, la administración concursal, en el encabezamiento de su escrito, formula una serie de consideraciones sobre el "marco"en el que se ha llevado a cabo el expediente de regulación de empleo dentro del procedimiento concursal.

SEGUNDO.-Debemos empezar el examen del recurso por el primero de los motivos del mismo que tienen por objeto la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión, en el que la recurrente denuncia que el auto de instancia infringe el artículo 194.1.b) LRJS, mención que debemos entender referida al artículo 191.4.b) de dicho cuerpo legal, dada la redacción que la recurrente atribuye al precepto.

En síntesis, la recurrente, tras poner el indicado artículo 191.4.b) LRJS en relación con los requisitos formales que deben revestir los autos en virtud de lo previsto en los artículos 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( LOPJ) y 208.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), alega que el auto de instancia infringe aquel precepto porque no contiene un apartado en el que figuren los hechos que la magistrada considera probados ni los fundamentos jurídicos del mismo recogen declaración alguna con valor fáctico, omisión que dice causarle indefensión. Todo ello, en relación con las cuestiones que la recurrente dice haber planteado en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas y a las que el auto, según ella, debía dar respuesta, esto es: 1)ilicitud en el desarrollo de dicho periodo por no haber sido llamadas a la mesa de negociación las empresas que forman grupo laboral con la concursada, cuestión que, según la recurrente, a diferencia de lo que indica el auto recurrido, no puede entenderse ya resuelta en el auto de 11.4.2024, que tilda de extemporáneo y causante de indefensión; 2)ilicitud en el desarrollo de dicho periodo porque la concursada y la administración concursal negaron reiteradamente a la recurrente acceso a información y documentación relevantes, denuncia que incluso admite el propio auto recurrido; 3)falta de causa objetiva que justifique la extinción de los contratos de trabajo; 4)falta de razonabilidad de la medida extintiva por haberse producido un supuesto de sucesión de empresa en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( ET).

Frente a ello, la administración concursal, en su escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto contiene suficiente relación de hechos probados porque recoge que se han cumplido todos los requisitos procedimentales previstos en la vigente Ley Concursal (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo; en adelante , TRLC), la autoridad laboral ha autorizado la extinción y concurren las causas objetivas aducidas por la administración concursal. Además, la recurrida alega que el auto resuelve el incidente tras examinar los escritos presentados por todas las partes y la autoridad laboral, según se sigue, a su juicio, de su fundamentación jurídica, de la que transcribe los pasajes que estima relevantes, y que las alegaciones de la recurrente son genéricas.

Por su parte, la señora Filomena, en su escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto no declara probado ninguno de los hechos alegados por la recurrente durante la tramitación del incidente, referidos, fundamentalmente, a la existencia de grupo de empresas laboral, porque considera que ninguno de ellos ha quedado probado. Por el contrario, el auto, según la recurrida, recoge, como hechos probados, los informes emitidos por la administración concursal y autoridad laboral, favorables a la extinción de los contratos de trabajo por concurrencia de las causas objetivas invocadas, no negadas por la recurrente a lo largo de la tramitación del incidente, hechos que el auto analiza en su fundamentación jurídica. Además, la recurrida formula una serie de alegaciones en contra de las irregularidades denunciadas por la recurrente en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas y que, según ella, son rechazadas por el auto. Finalmente, invocando doctrina de esta Sala, alega que las afirmaciones de naturaleza fáctica contenidas en los fundamentos jurídicos de la resolución tienen el mismo valor que las que se contienen en el apartado de hechos probados y que la nulidad de actuaciones solo debe acordarse de forma excepcional y cuando la infracción procesal ha causado indefensión efectiva al recurrente.

TERCERO.-El examen del presente motivo del recurso obliga a recordar, con carácter previo, que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (RS 888/2020), 17.7.2020 (RS 1549/2020) y 9.10.2020 (RS 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

A la hora de aplicar dicha doctrina al presente motivo del recurso, es necesario empezar teniendo en cuenta que el artículo 191.4.b) LRJS dispone (subrayado nuestro):

<<4. Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones:

(...)

b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de carácter laboral. En dichas resoluciones deberán consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.>>

La indicada obligación de que los autos y sentencias dictados por los Juzgados de lo Mercantil consignen expresamente y por separado los hechos que el órgano judicial estime probados ha sido exigida por esta Sala en reiteradas sentencias hasta el punto de establecer que su incumplimiento puede ser causa de nulidad de la resolución si ha ocasionado indefensión material al recurrente, en los términos expuestos más arriba respecto de la nulidad de actuaciones. Son muestra de dicha doctrina, las sentencias de esta Sala de 22.2.2024 (RS 5765/2023) y 12.3.2025 (RS 4896/2024), además de las citadas por la recurrente en el encabezamiento del recurso, que se corresponden con las de 5.5.2023 (RS 8027/2022), 4.5.2023 (RS 8028/2022), 7.6.2023 (RS 8029/2022) y 13.6.2023 (RS 8030/2022). La de 5.5.2023, tras citar el indicado artículo 191.4.b) LRJS, expone dicha doctrina en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

< sentencia del TJSAndalucía de fecha 3/11/2021 (rec. 1638/2021 ) "indudablemente va encaminada a corregir la práctica de no insertarlos, o de hacerlo de manera incompleta, sobre todo en los autos del Juez de lo Mercantil con los que se le ponía fin al procedimiento del antiguo artículo 64 de la Ley Concursal (extinción, suspensión, o modificación colectivas de los contratos de trabajo de empresas que se encuentren en situación de concurso), práctica que, afortunadamente, ha ido reduciéndose sensiblemente".

El requisito formal de incluir hechos probados que, además, se consignen "expresamente" como tales y "por separado" conecta con la posibilidad de recurrir en suplicación al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . En ausencia de hechos probados la parte que pretende recurrir se ve privada de la posibilidad de cumplir con el citado precepto identificando el concreto ordinal fáctico que aspira a ver modificado al hilo de su recurso. Por otra parte, si la parte recurrente desconoce cuál es la convicción de quien dicta la sentencia acerca del sustrato fáctico de la controversia, no podrá cuestionar adecuadamente el proceso silogístico que lleva a la decisión judicial, pues le faltará uno de los dos elementos del mecanismo lógico aplicado.>>

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, como alega la señora Filomena en su escrito de impugnación del recurso, pueden equipararse a los hechos probados las afirmaciones con valor fáctico contenidas en la fundamentación jurídica de la resolución. En este sentido, la STS -Sala 4ª- 20.12.2013 (RCO 30/2013), citada por la de esta Sala de 5.5.2023, dice (fundamento jurídico tercero):

<<(...) los elementos de hecho que puedan contenerse en los fundamentos jurídicos de una sentencia tienen el valor de hecho probado aun cuando estén ubicados en lugar inadecuado de la misma." ( STS 4º- 22/12/2011, Rec 216/10 ). Ahora bien, esta Sala ha aceptado la posibilidad de que figuren en la fundamentación jurídica hechos cuyo lugar adecuado sería el de la relación fáctica, y lo ha calificado de mera irregularidad (...) pero esta irregularidad se aceptó siempre y cuando la afirmación fáctica fuera acompañada de la correspondiente motivación de la misma» ( STS 4ª - 12/07/2005, Rec 120/2004 ).>>

CUARTO.-La aplicación de dichos preceptos legales y doctrina al presente motivo del recurso obliga a señalar, de entrada, que el auto recurrido no contiene ningún apartado dedicado a establecer los hechos que la magistrada considera probados y que la han llevado a estimar la solicitud de extinción de los contratos de trabajo. En este sentido, el auto contiene tres apartados, denominados "hechos", "razonamientos jurídicos"y "parte dispositiva".A su vez, el apartado "hechos"se divide en dos subapartados. En el primero, el auto se limita a recoger la solicitud de extinción de contratos formulada por la administración concursal y la concursada. En el segundo, alude a la apertura del periodo de consultas, finalización del mismo sin acuerdo, informe favorable de la autoridad laboral y traslado a las partes para alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1 TRLC, siendo necesario advertir de que, frente a lo que alegan las recurridas, dichas circunstancias no permiten tener por cumplida la obligación de consignar expresa y separadamente los hechos que se estimen probados, dado su carácter procedimental.

Visto que, por lo expuesto, el auto no contiene ningún apartado en el que se consignen expresamente los hechos que se consideran probados, debemos señalar ahora que la parte del auto dedicada a la fundamentación jurídica tampoco contiene ninguna declaración con valor fáctico que pudiese suplir la omisión referida al relato de hechos probados. Es cierto, desde luego, que, como alegan las recurridas, el auto, en su fundamento jurídico primero, dedicado a la justificación de la medida, declara "plenamente acreditadas"las causas económicas y de producción aducidas por la administración concursal y la concursada, consistentes fundamentalmente, según el auto, en "las pérdidas generadas en los últimos ejercicios a consecuencia de la pérdida de clientes que tenía la compañía y de la no renovación de contratos con las Administraciones Públicas, que motivó que en el mes de enero de 2023 la compañía se encontrara en situación de insolvencia inminente, al no poder atender los proveedores a corto y medio plazo ni los vencimientos de deuda financiera",lo que, según el auto, justifica la adopción de la medida. Del mismo modo, el auto, tras exponer las razones por las que considera de mayor valor probatorio el informe emitido por la administración concursal, dice:

<>

Sin embargo, no se indican los datos y circunstancias fácticas que fundamentan dichos razonamientos y, por tanto, permiten valorar su corrección jurídica. Es decir, la magistrada, partiendo de hechos que desconocemos, declara concurrentes las causas económicas y de producción que justifican la extinción de los contratos de trabajo, lo que supone un incumplimiento palmario de la obligación contenida en el artículo 191.4.b) LRJS, sin que, frente a ello, quepa argüir que, como señala el propio auto, los trabajadores no discuten la concurrencia de las causas económicas y de producción justificativas de las extinciones contractuales, pues ello no exime al Juzgado de fijar los hechos relativos a dichas causas.

