Sentencia Social 2484/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2711/2024 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Jaén de fecha 12 de junio de 2024 estimó parcialmente la demanda interpuesta por la empresa, revocando parcialmente la resolución impugnada y fijando en un 30% el recargo de prestaciones que correspondían al trabajador. Se alzan frente a la misma en suplicación la empresa y el trabajador, aduciendo diversos motivos al efecto.

SEGUNDO.-Propone la empresaen primer término y al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, en los términos que a continuación se sintetizan.

Modificación del hecho probado segundo que debería presentar la siguiente redacción, recogiéndose en negrita los extremos cuya modificación se propone: "Que el día 25/04/2018 D. Donato se encontraba realizando sustareas habitualesde limpieza y orden asignada en una zona donde se encontraba también un operario de mantenimiento realizando tareas de reparación en un volteador; cuando acudió éste al taller en busca de elementos de sujeción, D. Donato aflojó un tornillo del volteador, sin que estuviese autorizado para realizar dicha tarea por la Empresa, ni por el operario de mantenimiento, tal y como consta acreditado conforme al contenido del Auto emitido por la Ilma. Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, al que se hará alusión en el Hecho Cuarto de la presente Sentencia, liberándolo y golpeándolo. El riesgo cuya materialización originó el accidente consta en la evaluación de riesgos de este tipo de trabajo, existiendo una planificación de la actividad preventiva en la que constan incluidas medidas preventivas y adecuadas y suficientes para prevenir este accidente de trabajo, como es la autorización por escrito para realizar tareas asignadas y las secuelas sufridas, tal y como así consta en el Informe emitido por Informe emitido por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

El trabajador permaneció en situación de incapacidad temporal desde 26/04/2018 hasta 04/10/2019, hasta que en fecha 05/10/2019 se le reconoce una prestación por incapacidad permanente en grado de total".

No debe darse lugar a la reforma propuesta, al proponerse en la misma la determinación de uno de los extremos objeto de debate en el recurso, resultando lo adecuado, la concreción del mismo en la fundamentación jurídica del recurso y no en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Especialmente cuando el documento en el que viene a fundarse, aparece ya mencionado en dicho relato de hechos.

Modificación del hecho probado cuarto que debería presentar la siguiente redacción: "Constan diligencias previas 207/2018 seguidas ante el Juzgado de lo Instrucción nº 2 de la Carolina, donde en fecha 11 de julio de 2019 se dicta auto de sobreseimiento librede las actuaciones por no existir indicios de la comisión de delito. Contra dicho auto el trabajador D. Donato interpuso recurso de apelación recayendo auto de fecha 2 de marzo de 2020 dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén , por la que se desestimaba el recurso y se confirmaba la resolución recurrida.

En el citado auto, actualmente firme,se recoge entre sus argumentaciones: "(...) En el caso de autos no se ha acreditado que existiera infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales, pues fue el propio trabajador quien por inicia propia acompañó al personal especializado para la reparación de la máquina y quien sin que nadie se lo ordenase, manipuló la citada máquina aflojando unos tornillos, lo que originó el siniestro aludido".

No debe darse lugar a la modificación propuesta, en cuanto que la resolución judicial a la que se refiere la misma, aparece ya mencionada en el hecho probado de referencia y su contenido puede ser apreciado a los efectos propios del recurso.

Añadido al hecho probado tercero del siguiente inciso final: "Mediante Resolución del pasado 29 de octubre de 2020, dictada por la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral que consta en el expediente administrativo al folio 112 y siguientes, se declaró la caducidad del mismo, dejando sin efecto la Resolución de fecha 11.4.2019".

No debe darse lugar a la reforma solicitada, en cuanto que las vicisitudes del expediente sancionador seguido a la empresa no constituyen el objeto de debate en las presentes actuaciones, apareciendo además referida la resolución que se menciona, a la sanción que se proponía imponer a la empresa demandada y no al recargo de prestaciones sobre el que se discute en el presente recurso.

Modificación del párrafo primero del vigente hecho probado quinto por la siguiente redacción: "Tras la caducidad del expediente sancionador descrito en el Hecho Tercero de la Sentencia, se iniciaron nuevas actuaciones inspectoras que tomaron como antecedentes las consignadas en el Acta NUM002, esto es, los mismos antecedentes que los del primer expediente sancionador, el cual finalizó mediante Resolución del pasado 27 de mayo de 2021, dictada por la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, mediante la cual se procedió a "archivar el expediente sancionador número NUM006, a nombre de la entidad, GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L., por haber sido dictado por la autoridad judicial auto firme de sobreseimiento en causa por los mismos hechos tal y como se ha descrito en el Hecho Cuarto de esta Sentencia.".

No debe darse lugar tampoco a la reforma propuesta, por las mismas razones que se adujeron en el anterior hecho probado de referencia. La resolución mencionada aparece ya recogida en el hecho probado de referencia.

Sustitución en el mismo hecho probado, del vigente párrafo octavo del mismo, por la siguiente redacción: "Adjunto al escrito de alegaciones, el interesado en el procedimiento aportó como documento número 2 AUTO NÚM. 131/20, de 2 de marzo de 2020, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén , actualmente firme, el cual, confirmo el sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de La Carolina en base a la valoración de la prueba realizada a lo largo del proceso de instrucción dado que en el mismo no se había acreditado que existiera infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales, pues fue el propio trabajador quien por iniciativa propia acompañó al personal especializado para la reparación de la máquina y quien sin que nadie se lo ordenase, manipuló la citada maquina aflojando unos tornillos, lo que originó el siniestro, estableciendo, en su parte dispositiva, desestimar el recurso de apelación interpuesto por Donato contra el auto del Juzgado de Instrucción n.º 2 de La Carolina de 11 de julio de 2019, en Diligencias Previas n.º 207/2018 .".

Debe rechazarse asimismo la modificación propuesta, en cuanto que el auto referenciado, aparece ya recogido en el vigente relato de hechos probados de la sentencia de instancia y puede ser tenido en cuenta a efectos del recurso.

Añadido final a la vigente redacción del hecho probado séptimo: "Sin perjuicio de ello, la declaración de lesividad no implica que la resolución que se pretende anular resulte nula de forma automática, en tanto en cuanto, no se finalice el procedimiento judicial que reconozca la misma, cuestión que todavía no ha concurrido a fecha de emisión de la presente sentencia".

No cabe admitir la reforma solicitada, en cuanto que constituye una valoración jurídica más que un propio elemento fáctico, no constituyendo su lugar procesal adecuado el de la reforma de hechos probados planteada en el proceso.

TERCERO.-Se plantean a continuación por la empresados nuevos motivos de recurso al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para examinar la infracción de normas sustantivas o de jurisprudencia. Se invocan como conculcados en el primero de ellos, los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Se considera que la sentencia de instancia no habría valorado adecuadamente el pronunciamiento de sobreseimiento libre emitido por los tribunales del orden penal.

Se plantea en el segundo de los motivos, la infracción de la doctrina jurisprudencial acerca del recargo de prestaciones, que viene a relacionarse. Se manifiesta que el trabajador accidentado se encontraría formado en relación a su puesto de trabajo, habiéndose producido el accidente por culpa exclusiva del mismo al realizar tareas que no le correspondían, sin supervisión además. No podría existir por lo tanto responsabilidad empresarial alguna, al ser precisa la concurrencia de incumplimiento de una norma de seguridad concreta cuya infracción sea imputable a la empresa. No existiría tampoco relación de causalidad, al haberse producido el hecho por culpa exclusiva de la víctima.

Plantea el trabajadorigualmente su recurso en primer término y al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. No solicita sin embargo la modificación del vigente relato de hechos probados sino que efectúa un recorrido por los elementos fácticos y razonamientos que realiza la sentencia de instancia. Se acaba por considerar que la producción del siniestro sería tan sólo imputable a la empresa por no proporcionar al trabajador una formación suficiente ni prevenirle de los riesgos, no adoptando tampoco las medidas de prevención necesarias. El trabajador habría actuado mediante autorización o encomienda, prestando apoyo al equipo de mantenimiento de maquinaria.

Se plantea un nuevo motivo de recurso al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para examinar la infracción de normas sustantivas o de jurisprudencia, invocando como conculcado el artículo el artículo 15.4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 4.2, 12.a) y 16 del Convenio 155 de la OIT, 164.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 96.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. Se considera apreciable la existencia de una relación de causalidad entre la infracción imputable y el daño producido, ya que de haberse observado las instrucciones de bloqueo de la máquina, podría haberse evitado el accidente. No cabría por el contrario apreciar responsabilidad alguna en el trabajador accidentado, que no habría actuado de manera imprudente o voluntaria sino mediante mandato o autorización, por lo que no procedería la rebaja del porcentaje de recargo aplicable. Se acaba solicitando la revocación de la sentencia con confirmación íntegra de la inicial resolución dictada en materia de recargo de prestaciones y mantenimiento del recargo del 40% allí establecido.

Cabe realizar un examen conjunto de la totalidad de los motivos de recurso mencionados, dado que vienen a ofrecer versiones alternativas referentes a la forma de producción del accidente de trabajo, así como a proponer las diferentes soluciones alternativas que pudieran darse a las cuestiones básicas de responsabilidad por los hechos acaecidos planteadas en el recurso.

CUARTO.-Debe considerarse a estos efectos, que por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 20 de octubre de 2021 vino a declararse la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador, declarando que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del mismo serían incrementadas en un 40% con cargo a la empresa responsable.

La cuestión básicamente suscitada en las actuaciones viene a ser la de determinar si el trabajador vino a actuar por cuenta propia o si por el contrario, la tarea le fue encargada por la empleadora. La cuestión surge por la circunstancia de que el auto de 11 de julio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, acordó la inexistencia de infracción penal y el sobreseimiento libre de actuaciones. Dicha resolución que vino a ser confirmada por el auto de la Audiencia Provincial de Jaén de fecha 2 de marzo de 2020.

La valoración que desde el punto de vista probatorio deba darse a dicho auto de sobreseimiento, aparece concretada por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2016, bien es cierto que dictada en un recurso de revisión, aunque referido a un procedimiento de recargo de prestaciones anterior. Ponía de relieve la misma que "La revisión pretendida, al amparo de los artículos 86.3 y 236.1 de la LRJS , se fundamenta en que ha recaído una sentencia penal absolutoria de los administradores de la sociedad demandante respecto de los mismos hechos que dieron lugar a la imposición de un recargo por falta de medidas de seguridad a la sociedad.

La revisión pretendida no puede prosperar: En efecto, la sentencia penal que absuelve a los administradores sociales de un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores de los artículos 317 y 318 del Código Penal , funda la absolución en no haber quedado debidamente acreditados los hechos que se les imputaban, es decir, en la presunción de inocencia, pero el art. 86 LRJS habla de "sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo", lo que no ha acaecido en el presente caso en el que la absolución de un delito por falta de prueba de su comisión, no excluye la realidad de los hechos: la real producción de un accidente por la infracción de unas normas de seguridad. El que no se haya declarado la existencia de responsabilidad penal, no impide apreciar la concurrencia de la responsabilidad civil y prestacional que establece el artículo 123 (hoy 164) de la Ley General de la Seguridad Social que se regula por normas diferentes, dada la obligación contractual que tiene el patrono de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que hace que la apreciación de la culpa se mida por otras reglas, como la del art. 96-2 de la L.R.J.S ., precepto que obliga al empresario a probar que adoptó todas las medidas necesarias para evitar el riesgo y que tiene su antecedente en nuestra sentencia del Pleno de 30 de junio de 2010 (R. 4123/2008 ), reiterada por la de 4 de mayo de 2015 (R. 1281/2014 ), doctrina de la que se deriva que en esta materia no juega la presunción de inocencia que sirvió de base para absolver a los administradores de la recurrente.

Así lo tiene declarado esta Sala reiteradamente, bastando reproducir en términos literales nuestra sentencia de 27/09/2013 (Demanda de Revisión 30/12 ) que en un caso en todo semejante al actual, dice así:

"Pues bien, como ya hemos señalado en numerosas resoluciones (recientemente en el auto de 2/1/2012 -revisión nº 16/11-) "El art. 86-3 de la LPL da pie a la revisión cuando recaen sentencias absolutorias por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, pero estos pronunciamientos no se contienen en el auto de sobreseimiento provisional. Por ello, este documento no es útil, ni decisivo, para fundar la revisión, como tiene declarado esta Sala, incluso en supuestos de sentencias penales absolutorias por falta de prueba, por aplicarse la presunción de inocencia. En este sentido, en nuestra sentencia de 25 de febrero de 2004 (Rec. 25/2002 ) sentamos la doctrina que aquí se reitera: "la mencionada sentencia no es hábil para abrir el cauce de la revisión, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (Ss. de 13-2-98 (rec. 3231/96), 25-1-99 (rec. 1138/98) y 10-12-02 (rec. 1108/01) entre las mas recientes) por las razones que pasamos a exponer: "Los presupuestos para que la sentencia dictada en el proceso penal resolviendo la cuestión prejudicial de tal naturaleza, actúe como motivo de revisión de la sentencia laboral, son, según prevé el art. 86.3 LPL , que la sentencia absolutoria penal sea debida a "inexistencia de hecho o por haber participado el sujeto en el mismo", lo que no acontece en el presente caso, en que ésta no vino determinada por dichas causas, sino por inexistencia de prueba suficiente sobre los hechos imputados; en definitiva, que la absolución penal se debió a la aplicación del principio de presunción de inocencia".

"Por ello, como se razona en la citada sentencia de 13-2-1998, la valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado -en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el art. 97.2 LPL en orden a la valoración de la prueba- el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido"; y que "este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en relación con la valoración de la prueba -con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamando en doctrina constante de este Tribunal Supremo (sentencias de 15 de junio de 1992 (rec. 442/91 ), y de 20 de junio de 1994 (rec. 1619/1993 ) entre otras); y ello, por cuanto, como señala el Tribunal Constitucional en sus sentencias 24/1983 de 23 de febrero , 36/1985 de 8 de marzo y 62/1984 de 2 de mayo "la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta".

"Consecuentemente, como la sentencia absolutoria no declara la inexistencia del hecho, ni la no participación del recurrente en el mismo, cual requiere el art. 86-3 de la LPL , sino que se funda en la falta de prueba concluyente sobre el modo y autoría, de los hechos, insuficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, es claro que no puede fundar la revisión interesada máxime cuando en el ámbito del contrato de trabajo la calificación de un hecho como constitutivo de un incumplimiento contractual se regula por normas distintas de las que contemplan la calificación de los delitos, siendo de aplicar también diferentes conceptos de culpa".

En igual sentido podemos citar nuestras recientes sentencias de 9 de abril de 2013 , 10 de junio de 2014 (R. 19/2013 ) y 24 de septiembre de 2014 (R. 18/2012 ), entre otras. Esta doctrina, cual ha informado el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar la presente demanda con expresa condena a la demandante a la pérdida del depósito constituido para recurrir (demandar) y al pago de las costas causadas ( artículos 235 y 236-1 de la L.R.J.S . y 513 y 516 de la L.E.C .).".

Teniendo en cuenta las distintas causas en las que puede basarse el auto de sobreseimiento libre y a la luz de la doctrina expuesta, debe considerarse el invocado a estos efectos como determinante de la exclusión del delito, en los propios términos fijados por el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello al indicar el auto dictado por la Audiencia Provincial de Jaén en confirmación del mismo, que "En el caso de autos no se ha acreditado que existiera infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales, pues fue el propio trabajador quien por inicia (tiva) propia acompañó al personal especializado para la reparación de la máquina y quien sin que nadie se lo ordenase, manipuló la citada máquina aflojando unos tornillos, lo que originó el siniestro aludido".

Debe considerarse por lo tanto acreditado que el trabajador había sido asignado temporalmente a tareas de mantenimiento en el local de trabajo en tanto que se definían sus funciones más adecuadamente por cambios en su contrato, realizando entretanto tareas de sustitución y refuerzo de otros compañeros, además de las específicamente asignadas de limpieza y ordenación de la zona de trabajo. El 25 de abril de 2018 y durante la ausencia momentánea del operario de mantenimiento encargado de la reparación de una máquina, decidió por propia iniciativa, aflojar un tornillo de sujeción del eje de la pieza volteadora de tableros, que quedó libre, siendo golpeado desde atrás por el contrapeso de dicha pieza, atrapando al trabajador en su caída. Es evidente que el mismo no tenía un conocimiento mínimo del funcionamiento de las piezas de maquinaria que manipulaba, al ignorar la posibilidad de ser alcanzado por la pieza cuya sujeción procedió a liberar sin conciencia alguna del riesgo que corría.

Resulta clara que la actuación voluntaria del trabajador fue decisiva en la producción de un accidente en la que no concurrieron elementos diversos de causación, no constando ni tan siquiera que la reparación de la pieza de maquinaria hubiese comenzado al tiempo de iniciar el recurrente la manipulación del mecanismo. De hecho, el operario de mantenimiento se había dirigido al taller para disponer lo necesario para impedir el giro del volteador una vez liberadas las sujeciones, resultando difícil que en tales circunstancias, pidiese al trabajador realizar una manipulación de cuyo riesgo era claro perceptor.

Tal criterio determina la apreciación de la falta de los requisitos necesarios para la imposición del recargo de prestaciones establecido en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando establece que "1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.".

En relación con el artículo 15.4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: "4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.".

No puede apreciarse relación de causalidad alguna entre la producción de cualquier eventual incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales que pudiera haber cometido la empresa, y la producción del accidente. El mismo sobrevino por la actuación autónoma del trabajador, que emprendió una tarea de riesgo con desconocimiento de la misma, así como de las medidas eventualmente observables para evitar su producción. Figura que no puede sino considerarse integrante de la imprudencia temeraria, al apreciarse la concurrencia de una conducta que vino a ignorar las más elementales normas de prudencia, que hizo surgir una situación de riesgo impropio de una persona normal, la cual no provino de la orden del empresario.

Debe estimarse en consecuencia el recurso interpuesto por la empresa empleadora, con desestimación de la pretensión contraria ejercida en el recurso interpuesto por el trabajador, con paralela revocación de la sentencia de instancia y sin imposición de recargo alguno de prestaciones a la primera.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,