Sentencia Social 499/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 431/2025 de 04 de julio del 2025

PRIMERO.-Reconocidaen vía administrativa la situación de indemnización por baremo por lesiones permanentes no invalidantes, derivada de accidente de trabajo, en la instancia se estima parcialmente la demanda, declarando al actor en situación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual de policía autonómico, con derecho a la prestación inherente a tal declaración con cargo a la Mutua Mutualia, aseguradora del riesgo profesional del Gobierno Vasco, en el momento del accidente sufrido. No así, la situación de incapacidad permanente total que reclamaba con carácter principal.

En atención al estado cronificado y limitativo que el juzgador deduce le afecta, derivado del informe de la UMEVI.

El actor padece "artralgia rodilla izquierda, condromalacia rotuliana IV y fractura de estrés meseta tibial",lo que, según el médico inspector, determina un grado funcional 3 para miembros inferiores, con limitación para tareas que supongan requerimientos físicos y posturales mayores que ligeros.

Estas limitaciones le impiden desempeñar las funciones de calle, que implican una deambulación y bipedestación continuada, más no para desempeñar tareas propias de la segunda actividad que es eminentemente administrativas. Aplicando a tal efecto, la doctrina jurisprudencial que estima de aplicación.

En el presente caso, acreditado que el trabajador padece una limitación clínico-funcional para tareas con requerimientos físicos moderados, mantenidos e importantes en la rodilla izda., estando agotadas por el momento las posibilidades terapéuticas. Lo que supone una imposibilidad real de desempeñar las funciones de calle, pero no le impiden la realización de las tareas propias de la segunda actividad. Desestima el grado total de incapacidad, más no la parcial, pues las limitaciones funcionales expuestas sí le suponen una disminución del rendimiento en más del 33%, para el conjunto de actividades que comprende su profesión habitual.

SEGUNDO.-Frentea esta decisión interponen recurso de suplicación el actor y la Mutua condenada a las consecuencias indemnizatorias reconocidas.

La representación letrada de la Mutua codemandada solicita, con amparo procesal en la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la modificación del relato de la recurrida. A lo que debe darse inicial respuesta, pues la resolución de ambos recursos debe partir de un único relato.

1.-Ental orden, pretende la modificación del hecho declarado probado segundo, con fundamento documental en informe de biomecánica de fecha 20-4-2022 (doc. 6 del ramo de prueba de esta parte procesal), informe médico de fecha 30-4-2024 (doc. 10 de los por ella aportados) ratificado a presencia judicial como informe pericial e informe de RMN de 12-4-2022 (doc. 7). Proponiendo el siguiente texto adicional literal:

"Se realizó prueba de biomecánica al trabajador en fecha 20 de abril de 2022 en la cual se pudo objetivar como el trabajador en relación a sus funciones de marcha presenta unos valores de casi normalidad, dado que la normalidad está fijada en un valor del 90% y el trabajador presentaba un 89%, apreciándose como en la prueba practicada en fecha 10 de marzo de 2021 el mismo presentaba un déficit leve pero no desarrollaba una prueba dentro de parámetros de normalidad al presentar un porcentaje del 80%.

En fecha 9 de enero de 2024 se le realizo exploración en el servicio de rehabilitación de Mutualia por parte de la Dra. Eulalia, la cual emitió informe de fecha 30 de abril de 2024, siendo la exploración paciente de talla 1,92 y peso 125 kg (obesidad) con ausencia de derrame rotuliano, no amiotrofias (circometría bilateral simétrica), balance articular de rodilla 0/125º (0/130º), balance muscular cuádriceps/isquiotibiales 4+/5, apoyo monopodal estable, refiriendo molestias en maniobra meniscal interna. Lachmann negativo, ausencia de laxitudes articulares, sin precisar ayudas para la deambulación y precisando de medicación de forma ocasional (voltaren).

Al trabajador en fecha 12 de abril de 2022 se le realizo prueba de RNM de su rodilla izquierda en la cual se puede apreciar como la fractura de meseta tibial que es la patología sufrida por el trabajador está consolidada".

2.-Es reiterado el criterio de esta Sala fundado en doctrina jurisprudencial (ATS/4ª de 15-7-2015, rec. 3906/2014), expuesto en interpretación del precepto que funda el recurso y el artículo 196.3 del mismo Texto legal, que se precisa documental fehaciente que justifique error evidente el Juzgador, sin análisis ni conjeturas.

