Sentencia Social 373/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 616/2025 de 03 de febrero del 2026

PRIMERO. - 1.Se interpone recurso de suplicación por el letrado designado por D. Paulino frente a la sentencia que desestima su demanda interpuesta frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL(SPEE)en la que solicitaba que se le reconociera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años desde la fecha de su solicitud, el 14-3-2023.

2.-La sentencia recurrida rechaza la pretensión actora, razonando que el demandante no reunía uno de los requisitos esenciales para poder acceder al subsidio para mayores de 52 años, que era la de reunir todos los requisitos menos la edad para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación de acuerdo con el artículo 274.4 del TRLGSS. Afirma el Magistrado "a quo", que según el certificado emitido por el INSS obrante en el expediente, el actor no reunía el requisito de carencia específica del artículo 161.1.b) del TRLGSS (actual art. 205.1.b)-que fue el motivo de denegación esgrimido por el SPEE-. También rechaza la aplicación de la doctrina del paréntesis para la carencia específica recogida en la STS de 30-10-2018, que invocó la parte actora , afirmando que según el Tribunal Supremo, los tiempos excluidos del periodo computable son en principio, aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad, señalándose entre otras la situación de periodo de internamiento en establecimiento penitenciario con el consiguiente alejamiento del mercado laboral, siempre y cuando el recluso haya mostrado durante el internamiento su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, es decir, siempre y cuando dentro de la prisión hayan tenido voluntad de querer trabajar. (También, STS de 12-11-1996, rcud. 232/1996). Pero, en el presente supuesto la parte actora ni alegó ni, por tanto, aportó documentación que justificase que trabajó durante su internamiento en el establecimiento penitenciario ni su disponibilidad para trabajar, ni la imposibilidad por cualquier razón de realizar un trabajo productivo o la realización de servicios personales en dicho periodo de privación de libertad de acuerdo con la legislación penitenciaria aplicable, por lo que no puede entenderse, en el presente caso, como periodo excluido a efectos de aplicación de la Doctrina del paréntesis.

3.-Frente a dicha sentencia se interpone recurso de suplicación por el demandante que articula en dos motivos amparados respectivamente en los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS en lo sucesivo), y que no ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO. - 1.-En el primer motivo se alega que ha quedado acreditado que el demandante se encontraba ingresado en prisión desde el 07-10-2005 al 19-08-2022, sin que, por parte del órgano judicial, de acuerdo con el art. 87.5 LRJS, se requiriese información respecto de la realización de trabajos dentro de la prisión. En este sentido, dice, adjunta documento "Termo de Audiencia de Justificacao", remitido por el actor a la letrada que firma el recurso en fecha 25-1-2025.

El motivo debe ser rechazado de plano por su defectuosa formulación, pues no se solicita la modificación y/o supresión de ningún hecho probado o la adición de alguno nuevo, contraviniendo la doctrina del TS que viene reiterado que para que pueda prosperar la revisión de los hechos declarados probados, reiterada jurisprudencia como la reseñada en las sentencias del TS de 28 mayo 2013 (rec. 5/2012), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 14 de febrero de 2014( rec 37/2013) o 25 marzo 2014 (rec 161/2013 ) y las más modernas de 13 de mayo de 2019( rec 246/2018) y 8 de enero de 2020( rec 129/18) , referidas al recurso de casación , pero cuya doctrina es trasladable al de suplicación pues ambos son recursos de naturaleza extraordinaria en contraposición a la apelación , viene exigiendo los siguientes requisitos : a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos). b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos -o de la pericial en el caso de la suplicación- sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada). c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.

En todo caso, el documento que se aporta con el recurso no podría ser tenido en cuenta para la revisión del relato fáctico de la sentencia, pues está redactado en Portugués y no se aporta traducción , desconociendo, por tanto, la Sala su cometido , para poder valorar si cumple con los requisitos previstos en el art. 233.1 de la LRJS, que solo admite la aportación con el recurso de suplicación de alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

TERCERO.-1.-En el segundo motivo, destinado a la censura jurídica de la sentencia, se denuncia la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 125.2 LGSS de 1994 y 36.17 del RD 8/1996, por el que se incluye en el listado de situaciones asimiladas al alta el periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, habiendo quedado acreditado que el actor se encontraba ingresado en prisión durante los dos años anteriores a la solicitud del subsidio, por lo que no podía cumplirse la carencia específica. Por otra parte, dice, también se infringe la jurisprudencia contenida en la STS de 30-10-2018, al quedar acreditado que el demandante realizó actividad laboral durante su ingreso en prisión.

2.-Para la resolución del recurso, debemos partir de los siguientes datos fácticos contenidos en los hechos probados de la sentencia:

- D. Paulino solicitó en fecha 3-3-2023 el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, alta inicial, que fue desestimado por resolución de fecha 14 -3-2023 porque: "Según el informe emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no reúne vd. el período específico de cotización de 2 años para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación". Contra la anterior resolución se interpuso por la parte actora reclamación previa, que fue desestimada.

-El demandante ha cumplido condena en Brasilia (Brasil) desde el 07/10/2005 al 19/08/2022.

2.-En primer lugar, debemos indicar que la LGSS de 1994, ha sido derogada por el actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. En cuanto al Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, ninguna relación tiene con el pleito, pues se refiere a la libre elección de médico en los servicios de atención especializada del Instituto Nacional de la Salud. Suponemos que en el recurso existe un error de transcripción y realmente se refiere al Real Decreto 84/1996 que aprobó el "Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social." Tanto el art.125 de la LGSS 1994 como el art.36 del citado RD 84/1996, regulan las situaciones asimiladas al alta, no constando expresamente enumerada en ellos el internamiento en prisión. Si se refiere a dicha situación la STS de 30-10-2018, que también examina la sentencia recurrida.

El art. 274 de la LGSS, que regula el subsidio de desempleo par mayores de 52 años, dispone lo siguiente:

"1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares.

b) Haber agotado la prestación por desempleo, carecer de responsabilidades familiares y ser mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha del agotamiento.

c) Ser trabajador español emigrante que, habiendo retornado de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España, y no tenga derecho a la prestación por desempleo.

d) Haber sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el grado de incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de incapacidad en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

2.- Asimismo serán beneficiarios del subsidio los liberados de prisión......

3.. Los desempleados que reúnan los requisitos a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 salvo el relativo al período de espera, se hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la prestación contributiva, por no haber cubierto el período mínimo de cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:

a) Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares.

b) Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares.

4.-Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de cincuenta y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores, los trabajadores no hubieran cumplido la edad de cincuenta y dos años, pero, desde dicha fecha, permanecieran inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, podrán solicitar el subsidio cuando cumplan esa edad. A estos efectos, se entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a noventa días, no computándose los períodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En este último caso, el trabajador no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo fuera voluntario."

Para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva el artículo 205 LGSS exige, en lo que aquí interesa:

"b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido en el artículo 209.1."

