Sentencia Social 435/2024 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Social, Rec. 241/2024 de 30 de septiembre del 2024

PRIMERO.-La sentencia de instancia ha declarado la improcedencia del despido de la actora.

Contra dicha sentencia interpone recurso de suplicación la empresa demandada, recurso impugnado por la demandante.

SEGUNDO.-El primer motivo de recurso, al amparo del artículo 193.a) LRGS, denuncia la infracción de los artículos 24.1 y 120 de la CE, 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 209 de la LEC y 97.2 de la LRJS, por falta de motivación en la sentencia, más concretamente, en el razonamiento contenido en el fundamento jurídico sexto con relación a la antigüedad reconocida, fijada en la fecha 21 de mayo de 2019, en la que la demandante inició la prestación de servicios por cuenta de Laudamotion GMBH.

La recurrente, después de reproducir literalmente el razonamiento que considera insuficiente, alega que adolece de falta de motivación, al no hacer ninguna referencia a la institución jurídica de la sucesión de empresa, lo que le genera una manifiesta indefensión.

Ello no obstante, basta leer el razonamiento cuestionado como insuficiente para constatar que en el mismo no fundamenta la antigüedad reconocida en la sucesión de empresa, sino -y reproducimos literalmente el fundamento jurídico- en el hecho de "que existen en autos elementos suficientes para considerar que la relación laboral que la demandante mantuvo con Lauda Europe LTD era la misma que había venido manteniendo Laudamotion GMBH y que así, implícitamente, lo venía admitiendo la demandada. El principal de ellos es la carta de fecha 16 de septiembre de 2020 redactada en lengua inglesa y que consta en autos acompañada de traducción a lengua española como documento nº 6 de la parte demandante, documento no impugnado de contrario, mediante la cual la empresa Lauda Europe LTD efectuó una oferta de empleo a la demandante con efectos de 1 de octubre de 2020 ofreciendo respetar todos los términos y condiciones de su contrato vigente con Laudamotion GMBH."

Por consiguiente, este primer motivo de recurso debe ser desestimado de plano, ya que el reconocimiento de la antigüedad no se fundamenta en una hipotética sucesión de empresa ( cuya apreciación no habría motivado suficientemente la sentencia, según denuncia la recurrente), sino en la oferta de empleo que la recurrente efectuó en fecha 16.9.20, "ofreciendo respetar todos los términos y condiciones de su contrato vigente con Laudamotion GMBH",que consta como hecho probado 3º, no impugnado por la recurrente.

TERCERO.-El segundo motivo de recurso, al amparo también del artículo 193.a) LRJS, denuncia la infracción de los artículos 80.1 de la LRJS y el artículo 400 de la LEC, por haberse admitido por el juez a quo hechos nuevos relativos a la antigüedad postulada, los cuales no constan en el escrito de demanda ni en ulterior ampliación, causando indefensión.

Esta alegación de indefensión, ya aducida en la instancia, consta expresamente desestimada en el fundamento jurídico primero, mediante un extenso razonamiento al que nos remitimos, al no haber sido desvirtuado por la recurrente.

Con independencia de tal razonamiento y previamente al mismo, la Sala entiende, en congruencia con lo razonado en el fundamento anterior que, constando oportunamente invocada en el primer hecho de la demanda la antigüedad postulada de 21.5.19, y siendo el fundamento del reconocimiento de tal antigüedad por parte del juzgador de instancia la ya referida oferta de empleo que la recurrente efectuó en fecha 16.9.20, "ofreciendo respetar todos los términos y condiciones de su contrato vigente con Laudamotion GMBH",que consta como hecho probado 3º (no impugnado por la recurrente), no aprecia la Sala el reproche de alegación tardía de un hecho relevante por cuanto la fecha de antigüedad reconocida ya fue invocada en la demanda, sin que pueda concebirse que haya generado indefensión la aportación de una oferta de empleo emitida por la propia recurrente, cuya autenticidad -reiteramos- no ha cuestionado.

