Sentencia Social 1494/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1473/2024 de 05 de junio del 2025

PRIMERO.-Frente a la Sentencia de procedencia recaída en materia de Recargo de prestaciones,en la cual "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D Luis Pedro frente al INSS y la TGSS y frente a las empresas MONTAJES ELECTRICOS ELECTRO TOXI SL y la empresa DIRECCION000 se confirma la resolución dictada por el INSS, de 6 septiembre de 2022 en lo relativo a la declaración de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo en el accidente de trabajo padecido por Luis Pedro en fecha 06/11/2019, declarando la responsabilidad de la empresa MONTAJES ELECTRICOS ELECTRO TOXI, S.L; incrementando en un 40% las prestaciones de seguridad social derivadas del accidente de trabajo; Desestimando la demanda interpuesta por la empresa MONTAJES ELECTRICOS ELECTRO TOXI SL frente al INSS y la TGSS, y don Luis Pedro se absuelve a esto de las pretensiones deducidas en demanda por la referida empresa " se articula recurso de Suplicación por la empresa demandada y condenada, interesando tanto revisión de los hechos declarados probados e infracción jurídica. El recurso no ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-Al amparo del art. 193.b de la LRJS se alega por el recurrente hecho probado séptimo de la Sentencia, que deberá quedar redactado en la forma que a continuación se describe, en sustitución del texto que aparece en la sentencia que se recurre. " El accidente de trabajo tiene lugar el 6 de noviembre de 2019, la empresa Montajes Eléctricos Electrotoxi S.L., encomendó la tarea consistente en cambiar dos proyectores que había en un monolito que tenia una altura de 3,5 metros. El trabajo se lo encomendó a su trabajador D. Virgilio, y al trabajador D. Luis Pedro, que era trabajador de la empresa DIRECCION000, y que en esa fecha por relación de amistad y como favor, actuando como es habitual en muchas ocasiones le dejó que colaborara en la realización del trabajo. En el momento del accidente ambos trabajadores tenían formación específica en actividad preventiva, habían recibido los EPI y tenían preparación concreta para trabajos en altura y montajes de andamios. Los trabajadores montaron un andamio tubular en el que colocaron una plataforma de trabajo, situada a una altura de 1,95 metros, habiendo montado un segundo andamio sin mas plataforma, para protección. El andamio no lo colocaron de forma adecuada, y al hacer fuerza para desenganchar uno de los focos, estando los dos trabajadores subidos en la plataforma volcaron, causándose las lesiones que están reconocidas en el procedimiento. Por el lugar de trabajo no era posible colocar protecciones colectivas, y evidentemente no existía ninguna pared para arriostrar el andamio."

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión es necesario precisar que a través de la misma según reiterada doctrina jurisprudencias: a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra parte, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos o que se hayan aportado conforme al art. 233 LRJS. b) No basta con que la revisión se base en documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión. c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de razonamientos, por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada.

Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador "a quo".

En base a la anterior doctrina no procede la modificación que se pretende puesto que no se basa en prueba documental, y además de dicha prueba así como la totalidad que figura en el expediente contradice lo que se pretende o la redacción interesada. En consecuencia se desestima el motivo del recurso.

TERCERO.-Al amparo de lo establecido en la letra c) del art. 193 de la LJS, se solicita el examen de las infracciones de normas sustantivas y de jurisprudencia, en concreto el art. 164 de la LGSS; el art. 23 de la Ley 23/2015; el aptdo. 8 del art. 151 de la Ley de la Jurisdicción Social; el art. 1, 3,d) del Estatuto de los Trabajadores; el art. 29 de la Ley 31/1995 y la doctrina del TS establecida entre otras en sus sentencias de 20/3/97; 11/7/97 y 2/10/2000. Dicho lo anterior cabe indicar que desde nuestro punto de vista, la presunción de veracidad que se reconoce al Acta de la I. de Trabajo es errónea, porque tanto el art. 23 de la Ley 23/2015 como el aptdo. 8º del art. 151 de la LJS, indican que dicha presunción se refiere a " los hechos constatados personalmente" y desde luego no puede abarcar a las " deducciones " que realice el Inspector, al que en la Sentencia se le reconoce una cualificación, que evidentemente lo es de aspectos jurídicos, pero desde luego no en aspectos técnicos de equipos de trabajo. A.- Se hace constar en la resolución administrativa que se ha incumplido el aptdo. 4.3 del anexo 2º del RD 1215/97, circunstancia que no es aplicable en este caso concreto, pues tras la modificación sufrida por dicho precepto por el RD 2177/2004, los trabajos en altura solo se consideran cuando son superiores a los 2 metros, circunstancia que en este caso concreto no se produce. B.- Por parte de la empresa se ha elegido un equipo de trabajo (borriquetaandamio) desde el que se podía efectuar el trabajo de forma segura, estando adaptado ese equipo a la naturaleza y a la dificultad del trabajo a ejecutar, razón por la cual, no existe tampoco incumplimiento del art. 4.1 del anexo 2º del RD 1215/97 con la redacción vigente en el momento de la producción del accidente. C.- De todo lo anterior se deduce, que la empresa no ha incumplido las exigencias del punto 2º del art. 14; del punto 4º del art. 15; del punto 2º del art. 16 y del art. 17 de la Ley 39/95.