Por otra parte, como alega la recurrente, el auto no contiene tampoco ningún hecho probado que permita valorar las alegaciones formuladas por dicha parte en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas, que, según hemos podido comprobar, versa sobre las cuestiones referidas en el presente motivo del recurso, esto es, en síntesis, irregularidades cometidas en el periodo de consultas en relación con la posible existencia de grupo de empresas y actuaciones de la administración concursal y la concursada, necesidad de que las causas económicas y de producción concurran en todas las empresas del grupo, y falta de razonabilidad de la medida extintiva en relación con la subrogación alegada. En este sentido, respecto del grupo de empresas, si bien el auto recurrido se remite a los razonamientos contenidos en el de 11.4.2024, esta última resolución tampoco contiene relato alguno de hechos probados, lo que implica que la remisión operada por el auto recurrido no elimina la insuficiencia fáctica del mismo. Respecto de las restantes alegaciones formuladas en el escrito, el auto recurrido ni siquiera da una mínima respuesta a ellas, por lo que, en este punto, no solamente incurre en omisión de hechos probados sino en una manifiesta infracción del requisito de motivación, exigido a los autos por los artículos 248.3 LOPJ y 208.2 LEC.

Finalmente, debemos señalar que los indicados defectos procesales han causado indefensión material a la recurrente, que, al no conocer los hechos que el auto considera probados y justifican sus pronunciamientos, no puede combatir eficazmente dicha resolución. A su vez, la indicada omisión de hechos probados impide que la Sala pueda resolver las cuestiones de fondo planteadas en el incidente, dado que no concurre el supuesto previsto en el artículo 202.2 LRJS.

Por todo lo expuesto, es obligado declarar la nulidad del auto recurrido y del de aclaración del mismo, y retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a su dictado a fin de que la magistrada, con plena libertad de criterio, dicte nuevo auto en el que consigne expresamente y por separado todos los hechos que considere probados y sean necesarios para resolver las cuestiones planteadas, y, con base en dichos hechos probados, dé respuesta suficientemente motivada a las indicadas cuestiones.

Ello comporta la estimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.-La estimación del anterior motivo del recurso y correlativa declaración de nulidad de los autos de 3.5.2024 y 7.5.2024 hace innecesario examinar el segundo motivo del recurso, en el que la recurrente denuncia que el auto recurrido incurre en incongruencia omisiva, con vulneración del artículo 24 de la Constitución Española ( CE), al no haber dado respuesta a sus alegaciones sobre: 1)mala fe negociadora por negativa reiterada de la administración concursal a que la recurrente pudiera acceder a información y/o documentación relevante; 2)falta de razonabilidad de la decisión extintiva por haberse producido un supuesto de sucesión empresarial al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 ET, de la que se habría excluido indebidamente al personal de los servicios centrales.

SEXTO.-Debemos examinar ahora los dos restantes motivos del recurso dirigidos a la infracción de normas y garantías procedimentales causantes de indefensión (motivos tercero y cuarto en el orden general del escrito de interposición del recurso).

El examen de dichos motivos de suplicación es necesario, a pesar de la estimación del primer motivo del recurso, porque, como veremos, afectan a actuaciones del Juzgado anteriores al dictado del auto objeto de recurso. Además, ambos motivos deben ser examinados de forma conjunta porque aparecen estrechamente entrelazados.

A continuación, resumiremos las alegaciones que formulan la recurrente y las recurridas en cada uno de los dos motivos del recurso.

Motivo tercero

En este motivo, la recurrente denuncia infracción del artículo 174.2 TRLC, en relación con el artículo 1.2 ET, la doctrina jurisprudencial sobre el grupo de empresas laboral y el artículo 24 CE. Todo ello porque, según la recurrente, en todo el procedimiento, el Juzgado no ha efectuado ningún pronunciamiento mínimamente motivado sobre la existencia de grupo de empresas, omisión que dice causarle indefensión.

En defensa de dichas afirmaciones, la recurrente, en síntesis, alega que, mediante escrito presentado el 29.2.2024, que reproduce en su integridad, solicitó al Juzgado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174.2 TRLC, la participación, en el periodo de consultas, de las cuatro empresas que cita, pues, indiciariamente, podían formar grupo de empresas con la concursada, petición que fue resuelta por providencia de 11.3.2024, en la que el Juzgado, sin motivación alguna, se limitó a declarar que era procedente incluir a una de ellas en el periodo de consultas, pero no a las demás. La recurrente expone que, frente a dicha providencia, interpuso recurso de reposición mediante escrito presentado el 20.3.2024, en el que solicitó su revocación por motivos procesales y sustantivos, acompañando una serie de documentos que, según dice, no había podido aportar con anterioridad. Además, en el mismo escrito, mediante otrosí, solicitó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, que el Juzgado requiriera a la concursada para que aportara una serie de documentos relacionados con la cuestión del grupo de empresas. Según explica la recurrente, el Juzgado desestimó el recurso mediante auto de 11.4.2024, en el que no hizo mención alguna a los defectos procesales alegados ni a los documentos aportados, además de que dicho auto fue dictado cuando el periodo de consultas ya había finalizado e incluso la recurrente había presentado el escrito de alegaciones previsto en el artículo 182.1 TRLC. También alega que el Juzgado no llegó a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, defectos procesales que, según la recurrente, no han quedado subsanados en el auto objeto del presente recurso, que se limita a desestimar las alegaciones sobre el grupo de empresas remitiéndose al auto de 11.4.2024. Por todo ello, la recurrente considera que la actuación del Juzgado comporta vulneración de los artículos 174.2 y 175.2 TRLC y le ha causado indefensión, lo que implica que también vulnera el artículo 24 CE.

Frente a ello, la administración concursal, en el escrito de impugnación del recurso, empieza con una amplia exposición sobre las causas que han llevado a la concursada a la declaración de concurso y necesidad de extinguir los contratos de trabajo, aducidas ya en el escrito rector del incidente y que, según la recurrida, la recurrente no discutió en ningún momento durante el periodo de consultas. A continuación, ya en referencia a la cuestión del grupo de empresas, la recurrida alega, en síntesis, que ya tuvo ocasión de manifestarse en contra de la entrada de otras empresas en el periodo de consultas, citando diversos escritos, y que el auto de 11.4.2024 desestima motivadamente las peticiones de la hoy recurrente, lo que, a su juicio, descarta la indefensión alegada, además de que, como señala el auto, no concurre la figura del grupo de empresas laboral o patológico por las razones que la recurrida expone de forma amplia, reproduciendo, incluso, uno de los escritos presentados en su día al Juzgado. Por todo ello, considera que el auto de 11.4.2024 y el que es objeto del recurso no han incurrido en las infracciones denunciadas por la recurrente.

Por su parte, la señora Filomena, en el escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto de 11.4.2024 resuelve motivadamente sobre la petición referida al grupo de empresas de conformidad con los informes emitidos por la administración concursal, el auto recurrido se remite a los razonamientos de aquel y, en cualquier caso, la petición de la hoy recurrente estaba desprovista de indicio probatorio alguno, razones por las que, al igual que la administración concursal, considera no producidas las infracciones legales alegadas en el motivo del recurso.

Motivo cuarto

En este motivo, la recurrente denuncia infracción del artículo 175.2 TRLC, en relación con el artículo 1.2 ET, la doctrina jurisprudencial sobre el grupo de empresas laboral y el artículo 24 CE.

En síntesis, la recurrente alega que, en todo el procedimiento, el Juzgado no ha llegado a pronunciarse en ningún momento sobre la solicitud de pruebas presentada por ella mediante otrosí en el escrito de interposición del recurso de reposición contra la providencia de 11.3.2024, las cuales, según la recurrente, eran relevantes para poder establecer la existencia de grupo de empresas.

Frente a ello, la administración concursal, en el escrito de impugnación del recurso, tras precisar que la indicada solicitud se efectuó en el escrito de interposición del recurso de reposición, alega que el Juzgado se manifestó sobre la misma en el auto de 11.4.2024, entendiendo que era improcedente. Además, alega que la mayor parte de documentos sí fueron entregados a la hoy recurrente, y dice que otros no le pudieron ser entregados porque estaban en poder de terceros o bien sujetos a garantía de confidencialidad. A continuación, examina cada una de las peticiones formuladas por la hoy recurrente. Finalmente, señala que la información que no pudo ser suministrada a la recurrente no hubiera aportado ningún dato adicional relevante y le reprocha que su único objetivo fuera obtener un pronunciamiento sobre el grupo de empresas, desatendiendo lo que, en su opinión, debe ser el verdadero objeto del incidente, que es la discusión de las causas y los efectos de las mismas sobre las personas trabajadoras.

Por su parte, la señora Filomena, en el escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el Juzgado entendió que no había indicios de la existencia de grupo de empresas y las alegaciones de la recurrente eran genéricas y no concordantes con los datos de que disponía la administración concursal, por lo que no era procedente admitir las pruebas solicitadas por aquella parte.

SÉPTIMO.-A la vista de las alegaciones de las partes, debemos empezar el examen de los presentes motivos del recurso teniendo en cuenta que el artículo 174.2 TRLC dispone:

<>

Por su parte, el artículo 175.2 del mismo cuerpo legal dispone:

<>

A la vista del tenor de dichos preceptos, debemos examinar, en primer lugar, la denuncia referida a la infracción del artículo 175.2 TRLC, dado que la misma está relacionada con la solicitud de pruebas formulada por la recurrente en el otrosí del escrito de interposición del recurso de reposición frente a la providencia de 11.3.2024, presentado el 20.3.2024.

