Sentencia Social 1587/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 439/2025 de 30 de septiembre del 2025

PRIMERO:Frente a la sentencia de instancia que desestima íntegramente la pretensión de la demanda se alza en suplicación la representación letrada del demandante mediante dos motivos por el cauce a que habilita apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social para solicitar la revocación de la sentencia y la estimación del derecho en los términos de la demanda.

Según resume el antecedente de hecho primero de la sentencia recurrida, el demandante solicitaba que se "Condene a la entidad demandada a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo a la demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw y la indemnice por los daños derivados de su conducta, abonando las cantidades que se hubiera visto obligada a pagar como consecuencia de la retirada unilateral del mencionado beneficio".Subsidiariamente, se "declare que la unilateral ruptura del compromiso adquirido constituye un incumplimiento de contrato sin causa, reconociendo su derecho a ser resarcida por los daños ya ocasionados, así como por aquellos otros que le serán producidos en el futuro y se deriven de sus legítimas expectativas de que las obligaciones asumidas por su antigua empleadora serían cumplidas, indemnizando con una cantidad equivalente a la cuantificación del beneficio social reconocido a razón del valor el mercado de 30.000 Kw por año durante la esperanza de vida de la demandante".

La cuestión litigiosa ha sido objeto de decisión por esta Sala de lo Social desde la primera de las recientes sentencias de 20 de mayo de 2025, rec. 40/2025, actualmente firme, y otras tantas posteriores como las de 27 de mayo de 2025, rec. 26/2025 y rec. 85/2025, 3 de junio de 2.025, rec. 316/2025 o de 11 de junio de 2025, rec. 315/2025 que conocen de recursos de suplicación planteados en términos similares a los que ahora son objeto de examen. Con o sin acuerdo de desvinculación acreditado en hechos -aunque en todas ellas se alude repetidas veces a uno como el que aquí consta suscrito por el demandante-, hemos venido manteniendo el criterio que por razones de seguridad jurídica se adoptó por esta Sala en la primera de las citadas, actualmente reiteramos que firme.

El recurso aquí plantea dos motivos de censura jurídica. Mediante el primero denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 222.1, 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 160.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 1252 del Código Civil, en relación con la doctrina judicial emanada del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas.

En síntesis, parte de considerar que el beneficio no puede ser convencional porque es un derecho previo a la normativa colectiva y por tanto no puede ser modificado por esta. La fuente de origen de los beneficios sociales reclamados en la demanda no la constituye el Convenio Colectivo, sino que los beneficios sociales estuvieron reconocidos con carácter histórico, no siendo su fuente de origen el citado precepto convencional, sino que eran previos al mismo. Además alega que el demandante estaba excluido del ámbito de aplicación del convenio colectivo al haber salido de la empresa antes. Sostiene que la interpretación en la sentencia resulta contraria a la normativa del Código Civil porque, por su naturaleza, "contractualizada", el derecho a bonificación se rige por las normas del Código Civil y no por el Convenio. Además, el hecho de haber ofrecido una compensación económica en caso de renunciar a tal beneficio supone una materialización más del carácter contractual, a cuyo efecto en este punto añade una cita de sentencia del Tribunal Supremo de "07-07-2021, nº 761/2021, rec. 137/2019 , que se cita por la sentencia de instancia, resuelve el recurso de casación formulado frente a la dictada por la Audiencia Nacional"a cuya interpretación apela para concluir, a renglón seguido de una transcripción, que "por tanto, la demanda ha de ser íntegramente estimada, debiendo cumplirla demandada con las obligaciones en el mismo término que quedaron contractualizadas y tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 1091 del Código Civil , fuerza de ley entre las partes, no pudiendo quedar derogadas por convenios o decisiones unilaterales de la empresa, en las que los actores no han sido parte".

El segundo motivo de censura jurídica denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 1089, 1091, 1124, 1254, 1255, 1256 y 1258 del Código Civil con arreglo a los mismos argumentos.