En cuanto a la descripción del cuadro clínico que afecta a los beneficiarios de la seguridad social -único que afecta a la declaración solicitada-, se está al informe que ofrezca mayores garantías al magistrado de instancia, en su libre apreciación del conjunto probatorio practicado, en atención a la facultad reconocida en el artículo 97.2 de la LRJS, con relación al art. 74 del mismo Texto normativo, salvo que insuficiencias o contradicciones en el acogido o una mayor cualificación técnica del propuesto, autoricen estar al contenido de éste. Y, siempre que la modificación propuesta sea relevante al éxito del recurso.

3.-En las presentes actuaciones, el acogido en la recurrida es el informe médico de síntesis del expediente, y puesto que el resto de los invocados, incluido el pericial, no son prevalentes. La regulación del extraordinario recurso formulado no autoriza estar a su contenido, salvo en lo coincidente con el oficial. Estando a las limitaciones funcionales derivadas del mismo que, ya, admite la consolidación de secuelas; pero (las detalladas), según lo previsto en el art. 193.1 LGSS, de mayor alcance al pretendido por la entidad recurrente.

En atención a lo expuesto, se desestima la modificación pretendida.

TERCERO.-Con amparo en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la representación letrada del actor/recurrente denuncia infracción en la recurrida de lo establecido en el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (DT 26ª).

Reconociendo la propia recurrida gran limitación del enfermo, al menos en el 33% requerido en la prestación reconocida. Considera que lo que le está impedido es la realización de las tareas fundamentales de su profesión, como policía autonómico, según el mismo contenido descrito en el HP 3º de la recurrida. Incluso, aplicando la doctrina unificada referida en la recurrida, relativa a que la profesión no se define por su categoría nivel salarial o grupo profesional, sino por las funciones globales a que se refiere el trabajo realizado.

Según doctrina suplicacional que estima de aplicación y refiere, en cuanto a la segunda actividad a que puede ser destinado como tal, pero siendo todas ellas las relativas al mantenimiento y restauración del orden y la seguridad ciudadana, prevención de hechos delictivos, su investigación y persecución de los culpables. Lo que considera exige una elemental capacidad para el uso y manejo de armas de fuego y demás defensas reglamentarias, conducción de vehículos, capacidad física motriz/motora. Y, estando muy limitado para la deambulación, bipedestación, subir/bajar cuestas o escaleras, arrodillarse, cuclillas... y requerimientos posturales ligeros. Aludiendo al contenido del informe pericial por él aportado, que evidencia su incapacidad para realizar esfuerzos moderados y grandes esfuerzos con EEII, así como el resultado de pruebas objetivas realizadas al trabajador que detalla.

Limitado para actividades de calle, considera justificado el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual que reitera, con derecho a la prestación inherente a esta declaración. Considerando que, a ello, no se opone que la regulación de la actividad policial en el ámbito en que lo desarrolla, contemple la situación administrativa denominada "segunda actividad", al no ser las básicas de su oficio.

De signo contrario al anterior e igual amparo procesal, la representación letrada de Mutualia, denuncia infracción en la recurrida de lo establecido en el artículo 194.1.a) de la LGSS/2015.

Atendiendo a las pruebas médicas aludidas en el anterior motivo del recurso, considera que no se han justificado limitaciones funcionales de entidad suficiente para el grado de incapacidad permanente reconocido. Con marcha autónoma, balance articular de la rodilla izquierda afectada de flexión de 125º, tan solo limitada en últimos grados. Lo que, solo, afecta a los movimientos más extremos de la misma con BM de 4+/5. Teniendo su causa en el accidente sufrido la fractura de meseta tibial, no la condromalacia rotuliana IV. Con dolor en la rodilla afectada y escasa repercusión funcional.

Sin que estime justificada la gran limitación a la bipedestación y deambulación o en MMII declarada. Por lo que, según doctrina jurisprudencial que estima de aplicación, solicita la revocación de la recurrida y su absolución de las pretensiones deducidas en su contra.

1.-No obstante, como ya se ha dicho, al no admitirse la modificación del relato propuesta por la Mutua/recurrente y no solicitarla el actor/recurrente en forma ( art. 193.b y 196.3 LRJS) , esta resolución de ambos recursos, tendentes a la calificación del grado de incapacidad permanente que corresponde al estado limitativo justificado por el trabajador, debe partir del inalterado relato de la recurrida.

En tal sentido, como diagnóstico principal presenta: fractura de extremo superior de tibia. AT, abril/20: Artralgia rodilla izqda. Condromalacia rotuliana IV. Fractura de estrés meseta tibial.