Respecto de esta cuestión, es necesario tener en cuenta que la indicada solicitud de pruebas, formulada al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 175.2 TRLC y a la que, obviamente, el Juzgado debía dar respuesta, no ha sido resuelta por dicho órgano judicial en ningún momento, lo que ha causado indefensión a la recurrente, que se ha visto privada de la práctica de las pruebas propuestas o, en su caso, poder combatir la denegación de las mismas. En este sentido, a diferencia de lo que alegan las recurridas, el auto de 11.4.2024, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 11.3.2024, no hace la más mínima referencia a la solicitud, por lo que no cabe entender que la desestima implícitamente, y el examen de los autos muestra que tampoco hay ninguna resolución del Juzgado que se refiera a aquella solicitud, incluyendo el auto objeto del presente recurso, que tampoco menciona nada al respecto.

En definitiva, el Juzgado ha incumplido, de forma manifiesta, la obligación de resolver la solicitud de la hoy recurrente, incumplimiento que, dada su naturaleza procesal, es independiente de la valoración que puedan merecer las diligencias solicitadas en orden a probar la existencia del grupo de empresas. Por ello, las alegaciones que formulan las recurridas sobre la utilidad y pertinencia de dichas diligencias no son relevantes a efectos de enjuiciar la omisión del órgano judicial.

Por otra parte, debemos señalar que no era exigible a la parte denunciar la inactividad del Juzgado recurriendo el indicado auto de 11.4.2024, pues, contra el mismo, no cabía recurso alguno, como indica la propia resolución y establece el artículo 546 TRLC. Además, hay que tener en cuenta que: a)la hoy recurrente, en el escrito presentado el 4.4.2024 al amparo de lo dispuesto en el artículo 182.1 TRLC, puso de manifiesto que el Juzgado no había resuelto la solicitud; b)desde que el Juzgado dictó el auto de 11.4.2024 hasta que dictó el que es objeto del presente recurso (3.5.2024), la hoy recurrente no tuvo ninguna oportunidad procesal para hacer valer la omisión del pronunciamiento relativo a la solicitud de pruebas.

Por todo ello, resulta obligado ordenar al Juzgado que, con carácter previo a dictar el nuevo auto resolutorio de la petición de extinción de los contratos de trabajo en los términos indicados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia, dé respuesta motivada a la solicitud formulada por la recurrente en el otrosí del escrito presentado el 20.3.2024. Todo ello, en términos análogos a lo que hemos acordado en las sentencias de esta Sala de de 5.5.2023 (RS 8027/2022), 4.5.2023 (RS 8028/2022), 7.6.2023 (RS 8029/2022) y 13.6.2023 (RS 8030/2022), citadas más arriba y que también examinan supuestos de falta de respuesta del Juzgado de lo Mercantil a solicitudes de pruebas formuladas al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, si bien, en este caso, a diferencia de aquellos, no cabe referirse a la posible ilicitud de las pruebas, cuestión que aquí no se ha planteado.

Lo expuesto comporta la estimación del recurso y hace innecesario examinar las alegaciones de la recurrente referidas al contenido del auto de 11.4.2024 y posible infracción del artículo 174.2 TRLC. En este sentido, dado el indicado incumplimiento del Juzgado, carece de eficacia procesal alguna que el auto objeto del presente recurso se remita a los razonamientos contenidos en el de 11.4.2024 para justificar su pronunciamiento denegatorio de las alegaciones de la recurrente sobre el grupo de empresas, razón por la que no resultan relevantes las infracciones que la recurrente imputa a aquel auto de 11.4.2024.

Del mismo modo, la estimación del recurso en los términos indicados impide el examen de los motivos quinto, sexto y séptimo del mismo, dirigidos a la censura jurídico-sustantiva del auto de instancia.

OCTAVO.-No procede imponer las costas del recurso a ninguna de las partes porque no concurre el supuesto previsto en el artículo 235.1 LRJS.

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Como hemos visto, el auto objeto del presente recurso de suplicación, dictado el 3.5.2024 y aclarado por auto de 7.5.2024, acuerda extinguir, por causas económicas y de producción, y con efectos a la fecha de la resolución, los contratos de trabajo de los 27 trabajadores de la concursada adscritos a los servicios centrales de la misma, reconociéndoles el derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades.

Frente a dicho auto, la representación legal de los trabajadores interpone el presente recurso de suplicación, en el que, a tenor del "sol·licito"del mismo, pide:

<<(I) Es declari la nul·litat de la Interlocutòria recorreguda en ocasió a les infraccions de garanties essencials del procediment causants d'indefensió i, en conseqüència, s'acordi anul ·lar i deixar sense efecte aquesta a fi i s'ordeni la retroacció de les actuacions al moment processal oportú a fi i efecte de que s'ordeni al jutjat mercantil a pronunciar-se sobre la utilitat o pertinença de les proves aportades en el procediment per aquesta part, es pronuncii sobre la utilitat i pertinença de l'auxili judicial practicat en el seu dia i, si ho considera pertinent, aprovi la pràctica de l'esmentat auxili i es requereixi a la concursada i a l'AC per a que aporti la informació i els documents que corresponguin, per a que, posteriorment, dicti nova Interlocutòria resolent de nou totes les qüestions plantejades en el període de consultes, aportant una relació de fets declarats provats de forma separada a la resolució.

II) Subsidiàriament, en cas que no s'acordi la nul·litat de la Interlocutòria recorreguda, es declari que hi ha un grup d'empreses a efectes laborals conformat per les persones jurídiques exposades, declarant així mateix no ajustat a dret l'expedient de regulació d'ocupació per falta de causa i inexistència de raonabilitat i necessitat de l'extinció, amb les conseqüències legals inherents, acordant-se que les indemnitzacions a percebre pels treballadors derivades de l'extinció del seu contracte de treball siguin les equivalents a l'acomiadament improcedent, en no ser possible per a l'empresa l'exercici de l'opció per la readmissió, a causa del seu cessament d'activitat, i condemnant conjuntament i solidàriament totes les persones jurídiques integrants del grup a abonar les esmentades indemnitzacions.>>

La recurrente articula el recurso con arreglo a cuatro motivos formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) y dirigidos a la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión, y tres motivos formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto y dirigidos a la censura jurídico-sustantiva de la sentencia de instancia.

Además, la recurrente, con carácter previo a la articulación de los motivos del recurso, alega que el caso que nos ocupa es igual al resuelto por esta Sala en las sentencias número 2826/2023, 2788/2023, 3575/2023 y 3784/2023, que declaran la nulidad del auto objeto del recurso correspondiente.

El recurso ha sido impugnado separadamente por la administración concursal y la señora Filomena. Cada una de ellas, en su respectivo escrito de impugnación, solicita la desestimación del recurso y confirmación del auto recurrido.

Además de ello, la señora Filomena, en el encabezamiento de su escrito, niega que el presente caso sea igual al resuelto por la Sala en las sentencias invocadas por la recurrente, exponiendo las razones que la llevan a tal afirmación, y, en el "solicito",pide que se acuerde que "no puede acogerse la petición subsidiaria porque, de acordarse, vulneraría el derecho de defensa de las empresas que no fueron llamadas a a la mesa de negociación por decisión judicial".

Por su parte, la administración concursal, en el encabezamiento de su escrito, formula una serie de consideraciones sobre el "marco"en el que se ha llevado a cabo el expediente de regulación de empleo dentro del procedimiento concursal.

SEGUNDO.-Debemos empezar el examen del recurso por el primero de los motivos del mismo que tienen por objeto la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión, en el que la recurrente denuncia que el auto de instancia infringe el artículo 194.1.b) LRJS, mención que debemos entender referida al artículo 191.4.b) de dicho cuerpo legal, dada la redacción que la recurrente atribuye al precepto.

En síntesis, la recurrente, tras poner el indicado artículo 191.4.b) LRJS en relación con los requisitos formales que deben revestir los autos en virtud de lo previsto en los artículos 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( LOPJ) y 208.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), alega que el auto de instancia infringe aquel precepto porque no contiene un apartado en el que figuren los hechos que la magistrada considera probados ni los fundamentos jurídicos del mismo recogen declaración alguna con valor fáctico, omisión que dice causarle indefensión. Todo ello, en relación con las cuestiones que la recurrente dice haber planteado en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas y a las que el auto, según ella, debía dar respuesta, esto es: 1)ilicitud en el desarrollo de dicho periodo por no haber sido llamadas a la mesa de negociación las empresas que forman grupo laboral con la concursada, cuestión que, según la recurrente, a diferencia de lo que indica el auto recurrido, no puede entenderse ya resuelta en el auto de 11.4.2024, que tilda de extemporáneo y causante de indefensión; 2)ilicitud en el desarrollo de dicho periodo porque la concursada y la administración concursal negaron reiteradamente a la recurrente acceso a información y documentación relevantes, denuncia que incluso admite el propio auto recurrido; 3)falta de causa objetiva que justifique la extinción de los contratos de trabajo; 4)falta de razonabilidad de la medida extintiva por haberse producido un supuesto de sucesión de empresa en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( ET).

