Sentencia Social 598/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 196/2025 de 06 de marzo del 2025

PRIMERO. - RECURSO INTERPUESTO.

Interpone recurso de suplicación la representación de la demandada BRIOCHE PASQUIER IRUN S.L., frente a la sentencia nº 349/2024 de fecha 28 de octubre del 2.024, autos 250/2024 del juzgado de lo social nº 2 de Donostia - San Sebastián, que estimó la demanda sobre conflicto colectivo - MODIFICACION SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO- promovida por el sindicato ELA así como el COMITÉ DE EMPRESA: Gabriel, Juan Carlos, Jose Antonio, Sandra, Alexander, frente a la empresa citada y habiéndose personado el SINDICATO CCOO, y en cuyo fallo se estimaba la demanda, declarando la modificación sustancial NULA y en consecuencia, reconocer a los trabajadores el derecho a disfrutar seis sábados personales anuales, así como como aquellos puentes que coincidan con sábado, han de ser considerados como sábados comunes.

El recurso contiene un triple motivo, nulidad de la sentencia, revisión de hechos probados y examen de derecho, y termina suplicando que, con estimación del recurso, se anule la citada sentencia de instancia, retrotrayendo los autos al momento anterior a ser dictada; o, subsidiariamente, se revoque la sentencia, absolviendo a BRIOCHE PASQUIER IRÚN, S.L. de los pedimentos formulados contra ella.

Por las representaciones de los sindicatos ELA y CCOO han impugnado el recurso de suplicación oponiéndose al mismo y solicitando se confirme íntegramente la sentencia.

SEGUNDO. - NULIDAD DE LA SENTENCIA.

1. - El recurrente, al amparo del art. 193.a) LRJS, interesa la nulidad de lo actuado, en concreto se denuncia la infracción la vulneración del artículo 97 LRJS por incongruencia interna de la sentencia; como, por otro lado, y con la misma alegación de infracción, la existencia de una insuficiencia de hechos probados.

En esencia el recurrente entiende que de la lectura de la sentencia puede desprenderse que la conclusión que se contiene en el fallo relativa a los denominados sábados comunes ("[...] reconocer a los trabajadores el derecho [...] aquellos puentes que coincidan con sábado, han de ser considerados como sábados comunes. [...]",no encuentra sustento ni en el relato de Hechos probados ni en la fundamentación jurídica, por ello adolece de una incongruencia interna, contraviniendo el art 97 LRJS, infringiendo, asimismo el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo refiere a una insuficiencia de hechos probados, y es que no hace ninguna mención a los documentos de dicha parte (2 al 20), consistentes en los calendarios anuales individuales de los trabajadores, que fueron ratificado por el testigo Sr. Agapito.

Por las partes impugnantes se rechaza la nulidad al entender que la sentencia da respuesta a todos los pedimentos. El hecho probado cuarto es congruente con el fallo y así expone en su fundamento de derecho segundo, los documentos en los que se ha basado para llegar a la conclusión de la existencia de una condición más beneficiosa: "..., del relato de los hechos probados se constata que desde el año 2014, los trabajadores han venido disfrutando de 6 sábados personales y aquellos sábados que caían en puentes, eran considerados sábados comunes. Tal y como viene recogido en los distintos calendarios aportados por la actora, documento nº1, 3 y 5, así como del contenido de las diversas actas entre el Comité y empresa (documentos nº21 y 22 de empresa)". Respecto a la insuficiencia de HP. Incide en las facultades de la Magistrada en la valoración de la prueba y señala que, respecto de los calendarios aportados de adverso y, en relación a la manifestación efectuada de que no todos los trabajadores han disfrutado de seis sábados personales anuales, por un lado, que es la propia empresa quien ha reconocido que no puede aseverar la veracidad de los calendarios aportados, al menos, hasta 2022, tal y como se refleja en el fundamento jurídico primero. A más a más, esta parte indicó, en el propio acto oral, que los calendarios presentados de adverso son de carácter orientativo, tal y como evidencia el hecho de que en los calendarios aportados, no esté marcado ningún sábado. En caso de tratarse de calendarios definitivos, ello implicaría que los operarios han venido librando todos los sábados en todas las anualidades de las que se han presentado calendarios. Es más, la empresa llegó a manifestar que, "si la discusión fuese si a final de año los trabajadores habían disfrutado de un mínimo de seis sábados personales, la respuesta sería afirmativa"..

