Sentencia Social 1606/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 1205/2024 de 03 de junio del 2025

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por Luis Enrique la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Valencia de fecha 20-2-24 que estimo parcialmente la demanda formulada por el recurrente frente a Equipo Gastro Enologico S.L. desestimando la solicitud de abono de horas extraordinarias.

Frente al recurso formula impugnación la demandada.

SEGUNDO.-El recurso se articula al amparo de las letras b (modificación factica) y c (censura jurídica) del art 193 de la LRJS, si bien en ambos se viene a mezclar alegaciones jurídicas y fácticas, girando el recurso sobre la consideración de la existencia de acreditación suficiente de la prestación de servicios en los periodos que determinan la generación de deuda por horas extraordinarias, y ello en aplicación de las previsiones del art 217 de la LEC asi como los artículos 34,9 y 35,5 del ET.

En el primero de los motivos estima que la sentencia recurrida no incluye por parte del juzgador que se sentaron y se probaron por parte del demandante las horas extras debidamente detalladas como consta en autos. Considera que el tenor de los hechos probados cuando expone que "La parte actora postula haber realizado del 12/7/2021 a 12/6/2022 400 horas extraordinarias según desglose aportado en escrito de 11/12/2022 reclamando el importe de 4.000 euros." debia ser sustituido por la afirmacion de que se habian realizado, y valroar que por parte de la empresa no hubo prueba no se presentaron partes ni tan siquiera se presento en el proceso habiendo solicitado su interrogatorio;

La modificación de hechos probados, considerando que se pretende la sustitución de la expresion de "postula haber realizado" por la de que "ha realizado" debe analizarse partiendo de las bases establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, doctrina establecida por los tribunales, las mas modernas STS 13-5-19 Recurso de Casación núm. 246/2018 y 8-1-20 recurso de casación 129/18, asi como otras muchas, , las SSTS 28/05/2013 -rco 5/2012-, 03/07/2013 -rco 88/2012, 14/02/2014 (rec. 37/2013), 2/03/2016 -rec. 153/2015) o 04/07/2016 -rec. 200/2016) referidas al recurso de casación, pero cuya doctrina es trasladable al de suplicación pues ambos son recursos de naturaleza extraordinaria en contraposición a la apelación, sentencias que establecen la doctrina sobre la prosperabilidad de la denuncia del error, y ello en los terminos de ser preciso que concurran los siguientes requisitos: a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico (no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos). b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos -o de la pericial en el caso de la suplicación- sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada). c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.

Junto a tal doctrina también procede considerar la que previene en relación a las reglas de valoración de la prueba asi como el carácter extraordinario del recurso de suplicación. Es doctrina expuestas que debe prevalecer el criterio del juez de instancia, a quien la ley reserva la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes (ex art. 97.2LPL ; y correlativo de la vigente LRJS) . Al respecto se ha venido reiterando que el proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia, en el que la valoración de la prueba es función atribuida en exclusiva al Juez a quo, de modo que la suplicación se articula como un recurso de naturaleza extraordinaria que no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado, e incluso en estos casos, de manera muy restrictiva y excepcional, pues únicamente puede modificarse la apreciación de la prueba realizada por el Juez de lo Social cuando de forma inequívoca, indiscutible y palmaria, resulte evidente que ha incurrido en manifiesto error en su valoración. En cualquier otro caso, "debe necesariamente prevalecer el contenido de los hechos probados establecido en la sentencia de instancia, que no puede ni tan siquiera ser sustituido por la particular valoración que el propio Tribunal pudiere hacer de esos mismos elementos de prueba, cuando el error evidente de apreciación no surge de forma clara y cristalina de los documentos o pericias invocados en el recurso, de acuerdo con el art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral " ( Sentencia de 14 de julio de 2000).

Como recuerda la STC de 14 de julio de 2000 -"(...) al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de prueba libre debe el Juzgador actuar, en todo momento, con sometimiento a las reglas de derecho y de la razón, optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1985 (RJ 1985, 122)); sin que, por lo tanto, la libertad del órgano judicial en la valoración de la prueba suponga aceptar las más absoluta soberanía o admitir que el juez ha de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989 de 20 de febrero (RTC 1989, 44)); pues debe respetar las normas de valoración tasada de "pruebas" que contiene nuestro ordenamiento jurídico (medios probatorios que, en cualquier caso, tienen un significado más restrictivo que el de "elementos de convicción" a que alude el artículo 97.2 de la Ley Adjetiva Laboral).

Y la solicitud no puede ser acogida puesto que realmente la recurrente lo que lleva a efecto es una alegación de infracción procesal del art. 217 LEC en concordancia con el art. 386 LEC relativa a la inversión de la carga de la prueba como consecuencia de presunciones judiciales: discrepando de la valoración como suficiente de la prueba del actor para acreditar los hechos que postula (documentos) frente a la articulada por la demandada para demostrar el hecho de no llevar a efecto horas extraordinarias. Y en el supuesto sometido a consideración no se puede tener como acreditativo de error por parte del juzgador el no valorar como prueba suficiente los documentos aportados por la parte actora, esto es, listados sobre horario cuya redacción solo se puede imputar a la propia actora, que no son adverados de otro modo, planteandose realmente una cuestión jurídica como es si ante la situación procesal creada es suficiente para acreditar la realizacion de horas extras la no aportación por la empresa de los controles horarios en cumplimiento de las previsiones del ET, arts 34,9 y 35,5 del ET, cuestión esta que se analizara a continuación por ser el fundamento de los motivos de infracción normativa.

TERCERO.-Los motivos segundo y tercero amparados en la letra C del art 193 de la LRJS (si bien en el segundo no se alega apartado alguno del art 193 de la LRJS pero se alega infracción de norma). Y la infracción de norma que se alega es la del art 217 de la LRJS asi como 34.9 y 35.5 ET, del ET.

En síntesis, y con referencia a sentencias de otros TSJ que no constituyen jurisprudencia segun el art 1, 6 del CC que reserva tal cualidad para las resolución del Tribunal Supremo) se viene a entender que ante la no aportación de registro horario por el empresario se deben tener por acreditada el computo horario que lleva a efecto la parte actora ante la facilidad probatoria expuesta en el art 217 de la LEC.

Asi la actora reclama horas extraordinarias y ello en base a las previsiones del art 35,5 del ET en cuanto refiere que "5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente", obligación de registro de jornada que a su vez viene incardinada en el art 34,9 del mismo cuerpo legal que expone "9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social."

En síntesis viene a entender que ante el requerimiento por la parte actora del registro horario del trabajador y su no aportación o aportación parcial procede tener por acreditadas las horas extraordinarias reclamadas puesto que el art 34,9 y 35,5 ET impone la obligación del registro diario.

No comparte la sala tales argumentos puesto que si bien es cierto que existe una doctrina, fundamentada en el art 217 de la LEC, que facilita la acreditación de las horas extraordinarias en supuesto de acreditar de forma indiciaria y mas aun tras la imposición de del deber de registro de jornada laboral por el RD 8/19 de 8 de Marzo, tal acreditación y aplicación del criterio de la facilidad probatoria requiere de aportación de los indicios, sin que el mero hecho de no registrar la jornada de lugar a tomar como ciertas las manifestaciones de parte sobre prestación de servicios fuera de los términos ordinarios. Y de hecho tal es el criterio que sigue la STSJ Valencia Sentencia 4070/20 de 17 de noviembre de 2020 dictada en RS 3230/19, sentencia 1267/22 de fecha 12de abril de 2022, rec. 4005/21, sentencia 2160/22 de 17 de junio de 2022 en RS 3761/21 y sentencia 900/25 de 25 de marzo de 2025 rs 327/2024.

Y precisamente esa falta de indicios mas allá de la no aportación de los registros diarios de jornada es la que estima como insuficientes la resolución recurrida, donde ante la prueba practicada por ambas partes (documental) valora la no acreditación de la realidad de las supuestas jornadas superiores que alega la actora. De modo que ante la no acreditación de realización de horas extraordinarias no cabe imputar censura jurídica a la sentencia que no reconoce las mismas ni condena a su abono, razones estas que obligan a desestimar el motivo y por lo tanto el recurso del trabajador.

Esta Sala en sentencia firme nº 1267/22 de fecha 12-4-2022, rec. 4005/21, de forma extensa lleva a efecto el razonamiento que determina la desestimación de la infracción normativa imputada al señalar:

"El Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo (EDL 2019/6974) (RCL 2019, 399), de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, prevé en su Art. 10 que a partir del 12 de mayo de 2019, las empresas deben garantizar el registro diario de jornada , que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que reconoce la Ley, bien que la forma de organización y documentación del registro de jornada debe determinarse mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa. Modificó los artículos 34.7 y 9 del Estatuto de los Trabajadores que establecen: "El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada , para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran" (34.7) y "La empresa garantizará el registro diario de jornada , que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social."(34.9)

Conforme la doctrina del TJUE plasmada en su sentencia de 14-5-2019, C-55/18 - Deutsche Bank, si el empleador está obligado a realizar un registro de la jornada, en el caso de omitir el mismo no puede imputarse al trabajador una doble carga de prueba consistente tanto en acreditar las horas realizadas, como el exceso de jornada. Es el empleador el que debe mostrar el registro de la actividad temporal que ha llevado a cabo el operario, y si se carece de este registro debe probar el empleador que la pretensión del trabajador es inadecuada, y que esas horas que se pretenden no se han realizado.

El artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (EDL 2015/182832), sobre horas extraordinarias, establece que "A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente".

