Sentencia Social 812/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 415/2026 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda de la trabajadora y absolvió a las demandadas, la sociedad empleadora y la directora de la misma, por considerar esencialmente que no se había producido un retraso en el pago de los salarios que lo justificase; que no concurría situación de acoso alguno, sino meras desavenencias; que no se había producido modificación sustancial de condiciones de trabajo que menoscabasen su dignidad, y sin que cupiese acumular la acción de rescisión del contrato por razón de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Contra esa decisión, la demandante interpuso el presente recurso con la finalidad de que se revocase y se declarase la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización prevista para el despido improcedente y, en su defecto, la prevista para la rescisión en el caso de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, más aquella indemnización por la vulneración de derechos fundamentales alegada, articulando para ello motivos de nulidad, de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por las demandadas únicamente.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes.

SEGUNDO.- Así, al amparo del artículo 193 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], la parte recurrente formaliza un primer motivo de suplicación para que se repusiesen las actuaciones al momento de cometerse la infracción de los artículos 17 y 97.2 de dicha norma, y 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en adelante , LEC], argumentando esencialmente que el referido artículo 17 era una transposición del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución española [en adelante , CE]; que, como petición subsidiaria de la demanda, pidió la extinción indemnizada al amparo del artículo 41.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante , ET]; y que la sentencia no entró a valorar si se había producido o no la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no resolviendo, por tanto, en cuanto al fondo de dicha cuestión, lo que le causaba indefensión.

Las partes recurridas, tras cuestionar con carácter previo la técnica suplicatoria empleada en el recurso, que debía conducir a su desestimación, sostiene, en cuanto dicho motivo de nulidad, que la sentencia de instancia contenía una valoración probatoria motivada y daba respuesta expresa a todas las pretensiones, a pesar de la disparidad de acciones ejercitadas en el mismo proceso.

TERCERO.- El magistrado de instancia, en el fundamento de derecho cuarto, razona lo siguiente:

La última vía por la que la parte actora solicita la extinción indemnizada del contrato es por entender que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo recogida en el art. 41 ET y solicita la aplicación del art. 41.3 ET , otorgando el derecho de la trabajadora a rescindir el contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio.

[...]

Pues bien, lo que en este caso se ha ejercitado es una acción de rescisión del contrato por vía del art. 50.1 ET , letras a), b) y c), como expresamente se señala en el encabezamiento de la demanda, además de la ya señalada indemnización de daños y perjuicios, sin que en ningún caso quepa acumular a esta acción otra de modificación sustancial del art. 41 ET , como en este caso se pretende, pues, como señala la STSJ de 8-5-2012 (Rec. 1097/2012) "En cualquier caso, esta petición vulnera lo dispuesto en el art. 27.4, de la LPL , ya que a una acción de extinción de contrato vía art. 50, del ET , no le es acumulable otra de modificación sustancial del art. 41, también del ET .

[...]

Asimismo, la STSJ de Madrid, de 2-6-2025 (Rec. 320/25 ), también recalcó que "Por lo tanto, para que la acción extintiva del artículo 50.1 a) del ET pueda prosperar, es necesario que la modificación operada en las condiciones de trabajo no solamente sea sustancial, sino que es preciso además que no haya respetado lo previsto en el art. 41 ET ,y que afecte de modo negativo a la dignidad del trabajador.

[...]

Por menoscabo a la dignidad del trabajador históricamente se ha entendido el atentado contra el respecto debido a su honorabilidad, medida con un criterio social objetivo ( STS 29-01-88 ), y se apreció en aquellos acasos en los que se es objeto de un trato discriminatorio o humillante. Equivale tal dignidad al respeto que un trabajador merece ante sus compañeros y ante sus jefes, como persona y como profesional, no pudiendo ser situado por una decisión empresarial, en una posición tal que provoque un menoscabo en ese respeto."

Pues bien, aplicando la doctrina mencionada al caso que nos ocupa, se ha de entender que ningún atentado a la dignidad de la trabajadora se ha producido en la notificación que se se le manifestó que se iba a ajustar el umbral mínimo de comisiones, pues no solo afectó a la actora sino también a todos los demás trabajadores, por lo que todos se vieron en la misma situación, por lo que no se ha verificado una pérdida de respeto de la actora que merece ante sus compañeros ni tampoco se ha privado a la misma de encomienda de función alguna ni se le ha impedido desarrollar las tareas propias de su categoría profesional, todo lo cual lleva a la conclusión de que tampoco por esta vía del art. 50.1 a) ET procedería la extinción indemnizada de contrato que pretende la actora.

Lo expuesto deriva en la desestimación de la demanda interpuesta.

CUARTO.- Antes de examinar el recurso, y en respuesta a la queja de la parte recurrente, que cuestiona la técnica de suplicación empleada por la parte recurrente, debe precisarse que si bien el escrito de interposición adolece de algunos defectos procesales -sobre los que se volverá al examinar cada uno de ellos-, en particular, el del infracción sustantiva, en el que viene a realizarse un alegato general en contra de lo decidido en la instancia, el recurso cumple esencialmente con las exigencias del artículo 196. 2 y 3 de la LRJS, pues se citan los preceptos que se consideran infringidos, se razona la pertinencia y fundamentación de los mismos y, en el caso del motivo de revisión fáctica, se formula una propuesta alternativa se identifican los documentos en los que se apoya y se defiende la relevancia que dicha modificación pueda tener el recuso, permitiendo a la Sala, en definitiva, dar respuesta a cada uno de los motivos planteados.

Con todo, la técnica de suplicación habría recomendado que esos defectos formales, determinantes del rechazo de plano del recurso, se plasmasen por la parte recurrida formalizando un motivo de inadmisibilidad del recurso por motivos formales, al amparo del artículo 197.1 de la LRJS, bien ya que con efectos desestimatorios del mismo, de conformidad con 201.1 de dicha norma.

QUINTO.- Son varias las razones que obligan a rechazar el motivo de nulidad:

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de noviembre de 2017 [REC: 40/2017, ROJ: STS 4216/2017], ha expresado que los recurrentes están obligados a solicitar de forma expresa la declaración de nulidad de la sentencia. Lo que implica -cabe añadir en este momento- que se indiquen los efectos precisos de tal nulidad, tal como vienen establecidos en el artículo 202.2 de la LRJS. Se da el caso que la parte recurrente no cierra el escrito de interposición del recurso con una petición expresa consecuente con el motivo de nulidad que formula,

Abstracción hecha de lo anterior, la sentencia de instancia no ha omitido efectuar un pronunciamiento sobre la acción de rescisión del contrato de trabajo, amparada en el citado artículo 41.3 del ET (que reconoce el derecho a rescindir el contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio en el caso de las modificaciones relacionadas expresamente en dicha norma, a excepción de la relativa al sistema de trabajo y rendimiento).

De haber sido así, se estaría ante la infracción de una de las normas reguladoras de la sentencia, la relativa a la debida exhaustividad, conforme establece el artículo 218 de la LEC, norma que en ningún momento ha sido infringida.

En realidad, lo que ha hecho la sentencia recurrida en respuesta al pretendido ejercicio de la acción de rescisión por lesión, ha sido rechazar la acumulación de acciones que se producía en la demanda -en puridad procesal, esa acumulación indebida debería haber sido resuelta arbitrando el requerimiento previsto en artículo 27.1 de la LRJS-.

Tampoco en el motivo de nulidad formulado se plantea ese debate sobre si las acciones estaban debidamente acumuladas, acumulación rechazada por la doctrina de suplicación que cita en el fundamento transcrito -la de 8 de mayo de 2012 es de la Sala de lo Social del País Vasco [REC: 1097/2012, ROJ: STSJ PV 1641/2012]-.