3.-La STS 940/ 2018, de 30-10-2018, resuelve la cuestión relativa al cumplimiento de la exigencia de la carencia específica de dos años en los quince inmediatamente anteriores a causar el derecho de una pensión de jubilación en el Régimen General en un supuesto en el que la peticionaria de la misma estuvo privada de libertad cumpliendo condena, y más específicamente, si ese tiempo cabe ser considerado como "neutro" aplicando la teoría del paréntesis, y en qué términos. En el supuesto enjuiciado en dicha sentencia, a la demandante se le denegó la pensión de jubilación al no reunir los 730 días de carencia específica en los últimos 15 años, exigidos por el art. 161.1 b) LGSS. Constaba como indiscutido que en su vida laboral reúne quince años de carencia genérica, desde el 01/03/1965 hasta el 29/01/1992. En esa fecha, 29/01/1992, ingresó en prisión y cumplió condena hasta el 15/01/2012, pasando a percibir subsidio por desempleo hasta el 22/08/2013. Desde el 23 de enero de 2012 se encontraba inscrita como demandante de empleo. No constaba que en ese tiempo de cumplimiento de condena la Administración Penitenciaria ofreciera a la demandante la posibilidad de trabajar en el centro o centros en los que cumplió la condena.

Desde esa situación, la sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda que planteó la solicitante de la pensión una vez que fue firme la decisión en vía administrativa, por entender que no reunía el exigible periodo de carencia especifica de dos años o 730 días en los últimos 15 inmediatamente anteriores a la situación de jubilación. Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estimó el recurso de la demandante reconociéndole el derecho a percibir la pensión de jubilación. El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ.

Para ello, razona lo siguiente: "Tal y como se describe en las SSTS de 23/12/2005 (rcud. 5282/2004), 15/01/2010 (rcud. 948/2009) y 24/11/2010 (rcud. 777/2009), entre otras muchas, los criterios para la aplicación de esa doctrina pueden resumirse así:

1) No cabe, en ningún caso, la reducción de los períodos de carencia o cotización impuestos en las normas legales y reglamentarias.

2) El listado legal de situaciones asimiladas al alta no es exhaustivo. Así es de ver en los artículos 125.2 de la LGSS - 94, y 36.17 del Real Decreto 84/1996 que aprobó el "Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social". Y ello permite entender que, desde la aprobación de la Constitución, existe una laguna legal que debe ser integrada. ( s. de 23-10-99, rec. 2638/98).

3) Los tiempos excluidos del periodo computable, son en principio aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad. La Sala ha considerado como tales: A) la situación de paro involuntario no subsidiado siempre que exista una permanente inscripción como demandante de empleo ( SSTS. de 29-5-92 -rcud. 1996/91- del Pleno, 1-7-93 -rcud. 1679/92 -, 1-10-02 -rcud. 4436/99 -, 25-10-02 -rcud. 1/02 - y 12-7-04 -rcud. 4636/03 - entre otras) porque esta situación acredita el "animus laborandi", o lo que es igual, como señaló la sentencia de 26-5-03 (rec. 2334/02), "la voluntad de no apartarse del mundo laboral"; B) la antigua situación de invalidez provisional, en la que no existía obligación de cotizar (ss. de 10-12-1993 (rec. 1091/92), 24-10-1994, (rec. 3676/93) y 7-2-00, (rec. 109/99) entre otras); C) la percepción de una prestación no contributiva de invalidez (ss. de 28-10-98 (rec. 584/98), 9-12-99 (rec. 108/99), 2-10-01 (rec. 9/2001) y 20 de diciembre de 2005 (rec. 2398/04), en que tampoco se cotiza; D) el periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, con el consiguiente alejamiento del mercado laboral ( SSTS 12-11-1996 -rcud. 232/1996 -) cuando el recluso ha mostrado durante él su disponibilidad para el trabajo, mediante la realización de servicios personales E) La existencia comprobada de una grave enfermedad "que conduce al hecho causante, por la que es fundadamente explicable que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta" ( SSTS. de 28-1-98 -rcud. 1385/97 - y 17-9-04 -rcud. 4551/03 -)

4) Por igual razón, cabe también excluir del periodo computable a efectos del cumplimiento de los requisitos de alta y carencia, un "interregno de breve duración en la situación de demandante de empleo", que no es revelador de esa "voluntad de apartarse del mundo laboral" ( SSTS. de 29-5-92 -rcud. 1996/91 -, 12-3-98 -rcud. 2307/97 -, 9-11-99 -rcud. 4916/98 -, 25-7-00 -rcud. 4436/99 - y 18-12-01 -rcud. 559/01 -. Por el contrario, no es posible incluir en esta excepción, los casos de voluntaria e injustificada solución de continuidad entre la baja en la Seguridad Social y la inscripción como demandante de empleo o las posteriores interrupciones de esta última situación. ( STS. de 19-7-01, rcud. 4384/00).

CUARTO. -1. Aplicando esa doctrina general sobre los tiempos neutros en la vida laboral del asegurado para completar la carencia específica resulta imprescindible ahora traer aquí la doctrina de la Sala en supuestos semejantes al que hoy resolvemos, perfectamente recogida en la sentencia recurrida, pues únicamente han sido dos las ocasiones en las que hemos nos hemos pronunciado al respecto.

En la STS ya citada en el anterior fundamento, de 12/11/1996 (rcud. 232/1996), la Sala admitió la aplicación de la teoría del paréntesis en una situación en la que el causante de la pensión de orfandad solicitada, afiliado al Régimen de Trabajadores Autónomos, estuvo en prisión poco más de un año, hasta su fallecimiento en prisión, y durante ese tiempo el interno mostró su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales en el centro en el que estuvo recluido, aunque no desarrollase actividad laboral en sentido estricto en los talleres penitenciarios.

En esa situación la referida STS razona que en estos casos es preciso considerar la repercusión que deba tener el art. 25.2 de la Constitución en la interpretación de las normas sociales y penitenciarias contenidas en esencia en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, así como el Decreto 573/1967 de 16 de marzo, entonces vigente.

El art. 25.2 CE establece para el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma que "...En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad". Aplicando entonces el espíritu de esa norma, la sentencia que analizamos recuerda que con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 172/1989 de 19 de octubre y 17/1993 de 18 de enero ) el derecho reconocido en este precepto es de aplicación progresiva (dentro de las posibilidades de la organización penitenciaria existente), y no genera por tanto una facultad de eficacia inmediata al desempeño de un puesto de trabajo, pero correlativamente, la Administración penitenciaria tiene un especifico deber de crear y proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus disponibilidades presupuestarias.

Desde tales parámetros, la sentencia que ahora resumimos concluye diciendo que " ...a la vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que los internos a los que se refieren las sentencias comparadas mostraron durante el período de reclusión su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, no parece concorde con el mandato constitucional una interpretación de la legalidad que les prive de los beneficios de la Seguridad Social por falta de alta o situación asimilada, derivadas no solo de la privación de libertad, que les impide su participación en la producción o su comparecencia en el mercado de trabajo, sino también de la inexistencia en los centros penitenciarios de una organización, constitucionalmente exigible aunque de aplicación progresiva, que les haya permitido desarrollar un trabajo directamente productivo...".

