Sentencia Social 1561/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 812/2025 de 30 de septiembre del 2025

PRIMERO.-En la demanda el trabajador denunciaba la falta de negociación por parte de la empresa de la medida de conciliación que había solicitado, dada la falta de contrapuesta o solución alternativa a la solicitud formulada (un horario de lunes a viernes, en turno de mañana/tarde/moche, sin desplazamiento que supusiera dormir fuera del domicilio familiar), y lo extemporáneo de la respuesta dada (fuera de plazo), además de la vulneración de derechos fundamentales (igualdad, intimidad familiar y protección de la familia) previstos en los artículos 14, 18 y 39.1 de la Constitución Española (CE). En el acto de juicio ratificó la demanda y solicitó un tuno horario fijo, de mañana, tarde o noche, a elección de la empresa, de trabajo en Asturias y sin pernocta fuera del domicilio.

La empresa se opuso a la demanda. Sostuvo que había dado respuesta dentro de plazo legal y ofrecido solución en términos de negociación real. Invocó causas organizativas, probadas y relativas al objeto de su propia actividad empresarial, que justificaban la denegación de la medida solicitada. Rechazó la denunciada vulneración de derechos fundamentales.

La Magistrada de instancia respondió al debate con una sentencia desestimatoria, en la que:

1º. Desestima la invocada falta de negociación, porque tras recibir la solicitud la empresa solicitó documentación, que el demandante le remitió el 19.11.2024, y el 3 del mes siguiente le responde "denegando su solicitud de una forma razonada y justificada," antela imposibilidad de llevarla a cabo, "dejando abierta la posibilidad de estudiar nuevas propuestas"que pudiera hacer el trabajador, que ante esa situación "planteó la presente demanda, sin que presentara propuesta alternativa ante las dificultades de su inicial solicitud".Otorga valor a lo manifestado por la representación legal de la empresa, esto es que "al trabajador se le ofreció prioridad para prestar servicios en Asturias, pero que en ningún caso podían aceptar una prioridad permanente, ante lo imprevisible de los trabajos que constituyen el objeto del contrato con Adif".

2º. Ante la realidad de un imposible acuerdo entre las partes, considera justificada la negativa de la empresa a adoptar la medida de conciliación en los términos solicitados por el trabajador, que (i) "pretende una adaptación de jornada...sin que conlleve desplazamientos fuera de la provincia, lo que afecta a un elemento esencial de su contrato de trabajo, que se constituye sobre la base de esa itinerancia"; y "como él mismo reconoce en la solicitud el centro de trabajo es itinerante....desde el inicio de su relación laboral... su prestación de trabajo ha sido itinerante, con el fin de prestar servicios de mantenimiento y construcción en los diferentes puntos de la catenaria de la zona norte...su actividad consiste en realizar trabajos de mantenimiento en la catenaria de Adif, lo cual significa que pueden surgir averías y obras en cualquier punto de la zona que se gestiona desde esta Delegación. Se trata de una actividad imprevisible que no se puede determinar a priori, ya que depende de la necesidad de las obras y averías que surjan, y para las que la carga de trabajo en Asturias puede ser aproximadamente tan solo del 10% de toda la zona norte, con lo que no se puede garantizar al trabajador una ocupación efectiva prestando el trabajo en zona exclusiva de Oviedo para las habilitaciones que tiene concedidas.(ii) Y no considera realizable la medida solicitada si "lo que pretende es ocupar un puesto en el almacén, donde de forma temporal fue destinado para coadyuvar en trabajos de traslado y mudanza, cuando como se expuso en el acto del juicio por el Delegado Operativo fue un hecho circunstancial y temporal, sin que haya un puesto concreto fijo de almacenero!".

3º. Aventura que es posible que se solapen los turnos de ambos progenitores, pues desde el punto de vista de la situación familiar, la hija nacida en 2023 tiene progenitora que presta servicios desde noviembre de 2024, y con carácter temporal en un centro hospitalario, en turnos rotatorios de mañana/ tarde/noche.

