Sentencia Social 2603/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5421/2025 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.-Por la parte codemandada Openers & Closers, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia que: a) estimando la demanda en materia de despido, declaró la improcedencia del sufrido por el actor con efectos del 21/05/2024 y, en méritos de la opción por la no readmisión ejercitada anticipadamente por aquélla, declaró extinguida la relación con efectos del 21/05/2024, condenando a la empleadora codemandada a abonar al demandante una indemnización de 29.666,56 euros en concepto de despido improcedente; b) estimando en parte la demanda de reclamación de cantidad, condenó a la recurrente a abonar al actor la cantidad bruta de 1.422,61-euros con más el 10% por mora en concepto de diferencias en la liquidación de las vacaciones; y c) absolvió al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación del despido, instando sea la de procedencia con las consecuencias inherentes a tal declaración; así como la improcedencia del reconocimiento del importe en concepto de diferencias por vacaciones.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte codemandada recurrente insta la modificación del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Se postula en el recurso que su redactado quede sustituido por el siguiente:

"El demandante inició un proceso de incapacidad temporal el 10/02/2022.

Al finalizar los 545 días de esta situación la empresa procedió a dar de baja al actor en el RGSS con efectos del 09/08/2023, por agotamiento del plazo de dicha incapacidad temporal, comunicándole la carta que consta al folio 36.

A partir de dicho momento, y dado que el INSS no había revisado al actor, la entidad MUTUA MAZ empezó a abonarle el subsidio por incapacidad permanente.

El 16/02/2024 el actor recibió del INSS una resolución de 01/02/2024 -cuyo contenido obra al folio 48 que se da por íntegramente reproducido-, por la que acordaba iniciar un expediente de incapacidad permanente.

El demandante fue revisado por el SGAM y tras ello, en fecha 21/03/2024, el INSS dictó resolución -cuyo contenido obra al folio 50 que se da por reproducido- en la que le comunicaba que se le había denegado la prestación por incapacidad permanente por considerar que sus lesiones no eran tributarias de esta situación, dado que el trabajador no presenta reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral (V. Folio 50 reverso). El demandante recibió esta comunicación el 02/04/2024."

Como fundamento de esta pretensión revisora, atinente a la adición de que el trabajador no presentaba reducciones anatómicas o funcionales que disminuyesen o anulasen su capacidad laboral, se invoca el folio 50 reverso de las actuaciones. Sin perjuicio de que el redactado que se propone no responde a la literalidad del citado documento, la adición postulada resulta intrascendente en aras a modificar el fallo de instancia, por cuanto el objeto del recurso no se circunscribe a la capacidad laboral del actor en el momento del dictado de la resolución de la entidad gestora, lo que determina su fracaso.

B) Revisión del hecho probado cuarto.

Se propone en el recurso la siguiente redacción alternativa:

"El demandante, al ver que no se le abonaba la prestación de incapacidad temporal correspondiente al mes de abril de 2024, se comunicó con MUTUA MAZ el 10/05/2024 (viernes) reclamando el pago de dicha prestación. La señalada MUTUA le dijo que se dirigiera al INSS para hacer la oportuna consulta.

El lunes 13/05/2024, el actor se desplazó hasta las dependencias del INSS y se realizó una consulta en sus bases de datos (a las 9:10 horas), cuyo resultado únicamente manifestaba que el trabajador no estaba dado de alta nuevamente en la empresa, al no haber comunicado aún su reincorporación, siendo un documento informativo de la plataforma de la Tesorería (GISS) sin efectos relevantes, tal como le manifestó debidamente la mutua en fecha 13/05/2024 (v. Folio 53). Asimismo, la mutualidad le indicó de manera expresa que, tal como le habían dicho con anterioridad al día 13 de mayo, el trabajador estaba en situación de alta médica y debía reincorporarse a su puesto de trabajo, independientemente de los días de vacaciones que debiera gestionar con la empresa, tal como consta en el correo electrónico de fecha 13/05/2024 a las 14:37 horas, cuyo contenido obra al Folio 53.