CUARTO.-El tercer motivo de recurso, aún al amparo del artículo 193.a) LRJS, denuncia la infracción del art. 12 LEC y 24 de la Constitución Española, "por haberse permitido la continuación del acto de la vista sin que estuviese codemandada la supuesta entidad empresarial cedente Laudamotion GMBH".

Sostiene la recurrente, en síntesis, que la empresa Laudamotion debía de haber sido llamada al procedimiento al poder ser perjudicada por las consecuencias derivadas de la sentencia de instancia, en referencia a "la existencia de una sucesión de empresa entre ambas compañías que podría dar lugar .. a la aplicación de los efectos, ciertamente, importantes del art. 44 ET entre empresa cedente y cesionario".

Esta tercera denuncia, como la primera, debe ser rechazada de plano y por el mismo motivo: la sentencia de instancia no fundamenta la apreciación de la antigüedad postulada en base a una hipotética sucesión de empresa, cuestión sobre la que no se pronuncia, sino en la oferta de empleo efectuada por la recurrente a la demandante de "respetar todos los términos y condiciones de su contrato vigente con Laudamotion GMBH",oferta que en absoluto implica a dicha empresa, antecesora en el empleo de la demandante, sino exclusivamente a la recurrente, que es la que se comprometió.

Hay que señalar, además, como acertadamente pone de manifiesto la demandante en su escrito de impugnación, que esta alegación de litisconsorcio pasivo necesario no fue alegada por la recurrente en el acto del juicio, por lo que tampoco podría fundamentar la pretendida nulidad de actuaciones.

QUINTO.-El cuarto motivo de recurso, ya al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se pretende la modificación del hecho declarado probado décimo, a fin que se añada a su actual redactado un párrafo del siguiente tenor literal:

"En dicha reunión, la demandante reconoció no hallarse totalmente recuperada así como no haber solicitado del facultativo de la Seguridad Social la emisión de parte de alta con el fin de acceder a un permiso sin sueldo de varios meses de duración."

Razona la recurrente que se trata, ni más ni menos, de incorporar al relato de hechos probados la afirmación recogida por el magistrado de instancia en los fundamentos jurídicos de la sentencia, en base al contenido de los documentos número 16 y 16 bis de su ramo de prueba (Documento número 199 y 198 del expediente digital - Folio 1 de dichos documentos).

Y, efectivamente, en el FJ 2º se recoge que "En el curso de dicha reunión admitió no hallarse al 100%" haciendo referencia a la reunión cuyo acta se recoge en el Documento número 16 del ramo de prueba de esta parte (anteriormente indicado).",y en el FJ 4º, que "La demandante, según reconoció en el curso de la conversación que mantuvo con sus superiores, admitió no hallarse totalmente recuperada así como haber solicitado del facultativo de la Seguridad Social la emisión de parte de alta con el fin de acceder a un permiso sin sueldo de varios meses de duración".

Pero, precisamente por ello, al constar ya recogidos en la fundamentación jurídica los hechos cuya inclusión en el estricto relato fáctico se pretende, ello determina su innecesariedad y, con la misma, la desestimación de la revisión postulada, por cuanto "los elementos de hecho que puedan contenerse en los fundamentos jurídicos de una sentencia tienen el valor de hecho probado aun cuando estén ubicados en lugar inadecuado de la misma. ( STS 4º22/12/2011, Rec. 216/10 )".

En efecto, tales hechos ya tienen el postulado valor de "hecho probado" y, por consiguiente, pueden ser invocados por la recurrente para fundamentar su censura jurídica, sin necesidad de incluirlos en el relato fáctico.

SEXTO.-En el primer motivo de censura jurídica, al amparo del artículo 193.c) LRJS, denuncia la recurrente la infracción del artículo 44 del ET.