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada de la empresa demanda para interesar su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia. Opone al éxito de sus alegaciones las premisas fácticas y consideraciones jurídicas que ofrece la sentencia recurrida, reivindicando con carácter previo inadmisibilidad del recurso una defectuosa técnica del recurso en el planteamiento de los motivos las infracciones jurídicas denunciadas.

En cuanto al fondo, reitera de su oposición en la instancia que el beneficio que se reclama tiene un origen normativo que ha sido sometido a diferentes modificaciones en la normas de carácter convencional que se han ido aplicando en el Grupo Naturgy desde su origen en la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industrias de Producción, Transformación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica que data del año 1960 y que actualmente viene regulado en el vigente III Convenio Colectivo de Naturgy (BOE de 6 de febrero de 2023), razón por la que insiste en que no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, ni de vigencia al margen del devenir del convenio. Al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó, el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo según el tenor del acuerdo de desvinculación alcanzado.

SEGUNDO:La denuncia de un defectuoso planteamiento del recurso como causa de inadmisión del interpuesto conduce a que debamos abordar el examen de este motivo de impugnación. Es el incumplimiento "de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir"el que el artículo 200 LJS contempla como causa de inadmisión ad liminedel recurso. En aplicación de ello la jurisprudencia ha venido reiterando que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el correspondiente escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues "lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano"( Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 13/05/15 -rco 80/14-; 17/09/15 -rco 238/14-; SG 19/10/15 -rco 54/15-; SG 20/11/15 -rco 104/15 -; 24/11/15 -rco 270/14 -; 01/12/15 -rco 40/15-; SG 26/01/16 -rco 144/15-; y SG 31/03/16 -rco 272/15).

Con independencia del éxito o no de la pretensión, concluimos que el recurso cumple de manera mínima y suficiente con los requisitos contemplados en la ley reguladora de la jurisdicción social. La impugnación prescinde de que lo que establece el artículo 196 LJS en su apartado segundo es que "En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos".

No cabe duda de que la censura jurídica es el único motivo planteado, mas los comprende preceptos y jurisprudencia que considera infringidos. Propuestos para afrontar la sentencia recurrida mediante un planteamiento que, a la postre, permite conocer el sentido de la pretensión y su análisis, ello no habilita a la inadmisión de plano de su examen por razones puramente formales. No concurren defectos que, como tal, impidan radicalmente identificar y conocer el sentido de la discrepancia que la parte recurrente articula y, precisamente en aras a evitar formalismos enervantes, la causa de inadmisión se rechaza.

TERCERO:Dar respuesta a la controversia jurídica suscitada, que en efecto llega en suplicación sin modificación de las premisas fácticas que nos ofrece la sentencia de instancia, aconseja recapitular al menos resumidamente acerca de las mismas.

El demandante prestó servicios por cuenta de la empresa demandada, NATURGY GENERACION SLU, desde el 16.8.1983 hasta el 19.7.2019, tras lo cual pasó a la situación de convenio especial por prejubilación (hecho probado primero).

El hecho probado segundo transcribe el acuerdo de desvinculación por la suscripción en esa fecha de finalización de la relación laboral de un contrato de extinción de la relación laboral, el cual incluía el siguiente contenido en lo que aquí interesa:

"SEXTO. BONIFICACIÓN DE CONSUMOS. El Interesado mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. La facturación y las cargas de carácter fiscal, que en cada momento sean de aplicación al consumo de energía eléctrica, serán por cuenta del beneficiario. La utilización fraudulenta de esta prestación o impago de la facturación e impuestos correspondientes supondrá la pérdida del derecho a su disfrute".

Según consta, la regulación de la bonificación en la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación en los términos del hecho probado quinto desde el primer reglamento en el año 1.960 hasta el III Convenio colectivo del Grupo Naturgy vigente desde 2.024. Los hechos probados segundo y tercero resumen el contenido de la previsión de los anexos del II y III convenio de Naturgy, reseñando el hecho probado cuarto que la demandada comunicó al actor que como consecuencia del Acuerdo del III Convenio Colectivo Grupo Naturgy se establece en el punto Noveno apartado 2 que el personal pasivo podrá optar, de forma voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2022 a renunciar a la totalidad de su bonificación, percibiendo a cambio un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para la persona que solicite esta renuncia o mantener la tarifa bonificada modificada en el Convenio pasando de 30.000 kw a 25.000 kw.