Frente a ello, la administración concursal, en su escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto contiene suficiente relación de hechos probados porque recoge que se han cumplido todos los requisitos procedimentales previstos en la vigente Ley Concursal (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo; en adelante , TRLC), la autoridad laboral ha autorizado la extinción y concurren las causas objetivas aducidas por la administración concursal. Además, la recurrida alega que el auto resuelve el incidente tras examinar los escritos presentados por todas las partes y la autoridad laboral, según se sigue, a su juicio, de su fundamentación jurídica, de la que transcribe los pasajes que estima relevantes, y que las alegaciones de la recurrente son genéricas.

Por su parte, la señora Filomena, en su escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto no declara probado ninguno de los hechos alegados por la recurrente durante la tramitación del incidente, referidos, fundamentalmente, a la existencia de grupo de empresas laboral, porque considera que ninguno de ellos ha quedado probado. Por el contrario, el auto, según la recurrida, recoge, como hechos probados, los informes emitidos por la administración concursal y autoridad laboral, favorables a la extinción de los contratos de trabajo por concurrencia de las causas objetivas invocadas, no negadas por la recurrente a lo largo de la tramitación del incidente, hechos que el auto analiza en su fundamentación jurídica. Además, la recurrida formula una serie de alegaciones en contra de las irregularidades denunciadas por la recurrente en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas y que, según ella, son rechazadas por el auto. Finalmente, invocando doctrina de esta Sala, alega que las afirmaciones de naturaleza fáctica contenidas en los fundamentos jurídicos de la resolución tienen el mismo valor que las que se contienen en el apartado de hechos probados y que la nulidad de actuaciones solo debe acordarse de forma excepcional y cuando la infracción procesal ha causado indefensión efectiva al recurrente.

TERCERO.-El examen del presente motivo del recurso obliga a recordar, con carácter previo, que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (RS 888/2020), 17.7.2020 (RS 1549/2020) y 9.10.2020 (RS 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

A la hora de aplicar dicha doctrina al presente motivo del recurso, es necesario empezar teniendo en cuenta que el artículo 191.4.b) LRJS dispone (subrayado nuestro):

<<4. Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones:

(...)

b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de carácter laboral. En dichas resoluciones deberán consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.>>

La indicada obligación de que los autos y sentencias dictados por los Juzgados de lo Mercantil consignen expresamente y por separado los hechos que el órgano judicial estime probados ha sido exigida por esta Sala en reiteradas sentencias hasta el punto de establecer que su incumplimiento puede ser causa de nulidad de la resolución si ha ocasionado indefensión material al recurrente, en los términos expuestos más arriba respecto de la nulidad de actuaciones. Son muestra de dicha doctrina, las sentencias de esta Sala de 22.2.2024 (RS 5765/2023) y 12.3.2025 (RS 4896/2024), además de las citadas por la recurrente en el encabezamiento del recurso, que se corresponden con las de 5.5.2023 (RS 8027/2022), 4.5.2023 (RS 8028/2022), 7.6.2023 (RS 8029/2022) y 13.6.2023 (RS 8030/2022). La de 5.5.2023, tras citar el indicado artículo 191.4.b) LRJS, expone dicha doctrina en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

< sentencia del TJSAndalucía de fecha 3/11/2021 (rec. 1638/2021 ) "indudablemente va encaminada a corregir la práctica de no insertarlos, o de hacerlo de manera incompleta, sobre todo en los autos del Juez de lo Mercantil con los que se le ponía fin al procedimiento del antiguo artículo 64 de la Ley Concursal (extinción, suspensión, o modificación colectivas de los contratos de trabajo de empresas que se encuentren en situación de concurso), práctica que, afortunadamente, ha ido reduciéndose sensiblemente".

El requisito formal de incluir hechos probados que, además, se consignen "expresamente" como tales y "por separado" conecta con la posibilidad de recurrir en suplicación al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . En ausencia de hechos probados la parte que pretende recurrir se ve privada de la posibilidad de cumplir con el citado precepto identificando el concreto ordinal fáctico que aspira a ver modificado al hilo de su recurso. Por otra parte, si la parte recurrente desconoce cuál es la convicción de quien dicta la sentencia acerca del sustrato fáctico de la controversia, no podrá cuestionar adecuadamente el proceso silogístico que lleva a la decisión judicial, pues le faltará uno de los dos elementos del mecanismo lógico aplicado.>>

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, como alega la señora Filomena en su escrito de impugnación del recurso, pueden equipararse a los hechos probados las afirmaciones con valor fáctico contenidas en la fundamentación jurídica de la resolución. En este sentido, la STS -Sala 4ª- 20.12.2013 (RCO 30/2013), citada por la de esta Sala de 5.5.2023, dice (fundamento jurídico tercero):

<<(...) los elementos de hecho que puedan contenerse en los fundamentos jurídicos de una sentencia tienen el valor de hecho probado aun cuando estén ubicados en lugar inadecuado de la misma." ( STS 4º- 22/12/2011, Rec 216/10 ). Ahora bien, esta Sala ha aceptado la posibilidad de que figuren en la fundamentación jurídica hechos cuyo lugar adecuado sería el de la relación fáctica, y lo ha calificado de mera irregularidad (...) pero esta irregularidad se aceptó siempre y cuando la afirmación fáctica fuera acompañada de la correspondiente motivación de la misma» ( STS 4ª - 12/07/2005, Rec 120/2004 ).>>

CUARTO.-La aplicación de dichos preceptos legales y doctrina al presente motivo del recurso obliga a señalar, de entrada, que el auto recurrido no contiene ningún apartado dedicado a establecer los hechos que la magistrada considera probados y que la han llevado a estimar la solicitud de extinción de los contratos de trabajo. En este sentido, el auto contiene tres apartados, denominados "hechos", "razonamientos jurídicos"y "parte dispositiva".A su vez, el apartado "hechos"se divide en dos subapartados. En el primero, el auto se limita a recoger la solicitud de extinción de contratos formulada por la administración concursal y la concursada. En el segundo, alude a la apertura del periodo de consultas, finalización del mismo sin acuerdo, informe favorable de la autoridad laboral y traslado a las partes para alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1 TRLC, siendo necesario advertir de que, frente a lo que alegan las recurridas, dichas circunstancias no permiten tener por cumplida la obligación de consignar expresa y separadamente los hechos que se estimen probados, dado su carácter procedimental.

Visto que, por lo expuesto, el auto no contiene ningún apartado en el que se consignen expresamente los hechos que se consideran probados, debemos señalar ahora que la parte del auto dedicada a la fundamentación jurídica tampoco contiene ninguna declaración con valor fáctico que pudiese suplir la omisión referida al relato de hechos probados. Es cierto, desde luego, que, como alegan las recurridas, el auto, en su fundamento jurídico primero, dedicado a la justificación de la medida, declara "plenamente acreditadas"las causas económicas y de producción aducidas por la administración concursal y la concursada, consistentes fundamentalmente, según el auto, en "las pérdidas generadas en los últimos ejercicios a consecuencia de la pérdida de clientes que tenía la compañía y de la no renovación de contratos con las Administraciones Públicas, que motivó que en el mes de enero de 2023 la compañía se encontrara en situación de insolvencia inminente, al no poder atender los proveedores a corto y medio plazo ni los vencimientos de deuda financiera",lo que, según el auto, justifica la adopción de la medida. Del mismo modo, el auto, tras exponer las razones por las que considera de mayor valor probatorio el informe emitido por la administración concursal, dice:

<>

Sin embargo, no se indican los datos y circunstancias fácticas que fundamentan dichos razonamientos y, por tanto, permiten valorar su corrección jurídica. Es decir, la magistrada, partiendo de hechos que desconocemos, declara concurrentes las causas económicas y de producción que justifican la extinción de los contratos de trabajo, lo que supone un incumplimiento palmario de la obligación contenida en el artículo 191.4.b) LRJS, sin que, frente a ello, quepa argüir que, como señala el propio auto, los trabajadores no discuten la concurrencia de las causas económicas y de producción justificativas de las extinciones contractuales, pues ello no exime al Juzgado de fijar los hechos relativos a dichas causas.

Por otra parte, como alega la recurrente, el auto no contiene tampoco ningún hecho probado que permita valorar las alegaciones formuladas por dicha parte en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas, que, según hemos podido comprobar, versa sobre las cuestiones referidas en el presente motivo del recurso, esto es, en síntesis, irregularidades cometidas en el periodo de consultas en relación con la posible existencia de grupo de empresas y actuaciones de la administración concursal y la concursada, necesidad de que las causas económicas y de producción concurran en todas las empresas del grupo, y falta de razonabilidad de la medida extintiva en relación con la subrogación alegada. En este sentido, respecto del grupo de empresas, si bien el auto recurrido se remite a los razonamientos contenidos en el de 11.4.2024, esta última resolución tampoco contiene relato alguno de hechos probados, lo que implica que la remisión operada por el auto recurrido no elimina la insuficiencia fáctica del mismo. Respecto de las restantes alegaciones formuladas en el escrito, el auto recurrido ni siquiera da una mínima respuesta a ellas, por lo que, en este punto, no solamente incurre en omisión de hechos probados sino en una manifiesta infracción del requisito de motivación, exigido a los autos por los artículos 248.3 LOPJ y 208.2 LEC.

Finalmente, debemos señalar que los indicados defectos procesales han causado indefensión material a la recurrente, que, al no conocer los hechos que el auto considera probados y justifican sus pronunciamientos, no puede combatir eficazmente dicha resolución. A su vez, la indicada omisión de hechos probados impide que la Sala pueda resolver las cuestiones de fondo planteadas en el incidente, dado que no concurre el supuesto previsto en el artículo 202.2 LRJS.