Por todo lo anterior, el motivo de nulidad ha de ser rechazado.

SEXTO.- Así, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, la parte recurrente, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa, por un lado, que se rectifique la fecha de la comunicación recogida en el hecho probado cuarto, y, por otro, que se añadan sendos párrafos a los hechos probados segundo y quinto, del tenor siguiente:

Hecho segundo:

«Los trabajadores de la empresa demandada cobran sus nóminas antes de los cinco primeros días del mes siguiente a aquel en que se devenga el salario.»

Hecho quinto:

«Los de La trabajadora está diagnosticada de trastorno de ansiedad, no especificado según seguimiento efectuado por la Mutua IBERMUTUA en fecha 30/04/2025 y de Trastorno mixto ansioso depresivo por la Unidad de Salud Mental de DIRECCION000 en fecha 12/11/2025, según documental núm. 6 aportada por la demandante.»

La parte recurrida se opone a la revisión propuesta por considerarla esencialmente irrelevante.

SÉPTIMO.- La doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, viene manteniendo que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

OCTAVO.- Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales, ninguna de las modificaciones propuestas pueden ser acogidas, pues no se pone de manifiesto error valorativo alguno, con trascendencia para el recurso, que deba ser remediado con la estimación del motivo.

Respecto de la añadidura del hecho segundo, con la que se pretende recoger la fecha de cobro en orden a la verificación del cumplimiento de la obligación del pago puntual de los salarios, debe tenerse en cuenta que ese concreto apartado de la versión judicial está fundamentado primordialmente en la prueba testifical (fundamento de derecho segundo, párrafo segundo), lo que ya supondría un obstáculo insalvable para poder rectificar dicha afirmación del cobro durante los diez primeros días del mes siguiente a su devengo.

Con todo, partiendo de que la secuencia de los retrasos se contrae al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2024 a febrero de 2025 (hecho probado segundo y fundamento de derecho segundo, párrafo primero), los retrasos que se habrían producido, siguiendo la tesis que debía producirse dentro de los primeros cinco días, se habrían limitado únicamente a los meses de octubre, noviembre, diciembre y febrero, lo que difícilmente podría constituir un incumplimiento grave a los efectos pretendidos.

En cuanto a la corrección de la fecha de la comunicación a la que se refiere el hecho cuarto, se trata de un simple error de transcripción, sin trascendencia alguna para el recurso.

Por último, en cuanto a la añadidura del hecho quinto, difícilmente puede rectificarse el diagnóstico expresado en el parte de baja iniciado a primeros de marzo de 2025, el de dolor de espalda, y la contingencia, enfermedad común, con las meras referencias de la trabajadora contenidas en los documentos que se identifican a los efectos de la revisión, extremo, en todo caso, al que la sentencia de instancia dedica una particular atención cuando da cumplimiento a la exigencia del artículo 97.2 de la LRJS relativa a la justificación del relato de hechos probados (fundamento de derecho primero, párrafo primero).

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

NOVENO.- Y al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente formaliza otro motivo de suplicación, de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la de los artículos 4.2 d) y f), 19, 20, 29 y 38.4 del ET; el artículo 4.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales [en adelante , LPRL], y el artículo 43.1 de la CE.

Argumenta esencialmente que no había cobrado completa y puntualmente los salarios, en especial el de los meses de septiembre de 2024 a febrero de 2025, citando en apoyo de ello las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de septiembre de 2020 [REC: 105/2018, ROJ: STS 2944/2020] y 25 de febrero de 2013 [REC: 380/2012, ROJ: STS 1766/2013], lo que constituía un incumplimiento grave, además de una falta de respeto que atentaba igualmente a su dignidad.

A continuación, hace una serie de consideraciones sobre la conciliación de la vida familiar, sobre los «favores» que se dicen realizados, sobre la falta de vigilancia para la salud, sobre los permisos por razones médicas, así como sobre la disminución salarial y la reducción de comisiones, lo que consideraba una acción ilegítima y sistemática, etc., haciendo mención a la facturación realizada, todo lo cual evidenciaba un trato hostil, que concluía resumiendo en 7 puntos.

La parte recurrida se opone y sostiene en síntesis que el recurso se formulaba realizando alegaciones genéricas y desconectadas del relato fáctico firme, negando en todo caso que se hubiesen producido retrasos salariales relevantes o acoso, y no pudiéndose abordar la rescisión pedida.

DÉCIMO.- Ha de coincidirse con la parte recurrida en que el motivo de infracción está concebido en términos genéricos, cuando no, prescindiendo del relato de hechos probados, ya definitivo, en particular, en lo relativo a la existencia a la situación de acoso u hostigamiento. La sentencia de instancia dedica uno de sus razonamientos (fundamento de derecho tercero) a dicha cuestión, poniendo de manifiesto el valor meramente referencial de dicha situación, frente a la constatación de meras desavenencias en materia retributiva, compartiendo la Sala tales consideraciones, que deben tenerse por reproducidas aquí.

Si tiene unos perfiles más claros, que se ajustan a lo que debe ser un motivo de infracción sustantiva, el relativo a los retrasos en el pago de los salarios, pues se dispone de unas premisas fácticas nítidas (hecho probado segundo), se citan como infringidos los preceptos estatutarios que reconocen el derecho a la percepción puntual de la retribución, si bien se omite cualquier mención al artículo 50 del ET, regulador de la extinción del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, no obstante lo cual pueda entenderse que se invoca implícitamente dicho precepto con la cita de la doctrina jurisprudencial contenida en las referidas sentencias d 10 de septiembre de 2020 [REC: 105/2018, ROJ: STS 2944/2020] y 25 de febrero de 2013 [REC: 380/2012, ROJ: STS 1766/2013].

El examen de dicha concreta infracción que se abordará en los fundamentos siguientes.

UNDÉCIMO.- El ET, por lo que interesa al recurso, establece lo siguiente:

Artículo 4. Derechos laborales.

[...]

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

[...]

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

[...]

Artículo 29. Liquidación y pago.

1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.

[...]

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

[...]

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos.

[...]

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

DUODÉCIMO.- La interpretación aplicativa de dichas normas cabe encontrarla resumida, entre otras, en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2023 [REC: 3715/2022, ROJ: STS 4034/2023], según la cual para que prospere la causa resolutoria es necesaria la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial; y, a efectos de determinar tal gravedad, debe valorarse tan sólo si el retraso o impago es grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex artículos 4.2 f) y 29.1 del ET, ponderando el alcance del incumplimiento de acuerdo con criterios de orden temporal (retrasos continuados y persistentes en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado), por lo que concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos; que para la concurrencia de esa causa extintiva debe aplicarse un criterio objetivo en la valoración de la conducta de la empresa, sin que sea preceptiva la culpabilidad en el incumplimiento del empresario, ni pueda entenderse justificado ese incumplimiento por la situación económica que atraviese; y que el empleador no tiene la facultad unilateral de modular o condicionar el cumplimiento de la obligación de abono puntual del salario, ni la reiteración de la insatisfacción de la obligación puede resultar en una modificación de la misma, pues una cosa es que la acción de reclamación hubiera podido estar sometida a una eventual prescripción -si la conducta incumplidora no persistía ya en el momento de la demanda- y otra distinta deducir de ella un consentimiento tácito de los trabajadores respecto al percibo de sus salarios con constantes retrasos. La facultad de optar por la tutela que regula el art. 50.1 b) del ET no se halla sometida a ninguna otra condición de la reclamación previa del cumplimiento de la obligación de pago del salario, no resultando exigible al trabajador que asuma y se adapte al retraso sólo porque este se reitere en el tiempo de manera previsible; y que las dificultades económicas no enervan la acción frente a su incumplimiento.