4º. No aprecia más indicio susceptible de incidir en derechos fundamentales que la denegación de la adaptación de jornada solicitada, y como "se ha acreditado que la negativa de la empresa no ha sido caprichosa, sino fundada en una causa razonable, técnica y organizativa"desestima la pretensión en torno a tutela de derechos fundamentales, petición de indemnización incluida.

En desacuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Social, el demandante recurre en suplicación al amparo del motivo previsto en el apartado c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Formula dos denuncias:

1ª. Considera que en la desestimación de la demanda se interpreta y aplica de manera errónea el artículo 38.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Argumenta que (i) la empresa rebasó el plazo legal de negociación (15 días) sin responder a la solicitud con una oposición motivada y por ello entra en juego la presunción legal de la concesión; (ii) no hubo tal negociación, entendiendo por tal el intercambio de información que permita hacer propuestas, ofrecer alternativas, y la empresa se limitó a pedir documentación al trabajador, no le expuso la realidad de necesidades organizativas ni de producción que hubieran podido abrir la vía a múltiples soluciones.

2ª. Tiene por infringidos los artículos 139.1.a) párrafo 2º y el 183.1 y 2 de la LRJS, en relación con los artículos 8, 12 y 40.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, y la doctrina recogida en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 26 de abril de 2023.

Sostiene que una actitud inmovilista como la de la demandada y la falta de voluntad de negociar se traduce en la infracción de los derechos fundamentales, los mismos a los que se refería en el escrito de demanda, y que ello hace al trabajador acreedor de la indemnización solicitada.

Interesa de la Sala sentencia que revoque la de instancia y (/i) declare el derecho del demandante a adoptar la distribución de su tiempo de trabajo de manera que trabaje de lunes a viernes, en turnos de mañana, tarde o noche, sin desplazamiento fuera de la provincia o que conlleve pernocta en lugar distinto a su domicilio; (ii) declare que la empresa ha vulnerado el derecho fundamental del trabajador a conciliar su vida laboral y familiar; (iii) condene a la demandada a estar y pasar por esas declaraciones, a fijar las condiciones de trabajo del actor en los términos referidos y al abono de una indemnización en cuantía de 7.501€ por los daños y perjuicios causados.

El Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso. No aprecia vulneración de derechos fundamentales en una sentencia con Fundamentos de Derecho en los que expone (sic)" de forma pormenorizada y precisa las razones que llevan al juzgador a desestimar la violación de la garantía de indemnidad, conforme a la prueba practicada",

La empresa demandada impugna el recurso y hace valer dos razones de Inadmisibilidad del mismo:

1ª. Sostiene que la sentencia dictada no es susceptible de recurso de suplicación, pues no se da la circunstancia excepcional de que a la acción de conciliación de vida laboral y familiar se acumule en este caso una acción de resarcimiento por daños y perjuicios que por la cuantía abra la vía de la suplicación, como prevé el artículo 192.1.f) de la LRJS.

Afirma que ni en la demanda ni el acto de juicio se alega que la empresa haya causado daño o perjuicio al trabajador, ni se practicó prueba sobre ese particular.

2ª. Aporta (y se ha admitido) documento que es comunicación escrita del trabajador, de fecha 18 de febrero de 2025, de baja voluntaria con efectos de 4 del mes siguiente, posterior a la sentencia recurrida y anterior a la formulación del recurso de suplicación. En base a ese documento invoca "la pérdida sobrevenida del objeto del proceso",que considera es un motivo más para inadmitir el recurso.

A la primera infracción denunciada opone la realidad de una negociación, que ve plasmada en los hechos probados de la sentencia. A la segunda que acreditadas causas organizativas, impeditivas de la adaptación solicitada, la denegación de lo solicitado por sí solo no entraña vulneración de derechos fundamentales; en apoyo de este argumento trascribe la STS de 25 de mayo de 2023, y subraya la inexistencia de hechos probados que autoricen una afirmación en sentido contrario.