Y se añade en el FJ quinto que " ...la aprobación de la Constitución ha generado una laguna legal en el régimen del requisito de alta en Seguridad Social a los efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia para supuestos como el aquí enjuiciado de reclusos que, cumpliendo los restantes requisitos para el reconocimiento de prestaciones de Seguridad Social, pierden su ocupación por causa del internamiento penitenciario y no consiguen dentro del centro en que se encuentran recluidos un puesto de trabajo remunerado, a pesar de la previsión del art. 25.2 de la Constitución . Esta muy especial situación guarda indudable analogía con la imposibilidad de trabajar que caracteriza al desempleo, por lo que, utilizando los cánones hermenéuticos de la interpretación conforme a la Constitución y de la interpretación evolutiva, debe atribuírsele el mismo régimen jurídico de asimilación al alta que se aplica a tal situación de desempleo en el art. 2.4 de la O.M. de 13 de febrero de 1967".

2. La segunda sentencia de esta Sala a la que nos referimos es la dictada en fecha 15/03/2004, en el rcud. 332/2003, en la que se aborda un supuesto sustancialmente idéntico al de autos, en el que ya no se trata de una persona privada de libertad que haya llevado a cabo servicios personales a los que se refería la sentencia anterior, aunque como elemento ciertamente complementario de la decisión, sino que no aparece actividad laboral o trabajo de clase alguna. Se refería esta STS a la pretensión de un afiliado al Régimen General para acceder a una pensión de incapacidad permanente absoluta que le fue denegada también por ausencia de carencia específica, entre cuyas vicisitudes relevantes aparecía que entre el 22 de marzo de 1991 y 29 de junio de 1998 -más de siete años- permaneció en prisión cumpliendo condena, y se añade que no constaba que la Administración penitenciaria le hubiera ofertado ningún trabajo productivo.

Y en tal situación esa STS de 15/03/2004 para resolver la cuestión parte también del art. 25.2 CE y razona de la siguiente forma: " ...Para la efectividad de los mandatos constitucionales se dictó la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, en cuyo art. 26 se regula el trabajo, como un derecho y deber del interno, y se impone a la Administración (apartado e) la obligación de facilitar trabajo al interno. De no hacerse así, el recluso no tiene posibilidad de obtener otro empleo, por lo que su inscripción como desempleado estaría carente de sentido. Y si no se han cumplido las expectativas constitucionales en orden al trabajo del interno, es obvio que no puede sufrir consecuencias adversas que extiendan sus efectos más allá de la fecha en que, cumplida la condena, se halle en libertad, situación en la que la protección que por sus cotizaciones anteriores a la prisión le diera derecho, no puede verse mermada por aquella omisión de la administración penitenciaria. Ello impone se haya de retrotraer el requisito de la cotización específica al período inmediatamente anterior a la prisión del beneficiario, como acertadamente ha resuelto la sentencia recurrida".

3.- Tal y como se expresa en la sentencia recurrida, no hay razón alguna para no aplicar al caso que ahora resolvemos la doctrina unificada en esa forma por esta Sala, puesto que el supuesto que examinamos es sustancialmente igual al precedente citado.

Por ello ha de entenderse que el periodo en el que estuvo privada la demandante de libertad, desde el 29/01/1992 al 15/01/2012, en el que no consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del ofrecimiento de un trabajo, ha de ser considerado como tiempo neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis, de manera que ha de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral, no negándose que reúna la carencia genérica de quince años de cotización al Régimen General de la Seguridad Social que exige el art. 161.1 b) LGSS , también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días a que se refiere el precepto, con lo que, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS y confirmar plenamente la sentencia recurrida, que no infringió, como se ha razonado, precepto alguno y se atuvo a la buena doctrina."

4.-De acuerdo con dicha sentencia entendemos que, al contrario de lo que sostiene la sentencia recurrida, no se exige al demandante ,que ha estado recluso en prisión, la carga de probar que haya mostrado durante el internamiento su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, o que aporte documentación que justifique que trabajó durante su internamiento en el establecimiento penitenciario , o la imposibilidad por cualquier razón de realizar un trabajo productivo o la realización de servicios personales en dicho periodo de privación de libertad de acuerdo con la legislación penitenciaria aplicable. En el supuesto de hecho contemplado por el Alto Tribunal, no se exigió dicha prueba.

Por ello ha de entenderse que el periodo en el que estuvo privado el demandante de libertad, desde el 07/10/2005 al 19/08/2022 , en el que no consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del ofrecimiento de un trabajo, ha de ser considerado como tiempo neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis , de manera que ha de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral obrante en el expediente administrativo , no negándose que reúna la carencia genérica , que también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días dentro de los 15 anteriores a su ingreso en prisión ,con lo que, procede estimar el recurso interpuesto por el trabajador y revocar la sentencia recurrida, por infracción de la doctrina del TS, conforme a la cual, y en lo que aquí interesa, es evidente que la estancia en prisión, cuando impide al afectado la posibilidad de trabajar, no puede perjudicarle a efectos de la prestación de seguridad social correspondiente.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la LRJS, no procede la imposición de costas

PRIMERO. - 1.Se interpone recurso de suplicación por el letrado designado por D. Paulino frente a la sentencia que desestima su demanda interpuesta frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL(SPEE)en la que solicitaba que se le reconociera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años desde la fecha de su solicitud, el 14-3-2023.

2.-La sentencia recurrida rechaza la pretensión actora, razonando que el demandante no reunía uno de los requisitos esenciales para poder acceder al subsidio para mayores de 52 años, que era la de reunir todos los requisitos menos la edad para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación de acuerdo con el artículo 274.4 del TRLGSS. Afirma el Magistrado "a quo", que según el certificado emitido por el INSS obrante en el expediente, el actor no reunía el requisito de carencia específica del artículo 161.1.b) del TRLGSS (actual art. 205.1.b)-que fue el motivo de denegación esgrimido por el SPEE-. También rechaza la aplicación de la doctrina del paréntesis para la carencia específica recogida en la STS de 30-10-2018, que invocó la parte actora , afirmando que según el Tribunal Supremo, los tiempos excluidos del periodo computable son en principio, aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad, señalándose entre otras la situación de periodo de internamiento en establecimiento penitenciario con el consiguiente alejamiento del mercado laboral, siempre y cuando el recluso haya mostrado durante el internamiento su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, es decir, siempre y cuando dentro de la prisión hayan tenido voluntad de querer trabajar. (También, STS de 12-11-1996, rcud. 232/1996). Pero, en el presente supuesto la parte actora ni alegó ni, por tanto, aportó documentación que justificase que trabajó durante su internamiento en el establecimiento penitenciario ni su disponibilidad para trabajar, ni la imposibilidad por cualquier razón de realizar un trabajo productivo o la realización de servicios personales en dicho periodo de privación de libertad de acuerdo con la legislación penitenciaria aplicable, por lo que no puede entenderse, en el presente caso, como periodo excluido a efectos de aplicación de la Doctrina del paréntesis.

3.-Frente a dicha sentencia se interpone recurso de suplicación por el demandante que articula en dos motivos amparados respectivamente en los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS en lo sucesivo), y que no ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO. - 1.-En el primer motivo se alega que ha quedado acreditado que el demandante se encontraba ingresado en prisión desde el 07-10-2005 al 19-08-2022, sin que, por parte del órgano judicial, de acuerdo con el art. 87.5 LRJS, se requiriese información respecto de la realización de trabajos dentro de la prisión. En este sentido, dice, adjunta documento "Termo de Audiencia de Justificacao", remitido por el actor a la letrada que firma el recurso en fecha 25-1-2025.