DECIMOTERCERO.- Sobre este particular, la sentencia de instancia contiene el razonamiento siguiente en el fundamento segundo:

Hechas las consideraciones anteriores en cuanto a la valoración de la prueba, solicita la parte actora la extinción del contrato de trabajo al amparo del art. 50 ET , comenzando por ejercitar la del apartado 1,b), fundada en incumplimiento empresarial por falta de pago y retrasos continuados del salario pactado y la basa en retrasos en el abono de los salarios comprendidos entre el mes de octubre de 2024 a febrero de 2025. A esta pretensión se opuso la parte demandada alegando que no se ha incurrido en el retraso que prevé la nueva regulación según la cual "se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos", pues en ningún caso se han superado en 15 días la fecha fijada para el abono del salario dado que la fecha fijada para el abono del salario en la empresa conforme permite el art. 29.1 ET es entre los días 1 y 10 de cada mes siguiente al del devengo del salario.

Para resolver esta primera cuestión, ciertamente se considera probado por la testifical practicada que la fecha fijada por la empresa para el abono del salario es entre el 1 y 10 de cada mes siguiente al de devengo del salario, de donde se desprende que, a la vista del hecho probado segundo, conforme a la nueva regulación, no se incurriría en el retraso que justificaría la extinción indemnizada del contrato por voluntad del trabajador. No obstante, esta nueva regulación entró en vigor el 3-4-2025 y los retrasos imputados a la demandada no llegan a tal fecha, pues se circunscriben a un periodo anterior, por lo que no le alcanzaría tal regulación al tener que aplicarse la legislación material vigente en la fecha de los hechos, que simplemente aludía a "La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado", de ahí que haya que acudir a lo que la doctrina interpretaba hasta la nueva regulación, para lo que cabe examinar si tales retrasos tienen la entidad suficiente como para poder justificar una extinción de contrato a instancias del trabajador por incumplimiento grave del empresario. Para ello, los retrasos han de tener gravedad y trascendencia, exigencia que se conecta con su reiteración y persistencia ( SSTS 10-6-09 , 9-12-10 , 26-7-12 , 25-1-99 o 9-12-10 ). En este sentido, se han considerado graves que permiten la resolución indemnizada los que se produjeron a lo largo de 9 meses, con demoras irregulares que oscilaron entre la de menor entidad en la que el pago se efectuó el día 11 del mes corriente (un solo mes), a la de mayor gravedad en el que se produjo el octavo día del mes siguiente ( STS 3-12-12 ), también aquellos que superan el año de duración ( SSTS de 24-3-92 o 13-7-98 ). Pues bien, de lo expuesto en el hecho probado segundo se observa que no se incurre en los retrasos que se exigen doctrinalmente para poder imputar un incumplimiento grave del empresario que justifique la extinción indemnizada del contrato, pues únicamente se habrían verificado un retraso en el mes de noviembre de 2024, por lo que por la vía del art. 50.1.b) ET no cabría estimar la pretensión que ejercita la parte actora.

DECIMOCUARTO.- Conviene precisar primeramente, como con rigor lo hace el magistrado de instancia en el fundamento transcrito, que el segundo párrafo del artículo 50.1 b) del ET, en el que se ha venido a conceptuar el retraso (aquel que suponga la superación en quince días la fecha fijada para el abono del salario, y se produzca durante seis meses, aún no consecutivos), entró en vigor el 3 de abril de 2025, pues se introdujo en virtud de la disposición final vigesimosexta, uno, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero , de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia,que dio una nueva redacción al referido artículo 50, con lo que esa concreción no resulta aplicable al presente supuesto, en el que la secuencia objeto de análisis termina en marzo de 2025, como se ha visto.

DECIMOQUINTO.- Hecha la precisión anterior, la Sala ha de refrendar el criterio y la conclusión del magistrado de instancia, en la medida que -como se adelantó al examinar el motivo consecuente de revisión fáctica-, el retraso no ha alcanzado la gravedad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato.

Por el fracaso de la revisión pedida, sigue partiéndose de la premisa fáctica de que los salarios se abonaban dentro de los diez primeros días del mes siguiente a su devengo, por lo que solo se habrían registrado demoras en el periodo objeto de consideración (octubre 2024 a febrero 2025) en los meses de noviembre y febrero, en los que se produjo un pago parcial, lo que difícilmente reviste la cualificación necesaria para dar lugar a la extinción.

Pero, incluso admitiendo que el pago debería haberse producido en los primeros cinco días de cada mes, como se defiende, el retraso se habría producido en cuatro meses dentro de aquella secuencia de cinco -por lo demás, exigua-, pues el mes de febrero de 2025 la retribución se produjo de forma oportuna, de manera que tampoco cabría admitir que se está ante un incumplimiento con relevancia extintiva.

Por ello, al desestimar la demanda, la sentencia de instancia no infringió los preceptos citados, por lo que el motivo ha de ser rechazado.

DECIMOSEXTO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso debe desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, que se precisarán en el fallo de esta sentencia.

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda de la trabajadora y absolvió a las demandadas, la sociedad empleadora y la directora de la misma, por considerar esencialmente que no se había producido un retraso en el pago de los salarios que lo justificase; que no concurría situación de acoso alguno, sino meras desavenencias; que no se había producido modificación sustancial de condiciones de trabajo que menoscabasen su dignidad, y sin que cupiese acumular la acción de rescisión del contrato por razón de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Contra esa decisión, la demandante interpuso el presente recurso con la finalidad de que se revocase y se declarase la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización prevista para el despido improcedente y, en su defecto, la prevista para la rescisión en el caso de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, más aquella indemnización por la vulneración de derechos fundamentales alegada, articulando para ello motivos de nulidad, de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por las demandadas únicamente.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes.

SEGUNDO.- Así, al amparo del artículo 193 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], la parte recurrente formaliza un primer motivo de suplicación para que se repusiesen las actuaciones al momento de cometerse la infracción de los artículos 17 y 97.2 de dicha norma, y 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en adelante , LEC], argumentando esencialmente que el referido artículo 17 era una transposición del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución española [en adelante , CE]; que, como petición subsidiaria de la demanda, pidió la extinción indemnizada al amparo del artículo 41.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante , ET]; y que la sentencia no entró a valorar si se había producido o no la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no resolviendo, por tanto, en cuanto al fondo de dicha cuestión, lo que le causaba indefensión.

Las partes recurridas, tras cuestionar con carácter previo la técnica suplicatoria empleada en el recurso, que debía conducir a su desestimación, sostiene, en cuanto dicho motivo de nulidad, que la sentencia de instancia contenía una valoración probatoria motivada y daba respuesta expresa a todas las pretensiones, a pesar de la disparidad de acciones ejercitadas en el mismo proceso.

TERCERO.- El magistrado de instancia, en el fundamento de derecho cuarto, razona lo siguiente:

La última vía por la que la parte actora solicita la extinción indemnizada del contrato es por entender que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo recogida en el art. 41 ET y solicita la aplicación del art. 41.3 ET , otorgando el derecho de la trabajadora a rescindir el contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio.

[...]

Pues bien, lo que en este caso se ha ejercitado es una acción de rescisión del contrato por vía del art. 50.1 ET , letras a), b) y c), como expresamente se señala en el encabezamiento de la demanda, además de la ya señalada indemnización de daños y perjuicios, sin que en ningún caso quepa acumular a esta acción otra de modificación sustancial del art. 41 ET , como en este caso se pretende, pues, como señala la STSJ de 8-5-2012 (Rec. 1097/2012) "En cualquier caso, esta petición vulnera lo dispuesto en el art. 27.4, de la LPL , ya que a una acción de extinción de contrato vía art. 50, del ET , no le es acumulable otra de modificación sustancial del art. 41, también del ET .