La extensa censura jurídica, según se afirma en su inicio, "interesa la revisión de la interpretación realizada por el magistrado a quo del art. 44 ET ",al entender -erróneamente como ya se ha puesto de manifiesto- que la apreciación de la superior antigüedad la fundamenta la sentencia en la apreciación de subrogación empresarial entre la empresa Laudamotion y Lauda Europe, cuando ello no es así, hasta el punto que en el fundamento jurídico sexto, en el que se analiza y resuelve tal cuestión, no se cita ni el art. 44 ET ni la palabra "subrogación".

Por consiguiente, no habiendo razonado ni concluido la sentencia de instancia que concurriera la subrogación cuestionada por la recurrente, la Sala no puede ni tan siquiera entrar a considerar ni resolver la censura jurídica que cuestiona un fundamento o conclusión jurídica que la sentencia no contiene, por lo que, por consiguiente, debe ser desestimada por carencia de objeto.

SÉPTIMO.-El sexto y séptimo motivos de recurso, segundo y tercero de censura jurídica, al amparo del ar 193.c) LRJS, denuncia la infracción del artículo 54.2.b) y d) y 55 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el Reglamento 965/12 de la Comisión de 5.10.12, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento nº 216/2008 del Parlamento Europeo.

Ambos motivos, aun habiendo sido formulados por separado, se analizan y resuelven conjuntamente al tener por objeto combatir el criterio del magistrado a quo relativo a la inexistencia de un incumplimiento contractual por parte de la demandante consistente en una desobediencia e indisciplina en los términos del artículo 54.2.b) ET o una grave transgresión de la buena fe contractual, y en relación a la falta de proporcionalidad del despido impugnado.

1.- Previamente a analizar y resolver esta censura jurídica, referida a la imputación de desobediencia, procede recordar, en primer lugar, las imputaciones vertidas en la carta de despido, en los términos sintetizados en el IIº FJ:

"La empresa demandada procedió al despido disciplinario de la trabajadora demandante imputándole la comisión de dos faltas, una de transgresión grave y culpable de la buena fue contractual y otra de indisciplina y desobediencia en el trabajo. La empresa demandada en la carta de despido imputó a la trabajadora demandante los siguientes hechos: no haber presentado, pese a haber sido requerida en varias ocasiones para ello, un informe elaborado por un médico examinador aéreo que certificase su aptitud para desempeñar las funciones propias de su puesto de trabajo de tripulante de cabina de aeronave al haber permanecido en situación de IT durante más de 21 días y de acuerdo con lo previsto en el Sección 1.5 del Manual de Procedimientos de Seguridad y Emergencias (SEP) de la empresa; haber solicitado al médico de la Seguridad Social la emisión de parte médico de alta pese a no encontrarse en condiciones de trabajar, conclusión que la carta de despido extrae de la petición de disfrute de un permiso de tres o cuatro meses sin sueldo efectuada la demandante en fecha 2 de julio de 2021, mientras que, por otra parte, el 14 de julio de 2021 comunicó a la empresa su disposición para trabajar a la vez que solicitada un permiso sin sueldo que justificó en razones personales."

2.- A continuación, destacamos las dos razones que han llevado al juzgador de instancia a declarar la improcedencia del despido, expuestas en el tercer fundamento jurídico, que parcialmente se reproduce a continuación:

"En el caso presente, de los hechos que se exponen en la carta de despido, únicamente podría reputarse como desobediencia la ausencia de entrega por parte de la trabajadora demandante de un informe de capacitación para volar suscrito por un examinador aeromédico. Sin embargo, la demandante en el curso de la conversación mantenida de forma telemática el día 21 de julio de 2021 con D. Alfredo y Dña. Nicolasa no se negó a presentar dicho informe. La demandante manifestó que el médico al que acudió en anteriores ocasiones podría tardar unos 20 días en darle cita, sugiriéndole la parte empresarial que quizá en Palma pudiera lograr una cita antes con otro facultativo. La transcripción de la conversación que la demandante mantuvo con sus superiores evidencia que también se alcanzó acuerdo en cuanto al abono de los costes derivados de dicho reconocimiento.