En la demanda se solicitaba que se reponga al actor en el derecho reclamado al considerar que es una condición individual contractualizada con la naturaleza de condición más beneficiosa y que no puede ser modificada por el convenio colectivo vigente en cada momento. La sentencia concluye que procede la desestimación por las razones que transcribe de otra sentencia de un Juzgado de lo Social precedente y que, a la postre, confluyen en considerar que el demandante estaba incluido en la previsión convencional como pasivo y que el convenio no es fuente de condiciones más beneficiosas.

Sentado cuanto antecede, lo primero que hemos de advertir es, en efecto, una defectuosa identificación de los parámetros jurídicos con los que el recurrente quiere confrontar la sentencia. La alusión a los artículos que conciernen a la cosa juzgada -por la cita formal del artículo 222 LEC sin mención o desarrollo- es apreciable. Mas en realidad, todo el recurso atiende a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo a que apela y a sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que el recurso no identifica, pero que tampoco podrían constituir jurisprudencia ex articulo 1.6 CC a efectos de la censura jurídica.

La argumentación, sin embargo, dista igualmente mucho de resultar de aplicación al supuesto que ahora examinamos en suplicación, al menos no en los términos que no acogen los hechos probados de la sentencia recurrida, ni lo enmienda el recurso.

Cuantos derechos sociales en otros casos los trabajadores jubilados pudieran haber venido disfrutando tras la extinción contractual con independencia de la suerte que siguieran dichos derechos sociales en los sucesivos convenios celebrados con posterioridad dependían de sus propias cláusulas individuales en términos que no constan concurrir al caso. Si el derecho se disfruta según lo pactado y no según la negociación colectiva -lo que el recurrente afirma es la razón de que se encuentren garantizados con independencia del marco laboral, cual garantía "ad personam" que obliga a la empresa demandada a respetarlos- ello solo puede ser en la forma establecida en el documento contractual con arreglo al que el actor mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica. Si ello es en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, cual la fundamentación de la sentencia expone por remisión a otros supuestos, menos aún. Incluso de considerar que las obligaciones quedaron en esos términos contractualizadas, la fuerza de ley que según el artículo 1091 del Código Civil -cuya infracción denuncia- tendría para las partes no podría exceder de una literal remisión y sus contornos, lo cual así ha sido interpretado por la Juzgadora a quode un modo en el que no apreciamos infracción jurídica.

La tradicional prevalencia del órgano de instancia en la interpretación de convenios colectivos, acuerdos y contratos en el orden jurisdiccional social que la jurisprudencia ha venido reiterando partía de su consideración como "facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer salvo que no sea racional y lógico o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual"(entre las más recientes, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2.018, rcud. 198/2.017). Más recientemente matizan en sentencias como la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2.021 (rco. 187/2019) en las que «la Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos, en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 ; de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 , entre muchas otras)

[...].en los últimos tiempos, hemos matizado dicho criterio, y hemos establecido que, "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC , tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 ; 21 de diciembre de 2020, Rec. 76/2019 ; 3 de marzo de 2021, Rec. 131/2019 ; 10 de marzo de 2021, Rec. 102/2019 y 22 de abril de 2021, Rec. 145/2019 ) [...]».

El canon jurisprudencial expuesto atiende, por tanto, a que la interpretación del órgano judicial de instancia no haya sido arbitraria ni irrazonable, lo que solo cabe considerar cuando se atenga a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil cuya infracción el recurso formalmente cita en el segundo motivo. Sin embargo, no se aprecia su incumplimiento en la sentencia recurrida a tenor de la preferencia del sentido propio de sus palabras en relación con el contexto. El canon de interpretación literal que sin duda ostenta una preferencia difícilmente discutible rige si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debiendo estar por ello al sentido literal de sus cláusulas (artículo 1281).