Solicita la confirmación de la sentencia de instancia.

El demandante presentó alegaciones al escrito de impugnación, para rechazar las causas inadmisibilidad del recurso recogidas en el escrito de impugnación de la empresa:

1. Defiende que cabe recurso de suplicación porque esta parte en la demanda y en el juicio reclamó una indemnización por daños, que son consustanciales a la propia negativa a la adaptación En apoyo de esta tesis cita sentencia de esta Sala, de 31.5.2023 (rsu 569/2023).

2.No existe carencia sobrevenida del objeto del recurso, porque ha reclamado la indemnización de daños y perjuicios, materializados en diciembre de 2024 con la denegación de la adaptación solicitada, que fueron a más, pues esa ha sido la causa de que rescindiera el contrato, en busca de otro que le permita cuidar de su hija menor.

SEGUNDO.-El artículo 139 de la LRJS fija las reglas del procedimiento judicial para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, y son estas:

"1. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por las siguientes reglas:

a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.

En la demanda del derecho a la medida de conciliación podrá acumularse la acción de daños y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podrá exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador.

El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrán acompañar, en su caso, de informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideración en la sentencia.

b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de conciliación será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.

2. El procedimiento anterior será aplicable igualmente al ejercicio de los derechos de la trabajadora víctima de violencia de género establecidos en la ley, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario y a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Podrá acumularse a la referida demanda la acción de daños y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora del derecho. Podrá instarse, en su caso, la adopción de las medidas cautelares reguladas en el apartado 4 del artículo 180."

En la demanda, ratificada en juicio, el trabajador reclama indemnización por daños y perjuicios, aunque no los ordinarios que se puedan derivar de la denegación de lo solicitado o del retraso en su ejecución, sino los derivados de la vulneración de derechos fundamentales; así lo deja especificado en el encabezamiento de la demanda. En la Suplica del recurso interesa declaración de que la conducta de la empresa vulnera el derecho (sic) fundamental a la conciliación de la vida laboral y familiar y, consecuentemente, pide condena al pago de una indemnización de 7.501€ por los daños y perjuicios causados. En la demanda, que ratificó en el acto de juicio, citó y etiquetó de derechos fundamentales vulnerados en este supuesto, la igualdad, la intimidad de la familia y la protección de ésta; los mismos que cita en el escrito de recurso. Por tanto, resulta obligada una precisión de inicio y es esta que la indemnización de 7.501€ reclamada lo es por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales, no por los que puedan nacer de la mera negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, como prevé el artículo 139 de la LRJS.

El demandante ha ejercitado dos acciones, acumuladas ya en la demanda, la de tutela de los derechos de conciliación y la de tutela de derechos fundamentales. La sentencia de instancia resuelve ambas y como desestima la pretensión sobre tutela de derechos fundamentales, también la indemnización solicitada; así lo expresa en las últimas líneas del Fundamento de Derecho Cuarto.

Con carácter general, las sentencias que se dicten en esa materia no son recurribles en suplicación; así lo establecen los arts. 139.b) y 191.2.f) de la LJS. No obstante, hay excepciones: a) Si se acumula a la petición principal una reclamación de daños y perjuicios superior a 3.000 euros (artículo (art. 191.3.f).

El art. 184 de la LJS establece que las demandas de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el art. 139 de la LRJS en los que se invoque lesión de derechos fundamentales se tramitarán inexcusablemente con arreglo a la modalidad que le corresponda, acumulando a ellos la pretensión de tutela de derechos fundamentales. Precisamente, esa acción acumulada es la que da acceso al recurso.