La sentencia del Tribunal europeo declaró que esta medida "presupone que se conozca, y por lo tanto que se haya computado de antemano, la duración de la jornada laboral efectiva de cada trabajador afectado. La obligación de registrar únicamente las horas extraordinarias realizadas no ofrece a los trabajadores un medio eficaz capaz de garantizar, por un lado, que no se sobrepasa la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en la Directiva 2003/88 (EDL 2003/198134), que incluye las horas extraordinarias, y, por otro lado, que se respetan en todas las situaciones los períodos mínimos de descanso diario y semanal contemplados en esta Directiva. En cualquier caso, esta obligación no permite paliar la inexistencia de un sistema que, por lo que respecta a los trabajadores que no hayan aceptado realizar horas extraordinarias, pueda garantizar el respeto efectivo de las normas relativas, en particular, a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal."

Sobre la existencia de medios probatorios en el sistema procesal español, que acrediten la realización de una jornada excesiva, el Tribunal rechaza el motivo y dice: "Sin embargo, a diferencia de un sistema de cómputo de la jornada diaria efectiva, tales medios de prueba no permiten determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas de trabajo diario y semanal realizadas por el trabajador.

En concreto, debe hacerse hincapié en que, habida cuenta de la situación de debilidad del trabajador en la relación laboral, la prueba testifical no puede considerarse, por sí sola, un medio de prueba eficaz para garantizar el respeto efectivo de los derechos en cuestión, ya que los trabajadores pueden mostrarse reticentes a declarar contra su empresario por temor a las medidas que este pueda adoptar en perjuicio de las condiciones de trabajo de aquellos.

En cambio, un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por los trabajadores ofrece a éstos un medio particularmente eficaz para acceder de manera sencilla a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo que han realizado y, por lo tanto, puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado los derechos que les confieren los artículos 3 , 5 y 6, letra b), de la Directiva 2003/88 (EDL 2003/198134 ), que precisan el derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos."

Pero la consecuencia de lo resuelto no es la que pretende el recurrente de tener acreditadas las horas extras que reclama sin aportar ni siquiera indicios de prueba. Así la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 23 de marzo de 2017 en Pleno, Rec. 81/2016 , al interpretar el art. 35.5 del ET (EDL 2015/182832), concluyó que el precepto en cuestión "sólo obliga, salvo pacto que amplíe ese deber, a llevar el registro de las horas extras realizadas y a comunicar al final de mes su número al trabajador y a la representación legal de los trabajadores el número de horas extras realizadas, caso de haberse efectuado"; pero "no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados"; añadiendo que "la solución dada no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217.6 de la LEC (EDL 2000/77463), norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó". Se reiteró en otra dictada el 20 de abril del 2017 (RC 116/16) y otras posteriores y así lo entendió una sentencia dictada por la sala de lo social de Castilla La Mancha de 22 de julio de 2020 (r. 959/19 ) en la que se declara acreditada una jornada superior a la ordinaria.

Esa obligación de la llevanza del registro de la jornada ordinaria es la que impuso el RD-Ley de marzo de 2019, sin que ni esta resolución ni la jurisprudencia europea ni el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (EDL 2015/182832), sancionen el incumplimiento de la obligación de control con la aplicación de una presunción iuris tantum a favor de la jornada extra reclamada, como si existe en el artículo 12.4 c) del Estatuto de los trabajadores (EDL 2015/182832) para el caso de incumplimiento del registro de la jornada de los contratos a tiempo parcial. Es sabido que las normas de naturaleza sancionadora s o limitadoras de derechos están sujetas a una interpretación restrictiva.

La sentencia de la sala de lo social de la Comunidad Valenciana de 21 de abril de 2020 (r. 743/2019) y la dictada por la sala de lo social de Andalucía (Sevilla) el 18 de julio de 2018 ( r. 2.446/17) asumieron el pronunciamiento del TS (s. de 23 de marzo de 2017 ) de que "no cabe presumir al amparo del artículo 217 LEC (EDL 2000/77463) la realización de horas extras cuando la empresa no lleva el registro de las horas, aun cuando esa falta de registro ante la prueba del trabajador de que sí las realizó pueda jugar en contra de la empresa". ( STSJ Asturias 28 septiembre de 2021 )

De la jurisprudencia expuesta aplicable al caso que nos ocupa, no consta el más mínimo indicio de realización de horas extra, por lo que como se ha expuesto, debemos estar a la convicción soberana de la juzgadora de instancia, al no haberse evidenciado error en su valoración, por lo que el recurso debe ser desestimado."

En el presente supuesto, del relato fáctico de la sentencia, al que esta Sala queda vinculada se desprende únicamente que actora prestó servicios entre 15-7-21 y 31-3-23, y la magistrada de instancia, única a quien corresponde la valoración de la prueba, razona que la parte actora no aporta un mínimo de prueba que constituya indicio de la realización de las horas extras alegadas en la demanda (400 horas entre 12-7-21 y 12-6-22) el recurso deberá ser desestimado.

CUARTO.-No procede imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la LRJS en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la recurrente goza de beneficio de justicia gratuita.