El motivo debe ser rechazado de plano por su defectuosa formulación, pues no se solicita la modificación y/o supresión de ningún hecho probado o la adición de alguno nuevo, contraviniendo la doctrina del TS que viene reiterado que para que pueda prosperar la revisión de los hechos declarados probados, reiterada jurisprudencia como la reseñada en las sentencias del TS de 28 mayo 2013 (rec. 5/2012), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 14 de febrero de 2014( rec 37/2013) o 25 marzo 2014 (rec 161/2013 ) y las más modernas de 13 de mayo de 2019( rec 246/2018) y 8 de enero de 2020( rec 129/18) , referidas al recurso de casación , pero cuya doctrina es trasladable al de suplicación pues ambos son recursos de naturaleza extraordinaria en contraposición a la apelación , viene exigiendo los siguientes requisitos : a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos). b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos -o de la pericial en el caso de la suplicación- sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada). c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.

En todo caso, el documento que se aporta con el recurso no podría ser tenido en cuenta para la revisión del relato fáctico de la sentencia, pues está redactado en Portugués y no se aporta traducción , desconociendo, por tanto, la Sala su cometido , para poder valorar si cumple con los requisitos previstos en el art. 233.1 de la LRJS, que solo admite la aportación con el recurso de suplicación de alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

TERCERO.-1.-En el segundo motivo, destinado a la censura jurídica de la sentencia, se denuncia la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 125.2 LGSS de 1994 y 36.17 del RD 8/1996, por el que se incluye en el listado de situaciones asimiladas al alta el periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, habiendo quedado acreditado que el actor se encontraba ingresado en prisión durante los dos años anteriores a la solicitud del subsidio, por lo que no podía cumplirse la carencia específica. Por otra parte, dice, también se infringe la jurisprudencia contenida en la STS de 30-10-2018, al quedar acreditado que el demandante realizó actividad laboral durante su ingreso en prisión.

2.-Para la resolución del recurso, debemos partir de los siguientes datos fácticos contenidos en los hechos probados de la sentencia:

- D. Paulino solicitó en fecha 3-3-2023 el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, alta inicial, que fue desestimado por resolución de fecha 14 -3-2023 porque: "Según el informe emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no reúne vd. el período específico de cotización de 2 años para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación". Contra la anterior resolución se interpuso por la parte actora reclamación previa, que fue desestimada.

-El demandante ha cumplido condena en Brasilia (Brasil) desde el 07/10/2005 al 19/08/2022.

2.-En primer lugar, debemos indicar que la LGSS de 1994, ha sido derogada por el actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. En cuanto al Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, ninguna relación tiene con el pleito, pues se refiere a la libre elección de médico en los servicios de atención especializada del Instituto Nacional de la Salud. Suponemos que en el recurso existe un error de transcripción y realmente se refiere al Real Decreto 84/1996 que aprobó el "Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social." Tanto el art.125 de la LGSS 1994 como el art.36 del citado RD 84/1996, regulan las situaciones asimiladas al alta, no constando expresamente enumerada en ellos el internamiento en prisión. Si se refiere a dicha situación la STS de 30-10-2018, que también examina la sentencia recurrida.

El art. 274 de la LGSS, que regula el subsidio de desempleo par mayores de 52 años, dispone lo siguiente:

"1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares.

b) Haber agotado la prestación por desempleo, carecer de responsabilidades familiares y ser mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha del agotamiento.

c) Ser trabajador español emigrante que, habiendo retornado de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España, y no tenga derecho a la prestación por desempleo.

d) Haber sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el grado de incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de incapacidad en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

2.- Asimismo serán beneficiarios del subsidio los liberados de prisión......

3.. Los desempleados que reúnan los requisitos a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 salvo el relativo al período de espera, se hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la prestación contributiva, por no haber cubierto el período mínimo de cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:

a) Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares.

b) Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares.

4.-Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de cincuenta y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores, los trabajadores no hubieran cumplido la edad de cincuenta y dos años, pero, desde dicha fecha, permanecieran inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, podrán solicitar el subsidio cuando cumplan esa edad. A estos efectos, se entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a noventa días, no computándose los períodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En este último caso, el trabajador no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo fuera voluntario."

Para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva el artículo 205 LGSS exige, en lo que aquí interesa:

"b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido en el artículo 209.1."

3.-La STS 940/ 2018, de 30-10-2018, resuelve la cuestión relativa al cumplimiento de la exigencia de la carencia específica de dos años en los quince inmediatamente anteriores a causar el derecho de una pensión de jubilación en el Régimen General en un supuesto en el que la peticionaria de la misma estuvo privada de libertad cumpliendo condena, y más específicamente, si ese tiempo cabe ser considerado como "neutro" aplicando la teoría del paréntesis, y en qué términos. En el supuesto enjuiciado en dicha sentencia, a la demandante se le denegó la pensión de jubilación al no reunir los 730 días de carencia específica en los últimos 15 años, exigidos por el art. 161.1 b) LGSS. Constaba como indiscutido que en su vida laboral reúne quince años de carencia genérica, desde el 01/03/1965 hasta el 29/01/1992. En esa fecha, 29/01/1992, ingresó en prisión y cumplió condena hasta el 15/01/2012, pasando a percibir subsidio por desempleo hasta el 22/08/2013. Desde el 23 de enero de 2012 se encontraba inscrita como demandante de empleo. No constaba que en ese tiempo de cumplimiento de condena la Administración Penitenciaria ofreciera a la demandante la posibilidad de trabajar en el centro o centros en los que cumplió la condena.

Desde esa situación, la sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda que planteó la solicitante de la pensión una vez que fue firme la decisión en vía administrativa, por entender que no reunía el exigible periodo de carencia especifica de dos años o 730 días en los últimos 15 inmediatamente anteriores a la situación de jubilación. Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estimó el recurso de la demandante reconociéndole el derecho a percibir la pensión de jubilación. El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ.

Para ello, razona lo siguiente: "Tal y como se describe en las SSTS de 23/12/2005 (rcud. 5282/2004), 15/01/2010 (rcud. 948/2009) y 24/11/2010 (rcud. 777/2009), entre otras muchas, los criterios para la aplicación de esa doctrina pueden resumirse así:

1) No cabe, en ningún caso, la reducción de los períodos de carencia o cotización impuestos en las normas legales y reglamentarias.

2) El listado legal de situaciones asimiladas al alta no es exhaustivo. Así es de ver en los artículos 125.2 de la LGSS - 94, y 36.17 del Real Decreto 84/1996 que aprobó el "Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social". Y ello permite entender que, desde la aprobación de la Constitución, existe una laguna legal que debe ser integrada. ( s. de 23-10-99, rec. 2638/98).

3) Los tiempos excluidos del periodo computable, son en principio aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad. La Sala ha considerado como tales: A) la situación de paro involuntario no subsidiado siempre que exista una permanente inscripción como demandante de empleo ( SSTS. de 29-5-92 -rcud. 1996/91- del Pleno, 1-7-93 -rcud. 1679/92 -, 1-10-02 -rcud. 4436/99 -, 25-10-02 -rcud. 1/02 - y 12-7-04 -rcud. 4636/03 - entre otras) porque esta situación acredita el "animus laborandi", o lo que es igual, como señaló la sentencia de 26-5-03 (rec. 2334/02), "la voluntad de no apartarse del mundo laboral"; B) la antigua situación de invalidez provisional, en la que no existía obligación de cotizar (ss. de 10-12-1993 (rec. 1091/92), 24-10-1994, (rec. 3676/93) y 7-2-00, (rec. 109/99) entre otras); C) la percepción de una prestación no contributiva de invalidez (ss. de 28-10-98 (rec. 584/98), 9-12-99 (rec. 108/99), 2-10-01 (rec. 9/2001) y 20 de diciembre de 2005 (rec. 2398/04), en que tampoco se cotiza; D) el periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, con el consiguiente alejamiento del mercado laboral ( SSTS 12-11-1996 -rcud. 232/1996 -) cuando el recluso ha mostrado durante él su disponibilidad para el trabajo, mediante la realización de servicios personales E) La existencia comprobada de una grave enfermedad "que conduce al hecho causante, por la que es fundadamente explicable que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta" ( SSTS. de 28-1-98 -rcud. 1385/97 - y 17-9-04 -rcud. 4551/03 -)

4) Por igual razón, cabe también excluir del periodo computable a efectos del cumplimiento de los requisitos de alta y carencia, un "interregno de breve duración en la situación de demandante de empleo", que no es revelador de esa "voluntad de apartarse del mundo laboral" ( SSTS. de 29-5-92 -rcud. 1996/91 -, 12-3-98 -rcud. 2307/97 -, 9-11-99 -rcud. 4916/98 -, 25-7-00 -rcud. 4436/99 - y 18-12-01 -rcud. 559/01 -. Por el contrario, no es posible incluir en esta excepción, los casos de voluntaria e injustificada solución de continuidad entre la baja en la Seguridad Social y la inscripción como demandante de empleo o las posteriores interrupciones de esta última situación. ( STS. de 19-7-01, rcud. 4384/00).

CUARTO. -1. Aplicando esa doctrina general sobre los tiempos neutros en la vida laboral del asegurado para completar la carencia específica resulta imprescindible ahora traer aquí la doctrina de la Sala en supuestos semejantes al que hoy resolvemos, perfectamente recogida en la sentencia recurrida, pues únicamente han sido dos las ocasiones en las que hemos nos hemos pronunciado al respecto.

En la STS ya citada en el anterior fundamento, de 12/11/1996 (rcud. 232/1996), la Sala admitió la aplicación de la teoría del paréntesis en una situación en la que el causante de la pensión de orfandad solicitada, afiliado al Régimen de Trabajadores Autónomos, estuvo en prisión poco más de un año, hasta su fallecimiento en prisión, y durante ese tiempo el interno mostró su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales en el centro en el que estuvo recluido, aunque no desarrollase actividad laboral en sentido estricto en los talleres penitenciarios.

En esa situación la referida STS razona que en estos casos es preciso considerar la repercusión que deba tener el art. 25.2 de la Constitución en la interpretación de las normas sociales y penitenciarias contenidas en esencia en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, así como el Decreto 573/1967 de 16 de marzo, entonces vigente.

El art. 25.2 CE establece para el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma que "...En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad". Aplicando entonces el espíritu de esa norma, la sentencia que analizamos recuerda que con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 172/1989 de 19 de octubre y 17/1993 de 18 de enero ) el derecho reconocido en este precepto es de aplicación progresiva (dentro de las posibilidades de la organización penitenciaria existente), y no genera por tanto una facultad de eficacia inmediata al desempeño de un puesto de trabajo, pero correlativamente, la Administración penitenciaria tiene un especifico deber de crear y proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus disponibilidades presupuestarias.

Desde tales parámetros, la sentencia que ahora resumimos concluye diciendo que " ...a la vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que los internos a los que se refieren las sentencias comparadas mostraron durante el período de reclusión su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, no parece concorde con el mandato constitucional una interpretación de la legalidad que les prive de los beneficios de la Seguridad Social por falta de alta o situación asimilada, derivadas no solo de la privación de libertad, que les impide su participación en la producción o su comparecencia en el mercado de trabajo, sino también de la inexistencia en los centros penitenciarios de una organización, constitucionalmente exigible aunque de aplicación progresiva, que les haya permitido desarrollar un trabajo directamente productivo...".

Y se añade en el FJ quinto que " ...la aprobación de la Constitución ha generado una laguna legal en el régimen del requisito de alta en Seguridad Social a los efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia para supuestos como el aquí enjuiciado de reclusos que, cumpliendo los restantes requisitos para el reconocimiento de prestaciones de Seguridad Social, pierden su ocupación por causa del internamiento penitenciario y no consiguen dentro del centro en que se encuentran recluidos un puesto de trabajo remunerado, a pesar de la previsión del art. 25.2 de la Constitución . Esta muy especial situación guarda indudable analogía con la imposibilidad de trabajar que caracteriza al desempleo, por lo que, utilizando los cánones hermenéuticos de la interpretación conforme a la Constitución y de la interpretación evolutiva, debe atribuírsele el mismo régimen jurídico de asimilación al alta que se aplica a tal situación de desempleo en el art. 2.4 de la O.M. de 13 de febrero de 1967".

2. La segunda sentencia de esta Sala a la que nos referimos es la dictada en fecha 15/03/2004, en el rcud. 332/2003, en la que se aborda un supuesto sustancialmente idéntico al de autos, en el que ya no se trata de una persona privada de libertad que haya llevado a cabo servicios personales a los que se refería la sentencia anterior, aunque como elemento ciertamente complementario de la decisión, sino que no aparece actividad laboral o trabajo de clase alguna. Se refería esta STS a la pretensión de un afiliado al Régimen General para acceder a una pensión de incapacidad permanente absoluta que le fue denegada también por ausencia de carencia específica, entre cuyas vicisitudes relevantes aparecía que entre el 22 de marzo de 1991 y 29 de junio de 1998 -más de siete años- permaneció en prisión cumpliendo condena, y se añade que no constaba que la Administración penitenciaria le hubiera ofertado ningún trabajo productivo.

Y en tal situación esa STS de 15/03/2004 para resolver la cuestión parte también del art. 25.2 CE y razona de la siguiente forma: " ...Para la efectividad de los mandatos constitucionales se dictó la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, en cuyo art. 26 se regula el trabajo, como un derecho y deber del interno, y se impone a la Administración (apartado e) la obligación de facilitar trabajo al interno. De no hacerse así, el recluso no tiene posibilidad de obtener otro empleo, por lo que su inscripción como desempleado estaría carente de sentido. Y si no se han cumplido las expectativas constitucionales en orden al trabajo del interno, es obvio que no puede sufrir consecuencias adversas que extiendan sus efectos más allá de la fecha en que, cumplida la condena, se halle en libertad, situación en la que la protección que por sus cotizaciones anteriores a la prisión le diera derecho, no puede verse mermada por aquella omisión de la administración penitenciaria. Ello impone se haya de retrotraer el requisito de la cotización específica al período inmediatamente anterior a la prisión del beneficiario, como acertadamente ha resuelto la sentencia recurrida".

3.- Tal y como se expresa en la sentencia recurrida, no hay razón alguna para no aplicar al caso que ahora resolvemos la doctrina unificada en esa forma por esta Sala, puesto que el supuesto que examinamos es sustancialmente igual al precedente citado.

Por ello ha de entenderse que el periodo en el que estuvo privada la demandante de libertad, desde el 29/01/1992 al 15/01/2012, en el que no consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del ofrecimiento de un trabajo, ha de ser considerado como tiempo neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis, de manera que ha de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral, no negándose que reúna la carencia genérica de quince años de cotización al Régimen General de la Seguridad Social que exige el art. 161.1 b) LGSS , también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días a que se refiere el precepto, con lo que, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS y confirmar plenamente la sentencia recurrida, que no infringió, como se ha razonado, precepto alguno y se atuvo a la buena doctrina."

4.-De acuerdo con dicha sentencia entendemos que, al contrario de lo que sostiene la sentencia recurrida, no se exige al demandante ,que ha estado recluso en prisión, la carga de probar que haya mostrado durante el internamiento su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, o que aporte documentación que justifique que trabajó durante su internamiento en el establecimiento penitenciario , o la imposibilidad por cualquier razón de realizar un trabajo productivo o la realización de servicios personales en dicho periodo de privación de libertad de acuerdo con la legislación penitenciaria aplicable. En el supuesto de hecho contemplado por el Alto Tribunal, no se exigió dicha prueba.

Por ello ha de entenderse que el periodo en el que estuvo privado el demandante de libertad, desde el 07/10/2005 al 19/08/2022 , en el que no consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del ofrecimiento de un trabajo, ha de ser considerado como tiempo neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis , de manera que ha de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral obrante en el expediente administrativo , no negándose que reúna la carencia genérica , que también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días dentro de los 15 anteriores a su ingreso en prisión ,con lo que, procede estimar el recurso interpuesto por el trabajador y revocar la sentencia recurrida, por infracción de la doctrina del TS, conforme a la cual, y en lo que aquí interesa, es evidente que la estancia en prisión, cuando impide al afectado la posibilidad de trabajar, no puede perjudicarle a efectos de la prestación de seguridad social correspondiente.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la LRJS, no procede la imposición de costas

PRIMERO. - 1.Se interpone recurso de suplicación por el letrado designado por D. Paulino frente a la sentencia que desestima su demanda interpuesta frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL(SPEE)en la que solicitaba que se le reconociera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años desde la fecha de su solicitud, el 14-3-2023.

2.-La sentencia recurrida rechaza la pretensión actora, razonando que el demandante no reunía uno de los requisitos esenciales para poder acceder al subsidio para mayores de 52 años, que era la de reunir todos los requisitos menos la edad para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación de acuerdo con el artículo 274.4 del TRLGSS. Afirma el Magistrado "a quo", que según el certificado emitido por el INSS obrante en el expediente, el actor no reunía el requisito de carencia específica del artículo 161.1.b) del TRLGSS (actual art. 205.1.b)-que fue el motivo de denegación esgrimido por el SPEE-. También rechaza la aplicación de la doctrina del paréntesis para la carencia específica recogida en la STS de 30-10-2018, que invocó la parte actora , afirmando que según el Tribunal Supremo, los tiempos excluidos del periodo computable son en principio, aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad, señalándose entre otras la situación de periodo de internamiento en establecimiento penitenciario con el consiguiente alejamiento del mercado laboral, siempre y cuando el recluso haya mostrado durante el internamiento su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, es decir, siempre y cuando dentro de la prisión hayan tenido voluntad de querer trabajar. (También, STS de 12-11-1996, rcud. 232/1996). Pero, en el presente supuesto la parte actora ni alegó ni, por tanto, aportó documentación que justificase que trabajó durante su internamiento en el establecimiento penitenciario ni su disponibilidad para trabajar, ni la imposibilidad por cualquier razón de realizar un trabajo productivo o la realización de servicios personales en dicho periodo de privación de libertad de acuerdo con la legislación penitenciaria aplicable, por lo que no puede entenderse, en el presente caso, como periodo excluido a efectos de aplicación de la Doctrina del paréntesis.

3.-Frente a dicha sentencia se interpone recurso de suplicación por el demandante que articula en dos motivos amparados respectivamente en los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS en lo sucesivo), y que no ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO. - 1.-En el primer motivo se alega que ha quedado acreditado que el demandante se encontraba ingresado en prisión desde el 07-10-2005 al 19-08-2022, sin que, por parte del órgano judicial, de acuerdo con el art. 87.5 LRJS, se requiriese información respecto de la realización de trabajos dentro de la prisión. En este sentido, dice, adjunta documento "Termo de Audiencia de Justificacao", remitido por el actor a la letrada que firma el recurso en fecha 25-1-2025.

El motivo debe ser rechazado de plano por su defectuosa formulación, pues no se solicita la modificación y/o supresión de ningún hecho probado o la adición de alguno nuevo, contraviniendo la doctrina del TS que viene reiterado que para que pueda prosperar la revisión de los hechos declarados probados, reiterada jurisprudencia como la reseñada en las sentencias del TS de 28 mayo 2013 (rec. 5/2012), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 14 de febrero de 2014( rec 37/2013) o 25 marzo 2014 (rec 161/2013 ) y las más modernas de 13 de mayo de 2019( rec 246/2018) y 8 de enero de 2020( rec 129/18) , referidas al recurso de casación , pero cuya doctrina es trasladable al de suplicación pues ambos son recursos de naturaleza extraordinaria en contraposición a la apelación , viene exigiendo los siguientes requisitos : a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos). b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos -o de la pericial en el caso de la suplicación- sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada). c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.

En todo caso, el documento que se aporta con el recurso no podría ser tenido en cuenta para la revisión del relato fáctico de la sentencia, pues está redactado en Portugués y no se aporta traducción , desconociendo, por tanto, la Sala su cometido , para poder valorar si cumple con los requisitos previstos en el art. 233.1 de la LRJS, que solo admite la aportación con el recurso de suplicación de alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

TERCERO.-1.-En el segundo motivo, destinado a la censura jurídica de la sentencia, se denuncia la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 125.2 LGSS de 1994 y 36.17 del RD 8/1996, por el que se incluye en el listado de situaciones asimiladas al alta el periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, habiendo quedado acreditado que el actor se encontraba ingresado en prisión durante los dos años anteriores a la solicitud del subsidio, por lo que no podía cumplirse la carencia específica. Por otra parte, dice, también se infringe la jurisprudencia contenida en la STS de 30-10-2018, al quedar acreditado que el demandante realizó actividad laboral durante su ingreso en prisión.

2.-Para la resolución del recurso, debemos partir de los siguientes datos fácticos contenidos en los hechos probados de la sentencia:

- D. Paulino solicitó en fecha 3-3-2023 el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, alta inicial, que fue desestimado por resolución de fecha 14 -3-2023 porque: "Según el informe emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no reúne vd. el período específico de cotización de 2 años para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación". Contra la anterior resolución se interpuso por la parte actora reclamación previa, que fue desestimada.