De anamnesis, exploración, documentos aportados:

Alta en PIT, Mayo 2011: ANL (accidente de tráfico) el 10/01/09 con resultado de traumatismo de rodilla derecha: rotura del cuerpo y cuerno posterior de menisco externo, fisura del cuerno posterior de menisco interno y rotura completa del LCA. IQ: Meniscetomía externa (abril/09), ligamentoplastia (julio/09). En julio de 2010, reconocida IPP por SJ-Social revocada por el TSJ.

IT por AT 10/09/2013: artropatía traumática rodilla dcha. (dolor al bajar una escalera). Alta por Mutualia 16/10/13.

Alta en PIT en 2014 por un nuevo proceso de rodilla derecha (resolución del INSS derivado de EC). Patologías valoradas: Condropatía degenerativa del compartimento externo y rotuliana. Rotura crónica de menisco interno. Dilatación varicosa.

EA: IT en abril/20 por accidente laboral: Torsión de rodilla izqda. al salir del vehículo durante la actividad laboral.

RMN RI abril/20: probable rotura pequeña de cuerno posterior y cuerpo de menisco interno. Condromalacia rotuliana grado IV.

Realizada artroscopia el 12/05/20, informan ausencia de lesiones tratables, puesta infiltración intraoperatoria.

Posteriormente hizo RHB y nueva infiltración en julio/20. Empeoramiento clínico con derrame.

RM de control, oct/20: fractura por estrés de la meseta tibial.

RM de feb/21: buena evolución radiológica de la fractura de estrés en la vertiente medial de la región metafisaria proximal de tibia, resto igual.

P. Biomecánica de marcha, 10/03/21: alteración funcional de la marcha, destacando la asimetría en tiempos de apoyo (12%) y déficit de las fuerzas que intervienen en el despegue de pierna izqda.

La entidad informa a fecha del 30/03/21: evolución lenta, pero favorable, siendo propuesta prórroga tres meses.

INSS 24-9-21 presencial: Actualmente persiste clínica de dolor en zona de fractura tibial, se ha tratado con infiltración de hialurónico, y está pendiente de nueva valoración con trauma para identificar causa del dolor y limitación funcional (para carga, bajar escaleras, etc.)

Expl.: talla 192 cm peso 125 kg. Balance conservado, punto doloroso en zona pretibial interna, no signos de derrame, no deformación articular. No clínica meniscal. Limitación últimos grados de flexión. Realiza apoyo monopodal en extensión forzada, pero no puede en mínima flexión.

UMEVI (22-3-22): dice que la fractura de estrés de meseta tibial se lo provocó la Mutua durante RHB. Esta fractura es la que ha demorado la evolución y mantiene las limitaciones actuales. Dice seguir con gonalgia izda. en el apoyo. En reposo asintomático. Dice tomar diclofenaco a demanda.

E.F. (22-3-22): paciente muy corpulento (192 cms. de estatura y unos 126 kgs. de peso) con obesidad abdominal. Deambulación sin cojera aparente (el paciente reconoce que en distancias cortas y en terreno estable no tiene problemas, pero no es capaz para deambulación mantenida o por terreno irregular).

Rodilla izquierda: extensión submáxima. Flexión activa a 110º y pasiva con dolor a 140º. Fuerza 4+/5 (con asimetría de masa y fuerza respecto de EID). Varo-valgo indoloros. Dolor al realizar maniobras meniscales para menisco interno. Dolor intenso y agudo a la presión sobre interlinea interna, tanto a nivel de meseta tibial interna como en territorio unos cms por debajo. Apoyo monopodal izdo. con aparente inestabilidad por dolor. En apoyo monopodal izdo. es imposible mínima flexión de la rodilla.

Conclusiones: paciente en GR.F.3 para MM.II., con limitación para tareas que supongan requerimientos físicos y posturales mayores que ligeros. Situación funcional aparentemente estabilizada por agotamiento de medidas terapéuticas.

Sin que, en dicho cuadro, se relaten tratamientos tendentes a curar al enfermo al menos a corto/medio plazo, por lo que dicho cuadro se considera cronificado como en la instancia, sin infracción, por tanto, del art. 193 LGSS, invocado por la parte demandada/recurrente.

Cuadro limitativo funcional que, si no es de la gravedad pretendida por el trabajador recurrente, tampoco es de la escasa trascendencia que pretende la demandada/recurrente. Cuando el evaluador administrativo califica la limitación funcional que, además, radica en las secuelas derivadas del último AT sufrido en abril de 2020, de la fractura de meseta tibial. Y, a lo que el hecho de que antes se pudiera presentar en esta articulación condromalacia rotuliana grado IV, si antes del accidente permitió el trabajo y solo tras el mismo se observan las limitaciones descritas, también por la vía del art. 156.2.f), como enfermedad agravada en accidente en tiempo y lugar de trabajo, le corresponde la evaluación como secuelas determinantes de la prestación reconocida ( STS/4ª de fecha 12-3-2025, rec. 2706/2022).

