Sentencia Social 2427/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2618/2024 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO.La sentencia 13/2023, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Almería en los Autos 72/2022, en fecha 13 de enero de 2023, estima la demanda interpuesta por el trabajador D. Salvador, declarando la existente de responsabilidad empresaria por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el indicado trabajador en fecha 15/01/2019, así como la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas de accidente de trabajo citado sean incrementadas en el 50% con cargo a las empresas ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L. y BLACO-AÑIL CAPARRÓS REMÍRES, S.L., de forma solidaria.

La referida Sentencia fue aclarada mediante Auto de fecha 30 de enero de 2023 en el sentido de que el recargo de prestaciones se establecía en el 40% y no en el 50%.

Frente a la indicada sentencia se interponen sendos recursos de suplicación por las mercantiles demandadas condenadas de forma solidaria, por lo que procede resolver cada uno de ellos.

La sociedad mercantil BLANCO-AÑIL CAPARROS RAMÍREZ, SL., interpone el presente recurso de suplicación al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 c) de la Ley 36/2011 de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social por infracción del artículo 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, del artículo 24.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de los artículos 3 y 4.1 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, y artículos 3.2 y 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

La cuestión principal está referida a atacar la responsabilidad solidaria de BLANCO-AÑIL CAPARRÓS RAMÍREZ, S.L., en su calidad de promotora de la obra. Y de forma subsidiaria, se ataca el porcentaje aplicable en concepto de recargo de prestaciones.

SEGUNDO.La mercantil recurrente, alega en su recurso, respecto a la condena solidaria, su condición de "promotora" en la obra llevada a cabo por la sociedad mercantil ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, SL., en su condición de empresa contratista, en el centro de trabajo sito en el Paraje "El Ventorrillo" justo en el límite entre Aguamarga (Níjar) y Carboneras.

Se añade que el Juzgador a quo en el fundamento de derecho DUODÉCIMO indica, inicialmente, lo siguiente: "En el caso de autos resulta acreditado que la Promotora demandada, que según el art. 2.c) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre , es la persona física o jurídica por cuya cuenta se realiza una obra, cumple con su deber de nombrar a un coordinador de seguridad y salud de la obra, al igual que cumple con la obligación de elaborar un estudio básico de seguridad y salud. Ningún reproche puede hacer este magistrado de la instancia al contenido del referido estudio de seguridad y salud (doc. nº 1 promotora), más aún cuando nada se dice en la demanda y no se ha practicado prueba alguna que tenga por objeto acreditar que haya omitido el deber de identificar los riesgos y las medidas preventivas. De hecho, el referido estudio identifica el riesgo de caída al mismo nivel y las medidas preventivas que deben ser adoptadas."

En inalterado hecho probado séptimo de la sentencia indica que:

"La promotora demandada realizó el preceptivo estudio básico de seguridad y salud el 30 de octubre de 2017, habiendo nombrado Coordinador de Seguridad y Salud (doc. nº 4 empleadora; doc. nº 1 y 4 promotora).

Asimismo, el hecho probado octavo constata que:

"El Estudio Básico de Seguridad y Salud elaborado por la empresa promotora demandadacontempla de forma expresa como riesgos derivados de los trabajos de encofrado "caídas de personas al mismo nivel".

Entre las medidas preventivas a adoptar se encuentra las que siguen:

a) "Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).

b) Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).

c) Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

d) Una vez terminado un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada" (doc. nº 1 promotora)."

Procede indicar, y así se reconoce en la propia sentencia, en el fundamento de derecho DUODÉCIMO, que la Promotora demandada, que según el art. 2.c) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, es las persona física o jurídica por cuya cuenta se realiza una obra, cumple con su deber de nombrar a un Coordinar de seguridad y salud de la obra, al igual que cumple con su obligación de elaborar un estudio básico de seguridad y salud.

Pese a ello, el juzgado a quo, razona en el indicado fundamento de derecho duodécimo, para condenar de forma solidaria a la Promotora demandada, que en el centro de trabajo había empresas concurrentes y por ello considera la responsabilidad solidaria de la mercantil BLANCO AÑIL CAPARRÓS RAMÍREZ, SL., ya que no se cumplieron las tareas de coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principio de la acción preventiva que se recogen en el art.15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.