Viene al caso la STS 738/2025, de 17 de julio (rcud 5035/23) que dice "Aunque la sentencia recurrida haya negado la vulneración del derecho fundamental, no se ha acreditado la existencia de un fraude procesal tendente a permitir que accediera al recurso de suplicación una sentencia que no era recurrible. Por el contrario, la demanda explica por qué considera vulnerado el derecho fundamental y por qué reclama 7.501 euros. Por ello, debemos concluir que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación".

TERCERO.-La carencia sobrevenida del objeto del litigio, que es causa de terminación del mismo, según dispone el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), supone la producción de un hecho que incide de forma determinante sobre la pretensión articulada en el proceso en curso, de manera que la tutela judicial que se interesaba pierde su razón de ser.

Extiende sus efectos a los recursos que hubieran podido presentarse frente a la sentencia "puesto que la tutela judicial no solo es la que se reclama por la parte actora, sino que debe alcanzar también a las pretensiones que se articulen por la demandada a los recursos que procedan, siendo así que la falta de objeto del recurso sólo podría proceder cuando concurran circunstancias que afecten a la pretensión en el mismo contenida"[ STS 2379/2025, de 2 de julio (rcud 4574/2023)]

Aquel precepto de la LEC es de aplicación supletoria en los procesos ante la jurisdicción social, y el fenómeno de la pérdida sobrevenida del objeto del proceso está previsto en varios artículos de la LJS (191.4.c.1º, 206., 213.4 y 225.4). incluso es una de las causas de inadmisión del recurso de casación.

En palabras del Tribunal Constitucional ( TC) [sentencia 102/2009] "se conecta con la pérdida del interés legítimo en obtener la tutela judicial en relación a la pretensión ejercitada, y precisamente, por ello, su sentido es evitar la continuación de un proceso en el cual el demandante haya perdido sobrevenidamente todo el interés jurídico que en él tenía".

También la Sala IV del TS [SSTS 994/2016 de 24 de noviembre (rec. 53/2016); 658/2022 de 13 de julio (rcud 2828/2019); 430/2024 de 6 de marzo (rec.282/2021); 543/2025, de 4 de junio (rec 48/2023), 954/2024, de 26 de junio (rec. 162/2022 ); 1339/2024, de 11 de diciembre (rec 277/2022 ); 230/2020 de 11 de marzo (rec. 184/2018 ); 961/2020, de 3 de noviembre (rec. 42/2019 ); 40/2024, de 10 de enero (rec. 341/2021 )] se ha pronunciado al respecto en el sentido de que:

-Tiene lugar cuando un proceso correctamente iniciado deviene después innecesario, porque falta un interés real y actual que se pueda sustanciar en el mismo.

-Carece de legitimación para litigar y recurrir quien sólo tiene un interés preventivo o cautelar, no efectivo ni actual.

-Es unacausa de inadmisión del recurso, que al llegar en este trámite procesal se convierte en causa de desestimación del recurso de casación ordinario.

En este caso el recurrente tiene un interés jurídico digno de tutela, real, actual y concreto, que sostiene la necesidad de respuesta jurisdiccional. Existe una verdadera controversia y el pronunciamiento judicial tiene incidencia en la esfera de derechos e intereses del actor, que conserva un derecho insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción, porque la pretensión amplia (por la combinación del derecho a conciliar y los derechos fundamentales) que se suscita en la demanda que dio origen al presente procedimiento no carece de interés legítimo.

Ante la negativa de la empresa de adaptar la jornada en los términos solicitados, en la demanda acumuló la acción de tutela de derechos fundamentales, pretensión de tal declaración y de condena de la demandada al abono de una indemnización de 7.501 por los daños y perjuicios que pudieran derivar de tal vulneración.