-El demandante ha cumplido condena en Brasilia (Brasil) desde el 07/10/2005 al 19/08/2022.

2.-En primer lugar, debemos indicar que la LGSS de 1994, ha sido derogada por el actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. En cuanto al Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, ninguna relación tiene con el pleito, pues se refiere a la libre elección de médico en los servicios de atención especializada del Instituto Nacional de la Salud. Suponemos que en el recurso existe un error de transcripción y realmente se refiere al Real Decreto 84/1996 que aprobó el "Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social." Tanto el art.125 de la LGSS 1994 como el art.36 del citado RD 84/1996, regulan las situaciones asimiladas al alta, no constando expresamente enumerada en ellos el internamiento en prisión. Si se refiere a dicha situación la STS de 30-10-2018, que también examina la sentencia recurrida.

El art. 274 de la LGSS, que regula el subsidio de desempleo par mayores de 52 años, dispone lo siguiente:

"1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares.

b) Haber agotado la prestación por desempleo, carecer de responsabilidades familiares y ser mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha del agotamiento.

c) Ser trabajador español emigrante que, habiendo retornado de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España, y no tenga derecho a la prestación por desempleo.

d) Haber sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el grado de incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de incapacidad en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

2.- Asimismo serán beneficiarios del subsidio los liberados de prisión......

3.. Los desempleados que reúnan los requisitos a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 salvo el relativo al período de espera, se hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la prestación contributiva, por no haber cubierto el período mínimo de cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:

a) Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares.

b) Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares.

4.-Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de cincuenta y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores, los trabajadores no hubieran cumplido la edad de cincuenta y dos años, pero, desde dicha fecha, permanecieran inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, podrán solicitar el subsidio cuando cumplan esa edad. A estos efectos, se entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a noventa días, no computándose los períodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En este último caso, el trabajador no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo fuera voluntario."

Para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva el artículo 205 LGSS exige, en lo que aquí interesa:

"b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido en el artículo 209.1."

3.-La STS 940/ 2018, de 30-10-2018, resuelve la cuestión relativa al cumplimiento de la exigencia de la carencia específica de dos años en los quince inmediatamente anteriores a causar el derecho de una pensión de jubilación en el Régimen General en un supuesto en el que la peticionaria de la misma estuvo privada de libertad cumpliendo condena, y más específicamente, si ese tiempo cabe ser considerado como "neutro" aplicando la teoría del paréntesis, y en qué términos. En el supuesto enjuiciado en dicha sentencia, a la demandante se le denegó la pensión de jubilación al no reunir los 730 días de carencia específica en los últimos 15 años, exigidos por el art. 161.1 b) LGSS. Constaba como indiscutido que en su vida laboral reúne quince años de carencia genérica, desde el 01/03/1965 hasta el 29/01/1992. En esa fecha, 29/01/1992, ingresó en prisión y cumplió condena hasta el 15/01/2012, pasando a percibir subsidio por desempleo hasta el 22/08/2013. Desde el 23 de enero de 2012 se encontraba inscrita como demandante de empleo. No constaba que en ese tiempo de cumplimiento de condena la Administración Penitenciaria ofreciera a la demandante la posibilidad de trabajar en el centro o centros en los que cumplió la condena.

Desde esa situación, la sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda que planteó la solicitante de la pensión una vez que fue firme la decisión en vía administrativa, por entender que no reunía el exigible periodo de carencia especifica de dos años o 730 días en los últimos 15 inmediatamente anteriores a la situación de jubilación. Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estimó el recurso de la demandante reconociéndole el derecho a percibir la pensión de jubilación. El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ.

Para ello, razona lo siguiente: "Tal y como se describe en las SSTS de 23/12/2005 (rcud. 5282/2004), 15/01/2010 (rcud. 948/2009) y 24/11/2010 (rcud. 777/2009), entre otras muchas, los criterios para la aplicación de esa doctrina pueden resumirse así:

1) No cabe, en ningún caso, la reducción de los períodos de carencia o cotización impuestos en las normas legales y reglamentarias.

2) El listado legal de situaciones asimiladas al alta no es exhaustivo. Así es de ver en los artículos 125.2 de la LGSS - 94, y 36.17 del Real Decreto 84/1996 que aprobó el "Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social". Y ello permite entender que, desde la aprobación de la Constitución, existe una laguna legal que debe ser integrada. ( s. de 23-10-99, rec. 2638/98).

3) Los tiempos excluidos del periodo computable, son en principio aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad. La Sala ha considerado como tales: A) la situación de paro involuntario no subsidiado siempre que exista una permanente inscripción como demandante de empleo ( SSTS. de 29-5-92 -rcud. 1996/91- del Pleno, 1-7-93 -rcud. 1679/92 -, 1-10-02 -rcud. 4436/99 -, 25-10-02 -rcud. 1/02 - y 12-7-04 -rcud. 4636/03 - entre otras) porque esta situación acredita el "animus laborandi", o lo que es igual, como señaló la sentencia de 26-5-03 (rec. 2334/02), "la voluntad de no apartarse del mundo laboral"; B) la antigua situación de invalidez provisional, en la que no existía obligación de cotizar (ss. de 10-12-1993 (rec. 1091/92), 24-10-1994, (rec. 3676/93) y 7-2-00, (rec. 109/99) entre otras); C) la percepción de una prestación no contributiva de invalidez (ss. de 28-10-98 (rec. 584/98), 9-12-99 (rec. 108/99), 2-10-01 (rec. 9/2001) y 20 de diciembre de 2005 (rec. 2398/04), en que tampoco se cotiza; D) el periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, con el consiguiente alejamiento del mercado laboral ( SSTS 12-11-1996 -rcud. 232/1996 -) cuando el recluso ha mostrado durante él su disponibilidad para el trabajo, mediante la realización de servicios personales E) La existencia comprobada de una grave enfermedad "que conduce al hecho causante, por la que es fundadamente explicable que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta" ( SSTS. de 28-1-98 -rcud. 1385/97 - y 17-9-04 -rcud. 4551/03 -)

4) Por igual razón, cabe también excluir del periodo computable a efectos del cumplimiento de los requisitos de alta y carencia, un "interregno de breve duración en la situación de demandante de empleo", que no es revelador de esa "voluntad de apartarse del mundo laboral" ( SSTS. de 29-5-92 -rcud. 1996/91 -, 12-3-98 -rcud. 2307/97 -, 9-11-99 -rcud. 4916/98 -, 25-7-00 -rcud. 4436/99 - y 18-12-01 -rcud. 559/01 -. Por el contrario, no es posible incluir en esta excepción, los casos de voluntaria e injustificada solución de continuidad entre la baja en la Seguridad Social y la inscripción como demandante de empleo o las posteriores interrupciones de esta última situación. ( STS. de 19-7-01, rcud. 4384/00).

CUARTO. -1. Aplicando esa doctrina general sobre los tiempos neutros en la vida laboral del asegurado para completar la carencia específica resulta imprescindible ahora traer aquí la doctrina de la Sala en supuestos semejantes al que hoy resolvemos, perfectamente recogida en la sentencia recurrida, pues únicamente han sido dos las ocasiones en las que hemos nos hemos pronunciado al respecto.