Pero, sin embargo, como alega la propia parte recurrente en su recurso y se constata en los hechos declarados en la sentencia recurrida, ningún incumplimiento establece como probado por parte de la mercantil Promotora recurrente, ni tampoco aparece que hubiera empresas concurrentes realizando trabajos en la obra al mismo tiempo, la única empresa realizando trabajos y contratada era ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, SL., como contrata principal y única.

Además, en el fundamento de derecho la sentencia recurrida también parte de determinadas cuestiones que sí han sido probadas, así establece: (...) no se ha desplegado actividad probatoria en aras de determinar la condición de contratada o subcontratada)".

Apareciendo la demandada ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L., claramente identificada como empresa

"contratista".

A lo que procede añadir que cuando el Juzgador a quo, indica que la recurrente no cumplió con las obligaciones de coordinación que se establecen en el artículo 3 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, relación con el artículo 9.b) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, no ha tenido en cuenta que no existían empresas concurrentes, ya que el referido artículo 3 siempre se refiere a que en el centro de trabajo exista más de una empresa realizando trabajos, con expresiones como: apartados a) y b) "empresa concurrentes", apartado c) "interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo" y apartado d) "empresas concurrentes", y el 9.b) se refiere igualmente a la coordinación de los contratistas y en su caso subcontratista.

Por el contrario, se constata que la empresa recurrente BLANCO-AÑIL CAPARRÓS RAMÍNEZ, S.L. cumplió con sus obligaciones de "Elaborar un estudio básico de seguridad y salud", que además identifica el riesgo de caída al mismo nivel y las medidas preventivas que deben ser adoptadas, por lo que ningún reproche se puede hacer al mismo. ( Artículo 4 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre). Y, aunque en el presente caso no había empresas concurrentes, solo una que realizaba trabajos, se procedió al nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud, solo necesario en el caso de que existan diferentes empresas realizando trabajos. ( Artículo 3 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre).

El accidente que nos ocupa en ningún caso se produce por una falta de coordinación en obra, ya que únicamente había una empresa desarrollando trabajos, sino por un tropiezo del trabajador al mismo nivel, no entrando en dilucidar si fue por una temeridad del trabajador o por una falta de orden y limpieza, aunque a este respecto la Inspección de trabajo es clara, ya que en su informe establece que no se pudo constatar la existencia de responsabilidad empresarial, añadiendo que, es lógico que en una actividad como la retirada de materiales del desencofrado existan materiales en el suelo que deben ser recogidos, lo que puede conllevar un tropiezo si el trabajador en cuestión no ha prestado la atención debida sobre el entorno que le rodea.

Por lo expuesto, entendemos que no está justificado el incumplimiento que se le imputa a la empresa recurrente BLANCO-AÑIL CAPARRÓS RAMÍREZ, S.L., que como Promotora cumplió con todas las exigencias legales conforme a la legislación ya indicada, lo que conlleva a estimar el recurso de suplicación eximiéndola de responsabilidad solidaria junto con la única contratista existente en la obra ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L., al no considerarse infractora de normativa alguna.

TERCERO.Es significativa la reciente sentencia de la Sala IV de lo Social de TS de 23 de enero de 2025 (RCUD núm. 2396/2022 ),sobre recargo de prestaciones económicas y responsabilidad de la empresa principal. La cuestión principal radica en determinar si la empresa principal, Central Forestal SAU, debe asumir responsabilidad solidaria en dicho recargo, a pesar de que no tenía trabajadores propios en el lugar del accidente ni intervenía directamente en la ejecución de la tarea.

La doctrina jurisprudencial sobre el recargo de prestaciones aparece resumida en la STS de 18 de septiembre de 2018 rcud 144/2017:

«a) La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las contratistas o subcontratistas.

b) La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la empresa principal.

c) La empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones, aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.

d) En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.

e) Que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.

f) Es errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables.».

En la valoración del caso concreto: El artículo 24.3 de la LPRL impone a la empresa principal el deber de vigilancia cuando la actividad se lleva a cabo en uno de sus centros de trabajo. Sin embargo - considera el TS -, esto no implica que cualquier accidente laboral ocurrido en dicho centro y relacionado con una actividad externalizada genere automáticamente su responsabilidad en cuanto al recargo de prestaciones. Para ello, es imprescindible que la empresa principal sea la infractora, es decir, que haya incumplido una norma de seguridad laboral cuya vulneración haya sido la causa del accidente.