Al respecto hay que decir que el recargo de prestaciones de la Seguridad Social impuesto por el artículo 164 de la vigente Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social en el momento de interposición del presente recurso (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), cuando deriva de omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, causantes del accidente, exige la existencia de nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la vida o integridad física de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador, consistente en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, instrumentos o lugares de trabajo, excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece por conducta imprudente del trabajador accidentado, de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención. Cuando además el derecho básico en el contenido de la relación laboral recogido en los artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) de integridad física de los trabajadores establecido como derecho de los mismo y deber del empresario.

A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000 ) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes:

a) Que la empresa haya cometida alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 ).

b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador.

c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 ). Semejantes prescripciones en esta materia de seguridad aparecen recogidas en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que "los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores".

Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución, obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo".

Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2, 15.4 y 17.1 L.P.R.L. "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones.".

Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones. Especifica también la misma ley en su artículo 14.2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

La expuesta doctrina jurisprudencial, -- como recuerdan, entre otras, las SSTS/IV 24-enero-2012 (rcud 813/2012 ) y 9-junio- 2014 (rcud 871/2012 ) --, se ha reflejado fielmente en la posterior y ahora vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011 de 10-octubre -LRJS), en cuyo el art. 96.2 se preceptúa que "En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira" .

3.- La anterior doctrina se ha seguido en múltiples sentencias de esta Sala, entre otras, las SSTS/IV 18-mayo-2011 (rcud 2621/2010), 16-enero-2012 (rcud 4142/2), 24-enero-2012 (rcud 813/2011), 30-enero-2012 (rcud 1607/2011 ) ).

4.- En materia de deuda de seguridad y de las correlativas obligaciones de empresario y trabajador, ya se destacaba en la STS/IV 26-mayo-2009 (rcud 2304/2008 ) que " La propia normativa laboral parte de la diferente posición del trabajador frente al empresario en esta materia , pues no es el trabajador quien debe organizar el trabajo y se atribuye en exclusiva al empresario la "dirección y control de la actividad laboral" ( art. 20 ET ), imponiendo a éste el cumplimiento del "deber de protección" mediante el que deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, -- e incluso, aunque concierte con entidades especializadas en prevención complementaria, ello no le exime "del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona" ( art. 14.2 y 4 LPRL ) -- y, en suma, preceptuarse que "la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador" ( art. 15.4 LPRL ) ", que " Es el empresario el que tiene la posición de garante ("empresario garante") del cumplimiento de las normas de prevención ( arts. 19.1 ET y 14 LPRL ) " y que " El trabajador tiene también sus obligaciones, pero más matizadas y menos enérgicas: debe observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad ( art. 19.2 ET ), pero "según sus posibilidades", como dice expresamente el art. 29.1 LPRL. Tiene que utilizar correctamente los medios de protección proporcionados por el empresario, pero el trabajador no tiene la obligación de aportar estos medios, ni de organizar la prestación de trabajo de una manera adecuada ".

En consecuencia de lo cual teniendo en cuenta que efectivamente esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones .

Teniendo en cuenta en el relato de hechos probados de la sentencia que en el hecho probado tercero donde se recoge el Acta de infracción de la Inspección de Trabajo que dio lugar a la imposición a la empresa de la sanción por falta grave por incumplimiento por la empresa de su deber de protección y vigilancia de los trabajadores, con la presunción recogida en el art.41 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. Artículo 41. Valor probatorio de las actas de infracción extendidas como consecuencia de informes emitidos por funcionarios técnicos habilitados: Las actas de infracción formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el art. 40 tendrán presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en ellas que se correspondan con los que hayan sido constatados y reflejados en su informe por los funcionarios técnicos habilitados de las Administraciones públicas, salvo prueba en contrario, conforme a lo establecido en el art. 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el art. 53.5 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto...", es decir y ello en virtud de lo que se recoge en el hecho probado segundo de la sentencia.

En primer lugar, cabe destacar que de todo el contenido del acta únicamente se otorga presunción de certeza a lo que constituyan "hechos", no extendiéndose dicho valor probatorio a otras manifestaciones que pueda hacer el órgano inspector en el documento como pudieran ser meras calificaciones jurídicas, conjeturas o juicios de valor ( STS de 22 octubre 2001).

En segundo término, la presunción de certeza atribuida a los hechos se limita tan sólo a aquéllos que hayan sido "constatados" por el órgano inspector. Desde esta perspectiva, el control sobre el acta se dirige a comprobar que los hechos que en ella se reflejan son fruto de una labor investigadora, que además de ajustada a la legalidad, resulta idónea y suficiente para admitir las conductas infractoras como acreditadas. En tal sentido, a fin de medir la credibilidad que merecen los hechos plasmados en el acta, el principal criterio es el de valorar la proximidad o inmediación temporal y física que los órganos inspectores han mantenido con dichos hechos. Esta es la razón por la que consideran que el transcurso de un tiempo considerable entre la constatación de los hechos y la fecha de extensión del acta debilita el valor probatorio de ésta ( SSTS de 2 octubre 1990; de 7 abril 1998, rec. 1499/1992). Y asimismo, también es el motivo por el que reiteradamente afirman que sólo merecen fuerza probatoria los hechos "comprobados directamente" por los órganos inspectores ( STS de 23 abril 2001, rec. 6230/1995).También se admite que la presunción de certeza recae no sólo sobre los hechos percibidos sensorialmente -vistos u oídos- por el órgano inspector, sino también sobre aquéllos que han conocido a través de otros medios de prueba examinados -testigos, documentos, etc- ( STS de 8 mayo 2000, rec. 287/1995); no obstante, existen otros pronunciamientos para los que no necesariamente debe concederse veracidad a los hechos conocidos a través de manifestaciones de terceros ( SSTS de 29 junio 1987 y 25 octubre 1988) o que incluso niegan la presunción de certeza por entender que la Administración debía haber aportado dichas pruebas documentales o testificales al procedimiento o posterior proceso para el adecuado respeto a las garantías de publicidad y contradicción ( SSTS de 19 marzo1990; de 22 marzo 1990; y de 4 mayo 1998, rec. 1696/1992).

Con todo, la credibilidad a otorgar a los hechos del acta todavía queda sujeta al tercero de los límites que acotan la presunción de certeza: la posibilidad del administrado de aportar pruebas en contrario, a efectos de desvirtuar el relato fáctico del acta -y de acreditar posibles atenuantes no valoradas por la Inspección ( STS de 27 febrero 1998, rec. 6608/1992)-. Desde luego, a estos efectos, el inculpado puede valerse de cualquiera de los medios probatorios admitidos en Derecho, aun cuando lo más habitual es presentar pruebas documentales -de ellas, una de las más eficaces es la aportación de sentencias o también, pruebas testificales -si bien, se concede escaso valor a los testimonios de los propios trabajadores del empresario ( STS de 4 febrero 1997, rec. 2825/1992)-.

No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones, como hemos dicho en consecuencia anteriormente, el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado por la obligación de vigilancia en prevención de riesgos laborales. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajado..... No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira, como acertadamente dice la jurisprudencia anteriormente citada y que deriva de esa obligación de vigilancia en materia de protección.

Dejando inalterado el relato de hechos probados de la sentencia como es el segundo donde forma pormenorizada recoge el informe de la Inspección de Trabajo con los diferente documentos y testimonios llegando a la conclusión:"IV.- CONCLUSIONES ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD (en materia de seguridad y salud laboral) Consecuencia de lo anterior debemos entender, en primer lugar, que estamos ante un accidente de trabajo y que éste se produjo cuando el trabajador realizaba su actividad laboral para la empresa titular de los equipos de trabajo y bajo el control de esta que era a la que se le habían encomendado los trabajos. (...) V. - CONCLUSIONES ACERCA DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE En el momento del accidente, el trabajador se encontraba desarrollando funciones sobre el andamio. Los trabajadores habían montado un andamio tubular de borriquetas con la plataforma del andamio a una altura de aproximadamente 3 metros. La plataforma de trabajo estaba compuesta por dos tableros metálicos de 30cm de ancho cada uno. El andamio no estaba arriostrado a la pared. De manera súbita, el andamio cae, produciendo a su vez la caída de los operarios. En conclusión, como causas del accidente se establecen: "Caída del andamio que no estaba calzado e instalado de manera correcta. El andamio se debió montar en forma constructivamente adecuada para que quedase asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores pudiesen estar en él con las debidas condiciones de seguridad. Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento." Como causas coadyuvantes en la producción del mismo, se determinan: Ausencia de medidas de protección colectiva que eliminasen los riesgos de caída a distinto nivel. De esta forma: - Podrían haberse instalado medidas accesorias para neutralizar el riesgo como una línea de vida a la que anclar mediante arneses a los trabajadores o cualquier otra medida análoga. -Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés, cuestión que no ha quedado acreditada durante la actuación inspectora. (...)" .

Y el propio hecho probado séptimo viene a recoge como se produjo éste: "El accidente de trabajo tiene lugar de la siguiente forma: El día 6 de noviembre de 2019 la empresa MONTAJES ELECTRICOS ELECTRO TOXI, S.L encomendó la tarea consistente en colocar dos proyectores en un monolito, a una altura aproximada de 3,5 metros del suelo a dos trabajadores, don Luis Pedro (cedido a la empresa actora por la empresa codemandada DIRECCION000, al margen de los requisitos legalmente establecidos) y don Virgilio, trabajador de la empresa actora, con categoría profesional de oficial electricista. En el momento del accidente, ambos trabajadores se encontraban desarrollando funciones sobre el andamio, sin contar con medidas de protección colectiva que eliminasen los riesgos de caída a distinto nivel. Los trabajadores habían montado un andamio tubular de borriquetas con la plataforma del andamio a una altura de aproximadamente 3 metros, sin protección en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. Los trabajadores tuvieron que calzar el andamio, para salvar la diferencia de altura entre el acerado y la calzada, sobre los que se apoyaba el andamio. La plataforma de trabajo estaba compuesta por dos tableros metálicos de 30cm de ancho cada uno. El andamio no estaba arriostrado a la pared. De manera súbita, el andamio cae, produciendo a su vez la caída de los operarios El andamiaje utilizado es antiguo se desconoce marca, modelo y fabricante y no constan instrucciones de montaje ..."

Todo ello debe tenerse en cuenta que el RD 1215/1997. Los trabajos en altura se deben realizar prioritariamente sin necesidad de utilizar equipos de trabajo (es decir, desde emplazamientos fijos) siempre que esté garantizada la seguridad frente a cualquier peligro y que el trabajo se pueda realizar en condiciones ergonómicas aceptables. Si no es posible cumplir con las dos premisas anteriores, será obligación de la empresa, según establece el artículo 3 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo; la elección del equipo de trabajo adecuado y adaptado a la tarea y todo lo que conlleva, como el cumplimiento normativo, la toma de medidas para evitar o reducir los riesgos, el mantenimiento y, por supuesto, las obligaciones establecidas en el artículo 5 en materia de formación y capacitación e información del personal. Este Real Decreto será de aplicación cuando el trabajo en altura se realice sobre escaleras de mano, andamios y mediante sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas o trabajos verticales. Además, existen otras máquinas diseñadas para realizar trabajos en altura, como las plataformas elevadoras móviles de personas(PEMP) o los transelevadores; y otros tipos de trabajos en altura. El Real Decreto 2177/2004 que modifica el Real Decreto 1215/1997, establece su artículo 4.3 una serie de disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios. En particular dispone que, en función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje y será obligatorio en: Las plataformas suspendidas de nivel y plataformas elevadoras sobre mástil que, al considerarse máquinas y poder disponer de marcado CE, el plan podría ser sustituido por las instrucciones específicas de la empresa fabricante, proveedor o suministrador, salvo que se realicen operaciones de forma o en condiciones no previstas en dichas instrucciones. Según el artículo 4.3.8 del Real Decreto 1215/1997, los andamios deben ser inspeccionados por una persona autorizada antes de su uso, de manera periódica y después de cualquier modificación, período de inactividad o situación que pudiera afectar su resistencia o estabilidad. El diseño, construcción, protección y uso de los andamios deben considerar varios aspectos, como la ubicación, las especificaciones del fabricante, las condiciones laborales, las tareas a realizar, las cargas, los materiales, los equipos y herramientas necesarios, la iluminación, las vibraciones y las condiciones climáticas. Es esencial prestar especial atención para prevenir caídas de personas desde altura y evitar que cualquier individuo, ya sea personal o transeúnte, esté expuesto a caídas de objetos. Cuando el riesgo de caída supere los 2 metros, es necesario que el equipo de trabajo esté provisto de barandillas u otro sistema de protección colectiva equivalente, según lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997. A este respecto, se debería tener en cuenta que el artículo 175 del VI Convenio General del Sector de la Construcción establece que Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables las barandillas de 1 metro de altura.

Es decir, toda la normativa anterior pone de manifiesto que se ha producido el accidente porque se han omitido las normas básicas de seguridad anteriormente mencionada.

En consecuencia se debe de confirmar la sentencia imponiéndose el recargo en el 40% porque se cumple los requisitos para el mismo al quedar acreditado ese nexo causal entre la accidente producido y la falta de medidas de seguridad.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.