En la STS ya citada en el anterior fundamento, de 12/11/1996 (rcud. 232/1996), la Sala admitió la aplicación de la teoría del paréntesis en una situación en la que el causante de la pensión de orfandad solicitada, afiliado al Régimen de Trabajadores Autónomos, estuvo en prisión poco más de un año, hasta su fallecimiento en prisión, y durante ese tiempo el interno mostró su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales en el centro en el que estuvo recluido, aunque no desarrollase actividad laboral en sentido estricto en los talleres penitenciarios.

En esa situación la referida STS razona que en estos casos es preciso considerar la repercusión que deba tener el art. 25.2 de la Constitución en la interpretación de las normas sociales y penitenciarias contenidas en esencia en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, así como el Decreto 573/1967 de 16 de marzo, entonces vigente.

El art. 25.2 CE establece para el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma que "...En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad". Aplicando entonces el espíritu de esa norma, la sentencia que analizamos recuerda que con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 172/1989 de 19 de octubre y 17/1993 de 18 de enero ) el derecho reconocido en este precepto es de aplicación progresiva (dentro de las posibilidades de la organización penitenciaria existente), y no genera por tanto una facultad de eficacia inmediata al desempeño de un puesto de trabajo, pero correlativamente, la Administración penitenciaria tiene un especifico deber de crear y proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus disponibilidades presupuestarias.

Desde tales parámetros, la sentencia que ahora resumimos concluye diciendo que " ...a la vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que los internos a los que se refieren las sentencias comparadas mostraron durante el período de reclusión su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, no parece concorde con el mandato constitucional una interpretación de la legalidad que les prive de los beneficios de la Seguridad Social por falta de alta o situación asimilada, derivadas no solo de la privación de libertad, que les impide su participación en la producción o su comparecencia en el mercado de trabajo, sino también de la inexistencia en los centros penitenciarios de una organización, constitucionalmente exigible aunque de aplicación progresiva, que les haya permitido desarrollar un trabajo directamente productivo...".

Y se añade en el FJ quinto que " ...la aprobación de la Constitución ha generado una laguna legal en el régimen del requisito de alta en Seguridad Social a los efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia para supuestos como el aquí enjuiciado de reclusos que, cumpliendo los restantes requisitos para el reconocimiento de prestaciones de Seguridad Social, pierden su ocupación por causa del internamiento penitenciario y no consiguen dentro del centro en que se encuentran recluidos un puesto de trabajo remunerado, a pesar de la previsión del art. 25.2 de la Constitución . Esta muy especial situación guarda indudable analogía con la imposibilidad de trabajar que caracteriza al desempleo, por lo que, utilizando los cánones hermenéuticos de la interpretación conforme a la Constitución y de la interpretación evolutiva, debe atribuírsele el mismo régimen jurídico de asimilación al alta que se aplica a tal situación de desempleo en el art. 2.4 de la O.M. de 13 de febrero de 1967".

2. La segunda sentencia de esta Sala a la que nos referimos es la dictada en fecha 15/03/2004, en el rcud. 332/2003, en la que se aborda un supuesto sustancialmente idéntico al de autos, en el que ya no se trata de una persona privada de libertad que haya llevado a cabo servicios personales a los que se refería la sentencia anterior, aunque como elemento ciertamente complementario de la decisión, sino que no aparece actividad laboral o trabajo de clase alguna. Se refería esta STS a la pretensión de un afiliado al Régimen General para acceder a una pensión de incapacidad permanente absoluta que le fue denegada también por ausencia de carencia específica, entre cuyas vicisitudes relevantes aparecía que entre el 22 de marzo de 1991 y 29 de junio de 1998 -más de siete años- permaneció en prisión cumpliendo condena, y se añade que no constaba que la Administración penitenciaria le hubiera ofertado ningún trabajo productivo.

Y en tal situación esa STS de 15/03/2004 para resolver la cuestión parte también del art. 25.2 CE y razona de la siguiente forma: " ...Para la efectividad de los mandatos constitucionales se dictó la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, en cuyo art. 26 se regula el trabajo, como un derecho y deber del interno, y se impone a la Administración (apartado e) la obligación de facilitar trabajo al interno. De no hacerse así, el recluso no tiene posibilidad de obtener otro empleo, por lo que su inscripción como desempleado estaría carente de sentido. Y si no se han cumplido las expectativas constitucionales en orden al trabajo del interno, es obvio que no puede sufrir consecuencias adversas que extiendan sus efectos más allá de la fecha en que, cumplida la condena, se halle en libertad, situación en la que la protección que por sus cotizaciones anteriores a la prisión le diera derecho, no puede verse mermada por aquella omisión de la administración penitenciaria. Ello impone se haya de retrotraer el requisito de la cotización específica al período inmediatamente anterior a la prisión del beneficiario, como acertadamente ha resuelto la sentencia recurrida".

3.- Tal y como se expresa en la sentencia recurrida, no hay razón alguna para no aplicar al caso que ahora resolvemos la doctrina unificada en esa forma por esta Sala, puesto que el supuesto que examinamos es sustancialmente igual al precedente citado.

Por ello ha de entenderse que el periodo en el que estuvo privada la demandante de libertad, desde el 29/01/1992 al 15/01/2012, en el que no consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del ofrecimiento de un trabajo, ha de ser considerado como tiempo neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis, de manera que ha de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral, no negándose que reúna la carencia genérica de quince años de cotización al Régimen General de la Seguridad Social que exige el art. 161.1 b) LGSS , también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días a que se refiere el precepto, con lo que, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS y confirmar plenamente la sentencia recurrida, que no infringió, como se ha razonado, precepto alguno y se atuvo a la buena doctrina."

4.-De acuerdo con dicha sentencia entendemos que, al contrario de lo que sostiene la sentencia recurrida, no se exige al demandante ,que ha estado recluso en prisión, la carga de probar que haya mostrado durante el internamiento su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales, o que aporte documentación que justifique que trabajó durante su internamiento en el establecimiento penitenciario , o la imposibilidad por cualquier razón de realizar un trabajo productivo o la realización de servicios personales en dicho periodo de privación de libertad de acuerdo con la legislación penitenciaria aplicable. En el supuesto de hecho contemplado por el Alto Tribunal, no se exigió dicha prueba.

Por ello ha de entenderse que el periodo en el que estuvo privado el demandante de libertad, desde el 07/10/2005 al 19/08/2022 , en el que no consta que se cumpliesen las expectativas constitucionales a través del ofrecimiento de un trabajo, ha de ser considerado como tiempo neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis , de manera que ha de aislarse el mismo y con ello afirmar que a la vista de su vida laboral obrante en el expediente administrativo , no negándose que reúna la carencia genérica , que también reúne la carencia específica de 2 años o 730 días dentro de los 15 anteriores a su ingreso en prisión ,con lo que, procede estimar el recurso interpuesto por el trabajador y revocar la sentencia recurrida, por infracción de la doctrina del TS, conforme a la cual, y en lo que aquí interesa, es evidente que la estancia en prisión, cuando impide al afectado la posibilidad de trabajar, no puede perjudicarle a efectos de la prestación de seguridad social correspondiente.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la LRJS, no procede la imposición de costas