[...]

Asimismo, la STSJ de Madrid, de 2-6-2025 (Rec. 320/25 ), también recalcó que "Por lo tanto, para que la acción extintiva del artículo 50.1 a) del ET pueda prosperar, es necesario que la modificación operada en las condiciones de trabajo no solamente sea sustancial, sino que es preciso además que no haya respetado lo previsto en el art. 41 ET ,y que afecte de modo negativo a la dignidad del trabajador.

[...]

Por menoscabo a la dignidad del trabajador históricamente se ha entendido el atentado contra el respecto debido a su honorabilidad, medida con un criterio social objetivo ( STS 29-01-88 ), y se apreció en aquellos acasos en los que se es objeto de un trato discriminatorio o humillante. Equivale tal dignidad al respeto que un trabajador merece ante sus compañeros y ante sus jefes, como persona y como profesional, no pudiendo ser situado por una decisión empresarial, en una posición tal que provoque un menoscabo en ese respeto."

Pues bien, aplicando la doctrina mencionada al caso que nos ocupa, se ha de entender que ningún atentado a la dignidad de la trabajadora se ha producido en la notificación que se se le manifestó que se iba a ajustar el umbral mínimo de comisiones, pues no solo afectó a la actora sino también a todos los demás trabajadores, por lo que todos se vieron en la misma situación, por lo que no se ha verificado una pérdida de respeto de la actora que merece ante sus compañeros ni tampoco se ha privado a la misma de encomienda de función alguna ni se le ha impedido desarrollar las tareas propias de su categoría profesional, todo lo cual lleva a la conclusión de que tampoco por esta vía del art. 50.1 a) ET procedería la extinción indemnizada de contrato que pretende la actora.

Lo expuesto deriva en la desestimación de la demanda interpuesta.

CUARTO.- Antes de examinar el recurso, y en respuesta a la queja de la parte recurrente, que cuestiona la técnica de suplicación empleada por la parte recurrente, debe precisarse que si bien el escrito de interposición adolece de algunos defectos procesales -sobre los que se volverá al examinar cada uno de ellos-, en particular, el del infracción sustantiva, en el que viene a realizarse un alegato general en contra de lo decidido en la instancia, el recurso cumple esencialmente con las exigencias del artículo 196. 2 y 3 de la LRJS, pues se citan los preceptos que se consideran infringidos, se razona la pertinencia y fundamentación de los mismos y, en el caso del motivo de revisión fáctica, se formula una propuesta alternativa se identifican los documentos en los que se apoya y se defiende la relevancia que dicha modificación pueda tener el recuso, permitiendo a la Sala, en definitiva, dar respuesta a cada uno de los motivos planteados.

Con todo, la técnica de suplicación habría recomendado que esos defectos formales, determinantes del rechazo de plano del recurso, se plasmasen por la parte recurrida formalizando un motivo de inadmisibilidad del recurso por motivos formales, al amparo del artículo 197.1 de la LRJS, bien ya que con efectos desestimatorios del mismo, de conformidad con 201.1 de dicha norma.

QUINTO.- Son varias las razones que obligan a rechazar el motivo de nulidad:

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de noviembre de 2017 [REC: 40/2017, ROJ: STS 4216/2017], ha expresado que los recurrentes están obligados a solicitar de forma expresa la declaración de nulidad de la sentencia. Lo que implica -cabe añadir en este momento- que se indiquen los efectos precisos de tal nulidad, tal como vienen establecidos en el artículo 202.2 de la LRJS. Se da el caso que la parte recurrente no cierra el escrito de interposición del recurso con una petición expresa consecuente con el motivo de nulidad que formula,

Abstracción hecha de lo anterior, la sentencia de instancia no ha omitido efectuar un pronunciamiento sobre la acción de rescisión del contrato de trabajo, amparada en el citado artículo 41.3 del ET (que reconoce el derecho a rescindir el contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio en el caso de las modificaciones relacionadas expresamente en dicha norma, a excepción de la relativa al sistema de trabajo y rendimiento).

De haber sido así, se estaría ante la infracción de una de las normas reguladoras de la sentencia, la relativa a la debida exhaustividad, conforme establece el artículo 218 de la LEC, norma que en ningún momento ha sido infringida.

En realidad, lo que ha hecho la sentencia recurrida en respuesta al pretendido ejercicio de la acción de rescisión por lesión, ha sido rechazar la acumulación de acciones que se producía en la demanda -en puridad procesal, esa acumulación indebida debería haber sido resuelta arbitrando el requerimiento previsto en artículo 27.1 de la LRJS-.

Tampoco en el motivo de nulidad formulado se plantea ese debate sobre si las acciones estaban debidamente acumuladas, acumulación rechazada por la doctrina de suplicación que cita en el fundamento transcrito -la de 8 de mayo de 2012 es de la Sala de lo Social del País Vasco [REC: 1097/2012, ROJ: STSJ PV 1641/2012]-.

Por todo lo anterior, el motivo de nulidad ha de ser rechazado.

SEXTO.- Así, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, la parte recurrente, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa, por un lado, que se rectifique la fecha de la comunicación recogida en el hecho probado cuarto, y, por otro, que se añadan sendos párrafos a los hechos probados segundo y quinto, del tenor siguiente:

Hecho segundo:

«Los trabajadores de la empresa demandada cobran sus nóminas antes de los cinco primeros días del mes siguiente a aquel en que se devenga el salario.»

Hecho quinto:

«Los de La trabajadora está diagnosticada de trastorno de ansiedad, no especificado según seguimiento efectuado por la Mutua IBERMUTUA en fecha 30/04/2025 y de Trastorno mixto ansioso depresivo por la Unidad de Salud Mental de DIRECCION000 en fecha 12/11/2025, según documental núm. 6 aportada por la demandante.»

La parte recurrida se opone a la revisión propuesta por considerarla esencialmente irrelevante.

SÉPTIMO.- La doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, viene manteniendo que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

OCTAVO.- Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales, ninguna de las modificaciones propuestas pueden ser acogidas, pues no se pone de manifiesto error valorativo alguno, con trascendencia para el recurso, que deba ser remediado con la estimación del motivo.

Respecto de la añadidura del hecho segundo, con la que se pretende recoger la fecha de cobro en orden a la verificación del cumplimiento de la obligación del pago puntual de los salarios, debe tenerse en cuenta que ese concreto apartado de la versión judicial está fundamentado primordialmente en la prueba testifical (fundamento de derecho segundo, párrafo segundo), lo que ya supondría un obstáculo insalvable para poder rectificar dicha afirmación del cobro durante los diez primeros días del mes siguiente a su devengo.

Con todo, partiendo de que la secuencia de los retrasos se contrae al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2024 a febrero de 2025 (hecho probado segundo y fundamento de derecho segundo, párrafo primero), los retrasos que se habrían producido, siguiendo la tesis que debía producirse dentro de los primeros cinco días, se habrían limitado únicamente a los meses de octubre, noviembre, diciembre y febrero, lo que difícilmente podría constituir un incumplimiento grave a los efectos pretendidos.

En cuanto a la corrección de la fecha de la comunicación a la que se refiere el hecho cuarto, se trata de un simple error de transcripción, sin trascendencia alguna para el recurso.