En este sentido el TS en la sentencia indicada argumenta que: «En el supuesto enjuiciado, el accidente se produjo en un bosque. En él no había ningún trabajador de la empresa principal. Solamente prestaban servicios el encargado de la cuadrilla y tres trabajadores más. Todos ellos habían sido contratados por la empresa contratista. En la ejecución de esa prestación de servicios (la tala de árboles) no se requería de una coordinación empresarial. Si un accidente laboral consistente en la tala de un pino que, al caer, golpea a un trabajador que se había introducido en la dirección de la caída buscando su motosierra, ocurre en un campo donde la empresa principal no tiene ningún medio personal ni humano, no es posible imponer a la empresa principal un recargo prestacional derivado del deber de vigilancia de las normas de seguridad en el trabajo».

Así, lo determinante es establecer si el accidente se debió a una infracción atribuible a la empresa principal y dentro de su ámbito de responsabilidad. Para ello, es esencial determinar si esta ostenta la condición de empresa infractora. Analizados estos aspectos, debe concluirse que no hubo un incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo por parte de la empresa principal que haya provocado el accidente. En definitiva, al no ser considerada empresa infractora, no puede exigírsele responsabilidad en relación con las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas del accidente objeto de análisis.

El Tribunal desestima el recurso y confirma la sentencia del TSJ del País Vasco que, de 24 de marzo de 2022, rec. suplicación 286/2022, que la condena solidaria, exonerando a Central Forestal SAU., del recargo, argumentando que el accidente ocurrió en un entorno ajeno a la empresa principal y sin necesidad de coordinación entre ambas empresas.

También procede citar la sentencia del TSJ Castilla y León de 3 de octubre de 2016, argumentado que: (...) "En este caso estamos ante una obra de construcción, expresamente incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997 (artículo 2.1.a en relación con anexo I, puntos d , h y k) en la que Cremyco Fillings tenía la condición de promotor. Bajo el concepto de promotor, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación , se entiende "cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título". En definitiva, promotor es "cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice la obra", como expresamente se dice por la normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales, concretamente en el artículo 3.b de la Ley 32/2006 , reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y en el artículo 2.c del Real Decreto 1627/1997 , por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Este concepto incorpora el contenido del artículo 2.b de la Directiva 92/57/CEE , relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles, si bien en el Derecho de la Unión el término utilizado (en la versión castellana de la Directiva) es el de "propiedad". Es cierto que la terminología varía significativamente entre diferentes versiones lingüísticas, como puede ser "client" en la versión en inglés o "maître d'ouvrage" (por contraposición a "maître d'oeuvre") en la versión en francés, pero la definición del concepto es la misma y éste se ha trasladado al Derecho español mediante la figura del promotor. Pues bien el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 , que incorpora la Directiva 92/57/CEE al Derecho español, establece como obligación propia del promotor de las obras la designación de un coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, y de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra cuando en ésta intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. Además, los artículos 4 y 5 establecen, como obligación del promotor, que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud (o un estudio básico de seguridad y salud, según los casos). Este estudio, en el que se debe especificar el desarrollo de la obra y las medidas de prevención a adoptar en cada momento, con el correspondiente presupuesto cuantificado, debe ser elaborado, por orden del promotor, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de elaboración del proyecto de obra o, si no existe, por el técnico competente que designe el promotor. Posteriormente el contratista de la obra debe elaborar un plan de seguridad y salud "en aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico" (artículo 7), donde se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.Ese proyecto debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, salvo en el caso de obras de las Administraciones públicas, en las cuales el coordinador solamente informa y es la propia Administración la que también aprueba el plan. Al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, que es designado por el promotor y actúa por cuenta del mismo, le corresponden, entre otras funciones (artículo 9), coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva, organizar la coordinación de actividades empresariales, coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Simplemente debe añadirse que cuando no fuese necesaria, por no concurrir los requisitos normativos previstos para ello, la designación de coordinador en fase de ejecución de la obra, sus funciones son asumidas por la dirección facultativa de la obra.