Todo ello estaba fundado en la alegación de que el proceder de la empresa constituía transgresión de los derechos fundamentales. Esas pretensiones siguen siendo posibles, adecuadas y necesitadas de tutela judicial aun después de finalizar su relación laboral. La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador hace irrealizable la adaptación de jornada, pero no desaparece de la escena ese derecho y la pretensión ejercitada en relación con el mismo, en la medida en que de la posible estimación de una pretensión consistente en que se declare el derecho del demandante a que su jornada se hubiera adaptado como solicitaba, podría inferirse la vulneración de los derechos fundamentales y de esta aquella consecuencia económica.

CUARTO.El artículo 34.8 del ET reconoce a las personas trabajadoras el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la modalidad de trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero, dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

El precepto deja a la negociación colectiva el establecimiento de los términos del ejercicio de este derecho, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. A falta de Convenio que asuma ese cometido, señala que ante la solicitud de la persona trabajadora, la empresa abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo.

En aquel proceso de negociación, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición. En caso contrario, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. Cuando se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. Las discrepancias que surjan y no se resuelvan por acuerdo entre empresa y trabajador, se dirimen ante la jurisdicción social, a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la LRJS, al que ya nos hemos referido en el Fundamento de Derecho anterior .

La vía de la reclamación judicial es residual y a la misma no se podrá acceder con garantías de éxito si no se ha cumplido el presupuesto impuesto por la norma, esto es, la negociación cerrada con resolución expresa y escrita, que el solicitante pueda combatir a través de demanda, cuando la empresa niega el ejercicio o formula una propuesta que la persona interesada no acepta.

Para resolver el recurso nos atenemos a los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Social, elaborados por la Magistrada de instancia en el ejercicio de la competencia que tiene atribuida para apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes (art. 97.2 LJS) . Encontramos esos hechos en la parte de la sentencia formalmente destinada a Hechos Probados, pero también en los Fundamentos de Derecho, ahí donde incorpora manifestaciones fácticas de igual valor, pues las apoya en concretas pruebas practicadas en el acto de juicio., a las que se refiere de manera expresa.

Los hechos probados dan cuenta de una situación familiar, de una situación contractual y de una situación empresarial, que se entrelazan a la hora de decidir sobre el derecho a conciliar vida familiar y laboral:

1. La situación familiar tiene que ver con el nacimiento de una hija en el año 2023 y con la condición de trabajadora por cuenta ajena y a turnos de mañana/tarde/noche de la otra progenitora. .

2. La situación contractual tiene que ver con la firma de un contrato laboral para realizar trabajos de oficial/montador en itinerancia, en los puntos geográficos de la zona norte donde la empresa tenga encargo de obra, en el servicio de mantenimiento y conservación de catenarias para el cliente Adif, que hace de la itinerancia y, por consiguiente, salida y pernocta fuera de Asturias, un elemento esencial del contrato de trabajo suscrito. En el devenir de la relación entre las partes solo en una ocasión y de manera puntual el demandante trabajó en el almacén de la empresa en DIRECCION001 (Asturias), para ayudar en un traslado y mudanza. Tiene las habilitaciones de agente de corte de 1,5 kvoltios y encargado de trabajos.

3. La situación empresarial tiene que ver con la actividad de la empresa demandada, que presta servicios de mantenimiento y construcción de catenarias para Adif en la zona norte, que conlleva el tener que responder con mano de obra ante averías y obras, incluidas las imprevisibles, en cualquier punto geográfico de Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León. En Asturias el servicio no sobrepasa el 10% de la carga de trabajo.

El 10 de noviembre de 2024 el trabajador solicitó medidas de conciliación para cuidar de su hija, que pasaban por trabajar en un turno y no salir de la provincia para no pernoctar fuera del domicilio. La empresa el 18 de ese mes le solicita determinada documentación que no había presentado con la solicitud y el día 3 le contesta que por las características de la actividad a desarrollar no puede acceder a lo solicitado (trabajo según demanda del cliente, en distintos puntos geográficos, que incluye la respuesta rápida y por el tiempo que resulte necesario para solucionar averías en lo que es un servicio público esencial) y se muestra favorable a una excedencia por cuidado de hija que le permitiría contratar a otro trabajador que entre tanto cubra su puesto, al tiempo que dice estar dispuesta a sopesar otras propuestas. La empresa ofreció darle prioridad para los trabajos a realizar en Asturias, bien entendido que no se trataba de una situación de permanencia, dada la imprevisibilidad de los cometidos que constituyen el objeto del contrato con Adif.