Dos circunstancias más se advierten particularmente para concluir que el recurso no alcanza a avalar la tesis actora ni a desautorizar la conclusión de la sentencia. La primera, que la bonificación no es una condición más beneficiosa ajena al convenio colectivo. Aun teniendo en cuenta la sucesión normativa y convencional que relata el hecho probado sexto -"la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al siguiente histórico"-,no resulta sencillo desligar la fuente de la obligación de este beneficio social de los sucesivos convenios colectivos, menos aún cuando el recurso no ofrece razones para hacerlo. En este punto, lo que la jurisprudencia observa es que, con independencia de los antecedentes que pudieran haber dado lugar al referido precepto convencional, "Tal como expresamos en nuestra STS de 12 de junio de 2008, Rec. 58/2007 , cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional, aunque su contenido no haya experimentado variaciones sustanciales"( STS 7/7/2021, rco. 137/2019).

La segunda y más importantes es la condición del demandante que redunda en dicha ligazón. Que los términos y condiciones de la bonificación sigan la suerte de la regulación vigente en cada momento obedece a su condición de jubilado. En otros supuestos como en éste expresamente así quisieron suscribir las partes un acuerdo -de prejubilación- según el cual el trabajador jubilado "mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",de modo que no podemos apreciar error en la sentencia que liga su destino con arreglo a una interpretación plenamente acorde a dicha literalidad en remisión a los pasajes del convenio colectivo que contemplan a pasivos aunque el actor no fuese ya "personal activo en el momento de la firma del presente convenio"(hechos probados cuarto y quinto).

En suma, el recurso no ofrece suficientes elementos que permitan a la censura jurídica prosperar, pues como ya dijimos con ocasión del examen de similares demandas en las sentencias de esta Sala ut supracitadas: 1) es cierto que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa; 2) cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional; 3) sentadas ambas premisas, la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo; 4) no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó y "la condición más beneficiosa sólo resulta posible en el marco del artículo 3.1c) ET esto es, como producto de la voluntad de las partes manifestada -expresa o tácitamente- en el contrato de trabajo; pero no en el marco de una relación que, en modo alguno cabe calificar de contrato de trabajo. Entre los demandantes y la demandada no existe ninguna vinculación contractual laboral, ni existía en el momento de la pretendida conformación de la condición más beneficiosa. Aquellos son jubilados o causahabientes, pero no trabajadores. No existe la más remota posibilidad de que en el supuesto examinado en la sentencia recurrida pueda existir condición más beneficiosa alguna"( STS 21/2/2019, rcud. 124/2017).

Añadimos que si ello fue aquí con motivo de la firma del acuerdo de desvinculación que consta, lo que así reivindica la impugnación del recurso apela al tenor de otros similares con arreglo a los que se recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, ello es tanto como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento. Mientras en otros supuestos lo que sucede es que el beneficio convencional se contempla solo para trabajadores en activo, su mantenimiento a jubilados o pasivos cabe o como "condición ad personam" o en los términos sujetos a los requisitos expresamente delimitados en el propio convenio, siendo ello lo que determina o no su aplicación. Aquí, sin embargo, recorreríamos el sentido inverso porque que el trabajador tuviese reconocido el beneficio en un acuerdo de desvinculación -lo que le permitiría expresamente mantenerlo- no le desliga de su vigencia y evolución si el propio tenor se remite a los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

Hemos de convenir que al no constar otra cosa en el tenor del acuerdo por el que reivindica que dispusiera de condiciones laborales más beneficiosas en el suministro eléctrico una vez extinguida su relación laboral, no existen reglas propias y distintas para su invariabilidad o mantenimiento. Las premisas fácticas que la sentencia recurrida expone impiden apreciar el error que el recurso denuncia desconsiderando su condición personal como jubilado y la interpretación judicial no incurre en ninguna de las infracciones jurídicas denunciadas. No alcanzando por tanto el recurso a desautorizar la interpretación y aplicación al caso del precepto cuya infracción se denuncia cometida en la instancia, procede desestimar el recurso en su integridad.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,