Por otra parte, la coordinación de actividades empresariales está regulada en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales , en materia de coordinación de actividades empresariales. En estas normas se establecen obligaciones de coordinación al empresario titular del centro de trabajo, que está obligado a adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. Los artículos 6 , 7 y 8 del Real Decreto 171/2004 regulan las obligaciones preventivas del empresario titular del centro de trabajo. Y el propio Real Decreto 171/2004 nos dice en su disposición adicional primera que en las obras de construcción regidas por el Real Decreto 1627/1997:

- La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre .

- Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa.

-Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales , así como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra. Por tanto, el promotor, cuando se trata de obras de construcción, tiene un marco estricto de obligaciones a partir de las figuras de los coordinadores de seguridad y salud y del estudio de seguridad y salud." (...).

En consecuencia, se trata de determinar qué empresarios incumplieron sus obligaciones preventivas, siempre y cuando dicho incumplimiento esté en la cadena causal del accidente, de forma que han de ser declarados responsables solidarios del recargo todos los empresarios a los que sea imputable un incumplimiento que se encuentre en dicha cadena causal y no aquellos otros a los que tal tipo de incumplimiento no sea imputable.

Por último, la propia sentencia recurrida cuando analiza la relación de causalidad, indicada que "(...) existe relación de causalidad cuando resulta acreditado que de haberse adoptado las medidas preventivas necesarias se hubiera evitado el riesgo, lo que en el caso de autos se traduce que, de haber cumplido la empresa con el deber de mantener el orden y la limpieza en la zona de ejecución de los trabajos de recogida de material empleado para el encofrado más que probable que el trabajador no se hubiera tropezado, lo que hubiera evitado que cayera al suelo y se dañara la cabeza del radio y el codo.".

De lo que se deriva que no existe responsabilidad alguna para la empresa promotora recurrente, más aún, como se ha afirmado anteriormente, el Estudio Básico de Seguridad y Salud elaborado por la misma contemplaba como riesgo derivado de los trabajos de encofrado la caída al mismo nivel, y como medida preventiva se establecía claramente que se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los mismos.

Por todo lo razonado, procede estimar el primer motivo del recurso interpuesto por la sociedad mercantil BLANCO-AÑIL CAPARRÓS RAMÍREZ, S.L., eximiéndola de toda responsabilidad, ya que ninguna norma incumplió en el accidente acaecido para que se le considere sujeto infractor.

Estimado el primer motivo, se hace innecesario entrar al análisis del segundo motivo del recurso referido al porcentaje aplicar en el concepto de recargo de prestaciones.

CUARTO. Recurso de suplicación de la empresa ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, SL.

La empresa demandada condenada recurre en suplicación la sentencia dictada el 13 de enero de 2023 del Juzgado de lo Social nº 1 de Almería, que, estimando la demanda del trabajador, declara la responsabilidad de las empresas y condena, con revocación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social impugnada, a imponer un recargo en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo causadas a favor del trabajador D. Salvador en cuantía de un 40%.

El único motivoalegado al amparo del art. 191. C) LRJS, al estimar infringidos los arts. 53, 156.4, b y 164.1 del RDL 8/2015, de 30 de octubre LGSS y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita.

A pesar de la deficiente formalización del recurso, lo cierto es que interpone el recurso de suplicación en dos motivos. El primero referido a la posible conducta del trabajador a fin de declarase la compensación de culpas. La segunda denuncia la infracción del art. 53.1 LGSS, a fin de que se declare la prescripción, respecto a la cuantía económica de las prestaciones que le corresponde percibir al trabajador, derivadas del recargo de prestaciones. En concreto, solicita, exclusivamente, se declare la prescripción de las prestaciones derivadas de la Incapacidad Temporal (IT).

Pero en el suplico de la interposición del recurso, solicita se declare que no procede la imposición de recargo de las prestaciones derivado de incumplimiento empresarial a la empresa Estructuras del Levante Almeriense, SL., por el accidente sufrido por el trabajador D. Salvador, al apreciar la existencia de imprudencia temeraria del trabajador como causa de exoneración de la responsabilidad. Y subsidiariamente caso de que la conducta y actuación del trabajador no se considere de tal relevancia en el accidente, para que por aplicación del art. 16.4 LGSS se exonere de responsabilidad a la empresa, se imponga un recargo del 30% sólo sobre las prestaciones de incapacidad permanente, al considerar prescritas las prestaciones de incapacidad temporal con base en la fecha de solicitud instada por el trabajador.

Respecto de primer motivo por el que alega la infracción por errónea aplicación del artículo 156.4.b) LGSS, al negarse la conducta de imprudencia temeraria del trabajador en la producción del accidente, o la imprudencia en exceso profesional del trabajo, a fin de ser exonerada de responsabilidad alguna.

Partiendo del inalterado relato fáctico, de los que conviene destacar los siguientes:

1º/ En el hp6º, se indica que: "el trabajador sufrió un tropiezo que motivó su caída lo que produjo la fractura de cabeza de radio y luxación de codo. En ese momento, el trabajador accidentado se encontraba recogiendo el material (tablas y puntales) que había en el suelo en la planta del sótano del lugar donde se estaban ejecutando los trabajos de construcción".

2º/ En el hp 8ª, la empresa principal no tenía contemplada la prevención para las caídas al mismo y distinto nivel, a pesar de tener detectado dicho riesgo. Si lo tenía el estudio básico de seguridad y salud elaborado por la empresa promotora, en la 2faena de desencofrado, con especial referencia al orden y limpieza en esta tarea, ante el riesgo de caída al mismo nivel.

3º/ En el hp 9º, se destaca la existencia de falta de orden como causa del accidente, según el informe de investigación del servicio de prevención de la empleadora, que hace suyo la inspección de trabajo.

4º/ En el FJ 8º, con valor de hecho probado, el juzgador entiende lógica y defiende su convicción de que el tropiezo se produjo con alguno de los materiales que se encontraban en el suelo, tablas, puntales, etc.

El trabajador carecía de información sobre las medidas preventivas que debía adoptar para evitar las caídas al mismo nivel, tal y como se recoge en el fundamento de derecho noveno, con valor de hecho probado.Y sigue, que las empresas demandadas no contaban con persona competente para la vigilancia, control y dirección de la labor de desencofrado. No consta acreditado, al contrario, que la zona estuviese ordenada y limpia.

En consecuencia, de todos los hechos probados y lo argumentado en la fundamentación jurídica con verdadero valor de hechos probados, se evidencia el incumplimiento general de la demandada de las normas de prevención, y su relación causal con el accidente, sin que entre los hechos probados encontremos referencia alguna a la imputada imprudencia temeraria del trabajador, ni al carácter fortuito de la caída.

Por lo que procede la desestimación del motivo, al entender que no se ha infringido la norma sustantiva ni de la jurisprudencia que se alega en el mismo por la empresa recurrente, debiendo ser confirmado el pronunciamiento de instancia en este punto.

QUINTO.El segundo motivo alegado por la empresa demandada condenada recurrente radica en determinar el "dies a quo" para el cómputo del término prescriptivoaplicable a la acción ejercitada de recargo en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el trabajador y sus efectos económicos, en concreto las prestaciones derivadas de la situación de Incapacidad Temporal (IT).

El artículo 53.1 LGSS establece que: El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

La jurisprudencia unificadora interpreta que la acción tendente al reconocimiento del derecho al recargo tiene, conforme al art. apdo. 1 del 53 de la LGSS,un plazo de prescripción de cinco años, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate o desde el momento en que la acción pudo ser ejercitada «(...) un único día inicial del cómputo de la prescripción de la acción para exigir el recargo de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo, a contar desde la fecha en que finaliza el último expediente incoado ante la Seguridad Social en reclamación de prestaciones.

Se ha de destacar que la sentencia TS Sala 4ª (Pleno) de 18 de diciembre de 2015, rcud 2720/2014, en la que se dilucida la cuestión de si el plazo de prescripción -de cinco años- para ejercitar el derecho a reclamar el recargo de las prestaciones de Seguridad Social, por falta de medidas preventivas, respecto de prestaciones de incapacidad permanente (IP), es único y se inicia en la fecha de reconocimiento por resolución firme de la primera prestación de IT (derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional) o, por el contrario, el cómputo del plazo de cinco años se vuelve a computar con cada una de las prestaciones reconocidas, en función de la agravación de las dolencias.