El actor interpuso la reclamación previa que consta al folio 52-cuyo contenido se da por reproducido- y, a su vez, volvió a reclamar el pago de la prestación a MUTUA MAZ. El 13/05/2024 MUTUA MAZ le contestó mediante un correo electrónico remitido a las 14:37 horas, cuyo contenido obra al folio 53 -vuelto y que se da por reproducido-, que el actor contestó mediante otro correo de la misma fecha remitido a las 17:02 horas cuyo contenido obra al folio 54 que también se da por reproducido y al que acompañaba una copia del documento obrante al folio 53 que le entregó al INSS.

El 14/05/2024 MUTUA MAZ le remitió una nueva comunicación a través de correo electrónico enviado a las 10:43 horas, cuyo contenido obra al folio 54 que se da por reproducido; el actor lo contestó con una nueva comunicación de 14/05/2024, también mediante correo electrónico, remitido a las 14:48 horas, cuyo contenido consta al folio 54 y que se da por reproducido.

Tras ello el 15/05/2024 el actor remitió a las 12:37 horas a la empresa demandada un correo electrónico -cuyo contenido obra al folio 56 que se da por reproducido-, solicitando que se le indicara qué día debe reincorporarse. Dicho correo fue contestado por la empleadora mediante una comunicación de correo electrónico enviada a las 17:34 horas del día 15/05/2024, y cuyo contenido obra al folio 56 que se da por reproducido, en la que se le indicaba que debería reincorporarse el 21/05/2024 a las 07:00 horas en un puesto diferente al que tenía antes asignado y en horario de 07:00 horas a 15:30 horas de lunes a viernes, solicitándole una respuesta acerca de si aceptaba el nuevo puesto para poder realizarle el reconocimiento médico y la formación que fuera necesaria.

El 16/05/2024, la gestoría contratada por la demandada, que se ocupa de la tramitación de las altas y las bajas de la empresa, se comunicó con MUTUA MAZ y ésta le dijo que varios días antes el actor se había personado para reclamar el pago directo de la prestación.

Tras ello, el mismo día 16/05/2024, a las 16:39 horas la empresa le remitió el correo electrónico obrante al folio 56 vuelto, en el que se comunicaba que la gestoría les había informado que desde el 02/04/2024 el trabajador tenía conocimiento de la resolución del INSS dictada en el procedimiento de incapacidad permanente, donde se le informó de que se le había denegado la prestación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones de un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral."

(Folios 50,52,53 54 ,55 , 56 y 57 y testifical Sra. Ariadna).

Invocándose como fundamento de la adición al párrafo tercero (contenido de la comunicación enviada por la Mutua Maz al actor en fecha 13 de mayo de 2024, así como a la contestación del actor), el contenido de los folios 53 y 54 de las actuaciones, dado que el original redactado del factum controvertido tiene ambos folios por reproducidos, aquélla resulta innecesaria por reiterativa, por lo que procede su desestimación.

En cuanto a la adición al último párrafo de la referencia al "trabajador", ha lugar a la misma por resultar equívoco el original redactado en cuanto a la persona o entidad que tenía conocimiento de la resolución del INSS, y desprenderse de la documental citada. Sin embargo, no ha lugar a la adición de la referencia a que las lesiones no alcanzaba el grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, por las razones expuestas al desestimar la revisión del ordinal fáctico tercero, que tenemos por reproducidas.

Se estima, por ello, parcialmente, la revisión instada, quedando el nuevo redactado del último párrafo del hecho probado cuarto redactado en los siguientes términos:

"Tras ello, el mismo día 16/05/2024, a las 16:39 horas la empresa le remitió el correo electrónico obrante al folio 56 vuelto, en el que se comunicaba que la gestoría les había informado que desde el 02/04/2024 el trabajador tenía conocimiento de la resolución del INSS dictada en el procedimiento de incapacidad permanente".

Todo ello resulta de la aplicación de la doctrina jurisprudencial conforme a la cual la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-).