No obstante, de considerase a tenor de los términos del burofax remitido por la demandante a la empresa demandada en fecha 25 de julio de 2021, que la demandante manifestó negativa a someterse al reconocimiento médico, la sanción disciplinaria del despido aparece como completamente desproporcionada. La demandante, como refleja el contenido de la conversación del 21 de julio de 2021, era consciente y conocedora de que sin una certificación médica específica referente a su capacitación para desempeñar tareas de vuelo, que son las propias de su profesión, no podría incorporarse a la programación de turnos. La negativa de la demandante a someterse al pertinente examen médico podría conducir a la suspensión de su contrato de trabajo de conformidad con lo previsto en el Art. 47.1 ET o incluso, a la extinción de su contrato de trabajo al amparo de lo previsto en el Art. 52.a) ET , pero nunca al despido disciplinario. "

Ya en el 4º fundamento jurídico y en relación a la imputación de transgresión de la buena fe contractual, razona el magistrado de instancia en los siguientes términos:

Por lo que se refiere a la transgresión grave y culpable de la buena fe contractual, ciertamente la trabajadora no obró con la más absoluta transparencia y claridad en relación con su estado de salud durante las semanas finales de la baja médica y aun tras la emisión del parte de baja. La demandante, según reconoció en el curso de la conversación que mantuvo con sus superiores, admitió no hallarse totalmente recuperada así como haber solicitado del facultativo de la Seguridad Social la emisión de parte de alta con el fin de acceder a un permiso sin sueldo de varios meses de duración, petición que tiene encaje legal dentro de la institución de la excedencia voluntaria que se regula en el Art. 46 ET . Habida cuenta de que la relación entre empresa y trabajadora se hallaba dañada como consecuencia de la legítima pretensión de reintegro de cantidades indebidamente percibidas que Lauda Europe LTD dirigió a Dña. Enriqueta, es muy probable que la petición de disfrute de la excedencia voluntaria se hallara en la falta de deseo de la trabajadora a reincorporarse a su puesto de trabajo. Por lo tanto, el enjuiciamiento de la conducta de la demandante desde el punto de vista disciplinario, que es el que nos ocupa, debe hacerse considerando si podía haber tenido o no derecho a disfrutar de la excedencia voluntaria que solicitó."

Y concluye más adelante invocando la teoría gradualista, desde la cual y atendiendo a la controversia existente entre la demandante y la empresa, así como a la expectativa razonable de poder acceder a la excedencia voluntaria, considera que la sanción de despido disciplinario es desproporcionada.

3.- La empresa recurrente, en el sexto motivo, después de recordar los sucesivos requerimientos efectuados a la actora y reflejados en el relato fáctico, afirma que a fecha del despido 28 de julio de 2021, tampoco constaba que la actora hubiera solicitado dicha visita ante el especialista médico aeronáutico, por lo que, al hacer caso omiso a dicha obligación, desde el 14 de julio no pudo prestar servicios en la por carecer de la certificación necesaria que precisamente se obtiene a través del examen médico exigido por ambas normativas cuya infracción se denuncia, por lo que la actora incurrió en una desobediencia grave al negarse a realizar un examen médico requerido para la prestación de servicios pese a conocer su obligatoriedad.

Ya en el séptimo motivo, centrado en la transgresión de la buena fe contractual, recuerda la recurrente que el correcto estado de salud de los tripulantes es un requisito de seguridad insalvable para su incorporación al puesto de trabajo por cuanto un fallo en la comprobación de dicho estado de salud podría llevar a consecuencias catastróficas en términos de vidas humanas, en tanto en cuanto los tripulantes son garantes de la seguridad de un vuelo, por lo que este incumplimiento revista de una enorme gravedad y que resulta transgresor de la buena fe contractual como es el hecho de que la actora falseara la realidad de su estado de salud, siendo así su negativa a someterse a un reconocimiento por un médico especialista aeronáutico venía dada por ese previo falseamiento de su situación médica, todo lo cual debiera permitir salvar la proporcionalidad que el magistrado a quo entiende que no concurre.