La Magistrada de instancia parte del derecho tal y como está regulado en los artículos 38.4 del ET y 139 de la LJS, pondera las necesidades de cada parte, las familiares del trabajador y las circunstancias de la empresa, que califica de organizativas y técnicas, tiene en cuenta lo solicitado, lo explicado y lo propuesto por la empresa en el proceso de negociación y una vez concluido el periodo legal para ello, y desestima la demanda bajo argumentos que ya hemos recogido en el Fundamento de Derecho Primero de esta sentencia, y que se concretan en la existencia de una negociación real con actuación de la empresa que no acepta la propuesta del trabajador pero formula las suyas, y en la existencia de razones que justifican la negativa de la demandada.

La Sala comparte las conclusiones de la Magistrada de instancia. La negociación incluyó la solicitud de documentación que conviene para tomar conocimiento de la situación, se trata de una información que la empresa solicita al trabajador y que como tal está en el núcleo de toda negociación, Esa toma de conocimiento termina en denegación de la medida y una propuesta que el trabajador no acepta, el paso a excedencia, pero también con otra más adecuada al término "conciliación vida laboral y familiar" en clave de mantenimiento de la actividad laboral, la de adjudicar al demandante las encomiendas de obra a realizar en Asturias, con la advertencia de que ello no supone la permanencia en este punto, lo que quedó justificado con el escaso porcentaje de obra que desarrolla aquí la demandada para Adif. El trabajador tampoco acepta esa propuesta de la empresa. Ello es muestra de una negociación real, aunque ciertamente ineficaz, pues no sirvió a ninguna de las partes como solución a la discrepancia, pero no por ello podemos descartar que la propuesta empresarial tenía proyección a la hora de alterar las condiciones de prestación del trabajo por parte del demandante y, tal como está descrita en la sentencia de instancia, se trataba de una respuesta razonada.

Desde el punto de vista de la negociación, la sentencia de instancia al desestimar la demanda no incurre en la infracción que denuncia el recurrente, único elemento sobre el que construye el recurso en este punto de censura jurídica. A la negociación como realidad se añade en la sentencia de instancia la concurrencia de causa que justifica la postura empresarial, un motivo que el recurrente no deshace, pues toda su censura se centra en la falta de negociación en sí misma o por respuesta empresarial extemporánea.

QUINTO.El derecho a conciliar vida laboral y familiar está directamente vinculados con otros derechos constitucionalmente protegidos desde la triple perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo (eventual discriminación sexista directa o indirecta), del derecho a la intimidad familiar y de la protección de la familia, y en el supuesto de ejercicio del derecho a la conciliación para el cuidado de menores, de protección a la infancia ( artículos 14 , 18 y 39 de la CE) , [ SSTC 3/2007, de 15 de enero ; 26/2011, de 14 de marzo].

El artículo 181.2 de la LJS señala que en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

La combinación de negociación real y causa justificativa de la denegación de la medida en los estrictos términos solicitados por el trabajador, no permite apreciar la existencia de indicios de que la empresa con su respuesta lo que realmente quiso afrentar fueron sus derechos fundamentales, que a decir de la parte recurrente se concretan en el derecho a la igualdad, a la intimidad familiar y a la protección de la familia.

Inexistente dicha vulneración, no ha lugar a indemnización por daños y perjuicios en los términos a los que ya nos hemos referido. En consecuencia, la sentencia de instancia no infringe los preceptos citados en el recurso alusivos al derecho a la indemnización y su determinación cuantitativa,

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación