Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1715/2025 de 04 de noviembre del 2025

PRIMERO.-La sentencia recurrida dictada por el juzgado de lo social número tres de Vitoria-Gasteiz el 17 de marzo de 2025 desestimó la demanda interpuesta por el trabajador, declarando ajustada a Derecho la extinción contractual de su relación laboral producida el 21 de diciembre de 2021, al entender que se trató de una baja voluntaria válidamente formulada en el marco del acuerdo transaccional alcanzado entre la empresa TUBACEX TUBOS INOXIDABLES S.A.U. y la representación de los trabajadores el 4 de octubre de 2021, posteriormente homologado por Auto firme de esta Sala de 14 de diciembre de 2021 dictado en el procedimiento 24/2021, seguido tras la sentencia firme de nulidad del despido colectivo dictada el 6 de julio de 2021.

Frente a esta decisión el actor formuló recurso de suplicación articulando dos motivos al amparo de los artículos 193 b) y c) LRJS, solicitando la revocación de la sentencia y que se declare la nulidad, o subsidiariamente, la improcedencia del despido, con los efectos inherentes, y asimismo determinada indemnización para compensar perjuicios materiales y morales, así como sanción pecuniaria por mala fe empresarial y honorarios ex artículo 97 LRJS.

Las empresas TUBACEX TUBOS INOXIDABLES SAU y ACERÍA DE ÁLAVA SAU han impugnado el recurso y formulado a su vez un motivo propio de revisión fáctica, al amparo del art. 197.1 LRJS.

SEGUNDO.-El primer motivo del recurso se plantea el amparo del artículo 193 b LRJS y en el mismo el trabajador recurrente intenta la revisión del relato fáctico en tres distintos apartados.

Hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación por dicho cauce procesal exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados, resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador a quo,a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar la revisión fáctica en el recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala para la revisión de lo actuado.

El motivo 1.A solicita la adición de un nuevo hecho probado en el que conste que el actor tuvo una hija el NUM000 de 2021, habiendo disfrutado el permiso por nacimiento y cuidado de menor hasta el 19 de marzo de 2021.

Este dato se encuentra documentalmente acreditado en autos, además de ser relevante jurídicamente para la tesis del recurrente por cuanto activa la circunstancia de nulidad del despido prevista en el artículo 53.4 c ET, que ampara a los trabajadores que han disfrutado de periodos de suspensión del contrato por paternidad durante el año posterior al nacimiento o adopción de un hijo.

Por tanto, se estima la adición solicitada, que se incorpora al relato fáctico.

En el motivo 1.B) se pide añadir un hecho probado dando por reproducido el contenido del acuerdo transaccional de 4/10/2021 y del Auto de homologación de 14/12/2021.

En este caso, vamos a desestimarlo ya que el apartado de los hechos declarados probados de una sentencia no debe ser de meras reproducciones documentales, sino expresar datos fácticos concretos y relevantes para el fallo, y el contenido de esos documentos ya está asumido en la sentencia.

Por último, en el motivo 1.C) se pretende añadir un hecho sobre la demanda anterior de despido interpuesta por el actor el 28/05/2021 contra el despido de 15/04/2021 que tuvo lugar en el contexto del ERE, y fue admitida a trámite por decreto de 16/06/2021 recayendo sentencia el 17/01/2024.

Lo vamos a desestimar igualmente. Ese procedimiento y su resolución (por STSJPV 25/06/2024, recurso 1076/2024) constan y se asumen en los fundamentos jurídicos de la instancia por lo que la adición pretendida no aporta elementos fácticos nuevos que sirvan para modificar la ratio decidendi.

Por su parte, al amparo del artículo 197.1 LRJS, las empresas impugnantes plantean otro motivo para la revisión del relato fáctico, que hemos de analizar a la luz de los mismos parámetros antes expuestos.

Y proponen añadir que otros dos trabajadores que identifican, que también impugnaron el despido colectivo, fueron readmitidos en noviembre y diciembre de 2021.

Estimamos la adición, dado que se acredita mediante sentencias firmes y puede tener relevancia para la tesis de los impugnantes a fin de descartar un eventual indicio de discriminación o represalia.

No obstante, desestimamos la segunda adición propuesta -referida a los anexos y adhesiones individuales- por resultar inocua y redundante ya que la sentencia asume que el trabajador actor manifestó su voluntad de adherirse al plan y luego se retractó.

Con las modificaciones indicadas, el relato fáctico queda completado para el examen jurídico posterior que se nos plantea.

TERCERO.-En sede de censura jurídica y al amparo del artículo 193 c LRJS, el trabajador recurrente plantea que la sentencia de instancia comete infracción de los artículos 55.4 ET, 122.2 LRJS/ 53.4 ET/ 24 CE, 53.4 c ET, y 96.1/ 183 LRJS.

En síntesis sostiene el motivo, en su larga exposición, que el principal argumento de la empresa ha sido la vinculación por cosa juzgada del actual procedimiento respecto del que se siguió ante la sala en el recurso 1076/2024 y finalizó por sentencia de 25/06/2024, en el que la sala expresamente se refiere a que en dicho proceso nada se plantea con respecto a la retractación y negativa empresarial, siendo ajenos al recurso, siendo imposible así que se desplieguen los efectos de la cosa juzgada. Añade que el actor no firmó ningún documento de baja voluntaria sino que únicamente hubo una mera comunicación entre letrados, y el cambio de opinión del trabajador se comunicó el 21/10/2025, antes de que la empresa valorara y aceptara su inscripción, refiriéndose a que el primer correo recibió contestación de aceptación el 19/10/2021. Que dado que en el documento de acuerdo no se fijaba un plazo para la renuncia o cambio de parecer entiende debería poder acontecer hasta el 31/10/2021, añadiendo que la empresa ha aceptado cambios posteriores al 25 de octubre con otros trabajadores sin problemas. Califica de conducta sorprendente y en fraude de ley la de la empresa, que se arroga el derecho a no aceptar la decisión del trabajador dentro de un proceso supuestamente voluntario, y que no tenía efectos hasta 31/10/2021, que es cuando se formalizan las salidas, alegando un elemento discriminatorio. Concluye que el despido es totalmente improcedente y defiende también su nulidad, relacionando la decisión empresarial con la reclamación del actor contra el despido del ERE (HP3) y la existencia de la baja de paternidad del actor (HP introducido en revisión fáctica).

La fundamental cuestión que se nos plantea reside en determinar si la empresa estaba obligada a aceptar la retractación formulada por el trabajador el 21 de octubre de 2021, y si, en consecuencia, la negativa a readmitirle constituye una decisión extintiva unilateral -un despido-, siendo esta la tesis del recurso, o si, por el contrario, la opción extintiva ejercitada en el marco del acuerdo transaccional vinculaba definitivamente al trabajador, sin posibilidad de retractación, en virtud de los términos del propio pacto y del Auto de homologación dictado por esta Sala el 14 de diciembre de 2021, que la sentencia considera vinculante como acto firme al haberse agotado el cauce de su impugnación por caducidad sin que le conste probado ningún vicio del consentimiento ni error alguno en cuanto a la interpretación de las condiciones del pacto, que es lo que razona el juzgador para convalidar la procedencia de la extinción contractual.

En relación a la eficacia de la retractación, la doctrina del Tribunal Supremo ha reiterado que la dimisión del trabajador es un acto unilateral recepticio que, pese a producir sus efectos sin necesidad de aceptación del empresario, puede ser retractado mientras la extinción no se haya consumado ( STS 17/07/2012 rcud 2224/2011) y no se cause un perjuicio sustancial ( STS 20/01/2021 rcud 66/2021) como sería el caso de que la empresa haya adoptado medidas organizativas irreversibles derivadas de dicha dimisión.

Esta posibilidad de retractación se fundamenta en el principio de buena fe contractual ( artículo 7.1 CC) y en el principio de conservación del contrato de trabajo, como manifestación de la preferencia por la continuidad del vínculo laboral, valor protegido por el ordenamiento laboral.

Aplicando esa doctrina y principios al caso, que entendemos rigen también en el contexto del acuerdo alcanzado en el seno del despido colectivo, resaltamos de los hechos probados los siguientes datos:

La opción del trabajador por la extinción voluntaria indemnizada fue formulada el 15/10/2021, dentro del plazo previsto que vencía el 20/10/2021.

La empresa la aceptó el 19/10/2021, aunque el acuerdo contemplaba un plazo de valoración y aceptación hasta el 25/10/2021, por lo tanto el actor se retractó el 21/10/2021 dentro del plazo de valoración.

El trabajador se retractó el 21/10/2021, es decir, al día siguiente de finalizar el plazo de opción, mucho antes de la consumación de la extinción, que estaba prevista para el 21/12/2021, y durante el periodo de valoración.

El acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores no preveía un expreso plazo de retractación, pero tampoco lo prohibía.

No nos consta que la empresa, en ese breve lapso, adoptara decisiones irreversibles ni que el cambio de decisión del trabajador hubiera generado perjuicios efectivos o graves a la organización. Las dificultades reorganizativas asumidas por la sentencia de instancia (recolocaciones, redistribución de maquinistas, etc.) son ciertas pero estructurales y posteriores, no inmediatas ni determinantes en octubre de 2021.

En consecuencia, discrepamos de la conclusión de la instancia y entendemos que la retractación debió admitirse como jurídicamente eficaz, y la negativa empresarial a aceptarla resulta contraria a la buena fe y equivalente a un acto extintivo unilateral, es decir, a un despido.

En relación a la cuestión de la eficacia del Auto de homologación judicial de 14/12/2021 la sentencia acoge la tesis empresarial de que valida plenamente el acuerdo transaccional y cierra toda posibilidad de revisión posterior, generando por tanto un efecto de cosa juzgada material que impediría reabrir el debate sobre la eficacia de la opción individual ejercitada por el actor.

La Sala no comparte esa tesis.

La homologación judicial de un acuerdo transaccional, prevista en el artículo 84.5 LRJS y en el artículo 19 LEC, no convierte el acuerdo en una sentencia ni dota al mismo de una eficacia constitutiva universal, sino que se limita a verificar la legalidad y regularidad del pacto, confiriéndole fuerza ejecutiva en los términos en que las partes lo suscriben.

El Auto dictado en el procedimiento 24/2021 se limita a aprobar el texto del acuerdo colectivo como instrumento de solución global del conflicto surgido tras la sentencia de nulidad del ERE, pero no resuelve sobre la validez de decisiones singulares de adhesión o retractación, ni puede entenderse que la homologación convalide actos individuales que puedan ser contrarios a derecho.

La cosa juzgada requiere triple identidad de sujeto, objeto y causa de pedir ( artículo 222 LEC) , y tales elementos no concurren aquí. El objeto del procedimiento 24/2021 era la homologación de un acuerdo colectivo sobre un despido colectivo como instrumento global de reordenación laboral, no la impugnación individual de una extinción concreta ni la eficacia de la retractación individual del actor. Y aunque el trabajador figurara nominalmente en los anexos, ello no convierte al auto en una resolución sobre su concreta situación extintiva.

Por tanto, no puede oponerse la cosa juzgada derivada de la homologación judicial frente a un proceso individual en el que se discute la negativa a aceptar la retractación. La retractación del trabajador, comunicada antes de la consumación y antes incluso de la homologación implica que, al tiempo de dictarse el Auto, no existía una voluntad extintiva firme e irrevocable, sino una controversia abierta, cuya resolución no podía anticiparse en el trámite de homologación. El hecho de que el Auto sea firme no convalida la negativa empresarial a reconsiderar la situación ni puede utilizarse para negar eficacia a un acto de retractación que se produjo con anterioridad.

Por ello, esta Sala entiende que el Auto de 14/12/2021 no impide examinar la retractación del actor ni prejuzga su invalidez, de modo que no existe obstáculo procesal derivado de la cosa juzgada.

En orden a la calificación del despido, la negativa empresarial a aceptar la retractación configura un despido, en este caso, nulo, por las circunstancias concurrentes ya que la extinción se produjo el 21/12/2021, esto es, dentro de los doce meses siguientes al nacimiento de la hija del actor ( NUM000/2021), por lo que resulta de aplicación el art. 53.4 c ET, que establece la nulidad del despido de trabajadores durante ese periodo de especial protección, salvo que la extinción pudiera declararse procedente por motivos no relacionados con el ejercicio del derecho a los permisos.

En este caso se trata de una nulidad objetiva automática sin necesidad de prueba alguna tendente a mostrar la existencia de un móvil discriminatorio o contrario al derecho fundamental ( STS 11/05/2016 rcud 3245/2014) y sin posibilidad de declarar su procedencia, por cuanto que la empresa ni siquiera articuló formalmente un despido objetivo o disciplinario, sino que se limitó a no aceptar la retractación.

El despido debe ser declarado nulo, con las consecuencias del artículo 55.6 LRJS, es decir, readmisión inmediata y abono de los salarios de tramitación, debiendo el actor reintegrar la indemnización percibida en virtud del acuerdo transaccional aprobado por el auto de 14/12/2021.

Por otro lado, no apreciamos indicios suficientes de vulneración de derecho fundamental alguno y en esto compartimos una valoración de la instancia: ni de la garantía de indemnidad, -resaltamos que queda constancia de que otros trabajadores en la misma situación del actor reaccionaron contra el despido del ERE y han sido readmitidos-, ni relación alguna con su paternidad.

Ello implica que debamos rechazar la pretensión de indemnización de reparación de daños morales y materiales (estos últimos, ni siquiera se acreditan): en este caso no procede, ya que no vemos indicios de vulneración de derechos fundamentales. La empresa incluyó al actor en el listado de trabajadores con relación laboral a extinguir por baja voluntaria porque el actor optó de acuerdo con los plazos acordados para esa opción, aunque después se retractó, y el magistrado asume dificultades organizativas (la sección de maquinistas del actor ha cambiado, las readmisiones han conllevado necesidad reorganizativa con movilidad de personal en un proceso complejo también desde el punto de vista judicial,) como razones ciertas de la voluntad empresarial de no retractación. Se trata de una nulidad legal, y para reconocer la indemnización ex 183 LRJS habría sido necesario constatar indicios que permitan conectar causalmente la medida extintiva con esa paternidad o disfrute de su descanso, lo que no se ha logrado.

En relación a la pretendida multa pecuniaria por mala fe o los honorarios del artículo 97 LRJS, ni consta esa especial mala fe procesal cualificada empresarial ni es aplicable ese artículo a las costas en el recurso de suplicación.

La estimación parcial del motivo conlleva la del recurso en la misma medida y la estimación parcial de la demanda.

CUARTO.-En materia de costas es aplicable a lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,