Sentencia Social 124/2022 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Social, Rec. 124/2022 de 06 de abril del 2022

PRIMERO: La representación letrada de la empresa "TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A." recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en la que, estimando la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por D. Tomás frente a la mercantil recurrente, se condena a la demandada a abonar al actor la cantidad de 3.568,75 € brutos, más el 10% de interés por mora, en concepto de compensación por vacaciones no disfrutadas.

El recurso se plantea a través de la interposición de dos motivos de suplicación distintos, destinándose el primero a intentar revisar el relato de hechos probados que se contiene en la decisión controvertida y, el segundo, a cuestionar el derecho aplicado en ella.

SEGUNDO: Con amparo procesal en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS, la parte recurrente solicita la revisión del hecho probado segundo de la decisión dictada en la instancia, proponiendo que el mencionado hecho tenga la siguiente redacción:

"SEGUNDO. El demandante permaneció en situación de IT, derivada de enfermedad común, entre el 01/07/18 y el 28/09/18.

Inició un nuevo proceso de IT, recaída del anterior, el 10/11/18.

La Dirección Provincial del INSS dictó resolución el 21/08/19 que acordó la prórroga de la incapacidad temporal por un plazo máximo de 180 días, produciéndose el agotamiento de los 545 días de duración máxima en fecha 08/02/2020.

Por resolución de 12/02/20 se acordó la iniciación de un expediente de incapacidad permanente tras lo cual se acordó la demora de la calificación.

Mediante resolución de 21/09/20 el INSS declaró al demandante en situación de incapacidad permanente total, con efectos económicos de 01/09/20, fijando como fecha partir de la cual se podía instar la revisión por agravación o mejoría el 29/01/21. Notificó a la empresa que se preveía que la situación pudiera ser objeto de revisión por mejoría que permitiera la reincorporación al puesto de trabajo antes de dos años ( artículo 48.2 ET ).

Mediante resolución de fecha de salida de junio de 2021 se confirmó la prestación de incapacidad permanente total con plazo de revisión de dos años".

La variación postulada se soporta en el documento nº 5 del ramo de prueba de la empresa ahora recurrente.

Como se desprende de la nueva redacción que se propone para el hecho probado segundo, la variación que se pide se circunscribe a añadir, en el párrafo tercero de su actual redacción, una manifestación con el siguiente contenido:

"...produciéndose el agotamiento de los 545 días de duración máxima en fecha 08/02/2020".

De esta forma, se pretende introducir una mención específica relativa a que, acordada la prórroga de la incapacidad temporal por un plazo máximo de 180 días, el agotamiento de los 545 días de duración máxima del periodo de incapacidad temporal se produjo el 08/02/2020.

Pues bien, la solicitud revisora no puede acogerse por innecesaria.

El hecho probado segundo, en su redacción actual, ya recoge implícitamente el dato que ahora se quiere introducir. En dicho hecho se establece el día de comienzo y final del proceso inicial de IT sufrido por el actor; se establece igualmente la fecha de inicio de un nuevo proceso por recaída del anterior; y que, el 29/08/2019, el INSS dictó resolución prorrogando la IT por un plazo máximo de 180 días. Datos estos de los que se infiere la fecha de agotamiento del plazo de duración máxima del proceso.

Pero, es más, el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, con evidente valor fáctico, sitúa de forma expresa la fecha de agotamiento del periodo de IT en el 08/02/2020, lo que hace que la adición solicitada conforme en realidad una repetición de datos innecesaria y respecto de la cual no existe contienda o discusión alguna entre los litigantes.

Por lo dicho, el motivo fracasa.

TERCERO: El segundo y último motivo suplicatorio se ampara procesalmente en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Adjetiva Laboral y, a través del mismo, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 38 del ET.

La parte que interpone el recurso propugna la revocación de la sentencia del Juzgado, al considerar que, agotados los 545 días de duración máxima de la IT, cesa la obligación empresarial de cotizar y ésta no tiene obligación alguna respecto del trabajador, no generándose derecho alguno a vacaciones o a su liquidación. A ello añade que la demora de calificación fue decidida exclusivamente por el INSS sin intervención de la empresa y que de no estimarse su posicionamiento se estaría provocando un perjuicio económico a la empresa.