Por todo lo expuesto, es obligado declarar la nulidad del auto recurrido y del de aclaración del mismo, y retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a su dictado a fin de que la magistrada, con plena libertad de criterio, dicte nuevo auto en el que consigne expresamente y por separado todos los hechos que considere probados y sean necesarios para resolver las cuestiones planteadas, y, con base en dichos hechos probados, dé respuesta suficientemente motivada a las indicadas cuestiones.

Ello comporta la estimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.-La estimación del anterior motivo del recurso y correlativa declaración de nulidad de los autos de 3.5.2024 y 7.5.2024 hace innecesario examinar el segundo motivo del recurso, en el que la recurrente denuncia que el auto recurrido incurre en incongruencia omisiva, con vulneración del artículo 24 de la Constitución Española ( CE), al no haber dado respuesta a sus alegaciones sobre: 1)mala fe negociadora por negativa reiterada de la administración concursal a que la recurrente pudiera acceder a información y/o documentación relevante; 2)falta de razonabilidad de la decisión extintiva por haberse producido un supuesto de sucesión empresarial al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 ET, de la que se habría excluido indebidamente al personal de los servicios centrales.

SEXTO.-Debemos examinar ahora los dos restantes motivos del recurso dirigidos a la infracción de normas y garantías procedimentales causantes de indefensión (motivos tercero y cuarto en el orden general del escrito de interposición del recurso).

El examen de dichos motivos de suplicación es necesario, a pesar de la estimación del primer motivo del recurso, porque, como veremos, afectan a actuaciones del Juzgado anteriores al dictado del auto objeto de recurso. Además, ambos motivos deben ser examinados de forma conjunta porque aparecen estrechamente entrelazados.

A continuación, resumiremos las alegaciones que formulan la recurrente y las recurridas en cada uno de los dos motivos del recurso.

Motivo tercero

En este motivo, la recurrente denuncia infracción del artículo 174.2 TRLC, en relación con el artículo 1.2 ET, la doctrina jurisprudencial sobre el grupo de empresas laboral y el artículo 24 CE. Todo ello porque, según la recurrente, en todo el procedimiento, el Juzgado no ha efectuado ningún pronunciamiento mínimamente motivado sobre la existencia de grupo de empresas, omisión que dice causarle indefensión.

En defensa de dichas afirmaciones, la recurrente, en síntesis, alega que, mediante escrito presentado el 29.2.2024, que reproduce en su integridad, solicitó al Juzgado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174.2 TRLC, la participación, en el periodo de consultas, de las cuatro empresas que cita, pues, indiciariamente, podían formar grupo de empresas con la concursada, petición que fue resuelta por providencia de 11.3.2024, en la que el Juzgado, sin motivación alguna, se limitó a declarar que era procedente incluir a una de ellas en el periodo de consultas, pero no a las demás. La recurrente expone que, frente a dicha providencia, interpuso recurso de reposición mediante escrito presentado el 20.3.2024, en el que solicitó su revocación por motivos procesales y sustantivos, acompañando una serie de documentos que, según dice, no había podido aportar con anterioridad. Además, en el mismo escrito, mediante otrosí, solicitó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, que el Juzgado requiriera a la concursada para que aportara una serie de documentos relacionados con la cuestión del grupo de empresas. Según explica la recurrente, el Juzgado desestimó el recurso mediante auto de 11.4.2024, en el que no hizo mención alguna a los defectos procesales alegados ni a los documentos aportados, además de que dicho auto fue dictado cuando el periodo de consultas ya había finalizado e incluso la recurrente había presentado el escrito de alegaciones previsto en el artículo 182.1 TRLC. También alega que el Juzgado no llegó a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, defectos procesales que, según la recurrente, no han quedado subsanados en el auto objeto del presente recurso, que se limita a desestimar las alegaciones sobre el grupo de empresas remitiéndose al auto de 11.4.2024. Por todo ello, la recurrente considera que la actuación del Juzgado comporta vulneración de los artículos 174.2 y 175.2 TRLC y le ha causado indefensión, lo que implica que también vulnera el artículo 24 CE.

Frente a ello, la administración concursal, en el escrito de impugnación del recurso, empieza con una amplia exposición sobre las causas que han llevado a la concursada a la declaración de concurso y necesidad de extinguir los contratos de trabajo, aducidas ya en el escrito rector del incidente y que, según la recurrida, la recurrente no discutió en ningún momento durante el periodo de consultas. A continuación, ya en referencia a la cuestión del grupo de empresas, la recurrida alega, en síntesis, que ya tuvo ocasión de manifestarse en contra de la entrada de otras empresas en el periodo de consultas, citando diversos escritos, y que el auto de 11.4.2024 desestima motivadamente las peticiones de la hoy recurrente, lo que, a su juicio, descarta la indefensión alegada, además de que, como señala el auto, no concurre la figura del grupo de empresas laboral o patológico por las razones que la recurrida expone de forma amplia, reproduciendo, incluso, uno de los escritos presentados en su día al Juzgado. Por todo ello, considera que el auto de 11.4.2024 y el que es objeto del recurso no han incurrido en las infracciones denunciadas por la recurrente.

Por su parte, la señora Filomena, en el escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto de 11.4.2024 resuelve motivadamente sobre la petición referida al grupo de empresas de conformidad con los informes emitidos por la administración concursal, el auto recurrido se remite a los razonamientos de aquel y, en cualquier caso, la petición de la hoy recurrente estaba desprovista de indicio probatorio alguno, razones por las que, al igual que la administración concursal, considera no producidas las infracciones legales alegadas en el motivo del recurso.

Motivo cuarto

En este motivo, la recurrente denuncia infracción del artículo 175.2 TRLC, en relación con el artículo 1.2 ET, la doctrina jurisprudencial sobre el grupo de empresas laboral y el artículo 24 CE.

En síntesis, la recurrente alega que, en todo el procedimiento, el Juzgado no ha llegado a pronunciarse en ningún momento sobre la solicitud de pruebas presentada por ella mediante otrosí en el escrito de interposición del recurso de reposición contra la providencia de 11.3.2024, las cuales, según la recurrente, eran relevantes para poder establecer la existencia de grupo de empresas.

Frente a ello, la administración concursal, en el escrito de impugnación del recurso, tras precisar que la indicada solicitud se efectuó en el escrito de interposición del recurso de reposición, alega que el Juzgado se manifestó sobre la misma en el auto de 11.4.2024, entendiendo que era improcedente. Además, alega que la mayor parte de documentos sí fueron entregados a la hoy recurrente, y dice que otros no le pudieron ser entregados porque estaban en poder de terceros o bien sujetos a garantía de confidencialidad. A continuación, examina cada una de las peticiones formuladas por la hoy recurrente. Finalmente, señala que la información que no pudo ser suministrada a la recurrente no hubiera aportado ningún dato adicional relevante y le reprocha que su único objetivo fuera obtener un pronunciamiento sobre el grupo de empresas, desatendiendo lo que, en su opinión, debe ser el verdadero objeto del incidente, que es la discusión de las causas y los efectos de las mismas sobre las personas trabajadoras.

Por su parte, la señora Filomena, en el escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el Juzgado entendió que no había indicios de la existencia de grupo de empresas y las alegaciones de la recurrente eran genéricas y no concordantes con los datos de que disponía la administración concursal, por lo que no era procedente admitir las pruebas solicitadas por aquella parte.

SÉPTIMO.-A la vista de las alegaciones de las partes, debemos empezar el examen de los presentes motivos del recurso teniendo en cuenta que el artículo 174.2 TRLC dispone:

<>

Por su parte, el artículo 175.2 del mismo cuerpo legal dispone:

<>

A la vista del tenor de dichos preceptos, debemos examinar, en primer lugar, la denuncia referida a la infracción del artículo 175.2 TRLC, dado que la misma está relacionada con la solicitud de pruebas formulada por la recurrente en el otrosí del escrito de interposición del recurso de reposición frente a la providencia de 11.3.2024, presentado el 20.3.2024.

Respecto de esta cuestión, es necesario tener en cuenta que la indicada solicitud de pruebas, formulada al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 175.2 TRLC y a la que, obviamente, el Juzgado debía dar respuesta, no ha sido resuelta por dicho órgano judicial en ningún momento, lo que ha causado indefensión a la recurrente, que se ha visto privada de la práctica de las pruebas propuestas o, en su caso, poder combatir la denegación de las mismas. En este sentido, a diferencia de lo que alegan las recurridas, el auto de 11.4.2024, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 11.3.2024, no hace la más mínima referencia a la solicitud, por lo que no cabe entender que la desestima implícitamente, y el examen de los autos muestra que tampoco hay ninguna resolución del Juzgado que se refiera a aquella solicitud, incluyendo el auto objeto del presente recurso, que tampoco menciona nada al respecto.

En definitiva, el Juzgado ha incumplido, de forma manifiesta, la obligación de resolver la solicitud de la hoy recurrente, incumplimiento que, dada su naturaleza procesal, es independiente de la valoración que puedan merecer las diligencias solicitadas en orden a probar la existencia del grupo de empresas. Por ello, las alegaciones que formulan las recurridas sobre la utilidad y pertinencia de dichas diligencias no son relevantes a efectos de enjuiciar la omisión del órgano judicial.

Por otra parte, debemos señalar que no era exigible a la parte denunciar la inactividad del Juzgado recurriendo el indicado auto de 11.4.2024, pues, contra el mismo, no cabía recurso alguno, como indica la propia resolución y establece el artículo 546 TRLC. Además, hay que tener en cuenta que: a)la hoy recurrente, en el escrito presentado el 4.4.2024 al amparo de lo dispuesto en el artículo 182.1 TRLC, puso de manifiesto que el Juzgado no había resuelto la solicitud; b)desde que el Juzgado dictó el auto de 11.4.2024 hasta que dictó el que es objeto del presente recurso (3.5.2024), la hoy recurrente no tuvo ninguna oportunidad procesal para hacer valer la omisión del pronunciamiento relativo a la solicitud de pruebas.