Siendo en conclusión (Limitaciones orgánicas y/o funcionales), paciente en GR.F.3 para MM.II., con limitación para tareas que supongan requerimientos físicos y posturales mayores que ligeros.

2.-En cuanto a la profesión habitual del actor, policía autonómico del País Vasco. Conforme a la más reciente doctrina jurisprudencial contenida en la STS/4ª de fecha 7-3-2023 (rec. 903/2020) se declara, precisamente analizando esta misma cualificación profesional:

"El art. 90 de la Ley de Policía del País Vasco dispone:

"1. El personal funcionario de los Cuerpos de la Policía del País Vasco que se encuentre en situación de servicio activo, con excepción de quienes pertenezcan a la Escala de Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza, podrá pasar a la situación administrativa de segunda actividad por disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas, cuando esta determine una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las funciones propias de su categoría, sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial [....]

7. El personal funcionario en situación administrativa de segunda actividad percibirá las retribuciones básicas de la categoría y aquellas de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las que correspondan en concepto de trienios, que continuarán perfeccionándose en dicha situación. En cuanto a las retribuciones complementarias se percibirán las que correspondan al puesto o plaza que se desempeñe [...]".

2.- En aquellas profesiones habituales en las que está previsto el pase a segunda actividad (como policías o bomberos), reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que, para determinar si las dolencias justifican el reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente total, hay que tener en cuenta la totalidad de las funciones de su profesión habitual y no únicamente las propias de la segunda actividad. En ese sentido se han pronunciado:

a) Respecto de policías locales o autonómicos, las sentencias del TS de 23 de febrero de 2006, recurso 5135/2004 ; 25 de marzo de 2009, recurso 3402/2007 ; y 227/2020, de 11 marzo ( rcud 3777/2017 ).

(...)

La citada sentencia del TS 227/2020, de 11 marzo (rcud 3777/2017 ), argumenta que, para la calificación de la incapacidad permanente, deben tenerse en cuenta "todas las funciones que integran objetivamente la "profesión" y que en el caso de los policías locales el ámbito profesional de valoración opera sobre el conjunto de las funciones que comprenden tareas tales como la patrulla, el mantenimiento del orden público, labores de regulación de tráfico, aparte de las tareas administrativas o de vigilancia estática, y, por ello, a la hora de determinar la merma de rendimiento que pudiera aquejar al solicitante ha de hacerse en atención al conjunto de actividades que integran la "profesión habitual".

Esa doctrina sostiene que, para determinar las limitaciones que en la capacidad de trabajo del actor le originan las secuelas que presenta, hay que tener en cuenta la totalidad de funciones de su profesión habitual y no las propias de la segunda actividad.

3.- En sentido contrario pueden citarse:

a) La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 356/2017, de 26 abril (rcud 3050/2015 ), denegó la pensión de incapacidad permanente total a una policía municipal que continuaba prestando servicios en segunda actividad, haciendo hincapié en la incompatibilidad entre dicha pensión y el salario percibido al desempeñar la profesión habitual.

b) La sentencia del TS 792/2020, de 23 septiembre (rcud 2800/2018 ), explica que el actor, de profesión habitual ertzaina, "padece una limitación clínico-funcional para tareas con requerimientos físicos moderados, mantenidos e importantes en la rodilla izda., estando agotadas por el momento las posibilidades terapéuticas, lo que supone una imposibilidad real de desempeñar las funciones de calle o las de su puesto de trabajo de preparador físico de la brigada móvil, pero no le impiden la realización de las tareas propias de la segunda actividad eminentemente administrativas".

CUARTO.- 1.- La posibilidad legal de que los ertzainas que sufren una disminución apreciable de sus facultades psíquicas o físicas puedan pasar a la situación administrativa de segunda actividad, con un régimen retributivo distinto del que tenían con anterioridad (perciben las retribuciones complementarias correspondientes al puesto desempeñado), no debe impedir que el actor, que no pasó a segunda actividad, tenga derecho al reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente total cualificada si en la fecha del hecho causante tenía dolencias que le impedían desarrollar la totalidad de funciones de su profesión habitual de ertzaina".