2.- La doctrina judicial señala que, la declaración de nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables, por lo que se refiere a la obtención de una resolución, fundada en derecho, que dé respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución -artículo 24.1 de la misma- proclama y garantiza; y de ahí, que cuando no exista indefensión, no proceda la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento, de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 193 LRJS.

Así ha señalado:

"La doctrina reiterada acerca de la declaración de nulidad de las resoluciones es la de reducir esa posibilidad al mínimo de supuestos, para ser utilizado solo en el caso de inevitabilidad por el carácter traumático que representa la cuestión, máxime en supuestos en los que el recurso admite la revisión de los hechos declarados probados. Dicho cauce existe en la denominada casación ordinaria, bien que limitado el empleo de determinados medios de prueba. Cabe citar como resumen de esa doctrina la sentencia del Tribunal Supremo de 27-11-2003 (Rec. 63/2003 ).

"En forma más garantizadora que en la Ley Orgánica del Poder Judicial ( art. 248.3) y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil ( art. 209, que no hace referencia a hechos probados) la Ley de Procedimiento Laboral (LPL ) manifiesta en su art. 97.2 que el juzgador "apreciando los elementos de convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión". Esta obligación de motivar el factum en la sentencia laboral, actúa, de una parte, para garantizar el ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio, y, de otra, como elemento preventivo de la arbitrariedad, aunque, lógicamente, esta obligación no debe ser entendida en el sentido de que pueda coartar la libertad del juez en la formación de su convicción o de que le imponga el deber procesal de una extensa y prolija redacción. En términos generales basta con decir que la motivación fáctica -y también evidentemente la jurídica- ha de ser suficiente; suficiencia que, como todo concepto indeterminado habrá de ser precisada en cada caso concreto ( sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de diciembre de 1994 ). Constituye, de otro lado, la nulidad de un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación cause indefensión."( STS 7/02/2012, rc 199/2010).

3.- La congruencia en el ámbito jurídico puede entenderse como uno de los requisitos internos que la ley exige a las sentencias, las cuales, han de ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.

El art. 218.1 LEC señala las sentencias han de ser "... claras, precisas y congruentes con las demandas y las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito".

La idea que rige la congruencia es la de correlación entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el proceso. En sentido contrario, se produce incongruencia cuando existe un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido.

Para establecer el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial resulta necesaria la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-, y, respecto de estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi ( STC 166/2006).

La doctrina judicial ha señalado:

"1. Formulación del motivo.

Con el citado fundamento, el recurso denuncia la vulneración de los artículos 24 CE , 97.2 LRJS , 209.4 y 218.1.3 LEC , por incurrir la Sentencia en incongruencia omisiva, que reproduce y conviene recordar.

A) El artículo 24.1 CE dispone que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

B) El artículo 97.2 LRJS prescribe que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

C) El artículo 209.4ª LEC , regulando las sentencias, establece que "El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta Ley ".

D) El artículo 218 LEC , sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias posee el siguiente contenido:

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Considera el recurrente que la Sala únicamente se pronuncia sobre una de las dos cuestiones planteadas en la demanda, la relativa a la supresión de la posibilidad de realizar el descanso de comida en una hora, sin que se haya obtenido respuesta sobre la implantación, a través del factor corrector, de un tiempo de desayuno no previsto en convenio.

2. Doctrina pertinente.

A) Los citados preceptos de la LEC y de la LRJS quieren ajustarse a lo que previamente había venido diciendo la jurisprudencia constitucional: la incongruencia -"desajuste entre la respuesta judicial y los términos en que los litigantes han configurado el debate, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido" ( SSTC 20/1982 , 67/1993 , 224/1997 )- resulta de confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y petitum , pero tal confrontación no significa una conformidad rígida y literal con los pedimentos de los suplicos de los escritos ( STC 171/1993 ).