De conformidad con lo argumentado, estimamos parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 5.a) y 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, artículos 168, 170 y 174 de la Ley General de la Seguridad Social y 38 de aquella norma. Se argumenta, en síntesis, que la parte actora inició un proceso de incapacidad temporal el 10/02/2022, y al finalizar los 545 días de dicha situación, la empleadora procedió a darle de baja en el RGSS por agotamiento del plazo de IT, iniciándose situación de prolongación de los efectos económicos de la IT, pasando el trabajador a depender totalmente de la Seguridad Social y desentendiéndose por completo la empleadora, no subsistiendo pues en dicha fase la obligación de cotizar. Continúa esgrimiéndose que en fecha 02/04/2024 el actor recibió la denegación expresa de la prestación de incapacidad permanente (hecho reconocido por el trabajador) por considerar que era apto para trabajar, comunicación que fue conocida por el trabajador, debido a la extinción del subsidio y de los efectos económicos de la IT, teniendo conocimiento por tanto el trabajador desde el 25/04/2024, existiendo la obligación de reincorporación a su puesto de trabajo desde la notificación de la resolución de la IT. Asimismo, se añade que de acuerdo con lo expuesto en el artículo 45.1.c) del ET, el contrato de trabajo se suspende por incapacidad temporal (IT), suspensión que implica que cesan las obligaciones recíprocas entre empleador y trabajador, por lo que cuando el trabajador supera los 545 días naturales de IT, entra en una fase administrativa distinta - la denominada jurisprudencialmente "prórroga de efectos económicos" - sin alta médica ni reincorporación al trabajo, lo cual implica que ya no se considera incapacidad temporal "ordinaria", por lo que no existe prestación de servicios ni expectativa razonable de reincorporación, lo que impide que sigan devengándose derechos como el abono y/o el pago de la prestación de la IT e incluso de las vacaciones, habiéndose extinguido por completo el derecho al subsidio y no pudiendo, en el caso que nos ocupa, la parte actora reclamar por ello. Finalmente, la conducta del actor no puede ser amparada en una supuesta confusión administrativa, ya que la normativa legal citada establece que la denegación de la IT equivale jurídicamente a una alta médica a efectos laborales, lo cual obliga al trabajador a reincorporarse o, como mínimo, a manifestar su disponibilidad a la empresa, tal como ha señalado la doctrina jurisprudencial, por lo que se insta la revocación el pronunciamiento de instancia, declarando la procedencia del despido.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que es absurdo que se acuse al actor de mala fe por "no interesarse" en las consecuencias de la denegación de la incapacidad permanente, por cuanto no se le comunicó -ni se le ha comunicado aún a fecha de hoy- el alta médica. A ello añade que se nos indica que el trabajador mantuvo a la empresa "inactiva, sin trabajar y generando costes"cuando el actor actuó diligentemente dado que al no percibir el subsidio y acudió tanto a la Mutua como al INSS para enterarse de su situación y obrar en consecuencia. Y continúa argumentando que fue la empresa la que, atendiendo a una supuesta llamada de una empleada de la gestoría a la Mutua, deduce que el actor debe haber sido dado de alta médica, cuando documentalmente se ha acreditado que ello no ha sido así, y en vez de rectificar su error procedió al despido disciplinario del actor sin mayores averiguaciones. Además, al acudir el actor al INSS se le indicó expresamente y por escrito que no había sido dado de alta médica, siendo inaplicable al caso la doctrina contenida en las sentencias que se mencionan en el recurso. Por todo ello, se insta la confirmación de la improcedencia del despido.

Centrada la controversia en la calificación del despido, la sentencia de instancia concluyó sobre su improcedencia por entender que la parte actora desconocía que la situación de incapacidad temporal se había extinguido dado que no existió ninguna resolución administrativa ni acto de la Inspección médica que así lo acordara. Combate este pronunciamiento el recurso interpuesto, por entender que el actor conocía la referida extinción, así como que de la normativa aplicable así resultaba, por lo que no podía ampararse en confusión alguna.