En igual sentido se pronuncian las SSTS/4ª de fecha 20-9-2022 (rec. 3861/2019) y 23-9-2020 (rec. 2800/2018). En definitiva, para determinar las limitaciones que en su capacidad de trabajo le originan al actor/recurrente las secuelas que presenta, hay que tener en cuenta la totalidad de funciones de su profesión habitual y no únicamente las que desempeñaba en el momento de sufrir el accidente. El artículo 194.2 de la LGSS dispone que: "La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente".

Por lo tanto, son las funciones de la profesión que ejercía el trabajador al suceder el accidente, o del grupo profesional en la que dicha profesión estaba encuadrada, las que hay que tomar en consideración para determinar las limitaciones que al trabajador le originan las secuelas que presenta, sin que proceda acudir a las concretas funciones que realiza para apreciar las limitaciones que sufre uomitir las propias de la denominada "segunda actividad" de contenido esencialmente administrativo y, por tanto, menos exigentes en cuanto al estado físico-deambulatorio preciso.

3.-Eneste procedimiento, aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta, así como el relato sobre lesiones y limitaciones funcionales que presenta el policía autonómico, con relación al contenido básico y global de su profesión, no solo la primera o segunda actividad. El actor presenta dolencias afectantes a ambas EEII, las resultantes del último AT a rodilla izquierda, pero sobre la base de un conjunto previo que permitía su trabajo con normalidad (en cuanto las derivadas de AT y EC previos en rodilla derecha tributarias de LPNI); y, solo tras el siniestro, presenta una gran limitación (GF 3) hasta para ejercicios ligeros de deambulación y bipedestación, propios o adecuados al trabajo en calle de policía que le ocupa, pero que se entiende esencialmente referida a una sola articulación en rodilla izquierda, sin otros signos musculares o pérdida de fuerza relevantes siquiera en esta articulación en el relato del informe oficial acogido.

En cuanto a las tareas sedentarias de la segunda actividad, ninguna relevancia se declara producen. Con limitación a la marcha, aunque siga siendo autónoma, por el dolor que presenta al apoyo monopodal descrito y resto de déficits detallados.

Por lo que, careciendo de la capacidad para desarrollar las aludidas tareas que requieren una actitud física, pero persistiendo las presentes en otras tareas de índole administrativo o sedentarias, propias de la indicada segunda actividad, como se concluye en la recurrida.

Se desestiman, por tanto, ambosrecursos, por ser adecuado el grado de incapacidad permanente parcial reconocido, sin que corresponda el de superior grado que postula el actor.

Ante la persistencia de dolor, considerando que las secuelas que le afectan derivadas del AT sufrido son de menor alcance al postulado por el trabajador; y, superior al opuesto por la Mutua. Con afectación, clara, de más del tercio de su jornada por suponer gran parte de ella, las indicadas labores de calle en que la capacidad deambulatoria está implicada por encima de la ligera a que es reactivo su estado. Pero, siendo la marcha autónoma o funcional, a las tareas que también incluye su trabajo habitual de naturaleza administrativa.

No pudiendo, en la materia, estarse a reconocimientos o denegaciones estandarizadas. Pues, unas mismas dolencias pueden repercutir de forma diferenciada en cada enfermo ( ATS/4ª de 23-2-2006, EDJ 2006/60769). Lo que obsta a la identificación de cada secuela valorada en los procedimientos por incapacidad permanente que invoca la parte recurrente.

El demandante, según el reiterado relato de la instancia, se considera como en la instancia que carece de las facultades precisas para ejecutar con normalidad su empleo, exponiéndole a riesgos innecesarios, en el mantenimiento y restauración del orden y la seguridad ciudadana, que también puede verse afectada por la merma de sus facultades, en la prevención de hechos delictivos, su investigación y la persecución de los culpables, con déficit de rendimiento o penosidad en el 33% requerido en el grado reconocido, aunque permitiendo el resto del conjunto de actividades básicas de dicha profesión ( SSTSJ Cantabria/Social 9-10-2024, rec. 615/2024; 3-2-2016, rec. 943/2015; 16-1-2020, rec. 820/2019; y, 24-6-2019, rec. 341/2019).

CUARTO.-En materia de costas, no gozando la Mutua recurrente del beneficio de justicia gratuita, procede condenarle a las causadas en esta fase del proceso, con inclusión de honorarios de Letrado de la parte impugnante del recurso ( artículo 235 de la LRJS) , en la cuantía de 850 €. Igualmente, procede el mantenimiento de los aseguramientos prestados y la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará el destino correspondiente ( artículo 204 del mismo Texto Legal).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,