La sentencia recurrida considera que el periodo de devengo de las vacaciones es todo aquel en el que la relación laboral entre las partes estuvo vigente, y ésta se mantuvo hasta el 01/09/2020, fecha en la cual se extinguió el contrato entre las partes por la declaración del actor en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La Sala no comparte las alegaciones y conclusiones a las que llega la parte recurrente y comparte, por el contrario, la doctrina sentada por la juzgadora de instancia en la sentencia recurrida.

El inalterado hecho probado segundo de la sentencia recurrida establece como acreditado lo siguiente.

1º.- Que el demandante permaneció en situación de IT desde el 01/07/2018 al 28/09/2018.

2º.- Que inició un nuevo proceso de IT por recaída del anterior el 10/11/2018.

3º.- Que el INSS acordó la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, tras lo cual acordó la demora de la calificación.

4º.- Que por resolución de 21/09/2020 el INSS declaró al demandante en situación de incapacidad permanente total, con efectos económicos del 01/09/2020.

5º.- Que el INSS notificó a la empresa que se preveía que la situación podía ser objeto de revisión por mejoría que permitiera la reincorporación al puesto de trabajo antes de dos años ( art. 48.2 ET) .

Pues bien, la liquidación de las vacaciones devengadas y no disfrutadas ha de tener lugar en aplicación del art. 147 LGSS "a la finalización de la relación laboral". La baja en Seguridad Social derivada del cumplimiento de 545 días del proceso de IT es, indudablemente, una situación extraordinaria que se da para cumplir los arts. 169 y 170 LGSS, pero que no supone la extinción laboral, siendo esta última la circunstancia que genera el derecho a percibir las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Además el art. 38.3 ET in fine establece que las vacaciones que coincidiesen con un período de IT no derivado de circunstancias relativas a maternidad o embarazo, se podrán disfrutar "una vez finalice su incapacidad y siempre que no hubiesen transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hubiesen originado". Es decir, la fecha desde la cual cabría aludir a una supuesta prescripción será el último día en que se pudiesen haber disfrutado o, de no ser así, como es el caso, el día de la extinción definitiva de la relación laboral, que tuvo lugar como consecuencia de su declaración (el 01/09/2020) en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual (en tal sentido STS de 14/03/2019, recurso nº 466/2017). Así lo ha establecido la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-León con sede en Valladolid en sentencia de 19/11/2020, que esta sala comparte.

De igual modo, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía-Sevilla, en sentencia de 03/06/2020 (rec. 2945/2018) ha manifestado que "el momento en el que se genera la obligación de pago de las vacaciones devengadas y no disfrutadas es en el momento de la finalización de la relación laboral, en aplicación de los arts. 38 ET y 147 LGSS . Y es distinta esta fecha, de la fecha de baja en SS, en cumplimiento de los arts. 169 y 170 de la LGSS , por cumplimiento de la duración máxima del proceso de IT.

Es un error el prescindir de la fecha de extinción de la relación laboral (...) para sustituirlo por la baja en Seguridad Social (baja por cumplimiento de los 545 días de IT, en aplicación de los arts. 169 y 170 LGSS ) y así cambiar la fecha de devengo de la compensación económica de las vacaciones".

Acogiendo la doctrina transcrita es evidente que la sentencia recurrida no ha cometido las infracciones denunciadas, sin que a ello pueda oponerse el hecho de que la demora de calificación la decida el INSS sin intervención empresarial, pues tampoco interviene la empresa en el resto del proceso de IT sin que por ello se cuestione la compensación reclamada. Por otro lado, no es posible tampoco hablar de un perjuicio injusto para la empresa por el hecho de tener que abonar la compensación por vacaciones hasta la extinción del contrato, pues tal consecuencia es la que establece la ley para situaciones como la examinada.

Por lo dicho, el recurso se rechaza, debiendo confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida.

CUARTO: Al no gozar la empresa recurrente del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir, y condenarle a abonar al letrado de la parte impugnante de su recurso la cantidad de 800 euros en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204.1 y 4, y 235.1 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.