Con objeto de dirimir sobre la cuestión controvertida, hemos de traer a colación el relato fáctico de la sentencia de instancia, mínimamente modificado en esta sede. Del mismo se colige que el actor, que fue despedido en fecha 21/05/2024, inició un proceso de incapacidad temporal el 10/02/2022. Al finalizar los 545 días de esta situación la empresa procedió a dar de baja al actor en el RGSS con efectos del 09/08/2023, por agotamiento del plazo de dicha incapacidad temporal, lo que fue comunicado al actor por carta. A partir de dicho momento, y dado que el INSS no había revisado al actor, la entidad Mutua Maz empezó a abonarle el subsidio por incapacidad temporal. El 16/02/2024 el actor recibió del INSS una resolución de 01/02/2024 por la que acordaba iniciar un expediente de incapacidad permanente. En fecha 21/03/2024, el INSS dictó resolución en la que le comunicaba que se le había denegado la prestación por incapacidad permanente por considerar que sus lesiones no eran tributarias de esta situación, siendo recibida por el trabajador esta comunicación el 02/04/2024. El demandante, al ver que no se le abonaba la prestación de incapacidad temporal correspondiente al mes de abril de 2024, se comunicó con Mutua Maz el 10/05/2024 (viernes) reclamando el pago de dicha prestación, respondiéndole la Mutua que se dirigiera al INSS para hacer cualquier reclamación de ese período. El lunes 13/05/2024 el actor se desplazó hasta las dependencias del INSS y se realizó entonces una consulta en sus bases de datos (a las 09:10 horas), siéndole manifestado al actor que según esos datos continuaba en situación de baja médica y que por lo tanto Mutua Maz era quien le debía abonar la prestación del mes de abril de 2024. El actor interpuso reclamación previa y volvió a reclamar el pago de la prestación a Mutua Maz. El 13/05/2024 la Mutua le contestó mediante un correo electrónico remitido a las 14:37 horas, que el actor contestó mediante otro correo de la misma fecha remitido a las 17:02 horas y al que acompañaba una copia del documento obrante al folio 53 que le entregó el INSS. El 14/05/2024 Mutua Maz le remitió una nueva comunicación a través de correo electrónico enviado a las 10:43 horas, contestando el actor con una nueva comunicación de 14/05/2024, también mediante correo electrónico, remitido a las 14:48 horas. Tras ello el 15/05/2024 el actor remitió a las 12:37 horas a la empresa demandada un correo electrónico, solicitando que se le indicara qué día debe reincorporarse. Dicho correo fue contestado por la empleadora mediante una comunicación de correo electrónico enviada a las 17:34 horas del día 15/05/2024, en la que se le indicaba que debería incorporarse el 21/05/2024 a las 07:00 horas en un puesto diferente al que tenía antes asignado y en horario de 07:00 horas a 15:30 horas de lunes a viernes, solicitándole una respuesta acerca de si aceptaba el nuevo puesto para poder realizarle el reconocimiento médico y la formación que fuera necesaria. El 16/05/2024 la gestoría contratada por la demandada, que se ocupa de la tramitación de las altas y las bajas de la empresa, se comunicó con Mutua Maz y ésta le dijo que unos días antes el actor se había personado para reclamar el pago directo de la prestación. Tras ello, el mismo 16/05/2024 a las 16:38 horas la empresa le remitió el correo electrónico en el que le comunicaba que la gestoría les había informado que desde el 02/04/2024 tenía conocimiento de la resolución del INSS dictada en el procedimiento de incapacidad permanente.

La carta de despido fundamenta la medida en las faltas repetidas e injustificadas de asistencia por parte del actor desde fecha 03/04/2024 hasta el día en que solicitó su reincorporación a la empresa, por tanto un total de cuarenta y ocho (48) días naturales y treinta y dos (32) días laborales, así como la transgresión de la buena fe contractual y deslealtad con quebranto de la confianza, aludiendo asimismo a un perjuicio económico causado a la empresa al haber de darle de alta laboral con carácter retroactivo (desde el 03/04/2024) y realizar las aportaciones al Régimen General de la Seguridad Social.

Comenzando por las faltas de asistencia injustificadas, preve el apartado a) del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores como causa de despido las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo son sancionables como despido. En cuanto a la doctrina jurisprudencial sobre la fecha de efectos de la resolución administrativa en la que se acuerda el alta médica y a partir de qué fecha opera la obligación de la persona trabajadora de incorporarse a su puesto de trabajo, recordamos en la reciente sentencia de 24 de marzo de 2026 (rec. 4008/2025):

a) La Sentencia TS 573/2024, de 2 de diciembre de 2014 , recuerda sobre este tema:

"...En nuestra STS/4ª de 18 enero 2012 (rcud. 715/2011 ) concluíamos con la necesidad de abono del subsidio de incapacidad temporal hasta el momento de la notificación de la resolución administrativa correspondiente, porque sólo a partir de ese momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, sólo entonces tendrá derecho a lucrar el correspondiente salario. De ahí que la mayor o menor demora en la notificación de la resolución administrativa en la que se declara el alta médica no pueda perjudicar al beneficiario de la prestación...