B) De este modo, existe incongruencia omisiva "cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , F. 4 b)].

C) La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( STS 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el artículo 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras)".( STS 05/04/2022, RC 7/2020).

Refiere el recurrente que no encuentra sustento en la sentencia el reconocer a los trabajadores el derecho de aquellos puestos que coincidan con sábado han de ser considerados comunes y es que refiere que los hechos probados nada contiene y solo hay una mención en el fundamento de derecho segundo párrafo quinto.

Pues bien la congruencia, es como hemos destacado, dar respuesta a los planteamientos de la demanda, lo cierto es que, si bien, no consta nada en los hechos probados sobre la pretensión de los sábados de puente, es lo cierto que a través del fundamento de derecho segundo, párrafo quinto, con valor de hecho probado y ratificando el hecho probado cuarto, destaca tal elemento como acreditados y así refiere que se constata de los documentos aportados por la parte demandante (1, 3 y 5), y las actas del comité de empresa, por ello no entendemos falta de congruencia de la sentencia pues da respuesta a todo el planteamiento de la demanda.

4.- En lo que se refiere a la insuficiencia de hechos probados, ello lo basa en que no han sido valoradas las pruebas aportadas por su parte.

La doctrina judicial ha señalado:

"El artículo 97.2 LRJS dispone que "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo". Tal precepto debe ponerse en conexión con lo dispuesto en el artículo 218.2 LEC que establece: "Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".

La adecuada interpretación y aplicación de los preceptos transcritos debe efectuarse a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la fundamentación y motivación de las sentencias. Así en la STC 25/1990 se establece que: "es doctrina reiterada de este Tribunal que la exigencia de motivación de las sentencias judiciales -que es inherente al derecho que todos tienen a obtener una tutela judicial efectiva, al principio del Estado democrático de Derecho a una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional que se apoya en el carácter vinculante que para ésta tiene la Ley- no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que los jueces han llevado a cabo para decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado, ni preciso finalmente que haya corrección jurídica interna en la fundamentación aportada, pues ello convertiría a este Tribunal -como declaramos en la STC 55/1987, de 13 de mayo - en una especial forma de casación que persiga el ajuste de las sentencias con la legalidad, lo que está notoriamente fuera de su jurisdicción. A los efectos de su control constitucional, el requisito de la motivación debe entenderse cumplido si la sentencia pone de manifiesto que la decisión adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho que hace posible su eventual revisión jurisdiccional a través de los recursos legalmente establecidos, todo ello independientemente de la parquedad o concentración del razonamiento empleado, si éste permite conocer el motivo decisorio, excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada".

Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, el TC ha elaborado una amplia doctrina ( SSTC 16/1993 , 58/1993 , 165/1993 , 166/1993 , 28/1994 , 122/1994 , 177/1994 , 153/1995 , entre otras muchas) que puede resumirse, en palabras de la STC 16/1996 , de la siguiente forma: "a) La obligación de motivar las Sentencias que el art. 120.3 C.E . impone a los órganos judiciales, puesta en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E . que comprende, entre otros, el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, determina la necesidad de que las resoluciones judiciales (Autos y Sentencias) contengan una motivación suficiente, cuya carencia entraña la vulneración del art. 24,1 C.E .; b) El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; c) La suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales. No exige que el órgano judicial se extienda pormenorizadamente sobre todos y cada uno de los argumentos y razones en que las partes fundan sus pretensiones, admitiéndose la validez constitucional de la motivación, aunque sea escueta o se haga por remisión a la motivación de otra resolución anterior".

En definitiva, como se expuso en la STC 91/1995 , y en las que en ella se citan, "no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial infectiva por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, ese derecho puede satisfacerse, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con una respuesta a las alegaciones de fondo que vertebran el razonamiento de las partes, aunque se dé una respuesta genérica o incluso aunque se omita esa respuesta respecto de alguna alegación secundaria"( STS 26/06/2024, RC 142/2022).