Por todo ello, resulta obligado ordenar al Juzgado que, con carácter previo a dictar el nuevo auto resolutorio de la petición de extinción de los contratos de trabajo en los términos indicados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia, dé respuesta motivada a la solicitud formulada por la recurrente en el otrosí del escrito presentado el 20.3.2024. Todo ello, en términos análogos a lo que hemos acordado en las sentencias de esta Sala de de 5.5.2023 (RS 8027/2022), 4.5.2023 (RS 8028/2022), 7.6.2023 (RS 8029/2022) y 13.6.2023 (RS 8030/2022), citadas más arriba y que también examinan supuestos de falta de respuesta del Juzgado de lo Mercantil a solicitudes de pruebas formuladas al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, si bien, en este caso, a diferencia de aquellos, no cabe referirse a la posible ilicitud de las pruebas, cuestión que aquí no se ha planteado.

Lo expuesto comporta la estimación del recurso y hace innecesario examinar las alegaciones de la recurrente referidas al contenido del auto de 11.4.2024 y posible infracción del artículo 174.2 TRLC. En este sentido, dado el indicado incumplimiento del Juzgado, carece de eficacia procesal alguna que el auto objeto del presente recurso se remita a los razonamientos contenidos en el de 11.4.2024 para justificar su pronunciamiento denegatorio de las alegaciones de la recurrente sobre el grupo de empresas, razón por la que no resultan relevantes las infracciones que la recurrente imputa a aquel auto de 11.4.2024.

Del mismo modo, la estimación del recurso en los términos indicados impide el examen de los motivos quinto, sexto y séptimo del mismo, dirigidos a la censura jurídico-sustantiva del auto de instancia.

OCTAVO.-No procede imponer las costas del recurso a ninguna de las partes porque no concurre el supuesto previsto en el artículo 235.1 LRJS.

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Como hemos visto, el auto objeto del presente recurso de suplicación, dictado el 3.5.2024 y aclarado por auto de 7.5.2024, acuerda extinguir, por causas económicas y de producción, y con efectos a la fecha de la resolución, los contratos de trabajo de los 27 trabajadores de la concursada adscritos a los servicios centrales de la misma, reconociéndoles el derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades.

Frente a dicho auto, la representación legal de los trabajadores interpone el presente recurso de suplicación, en el que, a tenor del "sol·licito"del mismo, pide:

<<(I) Es declari la nul·litat de la Interlocutòria recorreguda en ocasió a les infraccions de garanties essencials del procediment causants d'indefensió i, en conseqüència, s'acordi anul ·lar i deixar sense efecte aquesta a fi i s'ordeni la retroacció de les actuacions al moment processal oportú a fi i efecte de que s'ordeni al jutjat mercantil a pronunciar-se sobre la utilitat o pertinença de les proves aportades en el procediment per aquesta part, es pronuncii sobre la utilitat i pertinença de l'auxili judicial practicat en el seu dia i, si ho considera pertinent, aprovi la pràctica de l'esmentat auxili i es requereixi a la concursada i a l'AC per a que aporti la informació i els documents que corresponguin, per a que, posteriorment, dicti nova Interlocutòria resolent de nou totes les qüestions plantejades en el període de consultes, aportant una relació de fets declarats provats de forma separada a la resolució.

II) Subsidiàriament, en cas que no s'acordi la nul·litat de la Interlocutòria recorreguda, es declari que hi ha un grup d'empreses a efectes laborals conformat per les persones jurídiques exposades, declarant així mateix no ajustat a dret l'expedient de regulació d'ocupació per falta de causa i inexistència de raonabilitat i necessitat de l'extinció, amb les conseqüències legals inherents, acordant-se que les indemnitzacions a percebre pels treballadors derivades de l'extinció del seu contracte de treball siguin les equivalents a l'acomiadament improcedent, en no ser possible per a l'empresa l'exercici de l'opció per la readmissió, a causa del seu cessament d'activitat, i condemnant conjuntament i solidàriament totes les persones jurídiques integrants del grup a abonar les esmentades indemnitzacions.>>

La recurrente articula el recurso con arreglo a cuatro motivos formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) y dirigidos a la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión, y tres motivos formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto y dirigidos a la censura jurídico-sustantiva de la sentencia de instancia.

Además, la recurrente, con carácter previo a la articulación de los motivos del recurso, alega que el caso que nos ocupa es igual al resuelto por esta Sala en las sentencias número 2826/2023, 2788/2023, 3575/2023 y 3784/2023, que declaran la nulidad del auto objeto del recurso correspondiente.

El recurso ha sido impugnado separadamente por la administración concursal y la señora Filomena. Cada una de ellas, en su respectivo escrito de impugnación, solicita la desestimación del recurso y confirmación del auto recurrido.

Además de ello, la señora Filomena, en el encabezamiento de su escrito, niega que el presente caso sea igual al resuelto por la Sala en las sentencias invocadas por la recurrente, exponiendo las razones que la llevan a tal afirmación, y, en el "solicito",pide que se acuerde que "no puede acogerse la petición subsidiaria porque, de acordarse, vulneraría el derecho de defensa de las empresas que no fueron llamadas a a la mesa de negociación por decisión judicial".

Por su parte, la administración concursal, en el encabezamiento de su escrito, formula una serie de consideraciones sobre el "marco"en el que se ha llevado a cabo el expediente de regulación de empleo dentro del procedimiento concursal.

SEGUNDO.-Debemos empezar el examen del recurso por el primero de los motivos del mismo que tienen por objeto la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión, en el que la recurrente denuncia que el auto de instancia infringe el artículo 194.1.b) LRJS, mención que debemos entender referida al artículo 191.4.b) de dicho cuerpo legal, dada la redacción que la recurrente atribuye al precepto.

En síntesis, la recurrente, tras poner el indicado artículo 191.4.b) LRJS en relación con los requisitos formales que deben revestir los autos en virtud de lo previsto en los artículos 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( LOPJ) y 208.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), alega que el auto de instancia infringe aquel precepto porque no contiene un apartado en el que figuren los hechos que la magistrada considera probados ni los fundamentos jurídicos del mismo recogen declaración alguna con valor fáctico, omisión que dice causarle indefensión. Todo ello, en relación con las cuestiones que la recurrente dice haber planteado en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas y a las que el auto, según ella, debía dar respuesta, esto es: 1)ilicitud en el desarrollo de dicho periodo por no haber sido llamadas a la mesa de negociación las empresas que forman grupo laboral con la concursada, cuestión que, según la recurrente, a diferencia de lo que indica el auto recurrido, no puede entenderse ya resuelta en el auto de 11.4.2024, que tilda de extemporáneo y causante de indefensión; 2)ilicitud en el desarrollo de dicho periodo porque la concursada y la administración concursal negaron reiteradamente a la recurrente acceso a información y documentación relevantes, denuncia que incluso admite el propio auto recurrido; 3)falta de causa objetiva que justifique la extinción de los contratos de trabajo; 4)falta de razonabilidad de la medida extintiva por haberse producido un supuesto de sucesión de empresa en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( ET).

Frente a ello, la administración concursal, en su escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto contiene suficiente relación de hechos probados porque recoge que se han cumplido todos los requisitos procedimentales previstos en la vigente Ley Concursal (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo; en adelante , TRLC), la autoridad laboral ha autorizado la extinción y concurren las causas objetivas aducidas por la administración concursal. Además, la recurrida alega que el auto resuelve el incidente tras examinar los escritos presentados por todas las partes y la autoridad laboral, según se sigue, a su juicio, de su fundamentación jurídica, de la que transcribe los pasajes que estima relevantes, y que las alegaciones de la recurrente son genéricas.

Por su parte, la señora Filomena, en su escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto no declara probado ninguno de los hechos alegados por la recurrente durante la tramitación del incidente, referidos, fundamentalmente, a la existencia de grupo de empresas laboral, porque considera que ninguno de ellos ha quedado probado. Por el contrario, el auto, según la recurrida, recoge, como hechos probados, los informes emitidos por la administración concursal y autoridad laboral, favorables a la extinción de los contratos de trabajo por concurrencia de las causas objetivas invocadas, no negadas por la recurrente a lo largo de la tramitación del incidente, hechos que el auto analiza en su fundamentación jurídica. Además, la recurrida formula una serie de alegaciones en contra de las irregularidades denunciadas por la recurrente en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas y que, según ella, son rechazadas por el auto. Finalmente, invocando doctrina de esta Sala, alega que las afirmaciones de naturaleza fáctica contenidas en los fundamentos jurídicos de la resolución tienen el mismo valor que las que se contienen en el apartado de hechos probados y que la nulidad de actuaciones solo debe acordarse de forma excepcional y cuando la infracción procesal ha causado indefensión efectiva al recurrente.