...A mayor abundamiento, poníamos de relieve que "En todo caso, el precepto establece literalmente que "Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal". Por consiguiente, esa prórroga excepcional se da en aquellos supuestos en que, tras la notificación, el interesado inicia el trámite de disconformidad y persiste, como máximo, durante los once días naturales siguientes a la resolución..."

2.b) De otro lado, la doctrina reciente del Tribunal Supremo en la Sentencia 310/2022, de 6 de abril de 2022 , resuelve sobre cuál ha de ser la fecha de efectos de la resolución administrativa por la que se acuerda el alta médica, e indica lo siguiente:

"Para lo que debemos atenernos al mismo criterio que emana de las SSTS 2/12/2014, rcud. 573/2014 y 18/1/2012, rcud. 715/2012 . En ellas destacamos la circunstancia de que en sentencias anteriores dijimos que la fecha de resolución del INSS resultaba decisiva para la extinción del derecho a cobrar el subsidio de incapacidad temporal, pero que la relevante modificación normativa producida con la Ley 40/2007 en el art. 128.1 a) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS ), obligaba a modificar aquel criterio para concluir que el abono de la prestación debe mantenerse hasta la fecha de notificación de la resolución administrativa.

Tras lo que seguidamente razonamos, que el subsidio de incapacidad temporal debe subsistir hasta esa notificación "porque sólo a partir de ese momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, sólo entonces tendrá derecho a lucrar el correspondiente salario. De ahí que la mayor o menor demora en la notificación de la resolución administrativa en la que se declara el alta médica no pueda perjudicar al beneficiario de la prestación".

Recordamos en tal sentido que la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, introdujo un trámite de disconformidad del interesado, modificando el citado art. 128.1 a) LGSS , de suerte que: a) El interesado tiene un plazo de cuatro días para manifestar su disconformidad ante la inspección médica. b) El alta médica adquiere plenos efectos si, en el plazo de siete días, la inspección confirma la decisión o transcurridos once días naturales siguientes a la resolución sin pronunciamiento alguno de la Entidad Gestora. Por lo que entendimos que "ello presupone la notificación de la resolución por la que se acuerda el alta médica, pues de no otro modo se hace imposible que el interesado puede mostrar su disconformidad".

A mayor abundamiento, poníamos de relieve que "En todo caso, el precepto establece literalmente que "Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal". Por consiguiente, esa prórroga excepcional se da en aquellos supuestos en que, tras la notificación, el interesado inicia el trámite de disconformidad y persiste, como máximo, durante los once días naturales siguientes a la resolución. De otro lado, la posibilidad de que dicho trámite arranque se mantiene durante los cuatro días siguientes a la notificación del alta médica, plazo que posee el interesado para mostrar su disconformidad. De ahí que pueda negarse que los efectos del alta médica queden fijados en la misma fecha de la resolución, resultando clara que para este tipo de acto administrativo existe un régimen específico legalmente diseñado que impide aplicar el régimen general de los actos administrativos, ...".

2.- Interpretación que queda además avalada por la nueva redacción del art. 170.2 de la vigente LGSS , tras la modificación introducida por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Dicho precepto establece que una vez agotado el plazo de duración de la incapacidad temporal de trescientos sesenta y cinco días, corresponde al INSS la decisión de prorrogar esa situación, iniciar un expediente de incapacidad permanente o emitir el alta médica.

El nuevo párrafo añadido por la citada Ley 3/2017, dispone que cuando el INSS dicte la resolución por la que se acuerde el alta médica, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, cesará la colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en el que se dicte dicha resolución, y expresamente señala que en ese caso, se abonará "directamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social el subsidio correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y su notificación al interesado. Las empresas que colaboren en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal conforme a lo previsto en el artículo 102.1 a) o b), vendrán igualmente obligadas al pago directo del subsidio correspondiente al referido periodo."

2. c) La Sentencia TS 66/2024, de 17 de enero de 2024 -citada como infringida por la recurrente- reitera el criterio de la anterior Sentencia 310/2022 , que recuerda la doctrina sobre que los efectos económicos del alta médica acordada por la resolución administrativa de la entidad gestora deben extenderse hasta la fecha en que se notifica al trabajador dicha resolución, momento éste a partir del cual el trabajador debe reincorporarse a su puesto de trabajo"

Proyectando tal doctrina al supuesto que nos ocupa, hemos de partir del trascendente dato de que el actor no recibió comunicación alguna sobre la extinción de la situación de incapacidad temporal, sin que tampoco conste que fuese dictada resolución administrativa ni acto de la Inspección médica que así lo acordara, lo que comporta que no pueda tenerse por notificada su obligación de incorporación al puesto de trabajo, al ser reiterada la doctrina jurisprudencial que considera que el dies a quo para la reincorporación es la de la notificación de la citada resolución de la entidad gestora.

El recurso interpuesto argumenta que en fecha 02/04/2024 el actor recibió la denegación expresa de la prestación de incapacidad permanente, lo que pretende equiparar a la comunicación extintiva de la incapacidad temporal. Sin embargo, se trata de resoluciones que no comparten idéntico objeto, tal como resulta de su tenor literal, sin que pueda presumirse que de aquella negación el actor hubiese de colegir la extinción de la incapacidad temporal. Adviértase, al respecto que el actor fue despedido en fecha 21/05/2024, cuando en fecha 16/05/2024 a las 16:38 horas la empresa le había remitido un correo electrónico en el que le comunicaba que la gestoría les había informado que desde el 02/04/2024 tenía conocimiento de la resolución del INSS dictada en el procedimiento de incapacidad permanente. Asimismo, mediante comunicación de correo electrónico enviada a las 17:34 horas del día 15/05/2024, en la que se le indicaba que debería incorporarse el 21/05/2024 (día en que fue despedido) a las 07:00 horas en un puesto diferente al que tenía antes asignado y en horario de 07:00 horas a 15:30 horas de lunes a viernes, solicitándole una respuesta acerca de si aceptaba el nuevo puesto para poder realizarle el reconocimiento médico y la formación que fuera necesaria. El 16/05/2024 la gestoría contratada por la demandada, que se ocupa de la tramitación de las altas y las bajas de la empresa, se comunicó con Mutua Maz y ésta le dijo que unos días antes el actor se había personado para reclamar el pago directo de la prestación.

Se esgrime asimismo en el recurso que el actor tenía conocimiento de su obligación de reincorporación debido a que así le había sido indicado por la Mutua. Ahora bien, además de que la comunicación hábil a efectos de desplegar efectos para la obligación de reincorporación es la de extnción de la incapacidad temporal por parte de la entidad gestora, la actuación de ésta tras la denegación en fecha 21/03/2024 de la prestación por incapacidad permanente, no resultó clara en aras a tener por notificada la citada extinción de la incapacidad temporal. Previamente a esta conclusión, hemos de advertir que tampoco puede equipararse la denegación de la incapacidad permanente con la comunicación de la extinción de la incapacidad temporal, tal como se pretende en el recurso. Y, centrándonos en la actuación de la entidad gestora, tras comunicarse el actor con la Mutua Maz, tras constatar que no se le abonaba la prestación de incapacidad temporal correspondiente al mes de abril de 2024, concretamente el 10/05/2024, por la citada Mutua se le respondió que se dirigiera al INSS para hacer cualquier reclamación de ese período. En modo alguno puede tildarse la actitud del actor de pasiva o negligente, por cuanto el 13/05/2024 se desplazó hasta las dependencias del INSS, realizándose entonces una consulta en sus bases de datos, siéndole manifestado al actor que según esos datos continuaba en situación de baja médica y que por lo tanto Mutua Maz era quien le debía abonar la prestación del mes de abril de 2024. Si en fecha 13 de mayo de 2024 la entidad gestora le comunicó que según sus datos continuaba en situación de baja médica, difícilmente puede considerarse que la ulterior actuación del trabajador resultó contraria a los deberes contractuales. Ciertamente, tras reclamarle el pago a la Mutua, ésta le contestó el 13/05/2024, pero su comunicación no tiene efecto alguno en aras a crear una suerte de obligación de recolocación cuando, conviene insistir, no había sido dictada resolución que extinguiese la incapacidad temporal.