Por último, en cuanto a la añadidura del hecho quinto, difícilmente puede rectificarse el diagnóstico expresado en el parte de baja iniciado a primeros de marzo de 2025, el de dolor de espalda, y la contingencia, enfermedad común, con las meras referencias de la trabajadora contenidas en los documentos que se identifican a los efectos de la revisión, extremo, en todo caso, al que la sentencia de instancia dedica una particular atención cuando da cumplimiento a la exigencia del artículo 97.2 de la LRJS relativa a la justificación del relato de hechos probados (fundamento de derecho primero, párrafo primero).

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

NOVENO.- Y al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente formaliza otro motivo de suplicación, de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la de los artículos 4.2 d) y f), 19, 20, 29 y 38.4 del ET; el artículo 4.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales [en adelante , LPRL], y el artículo 43.1 de la CE.

Argumenta esencialmente que no había cobrado completa y puntualmente los salarios, en especial el de los meses de septiembre de 2024 a febrero de 2025, citando en apoyo de ello las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de septiembre de 2020 [REC: 105/2018, ROJ: STS 2944/2020] y 25 de febrero de 2013 [REC: 380/2012, ROJ: STS 1766/2013], lo que constituía un incumplimiento grave, además de una falta de respeto que atentaba igualmente a su dignidad.

A continuación, hace una serie de consideraciones sobre la conciliación de la vida familiar, sobre los «favores» que se dicen realizados, sobre la falta de vigilancia para la salud, sobre los permisos por razones médicas, así como sobre la disminución salarial y la reducción de comisiones, lo que consideraba una acción ilegítima y sistemática, etc., haciendo mención a la facturación realizada, todo lo cual evidenciaba un trato hostil, que concluía resumiendo en 7 puntos.

La parte recurrida se opone y sostiene en síntesis que el recurso se formulaba realizando alegaciones genéricas y desconectadas del relato fáctico firme, negando en todo caso que se hubiesen producido retrasos salariales relevantes o acoso, y no pudiéndose abordar la rescisión pedida.

DÉCIMO.- Ha de coincidirse con la parte recurrida en que el motivo de infracción está concebido en términos genéricos, cuando no, prescindiendo del relato de hechos probados, ya definitivo, en particular, en lo relativo a la existencia a la situación de acoso u hostigamiento. La sentencia de instancia dedica uno de sus razonamientos (fundamento de derecho tercero) a dicha cuestión, poniendo de manifiesto el valor meramente referencial de dicha situación, frente a la constatación de meras desavenencias en materia retributiva, compartiendo la Sala tales consideraciones, que deben tenerse por reproducidas aquí.

Si tiene unos perfiles más claros, que se ajustan a lo que debe ser un motivo de infracción sustantiva, el relativo a los retrasos en el pago de los salarios, pues se dispone de unas premisas fácticas nítidas (hecho probado segundo), se citan como infringidos los preceptos estatutarios que reconocen el derecho a la percepción puntual de la retribución, si bien se omite cualquier mención al artículo 50 del ET, regulador de la extinción del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, no obstante lo cual pueda entenderse que se invoca implícitamente dicho precepto con la cita de la doctrina jurisprudencial contenida en las referidas sentencias d 10 de septiembre de 2020 [REC: 105/2018, ROJ: STS 2944/2020] y 25 de febrero de 2013 [REC: 380/2012, ROJ: STS 1766/2013].

El examen de dicha concreta infracción que se abordará en los fundamentos siguientes.

UNDÉCIMO.- El ET, por lo que interesa al recurso, establece lo siguiente:

Artículo 4. Derechos laborales.

[...]

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

[...]

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

[...]

Artículo 29. Liquidación y pago.

1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.

[...]

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

[...]

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos.

[...]

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

DUODÉCIMO.- La interpretación aplicativa de dichas normas cabe encontrarla resumida, entre otras, en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2023 [REC: 3715/2022, ROJ: STS 4034/2023], según la cual para que prospere la causa resolutoria es necesaria la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial; y, a efectos de determinar tal gravedad, debe valorarse tan sólo si el retraso o impago es grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex artículos 4.2 f) y 29.1 del ET, ponderando el alcance del incumplimiento de acuerdo con criterios de orden temporal (retrasos continuados y persistentes en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado), por lo que concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos; que para la concurrencia de esa causa extintiva debe aplicarse un criterio objetivo en la valoración de la conducta de la empresa, sin que sea preceptiva la culpabilidad en el incumplimiento del empresario, ni pueda entenderse justificado ese incumplimiento por la situación económica que atraviese; y que el empleador no tiene la facultad unilateral de modular o condicionar el cumplimiento de la obligación de abono puntual del salario, ni la reiteración de la insatisfacción de la obligación puede resultar en una modificación de la misma, pues una cosa es que la acción de reclamación hubiera podido estar sometida a una eventual prescripción -si la conducta incumplidora no persistía ya en el momento de la demanda- y otra distinta deducir de ella un consentimiento tácito de los trabajadores respecto al percibo de sus salarios con constantes retrasos. La facultad de optar por la tutela que regula el art. 50.1 b) del ET no se halla sometida a ninguna otra condición de la reclamación previa del cumplimiento de la obligación de pago del salario, no resultando exigible al trabajador que asuma y se adapte al retraso sólo porque este se reitere en el tiempo de manera previsible; y que las dificultades económicas no enervan la acción frente a su incumplimiento.

DECIMOTERCERO.- Sobre este particular, la sentencia de instancia contiene el razonamiento siguiente en el fundamento segundo:

Hechas las consideraciones anteriores en cuanto a la valoración de la prueba, solicita la parte actora la extinción del contrato de trabajo al amparo del art. 50 ET , comenzando por ejercitar la del apartado 1,b), fundada en incumplimiento empresarial por falta de pago y retrasos continuados del salario pactado y la basa en retrasos en el abono de los salarios comprendidos entre el mes de octubre de 2024 a febrero de 2025. A esta pretensión se opuso la parte demandada alegando que no se ha incurrido en el retraso que prevé la nueva regulación según la cual "se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos", pues en ningún caso se han superado en 15 días la fecha fijada para el abono del salario dado que la fecha fijada para el abono del salario en la empresa conforme permite el art. 29.1 ET es entre los días 1 y 10 de cada mes siguiente al del devengo del salario.

Para resolver esta primera cuestión, ciertamente se considera probado por la testifical practicada que la fecha fijada por la empresa para el abono del salario es entre el 1 y 10 de cada mes siguiente al de devengo del salario, de donde se desprende que, a la vista del hecho probado segundo, conforme a la nueva regulación, no se incurriría en el retraso que justificaría la extinción indemnizada del contrato por voluntad del trabajador. No obstante, esta nueva regulación entró en vigor el 3-4-2025 y los retrasos imputados a la demandada no llegan a tal fecha, pues se circunscriben a un periodo anterior, por lo que no le alcanzaría tal regulación al tener que aplicarse la legislación material vigente en la fecha de los hechos, que simplemente aludía a "La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado", de ahí que haya que acudir a lo que la doctrina interpretaba hasta la nueva regulación, para lo que cabe examinar si tales retrasos tienen la entidad suficiente como para poder justificar una extinción de contrato a instancias del trabajador por incumplimiento grave del empresario. Para ello, los retrasos han de tener gravedad y trascendencia, exigencia que se conecta con su reiteración y persistencia ( SSTS 10-6-09 , 9-12-10 , 26-7-12 , 25-1-99 o 9-12-10 ). En este sentido, se han considerado graves que permiten la resolución indemnizada los que se produjeron a lo largo de 9 meses, con demoras irregulares que oscilaron entre la de menor entidad en la que el pago se efectuó el día 11 del mes corriente (un solo mes), a la de mayor gravedad en el que se produjo el octavo día del mes siguiente ( STS 3-12-12 ), también aquellos que superan el año de duración ( SSTS de 24-3-92 o 13-7-98 ). Pues bien, de lo expuesto en el hecho probado segundo se observa que no se incurre en los retrasos que se exigen doctrinalmente para poder imputar un incumplimiento grave del empresario que justifique la extinción indemnizada del contrato, pues únicamente se habrían verificado un retraso en el mes de noviembre de 2024, por lo que por la vía del art. 50.1.b) ET no cabría estimar la pretensión que ejercita la parte actora.