TERCERO.-El examen del presente motivo del recurso obliga a recordar, con carácter previo, que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (RS 888/2020), 17.7.2020 (RS 1549/2020) y 9.10.2020 (RS 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

A la hora de aplicar dicha doctrina al presente motivo del recurso, es necesario empezar teniendo en cuenta que el artículo 191.4.b) LRJS dispone (subrayado nuestro):

<<4. Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones:

(...)

b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de carácter laboral. En dichas resoluciones deberán consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.>>

La indicada obligación de que los autos y sentencias dictados por los Juzgados de lo Mercantil consignen expresamente y por separado los hechos que el órgano judicial estime probados ha sido exigida por esta Sala en reiteradas sentencias hasta el punto de establecer que su incumplimiento puede ser causa de nulidad de la resolución si ha ocasionado indefensión material al recurrente, en los términos expuestos más arriba respecto de la nulidad de actuaciones. Son muestra de dicha doctrina, las sentencias de esta Sala de 22.2.2024 (RS 5765/2023) y 12.3.2025 (RS 4896/2024), además de las citadas por la recurrente en el encabezamiento del recurso, que se corresponden con las de 5.5.2023 (RS 8027/2022), 4.5.2023 (RS 8028/2022), 7.6.2023 (RS 8029/2022) y 13.6.2023 (RS 8030/2022). La de 5.5.2023, tras citar el indicado artículo 191.4.b) LRJS, expone dicha doctrina en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

< sentencia del TJSAndalucía de fecha 3/11/2021 (rec. 1638/2021 ) "indudablemente va encaminada a corregir la práctica de no insertarlos, o de hacerlo de manera incompleta, sobre todo en los autos del Juez de lo Mercantil con los que se le ponía fin al procedimiento del antiguo artículo 64 de la Ley Concursal (extinción, suspensión, o modificación colectivas de los contratos de trabajo de empresas que se encuentren en situación de concurso), práctica que, afortunadamente, ha ido reduciéndose sensiblemente".

El requisito formal de incluir hechos probados que, además, se consignen "expresamente" como tales y "por separado" conecta con la posibilidad de recurrir en suplicación al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . En ausencia de hechos probados la parte que pretende recurrir se ve privada de la posibilidad de cumplir con el citado precepto identificando el concreto ordinal fáctico que aspira a ver modificado al hilo de su recurso. Por otra parte, si la parte recurrente desconoce cuál es la convicción de quien dicta la sentencia acerca del sustrato fáctico de la controversia, no podrá cuestionar adecuadamente el proceso silogístico que lleva a la decisión judicial, pues le faltará uno de los dos elementos del mecanismo lógico aplicado.>>

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, como alega la señora Filomena en su escrito de impugnación del recurso, pueden equipararse a los hechos probados las afirmaciones con valor fáctico contenidas en la fundamentación jurídica de la resolución. En este sentido, la STS -Sala 4ª- 20.12.2013 (RCO 30/2013), citada por la de esta Sala de 5.5.2023, dice (fundamento jurídico tercero):

<<(...) los elementos de hecho que puedan contenerse en los fundamentos jurídicos de una sentencia tienen el valor de hecho probado aun cuando estén ubicados en lugar inadecuado de la misma." ( STS 4º- 22/12/2011, Rec 216/10 ). Ahora bien, esta Sala ha aceptado la posibilidad de que figuren en la fundamentación jurídica hechos cuyo lugar adecuado sería el de la relación fáctica, y lo ha calificado de mera irregularidad (...) pero esta irregularidad se aceptó siempre y cuando la afirmación fáctica fuera acompañada de la correspondiente motivación de la misma» ( STS 4ª - 12/07/2005, Rec 120/2004 ).>>

CUARTO.-La aplicación de dichos preceptos legales y doctrina al presente motivo del recurso obliga a señalar, de entrada, que el auto recurrido no contiene ningún apartado dedicado a establecer los hechos que la magistrada considera probados y que la han llevado a estimar la solicitud de extinción de los contratos de trabajo. En este sentido, el auto contiene tres apartados, denominados "hechos", "razonamientos jurídicos"y "parte dispositiva".A su vez, el apartado "hechos"se divide en dos subapartados. En el primero, el auto se limita a recoger la solicitud de extinción de contratos formulada por la administración concursal y la concursada. En el segundo, alude a la apertura del periodo de consultas, finalización del mismo sin acuerdo, informe favorable de la autoridad laboral y traslado a las partes para alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1 TRLC, siendo necesario advertir de que, frente a lo que alegan las recurridas, dichas circunstancias no permiten tener por cumplida la obligación de consignar expresa y separadamente los hechos que se estimen probados, dado su carácter procedimental.

Visto que, por lo expuesto, el auto no contiene ningún apartado en el que se consignen expresamente los hechos que se consideran probados, debemos señalar ahora que la parte del auto dedicada a la fundamentación jurídica tampoco contiene ninguna declaración con valor fáctico que pudiese suplir la omisión referida al relato de hechos probados. Es cierto, desde luego, que, como alegan las recurridas, el auto, en su fundamento jurídico primero, dedicado a la justificación de la medida, declara "plenamente acreditadas"las causas económicas y de producción aducidas por la administración concursal y la concursada, consistentes fundamentalmente, según el auto, en "las pérdidas generadas en los últimos ejercicios a consecuencia de la pérdida de clientes que tenía la compañía y de la no renovación de contratos con las Administraciones Públicas, que motivó que en el mes de enero de 2023 la compañía se encontrara en situación de insolvencia inminente, al no poder atender los proveedores a corto y medio plazo ni los vencimientos de deuda financiera",lo que, según el auto, justifica la adopción de la medida. Del mismo modo, el auto, tras exponer las razones por las que considera de mayor valor probatorio el informe emitido por la administración concursal, dice:

<>

Sin embargo, no se indican los datos y circunstancias fácticas que fundamentan dichos razonamientos y, por tanto, permiten valorar su corrección jurídica. Es decir, la magistrada, partiendo de hechos que desconocemos, declara concurrentes las causas económicas y de producción que justifican la extinción de los contratos de trabajo, lo que supone un incumplimiento palmario de la obligación contenida en el artículo 191.4.b) LRJS, sin que, frente a ello, quepa argüir que, como señala el propio auto, los trabajadores no discuten la concurrencia de las causas económicas y de producción justificativas de las extinciones contractuales, pues ello no exime al Juzgado de fijar los hechos relativos a dichas causas.

Por otra parte, como alega la recurrente, el auto no contiene tampoco ningún hecho probado que permita valorar las alegaciones formuladas por dicha parte en el escrito presentado tras la finalización del periodo de consultas, que, según hemos podido comprobar, versa sobre las cuestiones referidas en el presente motivo del recurso, esto es, en síntesis, irregularidades cometidas en el periodo de consultas en relación con la posible existencia de grupo de empresas y actuaciones de la administración concursal y la concursada, necesidad de que las causas económicas y de producción concurran en todas las empresas del grupo, y falta de razonabilidad de la medida extintiva en relación con la subrogación alegada. En este sentido, respecto del grupo de empresas, si bien el auto recurrido se remite a los razonamientos contenidos en el de 11.4.2024, esta última resolución tampoco contiene relato alguno de hechos probados, lo que implica que la remisión operada por el auto recurrido no elimina la insuficiencia fáctica del mismo. Respecto de las restantes alegaciones formuladas en el escrito, el auto recurrido ni siquiera da una mínima respuesta a ellas, por lo que, en este punto, no solamente incurre en omisión de hechos probados sino en una manifiesta infracción del requisito de motivación, exigido a los autos por los artículos 248.3 LOPJ y 208.2 LEC.

Finalmente, debemos señalar que los indicados defectos procesales han causado indefensión material a la recurrente, que, al no conocer los hechos que el auto considera probados y justifican sus pronunciamientos, no puede combatir eficazmente dicha resolución. A su vez, la indicada omisión de hechos probados impide que la Sala pueda resolver las cuestiones de fondo planteadas en el incidente, dado que no concurre el supuesto previsto en el artículo 202.2 LRJS.

Por todo lo expuesto, es obligado declarar la nulidad del auto recurrido y del de aclaración del mismo, y retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a su dictado a fin de que la magistrada, con plena libertad de criterio, dicte nuevo auto en el que consigne expresamente y por separado todos los hechos que considere probados y sean necesarios para resolver las cuestiones planteadas, y, con base en dichos hechos probados, dé respuesta suficientemente motivada a las indicadas cuestiones.

Ello comporta la estimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.-La estimación del anterior motivo del recurso y correlativa declaración de nulidad de los autos de 3.5.2024 y 7.5.2024 hace innecesario examinar el segundo motivo del recurso, en el que la recurrente denuncia que el auto recurrido incurre en incongruencia omisiva, con vulneración del artículo 24 de la Constitución Española ( CE), al no haber dado respuesta a sus alegaciones sobre: 1)mala fe negociadora por negativa reiterada de la administración concursal a que la recurrente pudiera acceder a información y/o documentación relevante; 2)falta de razonabilidad de la decisión extintiva por haberse producido un supuesto de sucesión empresarial al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 ET, de la que se habría excluido indebidamente al personal de los servicios centrales.

SEXTO.-Debemos examinar ahora los dos restantes motivos del recurso dirigidos a la infracción de normas y garantías procedimentales causantes de indefensión (motivos tercero y cuarto en el orden general del escrito de interposición del recurso).

El examen de dichos motivos de suplicación es necesario, a pesar de la estimación del primer motivo del recurso, porque, como veremos, afectan a actuaciones del Juzgado anteriores al dictado del auto objeto de recurso. Además, ambos motivos deben ser examinados de forma conjunta porque aparecen estrechamente entrelazados.

A continuación, resumiremos las alegaciones que formulan la recurrente y las recurridas en cada uno de los dos motivos del recurso.

Motivo tercero

En este motivo, la recurrente denuncia infracción del artículo 174.2 TRLC, en relación con el artículo 1.2 ET, la doctrina jurisprudencial sobre el grupo de empresas laboral y el artículo 24 CE. Todo ello porque, según la recurrente, en todo el procedimiento, el Juzgado no ha efectuado ningún pronunciamiento mínimamente motivado sobre la existencia de grupo de empresas, omisión que dice causarle indefensión.