No obsta a tal conclusión lo dispuesto en el artículo 45.1.c) del ET invocado en el recurso, por cuanto a la entidad gestora correspondía la extinción de la citada situación y su comunicación al actor. Y tampoco impide concluir del modo expuesto la alegación contenida en el recurso atinente a que la normativa legal citada establece que la denegación de la IT equivale jurídicamente a una alta médica a efectos laborales, por cuanto no consta la extinción del proceso de incapacidad temporal acordada en sede administrativa.

Compendiando lo argumentado, de los elementos fácticos descritos no se desprende que el trabajador haya incurrido en faltas de asistencia injustificadas ni, en consecuencia, que concurra incumplimiento contractual grave y culpable sancionable con el despido, por cuanto la obligación de reincorporación nace, tal como reitera la doctrina jurisprudencial, con la notificación de la resolución de extinción del proceso de incapacidad temporal, que no se produjo en el supuesto que nos ocupa. Así lo hemos venido entendiendo en resoluciones tales como las de 19 de julio de 2024 (rec. 1481/2024), 11 de noviembre de 2024 (rec. 918/2024) y 23 de septiembre de 2025 (rec. 1663/2025).

Lo expuesto determina que el despido debió ser calificado como improcedente, por lo que habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada en relación a este particular.

CUARTO.-Con idéntico amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente denuncia asimismo la infracción el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que el actor no devengó vacaciones durante el período del 09/08/2023 hasta la fecha de 01/04/2024) dado que no existía posibilidad de prestación futura, como ocurre en la fase post-545 días, orientada a una posible incapacidad permanente. A ello añade que la exoneración legalmente prevista de las obligaciones después de los 545 días de incapacidad temporal prevista en la norma ( art. 170 y 174 LGSS) determina que el trabajador no tuviese derecho a los 71,6 días de vacaciones que determina la sentencia de isntancia, por lo que no procedería la condena al pago de la diferencia de los 1.422,51 € / brutos, instando la revocación del pronunciamiento de instancia.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que la sentencia de instancia resulta ajustada a Derecho, siguiendo la doctrina establecida en las sentencias de 17.12.2024 (TSJ País Vasco) y 06-04- 2022 (TSJ Navarra), dado que si el trabajador se halla en situación de IT, es lógico que sigan devengándose las vacaciones, diferenciadas de la situación de enfermedad, independientemente de que dicha situación se halle cubierta por subsidio en pago delegado o pago directo. Se postula, por ello, la confirmación del pronunciamiento de instancia.

Circunscribiéndose la segunda de las controversias en el recurso al devengo de vacaciones durante la prórroga de efectos de la incapacidad temporal, al haberse agotado los 545 días tras el inicio de aquélla (período comprendido entre el 09/08/2023 y 01/04/2024), se trata de materia que no es aclarada en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y en que no ha sido unificada doctrina.

La sentencia de instancia acoge la tesis sostenida por las SSTSJ País Vasco de 17/12/2024 (rec. 2054/2024) y la STSJ Navarra de 06/04/2022 (rec. 124/2022), al entender que el derecho a las vacaciones se sigue generando mientras la persona trabajadora se halla en situación de incapacidad temporal prorrogada percibiendo el subsidio por tal situación, cesando tal devengo solo cuando la relación de trabajo se extingue; sin que la exoneración a la empresa de la obligación de alta, cotización y pago delegado después de los 545 días de incapacidad temporal por así preverlo la norma ( art. 169 y 170 LGSS) , no equivale ni se asimila al hecho de que en ese período no se generen vacaciones.

Ciertamente, no se trata de cuestión pacífica entre las distintas Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, existiendo pronunciamientos en sentido divergente al expuesto, pudiendo citarse la STSJ Castilla y León (sede Valladolid) de 9 de julio de 2020 (rec. 504/2020), al entender que "durante la tramitación del expediente de incapacidad permanente por parte del INSS, la empresa no tiene obligación alguna respecto del trabajador, que no genera derecho alguno a vacaciones o su liquidación, ni, consecuentemente, a que ese periodo deba tenerse en cuenta el periodo a tales efectos por lo que en fin la empresa actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 144.4 de la Ley General de la Seguridad Social ".Ahora bien, esta misma Sala concluyó sobre la procedencia del abono de las vacaciones devengadas y no disfrutadas en el referido período en sentencia de 19 de noviembre de 2020 (rec. 692/2020).