Discrepa la recurrente del criterio de la sentencia, dicho sea en estrictos términos de defensa, cuando razona que la demandante era "titular de una expectativa de derecho al acceso a una situación de excedencia voluntaria, por cuanto no acreditaba un año de antigüedad en la empresa y el periodo mínimo de disfrute es de cuatro meses, y no de tres.

Añade que no resulta admisible que se pretenda justificar un incumplimiento por parte de la actora relativo a una ocultación y falseamiento de su propio estado de salud por el mero hecho de existiera una controversia judicial entre las partes, lo que en absoluto justifica haber mentido a su médico general y a la propia compañía al solicitar un alta médica sin estar en plenas condiciones de incorporarse a su puesto de trabajo, retrasando acto seguido la realización de un reconocimiento médico por un especialista aeronáutico a los efectos de su incorporación a la operativa.

Concluye, en criterio contrario al del magistrado a quo, que se trata una conducta incumplidora grave que, en aplicación de lo recogido en el artículo 54 del ET es suficientemente justificativa de una medida de despido disciplinario que no puede sino ser calificado como procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración contempladas el apartado 4 del artículo 55 del ET.

4.- Finalmente la demandante, en su escrito de impugnación, se remite a los razonamientos de la sentencia de instancia, que reproduce extensamente.

OCTAVO.-Centrado el debate en estos términos, procede recordar, en primer lugar, los términos de aplicación de la doctrina gradualista, recogidos en nuestra sentencia núm. 312/15, de 30 de octubre, referida a un despido disciplinario.

"Constituye doctrina jurisprudencial reiterada, de la que ofrecen muestra las SSTS de 17 noviembre 1988 , 7 junio 1989 , 28 febrero , 6 abril , 7 mayo y 24 septiembre 1990 y 16 mayo 1991 por citar algunas, que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y la sanción, y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto pues el despido, como máxima sanción que cabe en el marco de la relación laboral, debe reservarse para aquellos comportamientos graves y culpables de especial significación que encajen dentro de los supuestos que el Estatuto de los Trabajadores contempla, siendo necesario para calificar su procedencia conjugar todos los factores de relevancia, como son la existencia de dolo o culpa, la intensidad de la falta, el comportamiento anterior, en su caso, y, en general, las circunstancias concurrentes de toda índole.

Como recoge dicha doctrina jurisprudencial, el despido disciplinario como falta muy grave ha de guardar correspondencia con la entidad de la conducta infractora. De ahí que la extinción de la relación de trabajo por vía disciplinaria sólo resulta admisible en presencia de una trasgresión grave de sus obligaciones contractuales por parte del trabajador. El incumplimiento laboral ha de ser grave y culpable para merecer el despido, tal como exige de forma expresa el art. 54.1 del ET (RCL 1995, 997). En este sentido las SSTS de 17 noviembre 1988 ( RJ 1988, 8598), 7 junio 1989 , 28 febrero ( RJ 1990, 1248), 6 abril ( RJ 1990, 3121), 7 mayo y 24 septiembre 1990 y 16 mayo 1991 (RJ 1991, 4171) por citar algunas, declaran que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista , buscando la necesaria proporción entre la infracción y la sanción, y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto pues el despido, como máxima sanción que cabe en el marco de la relación laboral, debe reservarse para aquellos comportamientos graves y culpables de especial significación que encajen dentro de los supuestos que el Estatuto de los Trabajadores contempla, siendo necesario para calificar su procedencia conjugar todos los factores de relevancia, como son la existencia de dolo o culpa, la intensidad de la falta, el comportamiento anterior, en su caso, y, en general, las circunstancias concurrentes de toda índole."