En defensa de dichas afirmaciones, la recurrente, en síntesis, alega que, mediante escrito presentado el 29.2.2024, que reproduce en su integridad, solicitó al Juzgado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174.2 TRLC, la participación, en el periodo de consultas, de las cuatro empresas que cita, pues, indiciariamente, podían formar grupo de empresas con la concursada, petición que fue resuelta por providencia de 11.3.2024, en la que el Juzgado, sin motivación alguna, se limitó a declarar que era procedente incluir a una de ellas en el periodo de consultas, pero no a las demás. La recurrente expone que, frente a dicha providencia, interpuso recurso de reposición mediante escrito presentado el 20.3.2024, en el que solicitó su revocación por motivos procesales y sustantivos, acompañando una serie de documentos que, según dice, no había podido aportar con anterioridad. Además, en el mismo escrito, mediante otrosí, solicitó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, que el Juzgado requiriera a la concursada para que aportara una serie de documentos relacionados con la cuestión del grupo de empresas. Según explica la recurrente, el Juzgado desestimó el recurso mediante auto de 11.4.2024, en el que no hizo mención alguna a los defectos procesales alegados ni a los documentos aportados, además de que dicho auto fue dictado cuando el periodo de consultas ya había finalizado e incluso la recurrente había presentado el escrito de alegaciones previsto en el artículo 182.1 TRLC. También alega que el Juzgado no llegó a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, defectos procesales que, según la recurrente, no han quedado subsanados en el auto objeto del presente recurso, que se limita a desestimar las alegaciones sobre el grupo de empresas remitiéndose al auto de 11.4.2024. Por todo ello, la recurrente considera que la actuación del Juzgado comporta vulneración de los artículos 174.2 y 175.2 TRLC y le ha causado indefensión, lo que implica que también vulnera el artículo 24 CE.

Frente a ello, la administración concursal, en el escrito de impugnación del recurso, empieza con una amplia exposición sobre las causas que han llevado a la concursada a la declaración de concurso y necesidad de extinguir los contratos de trabajo, aducidas ya en el escrito rector del incidente y que, según la recurrida, la recurrente no discutió en ningún momento durante el periodo de consultas. A continuación, ya en referencia a la cuestión del grupo de empresas, la recurrida alega, en síntesis, que ya tuvo ocasión de manifestarse en contra de la entrada de otras empresas en el periodo de consultas, citando diversos escritos, y que el auto de 11.4.2024 desestima motivadamente las peticiones de la hoy recurrente, lo que, a su juicio, descarta la indefensión alegada, además de que, como señala el auto, no concurre la figura del grupo de empresas laboral o patológico por las razones que la recurrida expone de forma amplia, reproduciendo, incluso, uno de los escritos presentados en su día al Juzgado. Por todo ello, considera que el auto de 11.4.2024 y el que es objeto del recurso no han incurrido en las infracciones denunciadas por la recurrente.

Por su parte, la señora Filomena, en el escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el auto de 11.4.2024 resuelve motivadamente sobre la petición referida al grupo de empresas de conformidad con los informes emitidos por la administración concursal, el auto recurrido se remite a los razonamientos de aquel y, en cualquier caso, la petición de la hoy recurrente estaba desprovista de indicio probatorio alguno, razones por las que, al igual que la administración concursal, considera no producidas las infracciones legales alegadas en el motivo del recurso.

Motivo cuarto

En este motivo, la recurrente denuncia infracción del artículo 175.2 TRLC, en relación con el artículo 1.2 ET, la doctrina jurisprudencial sobre el grupo de empresas laboral y el artículo 24 CE.

En síntesis, la recurrente alega que, en todo el procedimiento, el Juzgado no ha llegado a pronunciarse en ningún momento sobre la solicitud de pruebas presentada por ella mediante otrosí en el escrito de interposición del recurso de reposición contra la providencia de 11.3.2024, las cuales, según la recurrente, eran relevantes para poder establecer la existencia de grupo de empresas.

Frente a ello, la administración concursal, en el escrito de impugnación del recurso, tras precisar que la indicada solicitud se efectuó en el escrito de interposición del recurso de reposición, alega que el Juzgado se manifestó sobre la misma en el auto de 11.4.2024, entendiendo que era improcedente. Además, alega que la mayor parte de documentos sí fueron entregados a la hoy recurrente, y dice que otros no le pudieron ser entregados porque estaban en poder de terceros o bien sujetos a garantía de confidencialidad. A continuación, examina cada una de las peticiones formuladas por la hoy recurrente. Finalmente, señala que la información que no pudo ser suministrada a la recurrente no hubiera aportado ningún dato adicional relevante y le reprocha que su único objetivo fuera obtener un pronunciamiento sobre el grupo de empresas, desatendiendo lo que, en su opinión, debe ser el verdadero objeto del incidente, que es la discusión de las causas y los efectos de las mismas sobre las personas trabajadoras.

Por su parte, la señora Filomena, en el escrito de impugnación del recurso, se opone igualmente a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que el Juzgado entendió que no había indicios de la existencia de grupo de empresas y las alegaciones de la recurrente eran genéricas y no concordantes con los datos de que disponía la administración concursal, por lo que no era procedente admitir las pruebas solicitadas por aquella parte.

SÉPTIMO.-A la vista de las alegaciones de las partes, debemos empezar el examen de los presentes motivos del recurso teniendo en cuenta que el artículo 174.2 TRLC dispone:

<>

Por su parte, el artículo 175.2 del mismo cuerpo legal dispone:

<>

A la vista del tenor de dichos preceptos, debemos examinar, en primer lugar, la denuncia referida a la infracción del artículo 175.2 TRLC, dado que la misma está relacionada con la solicitud de pruebas formulada por la recurrente en el otrosí del escrito de interposición del recurso de reposición frente a la providencia de 11.3.2024, presentado el 20.3.2024.

Respecto de esta cuestión, es necesario tener en cuenta que la indicada solicitud de pruebas, formulada al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 175.2 TRLC y a la que, obviamente, el Juzgado debía dar respuesta, no ha sido resuelta por dicho órgano judicial en ningún momento, lo que ha causado indefensión a la recurrente, que se ha visto privada de la práctica de las pruebas propuestas o, en su caso, poder combatir la denegación de las mismas. En este sentido, a diferencia de lo que alegan las recurridas, el auto de 11.4.2024, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 11.3.2024, no hace la más mínima referencia a la solicitud, por lo que no cabe entender que la desestima implícitamente, y el examen de los autos muestra que tampoco hay ninguna resolución del Juzgado que se refiera a aquella solicitud, incluyendo el auto objeto del presente recurso, que tampoco menciona nada al respecto.

En definitiva, el Juzgado ha incumplido, de forma manifiesta, la obligación de resolver la solicitud de la hoy recurrente, incumplimiento que, dada su naturaleza procesal, es independiente de la valoración que puedan merecer las diligencias solicitadas en orden a probar la existencia del grupo de empresas. Por ello, las alegaciones que formulan las recurridas sobre la utilidad y pertinencia de dichas diligencias no son relevantes a efectos de enjuiciar la omisión del órgano judicial.

Por otra parte, debemos señalar que no era exigible a la parte denunciar la inactividad del Juzgado recurriendo el indicado auto de 11.4.2024, pues, contra el mismo, no cabía recurso alguno, como indica la propia resolución y establece el artículo 546 TRLC. Además, hay que tener en cuenta que: a)la hoy recurrente, en el escrito presentado el 4.4.2024 al amparo de lo dispuesto en el artículo 182.1 TRLC, puso de manifiesto que el Juzgado no había resuelto la solicitud; b)desde que el Juzgado dictó el auto de 11.4.2024 hasta que dictó el que es objeto del presente recurso (3.5.2024), la hoy recurrente no tuvo ninguna oportunidad procesal para hacer valer la omisión del pronunciamiento relativo a la solicitud de pruebas.

Por todo ello, resulta obligado ordenar al Juzgado que, con carácter previo a dictar el nuevo auto resolutorio de la petición de extinción de los contratos de trabajo en los términos indicados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia, dé respuesta motivada a la solicitud formulada por la recurrente en el otrosí del escrito presentado el 20.3.2024. Todo ello, en términos análogos a lo que hemos acordado en las sentencias de esta Sala de de 5.5.2023 (RS 8027/2022), 4.5.2023 (RS 8028/2022), 7.6.2023 (RS 8029/2022) y 13.6.2023 (RS 8030/2022), citadas más arriba y que también examinan supuestos de falta de respuesta del Juzgado de lo Mercantil a solicitudes de pruebas formuladas al amparo de lo dispuesto en el artículo 175.2 TRLC, si bien, en este caso, a diferencia de aquellos, no cabe referirse a la posible ilicitud de las pruebas, cuestión que aquí no se ha planteado.

Lo expuesto comporta la estimación del recurso y hace innecesario examinar las alegaciones de la recurrente referidas al contenido del auto de 11.4.2024 y posible infracción del artículo 174.2 TRLC. En este sentido, dado el indicado incumplimiento del Juzgado, carece de eficacia procesal alguna que el auto objeto del presente recurso se remita a los razonamientos contenidos en el de 11.4.2024 para justificar su pronunciamiento denegatorio de las alegaciones de la recurrente sobre el grupo de empresas, razón por la que no resultan relevantes las infracciones que la recurrente imputa a aquel auto de 11.4.2024.

Del mismo modo, la estimación del recurso en los términos indicados impide el examen de los motivos quinto, sexto y séptimo del mismo, dirigidos a la censura jurídico-sustantiva del auto de instancia.

OCTAVO.-No procede imponer las costas del recurso a ninguna de las partes porque no concurre el supuesto previsto en el artículo 235.1 LRJS.

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,