Pues bien, el hecho de no contener referencia a las pruebas aportadas por la recurrente en nada supone causa de nulidad, sino, a través de la revisión de hechos probados llevar a convicción de esta Sala de lo Social, el error de la Ilma. Magistrada de instancia en la valoración de la prueba haciendo prevalecer las aportadas por su parte.

5.- En su consecuencia rechazamos la nulidad de la sentencia en los términos expuestos.

TERCERO. - REVISION DE HECHOS PRONBADOS.

1. Con amparo en el artículo 193.1 b) LRJS, la empresa recurrente, pretende la supresión del hecho probado cuarto, así como la adición de un hecho probado nuevo.

Los sindicatos impugnantes se oponen a la revisión pues el hecho probado que se pretende la supresión, está basado en la prueba valorada por la Ilma. Magistrada en virtud de sus facultades de la valoración de la prueba, en este caso, sobre la testifical que resalta; y respecto a la adición no revelan los documentos error alguno de la Ilma Magistrada a quo en la valoración de los hechos probados.

Con carácter previo, debemos destacar que la revisión de hechos probados está constreñida en nuestro ordenamiento procesal laboral, habida cuenta el carácter extraordinario del recurso de suplicación. Dicho carácter supone que el recurso de suplicación no es una segunda instancia y que la valoración de la prueba es competencia del Juez de lo social, que preside el acto del juicio y la práctica de la misma conforme a los principios de oralidad e inmediación, - artículo 74 LRJS -. Por consiguiente, la modificación del relato de hechos probados únicamente es posible cuando a través de la prueba documental o pericial, - en ningún caso testifical-, se constata un error claro y evidente del juzgador.

Conviene además recordar las reglas básicas que ha venido compendiando la doctrina del Tribunal Supremo ( SSTS de 16- septiembre-2014, rec. 251/2013, 14-mayo-2013, rec. 285/2011 y 5-junio-2011, rec. 158/2010..., entre otras) sobre la forma en que se ha de efectuar la revisión fáctica, a saber:

a).- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

b).- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del Juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

c).- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

d).- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10 ; 18/01/11 -rco 98/09 ; y 20/01/11 -rco 93/10 ).

Insistiendo en la segunda de las exigencias, se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 - rec. 79/05; y 20/06/06 -rec. 189/04).

En esencia, es facultad del Juez de instancia la valoración de la prueba, siendo el mismo soberano para dicha apreciación ( STC 175/1985, de 17 de diciembre (RTC 1985, 175), 24/1990 de 15 de febrero (RTC 1990, 24), entre otras) no pudiendo dejarse sin efecto tal valoración, y ser sustituida por la de la parte, salvo que la judicial pueda ser tildada de errónea, arbitraria o irracional, calificación que no se pueda aplicar al caso de autos por los argumentos que hemos desarrollado con anterioridad.

2.- Pretende, como hemos referido, la supresión del HECHO PROBADO, CUARTO en cuanto recoge:

"El derecho de los trabajadores a disfrutar de 6 sábados personales al año, fue establecido en el año 2014".

Ello refiere que es predeterminante del fallo.

Los impugnantes del recurso se oponen al referir que no evidencia error alguno en la juzgadora, lo que se pretende es sustituir la valoración de esta por la propia del recurrente; además refiere que se sostiene en los documentos aportados a los autos, en concreto las diversas actas aportadas.

Lo vamos a rechazar, lo cierto es que la Ilma. Magistrada a quo, en el fundamento de derecho segundo párrafo quinto, dispone, con valor de hechos probado y razonamiento sobre lo que se sustenta, "del relato de los hechos probados se constata que desde el año 2014, los trabajadores han venido disfrutando de 6 sábados personales y aquellos sábados que caían en puentes, eran considerados sábados comunes. Tal como viene recogido en los distintos calendarios aportados por la actora, documento nº 1, 3º y 5º, así como del contenido de las diversas actas entre el Comité y empresa (documentos nº 21 y 22º de la empresa). Es así que, en el año 2023, cuando se menciona en un Acta entre el Comité de empresa y empresa, que algunos operarios habían perdido algún sábado personal".Por ello no suprimimos el hecho probado.

3.- Interesa la adición de un HECHO PROBADO CUARTO BIS, el cual refiere debe quedar redactado del siguiente tenor:

"Desde 2014 ha habido trabajadores que han tenido menos de seis sábados personales en sus calendarios iniciales. En concreto:

1. En 2014, tres trabajadores.

2. En 2018, tres trabajadores.

3. En 2019, un trabajador.

4. En 2020, seis trabajadores.

5. En 2021, trece trabajadores.

6. En 2022, ocho trabajadores.

7. En 2023, doce trabajadores.".

Ello lo basa en la prueba documental, en concreto los documentos números 2 a 20 de los aportados por esta parte (siendo que los documentos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, son los resúmenes de los calendarios individuales anuales desde 2018 hasta 2023 que constan en el documento inmediatamente anterior -3, 5, 7...; resúmenes todos ellos ratificados en juicio por el testigo D. Agapito).

Por los impugnantes se oponen a la adición al señalar que de los documentos que refiere no se desprende de modo claro, directo y patente el error sufrido por la Magistrada de instancia, los documentos han sido tenido en cuenta y lo que se pretende es sustituir la valoración de esta por la de la parte, Y, por otra parte señala la otra impugnante, la no acreditación de lo pretendido a la luz de los documentos.

Pues bien, en virtud de la facultades de la valoración de la prueba al amparo del art 97.2 LRJS la Ilma. Magistrada de instancia ha valorado los documentos que refiere el fundamento de derecho segundo, párrafo quinto al optar por los "distintos calendarios aportados por la actora, documento nº 1, 3º y 5º, así como del contenido de las diversas actas entre el Comité y empresa (documentos nº 21 y 22º de la empresa)",pero, además, valora lo excepcional que en el año 2.023 algunos operarios habían perdido algún sábado personal. Por otro lado, los documentos que refiere el recurrente son documentos creados por el propio recurrente como asimismo los resúmenes, por ello no están constatados a través de una prueba independiente y por tal no evidencia error evidente por parte de la Ilma. Magistrada a quo. En su consecuencia rechazamos la adición pretendida.

CUARTO. - CENSURA JURIDICA.

1. - A través de este motivo, y con amparo en el artículo 193 c) LRJS, se denuncia por esta la infracción del art 3 y 41 ET y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la condición más beneficiosa (en adelante CMB).

Así entiende el recurrente la inexistencia de CMB, así relata que las partes venían teniendo una interpretación distinta en los seis sábados, así los trabajadores entendían que no se respetaban los 6 sábados propios sin tener en cuenta los comunes, mientras que la empresa garantiza 6 sábados incluyendo los comunes. Ambas partes reconocen que los trabajadores tiene derecho a disfrutar de seis sábados, discrepando sobre en total -comunes y propios- o solo propios. Nada se acredita a través de una CMB y la prueba practicada es contraria a la existencia de ella. Lo que hace el juzgador es reconocer la existencia de una CMB sin sustento probatorio, ha considerado que su falta de aceptación por la empresa es una modificación sustancial de trabajo, incurriendo en infracción denunciada

Por los sindicatos impugnantes se atienen a la existencia de una condición más beneficiosa y por tal su alteración supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

2.- Por tanto, son dos cuestiones que debemos dar respuesta, esto es, si nos encontramos ante una condición más beneficiosa y de existir esta, si la supresión de la misma supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

La sentencia de instancia refiere la existencia de una condición mas beneficiosa y ello alcanza la convicción a través de las documentales y testificales propuestas por la parte demandante sosteniendo que desde el año 2.014 vienen los trabajadores disfrutando de seis sábados personales y aquellos que caían en puentes eran considerados como comunes, y, si bien, en el calendario del 2023 se modificó para concretos trabajadores de la L47, lo cierto es que en el calendario del año 2.024 la modificación es a todos los trabajadores haciendo referencia a disfrute de seis sábados sean comunes o personales.

Recordemos que por condición mas beneficiosa (CMB) a la luz de la jurisprudencia, se entiende:

"Esta sala 4ª del Tribunal Supremo en relación con el concepto y delimitación de las condiciones más beneficiosa ha partido de la consideración de que detectar su existencia no es siempre tarea sencilla dado que, para alcanzar la conclusión de que nos hallamos ante ella, exige analizar si se da, de un lado, una sucesión de los actos sobre los que se apoya y, de otro -y de modo concurrente-, una voluntad inequívoca de la empresa como origen de la citada condición, que mejora el marco legal o convencional aplicable. La consecuencia de su apreciación es la incorporación de la mejora al contrato de trabajo ( STS/4ª de 22 septiembre 2011 -rec. 204/2010 -, 5 y 26 junio 2012 - rec. 214/2011 y 238/2011 -, 4 marzo 2013 -rec. 4/2012 -, 15 junio 2015 -rec. 164/2014 - , 21 abril 2016 -rcud. 2626/2014 , 7 de enero de 2020 rcud 2162/2017 -).

Así, las sentencias de esta sala 4ª (SSTS 12 de julio de 2011 -rec. 4568/2010 - y 7 de enero de 2020 -rcud 2162/2017 , entre otras) señalan que: "para que pueda sostenerse la existencia de una condición más beneficiosa es preciso que ésta se haya adquirido y disfrutado en virtud de la consolidación del beneficio que se reclama, por obra de una voluntad inequívoca de su concesión ( sentencia de 16 de septiembre de 1992 , 20 de diciembre de 1993 , 21 de febrero de 1994 , 31 de mayo de 1995 y 8 de julio de 1996 ), de suerte que la ventaja que se concede se haya incorporado al nexo contractual "en virtud de un acto de voluntad constitutivo de una concesión o reconocimiento de un derecho" ( sentencias de 21 de febrero de 1994 , 31 de mayo de 1995 y 8 de julio de 1996 ) y se pruebe, en fin, "la voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo" ( sentencia de 25 de enero , 31 de mayo y 8 de julio de 1996 ). Es la incorporación al nexo contractual de ese beneficio el que impide poder extraerlo del mismo por decisión unilateral del empresario; manteniéndose en definitiva el principio de intangibilidad unilateral de las condiciones más beneficiosas adquiridas y disfrutadas ( sentencia de 11 de septiembre de 1992 ). Añadiendo también la doctrina de esta Sala que la condición más beneficiosa así configurada, tiene vigencia y pervive mientras las partes no acuerden otra cosa o mientras no sea compensada o neutralizada en virtud de una normativa posterior - legal o pactada colectivamente- más favorable que modifique el "status" anterior en materia homogénea."

En los mismos términos, la STS de 12 de mayo de 2008 (rec. 111/2007 ) sostiene que: "la expresión condición más beneficiosa se utiliza en el ámbito laboral en dos sentidos. Por una parte, en sentido vertical, se designa con ella la mejora que en las condiciones de trabajo o empleo se introduce por las partes del contrato de trabajo sobre la regulación de esas condiciones contenida en la norma estatal o convencional. En este sentido la condición más beneficiosa se relaciona con el efecto regulador normal del contrato de trabajo, que, conforme al apartado c) del nº 1 del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores , puede introducir condiciones más favorables que las establecidas "en las disposiciones legales y convenios colectivos". De forma más específica, la condición más beneficiosa se vincula, en el mismo sentido vertical, con las condiciones de este carácter que pueden surgir de una conducta unilateral del empresario, planteándose entonces el problema de en qué medida esa conducta expresa realmente una voluntad de reconocimiento del beneficio a efectos de su incorporación al vínculo contractual y de su resistencia ante actos posteriores de desconocimiento. Esto enlaza con el segundo uso del término en sentido horizontal dentro del marco de la sucesión normativa: la condición más beneficiosa como una regulación que por este carácter puede subsistir frente a otra -más restrictiva- que la sucede en el tiempo. Resumiendo la doctrina sobre la condición más beneficiosa, la sentencia de 4 de abril de 2007 señala , con cita de las sentencias de 29 de marzo de 2000 y 21 de noviembre de 2006 , que "para que pueda sostenerse la existencia de una condición más beneficiosa es preciso que ésta se haya adquirido y disfrutado en virtud de la consolidación del beneficio que se reclama, por obra de una voluntad inequívoca de su concesión, de suerte que la ventaja que se concede se haya incorporado al nexo contractual "en virtud de un acto de voluntad constitutivo de una concesión o reconocimiento de un derecho" y se pruebe, en fin, "la voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo."( STS nº 465/2024 de 13 marzo)