A la luz de esta doctrina, y avanzando ya nuestra decisión, compartimos con el magistrado de instancia que concurren circunstancias que, en aplicación de la referida doctrina gradualista, determinan que el despido disciplinario impugnado deba ser calificado como improcedente, dado que, de la lectura de la extensa declaración de hechos probados, se hace evidente la concurrencia de diversas circunstancias, explícitas o implícitas en el razonamiento del magistrado de instancia, que degradan su gravedad.

- En primer lugar, debe señalarse que la recurrente fundamenta ambas censuras jurídicas en base a unas imputaciones a la demandante -ocultación y falseamiento de su propio estado de salud y haber mentido a su médico general y a la propia compañía al solicitar un alta médica sin estar en plenas condiciones de incorporarse a su puesto de trabajo- que, en los términos expresados, ni constan acreditadas en la declaración de hechos probados, ni se infieren de los razonamientos jurídicos.

- Ciertamente, en el IVº FJ, se refleja -con incuestionable valor fáctico- que "la demandante, según reconoció en el curso de la conversación que mantuvo con sus superiores, admitió no hallarse totalmente recuperada así como haber solicitado del facultativo de la Seguridad Social la emisión de parte de alta con el fin de acceder a un permiso sin sueldo de varios meses de duración",pero tal actuación, a lo sumo, puede ser calificada, como acertadamente hace el juez de instancia, como "falta de transparencia y claridad",pero en absoluto justifica los calificativos de "ocultación", "falseamiento de su propio estado de salud"ni la de "haber mentido".

- Lo que se infiere con toda claridad del relato fáctico es que, ante el requerimiento empresarial de reincorporación inmediata previa superación del examen médico aeromédico, la actuación de la demandante responde al intento de proteger su salud, como explicita en el email de 2.7.21 (HP 7º) al considerarse aun en situación de enfermedad ("..como saben he estado enferma ..y parece que va a durar más"),a "solicitar 3,4 meses de permiso no retribuido para poder ponerme bien",petición que, posteriormente y habiendo sido dada de alta médica en fecha 14.7.21 (HP 8º), se concretó en la formal petición en fecha 25.7.21 de un período de excedencia voluntaria de cuatro meses en base al art. 46-2 ET, a la que responde la demandada con el despido disciplinario.

- En contra de lo razonado por la empresa recurrente, es determinante destacar que la demandante sí tenía derecho a la excedencia voluntaria solicitada, al acreditar más de un año de antigüedad (en razón del reconocimiento asumido por la recurrente en la oferta de empleo) y cumplir su petición el requisito de la duración mínima de cuatro meses, lo que incluso permite cuestionar no ya la pretendida máxima gravedad del incumplimiento sino que realmente incurriera en una situación de incumplimiento al comunicar el ejercicio de un derecho que le debía ser reconocido al ajustarse a los requisitos del art. 46-2 RT y responder a un motivo legítimo, como es la protección de la salud.

- Finalmente, la Sala no entiende que la actuación de la demandante generara en ningún momento un riesgo grave para la seguridad aérea, como invoca la recurrente, por cuanto, una vez dada de alta, no pretendió en ningún momento reincorporarse a su actividad sin pasar el reconocimiento aeromédico sino que, al contrario, al remitir el alta médica solicitó el permiso no retribuido por tres meses, y después la excedencia voluntaria, para evitar su reincorporación.

Por todas estas circunstancias, por consiguiente, la Sala considera -a la luz de la doctrina gradualista y validando plenamente el criterio del magistrado de instancia- que no concurren las notas de máxima gravedad que justifican la imposición del despido, sanción máxima que se evidencia manifiestamente desproporcionada, por lo cual el recurso debe ser íntegramente desestimado -con las consecuencias previstas en los artículos 204 y 235.1 de la LRJS- y la sentencia de instancia, plenamente confirmada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,