DECIMOCUARTO.- Conviene precisar primeramente, como con rigor lo hace el magistrado de instancia en el fundamento transcrito, que el segundo párrafo del artículo 50.1 b) del ET, en el que se ha venido a conceptuar el retraso (aquel que suponga la superación en quince días la fecha fijada para el abono del salario, y se produzca durante seis meses, aún no consecutivos), entró en vigor el 3 de abril de 2025, pues se introdujo en virtud de la disposición final vigesimosexta, uno, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero , de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia,que dio una nueva redacción al referido artículo 50, con lo que esa concreción no resulta aplicable al presente supuesto, en el que la secuencia objeto de análisis termina en marzo de 2025, como se ha visto.

DECIMOQUINTO.- Hecha la precisión anterior, la Sala ha de refrendar el criterio y la conclusión del magistrado de instancia, en la medida que -como se adelantó al examinar el motivo consecuente de revisión fáctica-, el retraso no ha alcanzado la gravedad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato.

Por el fracaso de la revisión pedida, sigue partiéndose de la premisa fáctica de que los salarios se abonaban dentro de los diez primeros días del mes siguiente a su devengo, por lo que solo se habrían registrado demoras en el periodo objeto de consideración (octubre 2024 a febrero 2025) en los meses de noviembre y febrero, en los que se produjo un pago parcial, lo que difícilmente reviste la cualificación necesaria para dar lugar a la extinción.

Pero, incluso admitiendo que el pago debería haberse producido en los primeros cinco días de cada mes, como se defiende, el retraso se habría producido en cuatro meses dentro de aquella secuencia de cinco -por lo demás, exigua-, pues el mes de febrero de 2025 la retribución se produjo de forma oportuna, de manera que tampoco cabría admitir que se está ante un incumplimiento con relevancia extintiva.

Por ello, al desestimar la demanda, la sentencia de instancia no infringió los preceptos citados, por lo que el motivo ha de ser rechazado.

DECIMOSEXTO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso debe desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, que se precisarán en el fallo de esta sentencia.

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda de la trabajadora y absolvió a las demandadas, la sociedad empleadora y la directora de la misma, por considerar esencialmente que no se había producido un retraso en el pago de los salarios que lo justificase; que no concurría situación de acoso alguno, sino meras desavenencias; que no se había producido modificación sustancial de condiciones de trabajo que menoscabasen su dignidad, y sin que cupiese acumular la acción de rescisión del contrato por razón de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Contra esa decisión, la demandante interpuso el presente recurso con la finalidad de que se revocase y se declarase la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización prevista para el despido improcedente y, en su defecto, la prevista para la rescisión en el caso de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, más aquella indemnización por la vulneración de derechos fundamentales alegada, articulando para ello motivos de nulidad, de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por las demandadas únicamente.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes.

SEGUNDO.- Así, al amparo del artículo 193 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], la parte recurrente formaliza un primer motivo de suplicación para que se repusiesen las actuaciones al momento de cometerse la infracción de los artículos 17 y 97.2 de dicha norma, y 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en adelante , LEC], argumentando esencialmente que el referido artículo 17 era una transposición del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución española [en adelante , CE]; que, como petición subsidiaria de la demanda, pidió la extinción indemnizada al amparo del artículo 41.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante , ET]; y que la sentencia no entró a valorar si se había producido o no la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no resolviendo, por tanto, en cuanto al fondo de dicha cuestión, lo que le causaba indefensión.

Las partes recurridas, tras cuestionar con carácter previo la técnica suplicatoria empleada en el recurso, que debía conducir a su desestimación, sostiene, en cuanto dicho motivo de nulidad, que la sentencia de instancia contenía una valoración probatoria motivada y daba respuesta expresa a todas las pretensiones, a pesar de la disparidad de acciones ejercitadas en el mismo proceso.

TERCERO.- El magistrado de instancia, en el fundamento de derecho cuarto, razona lo siguiente:

La última vía por la que la parte actora solicita la extinción indemnizada del contrato es por entender que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo recogida en el art. 41 ET y solicita la aplicación del art. 41.3 ET , otorgando el derecho de la trabajadora a rescindir el contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio.

[...]

Pues bien, lo que en este caso se ha ejercitado es una acción de rescisión del contrato por vía del art. 50.1 ET , letras a), b) y c), como expresamente se señala en el encabezamiento de la demanda, además de la ya señalada indemnización de daños y perjuicios, sin que en ningún caso quepa acumular a esta acción otra de modificación sustancial del art. 41 ET , como en este caso se pretende, pues, como señala la STSJ de 8-5-2012 (Rec. 1097/2012) "En cualquier caso, esta petición vulnera lo dispuesto en el art. 27.4, de la LPL , ya que a una acción de extinción de contrato vía art. 50, del ET , no le es acumulable otra de modificación sustancial del art. 41, también del ET .

[...]

Asimismo, la STSJ de Madrid, de 2-6-2025 (Rec. 320/25 ), también recalcó que "Por lo tanto, para que la acción extintiva del artículo 50.1 a) del ET pueda prosperar, es necesario que la modificación operada en las condiciones de trabajo no solamente sea sustancial, sino que es preciso además que no haya respetado lo previsto en el art. 41 ET ,y que afecte de modo negativo a la dignidad del trabajador.

[...]

Por menoscabo a la dignidad del trabajador históricamente se ha entendido el atentado contra el respecto debido a su honorabilidad, medida con un criterio social objetivo ( STS 29-01-88 ), y se apreció en aquellos acasos en los que se es objeto de un trato discriminatorio o humillante. Equivale tal dignidad al respeto que un trabajador merece ante sus compañeros y ante sus jefes, como persona y como profesional, no pudiendo ser situado por una decisión empresarial, en una posición tal que provoque un menoscabo en ese respeto."

Pues bien, aplicando la doctrina mencionada al caso que nos ocupa, se ha de entender que ningún atentado a la dignidad de la trabajadora se ha producido en la notificación que se se le manifestó que se iba a ajustar el umbral mínimo de comisiones, pues no solo afectó a la actora sino también a todos los demás trabajadores, por lo que todos se vieron en la misma situación, por lo que no se ha verificado una pérdida de respeto de la actora que merece ante sus compañeros ni tampoco se ha privado a la misma de encomienda de función alguna ni se le ha impedido desarrollar las tareas propias de su categoría profesional, todo lo cual lleva a la conclusión de que tampoco por esta vía del art. 50.1 a) ET procedería la extinción indemnizada de contrato que pretende la actora.

Lo expuesto deriva en la desestimación de la demanda interpuesta.

CUARTO.- Antes de examinar el recurso, y en respuesta a la queja de la parte recurrente, que cuestiona la técnica de suplicación empleada por la parte recurrente, debe precisarse que si bien el escrito de interposición adolece de algunos defectos procesales -sobre los que se volverá al examinar cada uno de ellos-, en particular, el del infracción sustantiva, en el que viene a realizarse un alegato general en contra de lo decidido en la instancia, el recurso cumple esencialmente con las exigencias del artículo 196. 2 y 3 de la LRJS, pues se citan los preceptos que se consideran infringidos, se razona la pertinencia y fundamentación de los mismos y, en el caso del motivo de revisión fáctica, se formula una propuesta alternativa se identifican los documentos en los que se apoya y se defiende la relevancia que dicha modificación pueda tener el recuso, permitiendo a la Sala, en definitiva, dar respuesta a cada uno de los motivos planteados.

Con todo, la técnica de suplicación habría recomendado que esos defectos formales, determinantes del rechazo de plano del recurso, se plasmasen por la parte recurrida formalizando un motivo de inadmisibilidad del recurso por motivos formales, al amparo del artículo 197.1 de la LRJS, bien ya que con efectos desestimatorios del mismo, de conformidad con 201.1 de dicha norma.

QUINTO.- Son varias las razones que obligan a rechazar el motivo de nulidad:

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de noviembre de 2017 [REC: 40/2017, ROJ: STS 4216/2017], ha expresado que los recurrentes están obligados a solicitar de forma expresa la declaración de nulidad de la sentencia. Lo que implica -cabe añadir en este momento- que se indiquen los efectos precisos de tal nulidad, tal como vienen establecidos en el artículo 202.2 de la LRJS. Se da el caso que la parte recurrente no cierra el escrito de interposición del recurso con una petición expresa consecuente con el motivo de nulidad que formula,

Abstracción hecha de lo anterior, la sentencia de instancia no ha omitido efectuar un pronunciamiento sobre la acción de rescisión del contrato de trabajo, amparada en el citado artículo 41.3 del ET (que reconoce el derecho a rescindir el contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio en el caso de las modificaciones relacionadas expresamente en dicha norma, a excepción de la relativa al sistema de trabajo y rendimiento).

De haber sido así, se estaría ante la infracción de una de las normas reguladoras de la sentencia, la relativa a la debida exhaustividad, conforme establece el artículo 218 de la LEC, norma que en ningún momento ha sido infringida.

En realidad, lo que ha hecho la sentencia recurrida en respuesta al pretendido ejercicio de la acción de rescisión por lesión, ha sido rechazar la acumulación de acciones que se producía en la demanda -en puridad procesal, esa acumulación indebida debería haber sido resuelta arbitrando el requerimiento previsto en artículo 27.1 de la LRJS-.

Tampoco en el motivo de nulidad formulado se plantea ese debate sobre si las acciones estaban debidamente acumuladas, acumulación rechazada por la doctrina de suplicación que cita en el fundamento transcrito -la de 8 de mayo de 2012 es de la Sala de lo Social del País Vasco [REC: 1097/2012, ROJ: STSJ PV 1641/2012]-.

Por todo lo anterior, el motivo de nulidad ha de ser rechazado.

SEXTO.- Así, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, la parte recurrente, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa, por un lado, que se rectifique la fecha de la comunicación recogida en el hecho probado cuarto, y, por otro, que se añadan sendos párrafos a los hechos probados segundo y quinto, del tenor siguiente:

Hecho segundo:

«Los trabajadores de la empresa demandada cobran sus nóminas antes de los cinco primeros días del mes siguiente a aquel en que se devenga el salario.»

Hecho quinto:

«Los de La trabajadora está diagnosticada de trastorno de ansiedad, no especificado según seguimiento efectuado por la Mutua IBERMUTUA en fecha 30/04/2025 y de Trastorno mixto ansioso depresivo por la Unidad de Salud Mental de DIRECCION000 en fecha 12/11/2025, según documental núm. 6 aportada por la demandante.»

La parte recurrida se opone a la revisión propuesta por considerarla esencialmente irrelevante.

SÉPTIMO.- La doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, viene manteniendo que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

OCTAVO.- Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales, ninguna de las modificaciones propuestas pueden ser acogidas, pues no se pone de manifiesto error valorativo alguno, con trascendencia para el recurso, que deba ser remediado con la estimación del motivo.

Respecto de la añadidura del hecho segundo, con la que se pretende recoger la fecha de cobro en orden a la verificación del cumplimiento de la obligación del pago puntual de los salarios, debe tenerse en cuenta que ese concreto apartado de la versión judicial está fundamentado primordialmente en la prueba testifical (fundamento de derecho segundo, párrafo segundo), lo que ya supondría un obstáculo insalvable para poder rectificar dicha afirmación del cobro durante los diez primeros días del mes siguiente a su devengo.

Con todo, partiendo de que la secuencia de los retrasos se contrae al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2024 a febrero de 2025 (hecho probado segundo y fundamento de derecho segundo, párrafo primero), los retrasos que se habrían producido, siguiendo la tesis que debía producirse dentro de los primeros cinco días, se habrían limitado únicamente a los meses de octubre, noviembre, diciembre y febrero, lo que difícilmente podría constituir un incumplimiento grave a los efectos pretendidos.

En cuanto a la corrección de la fecha de la comunicación a la que se refiere el hecho cuarto, se trata de un simple error de transcripción, sin trascendencia alguna para el recurso.

Por último, en cuanto a la añadidura del hecho quinto, difícilmente puede rectificarse el diagnóstico expresado en el parte de baja iniciado a primeros de marzo de 2025, el de dolor de espalda, y la contingencia, enfermedad común, con las meras referencias de la trabajadora contenidas en los documentos que se identifican a los efectos de la revisión, extremo, en todo caso, al que la sentencia de instancia dedica una particular atención cuando da cumplimiento a la exigencia del artículo 97.2 de la LRJS relativa a la justificación del relato de hechos probados (fundamento de derecho primero, párrafo primero).

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

NOVENO.- Y al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente formaliza otro motivo de suplicación, de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la de los artículos 4.2 d) y f), 19, 20, 29 y 38.4 del ET; el artículo 4.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales [en adelante , LPRL], y el artículo 43.1 de la CE.

Argumenta esencialmente que no había cobrado completa y puntualmente los salarios, en especial el de los meses de septiembre de 2024 a febrero de 2025, citando en apoyo de ello las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de septiembre de 2020 [REC: 105/2018, ROJ: STS 2944/2020] y 25 de febrero de 2013 [REC: 380/2012, ROJ: STS 1766/2013], lo que constituía un incumplimiento grave, además de una falta de respeto que atentaba igualmente a su dignidad.

A continuación, hace una serie de consideraciones sobre la conciliación de la vida familiar, sobre los «favores» que se dicen realizados, sobre la falta de vigilancia para la salud, sobre los permisos por razones médicas, así como sobre la disminución salarial y la reducción de comisiones, lo que consideraba una acción ilegítima y sistemática, etc., haciendo mención a la facturación realizada, todo lo cual evidenciaba un trato hostil, que concluía resumiendo en 7 puntos.

La parte recurrida se opone y sostiene en síntesis que el recurso se formulaba realizando alegaciones genéricas y desconectadas del relato fáctico firme, negando en todo caso que se hubiesen producido retrasos salariales relevantes o acoso, y no pudiéndose abordar la rescisión pedida.

DÉCIMO.- Ha de coincidirse con la parte recurrida en que el motivo de infracción está concebido en términos genéricos, cuando no, prescindiendo del relato de hechos probados, ya definitivo, en particular, en lo relativo a la existencia a la situación de acoso u hostigamiento. La sentencia de instancia dedica uno de sus razonamientos (fundamento de derecho tercero) a dicha cuestión, poniendo de manifiesto el valor meramente referencial de dicha situación, frente a la constatación de meras desavenencias en materia retributiva, compartiendo la Sala tales consideraciones, que deben tenerse por reproducidas aquí.

Si tiene unos perfiles más claros, que se ajustan a lo que debe ser un motivo de infracción sustantiva, el relativo a los retrasos en el pago de los salarios, pues se dispone de unas premisas fácticas nítidas (hecho probado segundo), se citan como infringidos los preceptos estatutarios que reconocen el derecho a la percepción puntual de la retribución, si bien se omite cualquier mención al artículo 50 del ET, regulador de la extinción del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, no obstante lo cual pueda entenderse que se invoca implícitamente dicho precepto con la cita de la doctrina jurisprudencial contenida en las referidas sentencias d 10 de septiembre de 2020 [REC: 105/2018, ROJ: STS 2944/2020] y 25 de febrero de 2013 [REC: 380/2012, ROJ: STS 1766/2013].

El examen de dicha concreta infracción que se abordará en los fundamentos siguientes.

UNDÉCIMO.- El ET, por lo que interesa al recurso, establece lo siguiente:

Artículo 4. Derechos laborales.

[...]

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

[...]

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

[...]

Artículo 29. Liquidación y pago.

1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.

[...]

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

[...]

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos.

[...]

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

DUODÉCIMO.- La interpretación aplicativa de dichas normas cabe encontrarla resumida, entre otras, en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2023 [REC: 3715/2022, ROJ: STS 4034/2023], según la cual para que prospere la causa resolutoria es necesaria la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial; y, a efectos de determinar tal gravedad, debe valorarse tan sólo si el retraso o impago es grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex artículos 4.2 f) y 29.1 del ET, ponderando el alcance del incumplimiento de acuerdo con criterios de orden temporal (retrasos continuados y persistentes en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado), por lo que concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos; que para la concurrencia de esa causa extintiva debe aplicarse un criterio objetivo en la valoración de la conducta de la empresa, sin que sea preceptiva la culpabilidad en el incumplimiento del empresario, ni pueda entenderse justificado ese incumplimiento por la situación económica que atraviese; y que el empleador no tiene la facultad unilateral de modular o condicionar el cumplimiento de la obligación de abono puntual del salario, ni la reiteración de la insatisfacción de la obligación puede resultar en una modificación de la misma, pues una cosa es que la acción de reclamación hubiera podido estar sometida a una eventual prescripción -si la conducta incumplidora no persistía ya en el momento de la demanda- y otra distinta deducir de ella un consentimiento tácito de los trabajadores respecto al percibo de sus salarios con constantes retrasos. La facultad de optar por la tutela que regula el art. 50.1 b) del ET no se halla sometida a ninguna otra condición de la reclamación previa del cumplimiento de la obligación de pago del salario, no resultando exigible al trabajador que asuma y se adapte al retraso sólo porque este se reitere en el tiempo de manera previsible; y que las dificultades económicas no enervan la acción frente a su incumplimiento.

DECIMOTERCERO.- Sobre este particular, la sentencia de instancia contiene el razonamiento siguiente en el fundamento segundo:

Hechas las consideraciones anteriores en cuanto a la valoración de la prueba, solicita la parte actora la extinción del contrato de trabajo al amparo del art. 50 ET , comenzando por ejercitar la del apartado 1,b), fundada en incumplimiento empresarial por falta de pago y retrasos continuados del salario pactado y la basa en retrasos en el abono de los salarios comprendidos entre el mes de octubre de 2024 a febrero de 2025. A esta pretensión se opuso la parte demandada alegando que no se ha incurrido en el retraso que prevé la nueva regulación según la cual "se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos", pues en ningún caso se han superado en 15 días la fecha fijada para el abono del salario dado que la fecha fijada para el abono del salario en la empresa conforme permite el art. 29.1 ET es entre los días 1 y 10 de cada mes siguiente al del devengo del salario.

Para resolver esta primera cuestión, ciertamente se considera probado por la testifical practicada que la fecha fijada por la empresa para el abono del salario es entre el 1 y 10 de cada mes siguiente al de devengo del salario, de donde se desprende que, a la vista del hecho probado segundo, conforme a la nueva regulación, no se incurriría en el retraso que justificaría la extinción indemnizada del contrato por voluntad del trabajador. No obstante, esta nueva regulación entró en vigor el 3-4-2025 y los retrasos imputados a la demandada no llegan a tal fecha, pues se circunscriben a un periodo anterior, por lo que no le alcanzaría tal regulación al tener que aplicarse la legislación material vigente en la fecha de los hechos, que simplemente aludía a "La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado", de ahí que haya que acudir a lo que la doctrina interpretaba hasta la nueva regulación, para lo que cabe examinar si tales retrasos tienen la entidad suficiente como para poder justificar una extinción de contrato a instancias del trabajador por incumplimiento grave del empresario. Para ello, los retrasos han de tener gravedad y trascendencia, exigencia que se conecta con su reiteración y persistencia ( SSTS 10-6-09 , 9-12-10 , 26-7-12 , 25-1-99 o 9-12-10 ). En este sentido, se han considerado graves que permiten la resolución indemnizada los que se produjeron a lo largo de 9 meses, con demoras irregulares que oscilaron entre la de menor entidad en la que el pago se efectuó el día 11 del mes corriente (un solo mes), a la de mayor gravedad en el que se produjo el octavo día del mes siguiente ( STS 3-12-12 ), también aquellos que superan el año de duración ( SSTS de 24-3-92 o 13-7-98 ). Pues bien, de lo expuesto en el hecho probado segundo se observa que no se incurre en los retrasos que se exigen doctrinalmente para poder imputar un incumplimiento grave del empresario que justifique la extinción indemnizada del contrato, pues únicamente se habrían verificado un retraso en el mes de noviembre de 2024, por lo que por la vía del art. 50.1.b) ET no cabría estimar la pretensión que ejercita la parte actora.

DECIMOCUARTO.- Conviene precisar primeramente, como con rigor lo hace el magistrado de instancia en el fundamento transcrito, que el segundo párrafo del artículo 50.1 b) del ET, en el que se ha venido a conceptuar el retraso (aquel que suponga la superación en quince días la fecha fijada para el abono del salario, y se produzca durante seis meses, aún no consecutivos), entró en vigor el 3 de abril de 2025, pues se introdujo en virtud de la disposición final vigesimosexta, uno, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero , de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia,que dio una nueva redacción al referido artículo 50, con lo que esa concreción no resulta aplicable al presente supuesto, en el que la secuencia objeto de análisis termina en marzo de 2025, como se ha visto.

DECIMOQUINTO.- Hecha la precisión anterior, la Sala ha de refrendar el criterio y la conclusión del magistrado de instancia, en la medida que -como se adelantó al examinar el motivo consecuente de revisión fáctica-, el retraso no ha alcanzado la gravedad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato.

Por el fracaso de la revisión pedida, sigue partiéndose de la premisa fáctica de que los salarios se abonaban dentro de los diez primeros días del mes siguiente a su devengo, por lo que solo se habrían registrado demoras en el periodo objeto de consideración (octubre 2024 a febrero 2025) en los meses de noviembre y febrero, en los que se produjo un pago parcial, lo que difícilmente reviste la cualificación necesaria para dar lugar a la extinción.

Pero, incluso admitiendo que el pago debería haberse producido en los primeros cinco días de cada mes, como se defiende, el retraso se habría producido en cuatro meses dentro de aquella secuencia de cinco -por lo demás, exigua-, pues el mes de febrero de 2025 la retribución se produjo de forma oportuna, de manera que tampoco cabría admitir que se está ante un incumplimiento con relevancia extintiva.

Por ello, al desestimar la demanda, la sentencia de instancia no infringió los preceptos citados, por lo que el motivo ha de ser rechazado.

DECIMOSEXTO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso debe desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, que se precisarán en el fallo de esta sentencia.