Se argumenta que frente a los criterios que se deducían de pronunciamientos anteriores de la misma Sala -criterios que habían dado lugar a las adaptaciones correspondientes en los criterios de gestión utilizados por la Administración de la Seguridad Social para adecuar su actuación a las tesis judiciales-, conforme a los que existe un único día inicial del cómputo de prescripción de la acción para exigir el recargo de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo, a contar desde el último expediente incoado ante la Seguridad Social en reclamación de prestaciones [por lo cual se venía considerando que, en los casos en que existiese una revisión de la prestación inicialmente reconocida, por agravación, el día inicial (dies a quo) para el ejercicio de la acción del recargo se habría de computar a partir del nuevo reconocimiento de prestaciones derivadas de la inicialmente reconocida], en la STS de 18 de diciembre de 2015 se considera que el plazo de prescripción es único, de manera que su cómputo ha de iniciarse desde el momento en el que, por primera vez, recae resolución judicial o administrativa firme reconociendo la existencia de una contingencia profesional como causante de una prestación de IP, sin que el hecho de que, como consecuencia de la revisión por agravación, se reconozcan nuevas prestaciones de IP, reabran de nuevo el plazo para un nuevo ejercicio de la acción para reclamar la aplicación del reintegro.

Así la citada sentencia ha establecido que se considera doctrina, la de que el "dies a quo" para la prescripción del recargo coincide con aquél en el que por primera vez recae resolución judicial o administrativa firme reconociendo la existencia de una contingencia profesional como causante de una prestación permanente. Reconocido el derecho al recargo, las prestaciones que se reconozcan en el futuro por la misma contingencia llevarán anudado el derecho al mismo.

En el supuesto enjuiciado, para determinar la fecha a partir de la cual debe contarse el plazo, debemos partir del inalterado relato fáctico de que se constata que:

El accidente de trabajo se produjo el día 15 de enero de 2019.

El trabajador accidentado causó baja médica el mismo día 15 de enero de 2019, iniciando proceso de Incapacidad Temporal derivado de accidente de trabajo.

Incoado expediente de incapacidad permanente por el INSS, se dictó resolución, con fecha de salida el 21 de octubre de 2020, por la que se reconocido al trabajador en situación de IPT para su profesión habitual, con derecho a percibir la prestación económica que se fija, con fecha de efectos económicos el 19 de octubre de 2020.

El trabajador instó expediente administrativo de recargo de las prestaciones por escrito de 18 de mayo de 2021.

La parte recurrente conforma la inexistencia de prescripción respecto de las prestaciones de incapacidad permanente(IPT), pero mantiene la prescripción de las prestaciones de incapacidad temporal (IT), con base en lo dispuesto en el apartado segundo del citado artículo 51.1 LGSS, del que se desprende que:

"Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operara en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho, o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 55".

Por lo que mantiene que si la solicitud del trabajador se formuló el día 18/05/2021, el derecho al percibo económico de las prestaciones de incapacidad temporal (IT) no puede ir más allá de los tres meses anteriores a su presentación, esto es el mes de febrero de 2021, por lo que considera que las prestaciones derivadas de la IT están prescritas.

Pero es evidente que la parte recurrente yerra en su consideración de lo acontecido en el caso enjuiciado, así como en la aplicación de lo previsto en el apartado segundo del citado artículo 53.1 LGSS, al ser evidente que no nos encontramos en un supuesto de revisión, sino en una calificación inicial del trabajador en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, derivada de accidente de trabajo sufrido el 15 de enero de 2019.

Incluso podríamos decir que la declaración de incapacidad permanente se ha producido en un breve periodo de tiempo, al haber transcurrido desde el accidente de trabajo acontecido el 15 de enero de 2019, inició de incapacidad temporal la misma diana la resolución administrativa de IPT el 19 de octubre de 2020, poco menos de dos años. En efecto, consta que el trabajador inició expediente administrativo de recargo de prestaciones el 18 de mayo de 2021, es evidente que la solicitud de recargo en las prestaciones de incapacidad temporal de 15 de enero de 2019, no están prescritas. Por lo que procede confirmar el pronunciamiento de instancia y, en consecuencia, desestimar el segundo motivo alegado por la empresa condenada recurrente

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación