Sentencia Social 571/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 4990/2025 de 06 de febrero del 2026

PRIMERO.-El Auto recurrido desestima el recurso de reposición y el recurso directo de revisión interpuestos por la representación de la ejecutada, contra el Auto dictado en fecha 14 de junio de 2024 y el Decreto dictado en la misma fecha, confirmando las resoluciones recurridas.

Frente a este pronunciamiento se alza el Letrado D. Miguel Ángel Orantes Canales, en la representación que tiene acreditada de la empresa Eulen S.A., interponiendo recurso de suplicación e interesando que se digne dictar Resolución por la que estime en todas sus partes el mismo, y, en consonancia, se deje sin efecto la ejecución instada contra la recurrente, por medio de Auto de 14 de junio de 2024, declarando no ejecutable el mismo.

El recurso ha sido impugnado de contrario.

Debemos señalar, en primer lugar, la incorrección de la resolución recurrida, por cuanto, debería de haberse resuelto de forma separada el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de fecha 14 de junio de 2024 y el recurso directo de revisión contra el Decreto de la misma fecha, ya que contra el primero cabe recurso de suplicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.4.d).2º, ya que se resuelven en el Auto recurrido puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, cuales son los conceptos que deben entenderse incluidos o excluidos dentro de los términos de la conciliación alcanzada y aprobada por el Decreto dictado en fecha 24 de abril de 2024, mientras que el segundo, que se limita, en cumplimiento de la orden general de ejecución, a requerir de pago a la ejecutada de las cantidades fijadas en la parte dispositiva del auto, requerir a la ejecutada para que hiciera manifestación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución y ordenar proceder a la investigación judicial del patrimonio de la ejecutada, por lo que no entra dentro de los términos legalmente establecidos para poder ser recurrida por el artículo 194.d), en cualquiera de sus 4 apartados, por lo que el recurso de suplicación debe limitarse a las denuncias realizadas respecto al contenido del Auto de fecha 21 de julio de 2025, en lo que desestime el recurso de reposición formulado contra el Auto de fecha 14 de junio de 2024.

SEGUNDO.-Indicado lo anterior Para ello, la parte recurrente, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , por pago y cumplimiento de lo Ordenando en Decreto de 24 de abril de 2024 y cuya inapreciación causa indefensión a la parte, vulnerando el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Argumenta, en síntesis, que la liquidación por importe de 4.000 euros ha sido ingresada en la cuenta del ejecutante el 29 de abril de 2024 y que el finiquito y liquidación son los devengos pendientes de pago, tanto salariales como extrasalariales, hasta la fecha de extinción contractual, abonándose las prestaciones de Incapacidad Temporal por pago delegado, y dichas prestaciones de 24 días y diferencias anteriores, se integran en el pago de la liquidación, lo mismo que la mejora voluntaria de Incapacidad Temporal, por lo que existe pago y cumplimiento y debe dejarse sin efecto la ejecución despachada.

Es constante la jurisprudencia que señala que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida absolutamente excepcional por sus negativas consecuencias sobre el proceso que ha de limitarse a los supuestos tipificados en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, generadores de indefensión. Y la indefensión, de acuerdo con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, sólo se produce cuando «se sitúa a una parte en el proceso en una situación de desigualdad» o cuando «se le impide la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado debate procesal sobre sus pretensiones» (por todas, SSTC 48/1984, de 4 de abril [RTC 1984, 48] y 211/2001, de 29 de octubre [RTC 2001, 211]).

El artículo 24.1 de la Constitución Española establece: "1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

En el presente caso, no se observa que el Auto por el que se despacha orden general de ejecución y la forma y contenido de la oposición a la misma, el Decreto que fija las medidas adoptadas para despachar dicha ejecución hayan incumplido norma o garantía del procedimiento que haya ocasionado a la empresa recurrente indefensión.

Las normas procesales invocadas tan sólo indican cuando debe despacharse ejecución y cómo debe formularse la oposición a la ejecución despachada, conteniendo el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil normas generales y el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las especialidades previstas en este texto legal, por lo que tiene, este último, aplicación preferente respecto a aquel, en cuanto a la regulación específica.

El juzgado, a petición de parte, como es preceptivo legalmente, ha despachado Orden General de ejecución, mediante Auto y el correspondiente Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notificándoselos a la parte, en tiempo y forma, quien ha podido oponerse interponiendo los correspondientes recursos de reposición y de revisión directa contra las mencionadas resoluciones, alegando lo que ha entendido oportuno y presentando la prueba que ha considerado oportuna, y contra la desestimación de los mismos, mediante Auto, la parte ha podido anunciar e interponer el correspondiente recurso de suplicación, por lo que no existe indicio alguno de indefensión.

Cuestión diferente es que la parte considere que ha realizado el pago de lo adeudado y que por ello no debería haberse despachado la ejecución o que, si se hubiera despachado, como ha ocurrido, deberían dejarse sin efecto tanto la orden general de ejecución como las medidas acordadas en cumplimiento de la misma, pero esta cuestión, es realmente una causa de oposición de fondo, mediante la que el demandado alega e intenta probar haber cumplido totalmente con la obligación derivada, en el presente caso, del acuerdo en su día alcanzado en acto de conciliación y aprobado por el correspondiente Decreto.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-Seguidamente y con idéntico amparo procesal, denuncia la parte la infracción del artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al concurrir defecto legal del escrito de ejecución, por falta de claridad, precisión y concreción, la cual causa indefensión a la parte, vulnerando el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Argumenta que la parte solicita la cantidad de 3.484, 42 euros, como parte de la liquidación presuntamente impagada, sin concretar supuestos conceptos, partidas y cantidades que deberían hipotéticamente conformar el total de la liquidación, sin olvidar que una parte importante de la misma ha sido abonada y en el mismo error incurre el Auto recurrido, al despachar la ejecución olvidando que al ejecutante se le han abonado 4.000 euros brutos, correspondientes a 1.156,08 euros de 24 días de pago delegado de la prestación de IT, 2.328 euros en concepto de diferencias y 515,58 euros de parte proporcional de vacaciones.

El artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no resulta de aplicación, por cuanto se refiere a la sustanciación y resolución de la oposición por defectos procesales, estableciendo:

"1. El ejecutado podrá también oponerse a la ejecución alegando los defectos siguientes:

1.º Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda.

2.º Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda.

3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o por no cumplir el documento presentado, el laudo o el acuerdo de mediación los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.

4.º Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éste.

2. Cuando la oposición del ejecutado se fundare, exclusivamente o junto con otros motivos o causas, en defectos procesales, el ejecutante podrá formular alegaciones sobre éstos, en el plazo de cinco días. Si el tribunal entendiere que el defecto es subsanable, concederá mediante providencia al ejecutante un plazo de diez días para subsanarlo.

Cuando el defecto o falta no sea subsanable o no se subsanare dentro de este plazo, se dictará auto dejando sin efecto la ejecución despachada, con imposición de las costas al ejecutante. Si el tribunal no apreciase la existencia de los defectos procesales a que se limite la oposición, dictará auto desestimándola y mandando seguir la ejecución adelante, e impondrá al ejecutado las costas de la oposición", y el presente caso no se encuentra comprendido dentro de ninguno de los supuestos contemplados y, en todo caso, el defecto, de concurrir, sería subsanable, por lo que no concurre causa alguna de nulidad, ni concurre indefensión de la parte.

Resulta de aplicación el artículo 239 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pero no en su apartado 4, sino en el 2, que establece:

"2. La ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado, en el que, además de los datos identificativos de las partes, expresará:

a) Con carácter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relación con el título ejecutivo aducido.

b) Tratándose de ejecuciones dinerarias, la cantidad líquida reclamada como principal, así como la que se estime para intereses de demora y costas conforme al artículo 251.

c) Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución.

d) Las medidas que proponga para llevar a debido efecto la ejecución"

El Auto despachando Orden General de Oposición se basa en el Decreto de fecha 24 de abril de 2024, en virtud del cual la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, aprueba la conciliación alcanzada entre las partes, en la misma fecha, indicándose en el acta de conciliación que: "las partes manifestaron que habían llegado a acuerdo, que fue aprobado por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia.

Y ello en los siguientes términos:

"Por la parte actora se desiste de la vulneración de derechos fundamentales y desiste respecto a las demandadas ALUMINIOS CORTIZO S.A. y de IMAN TEMPORING ETT S.L.

Por EULEN S.A. se reconoce la extinción del contrato de trabajo al amparo del art.50 del Estatuto de los Trabajadores con efectos del día de hoy (24/04/2024), y ofrece al actor una indemnización de 8.000 euros netos así como la cantidad de 4000 euros brutos en concepto de liquidación, vacaciones pendientes y diferencias salariales, las cuales se abonarán en la cuenta en la que el trabajador percibía su nómina, antes del día 10 de mayo de 2024.

El actor acepta la oferta y modo de pago sin tener más que reclamar a la empresa demandada respecto de los puntos de la presente demandada y con el percibo de las citadas cantidades el actor quedara saldado y finiquitado de la relación laboral, sin tener más que reclamar a ninguna de las empresas demandadas.

Por mí, el Letrado de la Administración de Justicia, se aprueba el acuerdo alcanzado por las partes, por entender que lo convenido entre ellas no es constitutivo de lesión grave para ninguna de ellas, ni para tercero, ni constituye fraude de ley o abuso de derecho ni es contrario al interés público, por lo que procede aprobar el acuerdo.

Hago saber a las partes que la acción para impugnar la validez de esta conciliación se deberá ejercitar, en su caso, ante este mismo juzgado por los trámites y con los recursos establecidos en la LJS. La acción caducará a los treinta días de la fecha de la presente, al amparo de lo que dispone el artículo 84.6 de la misma LJS. De todo lo cual se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman los comparecientes conmigo, el/la Letrado de la Administración de Justicia, doy fe"

La ejecutada ha abonado la indemnización pactada, fijada en términos netos, y también ha abonado la cantidad de 4.000 euros brutos, tal y como consta en el recibo de liquidación, pero las partes, que están conformes en que se ha pagado la cantidad de 515,58 euros, en concepto de vacaciones, discrepan sobre si el resto de los conceptos pagados - D. complemento de enfermedad y prestaciones de enfermedad- corresponden o no con los conceptos recogidos en la conciliación.

Y esta discrepancia es la que pone de manifiesto la parte ejecutante, al entender que obedecen a otros conceptos adeudados, no contenidos en el acuerdo conciliatorio, de manera clara y terminante e indicando que la cantidad adeudada es de 3.484,42 euros, tras deducir el importe de las vacaciones y exponiendo que los conceptos y cantidades abonados, hasta completar los 4.000 euros, corresponden a prestaciones no incluidos en el pacto, es decir, la solicitud de ejecución, contrariamente a lo que sustenta la parte recurrente, si bien breve, es clara y precisa, cumpliendo, en lo fundamental, la previsión del artículo 239.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, acompañando copia del Decreto que aprueba la conciliación y del recibo de liquidación emitido por la empresa ejecutada, y a ella ha respondido la juez a quo, dictando el Auto aprobando la orden general de ejecución, sin que la citada solicitud, ni la resolución judicial causen indefensión alguna a la parte.

Por ello el motivo del recurso debe ser desestimado.

CUARTO.-Finalmente, en el tercero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la parte la infracción del artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 29.4 del mismo texto legal, el artículo 237.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Argumenta que el finiquito es la liquidación de todas las cantidades pendientes al trabajador al finalizar su relación laboral, asegurando que se paguen todos los conceptos devengados y no percibidos hasta esa fecha, y entre ellos se encuentran las posibles prestaciones de Incapacidad Temporal por pago delegado, es decir, comprende tanto los conceptos salariales como los extrasalariales, no distinguiendo el artículo 29.4 del Estatuto de los Trabajadores, entre el pago de los salarios y el pago delegado de las prestaciones de la seguridad social.

Debe indicarse, en primer lugar, que el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no resulta de aplicación, ya que se refiere al plazo de espera la despachar ejecución, lo que no es debatido en el presente recurso, y, además, por cuanto, si se debatiera, el también invocado artículo 239 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, si bien no en su apartado 4, sino en el 3, se establece que el plazo de espera para despachar ejecución previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no será de aplicación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2014, rcud. 2253/2013, recoge la doctrina jurisprudencial sobre el finiquito, indicando:

"A) Identificación.

Tradicionalmente el finiquito era el modo por el que quedaba formalizada la finalización de la relación laboral, por mutuo acuerdo. Más adelante también se incluyó en esta figura la extinción del contrato debida a baja voluntaria del trabajador o a dimisión expresamente aceptada por el empresario.

Actualmente el término se ha ampliado comprendiendo cualquier forma de extinción de la relación laboral que va seguida de un acuerdo entre empresario y trabajador. Es frecuente encontrar situaciones en las que, tras un despido disciplinario, empresario y trabajador llegan a un acuerdo y lo reflejan en el pertinente finiquito, entendiéndose por la jurisprudencia que a la inicial voluntad extintiva del empresario se superpone el mutuo acuerdo entre empresario y trabajador y es éste el que pone fin al contrato.

También se viene aceptando la denominación de "finiquito" para aquellos documentos que reflejan el acuerdo entre empresario y trabajador tras un ERE, un despido objetivo, una baja por jubilación, expiración del tiempo pactado.

Es manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes, que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el artículo 49.1a ) ET , es decir, expresión de un consentimiento que, en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y recaído sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato, articulo 1262 CC y, por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato debe incorporar una voluntad unilateral del trabajador, un mutuo acuerdo sobre la extinción o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario, en palabras de la STS. 26-11-01, recurso 4625/00 .

El segundo aspecto que, aunque no necesario, suele contenerse en el finiquito, es la liquidación (se suele hacer referencia en el documento a "saldo y finiquito") de las cantidades pendientes de abono, como consecuencia de la relación laboral. Dicha liquidación puede contener conceptos laborales netamente salariales, o incluso de índole extralaboral.

Asimismo el finiquito puede servir de recibo acreditativo de que se ha abonado efectivamente la cantidad en él consignada, por lo que suele contener expresiones como "en prueba de recibirlo firma...", "recibí" "no teniendo nada más que pedir ni reclamar".

B) Eficacia liberatoria.

Numerosa SSTS como 24/06/98 -rcud 3464/97 -; 22/11/04 -rec. 642/04 -; 13/05/08 -rcud 1157/07 -; 21/07/09 -rcud 1067/08 y 14/06/11 -rcud 3298/10 - vienen manifestando lo siguiente respecto de su eficacia: 1) Su valor liberatorio está en función del alcance de la declaración de voluntad que incorpora y de la ausencia de vicios en la formación y expresión de ésta. 2) Hay que distinguir lo que es simple constancia y conformidad a una liquidación de lo que es aceptación de la extinción de la relación laboral. 3) En el momento en que suele procederse a esta declaración -coincidiendo con la extinción del contrato de trabajo- existe un riesgo importante de que estos dos aspectos se confundan, especialmente cuando la iniciativa de la extinción ha correspondido al empresario. 4) La ejecutividad de esta decisión, con su efecto inmediato de cese de las prestaciones básicas del contrato de trabajo, lleva a que la aceptación del pago de la liquidación de conceptos pendientes -normalmente, las partes proporcionales devengadas de conceptos de periodicidad superior a la mensual, pero también otros conceptos- coincida con el cese y pueda confundirse con la aceptación de éste. 5) La aceptación de estos pagos ante una decisión extintiva empresarial no supone conformidad con esa decisión, aunque la firma del documento parta de que se ha producido esa decisión y de sus efectos reales sobre el vínculo.

Su eficacia jurídica no supone en modo alguno que la fórmula de «saldo y finiquito» tenga un contenido o carácter sacramental con efectos preestablecidos y objetivados, de modo que aquella eficacia se imponga en todo caso, abstracción hecha de las circunstancias y condicionamientos que intervienen en su redacción ( SSTS 18/11/04 -rcud 6438/03 -, con cita de muchas otras anteriores ; ...; 21/07/09 -rcud 1067/08 -; 19/10/10 -rcud 270/10 -; 11/11/10 -rcud 1163/10 -; y 22/03/11 -rcud 804/10 -).

C)Efecto extintivo.

Para que el finiquito produzca el efecto extintivo del contrato, es necesario que del mismo se derive una voluntad clara e inequívoca del trabajador de dar por concluida la relación laboral, puesto que «para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario» ( SSTS 28/10/91 -rcud 1093/90 -; 31/03/92 -rcud 1009/91 -; ...; 07/12/04 -rcud 320/04 -; 13/05/08 -rcud 1157/07 -; y 21/07/09 -rcud 1067/08 -).

Hay que respetar el derecho del trabajador [ art. 49.1 ET ] a extinguir voluntariamente su contrato o a conciliar sus intereses económicos con el empleador, y, también infringiría la norma común de contratación establecida en el artículo 1256 del Código Civil que sanciona con nulidad el contrato cuyo cumplimiento quede al arbitrio de una de las partes contratantes ( SSTS SG 28/02/00 -rcud 4977/98 -; y 28/04/04 -rec. 4247/02 -. Reproducidas por muchas otras posteriores).

Pero para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia [...], sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia» (Referidas -en concreto- a finiquito en despido, SSTS 21/07/09 -rcud 1067/08 -; 19/10/10 -rcud 270/10 -; 11/11/10 -rcud 1163/10 -; 22/03/11 -rcud 804/10 -; y 14/06/11 -rcud 3298/10 -).

D)Control judicial.

El finiquito viene sometido como todo acto jurídico o pacto del que es emanación externa a un control judicial. Control que debe recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos elementos esenciales del pacto previo -mutuo acuerdo, o en su caso transacción- en virtud del cual aflora al exterior y es, con motivo de este examen e interpretación, cuando puede ocurrir que el finiquito pierda su eficacia normal liberatoria, sea por defectos esenciales en la declaración de la voluntad, ya por falta del objeto cierto que sea materia del contrato o de la causa de la obligación que se establezca [ art. 1261 CC ], ya por ser contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros ( SSTS 28/02/00 SG -rcud 4977/98 -; 24/07/00 -rcud 2520/99 -; y gran parte de las citadas en los apartados anteriores).

E) Reglas interpretativas.

Debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan. Y que es posible que el documento no exteriorice, inequívocamente, una intención o voluntad extintiva o liquidatoria de las partes, o que su objeto no esté suficientemente precisado, como exige el art. 1815.1 del CC . De ahí que las diversas fórmulas que se utilizan en tales documentos están sujetas a los reglas de interpretación de los contratos del Código Civil que, entre otros cánones, obligan a estar al superior valor que el art. 1.281 atribuye a la intención de las partes sobre las palabras, y a la prevención del art. 1289 de que no deberán entenderse comprendidos cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar, pues no se trata de una fórmula sacramental, con efectos preestablecidos y objetivados (próximas en el tiempo y con cita de muchas resoluciones anteriores, SSTS 26/06/07 -rcud 3314/06 -; 13/05/08 -rcud 1157/07 -; 11/06/08 -rcud 1954/07 -; 21/07/09 -rcud 1067/08 -; y 10/11/09 -rcud 475/09 -)".

En el presente caso, de la lectura de la demanda se extrae que el actor reclamaba la extinción de la relación laboral, y tanto del contenido del acta de conciliación como del Decreto que aprueba la conciliación alcanzada, se extrae, sin duda alguna, tras desistir de la vulneración de derechos fundamentales y respecto de las demandadas ALUMINIOS CORTIZO S.A. y de IMAN TEMPORING ETT S.L., ha aceptado la oferta de la empresa para extinguir su contrato, con el pago de una indemnización de 8.000 euros líquidos, cantidad que, por ese concepto se le ha abonado.

Y también acepta el pago de la cantidad de 4.000 euros brutos, pero la misma obedece, tal cual se indica en el acta de conciliación, "en concepto de liquidación, vacaciones pendientes y diferencias salariales", añadiendo, a continuación "El actor acepta la oferta y modo de pago sin tener más que reclamar a la empresa demandada respecto de los puntos de la presente demandada y con el percibo de las citadas cantidades el actor quedara saldado y finiquitada de la relación laboral, sin tener más que reclamar a ninguna de las empresas demandadas", redacción que es un tanto confusa, pero que debe ponerse en contacto con lo reclamado en demanda, al indicarse que "... sin tener más que reclamar a la empresa demandada respecto de los puntos de la presente demandada..." que no es el pago de prestaciones y mejoras de Incapacidad Temporal (conceptos referidos a prestaciones de seguridad social que de abonan, por pago delegado las primeras, y por pago directo y derivadas de lo establecido en Convenio Colectivo), sino de cantidades y conceptos salariales y vacaciones, conceptos de los que la empresa recurrente tan sólo ha abonado las vacaciones.

Así pues, acudiendo a las normas de interpretación de los contratos, contenidas en los artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil, ya que la conciliación es una transacción, contrato en el que las partes, haciéndose concesiones recíprocas ponen fin a una controversia actual, el efecto vinculante y liberatorio de la liquidación y finiquito se ha producido respecto a la extinción de la relación laboral, con el pago en plazo de la cantidad pactada, y a las vacaciones, también abonadas, pero no en cuanto al resto de conceptos salariales reclamados, que se han cuantificado en el acuerdo alcanzado en la cantidad de 3.884,42 euros brutos y no han resultado abonados, al haberlo sido, en cambio, por el mismo importe, prestaciones obligatorias y voluntarias de seguridad social, tal y como se extrae del recibo de liquidación aportado y la propia recurrente reconoce.

El texto "... quedara saldado y finiquitada de la relación laboral, sin tener más que reclamar a ninguna de las empresas demandadas", si bien tiene efecto vinculante para la extinción de la relación laboral, como ya se ha indicado, no lo tiene en cambio respecto a los otros conceptos indicados, por los motivos expuestos, siendo tan sólo una fórmula de estilo que contradice lo anteriormente pactado.

QUINTO.-En consecuencia, al no tener valor liberatorio, en los términos pactados en la conciliación alcanzada y aprobada, el pago de cantidad en concepto de prestaciones, la ejecución despachada es ajustada a derecho, procediendo desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

De conformidad con lo que viene establecido en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas del recurso a la parte recurrente, que no goza del beneficio de justicia gratuita, por haberse desestimado su recurso, con inclusión de la cantidad de setecientos cincuenta euros (750 euros), IVA incluido, en concepto de honorarios del Letrado impugnante del mismo.

Al desestimarse el recurso y a tenor de lo dispuesto en el artículo 204.1 y 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede ordenar la pérdida del depósito necesario para recurrir y de las cantidades consignadas a dichos efectos, a los que se dará el destino legal, una vez sea firme esta sentencia.

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;

Por todo ello y vistos los preceptos de general y especial aplicación;