La convicción de la Ilma. Magistrada a quo, descrita en el hecho probado cuarto, junto con el fundamento de derecho segundo párrafo quinto, nos sitúa ante la realidad de una condición más beneficiosa que venían disfrutando los trabajadores desde el año 2.014 en cuanto a disfrutar de seis sábados personales anuales, así como los puentes coincidentes en sábado, lo son comunes, y solo en el año 2.023 (acta de 1/03/2023) aparecen fisuras respecto algunos trabajadores, por tanto debemos coincidir con la Ilma. Magistrada de instancia que el disfrute de seis sábados personales al año y los sábados de puente son comunes, se trata de una CMB que ha de ser respetada por la empresa.

3.- Sentada la condición más beneficiosa resta por examinar si el cambio producido en la jornada respecto a los sábados, ello supone o no una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Respecto a la sustancialidad de las modificaciones de condiciones de trabajo la jurisprudencia ha señalado:

"Como es sabido, el artículo 41 ET regula el régimen jurídico de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, de manera que las modificaciones de condiciones de trabajo que no son sustanciales quedan extramuros del artículo 41 ET .

Como subraya nuestra jurisprudencia, aunque no es posible trazar una noción dogmática de modificación sustancial, sino que hay que ir caso a caso, imponiéndose criterios empíricos de casuismo, se han de considerar modificaciones sustanciales, con carácter general, aquellas que alteran los aspectos fundamentales de la relación laboral, debiéndose valorar, entre otros factores, la importancia cualitativa y el alcance temporal de la modificación y, especialmente, en lo que aquí importa, la intensidad del perjuicio y sacrificio que suponen para el trabajador afectado y los elementos contextuales concurrentes.

Se remite, por todas, a las SSTS 717/2016, 12 de septiembre de 2016 (rec. 246/2015 ); 573/2017 , 29 de junio de 2017 (rec. 186/2016 ); 971/2017 , 29 de noviembre de 2017 (rec. 23/2017 ); 672/2018 , 26 de junio de 2018 (rec. 152/2017 ); 126/2019 , 19 de febrero de 2019 (rec. 186/2017 ); 74/2020 , 28 de enero de 2020 (rec.176/2018 ); 157/2020 , 19 de febrero de 2020 (rec. 183/2018 ); 185/2020 , 27 de febrero de 2020 (rec. 201/2018 ); y 437/2020 , 11 de junio de 2020 (rec. 168/2019 )"( STS 13/03/2024, RCUD 74/2022).

El art 41 ET dispone:

"1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

...".

Precepto que no es numerus clausus sino apertus.

Pues bien, como así describe la Ilma. Magistrada a quo, nos encontramos ante el elemento de la sustancialidad en la modificación de condiciones operada evidenciando una modificación sustancial de condiciones de trabajo en los términos previstos en el art 41 ET, siendo de carácter colectivo, extremos no discutidos por la recurrente tanto en el acto de la vista como en el recurso, al entender que no se trata de ninguna CMB.

4.- En su consecuencia debemos confirmar el criterio fijado por la Ilma. Magistrada de instancia en su valoración pues nada infringe la doctrina expuesta ni las normas que ha señalado el recurrente como infringidas, y por ello debemos confirmamos la sentencia.

QUINTO. - COSTAS.

En materia de costas, se debe estar al art. 235.1 LRJS que prevé esta medida únicamente respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del beneficio de justicia gratuita o no haya sido eximida legalmente de dicho deber, por ello se está en el supuesto de imponer al recurrente el pago de los honorarios de los Letrados de las partes recurridas, en la cuantía de 800,00 euros para cada uno de los sindicatos impugnantes.

SEXTO. - RECURSO.

Contra la presente sentencia cabe Recurso de Casación para la unificación de doctrina ( art. 218 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.