Anticipamos ya que compartimos la tesis de que, no habiéndose producido la extinción de la relación entre las partes, la liquidación de las vacaciones devengadas y no disfrutadas ha de tener lugar a la finalización de la relación laboral, de conformidad con el artículo 147 de la LGSS, sin que la baja en la Seguridad Social derivada del cumplimiento de 545 de la incapacidad temporal equivalga a la referida extinción. A tal argumentación coadyuva, tal como consignan las sentencias anteriormente citadas, el que el art. 38.3 ET in fine establece que las vacaciones que coincidiesen con un período de IT no derivado de circunstancias relativas a maternidad o embarazo, se podrán disfrutar "una vez finalice su incapacidad y siempre que no hubiesen transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hubiesen originado".

Asimismo, tanto la normativa del artículo 5.4 del Convenio 132 de la OIT como la doctrina del TJUE en la materia constituyen argumentos que abundan en la citada conclusión jurídica, tal como seguidamente expondremos. El precepto citado, artículo 5.4 del Convenio 132 de la OIT, relativo a las vacaciones anuales pagadas, dispone que "en las condiciones que en cada país se determinen por la autoridad competente o por el organismo apropiado, las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad de la persona interesada como enfermedad, accidente o maternidad, serán contadas como parte del período de servicios".No ofrece duda que el período de prórroga de incapacidad temporal resulta independiente de la voluntad del trabajador, subsumiéndose en la "enfermedad" contemplada en el precepto reproducido.

Asimismo, la doctrina del TJUE ha declarado reiterado la indisponibilidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas, sin que la Directiva 2003/88 permita que los Estados miembros excluyan la existencia del derecho a vacaciones anuales retribuidas, ni su extinción al término del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional ( SSTJUE de 20/01/2009, Schultz-Hoff y otros, C-350/06 y C-520/06, y 29/11/2017, Conley King, C-214/16). La garantía del disfrute de las vacaciones durante la totalidad del período ha sido reconocido en supuestos de solapamiento con períodos de incapacidad temporal ( SSTJUE 20/01/2009, Schult-Hoff y Stringer y otros, C-350/06 y C-520/06, y de 21/06/2012, ANGED y otros, C-78/2011), aunque se haya superado el período del año natural si bien existe la posibilidad de limitar a período de aplazamiento de 15 meses ( STJUE 22/11/2011, KHS AG y Winfried Schulte, C-214/10). En cuanto a la posibilidad de sustitución por compensación de las vacaciones no disfrutadas, cual acontece en el supuesto que nos ocupa, por razones ajenas a la voluntad de la persona trabajadora, se reconoce en los supuestos en que la relación se haya extinguido y que la persona trabajadora no haya disfrutado todas las vacaciones anuales a las que tenía derecho en la fecha en que se extinguió dicha relación ( STJUE 6/11/2018, Kreuziger, C-619/2016), debiendo su cuantía calculare de tal modo que la persona trabajadora tenga una situación comparable a aquélla en la que se habría encontrado si hubiera ejercido el mencionado derecho durante su relación laboral ( STJUE 20/01/2009, Schultz-Hoff y otros C-350/06 y C-520/06).

En aplicación de la normativa y doctrina jurisprudencial citadas, estimamos que ha lugar al abono de la compensación correspondiente a las vacaciones devengadas y no disfrutadas, asimismo durante el período de prórroga de la incapacidad temporal, al continuar la relación laboral vigente y no haber podido el trabajador disfrutarlas por causas a él no imputables, sin que a ello obste la ausencia de obligación de cotización por la empleadora durante el citado período.

Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, y no cuestionándose el concreto cálculo efectuado, procede desestimar la infracción denunciada y, en consecuencia, el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte recurrente, las cuales incluirán los honorarios del letrado de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, apartado 4, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,